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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2020-00380-02

Fecha
3 de octubre de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2020-00380-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Constancia de disenso Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ANA MARÍA CHARRY GAITÁN MILTON CHAVES GARCÍA Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARÍN Constancia de disenso 13 Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02 Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente EFRAÍM ALBERTO MONTAÑA PLATA CÉSAR PALOMINO CORTÉS Ausente con excusa Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente WILSON ORLANDO RAMOS GIRÓN GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Ausente con excusa Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente PEDRO PABLO VANEGAS GIL MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Aclaración de voto Firmado electrónicamente NICOLÁS YEPES CORRALES Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. 14

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2020-00380-02

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

3 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA
CONSEJERA PONENTE: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., tres (03) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 63001-23-33-000-2020-00380-021

Disciplinados: DIOSELINA OLIVERIA AVENDAÑO HERNÁNDEZ Y VÍCTOR
MANUEL MESA MENDOZA

Referencia: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS – DISCIPLINARIO EN
SEGUNDA INSTANCIA

Temas: PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA EMPLEADOS JUDICIALES / LEGALIDAD
– Artículo 196 de la Ley 734 de 2002 – Ámbito de aplicación –Faltas de los funcionarios
judiciales no son aplicables a los empleados.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los señores Dioselina
Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa Mendoza contra el fallo2
disciplinario del 24 de junio de 2021, por medio del cual el Tribunal Administrativo
del Quindío les impuso sanción de amonestación con registro en la hoja de vida.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El sub lite corresponde a un proceso disciplinario adelantado contra los apelantes,
en su condición de empleados de la secretaría del Tribunal Administrativo del
Quindío –escribiente y secretaria–, porque no habrían ingresado oportunamente al
despacho del magistrado ponente dos procesos de tutela, uno de primera instancia,
y otro de segunda, hechos por los cuales se les sancionó en primera instancia, con
fundamento en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el
numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

II. ANTECEDENTES

1. Indagación preliminar e investigación disciplinaria

1.1. Mediante auto del 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del
Quindío, a través del magistrado Rigoberto Reyes Gómez3, en virtud de lo señalado

1
Acumulado, en la primera instancia, con el proceso disciplinario 63001-2333-000-2020-00408-00.
2
La calificación de fallo de la decisión definitiva del proceso disciplinario fue establecida en la Ley
734 de 2002, para lo cual, verbigracia, el artículo 170 ejusdem señala: “[e]l fallo debe ser motivado”.
3
Por reparto del 17 de noviembre de 2020 y bajo el radicado 63003-2333-000-2020-00380-00.

Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02
Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

por una de las salas de la corporación4 en la sentencia de tutela del 5 de octubre
anterior5, y para efectos disciplinarios, ordenó una indagación preliminar por la
eventual mora frente al trámite de segunda instancia del proceso de tutela con
radicado 63001-3333-002-2020-00137-01, recibido el 1° de septiembre anterior,
pero pasado a despacho hasta el 2 de octubre siguiente.

1.1.1. Al respecto, se dispuso escuchar en versión libre a todos los empleados de
la secretaría de la corporación, lo que ocurrió el 5 de noviembre de 2020, previa
incorporación de la copia de sus manuales de funciones, resoluciones de
nombramiento, actas de posesión, así como del citado expediente de tutela.

1.2. A su vez, el 30 de noviembre de 2020, el Tribunal6, según lo indicado por la
misma sala, en sentencia de tutela del 9 de noviembre de la misma anualidad7,
ordenó una segunda indagación preliminar, con diligencia de versión libre de los
empleados citados, pero en lo relacionado con el proceso de tutela de primera
instancia con número 63001-3103-002-2020-00172-00, radicado el 23 de octubre e
ingresado al despacho del magistrado ponente hasta el 4 de noviembre siguiente8.

1.3. Agotadas las diligencias preliminares en las dos actuaciones disciplinarias, el
25 de enero de 2021 se decretó su acumulación9 y se ordenó iniciar investigación
contra Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa Mendoza, en
sus calidades de secretaria general de la Corporación y de escribiente de tal
dependencia, responsable del trámite de las acciones de tutela.

2. Pliego de cargos

Mediante decisión del 26 de febrero siguiente, con fundamento en el artículo 163
de la Ley 734 de 2002, se formuló pliego de cargos por el “indebido trámite” de los
dos asuntos de tutela citados, que habrían pasado a despacho hasta el 2 de octubre
y 4 de noviembre de 2020, respectivamente, a pesar de haber sido recibidos desde
el 1° de septiembre y el 24 octubre de la misma anualidad.

