Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2021-00167-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2021-00167-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 63001-23-33-000-2021-00167-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
22 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 63001-2333-000-2021-00167-01
Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS
Accionado: BRYANT STIVEN NARANJO RAIGOZA
Tema: INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS COMO CAUSAL DE
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE LOS CONCEJALES- NO INCURRE EN LA
CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA POR INDEBIDA DESTINACIÓN
DE DINEROS PÚBLICOS, CUANDO SE TRATA DE POSIBLES
IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante, ciudadano José
Enrique Molina Rojas, en contra de la sentencia de 9 de febrero de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se denegó la solicitud
de pérdida de investidura del concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura
1. El ciudadano José Enrique Molina Rojas, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control de que trata el artículo 143 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante
CPACA-, presentó solicitud1 ante esta jurisdicción con el propósito de que se
decrete la pérdida de investidura del concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza,
elegido para el período constitucional 2020-2023, en el siguiente sentido:
«[…] 4.1.- PRIMERA: se decrete la PERDIDA DE INVESTIDURA, del Señor BRYANT
(sic) STIVEN NARANJO RAIGOZA C.C. No. 1.094.912.573, como concejal de
Municipio de Armenia Quindío, para el periodo Constitucional 2020-2023.
4.2.-SEGUNDA: DECLÁRESE consecuencialmente con la PÉRDIDA DE LA
INVESTIDURA como concejal del municipio de Armenia Quindío, la cancelación de la
credencial que la Organización Electoral – Registraduría Nacional del Estado Civil le
expidió al ciudadano BRYANT STIVEN NARANJO RAIGOZA C.C. No. 1.094.912.573,
1Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 002. Demanda.
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ACCIONADO: BRYANT STIVEN NARANJO RAIGOZA
electo para el período constitucional 2020 – 2023, y se DECLARE la condigna
inhabilidad y/o inelegibilidad permanente para ocupar cargos por elección popular.
4.3.- TERCERA: ORDÉNESE como consecuencia de las anteriores declaraciones y de
la cancelación de la credencial expedida por la Organización Electoral – Registraduría
Nacional del Estado Civil, ofíciese a esta última Entidad para que se llame a ocupar la
curul vacante a quien ocupa el renglón siguiente en orden descendente de la lista
correspondiente reemplazando al señor BRYANT STIVEN NARANJO RAIGOZA C.C.
No 1.094.912.573.
4.4.-CUARTA: ORDÉNESE la expedición de las comunicaciones respectivas al Consejo
Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Gobernación del
Departamento del Quindío y al Concejo Municipal de Armenia Quindío, para lo de su
competencia […]».
I.1.1. Los hechos juzgados en este proceso
2. Los hechos relevantes que sustentan la solicitud de pérdida de investidura, en
síntesis, son los siguientes: (i) el concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza, en su
calidad de presidente del concejo municipal de Armenia, Quindío, y dada su
condición de ordenador del gasto, el día 28 de diciembre de 2020 suscribió el
Contrato Interadministrativo CMAQ-CI-004 con la Escuela Superior de
Administración Pública -en adelante ESAP-, cuyo objeto consistió en desarrollar el
concurso público y abierto de méritos para la elección del personero municipal de
Armenia, para el período 2020-2024, y (ii) la cláusula quinta relativa al valor y forma
de pago, pactó realizar, a la firma del negocio jurídico, un pago único a la ESAP por
valor del 100% del valor del contrato, equivalente a la suma de $50.990.128,00,
quebrantando así la limitación normativa prevista en el parágrafo del artículo 40 de
la Ley 80 de 1993.
1.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura invocada en la
demanda
3. El accionante invocó la configuración de la conducta prevista en el numeral 3° del
artículo 33 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el numeral 4° del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, disposiciones normativas que, de manera coincidente,
contemplan la causal de indebida destinación de dineros públicos.
4. Consideró que la inclusión de la cláusula quinta (5ª) del Contrato
Interadministrativo CMAQ-CI-004 de 2020 relacionada con el pago único y
anticipado del 100% del valor del contrato, contraría la limitación normativa del
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, disposición según la cual en ningún
caso el pago anticipado o la entrega de anticipos pueden exceder el 50% del valor
del respectivo contrato. Con esa conducta, en su sentir, el inculpado «[…] aplicó los
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dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento».
5. El solicitante, apoyándose en los lineamientos jurisprudenciales que demarcan las
diferencias existentes entre la figura del anticipo -el cual se entrega al contratista para que
invierta en la ejecución del contrato- y la del pago anticipado -que consiste en la remuneración
entregada antes de que se cumplan las obligaciones contractuales del contratista-, subrayó que
el monto de ambas no puede superar el 50% del valor del contrato. Igualmente,
precisó que la libertad de su estipulación no es ilimitada, pues se deben atender los
límites en la cuantía, los preceptos constitucionales y legales, en especial, los
principios y finalidades del Estatuto Contractual y aquellos que enmarcan una buena
administración de los temas públicos. Por ello, en su sentir, la determinación de
anticipos o pagos anticipados en los contratos estatales debe estar precedida de la
existencia de fundadas razones de carácter técnico y/o económico.
6. Subrayó que la causal de pérdida de investidura invocada se configura como
consecuencia de las irregularidades cometidas en la autorización para la
contratación o la ejecución de las actividades presupuestales, «[…] ya fuere por
desconocimiento de los requisitos formales o por ilicitud en el objeto». Puntualizó,
además, que dada la naturaleza de tipo político-disciplinario del juicio de
desinvestidura, la conducta que se examina es sustancialmente distinta de los tipos
penales, por lo que no es necesario que los bienes hubieran sido confiados al
concejal en administración o custodia en razón de sus funciones, sino que basta
que el servidor público elegido popularmente hubiera omitido sus responsabilidades
y, como consecuencia de ello, se hubiera ocasionado o permitido una incorrecta,
ilícita e injusta destinación del patrimonio público.
7. Alegó que la indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de
investidura puede configurarse de múltiples maneras, pues basta que el congresista
-o concejal en este caso-, por un comportamiento éticamente reprochable hubiera dado
lugar al detrimento del erario. De allí que, en su criterio, las irregularidades
cometidas en la autorización para el pago anticipado del 100% del valor del contrato,
en flagrante y clara transgresión a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la
Ley 80 de 1993 -Estatuto de la Contratación-, dan lugar a la configuración de la causal
de pérdida de investidura asociada a la indebida destinación de dineros públicos.
