Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2021-00164-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2021-00164-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2021-00164-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 63001-23-33-000-2021-00164-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 630012333000202100164-01
Actor: Ricardo Andrés Jaramillo Lozano
Demandados: Nación - Contraloría General de la República; Departamento del
Quindío - Contraloría Departamental del Quindío; Municipio de La Tebaida;
Comisión Nacional del Servicio Civil; y Escuela Superior de la Administración
Pública ESAP
Coadyuvantes: Jhon Alexander Carmona Buriticá y otros1.
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Ricardo Andrés Jaramillo
Lozano contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Quindío.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Ricardo Andrés Jaramillo Lozano presentó demanda en ejercicio del
respectivo medio de control contra la Nación – Contraloría General de la República;
Departamento del Quindío – Contraloría Departamental del Quindío; Municipio de
La Tebaida; Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC; y Escuela Superior de la
Administración Pública ESAP, con el objeto de obtener la protección de los derechos
1 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […] 010MedidaCautelar;
[…] 010.13AutoResuelveCoady.pdf […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
e intereses colectivos: i) a la defensa del patrimonio público; y ii) a la moralidad
administrativa, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones2:
“[…] 1. Que se declare que, con la realización del proceso de selección Nº 1955 de
2021, citado mediante el Acuerdo 1065 del 29 de abril de 2021: ‘Por el cual se convoca
y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en la modalidad de Abierto, para
proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA
TEBAIDA-QUINDIO, Proceso de Selección No. 1955 de 2021 Municipios de 5ª y 6ª
Categoría’, en las condiciones en que fue iniciado, es decir, sin la debida planeación,
se está poniendo en peligro y/o amenaza los derechos e intereses colectivos a la
moralidad administrativa y el patrimonio público.
2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se disponga la suspensión y/o
cualquier otra medida que el despacho considere idónea, del proceso de selección
N° 1955 de 2021, citado mediante el Acuerdo 1065 del 29 de abril de 2021: ‘Por el
cual se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección, en la modalidad
de Abierto, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE LA TEBAIDA- QUINDIO, Proceso de Selección No. 1955 de 2021
Municipios de 5ª y 6ª Categoría’, hasta tanto se logre consolidar de manera definitiva
la planta de personal de la Alcaldía de La Tebaida, Quindío, como consecuencia del
rediseño y la reorganización administrativa que se está gestando; para que sean
ofertados los cargos que efectivamente habrán de ser suplidos, evitando con ello la
inversión indebida de los recursos públicos, así como también la inversión indebida
de los recursos por parte de los concursantes […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones3:
3.1. Afirmó que el Municipio de La Tebaida suscribió el Acuerdo núm. 005 de 31 de
mayo de 2020, por el cual se elaboró el Plan de Desarrollo del Municipio “La Tebaida
Diferente 2020 – 2023”, en el que tiene prevista la reorganización administrativa de
la planta de personal de la Alcaldía Municipal. Asimismo, señaló que dicha
reorganización tiene fundamento en el informe final AGEI Regular M.A. 06-19, de la
Contraloría General del Quindío, en su aparte “Proceso de Modernización
Administrativa del Municipio”, por cuanto, evidencia que la reorganización de la
planta de personal es una necesidad inaplazable, con sustento en su limitada
capacidad financiera para sostener la actual, en tanto, en el documento se señala
que la planta se incrementó́ en un 56% aproximadamente y “el ente territorial viene
2 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […]
002DemandaYAnexos.pdf […]”.
3 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
asumiendo mayores cargas laborales y prestacionales al proveer los nuevos cargos
de la planta”.
