Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2023-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2023-00010-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2023-00010-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 15 de julio de 2026
Radicación: 63001-23-33-000-2023-00010-01 (72134)
Demandante: Yohany Arias Becerra
Demandado: Municipio de Montenegro
Referencia: Controversias contractuales
Temas: controversias contractuales – nulidad del contrato – legitimación activa en la causa
– interés directo para demandar
Síntesis del caso: se demanda porque la entidad demandada prorrogó un contrato de
concesión de alumbrado público sin autorización del concejo municipal.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante y la parte demandada en contra de la Sentencia de 19 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, que
declaró probada la excepción de falta de legitimación activa en la causa.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recursos de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 6 de febrero de 2023, Yohany Arias Becerra presentó una demanda1, en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del
municipio de Montenegro (el Municipio), con el fin de que se hicieran las
siguientes declaraciones (se trascribe):
“1. DECLARAR la Nulidad absoluta del OTROSÍ MODIFICATORIO N° 4 del
contrato de concesión N° 158 de 7 de diciembre de 2001, suscrito entre el
municipio de Montenegro y Electroingeniería S.A.S., cuyo objeto era
‘Contratar la prestación del servicio de alumbrado público el cual incluye el
suministro, instalación, reemplazo, renovación, expansión y mantenimiento de
las luminarias y de los accesorios eléctricos.
2. CONDENAR en costas y agencias en derecho a la entidad demandada”.
1 Documento “3DemandaControversiaContractual” del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 63001-23-33-000-2023-00010-01 (72134)
Demandante: Yohany Arias Becerra
Demandados: Municipio de Montenegro
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma
2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
3. Mediante el Acuerdo 16 de 9 de septiembre 2001, el concejo municipal
autorizó al alcalde para suscribir un contrato de concesión de alumbrado
público, por un plazo máximo de 20 años. El 7 de diciembre de 2001, el
Municipio y Electroingeniería suscribieron el contrato de concesión 158.
4. Tras cumplirse el plazo de ejecución, “la alcaldía municipal decidió, de
manera arbitraria y sin autorización del honorable concejo municipal”,
según lo ordenaba el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, suscribir el Otrosí 3,
mediante el cual se prorrogó el contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.
En ausencia de la autorización, este negocio “no cumplió con el lleno de los
requisitos legales y carec[ía] de validez, por incapacidad absoluta”.
5. Agregó que el alcalde tenía conocimiento de la necesidad del trámite,
porque el 30 de noviembre de 2022 presentó ante el concejo municipal un
proyecto para que le fuera autorizada la suscripción de una nueva prórroga.
Sin embargo, lo retiró porque previó que le sería negado el permiso, según
el informe de ponencia respectivo. Aun así, en contra “de todo el marco
legal y de la institucionalidad”, el 29 de diciembre de 2022, el alcalde
suscribió el Otrosí 4, que en su cláusula 10 “buscó aparentemente beneficiar
al contratista otorgándole un nuevo plazo de ejecución de 108 meses (9
años)”.
6. El negocio jurídico cuestionado “violó el ordenamiento jurídico” porque
no fue autorizado previamente por el concejo municipal. En concepto del
demandante, el alcalde estaba obligado a tramitar “tantas autorizaciones
como adiciones y/o prórrogas se generen al contrato original”.
7. Mediante un Auto de 14 de febrero de 20232, el tribunal admitió la
demanda y ordenó vincular a Electroingeniería S.A.S. como tercero
interesado.
1.2. Posición de la parte demandada
8. El Municipio contestó la demanda3. Sostuvo que, si bien el acuerdo
municipal contenía una limitación temporal, ello estaba “en contravía con
las normas superiores relativas a la posibilidad de prorrogar el mismo”,
facultad del alcalde como representante legal de la entidad. Con la
suscripción de la prórroga no se actuó “de manera arbitraria”; por el
contrario, se observaron las normas de contratación estatal en beneficio del
2 Documento “8AutoAdmisorioDemanda” del expediente digital.
3 Documento “29_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaControversiasContractuales” del
expediente digital.
