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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2022-00029-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2022-00029-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia y también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas interesadas, para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente: “[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como el de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección, cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de su negligencia y adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos. 42 El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado con ese objeto.42 […] 10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de protección de los derechos colectivos. Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida. Esto significa que […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 63001-23-33-000-2022-00029-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

18 de abril de 2024

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Radicado: 63001 23 33 000 2022 00029 01
Demandante: Anderson Farid Jaramillo Calvo y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 63001 23 33 000 2022 00029 01
Actor: Anderson Farid Jaramillo Calvo en calidad de Personero del Municipio de
Montenegro – Quindío y la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia
Demandados: Departamento del Quindío – Dirección de Aguas y Saneamiento Básico,
Municipio de Montenegro, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. y Corporación
Autónoma Regional del Quindío
Tesis: Son responsables Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. y el Municipio de
Montenegro de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente, la
salubridad pública y la prestación eficiente y oportuna de servicios públicos
domiciliarios por las deficiencias del sistema de alcantarillado en el Barrio Comuneros
y del vertimiento de aguas residuales en fuentes hídricas, si no han adoptado medidas
definitivas que permita superar la problemática en la prestación del mencionado
servicio público que allí se presenta.
Son competentes un Municipio, una empresa de servicios públicos y Departamento,
para llevar a cabo los trámites presupuestales, técnicos, logísticos, operativos y de
planificación, para la adecuación e instalación de una red alcantarillado pluvial y
sanitaria.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Departamento
del Quindío, el Municipio de Montenegro y las Empresas Públicas del Quindío S.A.
E.S.P., en contra de la sentencia del 9 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío.

I. SÍNTESIS DEL CASO

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Radicado: 63001 23 33 000 2022 00029 01
Demandante: Anderson Farid Jaramillo Calvo y otro

1.1. Anderson Farid Jaramillo Calvo, en calidad de Personero del Municipio de
Montenegro – Quindío, y Mónica del Pilar Gómez Vallejo, como Procuradora 14
Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia, presentaron acción popular1 en contra del
Municipio de Montenegro – Quindío, de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, de las Empresas Públicas del Quindío y del Departamento del Quindío, con
el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos de los habitantes
del Barrio Comuneros al goce de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; a la
seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; al acceso a los servicios públicos y a su prestación
eficiente y oportuna, y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.

Para el efecto formularon las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Se DECLARE que el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO – PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA - DIRECCIÓN DE AGUAS Y
SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO
DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO y a EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. han vulnerado los derechos colectivos de
los habitantes del barrio comuneros del municipio de Montenegro Quindío, al goce
de un ambiente sano, moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a
la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a su prestación
eficiente y oportuna, a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; previstos en los literales a), c), g), lujo en h), j) y i) del artículo 4° de
la ley 472 de 1998, en razón a las omisiones en el cumplimiento de sus funciones.

SEGUNDA. ORDENAR al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO – PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA - DIRECCIÓN DE AGUAS Y
SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO
DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CRQ, MINISTERIO DE
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y a EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO
S.A E.S.P., que adelanten todas las gestiones requeridas para iniciar la
apropiación de los recursos económicos, técnicos, logísticos, operativos, humanos
y de planificación indispensables para la reposición, adecuación y/o instalación
total de la red de alcantarillado pluvial y sanitario del BARRIO COMUNEROS del
Municipio de Montenegro Quindío, atendiendo las necesidades técnicas, en
relación al volumen poblacional, dentro del término perentorio que a bien disponga
el despacho judicial atendiendo la necesidad.

1 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.

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Radicado: 63001 23 33 000 2022 00029 01
Demandante: Anderson Farid Jaramillo Calvo y otro

TERCERA. ORDENAR al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO – PLAN
DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA - DIRECCIÓN DE AGUAS Y
SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO
DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, CRQ y a EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P., que adelanten todos los estudios
pertinentes que permitan valorar los diferentes escenarios de riesgo frente a las
filtraciones de agua y las condiciones del terreno en el cual se encuentra asentado
el BARRIO COMUNEROS del Municipio de Montenegro, y adoptar las medidas de
contingencia que resultaren del mismo, dentro del término perentorio que a bien
disponga el despacho judicial atendiendo la necesidad.

CUARTA. ORDENAR a la SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL
QUINDÍO realizar una caracterización detallada del estado y condiciones de salud
(principalmente respiratoria) de los y las habitantes que residen en el BARRIO
COMUNEROS del Municipio de Montenegro, donde se han presentado y
presentan las afectaciones relacionadas con las redes de alcantarillado pluvial y
sanitario.

En este sentido, que de esta caracterización se informe a su señoría el estado
actual de cada uno de los conciudadanos que sean evaluados y que de
encontrarse afectaciones a la Salud derivadas de esta problemática se tomen de
manera inmediata todas las acciones a que haya lugar para garantizar la
salvaguarda de los derechos e integridad de estos.”2.

1.2. Como sustento de las pretensiones la parte actora expuso lo siguiente:

Mencionó que hace diez (10) años aproximadamente, la comunidad del Barrio
Comuneros del Municipio de Montenegro presenta una problemática respecto al
estado de la red de alcantarillado, toda vez que ésta colapsa por no tener capacidad
suficiente, rebosando las aguas negras por baños, sanitarios y lavaplatos de las
viviendas; aunado al vertimiento inadecuado en las fuentes hídricas aledañas, por
parte de la empresa prestadora del servicio público.

Expresó que tal situación ha sido objeto de denuncias y requerimientos, a los cuales,
entre los años 2020 y 2021, las autoridades cuestionadas han dado respuesta sin
resolver tal situación, pese a informes técnicos producto de visitas realizadas que
evidenciaron la problemática existente.

Aseguró que en el Barrio Comuneros resulta necesario el diseño e implementación de
una nueva red de alcantarillado y que las entidades demandadas no han intervenido
de forma articulada en procura de tal propósito, existiendo un riesgo latente para la
comunidad, a quienes se les está vulnerando los derechos colectivos invocados.

2 Visible a folios 35 y 36 del escrito de demanda

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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.3 manifestó que no ha vulnerado
derecho colectivo alguno de la comunidad, en la medida en que ha realizado
mantenimientos y ha conseguido con el Plan Departamental de Aguas la realización
de una consultoría por medio de la cual se obtuvieron los estudios y diseños para la
construcción de las redes de alcantarillado del barrio los Comuneros de Montenegro.

Señaló que, cuando se han presentado rebosamientos en las viviendas como
consecuencia del taponamiento de la red de alcantarillado, con los mantenimientos se
ha encontrado que, entre otros factores, ello se obedece a un mal uso por parte de los
ciudadanos de la mencionada red, razón por la cual no se puede atribuir
responsabilidad frente a la empresa prestadora del servicio.

2.2. La Corporación Autónoma Regional del Quindío4 presentó informe en el que
se opuso a las pretensiones que recaen frente a dicha entidad. Señaló que algunos
hechos son ciertos, otros lo son parcialmente y otros no lo son. Particularmente, resaltó
que la situación objeto de controversia debe ser resuelta por el prestador del servicio
de alcantarillado y que esa autoridad ambiental ha realizado todas las actuaciones
desde el ámbito de sus competencias para precaver alguna situación vulneradora de
derechos colectivos.

2.3. El Municipio de Montenegro5 en su defensa planteó que no se cumple con los
requisitos previstos por la jurisprudencia del Consejo de Estado 6 para derivar la
protección de derechos e intereses colectivos porque el ente territorial presta el
servicio de forma indirecta, por medio de una persona jurídica, esto es, las Empresas
Públicas del Quindío.

Manifestó que no son ajenos a la problemática relacionada con la falla en el sistema o
red de alcantarillado del Barrio Comuneros y que para ello formuló un plan estratégico

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado número: 17001-23-

33-000-2017-00452-01 (AP).

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que se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo Municipal donde se trazó una
línea de optimización de alcantarillado con su respectivo costo para el cuatrienio 2020
• 2023.

Adujo incumplimiento por parte de las Empresas Públicas del Quindío como prestador
del servicio, en el mejoramiento de la infraestructura de la red de alcantarillado dentro
del municipio y del barrio en específico, así como la falta de colaboración del
Departamento del Quindío a partir de sus competencias legales.

Propuso como excepciones las que denominó: “INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE
INTERESES O DERECHOS COLECTIVOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO ” y
“CONCURRENCIA DE ACCIONES Y OMISIONES DE LOS HABITANTES DEL SECTOR DEL
BARRIO COMUNEROS EN LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
CONCULCADOS”7.

2.4. El Departamento del Quindío8 señaló que es el Municipio de Montenegro el
llamado a solucionar de forma directa la problemática expuesta en la acción popular,
pues la competencia legal se enmarca en el ente territorial, teniendo el Departamento
una función de apoyo y coordinación en relación con los servicios públicos.

Indicó que, en virtud a esas competencias legales, ha realizado gestiones frente a la
problemática, pues desde el Plan Departamental de Aguas contrató los “estudios y
diseños para la construcción y optimización de los colectores, las animas, arabia,
cajones, análisis, estudios y diseño para la solución a la problemática en el sistema de
redes de alcantarillado del barrio comuneros en el municipio de Montenegro Quindío” 9.

