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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2020-00031-01

Fecha
18 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2020-00031-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte demandante, en favor del municipio de Armenia y José Elmer López Restrepo. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de tres (3) SMLMV, valor que se reconocerá en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital y REMITIRLA al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 63001-23-33-000-2020-00031-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C. dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

Temas: ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
/ DAÑO - Pérdida sufrida por una persona como consecuencia de la lesión a un derecho
jurídicamente tutelado / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA – Persigue proteger al
administrado frente a cambios intempestivos efectuados por las autoridades, siempre que
esté revestida de protección jurídica / LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN - Son actos
provisionales subordinados al interés público / REVOCATORIA O ANULACIÓN DE UNA
LICENCIA - cuando se deba a irregularidades que pudieron ser avaladas o se originaron
con la actuación u omisión de quien reclama, el daño no resulta antijurídico / USO DEL
SUELO - Contenido en un acto administrativo general y de conocimiento público.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, a través
de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se analiza la responsabilidad de los demandados por las irregularidades
presentadas en el procedimiento de otorgamiento de la licencia de construcción
de una estación de servicio de combustible, lo que dio lugar a la orden de
suspensión de la obra y pérdidas económicas para el demandante.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 27 de mayo de 2021, por el Tribunal
Administrativo del Quindío, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda instaurada el 17 de febrero de 20201, por José Antonio Arias Reyes
(titular de la licencia de construcción) contra el municipio de Armenia y el señor
José Elmer López Restrepo (Curador Urbano 2 de Armenia), con el fin de que se
les declare patrimonialmente responsables por la suspensión de las obras, como
consecuencia de las irregularidades en que incurrieron al expedir el proyecto de
plan de implantación para el desarrollo urbanístico del “Mall Residencial
Montecarlo Plaza” y la licencia de construcción para la estación de servicio de
combustible “Montecarlo”, lo que imposibilitó su puesta en funcionamiento. Como
consecuencia solicitó la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente y lucro cesante2.

1
SAMAI: Expediente digital, “4_ED_003CUADERNOPRINCIPAL(.RAR) NroActua2”. 7. Acta individual de
reparto.
2
En los siguientes términos: - La suma de $2.510’074.832, o la que se demuestre en este proceso por
concepto de daño emergente consistente en “los daños patrimoniales directos causados al demandante.
Discriminados y certificados en el dictamen pericial adjunto”. - La suma de $2.125’805.566, o la que se
demuestre en este proceso por concepto de lucro cesante consolidado consistente en “las entradas dejadas
1

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el demandante relató que era
propietario del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 280-
55508 y ficha catastral 01-01-0506-0001-000, ubicado en el kilómetro 1 vía a La
Tebaida Santana, el cual fue objeto de subdivisión en 6 lotes. Indicó que radicó
ante la Subdirección del Departamento de Planeación Municipal de Armenia la
formulación del proyecto de plan de implantación con el objetivo de adelantar una
construcción de uso comercial y residencial, incluida una estación de servicio de
combustible en uno de los lotes (el identificado con la matrícula 280-212676).

3. Señaló que, mediante Oficio PD-PDE-0547, el Director del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal emitió concepto favorable para continuar
con la implantación de una estación de suministro de combustible en dicho predio,
y una vez adoptado por parte de planeación municipal el referido plan de
implantación -Resolución número 118 de 2014-, el actor procedió a solicitar la
licencia de construcción ante la Curaduría Urbana Número 2 de la ciudad de
Armenia, la cual se otorgó por medio de Resolución 1-1420227 del 30 de diciembre
de 2014 y fue adicionada y modificada por otros actos administrativos.

4. Adujo que al contar con los requisitos y autorizaciones legales inició las obras
civiles en abril de 2015, las cuales ejecutó en un 70% hasta el 18 de noviembre de
2016, fecha en la que se le notificó una medida cautelar decretada por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Armenia en el marco de una acción popular
que ordenaba la suspensión de la construcción de la estación de gasolina.

5. Sostuvo que a través de fallo que decidió en segunda instancia la acción
popular, dictado el 21 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, se ordenó suspender “las obras dirigidas específicamente a la
construcción y puesta en funcionamiento de una estación de servicio EDS en el
predio urbano localizado en el kilómetro 1.5 vía al Edén con matrícula inmobiliaria
280- 55508… titular José Antonio Arias Reyes, hasta tanto se profiera sentencia
ordinaria de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos que concedieron
licencia para la obra debiendo al efecto el municipio de Armenia, instaurar la
demanda ordinaria en contra de tales actos administrativos”, dada la vulneración
de los “derechos colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas” por parte del
municipio de Armenia, la Curaduría Urbana de esta ciudad y José Antonio Arias
Reyes.

6. Anotó que el fallo proferido en el marco de la referida acción popular permitía
evidenciar las irregularidades suscitadas en el procedimiento administrativo para
la adopción del plan de implantación y el otorgamiento de la licencia de
construcción de la estación de servicio de combustible, imputables al municipio de

de percibir por explotación económica de la Estación de servicio Montecarlo, del período comprendido del 1
de junio del 2017 -fecha en la cual se tenía previsto de acuerdo con avance de obra iniciar operación
comercial- y hasta el 28 de febrero de 2020, por ser la fecha del dictamen”. - La suma de $16.066’941.840, o
la que se demuestre en este de este proceso por concepto de lucro cesante futuro consistente en los “ingresos
dejados de percibir por explotación económica de la Estación de Servicio Montecarlo y sus locales
comerciales, del período comprendido del 1 de marzo del 2020 -fecha de presentación del dictamen- al 28 de
febrero de 2040, teniendo en cuenta la vida útil establecida en el decreto 3019 de 1989… para edificaciones
y construcciones 20 años”. - La suma de $1.008’000.000 por concepto de los salarios, prestaciones sociales
de las tres personas que vigilan el inmueble, y los servicios públicos. Además, solicitó la actualización de las
sumas conforme al IPC de la fecha de la sentencia definitiva, más los intereses moratorios.

2

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

Armenia y al Curador Urbano No. 2 bajo el título de falla del servicio, pues dichas
irregularidades provocaron que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
suspendiera los efectos de tales actos, lo que ocasionó un daño antijurídico
consistente en las erogaciones en que incurrió para el desarrollo de la obra y la
pérdida de oportunidad para “continuar con su proyecto constructivo, que le
hubiere permitido colocar en funcionamiento la EDS” y obtener las utilidades
esperadas derivadas de un contrato de suministro suscrito con Chevron Petroleum
Company3.

La defensa

7. El municipio de Armenia se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó la
inexistencia de un daño antijurídico susceptible de ser indemnizado, en tanto que
la orden judicial de suspensión de las obras era una medida provisional, y, en ese
sentido, no se podía solicitar la reparación de un daño que aún no se había
consolidado. Formuló la excepción de pleito pendiente y la de prejudicialidad, por
cuanto la decisión en este proceso dependía de lo que se decidiera en el proceso
en que se cuestionaba la legalidad de los mencionados actos administrativos 4.

8. El señor José Elmer López Restrepo igualmente se opuso a lo pretendido por
el demandante y, en su defensa, propuso las siguientes excepciones: (i) falta de
legitimación material en la causa por pasiva y “ausencia de falla y comportamiento
dañino”; (ii) “Inexistencia de perjuicios indemnizables”; (iii) “indebida cuantificación
de los perjuicios” e, (iv) “Inoponibilidad del contrato de suministro a los
demandados por imposibilidad de cumplimiento por parte del demandante”5.

9. Concluido el debate probatorio6, al alegar de conclusión, la parte actora insistió
en que se encontraban probados los elementos para declarar la responsabilidad