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Demandante: Yohany Arias Becerra
Demandados: Municipio de Montenegro
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma
interés público. Así, no podía considerarse que se trató de favorecer
indebidamente al concesionario.
9. La autorización para contratar en este caso no podía entenderse
extensible a “todos aquellos actos que se desprend[ieran] del ejercicio de
ejecución”, pues tal entendimiento “desnaturalizaría la esencia de esta
facultad” y desconocería las normas que facultan a los alcaldes para
suscribir adiciones y prórrogas. Precisó que retiró el proyecto presentado en
el 2022 al Concejo porque el “órgano colegiado no tenía competencia para
otorgar este tipo de autorizaciones frente a actos contractuales”.
10. Propuso la excepción de falta de legitimación activa en la causa,
porque el demandante no demostró cuál era su “interés directo” de
acuerdo con el artículo 141 del CPACA y el desarrollo jurisprudencial de este
concepto, según el cual, de la relación contractual debía derivarse “un
provecho o un perjuicio con relevancia jurídica” para el tercero. Una
supuesta defensa del interés público o de la moralidad administrativa no
podía suplir el requisito mencionado.
11. Electroingeniería contestó la demanda4. Se opuso a las pretensiones
porque el demandante no fundamentó un debate de legalidad con base
en las causales previstas en la Ley 80 de 1993 o en las leyes civiles, lo que
constituía un incumplimiento de la carga de la prueba.
12. Indicó que el plazo de 20 años fijado por el concejo municipal en el
acuerdo municipal de 2001 trataba sobre la autorización para celebrar el
contrato, pero no podía entenderse como el término máximo de ejecución.
13. Afirmó que no era cierto que la suscripción del otrosí buscara “beneficiar
al contratista”; la Administración pretendió, con la prórroga, ajustar el
equilibrio económico del contrato, según los antecedentes que quedaron
registrados en el documento.
14. Sostuvo que el Acuerdo Municipal de 2001 fue demandado ante los
juzgados administrativos, en 2023, porque el Concejo se había extralimitado
al establecer un plazo, cuando lo único previsto en la Constitución y en la
Ley 136 de 1994 era la autorización al alcalde. El contenido del contrato,
incluido el plazo, eran competencia de este. Agregó que ninguna norma lo
obligaba a pedir una nueva autorización para la suscripción de prórrogas.
15. En un escrito aparte5 propuso, entre otras, la excepción de falta de
legitimación activa en la causa, porque el artículo 141 del CPACA solo
previó la posibilidad de pedir la nulidad del contrato para las partes, el
4 Documento “27Contestacion Demanda y Anexos” del expediente digital.
5 Documento “26Escrito de excepciones previas” del expediente digital.
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Demandante: Yohany Arias Becerra
Demandados: Municipio de Montenegro
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma
Ministerio Público o “un tercero que acredit[ara] un interés directo”. Por esta
“cualificación especial”, no podía considerarse, como hacía la demanda,
que existiera una “acción pública de nulidad del contrato estatal”. Sobre
este punto, afirmó, la jurisprudencia del Consejo de Estado exigía la
demostración de la existencia de una “relación inmediata o próxima” para
demandar. En la demanda no se presentó ninguna argumentación sobre el
interés que tenía la actora, lo que demostraba su falta de legitimación.
1.3. Sentencia de primera instancia
16. Mediante la Sentencia de 19 de septiembre de 20246, el Tribunal
Administrativo de Quindío declaró probada la excepción propuesta por el
Municipio de “inexistencia de interés directo y/o falta manifiesta de
legitimación en la causa por activa”, y se abstuvo de condenar en costas
por no existir “prueba de su causación”.
