RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2020-00398-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2020-00398-01

Fecha
21 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2020-00398-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión, que accedió a las pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación. 15 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01 TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2020-00398-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

21 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001 2333 000 2020 00398 01 (6508-2022)
Demandante: Lilia García Toro
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Docente en interinidad
o en temporalidad. Ley 1437 de 2011.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 11 de agosto de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión, que accedió
a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda

PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad de las Resolución AMB 08873
del 25 de febrero de 2009 en la cual se negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, con la inclusión de todos los factores devengados en
el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada, y que se
reajuste el valor de las sumas adeudadas de conformidad con los artículos 192 y
195 del CPACA tomando como base el I.P.C., se ordene pago de intereses
moratorios al tenor de los artículos 192 y 195 del CPACA en concordancia con la
adición efectuada por la ley 446/98 y la sentencia T 418/96 de la corte
constitucional.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

La señora Lilia García Toro fue nombrada directora de la escuela rural “RIOAZUL

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

EN PIJAO” por el gobernador del departamento de Caldas mediante los decretos
número 0134 del 05 de marzo de 1964 y 0122 del 01 de marzo de 1965; y
posteriormente, como docente de tiempo completo y en propiedad mediante el
decreto número 0099 del 26 de febrero de 1988.

Manifestó que el 04 de julio de 1993 cumplió 50 años, sin embargo, hasta 2005
se configuró el estatus pensional con más de 20 años de servicio como docente
territorial y/o nacionalizado; que además desempeñó el cargo con honradez y
buena conducta, por lo que estima cumple los requisitos para obtener la pensión
gracia.

Finalmente afirma que el 27 de junio de 2007 radicó solicitud de reconocimiento
y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la
cual fue resuelta de manera negativa con el acto hoy demandado.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: Ley 4 de 1966; Ley 114 de
1913; Ley 116 de 1928; Ley 37 de 1933; Ley 91 de 1989; Ley 60 de 1993; Ley
115 de 1994; y Ley 715 de 2001. Así como la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 21 de junio de 2018.

De otro lado, alega la violación de normas superiores con la expedición del acto
acusado, en tanto, contrario a lo resuelto por la UGPP, no es una exigencia la
acreditación de la totalidad de los requisitos antes de la entrada en vigor de la
Ley 91 de 1989, sino únicamente debe probarse una vinculación docente antes
de esa fecha, mientras que los demás requisitos pueden demostrarse con
posterioridad.

Concluye que se cumplen las exigencias de ley para obtener la pensión gracia,
no obstante, la entidad demandada negó el derecho en clara omisión de la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el asunto.

1.4. Contestación de la demanda

Luego de admitida la demanda el 10 de diciembre de 2020, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, indicando que la demandante no demostró el cumplimiento de
los requisitos previstos en la ley para hacerse acreedora de la pensión gracia, en
especial no acredita que su vinculación fue antes del 31 de diciembre de 1980,

2
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

toda vez que, en el acto de nombramiento de 1964 no consta el carácter de la
vinculación.

Concluyendo entonces que, conforme lo dispuesto en la Ley 114 de 1993 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, no es posible el reconocimiento de la
pensión gracia.

Finalmente, propuso las excepciones de “inexistencia de la obligación”; “cobro de
lo no debido”; “legalidad de los actos administrativos acusados”; “buena fe” y
“prescripción”.

1.5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión en sentencia de
11 de agosto de 2022, accedió a las pretensiones de la demanda. En ese orden,
i) declaró la nulidad de las Resoluciones AMB 08873 del 25 de febrero de 2009 y
016248 del 06 de octubre de 2010; ii) a título de restablecimiento del derecho el
reconocimiento y pago de la pensión gracia con el 75% del promedio de todos
los factores devengados en el año de servicio anterior a la adquisición del estatus
pensional; iii) declaró la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 29 de octubre de 2017; y iv) se ordenó el reajuste de las sumas
adeudadas.

Como sustento de su decisión, adujo que se cumplen las exigencias de ley; y en
punto a la liquidación de la prestación, señaló que se encuentran certificados los
factores salariales, a saber, sueldo, prima de vacaciones, y prima de navidad.

1.6. Recurso de apelación

A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, alegando que la parte actora
incumplía con los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente,
haber prestado servicios como docente departamental, distrital, municipal o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, pues, en la Resolución 134 de
1964, no se estableció el carácter de vínculo.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto de 08 de mayo de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la entidad demandada.

En esta instancia, intervino el apoderado de la UGPP reiterando su petición de

3
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

revocar la sentencia de primera instancia, en tanto aduce que el sustento de lo
pedido carece de fundamentos fácticos y jurídicos al no cumplir con los requisitos
legales para acceder a tal pensión.