3
SAMAI: Expediente digital, “2_ED_001CUADERNOPRINCIPAL(RAR)NroActua.2”, 1. Demanda PDF y
“4_ED_003CUADERNOPRINCIPAL(RAR) NroActua2”. 15. Subsanación demanda.
4
SAMAI: Expediente digital, “5_ED_4CONTESTACIONDEMAND(RAR) NroActua2”. 4.2. Municipio de
Armenia.
5
SAMAI: Expediente digital, “5_ED_4CONTESTACIONDEMAND(RAR) NroActua2”. 4.1. José Elmer López
Restrepo.
6
El Tribunal a quo, de conformidad con el artículo 12 del Decreto Legislativo 806 de 2020, mediante auto del
26 de noviembre de 2020, declaró no probada la excepción previa de “pleito pendiente” formulada por la parte
demandada, dado que no existía identidad de causa, objeto ni acción (SAMAI: Expediente digital,
“15_ED_014AUTORESUELVEEXCEP(PDF) NroActua2”. En la audiencia inicial llevada a cabo el 14 de enero
de 2021, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1. Derecho de petición elevado
ante Planeación Municipal de Armenia. 2. Certificado de matrícula mercantil de persona natural. 3. Resolución
118 de mayo 15 de 2014, por medio de la cual se adopta el plan de implantación para el desarrollo urbanístico.
4. Resolución 30-1620055 del 28 de diciembre de 2016, que concede prórroga a la licencia urbanística de
construcción “con resolución 1-1420227 de diciembre 30 de 2014”. 5. Modificación a la licencia número
211620058 expedida el 30 de septiembre de 2016. 6. Licencia de construcción No. 1-1420227 del 30 de
diciembre de 2014 de la Curaduría Urbana No. 2 de Armenia. 7. Resolución 2-1420004 de agosto 21 de 2014
otorgando licencia de urbanismo. 8. Resolución 40-1620031 de agosto 10 de 2016 de la Curaduría No. 2 de
Armenia, que modifica la licencia de urbanización. 9. Resolución 221620013 de julio 22 de 2016. 10. Copia
auténtica de la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío y constancia
de ejecutoria. 11. Copia auténtica de la sentencia de primera instancia del Juzgado Tercero Administrativo de
Armenia. 12. Respuesta a derecho de petición realizada por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal. 13. Concepto técnico de obra y plan de ejecución expedido por el Ing. Nicolas Cardona Sánchez.
14. Certificado de la contadora donde se discrimina el daño emergente del período comprendido del 13 de
junio de 2015 a febrero 29 del 2020, y el lucro cesante consolidado del período comprendido del 1 de junio de
2017 a febrero 29 del 2020. 15. Contrato de suministro de combustible a distribuidor minorista 019116 suscrito
por Chevron Petroleum Company y José Antonio Arias. 16. Notificación de descuento sobre margen de febrero
del 2016. 17. Oficio del 19 de noviembre del 2019 radicado C- 2019-12259, expedido por Efigas, en el que se
certifican las ventas históricas de gas natural vehicular de las cuatro estaciones de la zona de incidencia del
proyecto Montecarlo. 18. Solicitud y respuesta certificando el uso de suelo, expedido por Planeación Municipal,
según oficio DP-POT-CUS 0307 de marzo del 2015. 19. Certificado de tradición del predio identificado con
matrícula inmobiliaria 280-212676, donde se desarrolla el proyecto inmobiliario. 20. Dictamen pericial del 4 de
3

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

de los demandados, puesto que con los procesos adelantados por la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría y la Inspección de Control Urbano contra el
entonces director (E) del Departamento de Planeación del municipio de Armenia
se encontraba acreditado que se adoptó un plan de implantación para el desarrollo
de una estación de servicio de suministro de combustible en un área no permitida,
sin la formulación y adopción de estudios de pertinencia y necesidad, obviando la
clasificación de usos permitida en la tipología edificatoria vigente en ese momento.
Con base en ese plan de implantación, el señor José Elmer López, en calidad de
Curador, suscribió los actos administrativos de licencia de construcción y
urbanísticos, cuyas irregularidades produjeron la suspensión de la obra que venía
desarrollando el actor, y consecuencialmente los perjuicios que invoca 7.

10. Por su parte, el señor López Restrepo reiteró los argumentos esbozados en
la contestación de la demanda8, y el municipio de Armenia sostuvo que en la
Resolución 118 de 2014 -que adoptó el plan de implantación del mall comercial-
se advirtió expresamente que respecto de la estación de servicio se requería un
plan de implantación separado al del resto de la obra (mall comercial, plaza de
parqueo, batería sanitaria etc.), y a pesar de esa situación, el actor, con base en
un oficio de un funcionario investigado penalmente, sustentó su petición ante la
Curaduría Urbana para continuar con el proyecto de construcción de la EDS 9. El
Ministerio Público guardó silencio10.

febrero del 2020, rendido por el perito avaluador. 21. Copia auténtica del plano de planta general proyecto
Montecarlo. 22. Escritura pública del inmueble objeto de litigio para probar la titularidad de dominio. 23. Solicitud de audiencia de conciliación ante la Procuraduría Administrativa y su constancia de agotamiento del
requisito de procedibilidad. 24. Pruebas documentales que sirvieron de soporte para probar el daño emergente
y en general la inversión realizada en el proyecto Montecarlo. 25. Oficio del 28 de octubre de 2019. 26. Derecho de petición solicitando la resolución del nombramiento del Ing. Nicolás Cardona Sánchez. 27. Copia
del expediente administrativo del Departamento Administrativo de Planeación. 28. Copia de la demanda de
nulidad presentada en nombre del municipio de Armenia. Requerimiento u oficio: 1. A la Dirección Seccional
de Fiscalías de Armenia Quindío, para que remita copia íntegra en medio magnético de la investigación
adelantada con ocasión de los actos administrativos por medio del cual se resolvió adoptar el Plan de
Implementación para el Desarrollo urbanístico Montecarlo Plaza Mall residencial en el predio urbano ubicado
en las vías El Edén y la Avenida Montecarlo y se concedieron licencias de urbanismo y construcción. 2. A la
Curaduría Urbana No. 2 de Armenia, para que allegue copia íntegra en medio magnético de los expedientes
radicados bajo los Nos. 14-2-0293 de 25 de abril de 2014 y 14-2-0850 del 2 de diciembre de 2014 a solicitud
de José Antonio Arias Reyes identificado con CC 19.097.591, cuyo objeto era obtener licencia de urbanismo
y de construcción sobre el predio ubicado en el kilómetro 1,5 vía El Edén intersección Av. Montecarlo. 3. Al
Juzgado Tercero Administrativo de Armenia, para que remita copia íntegra del expediente de la acción popular
radicada bajo el número 63001333300220190015200. 4. Al Juzgado Sexto Administrativo de Armenia, para
que informe si ya se profirió decisión de fondo dentro del medio de control de nulidad simple, radicado bajo el
número 63001333300620180028600. 5. A la Dirección Seccional de Fiscalías de Armenia, para que allegue
el expediente administrativo relacionado con la Estación de Servicio EDS Montecarlo, documentos que, según
lo informado por el Municipio de Armenia, tiene en custodia por inspección a lugares FPJ-9 de fecha 24 de
agosto de 2017. Así mismo, para que informe si se adelanta investigación penal respecto de la Resolución
número 118 del 15 de mayo de 2014. 6. A la Inspección de Policía de Control Urbano de Armenia, para que
remita copia íntegra del expediente número 142 del 2 de septiembre de 2016. 7. A la Procuraduría Provincial
de Armenia a fin de que sirva informar si contra el señor Carlos Alberto Mendoza Parra, en su calidad de
Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Armenia, le inició proceso disciplinario
por la suscripción de la Resolución número 118 del 15 de mayo de 2014, y en caso positivo remita copia
íntegra en medio magnético del expediente. 8. Al municipio de Armenia para que allegue copia digital del
Decreto 095 del 09 de octubre de 2014. 9. Agregar al expediente electrónico el Plan de Ordenamiento
Territorial de Armenia aprobado mediante Acuerdo No. 019 de 2009 y publicado en la Gaceta Municipal No. 1185 del 02 de diciembre de 2009, que se obtuvo de la página web del municipio
http://planeacionarmenia.gov.co/plan-de-ordenamiento-territorial y Resolución No. 003 de 2005 “Por la cual
se establecen disposiciones relativas a los planes de implantación en el municipio de Armenia”, que se obtuvo
de la página web del municipio
https://documentos.armenia.gov.co/UserFiles/File/Resolucion%20003%20de%202005.pdf. Interrogatorio de
parte. Contradicción de dictámenes periciales aportados por el actor
(“28_ED_027ACTAAUDIENCIAINIC(.PDF) NroActua2”). 7
SAMAI: Expediente digital, “48_ED_048ALEGATOS(RAR)NroActua2”. 48.1. Demandante
8
Ibidem, 48.2. José Elmer López. 9
Ibidem, 4.3. Mpio. Armenia. 10
SAMAI:

Expediente digital, “49_ED_049PASODESPACHO20200(.PDF) NroActua2”. 4

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

La decisión objeto de impugnación

11. El Tribunal Administrativo del Quindío declaró probada la excepción de falta
de legitimación material en la causa por pasiva del señor José Elmer López
Restrepo, por estimar que la responsabilidad patrimonial del Estado era anónima
y no requería de la identificación del funcionario que cometió la infracción, por lo
que sus actuaciones u omisiones desplegadas en el cargo de curador urbano no
lo hacían responsable en sede de reparación directa. Además, de conformidad con
el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política y lo regulado en la Ley
678 de 2001, la responsabilidad civil de los agentes estatales solo podía ser
perseguida por la entidad pública a través de la figura del llamamiento en garantía
o de la acción de repetición.

12. En relación con el fondo del asunto, consideró el a quo que no se probó que
el daño alegado fuera cierto y lícito. Arguyó que la actividad de explotación y
comercialización del servicio de combustible que pretendía llevar a cabo el actor
no estaba permitida en el predio donde se proyectó la ubicación de la obra, dada
su incompatibilidad con el uso del suelo prevista en el Plan de Ordenamiento
Territorial de Armenia -Acuerdo No. 019 de 2009-, de ahí que esa situación
impidiera la causación de un daño cierto, pues el actor pretendió demostrar su
afectación patrimonial con el dictamen pericial rendido por un perito avaluador
respecto de quien prosperó la tacha formulada por la parte pasiva por su “falta de
idoneidad profesional”11.