8. Por otro lado, aseguró que la causal de pérdida de investidura se encuentra
acreditada desde el punto de vista presupuestal, teniendo en cuenta que las
erogaciones se realizaron de manera efectiva, y ello, aclaró, independientemente
de que se pretenda obtener o no un beneficio económico propio o ajeno y de la
existencia de una sentencia condenatoria en materia penal.
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9. Frente al análisis del aspecto subjetivo, resaltó que el accionado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, lo cual ubica su conducta en el escenario del dolo. Para ello, resaltó que
el inculpado realizó el curso de capacitación con la ESAP para tomar posesión de
su curul como concejal, circunstancia demostrativa de su intención positiva de omitir
el cumplimiento de las normas constitucionales y legales aplicables en materia de
contratación estatal.
10. Por otro lado, anotó que no resultan aplicables los principios de buena fe y de
confianza legítima, pues no es posible aducir la existencia de conceptos, sentencias
o pronunciamientos judiciales que validen las irregularidades cometidas en la
autorización para el pago anticipado del 100% del valor del contrato y para la
ejecución de las actividades presupuestales del pago que realizó.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
11. El magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío a cargo de la sustanciación
del proceso, mediante auto de 24 de noviembre de 20222, inadmitió la solicitud de
pérdida de investidura y concedió al accionante un plazo de diez (10) días, con el
fin de que el solicitante subsanara el requisito previsto en el numeral 8° del artículo
162 del CPACA, relativo al envío de la demanda y sus anexos al acusado y ordenó
oficiar al concejo municipal de Armenia, a efectos de que certificara cuál fue la última
dirección física y electrónica del accionado. Subsanados los defectos evidenciados,
mediante providencia de 12 de enero de 20223, admitió la solicitud y ordenó la
notificación personal al acusado y al agente del ministerio público, en los términos
de los artículos 9 y 10 de la Ley 1881 de 2018.
I.3. La contestación de la demanda por el acusado
12. El concejal accionado, por conducto de apoderado judicial contestó de manera
oportuna a la demanda4, apoyado en los siguientes argumentos de defensa:
13. Siguiendo el derrotero de la jurisprudencia de esta Corporación, enfatizó que
«[…] no toda irregularidad en la contratación, o en el procedimiento para adelantarla,
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3 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 015. Auto
Admite Demanda. Pdf.
4 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 018:
Contestación demanda. Pdf.
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configura indebida destinación de dineros públicos», pues tal conducta prevista
como causal de pérdida de investidura opera «[…] sólo “cuando quiera que (en
virtud del contrato, como sería en este caso) recae o se aplica a un fin o propósito
distinto, o contrario al que legal o reglamentariamente se encuentra previsto o
destinado un determinado bien, o cuando versa sobre algo prohibido, ilícito o injusto,
o innecesario».
14. Consideró que el Contrato Interadministrativo CMAQ-CI-004 de 2020, suscrito
entre la ESAP y el inculpado, en su condición de presidente y ordenador del gasto,
en su cláusula primera dispuso lo siguiente: «[…] [d]esarrollar el concurso público y
abierto de méritos para la elección del personero municipal de Armenia,
departamento del Quindío, para el periodo constitucional 2020-2024», de tal suerte
que: «[…] el propósito, objeto y actividad contratada con la relación contractual en
mención y la consecuente destinación de dineros está lejos de ser ilegal o
prohibida», pues según el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, los concejos municipales o distritales tienen a
su cargo la elección del personero municipal, proceso de selección que debe estar
precedido del concurso público de méritos, lo cual se desarrolló a través de la
relación contractual reprochada.
15. También indicó que, en el parágrafo de la cláusula 5ª del contrato
interadministrativo, se dispuso que: «[e]l valor del contrato se encuentra amparado
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00286 del 11 de diciembre de
2020». Por ello, y contrario a lo sostenido por el solicitante para la ejecución del
negocio jurídico por el monto fijado se requirió de la disponibilidad presupuestal
correspondiente.
16. En desarrollo de su argumentación, sostuvo que tampoco se acreditó el efectivo
menoscabo al erario, como presupuesto exigido para la configuración de la causal
de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos. Por ello, en
su sentir: «[…] no es plausible alegar que la existencia de un posible vicio en la
forma en que se pactó la modalidad de pago implica la existencia de una afectación
al patrimonio público, pues como lo ha precisado el Consejo de Estado, la afectación
debe provenir o concretarse materialmente en el objeto, actividad o propósito
prohibido; así, se echa de menos a partir de los supuestos fácticos enunciados por
el señor Molina Rojas cuál o qué afectación existió en el erario».
17. Insistió en que, a partir de una lectura textual de la cláusula 5ª del referido
contrato interadministrativo, las partes acordaron un único pago, sin establecer
pagos anticipados o anticipos, aseverando, entre otras razones, que corresponde al
juez contractual delimitar el alcance de tal obligación.
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18. Por otro lado, añadió que el objeto del contrato administrativo se cumplió, pues
consta que las obligaciones pactadas se efectuaron a satisfacción, «[…] como se
puede observar al revisar el Concurso de Méritos Personero Municipal II – Periodo
2020-2024 en la página web de la ESAP, donde se pueden verificar los resultados
de las pruebas realizadas a los aspirantes dentro del concurso de méritos de
Personero del Municipio de Armenia y los diferentes comunicados y actuaciones
desplegadas a lo largo de dicho proceso».
19. A partir de todo lo anterior, concluyó señalando lo siguiente: «[…] primero, el
Contrato Interadministrativo Nº CMAQ-CI-004 de 2020 fue suscrito con un objetivo
legalmente válido, al tener como finalidad el desarrollo del concurso público de
méritos que se debe realizar previo a la elección del Personero Municipal; segundo,
fue suscrito por el Concejo Municipal de Armenia, quien de acuerdo con el artículo
170 de la Ley 136 de 1994 es quien tiene a cargo la función de elegir al Personero
Municipal; y tercero, está demostrado en la página web de la ESAP, en los
documentos que se allegaran como prueba en el presente escrito -Listado de
resultados definitivos de pruebas y listado de resultado definitivo de valoración de
antecedentes-, y en la elección de la actual Personera del Municipio de Armenia,
que el objeto del Contrato Interadministrativo Nº CMAQ-CI-004 de 2020 fue debida
y cabalmente satisfecho por la ESAP».