3.2. Indicó que, para la realización de la Reorganización aludida, el Municipio de La
Tebaida expidió: i) la Resolución núm. 286 de 08 de septiembre de 2020 “[…] POR
MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA UN EQUIPO TÉCNICO PARA INICIAR
FASE PREVIA Y DIAGNÓSTICO EN EL PROCESO DE REDISEÑO Y
REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA
TEBAIDA […]”; y ii) la Resolución núm. 385 de 18 de noviembre de 2020 “[…] POR
MEDIO DE LA CUAL SE INTEGRA AL EQUIPO TÉCNICO PARA INICIAR FASE
PREVIA Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTADOR DEL
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA […]”.
3.3. Manifestó que la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, a pesar de haber
reconocido en el oficio de 29 de marzo de 2019 su conocimiento del Plan de
Desarrollo del Municipio de La Tebaida y la reorganización administrativa en curso,
adelantó el proceso de selección núm. 1955 de 2021, mediante Acuerdo núm. 1065
de 29 de abril de 2021 “[…] [p]or el cual se convoca y se establecen las reglas del
Proceso de Selección, en la modalidad de Abierto, para proveer los empleos en
vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de
la planta de personal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA TEBAIDA – QUINDÍO,
proceso de Selección No. 1955 de 2021 – Municipios de 5ª y 6ª Categoría […]”,
situación que, a juicio del actor, causaría consecuencias adversas a la “moralidad
pública” y al patrimonio público.
3.4. Sostuvo que la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, mediante oficio de
5 de mayo de 2021 y requerimiento de 9 de junio del mismo año, instó y
posteriormente “[…] terminó casi que “amenazando” […]” al Municipio de La
Tebaida, tras haberse negado de participar y suscribir el convenio para la
convocatoria de concurso de méritos para los municipios de 5ª y 6ª categoría
mediante oficio núm. DSA-613-2021, en razón de la reorganización administrativa
adelantada.
Contestaciones de la demanda
4. La Contraloría General de la República presentó escrito de contestación
de la demanda el 6 de diciembre de 20214 en el que se opuso a la prosperidad de
las pretensiones del actor. Señaló que, de acuerdo con la pretensión de la parte
4 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […]
011ContestacionDemanda; […] 011.1ContraloriaGral; […] Contestación.pdf […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
demandante, la acción va encaminada a una reclamación directa dirigida al
Municipio de La Tebaida, otros entes territoriales y al ente de control fiscal territorial,
esto es, hacia la Contraloría General del Quindío. Por tal razón, propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la entidad
no tiene ninguna injerencia en las decisiones tomadas por dichas entidades.
5. El Departamento del Quindío – Contraloría Departamental del Quindío
contestó la demanda el 15 de diciembre de 20215 en el que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones del demandante y solicitó su desvinculación del
proceso. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sustentó que la entidad no tiene injerencia en el asunto, por cuanto el acuerdo para
llevar a cabo el concurso de méritos fue suscrito entre la Comisión Nacional del
Servicio Civil CNSC y el Municipio de La Tebaida, entidades que, a su juicio, son
las competentes en el presente asunto.
6. La Escuela Superior de la Administración Pública ESAP presentó escrito
de contestación de la demanda el 13 de diciembre de 20216 en el que se opuso a
las pretensiones del actor. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, en tanto afirmó que la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC y el
Municipio de la Tebaida son las entidades a las que les asiste competencia en el
asunto que se discute.
7. El Municipio de La Tebaida presentó escrito de contestación de la demanda
el 16 de diciembre de 20217 en el cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones
y solicitó su desvinculación del proceso. Aseguró que, no ha vulnerado los derechos
colectivos, en tanto, afirmó que ha actuado en cumplimiento de sus deberes legales
y de la necesidad institucional de adelantar un proceso de modernización
administrativa. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y la genérica.
8. La Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC presentó escrito de
contestación de la demanda el 14 de diciembre de 20218; se opuso a la prosperidad
de las pretensiones del actor. Señaló que la acción instaurada es improcedente por
cuanto, a su juicio, la parte demandante debió presentar el medio de control de
5 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […]
011ContestacionDemanda; […] 011.4ContraloriaQdío; […] CONTESTACIÓN Y ANEXOS.pdf […]”.