13. Agregó que, si bien el derecho a construir en el que soportaba la parte actora
las pretensiones se encontraba amparado en actos administrativos que gozaban
de la presunción de legalidad por no haber sido hasta ese momento declarados
nulos, las pruebas revelaban que su contenido era manifiestamente contrario a las
normas del POT de Armenia, lo que ponía en evidencia la falta del elemento
“licitud” para que el daño fuese indemnizable y, en todo caso, lo que se hizo en el
dictamen pericial fue cuantificar el monto de los perjuicios que el actor estimó por
la imposibilidad de explotar el negocio de suministro de combustible, cuantificación
que no superaba el campo de la especulación.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

14. El demandante cuestionó la decisión adoptada por el Tribunal, por considerar
i) que vulneró el derecho al debido proceso, en tanto se pronunció sobre la
legalidad de los actos administrativos que le otorgaron unos derechos sin ser esto
procedente y, ii) con fundamento en ello, declaró la inexistencia de un daño cierto
y lícito, desconociendo que cumplió con todas las exigencias establecidas por la
ley, y que la Administración Municipal y la Curaduría Urbana No. 2 de Armenia le
otorgaron las correspondientes autorizaciones para iniciar las obras del proyecto

11
En este punto, se aclara que, aunque en la audiencia de pruebas se le dio la connotación de dictamen
pericial a las certificaciones suscritas por la contadora pública que laboraba con el demandante y que fueron
allegadas con la demanda, lo cierto es que lo que prosperó en la audiencia de pruebas fue una tacha como
“testigo técnico”, dado su interés y acompañamiento en la ejecución del proyecto desarrollado por el actor. En
ese sentido, tanto las certificaciones o “informe” rendido por la contadora, como el dictamen pericial elaborado
por el perito avaluador fueron descartados probatoriamente.
5

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

urbanístico denominado “Mall Residencial Montecarlo Plaza”, que incluía la
construcción de la estación de servicio de combustible.

15. Añadió que esa decisión iii) desconoció también los principios de buena fe y
confianza legítima, toda vez que la Administración confirió unos derechos al actor
que generaron expectativas legítimas y favorables. Debido a las irregularidades
suscitadas al expedir el plan de implantación y la licencia de construcción,
quebrantó de manera intempestiva la confianza que había generado con sus actos
administrativos, lo que produjo la pérdida de los recursos invertidos en la obra e
impidió el funcionamiento de la estación de gasolina, por manera que se
encontraban acreditados los elementos constitutivos de la responsabilidad del
Estado12.

16. Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión en los términos previstos en el numeral 5 del
artículo 247 de la Ley 1437 de 201113. El Ministerio Público guardó silencio14.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

17. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

18. En los términos de la sentencia y el recurso de apelación, el debate en esta
instancia se circunscribe a verificar si está probada la existencia de un daño
susceptible de ser indemnizado, en tanto su falta de acreditación por el a quo tuvo
como fundamento, según el actor, i) juicios de legalidad improcedentes en sede
de reparación directa y ii) el desconocimiento de la confianza legítima y la buena
fe. De estar probado el daño, se procederá a estudiar si resulta imputable al
municipio de Armenia, pues lo relativo a la legitimación por pasiva del señor José
Elmer López Restrepo no fue materia de cuestionamiento.

De la prueba del daño en el caso concreto

19. La Sala anuncia que confirmará la sentencia apelada, dada la ausencia de
prueba del daño antijurídico que se reclama, conforme al siguiente razonamiento.

20. De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “[e]l Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados

12
SAMAI: Expediente digital, “53_ED_053RECURSOAPELACION(.RAR) NroActua2”.
13
Modificada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20212. Dado que el recurso de apelación se interpuso el 11
de junio de 2021, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones del CPACA con las reformas
introducidas por la Ley 2080 de 2021; ello, en atención a lo previsto en el artículo 86 de la misma norma.
Artículo 247. “Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
“(…)
“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos
por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar
traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” (negrilla
fuera del texto).
14
CPACA. “Art. 247… 6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta
antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”. SAMAI: índice 9.
6

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Así, aunque el
ordenamiento jurídico no prevé una definición de daño antijurídico, éste ha sido
definido tradicionalmente como la lesión a un derecho o a un interés protegido, o
como la pérdida sufrida por una persona como consecuencia de la lesión a un
derecho jurídicamente tutelado de la víctima15.

21. En ese contexto, el daño susceptible de indemnización es aquél que la víctima
no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho
-antijuridicidad del daño- y que es cierto, esto es, verificable y determinable, en
tanto aparezca como una disminución patrimonial o extrapatrimonial en el
demandante, sin que pueda ser resarcido lo eventual, hipotético o meramente
posible; por ello, el demandante agraviado debe probar tanto los daños
efectivamente materializados como que esos pueden cuantificarse o estimarse
dinerariamente, es decir, debe haber suficiencia probatoria tanto para acreditar el
daño como para probar la cuantía del perjuicio resultante de aquel.

22. Para establecer si en el presente asunto se causó o no un daño resulta
importante determinar el hecho dañino en que el actor sustenta el menoscabo y
la causa petendi en que se fundamenta dicho daño.

23. De cara a lo planteado en la demanda y el recurso de apelación, la parte
actora pretende que se le indemnice por la afectación patrimonial ocasionada por
la suspensión de la obra de construcción que estaba amparada por la confianza
legítima que le había otorgado un proyecto de plan de implantación y la
correspondiente licencia de construcción, que fueron expedidos para llevar a cabo
un proyecto de una estación de suministro de combustible. Lo anterior,
necesariamente remite a la Sala a determinar si el desconocimiento de la
confianza legítima en la que se apoya el administrado produjo en este caso un
daño que no estuviese obligado a soportar.

24. El principio de confianza legítima del particular en las actuaciones del Estado
y recíprocamente el de la buena fe en el comportamiento de los administrados,
derivadas de los principios de legalidad, igualdad y seguridad jurídica propios del
Estado Social de Derecho16, limitan las decisiones discrecionales de la
administración cuando se dirigen a modificar de manera abrupta, aunque válida y
legítima, derechos de particulares y, por tanto, lo que pretende es proteger al
administrado frente a cambios intempestivos efectuados por las autoridades.

25. El otorgamiento de una licencia de construcción a un ciudadano implica: (i) la
adquisición de derechos de desarrollo y construcción en los términos plasmados
en el correspondiente acto administrativo y, (ii) que provisionalmente cumplió con

15
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) la fuente de la responsabilidad
patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al
derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual
se reputa indemnizable” Corte Constitucional, sentencia C-333 de 1996.
16
Resulta evidente que la aplicación de la buena fe en las actuaciones de los particulares y del Estado no
sólo es un principio general del derecho y de ética de comportamiento, sino que es un precepto de obligatorio
cumplimiento. Sin embargo, la constitucionalización de este principio en el artículo 83 de la Carta evidencia
su carácter correlativo o recíproco, pues supone, de un lado, la garantía para el administrado de que el Estado
presuma que así actúa frente a él y a los demás particulares y, de otro, el deber de comportarse de buena fe
en todas las relaciones, de tal forma que tanto la administración como el administrado deben adoptar
comportamientos leales en el desenvolvimiento de sus relaciones. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, exp: 12158, C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez.
7

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Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

las normas y reglamentaciones en que se fundamentó el acto; sin embargo, como
lo ha señalado el Consejo de Estado17 y la Corte Constitucional18, se trata de
situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido,
pues su posición jurídica es modificable por las autoridades, ya que son actos
provisionales, subordinados al interés público y, por ende, a los cambios que se
presenten en el ordenamiento jurídico en la materia específica.

26. Sin perjuicio de lo anterior, si la persona tiene razones objetivas para confiar
en que la autorización es lícita y duradera, y el cambio súbito altera de manera
grave su situación jurídica, entonces el principio de la confianza legítima la
protege. Conforme a los estudios doctrinarios y la jurisprudencia19 para que la
confianza del particular esté revestida de protección jurídica, es necesario que
reúna los siguientes requisitos:

(i) La estabilidad que muta por una decisión posterior de una autoridad
pública debió generar una expectativa razonable y cierta, en tanto la
soportaron signos externos y concluyentes de que la actuación era
válida.
(ii) El conflicto entre la necesidad de preservar el interés público y el interés
privado de quien se encuentra amparado por los principios de seguridad
jurídica y legalidad debe resolverse a favor del primero.
(iii) Se exige una antijuridicidad, en la medida en que el sujeto que sufre los
daños y perjuicios por la actuación administrativa no tiene el deber de
soportarlos.
(iv) El comportamiento previo a la constitución de las relaciones debe ser
claro, inequívoco y veraz, pues, por ejemplo, no puede el administrado
extender los efectos de una licencia de construcción partiendo de las
ambigüedades de la documentación que sirvió de base al otorgamiento
de la licencia, por cuanto en ese caso no procederá la indemnización
de perjuicios para aquella persona20.