I.4. Trámite del proceso judicial en primera instancia
20. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 1° de
febrero de 20225, abrió el proceso a pruebas y fijó fecha para la realización de la
audiencia pública prevista en el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018, el día 7 de
febrero, hora 9:30 am.
21. En el día y hora señalada se celebró la audiencia pública; en cuyo desarrollo se
escucharon las intervenciones del solicitante, del Procurador 13 Judicial II para
Asuntos Administrativos y de la apoderada del acusado, quienes también allegaron
sus intervenciones por escrito. De lo acaecido en el desarrollo de dicha diligencia,
se levantó la correspondiente acta6.
5 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 023. Auto
Decreta Pruebas. Pdf.
6 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 034.1. Acta
de Audiencia de Intervenciones. Pdf.
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22. Intervención del accionante. El solicitante7 reiteró lo expuesto en el escrito de
solicitud, en torno a que la inclusión de la cláusula 5ª en el Contrato
Interadministrativo CMAQ-CI-004, mediante la cual se pactó realizar, a la firma del
negocio jurídico, un pago único a la ESAP por valor del 100% del valor del contrato,
equivalente a la suma de $50.990.128,00, quebrantó lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dando lugar a la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos, pues los dineros públicos
se aplicaron a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
23. Intervención del Procurador 13 Judicial II para Asuntos Administrativos. El
señor representante del Ministerio Público emitió concepto8 en el cual solicitó que
se debían despachar desfavorablemente las pretensiones de la solicitud.
24. El concepto del representante de la sociedad, luego de hacer referencia a las
generalidades del régimen de pérdida de investidura y a los eventos para
configuración de la causal prevista en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, se orientó a señalar que existen elementos de prueba suficientes que
demuestran el cumplimiento del objeto contractual.
25. El procurador judicial también consideró que: «[…] en este caso en particular no
es ilegal ni inconstitucional plantear un pago único, bajo la perspectiva teleológica
del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993», por lo que, si en gracia de
discusión, se predicara la violación de la norma referida, lo cierto es que no se
encuentra acreditado el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
analizada.
26. Intervenciónde la apoderada del accionado. El concejal acusado9, por
conducto de su apoderada judicial, reiteró los argumentos esbozados en el escrito
de contestación de la demanda, por lo que solicitó que se despacharan
desfavorablemente las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura.
7 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 034.5.
Intervención demandante.
8 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. 034.3. Intervención 034.3.
Procurador. Pdf.
9 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. 034.3. Intervención 034.4.
Intervención Apoderada Ddo. Pdf.
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I.5. La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío
27. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia de 9 de febrero de
2022, emitió fallo en virtud del cual denegó la solicitud de pérdida de investidura del
acusado Bryant Stiven Naranjo Raigoza, concejal del municipio de Armenia, elegido
para el período constitucional 2020-2023.
28. En criterio del Tribunal de primera instancia, el problema jurídico a resolver
radica en establecer si el presidente del concejo municipal de Armenia, Quindío,
Bryant Stiven Naranjo Raigoza se encuentra objetivamente incurso en la causal de
indebida destinación de dineros públicos, prevista como configurativa de pérdida de
investidura en el numeral 3° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral
4° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. En caso afirmativo, debía analizarse si se
encuentra probado el elemento subjetivo o de la culpabilidad.
29. El Tribunal también se refirió a la línea jurisprudencial de la institución de pérdida
de investidura, a la causal específica de indebida destinación de dineros públicos y
a lo probado en el proceso.
30. Frente a este último aspecto, encontró acreditado, en primer lugar, que el señor
Bryant Stiven Naranjo Raigoza, en su calidad de presidente del concejo municipal
de Armenia, suscribió con la ESAP el Contrato Interadministrativo CMAQ-CI-004 de
2020, cuyo objeto consistía en: «[d]esarrollar el concurso Público y abierto de
méritos para la elección del personero municipal de Armenia, departamento del
Quindío, para el período constitucional 2020 – 2024». En segundo lugar, también
encontró demostrado que la cláusula quinta del citado negocio jurídico pactó el pago
único del mismo, así: «[…] CLÁUSULA QUINTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El
valor del presente contrato es la suma de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE ($50.990.128,00). los cuales
se cancelarán en un único pago por el 100% del valor del contrato a la suscripción
del contrato interadministrativo. PARÁGRAFO. El valor del contrato se encuentra
amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00286 del 11 de
diciembre de 2020 […]».
31. Posteriormente, y al descender al caso en concreto, encontró demostrada: (i) la
calidad de servidor público del acusado, y (ii) la presencia de dineros públicos, al
ratificar que el referido contrato interadministrativo estuvo amparado con el
certificado de disponibilidad presupuestal 00286 de 11 de diciembre de 2020 y por
el registro presupuestal 01050. Sin embargo, no encontró probada la indebida
destinación de dineros públicos.
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32. Para arribar a esta última conclusión, el Tribunal recordó que el Contrato
Interadministrativo CMAQ-CI-004 de 2020 celebrado entre el concejo municipal de
Armenia y la ESAP, tenía como objeto desarrollar el concurso público y abierto de
méritos para la elección del personero de Armenia, para el período 2020-2024,
aclarando que en las consideraciones del referido acuerdo de voluntades quedó
consignado que ello se realizaba en cumplimiento de los mandatos constitucionales
y legales, en especial, los contenidos en los artículos 313 de la Constitución Política
y 170 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012.
33. Destacó que, según lo normado por el artículo 313, numeral 8°, de la Constitución
Política; por el Acto Legislativo 02 de 2015, que introdujo una modificación en el
artículo 126 de la Constitución Política; por el artículo 170 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, y por el Decreto 2485 de 2014,
a su vez compilado en el Decreto 1083 de 2015, los concejos municipales deben
elegir al personero para el período que fije la ley previa convocatoria pública,
quedando limitado el sistema de discrecionalidad de las dumas municipales y
distritales en la selección del mencionado funcionario; proceso en el cual debían
garantizarse los principios de transparencia y de igualdad.