17. Según el tribunal, el artículo 141 del CPACA establecía que la nulidad del
contrato podía ser solicitada, además de las partes, por el Ministerio Público
o un tercero que “acreditara un interés directo”. De acuerdo con el Consejo
de Estado, “el interés del que habla la ley, en este medio de control, no es
la defensa del ordenamiento jurídico, pues debe ser concreto, personal,
serio y actual”, habida consideración de que la legitimación se justificaba
“en el beneficio que se obtendría con la anulación del contrato, o, a la
inversa, en el perjuicio cierto que el acto acusado le causa al tercero
demandante”. Por tanto, se exigía una “cualificación especial”, toda vez
que “el legislador fue más estricto para abrir paso a la interposición del
medio de control”.
18. Con base en lo anterior, consideró que era claro que la demanda se
presentó para que “se ejecuten los recursos del ente territorial
correctamente sin afectar derechos e intereses de los habitantes del
municipio de Montenegro”, de modo que la validez del contrato no tenía
“ninguna repercusión” directa en los derechos de la parte actora. De allí
que los argumentos debieron “enmarcarse en otro medio de control”, ya
que el de controversias contractuales era de “naturaleza subjetiva” y no
podía utilizarse como si fuera una “acción pública”.
19. Indicó que el Ministerio Público solicitó realizar de oficio el análisis de
fondo porque “se configuraron prórrogas automáticas al contrato de
concesión”. Sin embargo, lo probado fue que las partes suscribieron una
prórroga y no que esta hubiera operado por el silencio de ellas. Así, la causal
indicada por la Procuraduría no se correspondía con los hechos de la
demanda.
6 Documento “074SentenciaPrime_000202300010Contract” del expediente digital.
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Referencia: controversias contractuales
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20. Finalmente, indicó que no se había demostrado en el proceso, “de
manera evidente”, la configuración “de una causal de nulidad absoluta del
contrato”, por lo que no podría declararse de oficio. Refirió que el artículo
32 de la Ley 136 de 1994 ordenaba la autorización de los concejos
municipales para que los alcaldes suscribieran contratos de concesión y, en
este caso, se trataba de una adición al negocio jurídico. Añadió que el
Municipio había demandado a través del medio de control de nulidad
simple el plazo otorgado por el concejo municipal para la celebración del
contrato 158 de 2001, respecto del límite de 20 años, proceso que se
encontraba en el trámite de primera instancia.
1.4. Recursos de apelación
21. La parte demandante interpuso un recurso de apelación7. Indicó que el
Ministerio Público, quien, según la norma, estaba legitimado para ejercer el
medio de control, estuvo de acuerdo con los argumentos de la demanda
sobre las “irregularidades en la creación de las obligaciones contractuales
que modificaron sustancialmente el contrato”. Además, el juez contaba con
facultades oficiosas para declarar la nulidad del negocio jurídico.
22. Alegó que, de acuerdo con una Sentencia del Consejo de Estado de 30
de noviembre de 2006, la legitimación para demandar en estos casos se
ampliaba porque, aun cuando los usuarios de los servicios públicos no eran
parte del contrato de concesión, “innegablemente acaba[ba]n viéndose
concernidos por sus cláusulas, en especial por las que les son directamente
aplicables”.
23. Afirmó que la interpretación “taxativa” del artículo 141 del CPACA
generaba “una tensión entre el ordenamiento jurídico y la Constitución”; en
este caso debía darse prevalencia “a la legalidad en la actuación
administrativa” y, en ejercicio “del control difuso establecido en el artículo 4
de la Constitución”, inaplicar parcialmente el artículo, “en caso de que no
se acredite un interés directo por parte del demandante”. De no hacerlo,
en su concepto, una norma procesal llevaría “a la perpetuación de un acto
contractual viciado de irregularidades evidentes”, en contravía de “la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades”.
24. Sostuvo que el interés directo del actor consistía en “mantener incólume
el erario público del municipio en el que él reside”, así como “buscar
garantizar la ejecución de un servicio público como lo es del alumbrado
público libre de cualquier manto de duda que pueda generar alteraciones
(…), lo cual no solo afectaría al aquí demandante, también afectaría a toda
la población del municipio de Montenegro”.