6 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […]
011ContestacionDemanda; […] 011.2ESAP; […] CONTESTACION.pdf […]”.
7 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […]
011ContestacionDemanda; […] 011.5MunicipioTebaida; […] Contestación.pdf […]”.
8 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […]
011ContestacionDemanda; […] 011.3CNSC; […] Correo1; […] Contestacion.pdf […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho. Estimó que la entidad no ha
vulnerado derecho “fundamental” alguno y, que, además, ha dado correcta
aplicación a las normas que rigen el concurso público de mérito. Propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Otras actuaciones
9. El Tribunal Administrativo del Quindío profirió auto de 15 de diciembre de
20219 en el que resolvió, entre otras cosas, reconocer como coadyuvantes de la
parte actora a los señores Jhon Alexander Carmona, Constanza Eugenia
Aristizábal, Juan Pablo Pérez, Claudia Patricia Castro, Gerardo Ramírez, Zully
Andrea Mejía, Martha Alicia Morales, Julián Andrés González, Aldemar Ramírez,
Marisela Aguirre, Yolanda Buitrago, José Alirio López, Didier Bustos Arango, Lina
María Salazar, Jaime Humberto Roldán, Hernán Arredondo, Willinton Torres,
Teresita Valderrama, Juan Sebastián Ramírez, Lina Marcela Santander, Jhon Jairo
Arbeláez, Carlos Patiño, Gloria Inés Piedrahita, Tatiana Buitrago, Luz Edith
Gualtero, Carlos Alberto Restrepo, Yamiled Cardona, Edwin Bonilla, William Murillo,
Maira Alejandra Ruiz, Dilem Sánchez, Jhoan Esteban Gallego, Hugo Armando
Núñez, Jimena Cifuentes, Carlos Arturo González, Sandra Milena Molina, Fabio
Andrés Posso, Eddy Paola Bedoya, Samuel Alonso Buitrago y Carlos Humberto
Giraldo.
La audiencia de pacto de cumplimiento
20. El 3 de febrero de 2022, se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento
entre las partes, no obstante, se declaró fallida, toda vez que no se logró ninguna
fórmula de arreglo10.
Sentencia proferida, en primera instancia
10. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío profirió
sentencia el 22 de abril de 2022, en la que resolvió lo siguiente11:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas, por lo considerado en la parte motiva.
9 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […] 010MedidaCautelar;
[…] 010.13AutoResuelveCoady.pdf […]”.
10 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […] 029AudienciaPacto;
[…] 2021-00164 - POP - CNSC y otros - A. Pacto cumplimiento.pdf […]”.
11 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_CORREO_DIEGOMARIO(.pdf) NroActua 2; […]
041Sentencia1Instancia.pdf […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
TERCERO: En firme, ENVIAR a la Defensoría del Pueblo – Regional Quindío una
copia de la sentencia conforme lo establece el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: En firme la sentencia, háganse las comunicaciones del caso para su
cumplimiento y archívese el proceso previa anotación en el programa “Justicia Siglo
XXI”. Así mismo se autoriza la expedición de las copias que soliciten las partes […]”.
Consideraciones del Tribunal
11. El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que no se probaron los
elementos para que se configure la vulneración de los derechos e intereses
colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.
En cuanto a la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa
12. El Tribunal consideró que no se probó el elemento subjetivo y no se dio
cumplimiento del deber de la “carga argumentativa y probatoria suficiente” que lleve
al convencimiento de: i) la existencia de “conductas atentatorias” del derecho a la
moralidad administrativa; ii) la desatención de procedimientos y reglamentos
establecidos en la ley; iii) conducta alguna revestida de antijuricidad que
contravenga los valores y principios del Estado Social de Derecho Colombiano; y
iv) el ánimo o la intención de las entidades demandadas de vulnerar los deberes
que les asiste observar en el desarrollo de la actividad administrativa.