Planteó como excepción la de falta de legitimación en la causa por pasiva.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

7 Visible a folios 8 a 20 del escrito de contestación del Municipio de Montenegro – Quindío.
8 Ibidem.
9 Visible a folio 6 del escrito de contestación del Departamento del Quindío

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3.1. El Tribunal Administrativo del Quindío dictó la sentencia del 9 de diciembre de
202210, cuya parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR que el Municipio de Montenegro, las Empresas Públicas
del Quindío – EPQ SA ESP, el Departamento del Quindío y la Corporación
Autónoma Regional del Quindío CRQ son responsables de la vulneración de los
derechos colectivos al goce de un ambiente, la salubridad pública y, la prestación
eficiente y oportuna de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia:

➢ CONDENAR al Municipio de Montenegro, las Empresas Públicas del Quindío –
EPQ SA ESP, el Departamento del Quindío y la Corporación Autónoma Regional
del Quindío CRQ, por medio de sus representantes legales, para que a partir de
los “estudios y diseños para la construcción y optimización de los colectores las
animas, arabia, cajones, y análisis estudios y diseños para la solución a la
problemática en el sistema de redes de alcantarillado del barrio Comuneros en el
municipio de Montenegro Quindío, del Departamento del Quindío”; con los que se
cuentan como producto del contrato de consultoría No. 033 de 2018 celebrado por
el Departamento del Quindío y la Sociedad Ingeniería y Consultoría Nacional
INALCON SAS, los cuales datan del año 2020-2021, de forma armónica y desde
las competencias funcionales impuestas por la Ley, contribuyan en la gestión de
los recursos económicos, técnicos, logísticos, operativos, humanos y de
planificación indispensables, ya sea propios o a través del nivel seccional y/o
nacional, para ejecutar la obra que de ellos se deriva, esto es, adecuación y/o
instalación total de la red de alcantarillado pluvial y sanitario del BARRIO
COMUNEROS del Municipio de Montenegro Quindío.

Dicha gestión deberá iniciarse a partir de la ejecutoria de este proveído, y se
convocarán a mesas de diálogo y concertación a instancias del Magistrado
sustanciador cada cuatro (04) meses siguientes a la firmeza de la decisión a fin de
conocer la gestión institucional e interinstitucional, los compromisos asumidos por
cada ente según sus competencias, cronograma de actividades y los avances
efectivos para su real ejecución y solución.

➢ CONDENAR al Municipio de Montenegro por medio de su señor Alcalde
Municipal y/o delegado que en tanto se ejecutan las obras necesarias de
adecuación y en razón de sus competencias en la prestación de servicios públicos,
deberá ejercer activamente las funciones de vigilancia y control a la empresa de
servicios públicos domiciliarios para la prestación oportuna y eficiente del servicio,
como también deberá adelantar campañas periódicas de sensibilización a la
comunidad del sector comprometido sobre la forma correcta de utilizar el servicio
de alcantarillado, el correcto uso y depósitos de las basuras y desechos sólidos.

Al menos una campaña de sensibilización cada cuatro meses y por el periodo de
ejecución de las obras públicas necesarias. El término para realizar la primera
campaña empezará a contar una vez en firme la decisión.

➢ CONDENAR a la EPQ SA ESP, que mientras se gestionan los recursos
necesarios y se surte la ejecución de las obras respectivas, preste de forma
oportuna y eficiente el servicio en el sector de la problemática, acudiendo a los

10 Ibidem.

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mantenimientos e intervenciones preventivas y a aquellas que se deban hacer en
la red de alcantarillado de acuerdo a las necesidades que se presenten. Así mismo,
deberán cumplir con su obligación en la ejecución del PSMV en lo que respecta al
desarrollo y ejecución de las obras allí contempladas y dentro de la vigencia
proyectada.

➢ CONDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Quindío a que brinde
acompañamiento a la EPQ ESP y al Municipio de Montenegro, para efectos de
garantizar que la ejecución de obras se realice garantizando el buen manejo
ambiental del sector, para lo cual deberá implementar desde su competencia los
planes y programas que se necesiten, así como ejercer la vigilancia y control desde
su competencia sancionadora.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
señalado en esta sentencia.

QUINTO: CONFORMAR el comité de verificación de cumplimiento del presente
fallo, el cual estará integrado por el magistrado sustanciador, el señor Alcalde
Municipal de Montenegro o su delegado, el Gobernador del Departamento del
Quindío o su delegado, el delegado de la OMGERD de Montenegro, el Director de
la EPQ SA ESP o su delegado, el director de la CRQ o su delegado, el agente del
Ministerio Público delegado ante este Tribunal y los actores populares.

El Comité de Verificación una vez en firme la decisión deberá reunirse a iniciativa
del magistrado sustanciador cada cuatro (4) meses, para evaluar la ejecución y
cumplimiento de las órdenes emitidas. Lo anterior permitirá conocer y calificar la
gestión institucional e interinstitucional, los compromisos asumidos por cada ente
según sus competencias, cronograma de actividades y los avances efectivos para
su real ejecución y solución.

El primer informe deberá presentarse dentro del término señalado en precedencia
contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

SEXTO: Sin lugar a condenar en costas ni a imponer multa.

SÉPTIMO: En firme la decisión se ordena REMITIR copia de la presente
providencia a la Defensoría del Pueblo, para los fines ordenados en el artículo 80
de la Ley 472 de 1998.

OCTAVO: En firme la sentencia, efectuar las comunicaciones del caso para su
cumplimiento y archivar el proceso previa anotación en el programa “SAMAI”. Así
mismo se autoriza la expedición de las copias que soliciten las partes.”.

3.2. El Tribunal señaló que la parte actora buscaba una intervención urgente de las
entidades demandadas para abordar los problemas presentados en el Barrio
Comuneros del Municipio de Montenegro, Quindío, debido al desbordamiento del
alcantarillado y al inapropiado manejo de los vertimientos en las fuentes de agua
cercanas, por parte de la empresa encargada del servicio público, pues esa situación
generaba vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
salubridad pública y de acceso oportuno y eficiente a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios.

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Al estudiar el caso concreto el a quo encontró que, en efecto, el Barrio Comuneros en
Montenegro, Quindío, enfrentaba problemas con su red de alcantarillado en razón a
su capacidad insuficiente, circunstancia que había sido reconocida por las entidades
públicas involucradas. Y aunque se habían llevado a cabo mantenimientos, según la
opinión técnica de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en el informe del
20 de mayo de 2022, emanado de la Subdirección de Regulación y Control Ambiental,
ello no ofrecía una solución definitiva.

Con tal conclusión, que se fundó en las pruebas documentales allegadas al
expediente, así como en el testimonio de la Secretaria de Planeación y la
Subsecretaria de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Montenegro,
evidenció el riesgo que enfrentaba la comunidad en el Barrio Comuneros por el estado
actual de la red de alcantarillado y la responsabilidad de las entidades públicas en
abordarlo.

En ese sentido, el Tribunal consideró que las entidades demandadas habían vulnerado
los derechos colectivos invocados por la parte demandante. Por lo tanto, les ordenó
que, de manera coordinada y dentro de sus competencias legales, garantizaran los
recursos necesarios, ya fueran económicos, técnicos, logísticos, operativos, humanos
o de planificación, para llevar a cabo la obra de adecuación o instalación total de la red
de alcantarillado pluvial y sanitario en el Barrio Comuneros de Montenegro, Quindío.

Además, enfatizó en que el ente territorial debía asegurar la prestación efectiva y
eficiente de los servicios públicos domiciliarios. Para ello trajo a colación de manera
extensa algunas de las consideraciones consignadas en la sentencia proferida por esta
Sección el 9 de mayo de 2019, en el expediente con radicado número 17001-23-00-
000-2011-00613-00(AP).

Sin embargo, el Tribunal decidió no acceder a las pretensiones relacionadas con la
realización de estudios para evaluar los riesgos de filtraciones de agua y las
condiciones del terreno en el Barrio Comuneros, así como la evaluación de las
condiciones de salud de la población. Esto se debió a que, aunque se demostró un
problema con la red de alcantarillado en el área señalada, no se pudo comprobar la
existencia de filtraciones u otros riesgos técnicos significativos y tampoco se

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presentaron pruebas médicas que indicaran que este problema había afectado la salud
pública en Montenegro, especialmente en términos de enfermedades respiratorias.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. La Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.11 presentó recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia en el que indicó que: (i) la
responsabilidad por los problemas en la red de alcantarillado en el Barrio Comuneros
de Montenegro recaía en las entidades municipales y departamentales; (ii) ha cumplido
con sus obligaciones legales comoquiera que ha realizado las intervenciones y los
mantenimientos correspondientes para lograr el adecuado funcionamiento del sistema
y (iii) ha contribuido en la elaboración de estudios y diseños para la solución de la
problemática.