7 Documento “077Recurso de apelación demandante” del expediente digital.
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Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma
25. El Municipio presentó un recurso de apelación8. Sostuvo que la entidad
se apartaba de su postura inicial de oponerse a las pretensiones. Que, en
materia de Administración pública, y en concreto de contratación estatal,
el Consejo de Estado había dado prevalencia a los principios de legalidad
y transparencia por sobre aquel de los actos propios, para evitar la
convalidación de actos notoriamente ilegales.
26. Señaló que el Otrosí 4 amplió el plazo de la concesión en 108 meses,
equivalente a comprometer 9 vigencias fiscales futuras. Para ello, se profirió
el Acuerdo Municipal 21 de 23 de diciembre de 2022 que así lo autorizaba,
en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994. Sin
embargo, mediante la Sentencia 2023-00015 el Tribunal Administrativo de
Quindío declaró nulo ese acto administrativo.
27. En este contexto, “ni la prórroga ni el compromiso de vigencias futuras
excepcionales c[ontaron] con la autorización que demanda la Ley”, pese a
lo cual, el contrato estaba vigente, en contravía de las normas sustanciales
sobre la materia. Destacó que, de acuerdo con un concepto de Colombia
Compra Eficiente, las modificaciones que afectaban el contenido original
del contrato debían cumplir con las mismas formalidades legales,
reglamentarias y regulatorias para el contrato principal.
28. Indicó que el artículo 1742 del Código Civil estableció el deber del juez
de declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, previsión que estaba
en armonía con el artículo 45 y las causales contenidas en los numerales 2 y
4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En este caso, insistió, no se obtuvo la
autorización para la prórroga y el acto administrativo que autorizaba
comprometer vigencias futuras fue anulado.
29. Por último, sostuvo que en el proceso de empalme entre alcaldías hubo
inconsistencias y documentos faltantes respecto del contrato de concesión.
Por todo lo anterior, solicitó que se declarara la nulidad absoluta del Otrosí
4.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Falta de legitimación activa en la causa – 2.3. Condena
en costas
2.1. Síntesis de la controversia
30. La Sentencia de primera instancia será confirmada, pues la Sala
comparte el análisis del tribunal. El medio de control de controversias
contractuales exige una legitimación específica respecto de quién puede
8 Documento “080_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACION20” del expediente digital.
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Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma
pretender la nulidad de un negocio jurídico estatal. En relación con los
terceros, la jurisprudencia ha delimitado el concepto de “interés directo”
previsto en el artículo 141 del CPACA que, como se expondrá, no se cumple
en el presente asunto. Por ser la legitimación activa en la causa un
presupuesto procesal, al no ser viable conocer de la pretensión declarativa,
no es posible estudiar los argumentos planteados por la entidad en su
recurso de apelación y por el Ministerio Público en el curso del proceso.
2.2. Falta de legitimación activa en la causa
31. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-221 de 1999, se pronunció
sobre la constitucionalidad de la expresión “interés directo” contenida en el
inciso 3 del artículo 32 de la Ley 446 de 1998, que fue replicada en el artículo
141 de la Ley 1437 de 2011. En esa oportunidad, la Corte precisó que, por
tratarse de una acción de rango legal y no constitucional, el legislador
podía, “en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, restringir la
titularidad de la acción o someter su ejercicio al cumplimiento de requisitos
y condiciones razonables”9. Agregó que la noción de interés directo no se
limitaba a quienes participaban en el procedimiento de selección y no era
únicamente por motivos económicos, ya que el contrato podía “incidir,
repercutir o afectar en cualquier forma o modo [la] situación e intereses, o
el goce o efectividad de derechos” de terceros.
32. En línea con lo anterior, el Consejo de Estado ha enfatizado que
corresponde al actor demostrar ese interés, más allá de un debate de simple
legalidad. Así10 (se trascribe):
“[E]l interés de quien demanda la nulidad del contrato no debe ser el de
simple legalidad, propio de la nulidad de un acto administrativo (…), sino un
interés concreto, personal y directo, como el que tiene un licitante vencido
frente al acto de adjudicación del contrato cuestionado.