13. Lo anterior, por cuanto el simple hecho de adelantarse un concurso de
méritos cuando se había dado inicio a un proceso de reorganización administrativa
no evidencia por sí solo ese elemento subjetivo. Por el contrario, el Tribunal
consideró que con el concurso se aspira privilegiar y efectivizar el acceso a la
función pública mediante el sistema de méritos.
En cuanto a la vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público.
14. El Tribunal señaló que la vulneración del derecho e interés colectivo al
patrimonio público se configura cuando confluyen dos elementos: i) el subjetivo
relativo a la gestión irresponsable, deshonesta o negligente del patrimonio público
a cargo de los funcionarios de las entidades demandadas; y, ii) el objetivo referente
al incumplimiento de las entidades demandadas del deber de gestionar el patrimonio
público, de acuerdo con los postulados de eficiencia y transparencia establecidos
en el artículo 209 de la Constitución Política.
15. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal consideró que no es posible
afirmar que con la convocatoria al concurso se vulneren los postulados de eficiencia
o transparencia en la gestión del patrimonio público, por cuanto, ello obedece a un
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
mandato Legal y Constitucional. En tal sentido, concluyó que no se probó la
vulneración del derecho e interés colectivo al patrimonio público, en la medida que
el proceso de reestructuración está en una fase inicial y de diagnóstico, por lo que
nada garantiza que las autoridades municipales que intervienen en su formación la
aprueben. Por el contrario, destacó que la existencia de la reestructuración
administrativa y sus alcances son hipotéticos e inciertos.
16. El Tribunal consideró que no existe certeza que los cargos ofertados vayan
a desaparecer, asimismo, que no es posible afirmar que la lista de elegibles que
resulte del concurso no se vaya a utilizar en ningún porcentaje.
17. El Tribunal afirmó que en el ordenamiento legal no hay una disposición
normativa que impida la convocatoria a concurso de méritos cuando se está en un
proceso de reestructuración, contrario a ello, consideró que es una obligación
constitucional y legal hacerlo cuando existan vacancias definitivas para privilegiar el
mérito en el acceso a los cargos públicos.
18. El Tribunal afirmó que no puede hablarse de inminencia en la afectación del
patrimonio público al no tenerse conocimiento de cómo va a quedar la planta de
personal, por el contrario, consideró que paralizar el concurso de méritos puede
constituirse en una afectación al erario, pudiendo resultar más gravoso para el
interés público, dado que, para ello se ha incurrido en unos gastos y en una logística,
que devienen de la ejecución de contratos públicos celebrados.
19. En este orden, el Tribunal concluyó que no se demostró que las entidades
demandadas hayan vulnerado los derechos colectivos invocados por la parte
demandante, ni de forma individual ni solidaria.
Recurso de apelación
20. El señor Ricardo Andrés Jaramillo Lozano presentó escrito12 el 29 de abril de
2022, por medio del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, en el que manifestó:
“[…] Cordial saludo,
En mi condición de demandante en el proceso de la referencia, ante usted me permito
presentar, al tenor de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del
Proceso, recurso de apelación en contra de la sentencia que pone fin a la primera
instancia, para lo cual procedo en los siguientes términos:
12 En nombre propio. Cfr. Índice 102 SAMAI, número único de radicación: 63001233300020210016400, archivo
“[…] 002Recurso de Apelacion Demandante(.pdf) NroActua 102 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
Reparos concretos
Se formulan los siguientes reparos concretos:
1. Se acusa la sentencia de incurrir en deficiencia en la valoración probatoria,
por cuanto se considera que efectivamente se acreditaron los supuestos
necesarios para tener por transgredidos los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y al patrimonio público.
2. Se acusa la sentencia de haber incurrido en error de hecho por suposición
de unas situaciones no acreditadas en el proceso.
Atentamente […]” (Destacado fuera de texto).