Así, indicó que la situación del barrio de los Comuneros ha sido mitigada gracias a las
gestiones que ha efectuado esa empresa, de ahí que no haya incurrido en la
vulneración de ningún derecho colectivo. Expresó que, el Juzgador de primera
instancia debió exhortarla para que continuara dando cumplimiento cabal a sus
funciones mientras se conseguían los recursos necesarios para los mantenimientos.

Manifestó que era el Municipio quien debía propender por la consecución de recursos
para la construcción, adecuación de las redes de alcantarillado, con coadyuvancia del
ente departamental.

4.2. El Departamento del Quindío12 interpuso recurso de apelación en el que insistió
en el argumento que expuso en la contestación de la demanda. Este argumento se
refiere a la competencia para garantizar el acceso a los servicios de saneamiento
básico, alcantarillado, aseo y disposición final de aguas residuales a los habitantes del
Barrio Comuneros. Según su punto de vista, en atención a las normas constitucionales
y legales sobre la materia, esta responsabilidad correspondía al Municipio de
Montenegro y a Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.

11 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
12 Ibidem.

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4.3. El Municipio de Montenegro13 presentó recurso de apelación en el que
argumentó que, debido a la capacidad técnica y presupuestal, la llamada a responder
por la vulneración de los derechos e intereses colectivos es Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P. y no la entidad territorial.

Para ello trajo a colación los artículos 2 de la Constitución Política y 28 de la Ley 142
de 1994, al tiempo que reiteró apartes de la sentencia de esta Sección que mencionó
en la contestación de la demanda, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado
número: 17001-23-33-000-2017-00452-01 (AP).

Bajo esta premisa, solicitó que se revocara de forma parcial la sentencia de primera
instancia y se declarara probada la excepción “inexistencia de acción u omisión del
Municipio de Montenegro, generadora de vulneración o amenaza a los derechos
colectivos”14.

Además, el municipio explicó que el Tribunal ignoró las pruebas que demostraban los
esfuerzos de la administración local para abordar la problemática de funcionamiento
del servicio de alcantarillado en el Barrio Comuneros y para mitigar cualquier impacto
derivado de las deficiencias de la empresa prestadora de servicios públicos.

En concreto, se refirió al Plan Estratégico en consonancia con el Plan de Desarrollo
Municipal para mejorar el sistema de alcantarillado, así como a la participación del
alcalde en la Junta Directiva de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., donde se
hicieron señalamientos respecto a los incumplimientos en la prestación del servicio
mencionado.

4.4. La parte actora y la Procuraduría 14 Judicial Ii Ambiental y Agraria de
Armenia, impetraron recurso de alzada de manera extemporánea.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA15

13 Ibidem.
14 Visible a folio 9 del escrito de apelación
15 Todo el trámite obra en el expediente digital en Samai.

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Por medio de auto del 16 de marzo de 2023, el Despacho sustanciador admitió los
recursos antes mencionados y prescindió del traslado para alegar de conclusión en
aplicación de lo previsto en numeral 5 del artículo 247 del CPACA, aplicable al presente
asunto por la remisión que autoriza el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público rindió concepto teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

Tras referirse a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y
salubridad públicas, al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad
pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, expresó que de la revisión de los elementos materiales probatorios estaba
acreditado que en el Barrio Comuneros se presentaban problemas por el uso
inadecuado de la red de alcantarillado y que la profundidad de la misma, dificultaba su
limpieza y mantenimiento.

Mencionó que las actividades ordenadas a cada entidad demandada se emitieron para
que sean ejecutadas en el ámbito de sus competencias y en aplicación de los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, por lo que estas debían actuar
armónicamente, para superar la problemática que es objeto de estudio.

De otro lado, solicitó la modificación de la parte resolutiva de la decisión de primera
instancia en el siguiente sentido:

“En todo caso, a juicio de esta Delegada, debe modificarse la decisión de primera
instancia, en el sentido de: i) establecer términos o plazos concretos con los que
cuentan las entidades, para llevar a cabo las acciones, gestiones o actividades
ordenadas en la decisión de primera instancia, que conduzcan a cesar la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos de la comunidad
del Barrio Comuneros del municipio de Montenegro; y ii) emitir las órdenes
pertinentes, incluyendo cronogramas, planes o actividades a ejecutar, para superar
la vulneración de los derechos colectivos, ante la contaminación de las fuentes
hídricas del sector, con ocasión de los vertimientos generados y referidos en el
plenario; actividades relacionadas, incluso, con el seguimiento al cronograma de
eliminación de puntos de vertimientos del PSMV.”16

16 Visible en el índice 12 del Sistema de Gestión SAMAI

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VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Cuestión previa

Mediante escrito del 18 de abril de 202417, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes puso de presente a la Sala su impedimento para conocer del proceso
de la referencia.

El mencionado Consejero aduce estar incurso en la causal de impedimento prevista
en el numeral 3° del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo18. Manifestó que su hermano José Fernando Osorio
Cifuentes, se encuentra vinculado a la Procuraduría General de la Nación, en calidad
de Procurador Judicial II, y este ente funge como parte demandante en el expediente
de la referencia.

En ese orden, la Sala debe establecer si el cargo del señor José Fernando Osorio
Cifuentes corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en dicha entidad, pues el
fundamento de la causal de impedimento es precisamente que “el cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor, o ejecutivo en una de
las entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de
tercero interesado”.

Pues bien, en el Decreto 264 de 2000 se establece el sistema de clasificación,
nomenclatura y la naturaleza de las funciones de los empleos de la Procuraduría
General de la Nación, particularmente en su artículo 3° se indicó: nivel directivo, nivel
asesor, nivel ejecutivo, nivel profesional, nivel técnico, nivel administrativo y nivel
operativo.

17 Visible en el índice núm. 20 de Samai.
18 Aplicable al presente trámite por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

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En el artículo 7° se identificó la nomenclatura aplicable a partir de la clasificación
anterior, en la que se advierte que el cargo de Procurador Judicial II pertenece al nivel
profesional:

“NIVEL PROFESIONAL
Procurador Judicial II
Procurador Judicial I
Profesional Universitario”

No obstante, en una decisión reciente de la Sala Plena19 en la cual se abordó la
manifestación de impedimento de los Consejeros de Estado Nicolás Yepes Corrales y
Fredy Ibarra Martínez, se dispuso que en los casos de los Procuradores Judiciales II,
debe acudirse a un criterio funcional y que según lo indicado en el artículo 4° del
mencionado Decreto 264 de 2000, se establece que son cargos directivos aquellos
que actúen en representación del Procurador General de la Nación.

En ese orden, se precisó que como de acuerdo a lo señalado en los artículos 277 y
280 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262
de 2000, los Procuradores Judiciales II cumplen esta función, se entiende que hacen
parte del nivel directivo y en consecuencia, la Sala debía declararse fundado el
impedimento manifestado por estos Consejeros.

Bajo esa perspectiva, siendo que la situación fáctica planteada por el Consejero de
Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes es similar a la descrita, se declarará
fundado el impedimento, pues se configura la causal dispuesta en el numeral 3° del
artículo 130 del CPACA., y en consecuencia se separará del conocimiento del asunto
bajo examen.

7.2. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de

19 Providencia del 8 de agosto de 2023, radicado: 110010315000202300871 00, CP Martha Nubia

Velásquez Rico.

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los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos en las acciones populares.

7.3. Planteamiento

La Sala advierte que las partes están de acuerdo en la vulneración de los derechos
colectivos alegados en la demanda, la cual surge como consecuencia de las
deficiencias del sistema de alcantarillado en el Barrio Comuneros, del Municipio de
Montenegro, Quindío y del vertimiento de aguas residuales en las fuentes hídricas
aledañas.

No obstante, las discrepancias planteadas por los recurrentes se encuentran
relacionadas con su responsabilidad en dicha vulneración y la competencia para
cumplir con las órdenes de protección impartidas por el Tribunal.

En efecto, sobre la responsabilidad en la vulneración, las Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P. es del criterio que no ha vulnerado ningún derecho colectivo, pues
a su juicio ha actuado de manera diligente al realizar las intervenciones y
mantenimientos correspondientes para lograr el adecuado funcionamiento del sistema
de alcantarillado, de modo que no debe ser condenada, sino que se la debe exhortar
para que siga cumpliendo con dichas acciones. Por su parte, el Municipio de
Montenegro asegura que ha efectuado distintas acciones para solventar la
problemática objeto de controversia y mitigar el impacto derivado de las deficiencias
en la prestación por parte de la citada empresa de servicios públicos. Mientras que,
para el Tribunal dichas entidades son responsables de la vulneración de los derechos
colectivos como quiera que no han adoptado ninguna solución definitiva a las
dificultades que se presentan en el servicio en el Barrio Comuneros.