El Tribunal a quo precisó que la anterior conducta constituiría un desconocimiento
de los “deberes”, según sus manuales de funciones, pues a la señora Avendaño

44
Integrada por los magistrados Luis Javier Rosero Villota (M.P.), Luis Carlos Alzate Ríos y Juan
Carlos Botina Gómez.
5
Que ordenó que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez valorara a un ciudadano.
6
M.P. Rigoberto Reyes Gómez, bajo el radicado 63001-2333-000-2020-00408-00.
7
Que negó el amparo de un ciudadano porque se le reportó como antecedente una pena cumplida.
8
En igual sentido, se ordenó incorporar los documentos indicados en la primera investigación.
9
Al primer expediente -radicado 63003-2333-000-2020-00380-00- fue acumulado el iniciado con
posterioridad -el 63001-2333-000-2020-00408-00-.

2

Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02
Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

Hernández, en su calidad de secretaria general, le correspondía la supervisión y
seguimiento de las funciones del escribiente encargado del área de tutelas, empleo
desempeñado por el señor Mesa Mendoza, quien, en tal condición, tenía asignada
la radicación, elaboración de informes, registro de actuaciones, recepción de
memoriales y control de términos de dichos asuntos constitucionales.

En cuanto a la tipicidad, se indicó que la falta era la consagrada en el artículo 196
de la Ley 734 de 2002, en la modalidad de leve a título de culpa, porque, si bien
hubo una “indebida revisión” de los expedientes de tutela, lo cierto era que habrían
concurrido otras circunstancias que, pese a que no eran eximentes de
responsabilidad, sí atenuaban el reproche, tales como el alto volumen de trabajo y
los cambios que generó la pandemia por Covid-19 en la función judicial -virtualidad
e implementación de medios digitales-.

3. Descargos

Los señores Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa
Mendoza, previa notificación, argumentaron que no se configuraba responsabilidad
disciplinaria, dada: i) la cantidad de trabajo; ii) las dificultades presentadas en la
implementación de la virtualidad y digitalización con ocasión de la pandemia del
Covid-19; y iii) la falta de afectación del servicio, pues los procesos de tutela objeto
de investigación, finalmente, fueron decididos sin causar perjuicio a las partes y sin
desconocimiento de los términos para decidir.

4. Fallo disciplinario de primera instancia

El 24 de junio de 202110, el Tribunal Administrativo del Quindío dictó fallo
disciplinario e impuso sanción de amonestación con registro en la hoja de vida a los
señores Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa Mendoza,
por la falta leve a título de culpa leve, según la conducta tipificada en el artículo
196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con sus manuales de funciones y el
deber establecido en el numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

Lo expuesto, en tanto los expedientes de tutela objeto de la investigación pasaron
de manera tardía al despacho para trámite, hechos en el marco de los cuales la

10
El fallo disciplinario se dictó previa incorporación de las pruebas decretadas el 14 de abril de 2021,
y alegaciones finales de los investigados, quienes insistieron en el alto volumen de trabajo y las
complejidades por la implementación de la virtualidad. Como pruebas, a solicitud de la señora
Avendaño Hernández, la secretaría de la Corporación allegó: i) certificación sobre el número de
correos y de procesos recibidos entre octubre y diciembre de 2020, así como el de traslados
efectuados, pasos a despacho, procesos digitalizados y remitidos a la Corte Constitucional. ii)
informe sobre las dificultades laborales presentadas por la implementación de la virtualidad.

3

Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02
Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

señora Avendaño Hernández incumplió sus funciones de coordinación, supervisión
y control del trámite de las acciones de tutela y del seguimiento de las tareas a cargo
del señor Mesa Mendoza, en su condición de escribiente asignado a tales asuntos.

En cuanto a la ilicitud sustancial, el Tribunal concluyó que, si bien los dos procesos
de tutela fueron decididos oportunamente, lo cierto era que los implicados
desatendieron sus deberes sin justificación alguna, sin perjuicio de que la decisión
final oportuna permitiera concluir que se trataba de una falta leve.

En lo relacionado con la culpabilidad, se precisó que se trató de una desatención
elemental, en cuanto los empleados debieron revisar los asuntos a su cargo, con el
fin de advertir que se debían tramitar con celeridad, y aunque concurrieron
contingencias derivadas del Covid-19, lo cierto era que los hechos ocurrieron 7
meses después de la suspensión de labores presenciales, tiempo suficiente para la
adaptación a las nuevas formas de trabajo.

