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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 63001-23-33-000-2022-00126-02

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 63001-23-33-000-2022-00126-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 63001-23-33-000-2022-00126-02

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

25 de julio de 2024

Radicado: 63001-23-33-000-2022-00126-02 (28442)
Demandante: Asobancaria

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad
Radicación: 63001-23-33-000-2022-00126-02 (28442)
Demandante Asobancaria
Demandado: Municipio de Armenia

Temas: ICA. Tarifa. Actividad financiera. Incorporación de normas especiales
de Bogotá. Trámite para la aprobación del acuerdo municipal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 10 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío,
que resolvió (índice 59):

Primero: Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas.

Segundo: Sin lugar a condenar en costas en esta instancia.

ANTECEDENTES

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011),
la demandante formuló la siguiente pretensión (índice 4):

Que se declare la nulidad parcial del artículo 46 del Acuerdo 229, del 13 de diciembre de 2021,
expedido por el Concejo Municipal de Armenia, cuyo texto se transcribe a continuación, destacando
la parte de la disposición cuya nulidad se demanda:

«Artículo 46. Códigos de actividad y tarifas de industria y comercio. Las actividades, códigos y tarifas del
impuesto de industria y comercio en el municipio de Armenia, se determinarán dependiendo si el contribuyente
pertenece o no al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (Simple) establecido por la Ley 2010
de 2019 o la norma que lo modifique, según se dispone a continuación:

1. Contribuyentes que no integran el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación (Simple):

Las siglas NA contenidas en el cuadro tarifario, hacen referencia a “no aplica”, por tratarse de actividades de
prohibido gravamen que por expresa disposición de ley no generan el impuesto de industria y comercio…

Clase Descripción Tarifa
6391 Actividades de agencias de noticias 10,0
6399 Otras actividades de servicios de información n.c.p. 6,0

1
El expediente entró al despacho sustanciador el 02 de febrero de 2024 (índice 3. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al
historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).

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1

Radicado: 63001-23-33-000-2022-00126-02 (28442)
Demandante: Asobancaria

6411 Banco central 10,0
6412 Bancos comerciales 12,5
6421 Actividades de las corporaciones financieras 12,5
6422 Actividades de las compañías de financiamiento 12,5
6423 Banca de segundo piso 10,0
6424 Actividades de las cooperativas financieras 10,0
6431 Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares 12,5
6432 Fondos de cesantías 12,5
6491 Leasing Financiero (arrendamiento financiero) 12,5
6492 Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario 5,0
6493 Actividades de compra de cartera o factoring 10,0
6494 Otras actividades de distribución de fondos 10,0
6495 Instituciones especiales oficiales 10,0
6496 Capitalización 10,0
6499 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 12,5

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas a los artículos 287.3 y 313.4 de
la Constitución; y 14 de la Ley Orgánica 2082 de 2021, bajo el siguiente concepto de
violación:

Citando precedentes de la Corte Constitucional y de esta Sección, señaló que la potestad
tributaria de los entes territoriales debe ejercerse dentro de los límites constitucionales y
legales 2 . Expuso que el artículo 14 de la Ley Orgánica 2082 de 2021 autorizó a los
concejos de las «ciudades capitales» a adoptar las normas que regulan el ICA (impuesto
de industria y comercio) en Bogotá, para lo cual se requiere atender a las realidades
tributarias de la respectiva «ciudad capital» y que sea el alcalde de esta quien ejerza la
iniciativa normativa. En ese contexto, sostuvo que el aparte demandado infringió el
dispositivo legal, porque estableció para las actividades del sector financiero una tarifa
del ICA que no habría sido de iniciativa del alcalde (i.e. el Acuerdo 229 de 2021), ni tendría
sustento en la realidad tributaria del municipio demandado.