34. Por tal motivo, mal haría en considerarse que, al haberse ordenado el pago
anticipado del contrato interadministrativo, como se afirma en la demanda, se
hubiere incurrido en la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de
dineros públicos, pues no se trata de una erogación dirigida a fines expresamente
prohibidos, innecesarios o injustificados, o para obtener un incremento patrimonial
en favor propio o de un tercero. Por el contrario, aseveró que el objeto del Contrato
Interadministrativo CMAQ CI-004 de 2020 guarda relación con una finalidad legítima
desde el punto de vista constitucional y legal, consistente en elegir al personero
municipal.
35. Para concluir, anotó que, para que se configure la referida causal de pérdida de
investidura, no resulta suficiente que el inculpado incurra en una eventual falta
disciplinaria, penal o fiscal, sino que es necesario que los dineros públicos se
hubieren destinado o invertido en fines prohibidos, innecesarios o injustificados;
circunstancia que no se encuentra demostrada en el sub examine.
36. Por último, el a quo ordenó la compulsa de copias con destino a la Procuraduría
General de la Nación, por conducto de sus delegados, con el fin de que se determine
si, con su actuar, el concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza incurrió en la comisión
de alguna falta disciplinaria.
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I.6. El recurso de apelación interpuesto por el solicitante
37. El accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, en el cual solicita que se revoque tal pronunciamiento y, en su
lugar, se acceda a la solicitud de pérdida de investidura10.
38. Alegó que se encuentra probado que el concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza,
en su condición de presidente del concejo municipal de Armenia, y actuando como
ordenador del gasto, al haber incorporado la cláusula quinta (5ª) del Contrato
Interadministrativo CMAQ CI-004 de 2020, mediante la cual se autorizó un pago
único y anticipado del 100% del valor del contrato, transgredió lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
39. Con esa conducta, a juicio del recurrente, se destinaron los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos
recursos se encuentran asignados, lo que significa que tales dineros se aplicaron a
objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución
Política, la ley o el reglamento.
40. De esta manera, señaló que: «[…] cuando el concejal Bryant Stiven Naranjo
Raigoza determina y ordena el pago anticipado del 100% del valor total del contrato
Interadministrativo No. cmaq-ci-004 de 2020 cuyo objeto es el de Desarrollar el
concurso Público y abierto de méritos para la elección del personero municipal de
Armenia, departamento del Quindío, para el período constitucional 2020 – 2024,
DESTINA RECURSOS PÚBLICOS INDEBIDAMENTE, pues siendo legal su
celebración, no lo es así su pago, por lo cual puso en riesgo la inversión del Estado,
sin la exigencia de ninguna clausula (sic) que garantizara la inversión y obligara a
cumplirse también los tiempos de ejecución».
41. Finalmente reiteró que en el presente caso quedó demostrado el elemento
subjetivo de la conducta, pues el concejal inculpado recibió capacitación ante la
ESAP, previa a su posesión como servidor público.
10 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 038.
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I.7. Trámite del recurso de apelación
42. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en la primera instancia,
mediante proveído de 28 de febrero de 202211 concedió, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación interpuesto por el solicitante en contra de la sentencia de
primera instancia.
43. Repartido el proceso en segunda instancia12, mediante auto de 16 de marzo de
202213 se admitió el recurso de apelación y se corrió traslado a las partes y al agente
del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.
Una vez surtida la notificación de la precitada providencia judicial14, todos los sujetos
procesales guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
44. La Sala de Decisión, por razones metodológicas y con el propósito de resolver
la presente controversia, abordará el análisis de los siguientes temas: (i)
competencia; (ii) acreditación de la condición de concejal de la parte acusada para
la época de los hechos juzgados; (iii) planteamiento del problema jurídico a resolver
en el sub judice; (iv) causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos y su desarrollo jurisprudencial; (v) lo probado en el proceso, y,
finalmente, procederá al (vi) análisis del caso concreto y al estudio de la
configuración de los elementos de la causal.
II.1. La competencia
45. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201915; y en el artículo 150 del CPACA16.
11 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 041. Auto
Concede Apelación. Pdf.
12 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Índice I.
13 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Índice 4.
14 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Informe paso al
despacho. Índice 8.
15
«Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
16 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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II.2. La acreditación de la condición de sujeto pasivo del presente mecanismo
de control de pérdida de investidura para la época de los hechos
46. El señor Bryant Stiven Naranjo Raigoza tiene la condición de concejal del
municipio de Armenia, Quindío, para el período 2020-2023, conforme lo acredita (i)
el formulario E-26 CON expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y
ii) la certificación de 4 de febrero de 2022, expedida por la secretaría general del
concejo de Armenia, Quindío, en la cual se señala que «[…] revisando la
información que reposa en esta entidad, se encontró que el señor concejal BRYANT
STIVEN NARANJO RAIGOZA, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.094.912.573 expedida en Armenia Q., fungió como presidente de la Corporación
para la vigencia fiscal 202017».
47. Con fundamento en dicha prueba documental queda acreditada la condición del
acusado como sujeto pasivo del presente mecanismo de control de pérdida de
investidura, cumpliéndose el requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de la Ley
1881 de 201818, norma que resulta aplicable a los procesos de pérdida de
investidura de los concejales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la misma
ley19.
II.3. El planteamiento del problema jurídico
48. En los términos señalados en el recurso de apelación, la Sala debe entrar a
definir si el concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza incurrió en la comisión de la
causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos,
prevista en el numeral 3° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, en
concordancia con el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de
2000, teniendo en cuenta que, en su calidad de presidente de la corporación pública
y ordenador del gasto, suscribió con la ESAP el Contrato Interadministrativo CMAQ-
CI-004, el día 28 de diciembre de 2020, cuyo objeto consistió en desarrollar el
concurso público y abierto de méritos para la elección del personero municipal de
Armenia, departamento del Quindío, para el período 2020-2024, en cuya cláusula
quinta se pactó realizar, a la firma del negocio jurídico, un pago único por valor del
17Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 33.1.
Respuesta al requerimiento del concejo. Punto 5.
18 «ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá
formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la
Organización Electoral Nacional […]».
19 «ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los
procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
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100% del valor del contrato, equivalente a la suma de $50.990.128,00, por lo que
supuestamente se quebrantó la limitación normativa prevista en el parágrafo del
artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
49. En razón de lo anterior, la Sala deberá establecer si los hechos y
comportamientos invocados por el peticionario en el escrito de solicitud encajan o
no en alguno de los eventos desarrollados por la jurisprudencia para entender
configurada la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos.