De otro lado, en lo atinente a la competencia para la protección de los derechos
colectivos en ciernes, el Departamento del Quindío es del parecer que de acuerdo con
el orden jurídico es del resorte del municipio y de la empresa de servicios públicos. Por
su parte, para el Municipio de Montenegro es de las Empresas Públicas del Quindío
S.A. E.S.P. A su turno, esa empresa entiende que son las entidades territoriales las
encargadas de atender las circunstancias que afronta la comunidad. Mientras que para
el Tribunal, pese a que el municipio debe asegurar la prestación efectiva y eficiente de

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los servicios públicos domiciliarios en su territorio, lo cierto es que corresponde a todas
las entidades demandadas, de manera coordinada y dentro de sus facultades,
garantizar los recursos económicos, técnicos, logísticos, operativos, humanos o de
planificación.

En ese orden, la Sala desatará los reparos esgrimidos.

7.4. De la controversia sobre la responsabilidad en la vulneración en los
derechos colectivos

En este punto, tendrá que dirimirse si son responsables Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P. y el Municipio de Montenegro, de la vulneración de los derechos
colectivos al goce de un ambiente, la salubridad pública y la prestación eficiente y
oportuna de servicios públicos domiciliarios por las deficiencias del sistema de
alcantarillado en el Barrio Comuneros y del vertimiento de aguas residuales en fuentes
hídricas, si la primera entidad en mención alega que ha cumplido sus obligaciones
legales dado que ha efectuado intervenciones y mantenimientos en esa zona y la
segunda entidad, refiere que ha adelantado actividades para la superación y mitigación
de esa problemática provocadas por las deficiencias de la anotada empresa de
servicios públicos.

Con miras a dirimir dicho interrogante es menester traer a colación en lo relevante, el
material probatorio obrante en el plenario; así:

A) Oficio del 2 de febrero de 2020, en el que la entonces Secretaria de Planeación
Municipal de Montenegro manifestó lo que sigue a continuación frente a una petición
por parte de Concejal de ese ente territorial, respecto de la problemática del barrio
Comuneros:

“En respuesta al oficio que radicó el 18 de enero del año en curso, en donde
presenta algunas pretensiones en nombre de la comunidad del barrio comuneros,
le informamos lo siguiente:

1. En cuanto a la primera pretensión de que se adelanten las obras para finiquitar
la problemática presentada, es claro que las fallas en el alcantarillado del barrio
comuneros se viene presentando desde hace algunos años atrás, es por ello, que
desde el gobierno local, se tiene como una de las principales necesidades de
nuestro municipio, sin embargo, infortunadamente la condición financiera del

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municipio, no tiene la capacidad de poder mitigar esta problemática, situación que
usted dese la curul conoce perfectamente, no obstante, la administración
municipal, se encuentra en la tarea de buscar diferentes estrategias y/o alternativas
que permitan la gestión ante otras entidades para dar solución a tan sentida
necesidad.

2. En cuanto a la solución de realizar gestiones para programar y proyectar los
recursos necesarios para efectuar el gasto relacionado con las obras, se aclara
que, la falencia que se presenta en el sistema de alcantarillado del barrio
comuneros es una problemática de gran alcance que prácticamente obligaría el
cambio de todo el sistema, lo que genera altos costos de inversión, por tanto, tal
como se manifestó en el numeral anterior, sería un acto irresponsable de la
administración municipal, adquirir este tipo de compromisos, cuando la condición
financiera del municipio no lo permite”20 (Subrayas de la Sala).

B) Plan de Desarrollo Municipal, Activos por Montenegro 2020-2023, en el que ese
ente territorial, comprometió a destinar la siguiente cantidad de dinero para la
optimización del sistema de alcantarillado:

“Línea Estratégica: Activos por el fortalecimiento institucional; Código Indicador
Bienestar: 70110|40IB9291; Código Programa: 4003; Nombre Programa
Presupuestal: Acceso de la población a los servicios de agua potable y
saneamiento básico; Código Producto: 4003020; Nombre Producto:
ALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS; Código Indicador Producto: 400302003;
Programas y Productos: Nombre Indicador Producto: RED ALCANTARILLADO
OPTIMIZADA; Meta Cuatrienio Indicador Producto: 1; Costo Unitario Indicador
Producto Valor en Pesos: $3.657.344.796; Costo Total Indicador Producto Valor
en Pesos: $3.657.344.796; Fuente 1 Recursos Propios Valor en Pesos:
$810.867.244; Fuente 3 anualización del Sistema General de Regalías Valor en
Pesos: $2.846.477.552”21 (Subrayas de la Sala).

C) Además, el Municipio de Montenegro aportó copia del Acuerdo Municipal No.
15 del 31 de diciembre de 2021, “Por el cual se modifican y prorrogan los efectos del
Acuerdo 009 de 2009, por el cual se establecen los factores de subsidios y aporte
solidarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo
para la vigencia fiscal 2022”22. Al respecto, téngase en cuenta que dicho ente asegura
que ha destinado un total de cinco mil setecientos diez millones trescientos noventa y
seis mil ochocientos pesos (5.710.396.800), para subsidios financieros destinados al
consumo de los servicios públicos domiciliarios, a personas en condiciones de
vulnerabilidad.

D) Concepto Técnico del 20 de mayo de 2022, en el que la CRQ indicó:

20 Visible en el índice 3 del expediente del Tribunal.
21 Visible en el índice 40 del expediente del Tribunal
22 Visible en el índice 39 del expediente del Tribunal.

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“4. ACTUACIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Con relación a las gestiones adelantadas por parte de la Autoridad Ambiental, es
de precisar que, con ocasión a las funciones dadas a esta Entidad a través de la
ley 99 de 1993, y en concordancia con la Normatividad expedida en la materia, la
CRQ manifiesta las actuaciones y la respuesta dada a la problemática presentada
para el barrio Comunero en el municipio de Montenegro. Teniendo en cuenta lo
anterior, la CRQ realizó las siguientes visitas técnicas:

• Se realizó visita técnica con acta de visita CRQ número 63624, de la cual se
extrae lo siguiente:

“...La visita técnica fue realizada por parte de contratista del equipo técnico de
implementación de la tasa retributiva y seguimiento al PSMV de la SRCA de CRQ,
con el apoyo de concejales del municipio y comunidad, realizando visita técnica en
el barrio comuneros, iniciando el recorrido en el cuero de agua superficial contiguo
al barrio comuneros identificando dos puntos de vertimiento en 1. 4°33'30,75"N -
75°45'8,64"O 2. 4°33'26,64"N -75°45'6,63"O, desde el punto de vista organoléptico
el cuerpo de agua presenta color, olores ofensivos y vectores, adicionalmente la
disposición inadecuada de residuos sólidos. Se identifica posible nacimiento de
aguas tributario del cuerpo de agua superficial en las coordenadas 4°33'29,30"N -
75°45'6,18"O. Posteriormente se realiza recorrido en el barrio inspeccionando el
estado de las redes de alcantarillado, identificando o evaluando 9 recamaras de
las cuales aproximadamente 6 presentaron colmatación, toda vez que se evidencia
gran cantidad de residuos sólidos y una altura de la lámina de agua residual
significativa. La comunidad manifiesta que en temporada de lluvia tiende a
presentarse aguas residuales en las redes internas de lagunas casas ubicadas en
las manzanas27, 28 y 29del barrio Comuneros …”

• Se realizó visita técnica de verificación del 10 de marzo de 2021, con acta CRQ
número 40506-21, en donde se evidenció la subsanación parcial de las
afectaciones ambientales relativas al sistema de alcantarillado en el barrio
Comuneros.

• Se realizó visita técnica de verificación del 10 de marzo de 2021, con acta CRQ
número 57513-21, donde se evidencia:

“….La visita técnica fue realizada por parte de contratista del equipo técnico de
implementación de la tasa retributiva y seguimiento a PSM, con el apoyo del señor
Floresmiro Delgado en calidad de residente del barrio Comuneros, iniciando el
recorrido en el barrio en mención en donde el Sr Floresmiro manifiesta que en lo
relacionado con la operación de las redes de alcantarillado NO se han presentado
en los últimos meses afectaciones por reboses de aguas residuales, sin embargo
es de resaltar que el Sr Floresmiro informa que en algunos sectores del barrio
Comuneros se presenta el almacenamiento temporal inadecuado de residuos
sólidos, lo cual sumado a las precipitaciones que se presentan en esta época
generan el arrastre de dichos residuos hacia las redes de alcantarillado, generando
posibles fenómenos de colmatación, de igual manera manifestó que en lo
relacionado a la quebrada que cruza aledaña al barrio, NO presenta desde el punto
de vista organoléptico malos olores y/o generación de vectores, lo cual indica una
buena calidad en el recurso hídrico. Se recomienda el mantenimiento del sumidero
de agua lluvias ubicado en la esquina de la manzana 31 el cual se observó sin
rejilla. La visita se efectuó en condiciones de clima seco…”

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• Se realizó visita técnica del 12 de febrero de 2020, acta de visita CRQ número
36324-21, de lo que se extra el siguiente aparte:

“…. Posteriormente se realiza recorrido en el barrio inspeccionando el estado de
las redes de alcantarillado, identificando o evaluando 9 recamaras de las cuales
aproximadamente 6 presentaron colmatación, toda vez que se evidencia gran
cantidad de residuos sólidos y una altura de la lámina de agua residual significativa.

