Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00095-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra autoridad pública
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00095-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2021-00095-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
9 de agosto de 2021
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / AUDIENCIA PÚBLICA DE LA REVOCATORIA DE MANDATO DE ALCALDE MUNICIPAL / DERECHO DE PETICIÓN / PARTICIPACIÓN POLÍTICA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
En la medida en que el derecho a la participación política es un derecho fundamental de protección directa e inmediata, el problema jurídico en el presente asunto consiste determinar si: ¿ el Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Municipal de Calarcá - Quindío vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, petición y participación política de [J.A.C.T.] y [S.L.H.R.], al adelantar el mecanismo de revocatoria del mandato del actual alcalde del municipio de Calarcá que fue elegido popularmente para el periodo 2020-2023, sin participación de los accionantes? (…) De acuerdo a lo establecido en la Resolución 4073 de 2020, si le esta permitido a la ciudadanía intervenir en la referida audiencia pública de revocatoria de mandato, pero los interesados, previamente, debían inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil dentro de los tres días siguientes a la publicación de la convocatoria, requisito que no cumplieron los accionantes, ya que no procedieron según las reglas establecidas para el mencionado procedimiento. (…) [S]e observa que el derecho fundamental a la participación política no ha sido vulnerado, en tanto las actuaciones adelantadas en el mencionado mecanismo de revocatoria de mandato se encuentran acorde a la normatividad y jurisprudencia aplicables, máxime si se tiene en cuenta que, de un lado, el señor José Albeiro Castillo Turriago presentó solicitud de inscripción para intervenir en la audiencia pública sin seguir el procedimiento fijado en el artículo 5.º de la Resolución 4073 de 2020 y ante una entidad sin competencia para tal fin y, de otro, no fue acreditado que la señora Herrera Ruíz hiciera lo propio ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la cual, además, no se observa vulneración del derecho fundamental de petición de los accionantes. (…) En virtud de la respuesta brindada, se entiende que es posible adelantar mecanismos de participación como el de revocatoria del mandato, actualmente, conforme a las instrucciones y protocolos de bioseguridad dictados por el Ministerio de Salud y Protección Social como órgano competente en materia de políticas de sanidad, razón por la cual no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados y aún menos inaplicar los artículos 5, 6, 8, 9 y 10 de la Ley 1757 de 2015.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 63001-23-33-000-2021-00095-01(AC)
Actor: JOSÉ ALBEIRO CASTILLO TURRIAGO Y OTRA
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTROS
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor José Albeiro Castillo Turriago, en nombre propio, contra la sentencia del 6 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó el amparo deprecado, con ocasión de la revocatoria del mandato del actual alcalde del municipio de Calarcá que fue elegido popularmente para el periodo 2020-2023.
I. EL ESCRITO DE TUTELA
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
En el municipio de Calarcá Quindío, se conformó el Comité denominado “Por la Restauración de la Villa del Cacique”, con el fin de promover la revocatoria del mandato del actual alcalde de Calarcá, elegido popularmente para el periodo 2020-2023, cuya vocera ante la Registraduría Municipal de Calarcá es la señora Jennifer Alexandra Molina, ente que remitió los documentos del Comité al Consejo Nacional Electoral.
El 11 de junio de 2021, el Consejo Nacional Electoral citó al alcalde de Calarcá y a la vocera del Comité, a audiencia pública el día 15 del mismo mes, para que expusieran sus puntos de vista por un término de 30 minutos, sin embargo, tal diligencia fue aplazada al solicitarse por el burgomaestre para un adecuado ejercicio del derecho de contradicción y defensa, mencionando que antes de la celebración de la audiencia pública, envió carta de inscripción de tres ciudadanos para participar en la actuación, con el fin de dar a conocer sus puntos de vista sobre el cumplimiento o incumplimiento del programa de gobierno del actual alcalde, solicitud enviada a los correos del magistrado del Consejo Nacional Electoral que lleva la misma, y a su respectivo auxiliar.
Argumentó que los derechos fundamentales invocados le fueron vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, en tanto un día antes de la audiencia le fue informado, por medio de correo electrónico, al actor que sólo la vocera del comité promotor era quien podría intervenir, lo cual, a su parecer, restringió su derecho a participar en las decisiones de su pueblo, vulnerándose principios fundamentales y democráticos como la participación ciudadana, negando la participación libre, voluntaria, soberana, pluralista y digna que tiene para participar en los asuntos locales.
Se le impidió al pueblo conocer las causas y motivos del curso de la revocatoria del mandato, restringiéndose la democracia participativa con la decisión de no permitirle su intervención en la audiencia, manifestando que el magistrado, antes de dar inicio a la audiencia pública, refirió someramente que no iba a permitir la participación de otras personas distintas a los citados, sin que ello fuera legalmente fundado. No se permitió presentar recurso alguno, lo cual es una decisión contraria a un Estado Social de Derecho. Además de que el procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde de Calarcá no está sometido a ningún protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por autoridad sanitaria.
Pretensión.
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, la parte actora elevó como tales:
1. Se protejan sus derechos fundamentales peticionados el 14 de junio de 2021 a través del correo electrónico del Consejo Nacional Electoral, cuando solicitó se le inscribiera para participar en la audiencia de revocatoria que se iba a realizar a instancias del CNE y en forma virtual el 16 de junio, en el trámite de la solicitud de revocatoria del mandato del Alcalde de Calarcá, reestableciéndosele sus derechos políticos que le fueron vulnerados por la negativa en la participación en la audiencia pública de revocatoria del mandato.
2. En consecuencia, se deje sin efecto dicha audiencia, y se convoque a una nueva donde puedan participar las personas que se inscribieron a efectos de intervenir sin restricciones en el tiempo y sin limitaciones, decretándose la suspensión excepcional e inmediata del trámite de revocatoria, dejándose sin efectos los artículos 5, 6, 8, 9 y 10 de la Ley 1757 de 2015, por ser incompatibles con el momento de pandemia.
3. Se obligue al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría de Calarcá, presentar al Ministerio de Salud, demás autoridades sanitarias y al Comité Promotor de la revocatoria del mandato al Alcalde, la documentación y directrices protocolarios de bioseguridad para contrarrestar los efectos y contagios de COVID-19 y defender así sus derechos a la salud, vida, igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
II. ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante Auto del 23 de junio de 2021, en primera instancia se admitió la acción de tutela presentada por José Albeiro Castillo Turriago contra el Consejo Nacional Electoral y ordenó su notificación como demandado; de otro lado, ordenó vincular y notificar a la vocera del Comité Promotor “Por la Restauración de la Villa del Cacique”, el alcalde municipal de Calarcá (Luis Alberto Balsero Contreras), la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Municipal de Calarcá además de negar la medida cautelar solicitada, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 13 del Decreto 2591 de 1991.