50. En el evento de encontrar configurado el elemento objetivo, la Sala entrará a
establecer si se estructuró o no el elemento subjetivo o de la culpa, en los términos
definidos en la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de
201920, la cual concibe la pérdida de investidura como un proceso de carácter
sancionatorio de tipo subjetivo, lo que significa que, para determinar si un concejal
incurrió en las causales que se le imputan se debe empezar por analizar,
inicialmente, el aspecto objetivo de la conducta, lo que implica establecer si los
hechos invocados en la solicitud y que se le atribuyen al servidor público, se
adecúan a la causal endilgada, y solo después de superado dicho escrutinio, se
deberá analizar si aquella conducta se realizó en forma dolosa o gravemente
culposa.
II.4. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
públicos y su desarrollo jurisprudencial
51. La causal de pérdida de investidura alegada en el presente caso aparece
contemplada en el numeral 3° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, y en el numeral
4° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, normas que son del
siguiente tenor:
[…] Ley 136 de 1994
20 «ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>
El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido
en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.
Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política.
PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción
electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre
el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo
juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura.
En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de
nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal».
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Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los concejales perderán su
investidura por: (…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas y subrayas por
fuera de texto).
[…].
Ley 617 de 2000
Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales Municipales y
Distritales y de Miembros de Juntas Administradoras Locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
[…]
4. Por indebida destinación de dineros públicos […] (Negrillas y subrayas de la
Sala).
52. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos
no aparece definida de manera expresa por la ley, por lo que la jurisprudencia de
esta Corporación, en ejercicio de la labor hermenéutica ha cumplido una tarea
trascendental a la hora de delimitar los eventos y contornos para su configuración.
53. En sentencia de 5 de febrero de 2001, se indicó que, para la configuración de
esta causal de pérdida de investidura es necesaria la concurrencia de los siguientes
elementos: (i) un sujeto activo, que ostente la condición de servidor público de
elección popular; (ii) una conducta prohibida determinada por el verbo rector
<<destinar>> y marcada por la circunstancia de modo que la cualifica, esto es, que
sea <<indebida>>, y (iii) el objeto sobre el cual recae la acción que corresponde al
bien jurídico protegido que son los <<dineros públicos>>21.
54. La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 28 de marzo de
201722, retomó los elementos anteriores y a partir de una interpretación gramatical
del artículo 183, numeral 4° de la Constitución Política, que guarda idéntico
contenido con la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4° del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, indicó que para la estructuración de la conducta
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de febrero de 2001, actor:
Jorge Iván Manzano Quintero, expediente: AC-10528 y AC 10967 (ACUMULADOS), accionante: Jorge Iván
Manzano Quintero y otros, accionado: Juan Ignacio Castrillón Roldán, CP: Germán Ayala Mantilla.
22 Sentencia del 28 de marzo de 2017, expediente: 11001-0315-000- 2015-00111, demandado: Carlos Enrique
Soto, Magistrado Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Otras providencias pueden consultarse como:
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
sentencia de 21 de octubre de 2020, radicado: 11001-03-15-000-2020-00517-00(PI), actor: Manuel Segundo
Unda García, demandado: José Vicente Carreño Castro, MP: María Adriana Marín.
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es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que se ostente la condición
de congresista, en este caso, concejal; (ii) que se esté frente a dineros públicos y,
(iii) que estos dineros sean indebidamente destinados.
55. Existe consenso jurisprudencial en aceptar que las causales de pérdida de
investidura son autónomas e independientes de los tipos penales, pues si bien
existen algunas conductas que dan lugar al juicio de reproche ético de
desinvestidura que coinciden con las previstas en el derecho punitivo, no
necesariamente debe tratarse de comportamientos tipificados por el ordenamiento
jurídico como delitos, en atención a que se trata de procesos que persiguen objetos
y finalidades diferentes.
56. Al respecto, debe precisarse que el parágrafo 2° del artículo 296 de la Ley 5ª de
1992 - Reglamento Interno del Congreso de la República- que establecía que para la
configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos se requería sentencia penal condenatoria, fue declarado
inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 319 de 199423. Para
el alto tribunal, el legislador condicionó la aplicación de dicha causal a un requisito
previo y adicional que no fue previsto en la Constitución Política, lo que llevó a
declarar la inconstitucionalidad de dicho precepto normativo.
57. A manera de casuística, cuando se trata de la celebración de contratos estatales,
en clave del análisis de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos, se ha señalado que se configura cuando el servidor público,
actuando como ordenador del gasto contrata objetos innecesarios, superfluos,
inconvenientes o prohibidos o no autorizados por el ordenamiento jurídico,24 por
ejemplo, cuando se contratan objetos contrarios a las normas en materia de
austeridad en el gasto25.
58. En este sentido, conforme lo ha sostenido esta jurisdicción, si bien es cierto que
la celebración de contratos constituye una clara forma de dar destino a los dineros
públicos, no toda irregularidad en la contratación o en el procedimiento para
23 MP: Hernando Herrera Vergara.
24 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 10 de octubre de 2000, radicado: AC- 10526, actor: Jaime
Jurado Alvarán, demandado: Alonso Rafael Acosta Osorio.
25
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 3 de octubre de 2000, CE-SP-EXP2000-NAC10529-AC10968,
AC-10529-AC-10968, actor. Emilio Sánchez Alsina y Pablo Bustos Sánchez, demandado: Emilio Martínez
Rosales, MP: Darío Quiñones Pinilla.
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adelantarla da lugar a una indebida destinación de dineros públicos. Así lo precisó
la Sala Plena en sentencia de 5 de septiembre de 200026:
«[…] No puede perderse de vista de que no toda irregularidad en la contratación, o
en el procedimiento para adelantarla, configura indebida destinación de dineros
públicos. La indebida destinación de dineros públicos se da, como lo ha
precisado la Sala, sólo “cuando quiera que (en virtud del contrato, como sería en
este caso) recae o se aplica a un fin o propósito distinto, o contrario al que legal
o reglamentariamente se encuentra previsto o destinado un determinado bien, o
cuando versa sobre algo prohibido, ilícito o injusto, o innecesario.” 27
Por consiguiente, como ya también lo explicó la Sala en sentencia de 30 de mayo de
2.000, “el elemento tipificador de la causal de pérdida de investidura bajo análisis, está
en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, con su conducta
funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o
distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o
el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc.”.