Contestación de la demanda

El demandado se opuso a las pretensiones de la actora (índice 40), pues controvirtió las
afirmaciones de la demandante en las que se basa la acusación de infringir el artículo 14
de la Ley Orgánica 2082 de 2021. Señaló que la modificación de la tarifa del ICA debatida
tuvo origen en una iniciativa del alcalde, que presentó a consideración del Concejo el
proyecto de acuerdo y participó en el debate que se dio en ese cuerpo de representación
popular a través de la Secretaría de Hacienda; también, que dicho proyecto contó con un
estudio económico-tributario en el que se demostraban los motivos por los que procedía
reformar la tarifa del tributo, teniendo en cuenta la realidad financiera del municipio.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda sin condenar en costas (índice 59).
Señaló que, en virtud de la autonomía reconocida a favor de los entes territoriales por los
artículos 287.3 y 338 constitucionales, los concejos y asambleas cuentan con potestad
para establecer los elementos de los tributos del orden territorial, conforme a los límites
fijados en la Constitución y la ley. Precisó que, en línea con lo anterior, el artículo 14 de
la Ley Orgánica 2082 de 2021, autorizó a los concejos de las «ciudades capitales» para
adoptar el régimen del impuesto predial unificado y del ICA aplicable en Bogotá, siempre
que fuera a iniciativa del alcalde y acorde con las realidades tributarias de cada ciudad.
Juzgó que, contrariamente a lo indicado por la actora, la disposición demandada cumplió
esas exigencias, porque la promovió el alcalde, que radicó el Proyecto de Acuerdo nro.
049 de 2021, en el cual explicó la oportunidad y conveniencia de la reforma propuesta,
2
Mencionó las sentencias de la Corte Constitucional C-004 de 1993, C-070 de 1994, C-084 de 1995, C-335 de 1996, C-232 de
1998 y C-132 de 2020; y las de esta Sección del 22 de marzo de 2012 (exp. 18842, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia) y del
09 de agosto de 2018 (exp. 22071, CP: Jorge Octavio Ramírez).

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aportando para la consideración del Concejo un «estudio socioeconómico del municipio
con enfoque desde la estructura tributaria», así como un «análisis del esquema tarifario».
Por último, señaló que la Administración municipal estuvo presente en las sesiones del
Concejo para el debate de esa reforma, a través del funcionario de la Secretaría de
Hacienda que se encargó de exponer los resultados de los anteriores documentos.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del a quo (índice 63). Discrepó acerca de que la tarifa
del ICA aprobada por Concejo fuese a iniciativa del alcalde, porque estaba probado que
en el Proyecto de Acuerdo 049 de 2021 se propuso una tarifa del 10‰, pero el Concejo
aprobó una superior, del 12,5‰. Planteó que el término «iniciativa», previsto en el artículo
14 de la Ley Orgánica 2082 de 2021, debía entenderse en «su sentido natural y obvio»
(artículo 28 del CC, Código Civil, Ley 84 de 1873), como el «derecho a hacer una
propuesta». Así, en su criterio, era ilegal la norma acusada, porque se propuso durante
el trámite de aprobación del acuerdo, mas no por el alcalde, y afirmó, sin desarrollar la
tesis, que la decisión no correspondía a las realidades tributarias del municipio.

Pronunciamientos sobre el recurso

El demandado guardó silencio. El ministerio público pidió confirmar el fallo apelado, para
lo cual indicó que en el plenario estaba demostrado que la reforma a la tarifa del ICA para
las actividades del sector financiero cumplió las exigencias del artículo 14 de la Ley
Orgánica 2082 de 2021, pues fue iniciativa del alcalde y se acompañó de los estudios
que acreditaban su procedencia acorde a la realidad tributaria municipal (índice 11).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de la norma acusada, atendiendo al cargo de apelación
formulado por la parte actora contra la sentencia del tribunal que negó sus pretensiones
sin imponer condena en costas. Por ende, corresponde decidir si los apartes demandados
del artículo 46 del Acuerdo 229 de 2021 violaron la iniciativa exclusiva del alcalde, exigida
por el artículo 14 de la Ley Orgánica 2082 de 2021 para que el concejo municipal
estableciera en su jurisdicción normas basadas en la normativa del ICA que rige para el
Distrito Capital, en el caso, relativas a la tarifa con que están gravadas las actividades del
sector financiero; y si omitieron honrar el requisito de analizar la «realidad tributaria» del
municipio que decidió adoptar el ordenamiento de Bogotá.