• Se realizó visita técnica del 19 de mayo de 2022, acta de visita CRQ número
57513-21, de lo que se extrae el siguiente aparte:

“…el Sr Floresmiro informa que en algunos sectores del barrio Comuneros se
presenta el almacenamiento temporal inadecuado de residuos sólidos, lo cual
sumado a las precipitaciones que se presentan en esta época generan el arrastre
de dichos residuos hacia las redes de alcantarillado, generando posibles
fenómenos de colmatación…”

(…)

De acuerdo con las condiciones evidenciadas en campo, y reportadas por la
Autoridad Ambiental, la comunidad del barrio Comuneros y la ESP EPQ
Montenegro, la red de drenaje del barrio Comuneros presenta problemas por:

• Uso inadecuado de la red de alcantarillado.
• La red de alcantarillado presenta profundidades hasta de 13m, razón por la cual
no es fácil su limpieza y mantenimiento.

En lo relacionado con puntos de vertimiento, se evidencio en visita técnica, dos
puntos de vertimiento de aguas residuales domesticas en las coordenadas
geográficas 1. 4°33'30,75"N -75°45'8,64"O 2. 4°33'26,64"N -75°45'6,63"O, los
cuales fueron identificados en el inventario de puntos de vertimiento, en el marco
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la municipalidad en mención
• PSMV, reglamentado en el artículo segundo, parágrafo segundo de la resolución
CRQ nro. 813 de 2018, así:

(…)

De la comparación entre los puntos “autorizados” o contenidos en el PSMV, con
los identificados en las referidas visitas técnicas, que descargan en la quebrada La
Arabia, se concluye que el punto denominado (QAD2) coincide con uno de los
puntos identificados en la visita técnica, sin embargo el otro punto (QAD1) se
encuentra fuera del inventario de puntos de vertimiento de acuerdo al parágrafo
segundo, artículo segundo de la Resolución CRQ nro. 813 de 2018, por lo cual, el
mencionado vertimiento, se estaba realizando a través de una estructura destinada
para el manejo de aguas lluvia, como consecuencia de las falencias en la
operación de la red de alcantarillado del barrio Comuneros.

Se analizó el estado del recurso hídrico de acuerdo a las características
hidrológicas del cuerpo de agua aledaño al barrio comunero (posible zona de
nacimiento de agua), de acuerdo a los puntos de vertimiento identificados en las
visitas técnicas mencionadas líneas atrás. Cabe resaltar que, se identificó un
afloramiento superficial, el cual es tributario de la quebrada La Arabia en las
coordenadas 4°33'29,30"N -75°45'6,18"O, de acuerdo a lo identificado en el visor
geográfico SIG Quindío, se evidencio que el afloramiento de aguas superficial hace
parte de una de las zonas de nacimiento de aguas de la quebrada La Arabia.

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(…)

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se puede concluir que las afectaciones
ambientales presentadas en el barrio Comuneros municipio de Montenegro, no se
presentaron al momento del desarrollo de la visita técnica, específicamente en lo
relacionado con generación de puntos de vertimiento y reboses en las recamaras
de la red pública de alcantarillado, situación que se mantiene y es reiterada por
habitantes del sector como se evidenció en la visita técnica del 19 de mayo de
2022 con acta CRQ nro. 57513.”23 (Subrayas de la Sala).

Finalmente, en ese informe se llegó a las siguientes conclusiones:

“6. CONCLUSIONES

I. Los procedimientos y medidas pertinentes a la puesta en marcha de los
diferentes componentes de los sistemas de saneamiento básico seguirán lo
establecido dentro de las respectivas normas de saneamiento como el Decreto
2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 entre otros.

II. El Plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del municipio de
Montenegro el cual está reglamentado por la Resolución CRQ N°813 de 2018
establece en el artículo segundo el respectivo Plan de Obras para la optimización
de redes de alcantarillado por una cantidad de 9.521mL para un periodo de 10
años a partir del 2017 al 2026, sin embargo no se especifica claramente los
sectores o barrios en los cuales se realizarán dichas intervenciones; actividades
reiteradas mediante el artículo primero, parágrafo tercero, numeral cinco donde la
ESP debe efectuar las labores de mantenimiento y operación de la infraestructura
existente (recolección, conducción, tratamiento y disposición final), garantizando
su adecuado funcionamiento y la perduración en el tiempo, con el fin de evitar
afectaciones a los recursos naturales y el ambiente, así como a la salud humana;
además la ESP debe garantizar la disminución de vertimientos, considerando que
no se admiten puntos de vertimientos nuevos, salvo cuando se trate de una
descarga resultante de la recolección y/o ubicación de otras según el numeral tres
del parágrafo tercero, artículo primero de la enunciada Resolución.

III. De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica de seguimiento, con acta CRQ
N°40506 de 2021 las condiciones observadas en las visitas técnicas anteriores se
subsanaron por parte de la ESPEPQ Montenegro debido a las obras ejecutadas
mediante las cuadrillas de mantenimiento y la limpieza a las redes con el carro de
succión presión con el fin de mitigar la problemática presentada en el sector,
condiciones reiteradas en la visita del 19 de mayo de 2022 con acta CRQ
N°57513,donde el Sr Floresmiro Delgado habitante del sector manifestó que en lo
relacionado con la operación de la red de alcantarillado del sector no ha presentado
afectaciones por rebose de aguas residuales, ni la emanación de malos olores y/o
generación de vectores de la quebrada que cruza aledaña al barrio.” 24 (Subrayas
de la Sala).

E) En las declaraciones de las señoras Andrea Marcela Peláez Ortiz y Johanna
Marcela Moreno, quienes tenían la calidad de Secretarias de Planeación y

23 Visible en el índice 22 del Sistema de Gestión SAMAI del expediente del Tribunal.
24 Ibídem.

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Subsecretaria de obras Públicas del Municipio de Montenegro, respectivamente, se
señaló que el diseño de la red de alcantarillado es más profundo de lo normal debido
a la topografía del sector y que, como la obra no se ejecutó de manera adecuada, con
el paso de los años, se han presentado aplastamiento de los tubos, lo que ha
disminuido su capacidad de drenaje. Anotaron que dichas redes son mixtas, es decir
que no solo soportan la capacidad de aguas residuales sino de aguas lluvias, lo que
aumenta la problemática de rebasamiento de las aguas.

Finalmente, como soluciones definitivas para ello señalaron que se “adelantaron
estudios y diseños para el colector y red de alcantarillado del barrio Comuneros los
cuales le fueron entregados, y que han efectuado mesas de trabajo con el
Departamento, CRQ y EPQ para conseguir los recursos desde el nivel nacional.
Aunado a lo anterior, manifiesta que el ente territorial se encuentra valorando la
posibilidad de un empréstito para garantizar parte del valor de la obra, sin embargo, al
ser un municipio de 6ª categoría no pueden hacerlo solos necesitando de la alianza
con otras entidades para completar los recursos necesarios”25.

F) Finalmente, la Sala observa que a efectos a solventar la problemática en Barrio
Comuneros, el Municipio de Montenegro y el Departamento del Quindío, celebraron el
contrato de consultoría No. 033 de 2018, con la Sociedad de Ingeniería y Consultoría
Nacional Inlacon S.A.S, cuyo objeto fue la realización de “estudios y diseños para la
construcción y optimización de los colectores las animas, arabia, cajones, y análisis
estudios y diseños para la solución a la problemática en el sistema de redes de
alcantarillado del barrio Comuneros en el municipio de Montenegro Quindío, del
Departamento del Quindío”. Dicho proyecto tiene un acta final de entrega del 11 de
junio de 2021 y según lo manifestado por el Departamento del Quindío, se encuentra
en proceso de estudio y viabilización para su financiación por el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio26.

Particularmente, en ese análisis técnico se llegó a las siguientes:

“1.11 CONCLUSIONES

25 Visible en el índice 81 del Cuaderno digital del Tribunal.
26 Visible en el índice 9 del Cuaderno digital del Tribunal

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✓ Se logró identificar falencias hidráulicas y físicas en el colector Cajones junto
con descargas directas a la quebrada cajones que deben ser unificadas.
✓ El Barrio comuneros presenta problemáticas de inundaciones debido al mal uso
del sistema de alcantarillado junto con una mala concepción del mismo desde el
principio, se debe buscar la recolección de las aguas residuales del barrio en la
parte más baja según la topografía actual.
✓ El colector arabia presenta grandes deficiencias en cuanto a su funcionamiento
ya que se identifica que presenta reboses y por tanto la operación hidráulica del
mismo es deficiente, se debe proponer realizar un nuevo trazado en zonas de baja
vulnerabilidad con el cual se logre atender los barrios aferentes y unificar las
descargas presentadas.
✓ El colector cajoncitos debe ser renovado ya que se plantea la unificación de
descargas, haciendo que los aportes sean mayores y por tanto la tubería existente
no será capaz de funcionar de la manera correcta.
✓ Con respecto al sistema de alcantarillado, este no cuenta con una unificación
de vertimientos ni un tratamiento a la mayoría de sus descargas residuales”
27
(Subrayas de la Sala).