Concesión del recurso de apelación
21. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Quindío profirió
auto de 6 de mayo de 202213, mediante el cual concedió el recurso de apelación
presentado por el señor Ricardo Andrés Jaramillo Lozano contra la sentencia
proferida, en primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
22. El Despacho sustanciador profirió auto de 1° de agosto de 202214 mediante
el cual admitió el recurso interpuesto por el señor Ricardo Andrés Jaramillo Lozano
contra la sentencia de 22 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; los marcos normativos y
desarrollos jurisprudenciales de: iii) el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos; iv) el derecho colectivo a la defensa del patrimonio
público; v) el derecho colectivo a la moralidad administrativa; y vi) el análisis del
caso concreto.
Competencia de la Sala
24. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 201915, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
13 Cfr. Índice 4 SAMAI, archivo “[…] AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 4 […]”.
14 Cfr. Índice 2 SAMAI, archivo “[…] ED_043AUTOCONCEDEAPELAC(.pdf) NroActua 2 […]”.
15 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
de Estado; y iii) el 15016 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de
las acciones populares.
25. Vistos los artículos 32017 y 32818 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 19,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por el demandante.
26. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problema jurídico
27. La Sala deberá determinar, si el escrito del recurso de apelación interpuesto
por el demandante cumple o no con el deber de carga argumentativa, como
condición sine qua non para su procedencia.
28. Posteriormente, a la Sala le corresponderá confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 22 de abril de 2022 proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Quindío.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
29. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
16 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de Radicación. Modificado
Ley 1564 de 2012, artículo 615. El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. Modificado por
el artículo 26 de la Ley 2080.
17 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
18 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
19 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
30. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
31. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
32. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
33. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”20.
34. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio de los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Análisis del caso concreto
35. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales,
la Sala realizará el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación
del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
36. El Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia de primera instancia
el 22 de abril de 2022 en la que negó las pretensiones de la demanda, luego de
considerar que no se vulneró el derecho e interés colectivo a la defensa del
patrimonio público, en tanto, no se colige una afectación inminente y grave del
patrimonio, entre otras razones, porque el proceso de reestructuración está en una
fase inicial y de diagnóstico, de modo que no es posible asegurar su aprobación. Al
tiempo, señaló que no existe certeza acerca de si los cargos ofertados van a
desaparecer; menos, si la lista de elegibles será usada en algún porcentaje. Por el
contrario, el Tribunal advirtió que “paralizar” el concurso de méritos puede
constituirse en una afectación al erario, en la medida en que se ha incurrido en
gastos propios del proceso de selección.
37. Asimismo, consideró que el actor popular no cumplió con el deber de carga
argumentativa y probatoria suficiente respecto del derecho e interés colectivo a la
moralidad administrativa, comoquiera que no demostró el elemento subjetivo
relativo a la intención del funcionario de trasgredir los procedimientos a su cargo,
específicamente, en lo que atañe a la convocatoria del concurso de méritos
38. El señor Ricardo Andrés Jaramillo Lozano interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia. Para sustentar sus
inconformidades señaló: “[…] [s]e acusa la sentencia de incurrir en deficiencia en la
valoración probatoria, por cuanto se considera que efectivamente se acreditaron los
supuestos necesarios para tener por transgredidos los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y al patrimonio público […]” y “[s]e acusa la sentencia de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
haber incurrido en error de hecho por suposición de unas situaciones no acreditadas
en el proceso […]”.
39. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 22 de abril de
2022.
Solución al problema jurídico
40. La Sala procede a realizar el análisis del recurso de apelación, de acuerdo
con el problema jurídico indicado supra.
Respecto de la carga argumentativa del recurso de apelación
41. El demandante formuló dos reparos concretos en su recurso de apelación.
En primer lugar, manifestó “acusar” la sentencia “de incurrir en deficiencia en la
valoración probatoria, por cuanto se considera que efectivamente se acreditaron los
supuestos necesarios para tener por transgredidos los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y al patrimonio público”.