27. Con fundamento en lo anterior, resulta válido considerar la quiebra de la
confianza en las expectativas legítimas como una causa eventualmente adecuada
e idónea para el resarcimiento de daños y perjuicios. Ahora, cuando ello deriva de
la anulación o revocatoria de un acto administrativo, habrá de analizarse el tipo de
acto, la relatividad de los derechos sujetos al interés público o los derechos
adquiridos, el comportamiento del titular del derecho, entre otros factores que
puedan tener un impacto directo en la causación del daño alegado.

Caso concreto

28. De conformidad con los elementos de convicción allegados al expediente, se
encuentra acreditado que a través de Oficio DP-POT-7390 del 24 de diciembre de
2012, el Subdirector del Departamento Administrativo de Planeación de Armenia

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de agosto de 1999, expediente 5500.
M.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
18
Sentencia C-478 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
19
Ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 5 de
diciembre de 2005, exp: 12158, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
20
González Pérez, Jesús. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. Editorial Civitas,
S.A. Madrid. 2 edición. 1983. Páginas 89 y siguientes.
8

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

autorizó al señor José Antonio Arias Reyes para que presentara la formulación del
plan de implantación del proyecto que pretendía desarrollar, para lo cual debía
presentar los estudios y documentos exigidos en el artículo 6 de la Resolución 003
de 2005, al lado de lo cual estableció entre los términos de referencia la
delimitación del área de influencia y los determinantes del Plan de Ordenamiento
Territorial de Armenia -POT-, señalando, entre otras cosas, que la ficha
normativa que lo regía era la número 3 y como área de influencia estaba el
colegio “Mi Pequeño Mundo”21.

29. Luego, mediante Oficio PD-PDE-0547 del 4 de abril de 2014, el Director del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Armenia respondió una
solicitud elevada por el demandante. Frente a la posibilidad de adicionarle 100
apartamentos al proyecto Urbanístico Mall Residencial Montecarlo Plaza, indicó
que era compatible con el POT y con la ficha normativa número 3: tratamiento de
desarrollo/corredor empresarial y, como consecuencia, debía incluirse en el plan
de implantación. Frente a la estación de servicio se indicó (se transcribe de forma
literal):

“Respecto a la Estación de Servicios Automotriz, uso ya referenciado en el
proyecto y atendiendo los parámetros establecidos en el numeral 2 del artículo
5 de la Resolución 003 del 28 de abril de 2005 ‘Por la cual se establecen
disposiciones relativas a los planes de implantación en el Municipio de Armenia’
si requiere PLAN DE IMPLANTACIÓN por separado al desarrollo del
Centro Comercial, esto teniendo en cuenta el impacto urbanístico, pero
presentado en un solo documento…”22 (negrilla añadida).

30. Está probado que el asesor urbano Juan Carlos Castaño, quien fuera
contratado por el hoy demandante23, realizó un único plan de implantación para el
proyecto denominado “Mall Residencial Montecarlo Plaza”, en donde se incluyó
en el ítem 3 -áreas del proyecto- la estación de servicio de suministro de
combustible, subdividida en: (i) área administrativa; (ii) área de servicio y, (iii) área
de equipos y tanques; además, como objetivo específico de ese plan se plasmó
que pretendía articular la propuesta arquitectónica y urbana del mencionado
proyecto “con los requerimientos técnicos existentes en el territorio conforme al
Plan de Ordenamiento Territorial 2009-2023” 24.

31. Por medio de Resolución 118 del 15 de mayo de 2014, suscrita por el
Director (E) del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Armenia
-Carlos Alberto Mendoza Parra- se resolvió adoptar el plan de implantación para
el proyecto urbanístico “Mall residencial Montecarlo Plaza”, en el predio urbano
ubicado entre El Edén y la Avenida Montecarlo Tramo II, kilómetro 1 vía La

21
SAMAI: Expediente digital: “46_ED_046TRASLADOPRUEBAS20(PDF) NroActua2”, carpeta 2, páginas 178
a 186.
22
SAMAI: Expediente digital: “46_ED_046TRASLADOPRUEBAS20(PDF) NroActua2”, carpeta 2, páginas 118
a 120.
Archivos: 045RptaActa10-02-2021 > 045.1Fiscalia98 > CARPETA 2.PARTE.pdf / pág. 56-95;
23
Lo cual se desprende del hecho de que en la radicación de los documentos por parte del señor José Antonio
Arias Reyes se indicó que el mencionado plan de implantación fue elaborado por el arquitecto en mención, lo
que permite inferir que lo contrató para hacerse cargo del desarrollo del plan.
24
SAMAI: Expediente digital: “46_ED_046TRASLADOPRUEBAS20(PDF) NroActua2”, carpeta 2, páginas 56
a 95.
9

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Actor: José Antonio Arias Reyes
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Tebaida Santana, identificado con matrícula inmobiliaria No. 280-55508, de
propiedad del señor José Antonio Arias Reyes (aquí demandante) 25.

32. De acuerdo con el contenido de la parte considerativa de ese acto
administrativo, se tiene que: (i) el hoy actor radicó -no se precisa la fecha- la
formulación del plan de implantación elaborado por el arquitecto Juan Carlos
Castaño; (ii) en relación con la movilidad y accesibilidad del proyecto, se revisaron
los aspectos inherentes al diseño de un sistema autosuficiente de movilidad y su
articulación con el entorno, respecto del cual el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal conceptuó favorablemente; (iii) la implantación preliminar
tuvo en cuenta los acuerdos establecidos en varias reuniones de concertación
sobre diferentes aspectos del proyecto y, (iv) en relación con la estación de
servicio automotriz se consignó literalmente:

“… atendiendo los parámetros establecidos en el numeral 2 del artículo 5 de la
Resolución 003 del 28 de abril de 2005 ‘Por la cual se establecen disposiciones
relativas a los planes de implantación en el Municipio de Armenia’ si requiere
PLAN DE IMPLANTACIÓN por separado al desarrollo del Centro
Comercial, esto teniendo en cuenta el impacto urbanístico, pero
presentado en un solo documento.

“Por lo anterior, es pertinente precisar:
Esta actividad, entendida bajo el planteamiento del proyecto como
complementaria, se debe desarrollar al interior del predio en el cual el uso
principal es el Centro Comercial. Igualmente deberá acogerse a las
disposiciones de la autoridad ambiental y a los parámetros que se establecen
en el Acuerdo 019 de 2009 artículo 222 numeral 4 referente a los
equipamientos de infraestructuras esenciales. Por ser una actividad
complementaria al uso comercial principal que puede ser de alto riesgo,
requiere que se rija por los permisos especiales de funcionamiento y
cumplir con norma específicas nacionales y municipales, con amplias
áreas de aislamiento entre el expendio y almacenamiento del combustible
y los inmuebles colindantes para garantizar las condiciones de seguridad
necesarias en su manipulación y comercio”26 (se resalta).

33. Sobre las normas del uso del suelo por las que debía regirse el proyecto, se
determinaron como principales las siguientes:

Uso Residencial.
Tipología Edificatoria: VM Vivienda Multifamiliar.
Definición: Es la edificación constituida por tres o más viviendas con acceso común
desde la vía vehicular Puede darse en agrupación o en edificación individual. Se
caracteriza por tener zonas comunes de copropiedad.

Uso Comercial
Tipología Edificatoria: C3 Centro Comercial
Definición: Edificación o conjunto de edificaciones con áreas mayores a 3000 en
donde se agrupan locales comerciales y de prestación de servicio, con una
reglamentación interna y áreas comunes para su funcionamiento.