Posteriormente, el A quo, mediante proveído del 29 de junio de 2021, decretó la acumulación del trámite con radicado 2021-00097-00, promovido por la señora Silvia Lorena Herrera Ruíz al presente asunto.
III. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO
3.1. Consejo Nacional Electoral.
El profesional especializado adscrito a la asesoría jurídica y de defensa judicial de la entidad dio respuesta al libelo introductorio en la que solicitó negar el amparo deprecado, por cuanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno. Esto con sustento en los siguientes argumentos:
No se accedió a la intervención del ciudadano, por cuanto, mediante auto del 11 de junio de 2021, se fijó la fecha y hora de realización de la audiencia aplazando la misma para el día 16 de junio del mismo año, la cual fue citada en decisión que no daba cabida a la intervención de terceras personas en la audiencia pública a realizarse en el proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Calarcá.
Sin embargo, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional y en garantía a los derechos de información, defensa y contradicción señalados en la Sentencia SU-077 de 2018, la ciudadanía general interesada en conocer tales iniciativas de revocatoria de mandato, pudieron seguir en directo la audiencia pública en mención a través de la página Web de la entidad, y sus redes sociales.
Si bien, a través de la Resolución 4073 de 2020, se estableció que podría intervenir la ciudadanía con el fin que presenten sus argumentos en relación al objeto de la audiencia, previa inscripción ante la Registraduría, también lo es que, por cuestiones logísticas, operativas y la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, el Consejo Nacional Electoral puede limitar tales intervenciones, lo cual ocurrió en el presente caso, por cuanto la Sentencia de la Corte no habilita a la ciudadanía para intervenir y exponer sus opiniones en la misma, y el legislador tampoco reguló la materia.
No se vulneró en forma alguna los derechos fundamentales de petición, debido proceso y a la participación ciudadana del accionante José Albeiro Castillo Turriago, ya que tuvo la oportunidad de estar informado por los canales digitales, pudiendo participar con su firma si es que está de acuerdo con el mecanismo de participación ciudadana, y su consecuencial voto.
3.2. Registraduría Nacional del Estado Civil.
El jefe de la oficina jurídica de la mencionada entidad rindió informe en el presente asunto y solicitó declarar la improcedencia o, en su defecto, negar el amparo ante la inexistencia de derechos fundamentales vulnerados, además de los siguientes argumentos:
A través de la Resolución 4073 de 2020, proferida por la Organización Electoral, se estableció el procedimiento para el desarrollo de la audiencia pública de revocatoria del mandato, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, Resolución en la cual se establece que corresponde al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a la audiencia de la revocatoria del mandato, cumpliendo la Registraduría sólo funciones de secretaría técnica, salvo que exista delegación expresa de funciones, lo cual no sucedió en este caso.
Según lo establecido en la Ley 1757 de 2015, la cual a la Registraduría le corresponde verificar que la solicitud de inscripción cumpla los requisitos formales establecidos, pero, ante la situación de salud pública que se atraviesa por la pandemia del COVID-19, varias actividades debieron ser suspendidas o reglamentadas para que se cumplan los protocolos de bioseguridad, siendo este el caso de la recolección de firmas por parte de comités promotores de las iniciativas de mecanismos de participación ciudadana.
El actor en el escrito de tutela, refiere que la petición para participar en la audiencia la dirigió al CNE, entidad que determinó no acceder a su solicitud, sin aludir a radicación de petición alguna en tal sentido a la Registraduría.
Se adelantaron sus actuaciones en cumplimiento a la normatividad y procedimientos que rigen el mecanismo de participación ciudadana, acatando los lineamientos del Ministerio de Salud para el manejo y control del riesgo del COVID-19, buscando garantizar que las iniciativas de revocatoria puedan tramitarse debidamente.
En el caso concreto no existe violación de los derechos fundamentales del actor, sin que la entidad hubiera tenido injerencia en la decisión de no permitir su participación en la audiencia de revocatoria del mandato del Alcalde de Calarcá, lo cual era del resorte del Consejo Nacional Electoral que presidió la audiencia, y sin que el actor se hubiere inscrito ante la Registraduría Municipal refiriendo su interés en participar.
Los hechos afirmados deben ser probados a fin que el Juez pueda inferir con certeza la verdad material que subyace en la solicitud, sin que se hubiera procedido así en el presente asunto, para determinar la supuesta transgresión de los derechos, máxime cuando no acredita haber dirigido escrito alguno a la entidad solicitando su participación en la audiencia pública, ante la Registraduría. Así, no existe acción u omisión de la Registraduría que viole o amenace violar los derechos del accionante, deviniendo por ende la acción en improcedente
Por su parte, hay falta de legitimación en la causa por activa del actor, ello en tanto la acción no fue promovida por el vocero o alguno de los integrantes del Comité promotor de la iniciativa de revocatoria del Alcalde de Calarcá, debiendo determinarse si el señor José Albeiro Turriago comparece como agente oficioso, sin que, en todo caso, hubiere acreditado los requisitos de legitimación en la causa por activa que permitiera inferir que comparece como agente oficioso del vocero o de los integrantes del Comité a quienes el CNE convocó para participar en la audiencia pública, sin que el Juez pueda pronunciarse de fondo.
3.3. Registraduría municipal de Calarcá - Quindío.
El titular de la referida entidad solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela, en tanto sus actuaciones no han vulnerado derecho fundamental alguno, para lo cual precisó:
Dentro del procedimiento para llevar a cabo la revocatoria de mandato, se deben agotar varias etapas donde cada una tiene actores diferentes, a lo cual, en virtud de la Ley 1757 de 2015, se recibió solicitud de inscripción de revocatoria del mandato del alcalde de Calarcá, la cual se verificó, cumplía los requisitos establecidos, lo cual dio lugar a la Resolución 05 del 26 de mayo de 2021, en la cual se reconoció la iniciativa y se inscribió al Comité Promotor.
Ese acto administrativo fue enviado al Consejo Nacional Electoral para dar cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional SU-077 de 2018, citándose a la audiencia pública por dicha entidad como máxima autoridad y quien dirige la diligencia, designándose al Registrador Municipal de Calarcá como secretario técnico, llevándose a cabo la misma el día 16 de junio de 2021, con la asistencia de los interesados.