Además, debe señalarse que dicho estudio se compone de cinco (5) productos, siendo
estos: (i) diagnóstico situacional y levantamiento de información base, (ii)
planteamiento y evaluación de alternativas, (iii y iv) análisis y diseño de viaducto y (v)
talleres 1 y 2.

7.4.1. Así las cosas, es claro que, como encontró el A quo en la providencia recurrida,
la red de alcantarillado del Barrio Comuneros del Municipio de Montenegro – Quindío,
presenta fallas estructurales que ocasionan los colapsos de la red, debido a que ésta
no tiene la capacidad suficiente para la recepción de las aguas residuales y lluvias que
allí son arrojadas. Además, está probado que en razón a profundidad en que la misma
fue construida se dificulta su mantenimiento y limpieza. Dicha situación ha provocado
que frecuentemente se desborden las aguas que allí son depositadas, generando entre
otras, rebosamientos, malos olores y vertimientos en fuentes hídricas aledañas a esa
zona.

Ahora, aunque está acreditado que Empresas Públicas del Quindío ha efectuado
labores de mantenimiento en ese sector, lo que ha posibilitado que transitoriamente
no existan rebasamientos de las aguas y que el Municipio de Montenegro, dentro de
su presupuesto ha destinado recursos para la prestación del servicio de alcantarillado,
lo cierto es que, en el plenario no existe ningún elemento material probatorio que
permita acreditar que ya se adoptó alguna solución definitiva a esa problemática, lo

27 Ibídem.

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que implica que, en la actualidad, dichas redes sigan siendo insuficientes para la
cantidad de agua que reciben y exista el riesgo de que vuelvan a desbordarse.

En consecuencia, es claro que ambas entidades son responsables de la vulneración
de los derechos colectivos en el asunto de la referencia, pues como se verá enseguida
tienen competencias para solventar la misma, sin que hayan efectuado algún remedio
para superar dicha circunstancia. Por ende, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.5. De la controversia de las competencias de las entidades demandadas para
cumplir las órdenes emanadas por el Tribunal

En este punto, tendrá que definirse si es procedente que, en la sentencia emitida en
una acción popular, se impartan órdenes a un Municipio, una empresa de servicios
públicos y Departamento, para que, en el ámbito de sus competencias lleven a cabo
los trámites presupuestales, técnicos, logísticos, operativos y de planificación, para la
adecuación e instalación de una red alcantarillado pluvial y sanitaria.

Para resolver ello, primero se aludirán a las competencias de las entidades
demandadas y luego descenderá a las órdenes que les fueron impartidas.

7.5.1. De las competencias del Municipio de Montenegro

Al respecto, es preciso indicar que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 365 de la
Carta Fundamental, la prestación de los servicios públicos es un asunto inherente a la
finalidad social del Estado, a quien le corresponde en todo caso, su regulación, control
y vigilancia, además de asegurar que su ejecución sea eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional, aun cuando se defiera su prestación a los particulares.

La norma en cuestión es del siguiente tenor:

“Articulo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación,

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el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de
interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros
de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio
de una actividad lícita.” (Subrayas de la Sala).

A su vez, el artículo 311 ibidem señala, respecto de la competencia de los municipios
para la prestación de los servicios públicos, que, “como entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes”.

Por su parte, el artículo 366 ibídem, determinó:

“Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación.” (Subrayas de la Sala).

A su vez, los numerales 1, 7 y 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994, contemplaron:

“Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.

(…)

7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes
del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños,
las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la
tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de
especial protección constitucional.

(…)

19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a
los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia
de servicios públicos domiciliarios.” (Subrayas de la Sala).

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En ese mismo sentido, el Legislador desarrolló las normas constitucionales en la Ley
142 de 1994, estableciendo el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y advirtió
al respecto que su prestación es competencia de los municipios, y que, cuando el
servicio sea suministrado por una empresa privada, corresponde al ente territorial
asegurar que su prestación sea eficiente. Expresamente señaló:

“Artículo 2o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que
trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370
de la Constitución Política, para los siguientes fines:

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de
agua potable y saneamiento básico.

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico
que así lo exijan.

2.5. Prestación eficiente.”

“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los
servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos
que con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo
municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.”

Aunado a esto, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, al definir las competencias de las
entidades territoriales, dispuso literalmente:

“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

76.1. Servicios Públicos

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos
además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos.”

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De acuerdo con lo expuesto, es claro para la Sala que corresponde al Estado, a través
de los municipios, asegurar a sus habitantes la prestación eficiente y oportuna de los
servicios públicos domiciliarios, por lo que debe adoptar las medidas necesarias para
garantizar el servicio de alcantarillado en óptimas condiciones de funcionalidad. Sobre
el particular, esta Sección, entre otras, en providencia del 4 de febrero de 2010, dijo
expresamente:

“De otra parte, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien los podrá prestar,
con sujeción al régimen fijado por la ley, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por particulares, pero en todo caso conservando su regulación,
control y vigilancia.

Ahora bien, el artículo 331 de la Carta Política, consagra que:

“Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las
leyes”28

Es así como los entes territoriales, aun cuando no asuman la prestación directa del
servicio de alcantarillado, mantienen dentro de sus competencias la garantía de que
tal actividad se efectuará de manera eficiente, por lo que, pese a ser prestados de
manera indirecta a través de empresas de servicios públicos, ello no significa que se
desprendan de su deber constitucional y legal de verificar y controlar su prestación,
por tratarse de una actividad que le fue expresamente confiada según las normas
anteriormente citadas.

La Corte Constitucional se ha referido de la manera que a continuación se enuncia
sobre este aspecto:

“Así, es claro que la prestación de los servicios públicos puede ser realizada tanto
por las autoridades públicas como por los particulares o comunidades organizadas,
pero en todo caso el Estado siempre tendrá bajo su cargo la regulación, control y
vigilancia de estos servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines
que le competen (CP art. 365). Esta regulación, control y vigilancia de tales
servicios armoniza además con la facultad general que la Carta atribuye al Estado
de dirigir la economía e intervenir en los servicios públicos y privados para

28 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de

febrero de 2010, Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación número:
76001233100020040021201(AP)

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racionalizar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes, obviamente
sin perjuicio del reconocimiento de la libre iniciativa privada (CP arts. 333 y 334).
Por consiguiente, la Carta, a pesar de que reconoce la posibilidad de que los
particulares presten servicios públicos, reserva funciones esenciales al Estado en
esta materia, y en especial le atribuye una competencia general de regulación (CP
art. 365). Nótese que esta norma atribuye genéricamente esa función de
regulación al Estado, sin señalar explícitamente que ésta corresponde a una
determinada institución específica. Ahora bien, esta Corte ha señalado que en
general la palabra Estado se emplea en la Carta para designar al conjunto de
órganos que realizan las diversas funciones y servicios estatales, ya sea en el
orden nacional, o ya sea en los otros niveles territoriales. Por ende, cuando una
disposición constitucional se refiere al Estado, y le impone un deber, o le confiere
una atribución, debe entenderse prima facie que la norma constitucional habla
genéricamente de las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales29.
Por ende, la competencia de regulación de los servicios públicos es genéricamente
estatal, lo cual obviamente no significa que esa facultad pueda ser atribuida por la
ley a cualquier entidad estatal, por cuanto la Constitución delimita, en materia de
servicios públicos domiciliarios, algunas órbitas específicas de actuación de las
distintas ramas de poder, las cuales deben ser respetadas.”30 (Subrayas de la Sala)

7.5.2. De las competencias del Departamento del Quindío

Pues bien, resulta oportuno señalar que artículo 288 Superior, dispuso que “Las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley.” Así, el artículo 298 ibídem expuso que, “los departamentos ejercen
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios que determinen la Constitución y las leyes.”

A su vez, el artículo 3 de la Ley 1551 de 201231, definió los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, en los siguientes términos:

“Artículo 3º. El artículo 4º de la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 4º. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial
y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de
otras entidades estatales de diferentes niveles.

29 Sentencia C-221 de 1997. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamentos Jurídicos No 8 y 9.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 1998.
31 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”

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b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles
tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer
en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y
hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las
entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;”

En ese sentido, es preciso indicar que conforme con el artículo 7º de la Ley 142 de
1994, a los Departamentos en observancia de los principios de coordinación y
complementariedad con los Municipios, les corresponde, auxiliarlos cuando por
razones técnicas y económicas sea necesario, en la prestación de los servicios
públicos32.

Entre tanto, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001, determinó que los Departamentos en
cumplimiento de los anotados principios deben:

32 “Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios
públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las
siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los
reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas:
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por
parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.
7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen
en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las
empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las
funciones de su competencia en materia de servicios públicos.
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover,
cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen,<sic> la organización de asociaciones de
municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos
para el mismo efecto.
7.4. Las demás que les asigne la ley.”

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“Artículo 74. Competencias de los departamentos en otros sectores. Los
Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su
territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios.

Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:

74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios
públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.

74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o
municipales de interés departamental.”