25
Mediante escritura pública 1761 del 17 de agosto del año 2016, el señor José Antonio Reyes (propietario
del predio identificado con la matrícula inmobiliaria número 280-55508) realizó una subdivisión del inmueble
en seis lotes, cedió al municipio de Armenia unas zonas con destino a uso público y otros actos como la venta
de los lotes 1, 2, 3 y 4, por lo que se aperturaron 6 matrículas correspondiente a cada lote. El identificado con
matrícula No. 280- 212676 quedó de propiedad del señor José Antonio Arias Reyes, según certificados de
estado jurídico de los inmuebles de fecha 13 de agosto de 2018. SAMAI: Expediente digital, anexos de la
demanda página 173 a 175.
26
SAMAI: Expediente digital, anexos de la demanda página 5 a 14.
10

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
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Referencia: Reparación directa

34. En relación con las áreas del proyecto a desarrollar, no acogió las presentadas
en el plan de implantación elaborado por el asesor urbano del demandante, sino
que en el artículo 5 de la Resolución 118 de 2014 estableció de manera literal:

35. Finalmente, en el artículo 7 de la citada resolución se precisó que la iniciación
de obras de construcción quedaba supeditada a la obtención de la
correspondiente licencia que expidiera la curaduría urbana del municipio de
Armenia, en el plazo de 12 meses contados a partir de la ejecutoria de dicha
resolución. Al mismo tiempo, en el expediente Nro. 14-2-0293/029427 de la
Curaduría Urbana No. 2 -prueba oficiada-, obran dos Resoluciones identificadas
con el mismo número -No. 118-, de la misma fecha -mayo 15 de 2014- y con el
mismo título “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE IMPLANTACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ‘MALL RESIDENCIAL
MONTECARLO PLAZA’…”, expedidas por la misma autoridad y con idénticas
consideraciones; no obstante, se diferencian en el artículo 5º de la parte resolutiva
-ÁREAS-, en cuanto una de ellas coincide integralmente con la información
previamente referida; en cambio, la otra contiene la información del plan de
implantación presentado por el actor, en el que se visualiza un cuadro con 7 ítems
dentro del cual se contempla en el número 3: la estación de servicio, así:

27
SAMAI: Expediente digital: “33_ED_031RESPREQACTAENE14(RAR) NroActua2” 031.5. Curaduría2, parte
1, página 82.
11

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36. Por dichas irregularidades se adelanta actualmente un proceso penal en
contra de Carlos Alberto Mendoza Parra -entonces Director del Departamento
Administrativo de Planeación- y otros, el cual se encuentra actualmente en etapa
de audiencia preparatoria28.

37. De manera posterior a la expedición del plan de implantación, el 25 de abril
de 2014, el actor solicitó licencia de urbanismo sobre el predio de su propiedad y,
a través de la Resolución Nro. 2-1420004 de 21 de agosto de 2014 el Curador
Urbano No. 2 -José Elmer López Restrepo- otorgó la correspondiente licencia para
desarrollar el proyecto denominado Mall Residencial Montecarlo Plaza.

38. De conformidad con el artículo 5 de dicha resolución, de manera simultánea
al otorgamiento de la licencia de urbanismo se concedió la licencia de
construcción en modalidad obra nueva, mediante Resolución Nro. 1-1420121 de
agosto 21 de 2014, ambas con vigencia de 36 meses, prorrogables por una sola
vez por un plazo de 12 meses. De su contenido se resalta que la licencia de
urbanismo se otorgó sobre un área de 13.432,00 m 2, conforme a las
especificaciones indicadas en el cuadro insertado en el párrafo 34 -el que no

28
La Fiscalía 98 delegada adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción de Armenia, en el año
2017 inició dicha investigación -63001600005920170030500- por delitos contra la Administración Pública,
específicamente, prevaricato por acción en concurso con falsedad en documento público, respecto de la cual
se allegaron las piezas procesales que obraban para el momento de decretada la prueba -2021-. El estado
actual del proceso fue consultado en la página de la Rama Judicial:
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=mL%2bLULeOZCA6Vgq
MjzmzfXJKWag%3d y
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=6300133330022019001520163
00123. Por estos mismos hechos se adelantó proceso disciplinario en contra del señor Carlos Alberto
Mendoza, en su condición de Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Armenia.
En primera instancia, la Procuraduría Provincial de Armenia lo declaró disciplinariamente responsable por
autorizar la implantación del proyecto Mall residencial Montecarlo, que incluía una estación de servicio de
suministro de combustible en contravención de las fichas normativas que hacen parte del POT de esa ciudad;
sin embargo, encontrándose pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado, el
Procurador Regional del Quindío declaró la nulidad de todo lo actuado, por falta de adecuada tipificación del
cargo formulado contenido en el numeral 37 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (SAMAI: Expediente digital,
“45_ED_044REQUERIMIENTOSAUD(.PDF) NroActua2”, páginas 392 a 425).
12

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
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Referencia: Reparación directa

contiene de manera expresa la estación de servicio-. Además, se estableció que
“ese acto se expide con base en la información presentada y conforme a su
explicita manifestación de la voluntad. En consecuencia, cualquier diferencia que
pueda existir entre la información presentada y la realidad física o legal del
inmueble será exclusiva responsabilidad del solicitante29.

39. Luego, por medio de petición Nro. 14-2-0850 del 2 de diciembre de 2014, el
señor José Antonio Arias Reyes solicitó nuevamente, ante la Curaduría Urbana
No. 2 de Armenia, licencia para la construcción de obra nueva, pero con las
siguientes especificaciones: (i) edificación de dos (2) pisos y un (1) sótano, y (ii)
la estación de servicio EDS Montecarlo, para construir en un área de 256 M2,
en el predio antes referido de propiedad del actor. Adjunto a esa solicitud se
observa una “carta de responsabilidad del solicitante” en la que manifestó
(transcripción literal):

“A través de la presente y en mi calidad de solicitante de la licencia de const.
obra Nueva radica bajo el expediente No. 14-2-0850 de Dic.2/14, me permito
someter a su estudio el presente proyecto, urbanístico, el cual acata
todas las disposiciones que en materia urbanística, arquitectónica y
estructural establece la normatividad vigente, en especial el POT de la
ciudad de Armenia. Adicionalmente le manifiesto que he adjuntado toda la
documentación requerida en las normas urbanísticas nacionales y locales”30

40. A través de acto administrativo número 1-1420227 del 30 de diciembre de
2014, el Curador Urbano No. 2 de Armenia otorgó la licencia en los términos
referidos, es decir, incluida la autorización para construir la EDS Montecarlo 31. El
27 de febrero de 2015, en cumplimiento de lo previsto en los Decretos 1521 de
1998 y 4299 de 2005 -requisitos exigidos el suministro de combustible y gas
vehicular-, el actor solicitó ante el Departamento Administrativo de Planeación un
certificado de uso del suelo y, a través de Oficio DP-POT-CUS-0307 del 9 de
marzo de 2015, el Subdirector del Departamento Administrativo de Planeación dio
respuesta a la anterior solicitud, en los siguientes términos (se transcribe de
manera literal):

“Que la Estación de Servicio de combustibles líquidos ubicada en el kilómetro
1,5 Vía El Edén Intersección Avenida Montecarlo hace parte del sector urbano
identificado mediante Ficha Normativa 3 -Tratamiento de
Redesarrollo/Corredor Empresarial y que el desarrollo del uso propuesto es
COMPATIBLE De acuerdo al Decreto No.095 del 09 de Octubre del 2014 y
por medio de la Resolución No. 118 de Mayo 15 del 2014 se aprueba el
Plan de Implementación para El Desarrollo del Mall Residencial
Montecarlo Plaza, por lo cual puede desarrollar sus actividades siempre
y cuando se reúnan las condiciones establecidas en el mencionado Plan
de Implantación, Decreto, Acuerdo 019 y sus documentos técnicos y la
educación sea idónea para el desarrollo. // Finalmente le comunicamos que
para emitir algún tipo de Concepto de compatibilidad de Uso de Suelo deberá
anexar el Certificado de Cámara de Comercio con la dirección del predio que
acredite la existencia legal y actividad económica del sitio. …”32 (se destaca).

29
SAMAI: Expediente digital, páginas 30 a 35, anexos demanda.
30
SAMAI: Expediente digital: “33_ED_031RESPREQACTAENE14(.RAR) NroActua2”, expediente
administrativo Curaduría, parte 11 – licencia de construcción, página 14.
31
SAMAI: Expediente digital, páginas 26 a 28, anexos demanda.
32
SAMAI: Expediente digital, página 172, anexos de la demanda.
13

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Referencia: Reparación directa

41. El 30 de septiembre de 2016 fue expedida la licencia No. 21-1620058 “Por
medio de la cual se modifica la licencia vigente No 1-1420227 con fecha de
Expedición: 30-dic-14 – Ejecutoriada: 20-ene-15- Vigente hasta: 20-ene-17”, que
tuvo por objeto varias modificaciones estructurales del proyecto, entre ellas, la de
la zona de la estación de servicio EDS Montecarlo, en el sentido de suprimir los
parqueaderos, para localizar allí la zona de tanque, ampliando el área de la bomba
a 113.81 m233. Paralelamente, conforme se extrae del expediente administrativo
14-2-0293/0294 allegado por la Curaduría 2 de Armenia, por medio de Oficio PD-
PDE-0932 del 5 de octubre de 2016, suscrito por el Director del Departamento
Administrativo de Planeación Municipal, dirigido al Curador a cargo, solicitó
precisiones para que (se transcribe literalmente):

“(…) nos sea explicado en detalle cuáles fueron las razones para conceder la
modificación de la Licencia No. 1—1420227 expedida el 30 de Diciembre de
2014, modificación otorgada mediante Licencia No. 21-1620058, lo anterior
teniendo en cuenta que la ficha normativa No. 3 correspondiente a dicho
sector no contempla la construcción de estaciones de servicio, siendo
muy importante aclararle al Señor Curador que la interpretación que
usted le dio a la Resolución No. 118 del 15 de Mayo de 2014 en el oficio
No. CUJ-J1745 que fue enviado a este Departamento y a la comisión de
veedurías de las curadurías urbanas, es errónea, ya que de forma muy
clara se indicó que debía iniciarse un plan de implantación diferente al
que se estaba aprobando en la Resolución No. 118, ya que a pesar de que
el Acuerdo 019 de 2009 contempla la posibilidad de implantar estaciones de
servicio se debe tener en cuenta la necesidad expresa de crecimiento a la
demanda local y que la norma urbanística lo permita…// con lo anterior señor
curador es importante que replantee su posición en el sentido de
modificar o revocar la licencia de construcción NO. 1.1420227 y por
consiguiente la modificación No. 21-1620058, al no tener la posibilidad
de construir estación de servicio, ya que hasta el día de hoy no se ha
realizado la solicitud de implantación de dicho establecimiento de
comercio, lo cual se adopta ‘Plan de implantación para el desarrollo
urbanístico Mall Residencial Montecarlo Plaza’ donde se estipulo la necesidad
de adelantar un plan de implantación diferente para la estación de
servicio…”34 (se destaca).