Cuando no se presenta ese elemento tipificador y únicamente se está en presencia
de irregularidades, como por ejemplo, cuando se contratan bienes y servicios
estrictamente necesarios y por su valor real pero se omiten requisitos o formalidades
en la preparación o formación del contrato previstos en la ley, o con personas
inhabilitadas para contratar o no inscritas debidamente en el registro de proponentes, o
no se garantiza la participación de oferentes nacionales, etc., habrá ciertamente
contratación indebida, que da lugar a responsabilidad contractual para el servidor
público (art. 50 ley 80 de 1.993), mas no por ello indebida destinación de dineros
públicos».
26 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 5 de septiembre de 2020, AC-10753, actor: Miguel Ángel
Castillo, demandado: Antenor Duran Carrillo, MP: Juan Alberto Polo Figueroa.
Otras sentencias:
Sentencia de 30 de mayo del 2000, expediente AC-9877, Actor: Emilio Sánchez Alsina, Magistrado Ponente
doctor Germán Rodríguez Villamizar,
Reiterada en otras oportunidades:
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 10 de octubre de 2000, radicado: AC-10526, actor: Jaime
Jurado Alvarán, demandado: Alfonso Rafael Acosta Osio, MP: Tarcisio Cáceres Toro.
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 20 de junio de 2000, expedientes acumulados AC-9875 y AC-
9876, Magistrado Ponente Dr., Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
27 (Cita es original de la providencia): Sentencia de 30 de mayo del 2000, expediente AC-9877, Actor: Emilio
Sánchez Alsina, Magistrado Ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar, reiterada en sentencia de 20 de junio
de 2000, expedientes acumulados AC-9875 y AC-9876, Magistrado Ponente Dr., Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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59. A título enunciativo28 se ha señalado que la causal de pérdida de investidura por
indebida destinación de dineros públicos opera cuando el servidor público de
elección popular, en este caso, un concejal, incurre en alguna de las siguientes
conductas: cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados; cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados
pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; cuando aplica
los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento; cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas; cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando la destinación tiene la
finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros.
II.5. Lo probado en el proceso
60. En el presente caso se encuentra demostrado lo siguiente:
61. El concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza, en su calidad de presidente del
concejo municipal de Armenia, y dada su condición de ordenador del gasto, el día
28 de diciembre de 2020 suscribió con la ESAP el Contrato Interadministrativo
CMAQ-CI-004, cuyo objeto era desarrollar el concurso público y abierto de méritos
para la elección del personero municipal de Armenia, para el período 2020-2024.
62. El referido contrato justificó la necesidad de acudir a la modalidad de selección
de contratación directa para adelantar el concurso de méritos del personero
municipal de Armenia, en las siguientes normas legales, reglamentarias y criterios
jurisprudenciales: (i) en el artículo 3° del CPACA, relativo al principio de
coordinación; (ii) en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
35 de la Ley 1551 de 2012, referente a la función a cargo de los concejos
municipales para adelantar la elección del personero, previa convocatoria pública;
(iii) en el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.27.1 que reitera la función a cargo del
concejo para adelantar la elección del personero; (iv) en la Ley 19 de 1958 que
señala que la ESAP es un establecimiento público del orden nacional de carácter
universitario, adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública, dotado
de personería jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera y
patrimonio independiente; (v) en el artículo 2° del Decreto 219 de 2004 y en el
28Consejo de Estado, Sección Primera, radicado: 15001-23-31-000-2006-01178-01
(PI-0117), MP: Martha Sofía Sanz Tobón.
Consejo de Estado, Sección Primera, radicado: 25000-23-15-000-2002-03005-01, actor: Juana Celmira
González Guarnizo, demandado: Germán Antonio Alvira Gamboa, MP: Camilo Arciniegas Andrade.
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numeral 9° del artículo 3°, que establecen, en su orden, que a la ESAP le
corresponde fomentar la investigación, la formación y la difusión en los campos del
saber de la Administración Pública, especialmente, los requerimientos de formación
y capacitación de los servidores públicos y la asesoría a las administraciones en
todos sus órdenes, y realizar, en los términos de ley, concursos para el ingreso al
servicio público, brindar capacitación y asesoría en materia de carrera administrativa
a los organismos de las ramas del poder público y sus funcionarios, para lo cual
podrá suscribir contratos y/o convenios con entidades públicas; (vi) en la Directiva
Presidencial 02 de 12 de marzo de 2020, mediante la cual se señalan las directrices
para atender la contingencia generada por el coronavirus Covid-19, a partir del uso
de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, con el fin de
garantizar la prestación del servicio público; (vii) en el artículo 147 de la Ley 1955
de 2019 sobre transformación digital, y (viii) en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998
que señala que las entidades estatales pueden asociarse entre sí con el fin de
cooperar en el cumplimiento de sus funciones.
63. En el desarrollo de ese contrato, las obligaciones asumidas por las partes fueron
las siguientes:
«[…] CLÁUSULA TERCERA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL:
1. Proveer a la ESAP la información requerida y brindar el apoyo logístico para el
adecuado cumplimiento de su labor.
2. Acreditar a la ESAP como ejecutora de actividades a cargo del Concejo Municipal.
3. Suscribir el acto administrativo que contiene la convocatoria pública y los criterios
del proceso de selección y, efectuar la publicación de acuerdo con el cronograma en su
página web o la del municipio, además de los medios de difusión con que cuente la
Corporación.
4. Expedir el correspondiente registro presupuestal que respalde financieramente el
compromiso.
5. Pagar a la ESAP el valor una vez suscrito el contrato interadministrativo, previa
presentación de cuenta de cobro.
6. Desarrollar la entrevista, publicar sus resultados y remitirlos a la ESAP.
7. Recepcionar los resultados de las pruebas del proceso de selección que remita la
ESAP, sin que pueda modificarlos y/o desconocerlos.
8. Efectuar las publicaciones y comunicaciones que se indican en la convocatoria en
los términos oportunos.
9. Expedir el correspondiente certificado de cumplimiento cuando el objeto del contrato
interadministrativo y las obligaciones mutuas se hayan realizado.
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10. Utilizar la lista de elegibles que se genere hasta su agotamiento con ocasión al
desarrollo del concurso de méritos durante la vigencia del período constitucional del
Personero.