5. Recursos de apelación contra el fallo disciplinario

5.1. La señora Dioselina Oliveria Avendaño Hernández presentó recurso de
apelación, por considerar11 que el Tribunal Administrativo de Quindío la sancionó
con fundamento en la infracción contenida en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002,
que hace parte del régimen de los funcionarios judiciales, calidad que ella no
ostentaba y, en todo caso, el trámite de primera instancia de la actuación
disciplinaria fue irregular12.

5.2. El señor Víctor Manuel Mesa Mendoza indicó que el Tribunal a quo no tuvo en
cuenta que los hechos ocurrieron en el marco de un contexto caracterizado por:
i) la alta carga laboral; ii) las contingencias derivadas de la digitalización y la
implementación de la virtualidad, y iii) la zozobra generada por la pandemia por
Covid-19.

6. Trámite en segunda instancia

6.1. Los recursos de apelación fueron concedidos ante esta Corporación; sin
embargo, mediante decisión del 22 de noviembre de 2021, la ponente remitió por
competencia las diligencias a la Procuraduría General de la Nación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley 734 de 2002 y ante la evidencia de que la Sala
Plena del Consejo de Estado no era el superior jerárquico o funcional de la autoridad

11
La argumentación pertinente será ampliada en las consideraciones, al resolver sobre cada uno de
los cargos.
12
Folio 4 del escrito de apelación.

4

Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02
Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

que dictó el fallo disciplinario de primera instancia -Tribunal Administrativo del
Quindío-.

6.2. La Procuraduría General de la Nación propuso conflicto de competencias
administrativas, que fue decidido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación el 28 de junio de 2023, decisión notificada por correo electrónico
remitido el 23 de agosto siguiente13, en el sentido de declarar que el conocimiento
del asunto le corresponde a la Sala Plena del Consejo de Estado.

Lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con los artículos 6 y 115 de la Ley 270 de 1996, porque la Sala Plena
del Consejo de Estado es el “superior jerárquico administrativo (…) nominador” del
Tribunal Administrativo del Quindío14.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

En cumplimiento de lo decidido en el marco del conflicto de competencias propuesto
por la Procuraduría General de la Nación, la Sala Plena del Consejo de Estado
resolverá la segunda instancia del presente asunto, según las disposiciones de la
Ley 734 de 200215.

1. Alcance de la segunda instancia

El 24 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró responsables
disciplinariamente a los señores Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor
Manuel Mesa Mendoza, por la falta tipificada en el artículo 196 de la Ley 734 de
2002, en concordancia con el numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

La anterior determinación fue cuestionada por la señora Avendaño Hernández, bajo
los siguientes argumentos: i) la infracción sancionada es propia de los funcionarios

13
Índice 15 de Samai del expediente del conflicto de competencias con radicado 11001-03-06-000-
2023-00186-00. El asunto pasó al despacho de la magistrada ponente el 25 de agosto anterior, sin
que el expediente hubiese sido cargado en su integridad a Samai, lo que se hizo entre el 30 de
agosto y el 7 de septiembre de la presente anualidad.
14
Además, se señaló que no era un asunto de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial ni de las comisiones seccionales, por tratarse de hechos anteriores al 13 de enero de 2021.
15
El sub lite se rige por la Ley 734 de 2002, pues, si bien a través de la Ley 1952 de 2019 esta fue
derogada, lo cierto es que la nueva normativa entró a regir a partir del 29 de marzo de 2022, de
conformidad con lo previsto en el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, en concordancia con el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021. Lo expuesto, salvo el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 que continuará
vigente por 30 meses más, contados desde el 29 de junio de 2021.
Adicionalmente, la nueva normativa rige en las actuaciones posteriores al 29 de marzo de 2022 y en
aquellas anteriores, siempre que no se hubiese surtido la notificación del pliego de cargos o instalado
la audiencia del proceso verbal, caso en el cual continuarían su trámite hasta finalizar bajo la
Ley 734 de 2002, según lo previsto en el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, supuesto que no se
configura en el sub lite, pues para esa fecha ya se había dictado y apelado la decisión de primera
instancia.