42. En respuesta a lo anterior, el Curador 2 de Armenia emitió el Oficio CU2-
C01492 del 24 de octubre de 2016, en el que manifestó (se trascribe de manera
literal):

“no tengo la más mínima duda en cuanto que ella [se refiere a la Resolución
118 de 2014] involucra la autorización para la implantación del uso de estación
de servicio y que, inclusive, constituye una decisión que me resulta imperativo
atender… Bajo este entender fue que expedí la licencia 1420227 de diciembre
30 de 2014 y su modificación. Por lo tanto, bajo el supuesto que pudiese
modificar o revocar la licencia ya referida (lo cual sabe cómo improcedente el
Departamento de Planeación Municipal por cuenta que se trata de actos
creadores de situaciones jurídicas de carácter particular y concreto que no
pueden ser revocados parcial o totalmente sin consentimiento expreso y
escrito de su titular – ley 1437 art. 97 CPACA-), desde el punto de vista

33
SAMAI: Expediente digital, páginas 21 a 24, anexos demanda. Además, en ese interregno hubo varias
modificaciones: (i) Resolución No. 40-1620031 del 10 de agosto de 2016, que modificó la licencia de
urbanización aprobada mediante acto No. 2-1420004 del 21 de agosto de 201, cuyo objeto consistió en
adicionar y aprobar un nuevo plano. En ese mismo acto se indicó que la licencia había sido objeto de
modificación por medio de las Resoluciones Nro. 22-1620009 de junio 14 de 2016 y 22-1620013 de julio 22
de 2016, expedidas por la Curaduría Urbana No. 2, y que la licencia inicial continuaba vigente (SAMAI:
Expediente digital, páginas 37 a 40, anexos demanda).
34
SAMAI: Expediente digital, “33_ED_031RESPREQACTAENE14(.RAR) NroActua2”, expediente
administrativo Curaduría, páginas 123 a 126.
14

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Referencia: Reparación directa

sustancial insisto, SIN LUGAR A DUDAS, que el Departamento Administrativo
de Planeación Municipal en cabeza de su actual director, el arquitecto
CARLOS ALBERTO MENDOZA PARRA y la abogada CLAUDIA MILENA
HINCAPIÉ, expidieron con carácter vinculante la resolución número 118 de
Mayo 15 de 2014 que otorgó plan de implantación antes destacado, que
INDUDABLEMENTE incluyó la oportunidad de ‘implantar’ una estación de
servicio, en los términos que con exacta precisión fueron adoptados en las
licencias antes referidas”35.

43. De acuerdo con la certificación allegada por el constructor responsable de la
obra -arquitecto contratado por el hoy demandante- ante la Curaduría Urbana 2 –
expediente 14-2-0293/0294– la construcción de la estación de servicio de
combustible se encontraba en ejecución desde el mes de mayo de 201536.
Asimismo, obra un registro fotográfico realizado por el Departamento
Administrativo de Planeación que acredita que se había iniciado y avanzado en la
construcción de la bomba de gasolina37, fotografías que coinciden con las
contenidas en el “Concepto técnico de obra y plan de ejecución” aportado por el
demandante y que demuestran que antes de decretarse la medida cautelar de
suspensión se había avanzado en la construcción de la EDS38.

44. Encontrándose en ejecución la construcción de la estación de gasolina,
mediante providencia del 17 de noviembre de 2016, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Armenia, al resolver una medida cautelar solicitada
con ocasión de una demanda de acción popular -radicada bajo el número 63001-
33-33-003-2016-00482-00-, ordenó suspenderla, bajo el siguiente razonamiento
(se transcribe de manera literal):

“Bajo el derrotero fáctico y jurídico reseñado, el Despacho concluye que es
preciso ordenar la suspensión de la construcción de la estación de
servicio EDS MONTECARLO dentro de la construcción Mall Comercial
Montecarlo ubicado en las vías el Edén y la Av. Montecarlo Tramo ll, referida
en la Licencia de construcción No. 1-1420227 de la Curaduría Urbana 2
de Armenia, porque se logra constatar sin mayor esfuerzo que el
proyecto está regido por las fichas normativas 2-A y 3 conforme al Plan
de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 019 de 2009 y que la actividad de
suministro de combustible, clasificada en el uso comercial como ‘J.
Productos químicos o combustibles de alto riesgo’ no está permitida
dentro del uso principal ni dentro del uso secundario.

“En tal virtud, acudiendo a lo dispuesto en los artículo 144, 230 numeral 3,
231 del CPACA y 25 de la ley 472 de 1998, se suspenderán los efectos de
la licencia de construcción NO 1-1420227 de 30 de diciembre de 2014 para
Ia construcción de la Estación de Servicio EDS Montecarlo, Área
Construida 256 M2 En el predio urbano localizado en las Direcciones Km 1.5
vial al Edén (ACTUAL) con matrícula inmobiliaria NO 28055508, urbanización
el Edén, comuna 12, titulares JOSE ANTONIO ARIAS REYES… y de la
Resolución 118 del 15 de mayo de 2014 por medio de la cual se adopta
el Plan de implantación para el desarrollo Urbanístico del ‘Mall
Residencial Montecarlo Plaza’ también en cuanto se refiere a lo estación de
suministro de combustible.

35
Ibidem, páginas 244 y 245.
36
Con base en esta certificación y a solicitud del actor, el Curador Urbano No. 2 concedió una prórroga a la
licencia urbanística de construcción adoptada mediante Resolución 1-1420227 del 30 de diciembre de 2014 -
modificada a su vez, por medio de resolución Nro. 21-1620058 de septiembre 30 de 2016-, contenida en la
Resolución Nro. 30-162055 de diciembre 28 de 2016, desde el 20 de enero de 2017 hasta el 19 de enero de
2018. SAMAI: Expediente digital, páginas 15 a 20, anexos demanda.
37
SAMAI: Expediente digital, “31_ED_029PRUEBAS(RAR)NroActua2”, exp no. 142 del 2 de sep. de 2016.
38
SAMAI: Expediente digital, páginas 129 a 139, anexos demanda.
15

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

“Lo anterior para hacer cesar la vulneración del derecho colectivo a la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de calidad de vida de los habitantes”39 (negrilla añadida).

45. Previo a que se dictara sentencia de primera instancia en el marco de la
referida acción popular, mediante Oficio DP-PDE-183 del 16 de marzo de 2017,
el Director del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de
Armenia reiteró la solicitud a José Elmer Restrepo, en calidad de Curador Urbano
No. 2 de esa ciudad, para que procediera de conformidad con el Decreto Nacional
1077 de 2015, en tanto que al realizar un nuevo análisis de lo aprobado en la
Resolución No. 21-1620058 del 30 de septiembre de 2016 y lo observado en los
planos, se encontraron inconsistencias que iban en contra de la normatividad
urbanística vigente, así lo advirtió (transcripción literal):

“1. Los planos soportes no son coherentes con la numeración de la
Resolución u Acto Administrativo que lo soporta… 2. Sin que mediara acto
administrativo que modificara el Plan de implantación Resolución No. 118 de
2014, se modificó el plano 12/12 de la licencia 21-1620059 el cuadro de áreas,
que no coincide con el aprobado por la resolución. 3. Faltan planos
estructurales de la licencia 21-1620059. 4. Entre los ejes 4 y 9 aparentemente
no se conservó la distancia del retiro por modelo de ocupación. 5. No se
observa de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, la verificación del
cumplimiento a los radios de incidencia de la estación de servicio (combustible
líquido), tal como lo indica el artículo 120 numeral 3.1.5 donde se reglamentan
dichos radios de incidencia de alto impacto cerca a los centros educativos…
6. Desde este Departamento Administrativo, no se aprobó en el cuadro de
áreas de la Resolución No. 118 del 15 de mayo de 2014, el área para la
Estación de Servicio de combustible líquido, cuyo original reposa en nuestros
[incompleto] y el cual ha sido discutido ante la Comisión de Veedurías de las
Curadurías Urbanas, notificado en forma personal al peticionario, por lo que
debió el curador haberse ceñido a los lineamientos del referido Acto
Administrativo. 7. La licencia de construcción para las estaciones de
combustible líquido, debe proferirse por una vigencia de seis (6) meses, según
lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1521 de 1998 … 8. No se cumplió
con los requisitos contenidos en el mencionado Decreto 1521 de 1998… 9.
Las Resoluciones No. 006 de 2008 y 003 de 2005 compiladas en el Decreto
095 del 09 de octubre de 2014 que regulan los planes de Implantación y los
diferentes conceptos son claros y han sido precisos en relación con que
cualquier licencia referente a una estación de servicio de combustible líquido
requerirá Plan de implantación por separado aprobado por la autoridad
ambiental, del cual carece la Resolución”40.