11. Verificar la competencia de quien o quienes suscriban los actos administrativos
derivados del contrato interadministrativo.
12. Verificar la inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades de quien sea
seleccionado como Personero.
13. Las demás establecidas en la Ley, en el presente contrato interadministrativo o que
se produzcan de la naturaleza del mismo
B. OBLIGACIONES POR PARTE DE LA ESAP:
1. Asesorar al Concejo Municipal en el diseño de la convocatoria pública en cuanto al
contenido, publicación y la divulgación de la misma.
2. Asesorar en la elaboración de la convocatoria de acuerdo con los parámetros y
lineamientos previstos en el Decreto 1083 de 2015, guía para el concurso público y abierto de
méritos para elección de personeros municipales elaborada por el Departamento
Administrativo de la Función Pública -DAFP.
3. Diseñar y elaborar los protocolos de inscripción para los aspirantes.
4. Poner a disposición de los aspirantes a través de la página www.esap.edu.co -Concursos
y Convocatorias- la plataforma para la inscripción por medio del diligenciamiento del
formulario, cargue de los documentos en el aplicativo para el concurso y comunicación de
resultados de las pruebas aplicadas.
5. Diseñar y elaborar las pruebas de conocimiento y competencias comportamentales.
6. Revisar los requisitos mínimos requeridos para el cargo presentados por los aspirantes.
7. Aplicar las pruebas escritas en la ciudad o municipio establecido por la ESAP de acuerdo
con el cronograma.
8. Calificar las pruebas de conocimiento y competencias de acuerdo con los protocolos
establecidos por la ESAP, y comunicar los resultados a los aspirantes.
9. Realizar la prueba de valoración de antecedentes de acuerdo con las reglas establecidas
en la convocatoria y comunicar los resultados a los aspirantes.
10. Consolidar los resultados de las pruebas realizadas en el proceso de selección, incluida la
entrevista, y remitirlo al CONCEJO.
11. Atender las reclamaciones presentadas en los términos y condiciones establecidos en el
acto administrativo que contiene los parámetros y criterios del proceso de selección.
12. Apoyar la publicación en la página web de la ESAP www.esap.edu.dco -Concursos y
Convocatorias- de la información y listados de cada una de las fases del concurso.
13. Remitir el certificado de cumplimiento del servicio prestado y el producto entregado […]».
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64. La cláusula quinta del contrato relativa al valor y forma de pago estableció lo
siguiente:
«[…] CLÁUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato
es la suma de CINCUENTA MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO
VEINTIOCHO PESOS M/CTE (50.990.128.00), los cuales se cancelarán en un único
pago por el 100% del valor del contrato a la suscripción del contrato interadministrativo».
65. Cabe resaltar que al expediente se aportaron los siguientes documentos en
relación con el proceso de gestión contractual: (i) Registro Presupuestal No. 01050
de 28 de diciembre de 2020; (ii) Acta de Inicio; (iii) Factura Electrónica de Venta de
29 de diciembre de 2020, por la suma de 50.990.128.00, y (iv) pantallazo de la
página del SECOP I, donde aparece la relación de los siguientes documentos: los
estudios previos, la matriz de riesgo, estudio del sector, la resolución de justificación
de la contratación y el contrato referido29.
66. Es pertinente poner de relieve que, en cumplimiento de las obligaciones pactadas
y con ocasión del desarrollo del concurso de méritos, se expidió la Resolución 052
de 26 de enero de 202130, por medio de la cual se convocó al concurso público y
abierto de méritos para la selección del personero municipal de Armenia, período
2020-2024, el cual sufrió de modificaciones. Surtidas las etapas del concurso, esto
es, la convocatoria, el reclutamiento y las pruebas, mediante Resolución 00620 de
12 de julio de 2021 se publicaron los puntajes definitivos y se conformó la lista de
elegibles31.
II.6. El caso concreto y análisis de los presupuestos para la configuración de
la causal de pérdida de investidura debatida en este proceso
• La cualidad del sujeto activo
67. En el presente caso, tal y como se indicó con anterioridad, se encuentra
demostrada la cualidad del sujeto activo que ejerce la acción, conforme lo acredita
i) el formulario E-26 CON, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
y ii) la certificación de 4 de febrero de 2022, expedida por la secretaría general del
concejo de Armenia, Quindío.
29Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 33.1.
Respuesta al requerimiento del concejo. Punto 6.1.
30 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 33.1.
Respuesta al requerimiento del concejo. Punto 6.1.
31 Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. 63001-2333-000-2021-00167-01. Documento 33.1.
Respuesta al requerimiento del concejo. Punto 6.2.
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68. Por otro lado, el concejalBryant Stiven Naranjo Raigoza, en su calidad de
presidente de la corporación administrativa, con ocasión de la suscripción del
Contrato Interadministrativo CMAQ-CI-004, actuó como ordenador del gasto. De
esta manera, se encuentra acreditado el primer elemento de la causal.
• Que se esté en presencia de dineros públicos
69. Resulta indiscutible que el concejal Bryant Stiven Naranjo Raigoza, al haber
suscrito el Contrato Interadministrativo CMAQ-CI-004 dispuso de unos dineros
públicos que integran el presupuesto de la entidad territorial, encontrándose
satisfecho, entonces, el segundo de los requisitos que componen la causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos. Cabe agregar
que de conformidad con el parágrafo de la cláusula quinta que versa sobre «VALOR
Y FORMA DE PAGO» se señala que «[e]l valor del contrato se encuentra amparado
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00286 de 11 de diciembre de
2020».
• Que los recursos públicos se destinen de manera indebida
70. Sin embargo, no se configura el tercer elemento, pues no se demostró ninguno
de los elementos que tiene previsto la jurisprudencia para la configuración de los
dineros públicos, esto es, que se hubieren destinado dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados, o se hayan aplicado tales
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas o con
la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o para
derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras
personas.
71. Cabe resaltar que esta Sala, en un caso con similares supuestos fácticos y
jurídicos32, sostuvo lo siguiente:
«[…] (i) No se demostró que se hayan distorsionado los fines y cometidos
estatales prestablecidos en la Constitución Política, la ley o el reglamento de los
dineros públicos para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos
para los cuales se encuentran asignados
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de
abril de 2022, radicado: 05001-2331-000-2021-00334-01, actor: José Enrique Molina Rojas,
acusado: Orlando Granados Acevedo, MP: Roberto Augusto Serrato.