5

Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02
Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

judiciales, calidad que no ostentaban los investigados; y ii) en todo caso, la
actuación disciplinaria fue tramitada de manera irregular, en cuanto: a) la orden de
indagación preliminar se fundó en normas no aplicables; b) no cerró formalmente la
investigación; c) el lenguaje empleado vulnera la presunción de inocencia; d) el
pliego de cargos no fue claro y preciso, en lo relacionado con el deber incumplido,
la graduación de la culpa y la ilicitud sustancial, que, en todo caso, no se configuró16.

A su vez, el señor Mesa Mendoza apeló, por considerar que fueron pasadas por alto
las circunstancias que rodearon los hechos y que incidieron en su causación (como
la alta carga de trabajo, dificultades para la implementación de la virtualidad).

2. Decisión de los cargos de apelación

2.1. La infracción sancionada es propia de los funcionarios judiciales, calidad
que no ostentaban los investigados.

En el fallo disciplinario apelado el Tribunal Administrativo del Quindío concluyó que
los investigados, al no ingresar oportunamente al despacho del magistrado ponente
los dos procesos de tutela objeto de la investigación, incurrieron en la conducta
tipificada en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el numeral
20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996. La primera de las normas citadas señala:

Artículo 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción
e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes
y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos,
incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes.
Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código.

A su vez, el numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 prevé:

Artículo 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según
corresponda, los siguientes:

(…) 20. Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias así
como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad,
veracidad, honradez y buena fe.

El ámbito de aplicación del citado artículo 196 no está dado por su contenido literal
-que se transcribirá a continuación-, sino por el conjunto de disposiciones del cual
hace parte, que corresponde al título XII de la Ley 734 de 2002, título denominado
“Del régimen de los funcionarios de la Rama Judicial”, que consta de 12
capítulos, de los cuales el primero, el segundo y el tercero versan sobre las

16
Folio 4 del escrito de apelación.

6

Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02
Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

“[d]isposiciones generales, “[f]altas disciplinarias” y “[s]ujetos procesales”, y
comprenden los siguientes artículos:

“T I T U L O XII
DEL RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA RAMA JUDICIAL.

CAPITULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 193. ALCANCE DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se
tramitan y resuelven los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido
en el presente estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones
jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes
tengan fuero especial.

ARTÍCULO 194. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción
disciplinaria contra los funcionarios judiciales corresponde al Estado y se ejerce por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y por las Salas
Disciplinarias de los Consejos Seccionales.

ARTÍCULO 195. INTEGRACIÓN NORMATIVA. En la aplicación del régimen
disciplinario para los funcionarios judiciales prevalecerán los principios rectores de la
Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las normas aquí
contenidas y las consagradas en el Código Penal y de Procedimiento Penal.

CAPITULO SEGUNDO: FALTAS DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 196. FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y da lugar a
acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y
prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y
conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las
contempladas en este código.

CAPITULO TERCERO: SUJETOS PROCESALES.

ARTÍCULO 197. SUJETOS PROCESALES. Son sujetos procesales, el disciplinado,
su defensor y el Ministerio Público”.

Así las cosas, el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, de conformidad con lo señalado
expresamente en el artículo 193 ejusdem resulta aplicable a “quienes ejerzan
funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional,
excepto quienes tengan fuero especial”, de los cuales hacen parte los
funcionarios judiciales, tal como lo señalan los artículos 194 y 195 antes
transcritos.

Inicialmente, en la sentencia C-417 de 1993, la Corte Constitucional precisó que en
la Rama Judicial los funcionarios judiciales son los encargados de administrar
justicia, es decir, los jueces y magistrados, facultad de la que carecen los
empleados judiciales, así:

“[L]os funcionarios de la Rama Judicial -esto es aquellos que tienen a su cargo
la función de administrar justicia (jueces y magistrados, con excepción de
los que gozan de fuero constitucional)- pueden ser investigados y sancionados
disciplinariamente por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

7

Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02
Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

(…). Los empleados de la Rama Judicial -es decir aquellos servidores que no
administran justicia- están sujetos al juicio de sus superiores jerárquicos, sin
detrimento de la competencia preferente de la Procuraduría General de la
Nación.

(…) [E]n cuanto se refiere a funcionarios judiciales, la propia Constitución ha
señalado el órgano encargado de investigar su conducta y de imponer las
correspondientes sanciones -la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura- y ha otorgado el rango de providencias judiciales a los actos
mediante los cuales dicho órgano se pronuncia.