Bajo tal contexto normativo, es claro para la Sala que la prestación directa de los
servicios públicos se encuentra a cargo de los Municipios, quienes pueden efectuar
dicha actividad de forma directa o a través de las personas que designen para esos
efectos. Mientras que, los Departamentos les corresponde potestades de carácter
complementario, es decir deben auxiliar a los municipios en esa materia, cuando así
lo requieran.

En efecto, así se pronunció esta Sección en providencia del 22 de mayo de 2014:

“En virtud de lo anterior, es claro que la prestación del servicio público de
acueducto es responsabilidad de los Municipios, a quienes como lo mencionaron
las normas transcritas, les compete asumir de manera directa o indirecta (a través
de empresas prestadoras de tal servicio u operadores) el suministro del mismo.

En efecto, el Legislador estableció en forma taxativa que dichas entidades
territoriales tienen la obligación de solucionar las necesidades insatisfechas de
agua potable de la población a su cargo y de asegurar que se les preste de manera
eficiente el servicio público de acueducto.

Así mismo, determinó que la función de los Departamentos en este aspecto se
circunscribe a ofrecer «apoyo y coordinación» a los Municipios o Distritos.

En concordancia con lo anterior, se observa que la Ley 715 de 2001 «Por la cual
se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación
de los servicios de educación y salud, entre otros.», prevé:
(…)

La norma anterior reitera, por un lado, la responsabilidad de los Municipios en
relación con la prestación de servicios públicos, y por el otro, que la función de los
Departamentos frente al asunto, es de carácter complementario, en la medida en
que impone a éstos el deber de otorgar apoyo y coordinación, lo cual no configura

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29

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su responsabilidad en la prestación del servicio como tal más sí en relación con el
soporte que deben brindar a los Municipios en la materia.”33 (Subrayas de la Sala,
negrillas dentro del texto).

Mientras que, en proveído del 9 de julio de 2020, expuso:

“Se reitera que estos principios deben guiar armoniosamente el desarrollo de las
competencias de las entidades territoriales. Esto es, en el caso concreto, el
adecuado relacionamiento entre el municipio de Morelia y el Departamento de
Caquetá.

Nótese que a ese municipio “le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley y construir las obras que demande el progreso local”, “cuando las
características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales
lo permitan y aconsejen, conforme a lo dispuesto en los artículos 311 y 367
superiores.

Esos preceptos constitucionales fueron desarrollados por el artículo 3°34 (ordinales
10 y 19) de la Ley 136 de 199435; el artículo 5°36 de la Ley 142; y el artículo 837 de
la Ley 388 de 199738, en el sentido de precisar que la prestación de los servicios
públicos relacionados con el saneamiento ambiental constituye una función
principalísima a su cargo.

Sin embargo, el artículo 298 superior también dispuso que “[l]os departamentos
tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio”.

33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 22 de

mayo de 2014. Proceso radicado número: 73001 23 31 000 2012 00169 02. Consejera Ponente: María
Elizabeth García González
34 “[…] 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y ambientales, de conformidad con

la constitución y la ley; […].
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento básico a los habitantes de
la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios […]”.
35 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los Municipios”.
36 “Es competencia de los Municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los

términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo Municipio en los casos
previstos en el artículo siguiente. […]”.
37 “Artículo 8º.- Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce

mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones
administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento
del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras: […].
2. Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los
equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios,
aeropuertos y lugares análogos. […].
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o
privadas, de conformidad con las leyes. […]”.
38 Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 38 de 6 de julio de 2012 “Por la cual se modifica la Ley 9ª

de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, el cual actualizó y adicionó las funciones
de los Municipios.

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Además, “ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las
leyes”. Y, adicionalmente, les asisten funciones de apoyo y coordinación en
materia de servicios públicos (artículo 367 Constitucional).

Por ello, los artículos 7° de la Ley 142 y 7439 de la Ley 715 de 2001 contemplan,
entre sus responsabilidades, los deberes de apoyo financiero, técnico y
administrativo, desde un eje de planificación multisectorial que permita la
materialización del principio de coordinación.”40 (Subrayas de la Sala).

7.5.3. De las competencias de la Empresas Públicas del Quindío

Al respecto, es menester señalar que el artículo 365 de la Carta Política determinó que
los particulares podrán asumir la prestación de los derechos públicos; veamos:

“Articulo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación,
el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de
interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros
de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y

39 “Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son
promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas,
de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las
siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el
departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y
con la Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las
instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley,
cuando a ello haya lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los
servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación,
autoridades locales y a la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las
actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del
departamento. […]”. [Subraya la Sala].
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 9 de julio

de 2020. Proceso radicado número: 18001 23 33 000 2018 00035 02. Consejero Ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés

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plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio
de una actividad lícita.”

Por su parte el numeral 11.1 de la Ley 142 de 1994, determinó que éstos deben
asegurar dicha prestación de forma eficiente y adecuada, mientras que el numeral
11.5. señaló que en el ejercicio de dicha actividad debe garantizarse el cuidado del
ambiente y los recursos naturales.

Las normas en cuestión son del siguiente tenor:

“Artículo 11. Función social de la propiedad en las entidades prestadoras de
servicios públicos. Para cumplir con la función social de la propiedad, pública o
privada, las entidades que presten servicios públicos tienen las siguientes
obligaciones:

11.1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso
de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al usuario o a terceros.
(…)

11.5. Cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los
afecte, protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las áreas
de especial importancia ecológica, conciliando estos objetivos con la necesidad de
aumentar la cobertura y la costeabilidad de los servicios por la comunidad.”

7.4.4. Bajo la anotada perspectiva y de cara a lo resuelto por el Tribunal, se advierte
que las órdenes previstas en la primera viñeta del numeral segundo, relativas a que el
Municipio de Montenegro, el Departamento del Quindío y la Corporación Regional del
Quindío, en el marco de sus competencias y a partir del resultado de los estudios del
contrato de consultoría No. 003 de 2018, contribuyan en la gestión de los recursos
económicos, técnicos, logísticos, operativos y de planificación para ejecutar la obra
para la adecuación y/o instalación de una red de alcantarillado pluvia y sanitario del
barrio Comuneros, es completamente consonante con las atribuciones normativas ya
descritas, pues precisamente lo que se busca es que, en aplicación de los principios
de coordinación y complementariedad, se apoyen en la consecución de una solución
definitiva que permita superar la problemática que se presenta en el Barrio Comuneros.

En consecuencia, en este punto, los cargos no tienen vocación de prosperidad.

No obstante, la Sala concuerda con el Ministerio Público frente a que para la
concreción de dicho mandato no se establecieron plazos precisos, razón que conduce

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a modificar la orden de modo que las entidades demandadas, en el marco de sus
competencias, en un plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de
esta providencia, elaboren una propuesta técnica que permita la adecuación y/o
instalación total de la red de alcantarillado pluvial y sanitario del Barrio Comuneros.
Para esos efectos, tendrán en cuenta los resultados del contrato de consultoría No.
033 de 2018, celebrado por el Departamento del Quindío y la Sociedad Ingeniería y
Consultoría INALCON S.A.S. y cuyo objeto era realizar “estudios y diseños para la
construcción y optimización de los colectores las animas, arabia, cajones, y análisis
estudios y diseños para la solución a la problemática en el sistema de redes de
alcantarillado del barrio Comuneros en el municipio de Montenegro Quindío, del
Departamento del Quindío”.

Dicho plan, deberá contener como mínimo un análisis que precise la fuente de
financiación de dichas obras, el cronograma para su elaboración y la responsable en
su realización.

En caso, de determinarse que es necesario el auxilio de la Nación para el desarrollo
de la propuesta, se concederá el término de un (1) mes contado a partir de la
culminación del anterior término, para que una petición en ese sentido sea radicada
ante la entidad competente para su estudio. Y, en el evento de que ésta última solicite
alguna información adicional o la corrección de dicho documento, esta deberá ser
elaborada en un plazo que no supere los quince (15) días.

Finalmente, para la construcción de dicha obra se atenderá lo previsto en el
cronograma contenido en la propuesta técnica, sin que el término supere los dieciocho
(18) meses, contados a partir de la aprobación de la fuente de su financiación.

Por último, debe indicarse que los anteriores términos, podrán ser modificados por el
Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia, en el marco de Comité de
Verificación de la sentencia, cuando existan razones válidas para ello.

7.4.5. De otro lado, en lo que hace a la segunda viñeta del numeral segundo de la
providencia recurrida, en la cual se ordenó al Municipio de Montenegro que mientras
se ejecutan las anteriores obras, ejerza sus funciones de vigilancia y control sobre la
prestación de los servicios públicos domiciliarios y que cada cuatro (4) meses contados

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Demandante: Anderson Farid Jaramillo Calvo y otro

a partir de la decisión de primera instancia, realice campañas educativas a la
comunidad del Barrio Comuneros sobre el adecuado uso del servicio de alcantarillado
y disposición de los residuos sólidos; se advierte que dicho ente territorial sí tiene
facultades para cumplir con tales requerimientos judiciales en virtud de lo establecido
en los artículos 331 y 365 de la Constitución Política, 1, 7 y 19 del artículo 3º de la Ley
136 de 1994, 2 y 5 de Ley 142 de 1994, de modo que el cargo del citado ente, no tiene
vocación de prosperidad.