Análisis del caso concreto

2- Frente a la acusación en el sentido de que el precepto demandado contrariaba la
norma legal de habilitación (i.e. el artículo 14 de la Ley Orgánica 2082 de 2021) porque
estableció para las actividades del sector financiero una tarifa del ICA que no habría sido
de iniciativa del alcalde, ni tendría sustento en la realidad tributaria del municipio
demandado, el a quo juzgó que la disposición sí cumplió las referidas exigencias, porque
fue promovida por el alcalde, con la radicación del Proyecto de Acuerdo 049 de 2021, en
el que explicó la oportunidad y conveniencia de la reforma propuesta, con el apoyo de
dos documentos técnicos: un «estudio socioeconómico del municipio con enfoque desde
la estructura tributaria» y un «análisis del esquema tarifario»; y también porque el

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mandatario local participó en las deliberaciones del Concejo sobre la norma, a través del
funcionario de la Secretaría de Hacienda que le expuso a ese cuerpo de representación
popular municipal los análisis hechos.

A esa decisión se opone la actora, como apelante única, que plantea que, por mandato
del artículo 28 del CC, el término «iniciativa» previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica
2082 de 2021 debía entenderse, en «su sentido natural y obvio», como el «derecho a
hacer una propuesta». Estima que, bajo ese criterio, el artículo 46 del Acuerdo 229 de
2021, en lo concerniente a la modificación del tipo porcentual del ICA aplicable a las
actividades del sector financiero, incumplió el requisito de que la norma adoptada sea de
iniciativa del alcalde porque no se aprobó el porcentaje que este propuso en el proyecto
de acuerdo (10‰), sino uno mayor (12,5‰). De ahí que solicite la anulación del precepto.

En suma, la apelante acepta que fue el alcalde quien propuso reformar la tarifa del ICA
con la que se gravan las actividades del sector financiero, pero censura que el tipo
porcentual establecido en la norma acusada sea distinto del que planteó el mandatario
local. Por tanto, la Sala juzgará si esa circunstancia infringió la citada norma orgánica, en
cuanto ordena que las modificaciones al régimen del ICA de las «ciudades capitales»,
para adoptar la normativa tributaria del distrito capital de Bogotá, sean a iniciativa del
alcalde. Pero, no se emitirá ningún pronunciamiento sobre la afirmación de la apelante
según la cual la tarifa del ICA debatida habría sido aprobada sin «corresponder a las
realidades tributarias del municipio demandado», pues el tribunal encontró demostrado
ese requisito a través de dos documentos técnicos, sin que esa decisión del a quo fuera
apelada por la parte actora, que se limitó, al igual que en la demanda, a aseverar que se
desatendió el requisito, sin proponer reparos concretos contra la decisión del tribunal que
puedan ser analizados por el fallador de segunda instancia. Se reitera, por ende, como
lo ha hecho la Sala en otras ocasiones, que en desarrollo del principio de justicia rogada
y de los artículos 320 y 322 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012),
quien resuelve la apelación solo debe estudiar la inconformidad planteada contra el fallo
impugnado, porque el objeto del recurso consiste en que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente frente a los reparos formulados por el recurrente3.

3- Sobre la potestad normativa tributaria de las entidades territoriales cabe señalar que,
si bien es originaria porque está conferida por el propio Texto Supremo y no por normas
de inferior rango, no es absoluta, pues los artículos constitucionales 287.3, 300.4, 313.4
disponen que se encuentra sometida a dos límites: la Constitución y la ley. De ahí que la
Corte Constitucional advirtiera, desde la sentencia C-517 de 1992, que la potestad
atribuida en el artículo 338 Superior para que las ordenanzas y los acuerdos se ocupen
de «fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y
las tarifas de los impuestos» está circunscrita a lo que determinen la Constitución y la ley,
siendo inadmisibles en nuestro sistema los tributos territoriales configurados en contravía
del precepto legal y los regulados exclusivamente por normas locales.