(…) Otro es el caso de los empleados judiciales, es decir, el personal
subalterno o de apoyo de la Rama Judicial, que no tiene a su cargo la
función de administrar justicia. Estos no están comprendidos dentro del
ámbito de competencia del Consejo Superior de la Judicatura, tal como surge
del mencionado numeral 3 del artículo 256 de la Constitución, que en modo
alguno alude a ellos (…)”17.

Posteriormente, el legislador, en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 clasificó los
servidores de la Rama Judicial, según “la naturaleza de sus funciones”, en
empleados y funcionarios:

“Artículo 125. De los servidores de la Rama Judicial según la naturaleza de
sus funciones. Tienen la calidad de funcionarios los Magistrados de las
Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son
empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones
y Despachos Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la
Rama Judicial” (se destaca).

En relación con la disposición citada, la Corte Constitucional, en la sentencia
C-037 de 1996, señaló:

“La presente disposición concuerda con las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-417/93, en el sentido de que son
funcionarios de la rama judicial aquellos servidores públicos encargados
de administrar justicia, mientras que empleados del sector son todos los
demás que ocupan diversos cargos (…)”.

La anterior distinción fue ratificada por la Corte en la sentencia C-120 de 2021, en
atención al ejercicio o no de funciones jurisdiccionales por parte de servidores de la
Rama Judicial, en los siguientes términos:

“[M]ientras los funcionarios de la Rama Judicial tienen a su cargo la función
de administrar justicia (jueces y magistrados, con excepción de los que gozan
de fuero constitucional), los empleados de la Rama Judicial son aquellos
servidores que no administran justicia. Esta posición fue acogida (…) por el
artículo 125 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia (LEAJ)”18.

17
Corte Constitucional, C 417 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
18
Corte Constitucional, C-120 de 2021, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

8

Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02
Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

En las condiciones analizadas, la Sala concluye que el artículo 196 de la Ley 734
es aplicable a quienes administran justicia, facultad que en el caso de la Rama
Judicial se radica en los funcionarios judiciales19 y, si bien los empleados
judiciales apoyan esa función, lo cierto es que no se les puede considerar como
destinatarios de la infracción tipificada en tal norma, porque no cumplen con la
condición expresa establecida para tal fin en el artículo 193 ejusdem: “ejer[cer]
funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional”.

Los señores Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa
Mendoza para la época de los hechos no tenían la condición de funcionarios
judiciales, sino de empleados, pues se desempeñaban, en su orden, como
secretaria y escribiente del Tribunal Administrativo del Quindío, de ahí que no se
encontraran sujetos al artículo 196 de la Ley 734 de 2002, sino que la norma a partir
de la cual se debía analizar su responsabilidad era el artículo 23 ejusdem20, que
señala:

“Artículo 23. La falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto
da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en
cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que
conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de
derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado
por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas
en el artículo 28 del presente ordenamiento” (se destaca).

Lo anterior en concordancia con el artículo 34 de la misma normativa, que consagra
los deberes de los servidores públicos.

El principio de legalidad en materia disciplinaria es una de las manifestaciones del
debido proceso, e impone la definición previa tanto de la falta como de la sanción,
según lo previsto en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto nadie puede ser
juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, sin que
baste con invocar una norma anterior, sino que también se requiere que esa

19
Corte Constitucional, SU-335 de 2020, Gloria Stella Ortiz Delgado.
20 Frente a la aplicación del artículo 23 de la Ley 734 de 2002 a los empleados judiciales, se puede
consultar las siguientes decisiones de la Sala Plena del Consejo de Estado, dictadas al resolver la
segunda instancia de procesos disciplinarios administrativos: i) del 4 de octubre de 2022, C.P:
Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2016-05481-02, y ii) del 23 de agosto de 2022, C.P: Carlos
Enrique Moreno Rubio, exp: -2015-00746-01.
En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, al resolver en segunda instancia el recurso de
apelación contra un fallo disciplinario proferido contra un empleado judicial por el Tribunal Superior
de Bogotá, radicado 11-001-02-30-000-2016-00293-01, decisión del 11 de septiembre de 2018, M.P.
Fernando Castillo Cadena. En el mismo sentido, decisión del 6 de septiembre de 2018, M.P: Jorge
Luis Quiroz Alemán, exp: 2017-01102-00, proceso disciplinario contra el secretario de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá.