(…).
Como la «defensa del ordenamiento jurídico» y la supuesta afectación
derivada de la ejecución del contrato de concesión n° VAL 0868804 como
«habitantes de Cartagena» y «propietarios de vehículos» no constituyen un
interés directo –como lo exige el artículo 141 CPACA–, los demandantes no
están habilitados para solicitar la nulidad absoluta de ese contrato”.
33. La carga de demostrar el interés directo tiene su fundamento en el
principio de relatividad de los contratos y la protección del contrato estatal,
y se deriva también de la lógica procesal prevista en el artículo 1742 del
9 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-221 de 14 de abril de 1999. Con salvamento
de voto de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio
Hernández Galindo.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C. Auto de 19 de julio de 2023, exp. 68868.
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Demandados: Municipio de Montenegro
Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma
Código Civil, que permite alegar la nulidad a quien “tenga interés en ello”.
Sobre este punto, la Sección Tercera ha indicado11 (se trascribe):
“Como excepción a la regla indicada, la citada norma dispuso que la nulidad
absoluta del contrato estatal también podrá ser pretendida por el Ministerio
Público y por el ‘tercero que acredite un interés directo’, sin perjuicio de que
pueda ser declarada de oficio por el juez administrativo, permitiendo de esta
forma el ejercicio del medio de control de controversias contractuales a
quienes no fueron parte del contrato, pero cualificando a esos sujetos activos
en sede de legitimación y únicamente en lo referente a esa precisa pretensión
de declarar su nulidad absoluta, impidiendo el ataque indiscriminado que
implicaría que cualquiera y sin denotar un interés directo en el negocio pueda
peticionar su ruptura, circunstancia que iría en contravía del interés general
envuelto en el contrato estatal así como del principio de relatividad de los
contratos antes explicado.
Por tanto y como ha manifestado esta Subsección, el interés directo funge
como punto de equilibrio del mecanismo de control judicial de los contratos
estatales, en la medida que autoriza su activación en armonía con los
principios de conservación y relatividad de los negocios jurídicos -favor
contractus, a través del cual se promueve el cumplimiento y protección de
los acuerdos de voluntades como fuente estable de derechos y obligaciones,
los cuales enmarcan una relación de exclusividad frente a sus efectos y son
catalogados como ley para quienes los concertaron, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 1602 del Código Civil”.
34. De este modo, para que un tercero pueda solicitar la nulidad de un
contrato estatal debe demostrar que el negocio jurídico lo afecta de
manera directa y personal, lo que no puede hacer consistir en argumentos
generales sobre la defensa del patrimonio público o del ordenamiento
jurídico, pues ello convertiría al medio de control de controversias
contractuales en una acción pública y permitiría enjuiciar, incluso con
aparentes argumentos altruistas, cualquier negocio suscrito por la
Administración, poniendo en peligro la satisfacción de las necesidades
públicas.
35. Conviene precisar que el concepto de interés directo no se agota, como
se ha propuesto en ocasiones, en el proponente vencido o en un detrimento
económico. Ello, por cuanto la ley procesal no fijo una limitación en ese
sentido y numerosos supuestos contractuales podrían afectar a terceros12.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A. Sentencia de 13 de septiembre de 2024, exp. 68632. Con aclaración de voto de los
magistrados Fernando Alexei Pardo Flórez y José Roberto Sáchica Méndez.
12 En la Sentencia de 19 de marzo de 2020, la Subsección A determinó que una entidad no
contratante estaba legitimada para solicitar la nulidad del contrato, por las siguientes
razones (se trascribe):
“El demandante del presente litigio es el Instituto Nacional de Vías, entidad que, si bien no
fue parte del procedimiento de selección que dio origen al acto acusado y a la
consecuencial celebración del negocio jurídico, cuya nulidad se pretende, alegó que tiene
un interés directo derivado de su condición de extremo suscribiente del convenio
interadministrativo No. 649 de 2013, en desarrollo del cual el ente territorial adelantó el
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Referencia: controversias contractuales
Decisión: confirma
Por tanto, se trata de una carga argumentativa y/o probatoria que el
tercero demandante ajeno a la relación contractual deberá satisfacer a fin
de que sea estudiada su pretensión invalidatoria.