Concordantemente con esos precedentes constitucionales, esta Sección ha manifestado
que la facultad creadora de los tributos es un monopolio del Congreso de la República y
que, solo cuando se ha establecido legalmente el tributo, cada ente territorial puede
determinar los elementos de la obligación tributaria de acuerdo con las pautas fijadas
legalmente4.

3
Sentencias del 06 de noviembre de 2019, exp. 23476, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto y del 05 de mayo de 2022, exp. 25553,
CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
4
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 07 de marzo de 2013 (exp. 18579, CP: Carmen Teresa Ortiz de
Rodríguez), del 19 de marzo de 2019 (exp. 22645 CP: Milton Chaves García), del 28 de mayo de 2020 (exp. 23333, CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto) y del 11 de noviembre de 2021 (exp. 25479, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

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Para el caso del ICA, su configuración contemporánea fue desarrollada por las normas
contenidas en Capítulo II de la Ley 14 de 1983 (codificadas después en los artículos 195
y siguientes del Decreto Ley 1333 de 1986), que prescribieron los elementos del hecho
imponible del impuesto que regiría en todas las municipalidades, incluyendo el que para
entonces era el Distrito Especial de Bogotá (artículo 40 de la Ley 14 de 1983). Pero la
Constitución de 1991 dotó de un nuevo régimen a esta ciudad, que pasó a ser un Distrito
Capital al que se le autorizó a contar, entre otros aspectos, con un régimen fiscal
establecido por leyes especiales (artículo 322), lo cual dio lugar a que, bajo la autorización
otorgada por el artículo 41 transitorio de la Constitución, se profiriera el Decreto Ley 1421
de 1993, en el que se dictó el «régimen especial para el Distrito Capital», que incluyó en
el artículo 154 modificaciones al ICA que regirían exclusivamente en esa jurisdicción. Más
recientemente, la Ley Orgánica 2082 de 2021, con fundamento en el artículo 320 de la
Constitución, creó una categoría de municipios denominada «ciudades capitales», que
abarca al «Distrito Capital de Bogotá y los demás distritos y municipios que tienen la
condición de capitales departamentales» y dispuso para esa categoría la adopción de
«un régimen especial para su organización, gobierno y administración y un tratamiento
diferenciado por parte de las autoridades administrativas, con el fin de promover su
desarrollo integral y regional» (artículo 2.°). En lo que atañe al ámbito tributario, el artículo
14 ibidem autorizó a los concejos de las «ciudades capitales» para adoptar «las normas
que rigen para el Distrito Capital de Bogotá en materia de impuesto predial unificado y de
industria y comercio», a condición de que sea «a iniciativa del alcalde y acorde con las
realidades tributarias de la ciudad capital».

Bajo esos términos, el ordenamiento consagra la iniciativa exclusiva del alcalde para que
el concejo de una ciudad capital adopte en su jurisdicción las disposiciones que sobre el
ICA existían solo para el distrito capital, a la que alude la apelante en su acusación contra
la norma cuya declaratoria de nulidad solicita.

4- Observa la Sala que en torno al asunto litigioso están acreditados los siguientes hechos
relevantes en el plenario:

(i) La entidad territorial demandada pertenece a la categoría creada por la Ley Orgánica
2082 de 2021, toda vez que el parágrafo del artículo 1.º de la Ley 2.ª de 1966 la instituyó
como capital del departamento del Quindío.

(ii) El alcalde de esa ciudad capital presentó a consideración del Concejo Municipal el 20
de noviembre de 2021 el Proyecto de Acuerdo 049 «Por medio del cual se expide el
Estatuto Tributario del municipio». En la exposición de motivos, se indicó que, bajo la Ley
Orgánica 2082 de 2021, era procedente ajustar la tarifa del ICA para las actividades
financieras, incrementándolas del 5 al 10‰ –en el caso de las identificadas con los
códigos «6411 banco central», «6412 bancos comerciales», «6423 banca de segundo
piso», «6491 leasing financiero (arrendamiento financiero)» y «6493 actividades de
compra de cartera o factoring»– (índice 36).