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Proceso disciplinario No. 63001-23-33-000-2020-00380-02
Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

disposición le sea aplicable al respectivo sujeto, supuesto que, precisamente, en
este caso no se cumplió.

Al llevar a cabo la adecuación típica de la conducta, el Tribunal Administrativo del
Quindío, además del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, invocó el manual de
funciones de los implicados, pero lo cierto es que en este no se describen los
deberes a su cargo, de ahí que, para tal fin, precisamente, se hubiese recurrido al
el numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

Aclarado lo anterior, la Sala advierte que la vulneración del principio de legalidad no
solo se configuró frente al tipo disciplinario abierto21 contenido en el artículo 196 de
la Ley 734 de 2002, sino también en lo relacionado con el supuesto deber
incumplido, que corresponde al establecido en el numeral 20 del artículo 153 de la
Ley 270 de 1996, a cuyo tenor:

“Artículo 153. Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según
corresponda, los siguientes:

(…) 20. Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias así
como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad,
veracidad, honradez y buena fe”.

El artículo citado consagra los deberes de los funcionarios judiciales y empleados,
lo que no implica que todos los enlistados sean exigibles tanto a unos como a otros,
sino que es “según corresponda”, de ahí que sea necesario analizar, en función
del contenido normativo, si se trata de un deber de la autoridad judicial o de un
empleado o de ambos.

El referido numeral 20 del artículo 153 ejusdem señala que: i) se debe impedir la
lentitud procesal, ii) mediante la imposición de sanciones, iii) ante maniobras

21
La Corte Constitucional ha precisado que, una de las particularidades del derecho disciplinario es
la posibilidad de que las conductas constitutivas de faltas disciplinarias se encuadren en la forma de
tipos abiertos o en blanco, que implican una mayor flexibilización de adecuación típica (C-427 de
1994 y C-708 de 1999).
Lo anterior, en cuanto su redacción es tan amplia que impone la remisión a otras disposiciones en
las que, verbigracia, está consignada la prohibición desconocida o el deber cuyo incumplimiento
constituye infracción, lo que exige razonar cómo la conducta investigada se subsume en la descrita
por la ley (C-921 de 2001,).
Según la Corte, “las normas disciplinarias estructuradas en forma de tipos abiertos remiten a un
complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en las que se consagran los
deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos; y es a este complemento
al cual debe acudir el juez disciplinario” (T-1093 de 2004).
En suma, la tipicidad en el derecho disciplinario surge de la lectura sistemática de la norma que
establece la función, orden, prohibición o deber pertinente en concordancia con "aquella otra que de
manera genérica prescribe que [su] incumplimiento constituye una infracción disciplinaria" (C-404 de
2001).

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Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

dilatorias y las conductas que infrinjan los deberes a los cuales se encuentran
sujetas las partes e intervinientes en los procesos judiciales22.

De este modo, el deber señalado supone la facultad de sancionar a quienes
comparecen al proceso e incurren en maniobras que implican “lentitud procesal”,
competencia sancionatoria totalmente ajena a empleados como los secretarios o
escribientes de los Tribunales Administrativos, pues se radica en quien ejerce
función jurisdiccional, tal como lo ha considerado la Sección Tercera de la Sala
Contencioso Administrativa de esta Corporación, así:

[E]n materia procedimental (…) la Ley 270 de 1996– (…), [en el numeral 20 del
artículo 153] instrument[a] la buena fe bajo la estructura de un doble deber
normativo que, por una parte, i) implica para las partes actuar de tal manera
en el proceso judicial y, por el otro ii) impone el deber a los funcionarios
judiciales de hacer uso de sus competencias respectivas para prevenir,
remediar, sancionar o denunciar las actuaciones que sean contrarias a la buena
fe que debe observarse en el proceso judicial”23(se destaca).

A su vez, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia
del 10 de mayo de 2023, indicó:

[L]a Ley Estatutaria 270 de 1996 impuso a los jueces y quienes administren
justicia el ineludible deber de ‘evitar la lentitud procesal’ (art. 153, num. 20)
y los códigos de procedimiento refuerzan ese objetivo al contemplar distintos
mecanismos destinados a asegurar el cabal cumplimiento de los plazos
razonables de duración de las actuaciones jurisdiccionales, como garantía
esencial de los intervinientes en el marco de un Estado Social y Democrático
de Derecho.

De manera que está proscrita cualquier dilación o pasividad infundada en los
litigios porque incide directa o indirectamente en las prerrogativas primordiales
de las partes y terceros que acuden a la administración de justicia en procura
de obtener una resolución eficaz y célere24.