36. En el presente caso, para la Sala es claro que la parte actora no
demostró un interés directo para solicitar la nulidad del Otrosí 4, pues de la
argumentación presentada en la demanda y en el recurso de apelación se
concluye que persigue una defensa del orden jurídico, situación que, como
viene de explicarse, resulta ajena a la naturaleza subjetiva del medio de
control de controversias contractuales.
37. El precedente del año 200613 citado en el recurso de apelación no es
aplicable porque, si bien en ese caso se hicieron consideraciones sobre la
relación entre el contrato de concesión y los administrados, lo cierto es que
se trataba de un asunto diferente. Allí se cuestionó la legalidad de unos
actos administrativos del Ministerio Transporte que, en el marco de un
contrato de concesión vial, fijaron unas tarifas y ordenaron trasladar unos
peajes. Así, no se abordó en ese caso la legitimación para demandar en
relación con la nulidad del contrato.
38. Respecto de la posibilidad de aplicar una excepción de
inconstitucionalidad, la Sala considera que no le asiste razón al recurrente
sobre la existencia de una tensión constitucional. De un lado porque, como
quedó expuesto, el concepto de interés directo fue sometido a un análisis
de exequibilidad en la Sentencia C-221 de 1999, con la conclusión reseñada
más arriba. Y, de otro, porque el ordenamiento jurídico prevé otros
mecanismos procesales y extraprocesales para velar por la protección del
patrimonio público y los derechos colectivos, por lo que una defensa de
estos valores no puede llevar a pretermitir las normas que, como se expuso,
condicionan el ejercicio del medio de control de controversias
contractuales.
procedimiento de selección del contratista para la ejecución de las obras objeto del
referido convenio.
(…)
En efecto, el demandante basa su reclamación en la posible transgresión de su derecho
subjetivo derivado de su calidad de extremo suscribiente dentro del convenio
interadministrativo, en cuyo marco se gestó el procedimiento de selección que dio origen
al acto de adjudicación acusado, en tanto fue con el aporte de sus recursos y su apoyo
técnico que se edificó la referida licitación.
En similar sentido se encuentra legitimado en la causa por activa para pretender la nulidad
absoluta del contrato celebrado como consecuencia del acto enjuiciado, en tanto que,
por cuenta de las mismas circunstancias narradas, se evidencia el interés directo que le
asiste para controvertir la legalidad del acuerdo censurado”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia de 19 de marzo de 2020, exp. 62538.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de
30 de noviembre de 2006, exp. 13074.
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Demandante: Yohany Arias Becerra
Demandados: Municipio de Montenegro
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Decisión: confirma
39. Por los razonamientos expuestos, esta Subsección concluye que el
demandante carece de legitimación activa en la causa para formular la
pretensión de nulidad del Otrosí 4, suscrito entre el Municipio y
Electroingeniería. En ausencia de este presupuesto procesal, no es posible
realizar un análisis de fondo y, por sustracción de materia, la Sala se
encuentra relevada de estudiar el recurso de apelación de la entidad
demandada, así como de los argumentos propuestos por el Ministerio
Público.
2.3. Condena en costas
40. En la Sentencia de primera instancia el tribunal se abstuvo de condenar
en costas a la parte demandante. Aun cuando el recurso de apelación fue
resuelto desfavorablemente a los intereses de la parte actora, lo cierto es
que, por las particularidades del caso, para la Sala es claro que lo
pretendido era un asunto de interés público, por lo que, de acuerdo con el
artículo 188 del CPACA, se abstendrá de condenar en costas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 19 de septiembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Quindío.
SEGUNDO: sin condena en costas en esta instancia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente
al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
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