Por su parte, la actora y el agente del Ministerio Público que actúa ante esta
Corporación, guardaron silencio.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, solo una de las partes
presentó recurso de alzada –entidad demandada-, el análisis se limita a los
argumentos del respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Lilia García Toro,
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido
los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con anterioridad al
31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente territorial o
nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho
reconocimiento.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido
en el magisterio por un término no menor de 20 años.

1 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por
su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a
los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de
ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de
1975.» (Negrillas fuera de texto).

El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:

5
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad
al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente,
los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando
cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»2

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20183 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la
Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y
hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a
los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991.

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
6
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos
educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba
la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal,
sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de
la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos
que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo
propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas
por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los
recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —
situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno
y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos
en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en
el acto de su vinculación interviene, además del representante legal
de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento
tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de
la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión
gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos
fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que
ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.»

7
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la
Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».4

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos
en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

La demandante, actuando por intermedio de apoderada, el 27 de junio de 2007
solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el reconocimiento y
pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de la Resolución AMB
08873 del 25 de febrero de 2009, sustentada en que se deben desestimar los
tiempos laborados desde el 04 de abril de 1964 al 31 de enero de 1965 en razón
a que no se establece vinculación en el cargo docente.

Inconforme con la respuesta, la docente interpuso recurso de reposición,
decidido mediante la Resolución PAP 016248 del 06 de octubre de 2010, que
confirmó la decisión de negar lo reclamado.

2.5 Caso concreto

Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico
planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias contenidas

4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

8
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia pensional en
discusión; especialmente haberse desempeñado como docente territorial o
nacionalizada antes de 31 de diciembre de 1980.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

Revisado el expediente, la Sala ha probado que la señora Lilia García Toro nació
el 04 de julio de 1943, razón por la que, el 04 de julio de 1993, cumplió 50 años,
aspecto que no se cuestionó con el recurso.

• Buena conducta

No se observan reproches sobre la buena conducta en el desempeño docente,
por lo que se entiende probado dicho requisito.

• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 04 de abril de
1964 al 31 de enero de 1965 (9 meses y 27 días)

En cuanto a este período, obra en el plenario el Decreto 0134 de 05 de marzo de
1964, por el cual el gobernador del departamento de Caldas, en uso de sus
atribuciones legales hace unos nombramientos y traslados en el ramo de la
educación; entre estos, designó a la aquí demandante en la escuela rural Rioazul,
en Pijao, en reemplazo de otro docente:

9
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

Observa la Sala que, el acto en cita fue suscrito por el gobernador, el secretario
de hacienda y el secretario de educación del departamento de Caldas, sin que

10
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

se advierta que la designación realizada a la actora haya sido por instrucciones
o con participación del Ministerio de Educación Nacional.

Para efectos de corroborar la naturaleza de la vinculación de la demandante,
aspecto cuestionado por la entidad demandada, resulta indispensable destacar
que la Corte Constitucional, en sentencia C – 084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989,
precisó que antes de la nacionalización de la educación que se surtió conforme
a la Ley 43 de 11 de diciembre de 1975, los docentes se dividían sólo en dos
categorías, así: (i) nacionales; y (ii) territoriales. Específicamente, expuso:

«3.2.2. Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la
"nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial decretada
por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de
docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente
de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada
se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos
últimos la denominada "pensión gracia", de que trata la Ley 114 de 1913,
posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37
de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el
tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980,
pues la diversidad del empleador (nación o departamento), permitía,
conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al
principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro
Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la
Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral
3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad
consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar
trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual
ocurre en este caso. […]» (Negrilla de la Sala)

En ese escenario, considera la Sala que la vinculación de la señora Lilia García
Toro fue territorial, pues dicha vinculación provino de la autoridad territorial sin
intervención de la Nación - Ministerio de Educación; además cuando ello ocurrió,
no se había expedido la Ley 43 de 1975.

Así las cosas, no le asiste razón a la parte demandada, cuando en el recurso
simplemente afirma que la actora no tuvo una vinculación laboral como docente
antes del 31 de diciembre de 1980, lo cual quedó verificado en los términos antes
señalados; por lo que para la Sala está demostrado que la señora Lilia García
Toro laboró como docente territorial desde el 04 de abril de 1964 al 31 de enero
de 1965 periodo válido para la sumatoria de los 20 años de servicio docente.

11
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

Ahora, advierte la Sala que equivocadamente en la demanda se hace referencia
a que la señora Lilia García Toro fue nombrada directora de la escuela rural
“RIOAZUL EN PIJAO” por el gobernador del departamento de Caldas mediante
el Decreto 0122 del 01 de marzo de 1965, no obstante, se observa que dicho
acto no corresponde a su nombramiento sino al de la señora María Alida Ávila
nombrada en su reemplazo; sin embargo, como se dejó sentado, a la actora se
le designó mediante Decreto 0134 de 05 de marzo de 1964.