42. En segundo lugar, expresó su inconformidad con la sentencia recurrida por
“haber incurrido en error de hecho por suposición de unas situaciones no
acreditadas en el proceso”.
43. Al respecto, la Sala considera que el demandante omitió el deber de la carga
argumentativa del recurso de apelación; ello, en tanto no sustentó cada uno de los
planteamientos propuestos, como pasa a verse: en relación con la primera
inconformidad presentada, el recurrente no indicó cuáles pruebas y de qué forma
permitían probar los supuestos para la configuración de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del
patrimonio público. En lo atinente al segundo planteamiento, el actor no describió
aquellas “suposiciones” y menos fundamentó los motivos por los cuales consideró
que no estaban probadas en el proceso.
44. Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección ha venido considerando
que la parte apelante es quien tiene la obligación de asumir la carga procesal
argumentativa dado que el objeto del recurso es controvertir uno o varios de los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
fundamentos de la sentencia proferida por el a quo, lo que, a su vez, supone una
limitación en la competencia del Juez superior. Al respecto, la Sala se ha referido
en los siguientes términos:
“[…] [V]alga recordar que, en los términos del numeral 3° del artículo 322 Código
General del Procesal, la carga procesal argumentativa de la apelación es obligatoria,
debido a que el objetivo de ese recurso es controvertir ante el superior jerárquico uno
o varios fundamentos de la sentencia del juez de primera instancia […]”21.
45. A su turno, la Sala también ha expresado que para proferir la decisión no
basta con haberse aportado la prueba que permita determinar la violación, sino que
el recurrente debe haber cumplido con una carga argumentativa mínima que permita
realizar un estudio sobre las razones manifestadas22.
46. De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera que quien apela, está obligado a
precisar las inconformidades contra la decisión judicial que considera contraria a
sus pretensiones, con la finalidad de que el juez de segunda instancia las confronte
con los argumentos expuestos en la providencia judicial recurrida. En el caso sub
examine, este deber se incumplió, lo cual implica que si la Sala resuelve en segunda
instancia excedería los límites de la competencia fijados en la ley para el
conocimiento del recurso de apelación y conllevaría, a su vez, la transgresión del
derecho fundamental al debido proceso de la parte demandada.
47. Así las cosas, el artículo 322 del Código General del Proceso, aplicable de
conformidad con la remisión expresa que efectúa el artículo 37 de la Ley 472,
establece que cuando no se satisface el deber de la carga argumentativa del recurso
de apelación, éste debe declararse desierto, como se aprecia a continuación:
“[...] Artículo 322 Oportunidad y requisitos23. El recurso de apelación se propondrá
de acuerdo con las siguientes reglas: [...]
Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso
en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días
siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera
de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le
hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el
superior.
Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las
razones de su inconformidad con la providencia apelada.
21 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de marzo de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, número único de radicación: 880012333000201800021-01.
22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de noviembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 250002341000201401431-02.
23 De conformidad con la remisión del Artículo 37 de la Ley 472.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera
oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión
adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma
prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el
recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado
[…]” (Negrillas fuera del texto original)
48. Con fundamento en la citada disposición normativa, esta Corporación24 ha
declarado desiertas aquellas apelaciones en las que el recurrente no cumplió con el
deber de sustentar su apelación, tal y como ocurre en el caso sub iudice. En tal
sentido, la Sala declarará desierto el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Quindío.
Conclusiones
49. La Sala declarará desierto el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, por cuanto incumplió el deber de la carga procesal
argumentativa del recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR desierto el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia de 22 de abril de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
24 Ibidem Cfr. 29. Decisión que, a su vez, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera Consejero ponente. Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá D.C., sentencia de 15 de
septiembre de 2016. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Consejero
ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013).
Radicación número: 08001-23-333-004-2012-00173- 01(20135). Actor: Sociedad DORMIMUNDO LTDA.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Auto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Núm. único de radicación: 630012333000202100164-01
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Quindío, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.