3.4. Municipio de Calarcá.
El jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de Calarcá delegada por el Alcalde Luis Alberto Balsero Contreras dio contestación en la que efectuó un recuento de los antecedentes relativos a la revocatoria del mandato que se adelanta, para referir que, en cuanto a las pretensiones, es respetuosa de las decisiones emanadas por las autoridades, acatando hasta entonces, lo ordenado por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, y la decisión que frente a las peticiones de tutela se efectúe.
3.5. Vocera Comité Promotor Revocatoria de Mandato alcalde de Calarcá.
La mencionada vocera rindió informe en el presente asunto y solicitó no acceder a ninguna de las peticiones, en tanto la acción de tutela es un mecanismo transitorio ante la posible configuración de un perjuicio irremediable que no ha sido acreditado o ante la vulneración de algún derecho fundamental, además, afirmó que el actor tiene a su alcance otro medio de defensa judicial, como lo es acudir a la vía administrativa.
La audiencia de revocatoria de mandato era para que cada una de las partes pudiera exponerle al municipio sus argumentos dentro de un marco de proporcionalidad e igualdad entre los adversarios, brindando al Comité y al alcalde el mismo término de duración y número de intervinientes.
Si bien el Consejo Nacional Electoral emitió respuesta, no es cierto que la misma quebrante los derechos fundamentales del señor José Albeiro Castillo Turriago, pues dicha respuesta se acoge a los parámetros constitucionales y legales, pues el actor, el señor Cesar Alberto Moreno Alonso y la señora Silvia Lorena Herrera Ruíz, no pertenecen al Comité Promotor de la revocatoria, teniéndose conocimiento de la afinidad que el accionante tiene con el Alcalde Luis Alberto Balsero Contreras, ya que el actor fue candidato al Concejo Municipal apoyado por el Alcalde, siendo a su vez el accionante padre de la contratista del Municipio Natalia Castillo, quien está siendo investigada junto al Alcalde por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El señor Cesar Alberto Moreno, hizo parte de la terna de ciudadanos que inscribió en la Registraduría el nombre de Balsero como candidato a la Alcaldía para designar en sustitución, mencionando que la señora Silvia Lorena Herrera Ruíz ha celebrado contrato de prestación de servicio de contratación directa con la Alcaldía en comento.
Conforme a lo anterior, ello al no hacer parte del Comité y tener afinidad con el Alcalde, en ningún momento se les ha vulnerado sus derechos fundamentales, pues es este quien los representa, de lo contrario sería otra prueba que el Alcalde no puede defenderse por sí mismo, lo cual hacen personas beneficiadas por aquel.
No es cierto el presunto quebranto a sus derechos políticos, pues con su voto eligió al señor Luis Alberto Balsero Contreras, a quien se le brindó el uso de la palabra lo cual significa que el Alcalde al haberse pronunciado en la audiencia, lo hizo en representación de cada uno de sus votantes, sin que el Comité hubiera presentado otras personas en la intervención, sólo a su vocería.
Así, no se vulneraron los derechos fundamentales, pues se brindaron las garantías negándose la intervención no solo de los seguidores del Alcalde sino también a personas del Comité distintas a la vocera, refiriendo que la audiencia contó con presencia de un miembro del Ministerio Público quien no hizo ninguna observación referente a violaciones a derechos fundamentales sobre ninguna de las partes, sin que se haya privado de conocer las causas y motivos del proceso de revocatoria, pues la audiencia está grabada y publicada en la página del CNE y en redes sociales, refiriendo que en la decisión de no intervención se argumentaron las razones por las cuales no se accedió a ello, sin que sea arbitraria la decisión, en tanto la solicitud de revocatoria instaurada no es comparada con la revocatoria en contra del Alcalde, pues uno es capital y otro es quinta categoría, siendo así la situación particular en cada caso, con un tratamiento similar pero no igual.
IV. LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la sentencia de 6 de julio de 2021, negó el amparo deprecado de acuerdo con las siguientes consideraciones:
«[…] Así, aunque si bien la Corte Constitucional en la decisión de unificación antes transcrita fue clara en aludir la importancia del derecho a la participación ciudadana en los trámites de revocatoria del mandato como una medida para garantizar que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado; es que efectivamente se evidencia que las autoridades accionadas Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en dicha decisión, al ordenar la realización de las audiencias previas a la convocatoria a votación de la revocatoria del mandato, fue que expidió la Resolución N° 4073 de 2020 textualmente según allí rotula en cumplimiento a la Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, estableciendo en ella el procedimiento para que procediese la admisión en intervención ciudadana según el artículo 5° literal b) de la Resolución citada, y sin que hubieren los aquí accionantes Castillo y Herrera, demostrado que procedieron de conformidad, y que las entidades pese a ello, desconocieron sus derechos fundamentales, en tanto no es posible endilgar responsabilidad a tales entidades en la omisión que respecto a dicho trámite pudieron tener los interesados, para que su participación en la diligencia de audiencia pública realizada, hubiera salido avante.
Aunado a lo anterior, es dable considerar, además, que la premisa de la Corte Constitucional respecto a la publicidad de las audiencias que se adelanten en el marco de la revocatoria del mandato de los electos popularmente, puede estimarse cumplida en el asunto pues según se observa, en el Auto del 10 de junio de 2021 proferido por el Consejo Nacional Electoral, y mediante el cual se convocó a la audiencia pública al interior del proceso de revocatoria del mandato en contra del Alcalde de Calarcá, fue dispuesto en el parágrafo primero del artículo segundo que, en cumplimento a lo ordenado por la Corte en la Sentencia SU-077 de 2018, y en aras de garantizar y salvaguardar los derechos de información, defensa y contradicción, la ciudadanía en general interesada en conocer la iniciativa podrían seguir en directo y/o conocer de dicha audiencia a través de la página web del Consejo Nacional Electoral y de sus redes sociales, a lo cual fueron consistentes en indicar que ocurrió, tanto, el CNE como la vocera del Comité Promotor, en sus intervenciones.