(iii) Igualmente en el marco fiscal de mediano plazo se señaló que «a partir de la vigencia
fiscal 2023 se espera un aumento adicional en la liquidación por valor de $2.200 millones,
asociado al incremento de la liquidación del tributo industria y comercio para las
actividades financieras». Al efecto, para conocimiento del Concejo, se aportó un «Informe
de análisis de esquema tarifario de los principales tributos del Estatuto Tributario del
municipio» en el que se concluyó que era viable proponer un aumento en la tarifa a las
actividades del sector financiero y se cuantificó su impacto en el recaudo, tomando como
base las declaraciones presentadas por el periodo 2019; y un «Estudio socioeconómico
del municipio» que contenía, entre otros, datos relacionados con el comportamiento de

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las empresas y su interacción con el empleo en el municipio, según las particularidades
generadas por «la coyuntura del Covid-19», en el cual se calificó al sector financiero como
generador de empleos menos vulnerables al disponer de mejores condiciones y más altas
capacidades para continuar con pagos salariales (índice 36).

(iv) Todos los debates relativos a ese proyecto de acuerdo adelantados en el cuerpo de
representación popular municipal se llevaron a cabo en sesiones realizadas el 09, el 10
y el 13 de diciembre de 2021 en las que estuvo presente un funcionario de la Secretaría
de Hacienda (índice 36). En la última, un concejal inquirió si la tarifa propuesta para las
actividades financieras era el máximo que se podía exigir o si se podía aumentar, a lo
cual respondió el funcionario de la Secretaría de Hacienda que «en el marco de la
autonomía tributaria que tiene el Concejo, si se quisiera, pueden aumentar la tarifa, ya
que no hay impacto fiscal», tras lo cual el mismo concejal propuso aumentar la tarifa al
12,5‰ para las actividades «6412 bancos comerciales» y «6491 leasing financiero
(arrendamiento financiero)», propuesta que fue votada y aprobada por el Concejo. Para
las demás actividades financieras a que se refiere el presente proceso (i.e. «6411 banco
central», «6423 banca de segundo piso» y «6493 actividades de compra de cartera o
factoring») la tarifa que se aprobó fue del 10‰ planteada en el proyecto de acuerdo
(índice 30).

Queda entonces establecido que el cargo a estudiar solo podría formularse sobre las
actividades financieras que fueron gravadas con el tipo porcentual del 12,5‰, que son
las identificadas con los códigos «6412 bancos comerciales» y «6491 leasing financiero
(arrendamiento financiero)», no para las demás.

5- Dado el alcance del debate, la Sala parte de considerar que la iniciativa para presentar
proyectos de acuerdos municipales está regulada en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994,
según el cual la tienen, con carácter general, los concejales y los alcaldes y también, para
asuntos de su competencia, los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras
Locales, todo sin perjuicio de que respecto de algunas materias esté contemplada una
iniciativa restringida que ostenta exclusivamente el alcalde. Así ocurre con las temáticas
señaladas en el parágrafo 1.º del citado artículo 71 y, en lo pertinente a este juicio, con la
adopción en una ciudad capital de disposiciones sobre el impuesto predial y sobre el ICA
que se basen en la normativa especial que para esos tributos rige en el Distrito Capital
(artículo 14 de la Ley Orgánica 2082 de 2021).

Respecto de esa institución de la iniciativa normativa restringida a cargo del alcalde, la
Corte Constitucional juzgó en la sentencia C-152 de 1995 que, si bien «es razonable»
en la medida en que se dispone respecto de materias que tienen «una proyección directa
en el erario municipal», no restringe las deliberaciones en el cuerpo de representación
popular porque «las decisiones finalmente se adoptan por el concejo que es un órgano
de autogobierno»; y agregó que el hecho de que las materias a las que se refiere el
artículo 71 de la Ley 136 de 1994 sean semejantes a las dispuestas en el artículo 154
constitucional, relativo a la iniciativa reservada para proponer proyectos de ley, «acredita
que los motivos que tuvo en mente el Constituyente para restringir en ciertos casos la
iniciativa legislativa de los congresistas, guardadas las proporciones, pueden ser
pertinentes en el ámbito municipal».