• Desde el 09 de marzo de 1988 al 14 de agosto de 2008.
Nombramiento en propiedad (20 años, 5 meses y 5 días)

Con relación a este periodo, reposa en el plenario el Decreto 0099 del 26 de
febrero de 1988 mediante el cual el gobernador del departamento de Caldas en
calidad de presidente de la junta administradora del “FER” Quindío, nombró a la
señora Lilia García Toro como docente de tiempo completo en la Escuela Rural
Jardín Alto de Génova; acta de posesión número 0267 de 09 de marzo de 1988;
certificado de historia laboral expedido por la Secretaría de Educación
Departamental de Quindío de fecha 24 de agosto de 2020, en el que señala que
el tipo de vinculación de la señora Lilia García Toro en este periodo fue en
propiedad y del orden nacionalizado; véase:

12
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

Se destaca entonces, que este último nombramiento se realizó en propiedad,
como así da cuenta el certificado laboral arriba referenciado; además, figura el
Decreto 0099 de 26 de febrero de 1988, mediante el cual el gobernador del
departamento del Quindío nombró a la actora como docente de tiempo completo,
en la planta de personal docente de enseñanza primaria del departamento.

En cuanto a la mención expresa del gobernador como presidente de la junta
administradora del FER, ello no supone que se trate de una vinculación del orden
nacional, pues como se indicó en la sentencia de unificación de 21 de junio de
2018, «no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su
origen o fuente en la Nación.»5

5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014).
13
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

Así mismo, se debe tener en cuenta que el acto administrativo de nombramiento
fue proferido con posterioridad a la Ley 43 de 1975 por medio de la cual se
nacionalizó la educación en Colombia, además, en el artículo 6 de la norma en
cita, se dispuso que los recursos para atender el aludido proceso de
nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos Regionales con
sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de
Educación Nacional.

Todo ello permite concluir que, para el período que aquí se analiza, la docente
ostentó una vinculación de naturaleza nacionalizada, por lo que el tiempo de
servicio transcurrido entre el 09 de marzo de 1988 hasta el 14 de agosto de
2008 por 20 años 5 meses y 5 días, es válido de computar para tal efecto.

2.6. Conclusión

Así las cosas, como quiera que los puntos objeto de reparo planteados por la
entidad demandada en el recurso de apelación, se encuentran desestimados, se
procederá a confirmar la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en líneas
anteriores.

Teniendo en cuenta lo descrito previamente, la Sala considera que la docente
Lilia García Toro cumplió con todos los requisitos establecidos en las Leyes 114
de 1913 y 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación para ser
beneficiaria de una pensión gracia, es decir, no existen reproches sobre la buena
conducta en el desempeño de la labor, cumplió 50 años de edad, laboró en la
educación oficial con naturaleza territorial por más de 20 años, y acreditó su
vinculación como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, tal y como
lo determinó la sentencia objeto de apelación; motivo por el cual se confirmará la
sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío – Sala Cuarta de Decisión, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

De lo hasta aquí expuesto, resulta claro para la Sala que hay lugar a confirmar la
sentencia de primera instancia, dado que la señora Lilia García Toro cumple con
los requisitos para hacerse acreedor a la pensión gracia, especialmente está
demostrado que cumplió 50 años de edad, tuvo vinculación docente
nacionalizado antes de 1980, así como con posterioridad ejerció dicha profesión
mediante un vínculo territorial, cumpliendo con los 20 años de servicios el 11 de
mayo de 2007, fecha en la cual adquirió el status pensional, tal como lo determinó
el juez de primera instancia.

En cuanto a la prescripción de las mesadas pensionales, si bien no fue objeto de

14
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

apelación la Sala se permite poner de presente que en el asunto de la referencia
operó la figura de la prescripción toda vez que la adquisición del status pensional
fue el 11 de mayo de 2007, y la reclamación administrativa se radicó el 27 de
junio de 2007, es decir, cuando aún no habían transcurrido más de los tres años
desde que causó el derecho, sin embargo, se tiene probada que la demanda se
presentó el 29 de octubre de 2020 razón por la cual tal como lo sostuvo el tribunal
de instancia, se encuentran prescritas las mesadas pensionales causadas antes
del 29 de octubre de 2017.

2.7. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, comoquiera que si bien en
anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es
que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el
proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al
hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión del recurso
de apelación, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, en el recurso
se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por ende,
razones suficientes para no condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de agosto de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Cuarta de Decisión, que accedió a las
pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.

15
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63001 2333 000 2020 00398 01

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

16
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.