Ahora bien, en lo que atañe a las peticiones atinentes a que se suspenda el trámite de la revocatoria de mandato objeto de acción en esta actuación, bajo el cargo atinente a que el mismo, resulta inconveniente o contrario a los tiempos propios de la pandemia por COVID-19 que transcurre en el país, estima la Sala que las mismas no están llamadas a prosperar, toda vez que las entidades accionadas y en especial, la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue precisa en allegar la documentación bajo la cual acredita que el Ministerio de Salud y la Protección Social dictaminó la procedencia del adelanto de mecanismos de participación como el de revocatoria del mandato, con sujeción a las instrucciones y protocolos de bioseguridad trazados por dicho ente ministerial, tal y como se videncia en el Oficio suscrito por el Ministro de Salud y Protección Social dirigido al Registrador Delegado en lo Electoral, memorial identificado con radicado 202121000531051[…]
En consecuencia, al no probarse la vulneración a los derechos fundamentales incoados como presuntamente quebrantados, se negará la solicitud de amparo efectuada por los señores José Albeiro Castillo Turriago y Silvia Lorena Herrera Ruíz, al no acreditarse que se hubieren desconocido sus derechos de petición, debido proceso o a la participación política, y sin que esté llamado así a dejarse sin efectos la referida audiencia pública realizada al interior del trámite en comento, ni tampoco, que se suspenda el proceso de revocatoria en cuanto a la recolección de firmas, como consecuencia de la presunta indebida realización de la audiencia, según se peticionó.
Sirvan además los argumentos expuestos para negar el amparo, en lo atinente al pedimento consistente en la inaplicación de los efectos de los artículos 5, 6, 8, 9 y 10 de Ley 1757 de 2015, al no probarse el cargo endilgado sobre ausencia de protocolos para el desarrollo de las etapas allí consagradas en la revocatoria del mandato, esto pues se acreditó, sí existen directrices de bioseguridad en el marco de tales iniciativas populares para contrarrestar los efectos y contagios por la COVID-19 que transcurre en el país, contando las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de los protocolos, con los lineamientos del Ministerio de Salud para el desarrollo de las fases propias de dicho mecanismo de participación ciudadana, cuya debida aplicación recae, según se informó, en el comité promotor. […]»
V. LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de 6 de julio de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, reiterando los argumentos de orden fáctico y jurídico expuestos en el escrito de tutela inicial, además de resaltar que lo pretendido es el amparo del derecho a la participación política.
VI. CONSIDERACIONES
Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito tutelar, el informe de oposición a este y las pruebas que obran en el expediente, se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: (i) Competencia, (ii) Determinación del problema jurídico, (iii) Procedencia de la acción de tutela y, (iv) Solución a los problemas jurídicos.
6.1. Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y el literal b) de los artículos 13 y 25 del Acuerdo No. 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2021, por el Tribunal Administrativo del Quindío.
6.2. Determinación del problema jurídico.
En la medida en que el derecho a la participación política es un derecho fundamental de protección directa e inmediata, el problema jurídico en el presente asunto consiste determinar si: ¿ el Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Municipal de Calarcá - Quindío vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, petición y participación política de José Albeiro Castillo Turriago y Silvia Lorena Herrera Ruíz, al adelantar el mecanismo de revocatoria del mandato del actual alcalde del municipio de Calarcá que fue elegido popularmente para el periodo 2020-2023, sin participación de los accionantes?
6.3. Procedencia de la acción de tutela.
El artículo 86 de la Carta Política consagró la acción de tutela para reclamar ante los Jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública [o incluso de particulares bajo determinados supuestos]. A su turno, según lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, este mecanismo procede: (1) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo; o, (2) cuando teniéndolo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso surgiría esta acción como mecanismo alterno de protección [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991].
La Corte Constitucional en Sentencia T-187 de 2010. M.P. Doctor Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó que la acción de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los particulares. Al respecto, precisó que:
«[…] La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.
De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio. […]» (Subrayas fuera del texto).
Lo anterior se debe, se reitera, a que la acción de tutela como mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales, cuando estos han sido vulnerados o se encuentran en amenaza, es, en virtud del artículo 86 de la Carta Política de Colombia, de orden subsidiario y residual, lo cual ha sido en repetidas ocasiones confirmado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ahora, dada la excepción a la regla general, esto es, la procedencia de la acción de tutela en contra de actos administrativos de carácter general en aras de evitar la configuración de un perjuicio irremediable respecto del derecho fundamental de una persona determinada o determinable, debe tenerse en cuenta que aquel – el perjuicio irremediable, debe caracterizarse por ser: i) inminente, esto es que amenaza o está por suceder; ii) urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del mismo aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; iii) grave, relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado; e, iv) impostergable, lo que determina que la tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su integridad.
Además, se recuerda que el aludido perjuicio debe ser valorado en concreto por el juez atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el accionante, a quien, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, le compete la carga de probarlo.
Del mismo modo, la existencia real de un mecanismo de defensa debe ser analizado de cara a las circunstancias del caso que se plantee, pues su sola procedencia legal no lo hace eficaz e idóneo en todos los asuntos. Este aspecto, pues, también le corresponde ser valorado por el juez constitucional de tutela y determina, se reitera, los efectos del fallo de tutela.
6.4. Del marco normativo y jurisprudencial aplicable
6.4.1. Del derecho al debido proceso. El debido proceso ha sido definido como «la regulación jurídica que (…) limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la ley», premisa construida con fundamento en el principio superior de la primacía del derecho sustancial sobre las formas, que, según el artículo 29 de la Constitución Política, «… se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas».
El objetivo fundamental del referido derecho, entonces, no es otro que la preservación del valor material de la justicia, situación que demanda de las autoridades públicas que sus actuaciones estén destinadas a preservar las garantías sustanciales y procedimentales consagradas en la Constitución y en la ley.
En sentido amplio, el referido planteamiento encierra a su vez la protección de ciertas garantías mínimas que la jurisprudencia constitucional ha enlistado de la siguiente manera: «(i) el derecho de acceso a la administración de justicia con la presencia de un juez natural; (ii) el derecho a ser informado de las actuaciones que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación o sanción; (iii) el derecho de expresar libre y abiertamente sus opiniones; (iv) el derecho de contradecir o debatir las pretensiones o excepciones propuestas; (v) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas y, por supuesto, (vi) el derecho a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra».
Por su parte, y en atención a que el derecho en estudio es aplicable a todas las actuaciones de la administración, debe resaltarse que el derecho al debido proceso administrativo, cuya garantía -como derecho fundamental- parte de la consagración establecida -de manera general- en el artículo 29 de la Constitución Política, tiene relación directa con el complejo espectro de garantías que permiten el curso de un trámite previamente establecido, en el que a las partes se les respete el derecho de defensa en una clara sujeción de las autoridades estatales al principio de legalidad. Al respecto, en la providencia T-928 de 2010, la Corte Constitucional expresó:
«Refiriéndose específicamente a la naturaleza del derecho al debido proceso administrativo, la jurisprudencia de esta Corporación lo definió como “(…) la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados por la ley”. Así las cosas, el debido proceso administrativo se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada por la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes y después de adoptar una determinada decisión. Por lo tanto, se debe indicar que tal derecho no existe solamente para impugnar una decisión de la Administración, sino que se extiende durante toda la actuación administrativa que se surte para expedirla y posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación».