46. En respuesta al anterior oficio, el 19 de mayo de 2017, el Curador Urbano No.
2 manifestó que no tenía una postura distinta que asumir. Agregó que por tratarse
de un proceso que involucraba derechos de terceros y con el fin de respetar el
debido proceso, mediante Oficio CU2- J21B7A del 10 de abril de 2017, corrió
traslado de aquella propuesta al señor Antonio Arias Reyes, titular de la licencia
que Planeación Municipal pedía revocar, quien mediante memorial del 24 del
mismo mes y año se opuso, en los siguientes términos literales:

“Con ocasión de su reiteración en el requerimiento frente al Oficio del
Departamento Administrativo de Planeación Municipal individualizado como
DP-PDE-0932 de Octubre 5 de 2016 y que le fuese insistido por Oficio de DP-

39
SAMAI: Expediente digital, páginas 87 a 95, anexos demanda.
40
SAMAI: Expediente digital: “46_ED_046TRASLADOPRUEBAS20(PDF) NroActua2”, carpeta 6 parte 1.
16

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

PDE 183 de marzo de 2017, simplemente y de nuevo he de manifestarle de
manera expresa y escrita mi absoluta e irreversible falta de
consentimiento para efectos de acoger la iniciativa de revocatoria directa
ingenua y arbitrariamente solicitada por el departamento antedicho, lo cual
constituye no sólo un evidente reconocimiento de la validez y vigencia de la
licencia que el Curador otorgó a mi favor sino que trasluce la idea mezquina de
imputarle una gestión que habrían de asumir ellos pero por cuenta del plan de
implantación que me fuese aprobado para la ubicación de la estación de
servicio… a través de resolución Nro. 118 de mayo 5 de 2014…”41.

47. El 14 de agosto de 2017, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Armenia, al dictar fallo de primera instancia: (i) declaró que el municipio de
Armenia, la Curaduría Urbana Segunda de Armenia y el señor José Antonio Arias
Reyes vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, y amenazaron el derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, de los cuales son titulares las
personas que residen en la ciudad de Armenia, y (ii) ordenó la suspensión de
todas las obras dirigidas a la construcción y puesta en funcionamiento de la
estación de servicio ubicada en el predio urbano de propiedad de José Antonio
Arias Reyes, hasta tanto se profiriera sentencia ordinaria de fondo sobre la
legalidad de los actos administrativos que concedieron licencia para la obra, para
lo cual debía el municipio instaurar la correspondiente demanda ordinaria42.

48. Contra la anterior decisión, el aquí demandante y José Elmer López Restrepo
-entonces curador- interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia del 21 de noviembre de
2017, en el sentido de confirmar parcialmente el fallo de primera instancia; revocó
el ordinal quinto de la parte resolutiva, dada la ausencia de vulneración del
derecho colectivo a la moralidad administrativa y se modificaron los ordinales
tercero y cuarto en cuanto a declarar amenazado únicamente el derecho colectivo
a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas43.

49. Como soporte de su decisión, aludió a varias irregularidades que se
presentaron al otorgar las correspondientes autorizaciones para la construcción
de la estación de gasolina Montecarlo, entre ellas: (i) la incompatibilidad entre la
actividad de suministro de combustible clasificada en el uso del suelo como
“productos químicos o de combustible de alto riesgo”, con el uso del suelo previsto
en el POT y las fichas normativas 2A y 3; (ii) la inexistencia del plan de
implementación que cumpliera con los lineamientos estratégicos para las
estaciones de suministro de combustible, de conformidad con el artículo 120 del
POT, y (iii) la existencia de inconsistencias entre documentos, específicamente,
entre la copia de la Resolución No. 118 del 15 de mayo de 2014 aportada por el
Curador Urbano y la allegada con la demanda popular, sobre las cuales el Tribunal
indicó (se trascribe literalmente):

“… sin que las consideraciones aquí efectuadas al respecto puedan
considerarse o tener la virtualidad de constituir prejuzgamiento alguno frente a

41
SAMAI: Expediente digital: “46_ED_046TRASLADOPRUEBAS20(PDF) NroActua2”, carpeta 6 parte 1.
42
SAMAI: Expediente digital, páginas 96 a 126, anexos demanda.
43
La citada sentencia quedo ejecutoriada el 28 de noviembre de 2017 (SAMAI: Expediente digital, página 85,
anexos demanda).
17

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

la legalidad de los mismos…pues tal como lo indicó el Juzgado de instancia a
folio 642 de la Sentencia, de la simple lectura de la Resolución No. 118 del 15
de mayo de 2014 obrante a folio 233 del cuaderno principal 2, así como de la
copia de dicha Resolución obrante a folios 34 a 38 aportada junto al escrito de
Acción, existen incongruencias notorias en lo relativo al acápite de Áreas
contenido en el Artículo 5º de dicho Acto Administrativo concerniente a
la estación de servicio, en cuanto una copia de dicha Resolución sí
consagra tal obra (fol. 236 reverso) mientras la otra no (fol. 37 reveso)…”44
(negrilla fuera de texto).

50. Se observa, además, que para el momento en que se dictó la sentencia aquí
apelada no se había aún proferido fallo definitivo en el juicio de legalidad contra el
plan de implantación -Resolución 118 de 2014- y de las licencias de construcción
No. 1-1420227 del 30 de diciembre de 2014 y la modificatoria No. 21-1620058 del
30 de septiembre de 2016 -del cual obran algunas piezas procesales en este
expediente-.

51. Así, la evidencia probatoria conduce a la Sala a considerar que si bien el
demandante ejecutó, en alguna medida, las obras destinadas a la construcción de
la EDS de suministro de combustible que hacía parte del proyecto urbanístico
“Mall Residencial Montecarlo Plaza” y por ello incurrió en unas erogaciones para
poner en funcionamiento la misma -para probarlo aportó un dictamen pericial,
unas facturas y cuentas de cobro-, lo cierto es que dicho daño no puede
catalogarse como antijurídico, en tanto y cuanto la confianza en que soportó la
lesión causada no es merecedora de protección.

52. Tal y como se indicó con antelación, el Estado no está llamado a indemnizar
los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en
tanto que su origen sea inconstitucional, ilegal o contrario al principio de buena fe
que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo
83 de la Constitución), pues el comportamiento del administrado previo al
otorgamiento de un derecho -como en este caso las correspondientes
autorizaciones para la ejecución de una obra- debe ser inequívoco, claro y
fundamentarse en un grado de convencimiento razonable de que tal actuación es
válida, lo que no implica, como pareció entenderlo el actor, que se esté realizando
un juicio de legalidad respecto de los actos en que fundamentó su confianza 45.

53. Conforme lo revelan los documentos aportados al expediente, el señor José
Antonio Arias Reyes pretendía llevar a cabo un ambicioso proyecto urbanístico
que incluía zonas residenciales, comerciales, comunes y una estación de servicio
para el suministro de combustible, al que denominó “Mall Residencial Montecarlo
Plaza”. Con tal propósito, entre octubre de 2013 y noviembre de 2014 realizó -a
través de una firma de ingenieros civiles y de suelos y un arquitecto- un “Estudio
de suelos y recomendaciones de cimentación”, el levantamiento topográfico, el

44 SAMAI: Expediente digital, páginas 47 a 85, anexos demanda.
45
Una característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resultan
antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las personas que no surgen de su
anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar el concepto de daño
antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa
exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de
indemnización no es objeto de protección jurídica. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, exp: 12158, C.P. Alier Eduardo
Hernández Enríquez.
18

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

desarrollo arquitectónico y estructural del proyecto, la formulación del proyecto
del plan de implantación y el diseño de cálculo estructural de la obra46.