Visto ese nexo entre las disposiciones que limitan en el alcalde la iniciativa para presentar
proyectos de acuerdos municipales sobre algunas materias y la que circunscribe en el
presidente de la República la iniciativa legislativa, la Sala destaca que el artículo 154 de
la Carta, después de preceptuar en el segundo párrafo la iniciativa legislativa reservada,
advierte de manera expresa, en el tercer párrafo, que «las Cámaras podrán introducir

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modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno». Esto trae causa en que la
limitación de iniciativa no conlleva una disminución del poder de deliberación, enmienda
y aprobación del que está investido el cuerpo de representación popular del respectivo
nivel de gobierno, lo cual solo sucedería si una expresa disposición constitucional lo
previera, como aquellas que lo hacen en relación con el trámite para la aprobación del
plan de desarrollo (último párrafo del artículo 341 Superior) o para la aprobación del
presupuesto (artículo 351 ejusdem). En torno a esta cuestión, la Corte Constitucional
precisó en la sentencia C-838 de 2008 que:

(i) El Congreso de la República puede introducir modificaciones a los proyectos de ley que han sido
presentados por el Gobierno Nacional, correspondientes a temas de iniciativa exclusiva ejecutiva.
Estas modificaciones no requieren del aval gubernamental, salvo que se trate de “temas nuevos” 5 o
de “modificaciones que alteran sustancialmente la iniciativa gubernamental, caso en el cual deben
contar con el aval del Gobierno” 6. (ii) El Congreso de la República puede introducir modificaciones
a proyectos de ley que no hayan sido presentados por el Gobierno y que originalmente no incluían
materias sujetas a iniciativa legislativa privativa ejecutiva. Pero si dichas modificaciones recaen
sobre estas materias, se requiere el aval del Gobierno 7.

6- Guiada por esas pautas, la Sala juzga correcto el criterio desplegado por el a quo,
según el cual la iniciativa exclusiva del alcalde para presentar proyectos de acuerdos
sobre temas específicos no restringe la potestad del órgano de representación popular
para modificar las disposiciones presentadas a su consideración. En el caso, más allá de
que el concejo municipal haya adoptado mediante acuerdo para dos tipos de actividades
financieras unas tarifas superiores a las planteadas en el proyecto de norma, se acreditó
que la iniciativa para establecer esos preceptos basados en el ordenamiento del ICA que
rige para el Distrito Capital fue del alcalde municipal. Por ende, la disposición acusada
no incurre en la transgresión del artículo 14 de la Ley Orgánica 2082 de 2021 que le
endilga la apelante. No prospera el cargo de apelación.

Conclusión

7- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como criterio de decisión de la
presente sentencia que la iniciativa exclusiva del alcalde, exigida por el artículo 14 de la
Ley Orgánica 2082 de 2021 para que el concejo municipal o distrital de una «ciudad
capital» establezca en su jurisdicción disposiciones basadas en la normativa del
impuesto predial o del ICA que rige para el Distrito Capital, no restringe la potestad que
tiene el cuerpo de representación popular para modificar en el trámite de aprobación del
acuerdo las normas inicialmente propuestas por el alcalde.

Con arreglo a esa pauta, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, ya que
está demostrado que la propuesta para reformar la tarifa del ICA aplicable a las
actividades del sector financiero fue del alcalde del municipio demandado.

Costas

8- Por último, no se condena en costas, conforme con lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA, por tratarse de un asunto de interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5
Cfr. Sentencia C-551 de 2003.
6
Cfr. Sentencias C-475 de 1994 y C-177 de 2007.
7
Ver sentencias C-1707 de 2000, C-807 de 2001, C-121 de 2003, C-473 de 2004, C-354 de 2006, entre otras.

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Demandante: Asobancaria

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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