6.4.2. Del derecho a elegir y ser elegido. Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se introdujo un nuevo norte político y social para Colombia dentro del cual se determinó que es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, empero garantiza la descentralización, la autonomía de sus entidades territoriales y la democracia participativa y pluralista; lo anterior, sujeto al respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y prevalencia del interés general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Norma Superior.
Así, para dar aplicación a la consagración estatal enunciada previamente, estableció el derecho fundamental a elegir y ser elegido como una forma de efectivizar el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. De tal manera, el artículo 40 de la Constitución Política, dice:
«[…] ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública. […]».
En este orden de ideas, en Sentencia T-232 de 2014 la Corte Constitucional sostuvo que el referido bien ius fundamental tiene una doble connotación que constituye su núcleo esencial de la siguiente manera:
«[…] Partiendo del supuesto anterior, el derecho a elegir y ser elegido es, entonces, un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera connotación es sinónimo de la libertad individual para “acceder a los medios logísticos necesarios e informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función”. En el mismo sentido, la segunda característica, que podríamos llamar pasiva, “consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado”. […]».
6.4.3. La democracia participativa, los derechos políticos y el control del poder político. Ahora bien, la forma de gobierno adoptada por la República de Colombia va más allá de una democracia representativa en la que los ciudadanos se limitan a ejercer su derecho al voto para materializar su derecho a elegir, sino que en el escenario estatal prima la connotación de democracia participativa, en la que la población cuenta con unos instrumentos, denominados derechos políticos, que les otorgan mayor injerencia en la toma de decisiones, estructura y procesos políticos, a través de diferentes mecanismos. Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-077 de 2018, consideró:
«[…]
Los derechos políticos son instrumentos con los que cuentan los ciudadanos para incidir sobre la estructura y el proceso político de los cuales hacen parte. Son potestades que surgen en razón de su calidad de ciudadanos. Como señala la doctrina, los derechos políticos son las “titularidades de las que se desprenden los mecanismos por medio de los cuales la ciudadanía se ejerce.”
El alcance de los derechos políticos depende, entre otros aspectos, de la forma de gobierno adoptada por cada Estado. Conforme a una de las definiciones más tradicionales y aceptadas en la ciencia política, los derechos políticos en los sistemas democráticos deben permitir, como mínimo, que los ciudadanos elijan a sus gobernantes en elecciones periódicas y competitivas. No obstante, ésta es una definición minimalista de democracia que pretende distinguir entre democracias y regímenes autoritarios, que no da cuenta de que en realidad existen distintos tipos de democracia, a los cuales corresponde ámbitos más o menos amplios de protección de los derechos políticos.
Por un lado, en las democracias representativas los ciudadanos ejercen sus derechos políticos depositando su voto periódicamente para entregar un mandato a una persona que gestionará sus intereses en elecciones competitivas. En ese escenario es especialmente relevante el derecho al voto porque es la vía para manifestar su voluntad en torno a las personas que van a ejercer su representación en el gobierno. Históricamente este derecho corresponde a una serie de conquistas sociales que se han ido dando gradualmente, y que aún hoy son objeto de debate, incluso en democracias consolidadas.
Por otro lado, en las democracias participativas los derechos políticos permiten que los ciudadanos tengan mayor injerencia en el proceso de toma de decisiones en diversos escenarios públicos, más allá de la elección de sus gobernantes. En este tipo de democracia, los ciudadanos ejercen el control no sólo sobre las personas que los gobiernan sino sobre las decisiones mismas de estos gobernantes, y participan activamente en los procesos de toma de decisiones públicas, a través del ejercicio de diversos mecanismos de participación y control.
[…]
No obstante, el énfasis en la participación y el control en una democracia participativa no pretende restar importancia al ejercicio del derecho a elegir a sus gobernantes, ni a los demás derechos derivados de la representación política. Por el contrario, el objetivo del constituyente al caracterizar nuestra democracia con el adjetivo de “participativa” fue, entre otras, el de darle efectividad a la representación que los gobernantes ejercen.
Con ese propósito, la Constitución creó una serie de mecanismos para controlar a estos representantes y garantizar que los gobernantes no se aparten del mandato y de la confianza que los ciudadanos les confieren. Al respecto, la Corte ha precisado que “[c]on esta nueva mirada, no puede entenderse que el derecho político a elegir a los miembros de las Corporaciones públicas de decisión se agote únicamente con el ejercicio al voto.”
En una democracia participativa, el ciudadano “está llamado a tomar parte en los procesos de toma de decisiones en asuntos públicos”. Por lo tanto, es indispensable que existan mecanismos adecuados para permitir que efectivamente la ciudadanía manifieste su opinión política, de tal modo que ésta sea tenida en cuenta por las autoridades públicas. De lo contrario, si no existen canales adecuados para que los ciudadanos puedan expresarse y garantizar la efectividad de su mandato, no será posible sostener el postulado de democracia participativa, pues su capacidad para tener injerencia sobre el gobierno seguirá limitada únicamente a la facultad para depositar su voto para elegir a sus gobernantes.
Los derechos políticos pueden clasificarse de múltiples formas, pero para efectos de la participación política, que es el tema que ocupa la atención de la Sala, es posible encontrar derechos de participación directa (iniciativa legislativa, referendos, entre otros), de acceso a la función pública y derecho al sufragio.
En todo caso, los derechos políticos permiten que haya una participación activa por parte de los ciudadanos, indispensable para la consolidación de una democracia participativa que se nutre de las manifestaciones políticas de los sujetos que la conforman. Los derechos políticos son, por lo tanto, garantías encaminadas a permitir que los ciudadanos incidan sobre el ejercicio del poder político, los cuales se ejercen en cada caso concreto a través de procedimientos o mecanismos de participación específicos.
Vale la pena resaltar que la configuración legislativa y reglamentaria debe estar estructurada de tal manera que el derecho respectivo pueda ejercerse de manera efectiva. En esa medida, resultaría contrario al principio de democracia participativa que el Legislador o las autoridades administrativas impusiesen cargas desproporcionadas u obstáculos irrazonables, que de otra manera hiciesen nugatorio el ejercicio de sus derechos políticos.