54. Como quedó acreditado, previo a presentar la correspondiente formulación
del proyecto del plan de implantación, el demandante consultó con el
Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Armenia si la
estación de servicio que pretendía construir requería o no un plan de implantación
distinto al requerido para la zona comercial y de vivienda, frente a lo cual de
manera expresa la administración respondió que sí requería un “PLAN DE
IMPLANTACIÓN por separado al desarrollo del Centro Comercial, esto teniendo
en cuenta el impacto urbanístico”.

55. A pesar de tener pleno conocimiento de ese requisito, el demandante presentó
ante el Departamento Administrativo de Planeación un único plan de implantación,
desconociendo la normativa vigente sobre el tema, la cual, además, le había sido
puesta de presente de forma expresa en las respuestas que emitió planeación
(Acuerdo 019 de 2009 -POT Armenia 2009-2023-, ficha normativa 3 y Resolución
003 de 2005).

56. Respalda lo anterior que la Resolución 118 de 2014 aportada con la
demanda, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE
IMPLANTACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ‘MALL
RESIDENCIAL MONTECARLO PLAZA…”, no contempló en las áreas
aprobadas -art. 5 de la resolutiva- la estación de servicios, así como tampoco
individualizó el lugar donde ésta funcionaría; por el contrario, en su parte
considerativa estableció que “atendiendo los parámetros establecidos en el
numeral 2 del artículo 5 de la Resolución 003 del 28 de abril de 2005” se
requería un plan de implantación por separado al desarrollo del Centro
Comercial y debía ceñirse a las disposiciones de la autoridad ambiental y a los
parámetros establecidos en el Acuerdo 019 de 2009, ya que se trataba de una
actividad que se regía por permisos especiales de funcionamiento.

57. En efecto, el artículo 99 del POT de Armenia, vigente desde hacía cuatro
(4) años antes de que se presentara el referido plan de implantación, en su
numeral 5.1. “zonas potenciales para la recuperación ambiental” establecía:

“Corresponden a áreas, que por su localización aledaña a estaciones de
servicio (distribución de hidrocarburos, cambio de aceite, lavado de
automotores, etc.) serán consideradas como potenciales focos de
contaminación de acuíferos superficiales. Se evaluarán los sitios de recarga de
acuíferos en el área urbana, y los estudios de su amenaza, vulnerabilidad y
riesgo por contaminación, la producción de agua del acuífero y la rata de
infiltración, para lo cual el respectivo establecimiento comercial (Estación
de Servicio) deberá cumplir con el respectivo plan de implantación, Plan
de Regularización y Plan de contingencia, aprobado por el Municipio y por
la Corporación Autónoma Regional del Quindío respectivamente. 5.2. Es
necesario que se dé la articulación entre el Municipio y la C.R.Q., para la
permanente evaluación de dicha contaminación, el cumplimiento de la norma y
los respectivos planes adoptados, la implementación de medidas para su
mitigación y el seguimiento y control de las mismas” (se destaca).

46
SAMAI: Expediente digital: “33_ED_031RESPREQACTAENE14(.RAR) NroActua2”, 031.5 Curaduria2.
19

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

58. Sin embargo, en el proceso penal -aportado como prueba trasladada- obra
una certificación expedida el 26 de julio de 2018 por la Oficina Asesora de
Planeación y de la Subdirectora de Regulación y Control Ambiental de la
Corporación Autónoma del Quindío, en la que se indica que en esas
dependencias no se encontraron actuaciones relacionadas con el predio
identificado con la matrícula No. 280-55508 y ficha catastral No. 01-01 0506-
0001-000, de acuerdo con la revisión realizada en los archivos desde el 201247,
lo que evidencia que el demandante omitió varios de los requisitos señalados
en la normativa que regía la construcción del proyecto, y que si ejecutó
parcialmente la obra lo hizo de manera irregular, desconociendo los
lineamientos previamente dados por la autoridad competente.

59. De hecho, la primera licencia de urbanismo –Resolución Nro. 2-1420004
de 21 de agosto de 2014– y la de construcción de obra nueva –Resolución Nro.
1-1420121 de agosto 21 de 2014– se otorgaron conforme al cuadro de áreas
contenido en la Resolución 118 de 2014 que fue aportada por el actor, es decir,
aquella que no consagraba la estación de servicios en la parte resolutiva, y que
se basó en la documentación presentada por el señor Arias Reyes, según se
dejó consignado en tales actos administrativos.

60. Para abundar en razones respecto de la falta de antijuridicidad del daño, se
tiene que antes de que el Juzgado Administrativo decretara la medida cautelar
de suspensión, el Director del Departamento Administrativo de Planeación le
comunicó al Curador Urbano Segundo varias irregularidades que había
advertido en el otorgamiento de las licencias de construcción y urbanismo y,
por tanto, se proponía revocar directamente tales actos. Esta solicitud fue
reiterada posteriormente y puesta en conocimiento del demandante, quien
mediante memorial del 24 de abril de 2017 expuso: “de nuevo he de
manifestarle de manera expresa y escrita mi absoluta e irreversible falta de
consentimiento para efectos de acoger la iniciativa de revocatoria directa
ingenua y arbitrariamente solicitada por el departamento antedicho…”, lo que
constata que estuvo al tanto de las inconsistencias que presentaban tales
autorizaciones.

61. Se pone en evidencia, además, que un proyecto de las dimensiones como
el que pretendió adelantar el actor -del que solo fue suspendido lo relacionado
con la estación de gasolina- debía contar con unos estudios previos y diseños
soportados en el uso del suelo de las áreas donde se pretendía llevar a cabo
cada una de las obras; de modo que el demandante no podía excusarse en su
ignorancia, por cuanto el uso del suelo en las ciudades planificadas constituye
un asunto general –contenido en un acto administrativo con esa misma
característica- y de público conocimiento48 que, en este caso, estaba vigente
desde el 2009 -5 años antes de iniciar con su ejecución-, incluso hace parte de
la mínima diligencia que debería tener alguien que planea desarrollar una
construcción de la magnitud que tenía el “Mall Residencial Montecarlo Plaza”,
sobre todo cuando acudió a los servicios de profesionales en arquitectura e

47
SAMAI: Expediente digital: “46_ED_046TRASLADOPRUEBAS20(PDF) NroActua2”, carpeta 1. Parte,
páginas 118 a 120.
48
Lo que descarta su argumento relativo a la vulneración del debido proceso por analizar la legalidad de los
actos en sede de reparación directa.
20

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

ingeniería para la estructuración del proyecto, elaboración del plan de
implantación y la tramitación de las respectivas licencias.

62. Bajo estos supuestos fácticos y probatorios, no es razonable que la
adopción del plan de implantación y el otorgamiento de la licencia de
construcción generara una confianza merecedora de protección, pues el actor
conocía antes de presentar la formulación del proyecto de dicho plan, la
normativa que le era aplicable y que en el sector donde se iba a construir la
estación de gasolina no se permitía el uso comercial J “productos químicos o
combustibles de alto riesgo”; por ende, debía saber que eran unos actos
contrarios a derecho, y que si bien no estaba obligado a demandarlos porque
lo beneficiaban, no le podían generar una estabilidad jurídica de manera
indefinida; de ahí que no se tratara de una expectativa razonable y cierta.

63. Ahora, si bien no desconoce la Sala que el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal y el Curador Urbano Segundo incurrieron en
contradicciones respecto de lo consignado en la Resolución 118 de 2014, no
es menos cierto que el daño generado al demandante por la suspensión
legítima de los actos que habilitaron la construcción de la estación de servicio,
fue propiciado y validado por su actuar, tal y como quedó probado.

64. En este orden de ideas, como el daño que pudo padecer el demandante
con la suspensión de los actos que autorizaron la construcción de la estación
de servicio de suministro de combustible “Montecarlo” no resulta antijurídico,
en la medida en que estuvo originado en la actuación de quien lo reclama y,
por tanto, no gozaba de protección jurídica, se impone confirmar la sentencia
apelada, que negó las súplicas de la demanda.

Condena en costas

65. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en
la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.

66. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en
costas a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente
el recurso. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.

67. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 de la Ley 1564 de
2012, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada,
la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.

68. Así las cosas, se fija como agencias en derecho, en la segunda instancia, el
valor equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo
de la parte demandante (recurrente), suma que se reconocerá, en partes iguales
a favor del municipio de Armenia y el señor José Elmer López Restrepo. Esta
determinación se efectúa de conformidad con lo previsto en el Acuerdo No.
21

Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00031-01 (67.354)
Actor: José Antonio Arias Reyes
Demandado: Municipio de Armenia y otro
Referencia: Reparación directa

PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura49, norma vigente en materia de tarifas de agencias en derecho para la
fecha en que se presentó la demanda. Finalmente, la liquidación de las costas la
hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 ejusdem.

IV. PARTE RESOLUTIVA

69. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, según lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor del municipio de Armenia y José Elmer López Restrepo.
Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de tres (3) SMLMV,
valor que se reconocerá en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el Tribunal a quo.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, incorporarla al expediente digital
y REMITIRLA al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

49
“ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta,
dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y
la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
“(…)
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
22

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