7.4.5.1. No obstante lo anterior, la Sala es del criterio que las mencionadas
campañas de educación no pueden ser indefinidas en el tiempo, de ahí que resulte
necesario modificar la anotada viñeta y en su lugar ordenar que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, el aludido ente territorial
planifique y ejecute una campaña de educación que sea elaborada con la participación
de expertos en la materia y que se extienda al mayor número de habitantes del sector,
con miras a crear conciencia sobre la necesidad de manejar adecuadamente los
residuos sólidos y no arrojarlos al alcantarillado.

7.4.6. Por último, en la tercera viñeta del anotado numeral de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, se ordenó a las Empresas Públicas del Quindío,
prestar el servicio de forma adecuada en el Barrio Comuneros, con mantenimientos e
intervenciones preventivas a la red de alcantarillado, mientras se gestionan los
recursos para la realización de las obras que permitan solventar definitivamente la
problemática que allí se presenta. Además, cumplir con sus obligaciones en la
ejecución de las obras del PSMV.

Así, se advierte que dicha sociedad sí cuenta con facultades para acatar dichas
órdenes conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 5 del artículo 11 de la Ley 142
de 1994, citados en el ordinal 7.4.3. de esta providencia, de modo que el cargo de esa
empresa no tiene vocación de prosperidad.

7.5. Del Comité de verificación de la sentencia:

Por último, se observa que en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia, se conformó el citado Comité así:

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“QUINTO: CONFORMAR el comité de verificación de cumplimiento del presente
fallo, el cual estará integrado por el magistrado sustanciador, el señor Alcalde
Municipal de Montenegro o su delegado, el Gobernador del Departamento del
Quindío o su delegado, el delegado de la OMGERD de Montenegro, el Director de
la EPQ SA ESP o su delegado, el director de la CRQ o su delegado, el agente del
Ministerio Público delegado ante este Tribunal y los actores populares.

El Comité de Verificación una vez en firme la decisión deberá reunirse a iniciativa
del magistrado sustanciador cada cuatro (4) meses, para evaluar la ejecución y
cumplimiento de las órdenes emitidas. Lo anterior permitirá conocer y calificar la
gestión institucional e interinstitucional, los compromisos asumidos por cada ente
según sus competencias, cronograma de actividades y los avances efectivos para
su real ejecución y solución.

El primer informe deberá presentarse dentro del término señalado en precedencia
contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia.”

Sin embargo, se advierte que en la anotada sentencia, no se determinó al Magistrado
Ponente de la decisión de primera instancia como presidente del anatado Comité. En
ese orden, es menester señalar que esta Sección en reciente jurisprudencia41 definió
que era necesario no sólo que se incluyera, por mandato legal, al Tribunal que emitió
sentencia de primera instancia, sino que además precisó que quien debía presidirlo es
el Magistrado que había adelantado la sustanciación y proyección de la decisión en la
anotada instancia como Ponente de la misma42.

41 Verbigracia: Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.

Radicación Número: 52001-23-33-000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
“Comité de verificación.
167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación de
un comité de verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus
determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente
culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el
Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento
de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada
de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto
original).
1.Así las cosas, en el comité de verificación de esta sentencia participarán: i) la parte actora; ii) el
Municipio de Mocoa; ii) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONIA-; iii) la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S. E.S.P.; y iv) el
delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Este Comité
será presidido por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la Magistrada ponente de la
sentencia proferida, en primera instancia.” (Negrillas del texto original) (Subrayas de la Sala)
42 “Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene la

facultad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados de
acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por

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En consecuencia, a efectos de aplicar dicho criterio, debe modificarse el numeral
quinto del fallo recurrido, con el fin de que el mencionado Comité esté presidido por el
Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Quindío.

7.6. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia y
también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas interesadas,
para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado
que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar
las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como el
de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección,
cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de su negligencia y
adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos. 42
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación
del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció
previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de
propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento
de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado con
ese objeto.42
[…]
10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la
responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos
jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de
protección de los derechos colectivos.
Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto
para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas
que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida. Esto significa que
puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la concreción del amparo,
requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y adoptar los correctivos que
conduzcan a superar la dilación verificada.
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia de acción popular y el incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero porque
opera como un espacio para la elaboración y discusión de las alternativas de cumplimiento de la
sentencia y el segundo porque permite que, ante la inminencia de una sanción disciplinaria, las
autoridades se apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las órdenes de protección,
la competencia que se le confirió al juez para vincular a las entidades que podrían contribuir a acelerar
el cumplimiento del fallo, la labor que en aras de este objetivo pueden ejercer los organismos de control
y los intereses que están en juego tratándose de derechos colectivos cuya protección, por definición,
concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que, en efecto, el juez de la acción
popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte indispensable para asegurar el goce
efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo amenazan […]”.
Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no debe
ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado ponente,
quien lo presidirá.”42 (Negrillas del original) (Subrayas de la Sala)

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PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de
Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, de conformidad con lo previsto en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la primera y segunda viñetas del numeral segundo de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia que quedará así:

“SEGUNDO: Como consecuencia:

➢ ORDENAR al Municipio de Montenegro, las Empresas Públicas del Quindío –
EPQ SA ESP, el Departamento del Quindío y la Corporación Autónoma Regional
del Quindío CRQ , que en el marco de sus competencias y en un plazo de dos (2)
meses contados a partir de la notificación de esta providencia, elaboren una
propuesta técnica que permita la adecuación y/o instalación total de la red de
alcantarillado pluvial y sanitario del Barrio Comuneros. Para esos efectos, tendrán
en cuenta los resultados del contrato de consultoría No. 033 de 2018, celebrado
por el Departamento del Quindío y la Sociedad Ingeniería y Consultoría INALCON
S.A.S. y cuyo objeto era realizar “estudios y diseños para la construcción y
optimización de los colectores las animas, arabia, cajones, y análisis estudios y
diseños para la solución a la problemática en el sistema de redes de alcantarillado
del barrio Comuneros en el municipio de Montenegro Quindío, del Departamento
del Quindío”.

Dicho plan, deberá contener como mínimo un análisis que precise la fuente de
financiación de dichas obras, el cronograma para su elaboración y la responsable
en su realización.

En caso, de determinarse que es necesario el auxilio de la Nación para el
desarrollo de la propuesta, se concederá el término de un (1) mes contado a partir
de la culminación del anterior término, para que una petición en ese sentido sea
radicada ante la entidad competente para su estudio. Y, en el evento de que ésta
última solicite alguna información adicional o la corrección de dicho documento,
esta deberá ser elaborada en un plazo que no supere los quince (15) días.

Finalmente, para la construcción de dicha obra se atenderá lo previsto en el
cronograma contenido en la propuesta técnica, sin que el término supere los
dieciocho (18) meses, contados a partir de la aprobación de la fuente de su
financiación.

Por último, se advierte que los anteriores términos, podrán ser modificados por el
Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia, en el marco de Comité
de Verificación de la sentencia, cuando existan razones válidas para ello.

➢ ORDENAR al Municipio de Montenegro por medio de su señor Alcalde Municipal
y/o delegado que en tanto se ejecutan las obras necesarias de adecuación y en
razón de sus competencias en la prestación de servicios públicos, deberá ejercer
activamente las funciones de vigilancia y control a la empresa de servicios públicos
domiciliarios para la prestación oportuna y eficiente del servicio.

Además, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, el aludido ente territorial deberá planificar y ejecutar una campaña
educativa que sea elaborada con la participación de expertos en la materia y que

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se extienda al mayor número de habitantes del sector, con miras a crear conciencia
sobre la necesidad de manejar adecuadamente los residuos sólidos y no arrojarlos
al alcantarillado.”

TERCERO: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia recurrida que quedará así:

“QUINTO: CONFORMAR el comité de verificación de cumplimiento del presente
fallo, el cual estará integrado por el magistrado sustanciador en el trámite de
primera instancia quien lo presidirá, el señor Alcalde Municipal de Montenegro o
su delegado, el Gobernador del Departamento del Quindío o su delegado, el
delegado de la OMGERD de Montenegro, el Director de la EPQ SA ESP o su
delegado, el director de la CRQ o su delegado, el agente del Ministerio Público
delegado ante este Tribunal y los actores populares.

El Comité de Verificación una vez en firme la decisión deberá reunirse a iniciativa
del magistrado sustanciador cada cuatro (4) meses, para evaluar la ejecución y
cumplimiento de las órdenes emitidas. Lo anterior permitirá conocer y calificar la
gestión institucional e interinstitucional, los compromisos asumidos por cada ente
según sus competencias, cronograma de actividades y los avances efectivos para
su real ejecución y solución.”

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la decisión apelada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 18 de abril de 2024.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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