Estos obstáculos desincentivan la participación e impiden a la ciudadanía incidir sobre los procesos de toma de decisiones públicas. Además, generan consecuencias indeseadas para el sano funcionamiento de una democracia, pues cuando se margina a la ciudadanía de los procesos de toma de decisiones los asuntos públicos suelen no ser debatidos suficientemente, lo cual puede llegar a hacerlos arbitrarios.
En este orden de ideas, los derechos políticos constituyen garantías indispensables para la efectividad de la democracia constitucional, pues sólo si aquellos son eficaces es posible concretar y materializar esta fórmula política. Dicho en otros términos, aunque existen múltiples y disímiles conceptos de democracia, es uniforme aceptar que ésta es empírica y normativamente cierta si: i) el régimen constitucional asegura que los ciudadanos, directamente o por intermedio de sus representantes, se gobiernan a sí mismos y gozan de recursos, derechos e instituciones para hacerlo, ii) los gobernados pueden ejercer control político o judicial de los actos de los gobernantes, iii) el sistema garantiza pluralismo, equilibrio de poderes y tolerancia por la diferencia y, iv) los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente sus ideas en la contienda electoral y la vida política de la sociedad, sin peligro a represalias. […]»
De tal manera, la Constitución Política, en su artículo 103 estableció las formas de participación democrática y los mecanismos idóneos, dejando a la Ley su reglamentación, de la siguiente manera: «Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. […]», razón por la cual el Congreso de la República expidió las Leyes 131 y 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2018 para reglamentar el proceso de revocatoria de mandato, el cual fue sintetizado por la Corte Constitucional en la mencionada decisión judicial, de la siguiente manera:
«[…] El proceso, en general, puede dividirse en cinco etapas: la primera etapa, de inscripción y registro ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. La segunda etapa, relativa a las gestiones ciudadanas para conseguir el apoyo requerido. La tercera etapa, concerniente a la verificación que hace la Registraduría del proceso ciudadano, y a la planificación de los comicios, de reunirse los requisitos establecidos para ello. La cuarta etapa, que comprende la consulta popular para decidir si se revoca el mandato del Alcalde o Gobernador. Finalmente, la quinta etapa, relativa a la elección de un reemplazo, en caso de que la ciudadanía vote para revocar el mandato del Alcalde o Gobernador.
La primera etapa consta de la solicitud ciudadana para hacer uso de la revocatoria del mandato. La Ley 1757 de 2015 establece que sólo se pueden presentar iniciativas de revocatoria del mandato si han transcurrido 12 meses contados a partir del momento de posesión del respectivo alcalde o gobernador y no faltare menos de un año para la finalización del respectivo periodo constitucional (artículo 6º).
Así, quien actúe como promotor o vocero del comité promotor de una iniciativa de revocatoria deberá presentar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil un formulario de inscripción que contenga los requisitos previstos por la norma en cita:
[…]
Realizada la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato con la presentación del formato mencionado, el Registrador del Estado Civil con competencia en la entidad territorial en la que se pretende ejecutar el mecanismo de participación ciudadana, deberá registrarla (artículo 7º). Dicho trámite consiste en asignarle un número de identificación con el propósito de establecer el orden de su inscripción y la fecha en que se efectuó, y publicar tal actuación en la página web de la entidad.
En la segunda etapa se lleva a cabo la recolección de apoyos ciudadanos. Esta fase del trámite de la revocatoria del mandato inicia una vez se realiza la inscripción y registro de la iniciativa. Según el artículo 8º de la normativa en cita, 15 días después de la inscripción y registro, el registrador entrega los formularios de recolección de apoyos ciudadanos a los promotores o comités promotores.
Realizada la entrega, el promotor dispondrá de seis meses para recolectar las firmas de los ciudadanos que avalan la iniciativa. El plazo señalado podrá ser prorrogado hasta por tres meses más, siempre y cuando se acredite la ocurrencia de una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, que será analizada por el Consejo Nacional Electoral en cada caso.
El literal e) del artículo 9º de la Ley 1757 de 2015, dispone que la iniciativa de revocatoria del mandato requerirá el apoyo de “(…) no menos del treinta por ciento (30%) de los votos obtenidos por el elegido”, quienes deberán hacer parte del censo electoral vigente de la entidad territorial a la fecha en que se realizó la inscripción de la iniciativa.
La etapa de recolección finaliza con la entrega de los formularios contentivos de los apoyos ciudadanos al Registrador del Estado Civil, una vez vencido el término de la recolección o de su prórroga, según sea el caso.
En la tercera etapa, corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos que pretendan avalar la convocatoria a elecciones para la revocatoria del mandato (artículos 13 a 15). Cumplidas las actuaciones tendientes a verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos, el registrador respectivo debe expedir la certificación que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para dar paso a la convocatoria de la ciudadanía.
En caso de que se verifique la autenticidad de los apoyos, corresponde a la Registraduría adelantar la promoción, divulgación y realización de la convocatoria de la elección.
En la cuarta etapa, se lleva a cabo la consulta popular en el respectivo departamento o municipio, para definir si se revoca al mandatario. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 1757 de 2015, dispuesta toda la logística electoral, se entenderá aprobada si se obtiene el pronunciamiento popular de la mitad más uno de los votos depositados en esa contienda electoral, siempre y cuando “(…) el número de sufragios no sea inferior al cuarenta (40%) de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario.”
Esta decisión popular será obligatoria y, en caso de prosperar, conllevará la remoción inmediata del alcalde o gobernador (artículo 43). Por el contrario, si como resultado de la votación no se revoca el mandato del gobernador o del alcalde, no podrá volver a intentarse en lo que resta de su período.
La quinta etapa consiste entonces en la elección del sucesor, para designar nuevo gobernante de la ciudad o del departamento. Para ello, corresponde a la Registraduría convocar a elecciones dentro de los 2 meses siguientes a la certificación de la votación de la revocatoria. Entre la revocatoria y la elección del sucesor del funcionario revocado, le corresponde al Presidente de la República nombrar a una persona en calidad de encargada de la respectiva alcaldía o gobernación.
Del anterior recuento normativo se evidencia que la revocatoria del mandato es un derecho que se configura a través de un procedimiento complejo, en el cual se pueden distinguir cinco etapas. En cada una, la ley impone una serie de cargas a los ciudadanos participantes, y unos deberes específicos a las autoridades públicas. Para hacer efectivo el derecho a la revocatoria es necesario que los ciudadanos cumplan con las cargas y requisitos establecidos en la normativa estatutaria, y que, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de los ciudadanos, las autoridades observen las obligaciones a su cargo y dispongan lo necesario para impulsar el proceso a la siguiente etapa.