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94. En el plenario no se probó que con la celebración del Contrato Interadministrativo
016 el día 23 de diciembre de 2020, se haya producido una distorsión de las finalidades
del gasto público, como uno de los presupuestos que se exige para que se configure la
causal de pérdida de investidura objeto de análisis, pues el objeto de tal acuerdo de
voluntades se ejecutó a cabalidad. En efecto, consta que, en cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el referido acuerdo de voluntades se cumplieron a
satisfacción las etapas del concurso previstas en el Decreto Reglamentario 2485
de 2 de diciembre de 2014, acto administrativo compilado en el Decreto 1083 de
26 de mayo de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector de Función Pública», bajo el título 27 denominado «Estándares
Mínimos para la elección de personeros municipales» (artículos 2.2.27.1 a
2.2.27.6).
95. En obedecimiento a lo anterior, está acreditado que, una vez surtidas las etapas del
concurso (la convocatoria, el reclutamiento y las pruebas) se publicó la lista de elegibles,
mediante la Resolución 43 de 11 de noviembre de 2011. De esta manera, emerge con
total claridad que el objeto del contrato se cumplió.
(ii) No se demostró que se hayan aplicado tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas
93. Es preciso resaltar que el presidente del concejo de Acacías Granados, como
ordenador del gasto, celebró el Contrato Interadministrativo 016 de 2020 en
cumplimiento del mandato constitucional que le otorga la competencia para adelantar
las actuaciones pertinentes para elegir al personero municipal para el período que fije
la ley (artículos 313, numeral 8°, de la Constitución Política, el artículo 35 y 170 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 25 de la Ley 1551 de 2012 y el Título 27 del
Decreto 1083 de 2015).
94. Tal y como se indicó con anterioridad, el legislador del año 2012, al introducir la
modificación al artículo 170 de la Ley 136 de 1994, señaló que la elección del
personero municipal debía realizarse mediante un procedimiento reglado
precedido de un concurso público y abierto de méritos, dejando de lado el criterio
de elección discrecional que pervivió durante varios años, el cual debía realizarse
en cumplimiento de los estándares previstos por la jurisprudencia para garantizar
el cumplimiento de las normas y principios que regulan el acceso a la función
pública, como el derecho a la igualdad, la transparencia, imparcialidad y
publicidad.
95. Por otro lado, se encuentra probado en el expediente que el referido contrato
contó con los estudios necesarios para justificar la necesidad y la oportunidad de
la contratación, y se aportaron los demás documentos de la gestión contractual,
entre ellos, el certificado de disponibilidad presupuestal, con el cual se demuestra
que quedaron garantizados los recursos necesarios del concejo municipal para
efectuar la referida contratación.
96. Ahora bien, cabe recordar que el Decreto 1083 de 2015 prevé como posibilidad
que los concejos municipales acudan a la figura de los convenios interadministrativos
para la realización de los concursos, de la siguiente manera:
[…] ARTÍCULO 2.2.27.6 Convenios interadministrativos. Para la realización del
concurso de personero, los concejos municipales de un mismo departamento que
pertenezcan a la misma categoría, podrán celebrar convenios interadministrativos
asociados o conjuntos con organismos especializados técnicos e independientes
dentro de la propia Administración Pública, para los siguientes propósitos:
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1. La realización parcial de los concursos de personero, los cuales continuarán bajo
su inmediata dirección, conducción y supervisión.
2. El diseño de pruebas para ser aplicadas simultáneamente en los distintos
procesos de selección convocados por los municipios suscribientes.
En tales convenios, los concejos participantes unificarán los criterios de valoración
de la experiencia y de la preparación académica y profesional, centralizando su
evaluación en una única instancia.
97. Así las cosas, no existe asomo de duda que el Contrato Interadministrativo 016
de 2020 se destinó para materias permitidas por la Constitución y la ley, en tanto
que el concejal inculpado, en su calidad de presidente de la corporación y
ordenador del gasto, en cumplimiento de las normas constitucionales y legales
ya referidas, adelantó el proceso de contratación con la ESAP, para efectuar la
elección del personero, el cual debía adelantarse previo concurso público y
abierto de méritos.
98. Por otro lado, si bien es cierto que la cláusula quinta que pactó el valor y la forma
de pago dispuso que «[e]l valor del contrato interadministrativo será de TREINTA Y DOS
MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CUNCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS
($31.485.082,00)» y a renglón seguido, dispuso que «EL CONCEJO en un único
contado a la ESAP, con la suscripción del presente contrato interadministrativo y previa
presentación de cuenta de cobro», no debe perderse de vista que, conforme se indicó
en párrafos precedentes no toda eventual irregularidad en la contratación o en el
procedimiento para efectuarla comporta una indebida destinación de dineros
públicos, pues reiterando el criterio uniforme de esta Corporación, la indebida
destinación de dineros públicos se da, sólo «[…] cuando quiera que (en virtud del
contrato, como sería en este caso) recae o se aplica a un fin o propósito distinto,
o contrario al que legal o reglamentariamente se encuentra previsto o destinado
un determinado bien, o cuando versa sobre algo prohibido, ilícito o injusto, o
innecesario ».
(iii) No se demostró que se hayan aplicado tales recursos con la finalidad de
obtener un incremento patrimonial o no necesariamente económico personal o a
favor de terceros
99. Ahora bien, tampoco se demostró que la celebración del referido contrato haya
tenido como finalidad derivar un beneficio en su favor o en el de terceros, y, por el
contrario, lo que se vislumbra es que con dicho contrato se pretendió la satisfacción de
los cometidos estatales, pues el objeto del Convenio Interadministrativo 016 de 2020
recae sobre una finalidad constitucional y legal, consistente en la elección del personero
municipal de Acacías, para el período constitucional 2020-2024, previa convocatoria
pública». (destacado de la Sala).
72. Por ende, al no quedar demostrado el elemento objetivo de la conducta, la Sala
queda relevada de analizar el elemento subjetivo.
73. En conclusión, al no haberse acreditado que la conducta del acusado dio lugar a
una indebida destinación de dineros públicos, la Sala confirmará la sentencia
recurrida.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se denegó la solicitud de
pérdida de investidura del señor Bryant Stiven Naranjo Raigoza, concejal del
municipio de Armenia, Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
P (5)
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