Así las cosas, el tipo disciplinario de que trata el artículo 196 de la Ley 734 de 2002,
en concordancia con el numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en lo
relacionado con el elemento estructural subjetivo, tiene un sujeto activo cualificado,
que es aquel a quién le era exigible el deber incumplido.

22
La Corte Constitucional, en la sentencia T-1014/99, MP. Vladimiro Naranjo Mesa, señaló:
“En efecto, la buena fe, la lealtad, la veracidad y la probidad son principios éticos que han sido
incorporados en los sistemas jurídicos y que componen el llamado ‘principio de moralidad’
del derecho procesal (…). Lo que se pretende hacer al incorporar estos preceptos morales al
Derecho positivo es darle carácter vinculante a la forma de actuar de las partes, por considerar que
ésta es jurídicamente relevante dentro del proceso judicial. Por lo tanto, y debido a que media el
interés público en las actuaciones procesales, las limitaciones que impone el principio de
moralidad a la actividad de las partes encuentran pleno asidero dentro de nuestro
ordenamiento” (se destaca).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 53.165,
providencia del 10 de diciembre de 2015, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
24
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicado 11001-22-03-000-2023-00601-01,
sentencia del 10 de mayo de 2023, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

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Tal sujeto corresponde a los funcionarios judiciales -juez o magistrado, en los
términos previstos por el artículo 125 ejusdem- por ser los facultados para imponer
sanciones ante las conductas establecidas el numeral 20 del artículo 153 de la Ley
270 de 1996, en concordancia con el artículo 44 del CGP.

En las condiciones analizadas, los señores Dioselina Oliveria Avendaño Hernández
y Víctor Manuel Mesa Mendoza fueron objeto de un proceso disciplinario en el
marco del cual se les sancionó con fundamento en una falta propia de los
funcionarios judiciales, calidad que no ostentaban para la fecha en la que se
presentaron los hechos, pues se desempeñaban como secretaria y escribiente del
Tribunal Administrativo del Quindío.

En este orden, la Sala concluye que el fallo disciplinario apelado debe ser revocado,
por vulnerar el debido proceso, en concreto, la garantía de legalidad de las faltas,
pues, se reitera, la infracción tipificada en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en
concordancia con el numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, le es
aplicable a los funcionarios judiciales, sin que los empleados se hallen sometidos a
tales disposiciones.

En estas condiciones, la Sala se releva de analizar los demás cargos de apelación,
pues la ausencia de tipicidad de cara a las normas invocadas hace inane cualquier
consideración en torno a la culpabilidad y resulta suficiente para revocar la sanción
apelada.

3. Conclusión

Ante la evidencia de que el cargo de apelación relativo a la violación del principio de
legalidad tiene vocación de prosperidad, se impone: i) la revocatoria de la sanción
impuesta a los señores Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel
Mesa Mendoza, en sus condiciones de secretaria y escribiente del Tribunal
Administrativo del Quindío, respectivamente, y ii) su absolución de responsabilidad
disciplinaria, por la infracción del artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en
concordancia con el numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Consejo de Estado,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el fallo disciplinario del 24 de junio de 2021, por medio del
cual el Tribunal Administrativo del Quindío les impuso sanción de amonestación con
registro en la hoja de vida a los señores Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y

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Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

Víctor Manuel Mesa Mendoza, por la falta establecida en el artículo 196 de la Ley
734 de 2002, en concordancia con el numeral 20 del artículo 153 de la Ley 270 de
1996, para, en su lugar, ABSOLVERLOS de responsabilidad disciplinaria.

SEGUNDO: A través de la Secretaría General, NOTIFICAR esta decisión a los
señores Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y Víctor Manuel Mesa Mendoza,
según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, DEVOLVER las diligencias a la primera
instancia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente

Firmado electrónicamente
ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS
Vicepresidente

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia de disenso

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN GONZALO BERMÚDEZ MUÑOZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ANA MARÍA CHARRY GAITÁN MILTON CHAVES GARCÍA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Constancia de disenso

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Disciplinados: Dioselina Oliveria Avendaño Hernández y otro

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
EFRAÍM ALBERTO MONTAÑA PLATA CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Ausente con excusa

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILSON ORLANDO RAMOS GIRÓN GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente con excusa

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
PEDRO PABLO VANEGAS GIL MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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