De tal manera, el conjunto de obligaciones que resulta exigible de las autoridades competentes depende de dos factores: i) la etapa en la que se encuentre el procedimiento, y ii) que los ciudadanos interesados hayan cumplido las cargas que les impone la ley en la etapa respectiva. Si los ciudadanos han atendido las cargas respectivas, las entidades tienen el deber constitucional de disponer lo necesario para avanzar a la siguiente etapa. […]»
Así, después de analizar el control del poder político y los mecanismos de participación ciudadana, la Corte Constitucional, mediante Sentencia de Unificación SU-077 del 8 de agosto de 2018, estableció la obligación de instaurar mecanismos para garantizar los derechos de información y defensa luego de la inscripción de la iniciativa de revocatoria del mandato y antes del inicio de recolección de apoyos, señalando: «que esas instancias no solo son necesarias para el mandatario local respectivo exprese las razones que contrasten los motivos de revocatoria, sino también que a partir de ese contraste se permita que los electores conozcan y valoren ambos extremos de la discusión y, de esta manera, se propicie el voto informado.»
En consecuencia, con el fin de garantizar los derechos de información y defensa mediante el agotamiento de audiencias públicas, como aspecto meramente técnico y operativo en ejercicio de la atribución consagrada en el artículo 265-6, de la Constitución Política, consistente en velar por el desarrollo de los procesos electorales de revocatoria del mandato en condiciones de plenas garantías, el Consejo Nacional Electoral, expidió la Resolución 4073 del 16 de diciembre de 2020, de la cual, para pronunciarse sobre el presente asunto resultan relevantes los artículo 4.º y 5.º, que establecen:
«[…] ARTÍCULO CUARTO: LUGAR DE LA AUDIENCIA La audiencia pública presencial de revocatoria del mandato se llevará a cabo en el municipio para el caso de alcaldes o capital del departamento cuando se trate de gobernadores, al cual pertenezca el mandatario. La Organización Electoral fijará el lugar en que se desarrollará dicha audiencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: El alcalde del municipio o capital de departamento donde deba desarrollarse la audiencia deberá prestar la colaboración necesaria para que se disponga de las instalaciones y ayudas necesarias para el correcto desarrollo de la audiencia con el pleno de las garantías establecidas en la presente resolución.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La audiencia pública de revocatoria del mandato, por razones de salud pública y/o fuerza mayor, podrá realizarse en la modalidad no presencial o mixta a través de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los medios electrónicos idóneos y eficaces, que garanticen la participación de los intervinientes.
Para efecto de lo anterior, el medio de gestión de las audiencias no presenciales podrá ser el uso del correo electrónico que autorice cada parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: DESARROLLO. La instalación y el desarrollo de la audiencia pública estará a cargo del Consejo Nacional Electoral o por un funcionario de la organización electoral que éste delegue, quien nombrará un secretario encargado de levantar el Acta respectiva, en todo caso la misma deberá ser grabada en audio y video. La delegación podrá ser revocada por el Consejo Nacional Electoral.
Las intervenciones en la audiencia pública se harán en el siguiente orden:
a) En primer lugar, intervendrá el vocero designado por el comité promotor que radicó la iniciativa de revocatoria de mandato, quien deberá pronunciarse sobre los motivos por los cuales se promueve el mecanismo de participación ciudadana, los hechos referidos a incumplimiento del programa de gobierno o la insatisfacción general, que justifican la solicitud de revocatoria.
b) Podrá intervenir la ciudadanía con el fin de que presenten sus argumentos relacionados con el objeto de la audiencia, previa inscripción ante la Registraduría del Estado Civil respectiva y dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de la convocatoria, correspondiente y su intervención será conforme al orden de inscripción.
c) El elegido contra el cual se promueve la revocatoria, expondrá los argumentos para controvertir los motivos que sustenta la iniciativa y, de esta manera, lograr que su derecho de defensa sea eficaz.
d) El agente del Ministerio Público, en caso que solicite su intervención.
PARÁGRAFO: Durante las intervenciones podrán presentarse los hechos y documentos que considere para complementar su intervención, las cuales serán entregadas al secretario quien dejará constancia para ser incorporadas al expediente. […]» (Subrayado fuera del texto).
6.5. Solución planteada.
Los señores José Albeiro Castillo Turriago y la señora Silvia Lorena Herrera Ruíz acudieron al juez de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la participación política, los cuales considera vulnerados en atención a que no se les permitió participar en la audiencia pública de la revocatoria de mandato del actual alcalde del municipio de Calarcá que fue elegido popularmente para el periodo 2020-2023.
No obstante, vista la normatividad y jurisprudencia aplicables, se evidencia que el amparo deprecado no tiene vocación de prosperidad, en atención a que:
i) La Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante Resolución 05 del 26 de mayo de 2021, resolvió declarar que la inscripción para adelantar la iniciativa de revocatoria del mandato denominada «POR LA RESTAURACIÓN DE LA VILLA DEL CACIQUE”, cumple con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015».
ii) De acuerdo a lo establecido en la Resolución 4073 de 2020, si le esta permitido a la ciudadanía intervenir en la referida audiencia pública de revocatoria de mandato, pero los interesados, previamente, debían inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil dentro de los tres días siguientes a la publicación de la convocatoria, requisito que no cumplieron los accionantes, ya que no procedieron según las reglas establecidas para el mencionado procedimiento.
Al respecto, se observa que el señor José Albeiro Castillo Turriago, el 15 de junio de 2021, presentó petición, a través de correo electrónico, ante Consejo Nacional Electoral, en la que solicitó: «[…] permiso y autorización enviándome el link para poder intervenir en la audiencia pública de revocatoria del mandato del alcalde Calarcá Quindío Doctor Luis Alberto Balseros contreras que se llevara a cabo hoy a partir de las 9.a.m. Lo anterior por cuanto la información tan solo llegó el día viernes en la tarde y no tuvimos tiempo de nada. Las personas que intervendrán serán CESAR ALBERTO MORENO ALONSO (…) SILVIA LORENA HERRERA RUIZ (…) JOSE ALBEIRO CASTILLO TURRIAGO», frente a la cual el Asesor Despacho del Magistrado Jaime Luis Lacouture Peñaloza del Consejo Nacional Electoral, en la misma fecha, respondió:
«[…] Ello implica, que la intervención a realizarse en la audiencia pública en el mecanismo de revocatoria de mandato denominada “POR LA RESTAURACIÓN DE LA VILLA DEL CACIQUE” reposa en cabeza de quien fuera reconocido como vocero, esto es la señora ciudadana JENNIFER ALEXANDRA MOLINA LURDUY identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.094.921.019 en virtud de lo dispuesto en el numeral segundo de la Resolución No. 005 del 26 de MAYO de 2021 proferida por el Registrador Municipal del Estado Civil de Calarcá – Quindío-, más aun cuando la intervención de la ciudadanía atendiendo a lo dispuesto en el literal b) del Artículo Quinto de la Resolución Conjunta No 4073 del 16 de diciembre de 2020, precisa que la participación ciudadana es facultativa más no obligatoria pues de acuerdo a lo esgrimido por la H. Corte Constitucional en Sentencia S.U 077 de 2018, la audiencia pública que prevista en este mecanismo de participación ciudadana corresponde al derecho que le asiste a la ciudadanía en estructurar su voto informado […].
No obstante lo anterior, por ciudadanos interesados en seguir el desarrollo de la audiencia podrán seguirla a través de la página web del Consejo Nacional Electoral (https:// www.cne.gov.co), y a través de nuestras plataformas Facebook (Consejo Nacional Electoral) y Twitter (@CNE_COLOMBIA) donde podrán acceder a un link de enlace para seguir la transmisión en vivo y en directo, de la audiencia […]».
Así pues, se observa que el derecho fundamental a la participación política no ha sido vulnerado, en tanto las actuaciones adelantadas en el mencionado mecanismo de revocatoria de mandato se encuentran acorde a la normatividad y jurisprudencia aplicables, máxime si se tiene en cuenta que, de un lado, el señor José Albeiro Castillo Turriago presentó solicitud de inscripción para intervenir en la audiencia pública sin seguir el procedimiento fijado en el artículo 5.º de la Resolución 4073 de 2020 y ante una entidad sin competencia para tal fin y, de otro, no fue acreditado que la señora Herrera Ruíz hiciera lo propio ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la cual, además, no se observa vulneración del derecho fundamental de petición de los accionantes.
Sumado a esto, el Consejo Nacional Electoral, a través de Auto del 10 de junio de 2021, convocó a la audiencia pública al interior del proceso de revocatoria del mandato en contra del Alcalde de Calarcá, por lo cual se garantizó el derecho de información de la ciudadanía en general al disponer que aquellos podrían seguir en directo y/o conocer de dicha audiencia, a través de la página web del Consejo Nacional Electoral y de sus redes sociales.
Finalmente, la parte actora afirmó que el procedimiento de revocatoria del mandato del Alcalde de Calarcá no estaba sometido a ningún protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por autoridad sanitaria, sin embargo, contrario a lo afirmado por la parte actora, en el expediente se observa que la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó consulta al Ministerio de Salud y Protección Social, en cuanto a la cual, la cartera ministerial, mediante memorial con radicado 202121000531051, manifestó:
«[…] Agradecemos la información allegada a este Ministerio, en relación con las preguntas formuladas por esta cartera sobre el proceso de recolección de firmas para la revocatoria del mandato de autoridades locales e inscripción de candidaturas presidenciales.
[…]
Así las cosas, esta cartera considera que para el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandatos, se pueden aplicar las medidas de bioseguridad contenidas en la Resolución 666 de 2020, modificada por las Resoluciones 223 y 392 ambas de 2021, que establecen, entre otras, las medidas de bioseguridad y los cuatro componentes generales para disminuir el riesgo de contagio: el lavado y desinfección de manos, el distanciamiento físico (2 metros entre persona y persona), los espacios con adecuada ventilación, y el uso correcto del tapabocas de manera obligatoria.
Las disposiciones mencionadas deben ser adaptadas por los diferentes comités que promueven los procesos de revocatorias y de recolección de firmas para la inscripción de candidatura, quienes a su vez son los responsables de la aplicación de las medidas contenidas en el Protocolo de Bioseguridad para el manejo y control del Riesgo del Coronavirus Covid-19, en el espacio público por parte de las personas, familias y comunidad, adoptado mediante Resolución 1513 de 2020 […]»
En virtud de la respuesta brindada, se entiende que es posible adelantar mecanismos de participación como el de revocatoria del mandato, actualmente, conforme a las instrucciones y protocolos de bioseguridad dictados por el Ministerio de Salud y Protección Social como órgano competente en materia de políticas de sanidad, razón por la cual no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados y aún menos inaplicar los artículos 5, 6, 8, 9 y 10 de la Ley 1757 de 2015.
Así entonces, se confirmará la decisión del a quo que negó el amparo invocado dentro de la acción de tutela interpuesta por José Albeiro Castillo Turriago y Silvia Lorena Herrera Ruíz contra el Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Municipal de Calarcá - Quindío.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
VII. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 6 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual negó el amparo de los derechos fundamentales de los señores José Albeiro Castillo Turriago y Silvia Lorena Herrera Ruíz, en la acción de tutela presentada contra el Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Municipal de Calarcá - Quindío, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firma electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma electrónica Firma electrónica
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Se deja constancia que esta providencia se firma de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad del presente documento en el link: HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co" http://relatoria.consejodeestado.gov.co: 8081/vistas/ documento/evalidador.
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe electrónico de la Secretaría General de la Corporación del 15 de julio de 2021.
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
Por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado.
Sentencias Corte Constitucional: T- 1277 de 2005, T-771 de 2004, T-408 de 2002, T-432 de 2002, SU-646 de 1999 y T-007 de 1992.
Corte Constitucional, Sentencias T- 771 de 2004 y T-600 de 2002.
Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”.
“Sentencia T-324 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
Sentencia T-510 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Sentencia C-955 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Picado, Sonia. 2007. Derechos Políticos como Derechos Humanos. En Tratado de derecho electoral comparado de América Latina — 2ª ed. — México : FCE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 2007. Pág. 48.
Dahl, Robert. 1972. Poliarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.
Collier, David y Steven Levitsky. 1997. “Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research”. En World Politics 49:3 pp. 430-451.
Ver Brunell, Thomas. 2008. Redistricting and Representation: Why Competitive Elections are Bad for America. Routledge.
Ibídem.
Corte Constitucional, sentencia C-041 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
En cuanto a los significados, condiciones y “mínimos” de la democracia, se consultó: Del Águila, Rafael. 2009. Manual de Ciencia Política. Sexta Edición. Editorial Trotta.
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