Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 63001-23-33-000-2024-00063-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 63001-23-33-000-2024-00063-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 63001-23-33-000-2024-00063-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de octubre de 2024
Demandante: Fabio Cagua Castellanos
Demandada: Luz Piedad Mejía Echeverri como
directora del Programa de Seguridad y Salud
en el trabajo de la Universidad del Quindío
Radicado: 63001-23-33-000-2024-00063-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 63001-23-33-000-2024-00063-01
Demandante: Fabio Cagua Castellanos
Demandado: Luz Piedad Mejía Echeverri como directora del Programa de
Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad del Quindío
Tema: Autonomía universitaria
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia1 dentro de la demanda
presentada contra el acto de nombramiento de Luz Piedad Mejía Echeverri como
directora del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo de la Universidad del
Quindío.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda y su trámite en primera instancia
1. El 24 de mayo de 20242, el señor Fabio Cagua Castellanos, actuando en nombre
propio y también como presidente del Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores
Públicos de la Universidad del Quindío (SINTRADMIN), solicitó que se declare la
nulidad de la Resolución 12706 del 16 de abril de 2024, mediante la cual la Rectoría
de la Universidad del Quindío (UNIQUINDIO) nombró a la señora Luz Piedad Mejía
Echeverri como directora del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
referida institución educativa.
2. Según el juicio del demandante, el acto acusado se expidió con infracción a las
normas en las que debía fundarse, pues, se habrían desconocido los artículos 28 y
69 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo nro. 05 de 2005 (Estatuto
General de la UNIQUINDIO) y el Acuerdo nro. 11 de 2010 de (Estatuto Electoral de
la UNIQUINDIO).
1 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, negó las
pretensiones de nulidad electoral, mediante providencia del 9 de agosto de 2024.
2 Índice 1 ibidem.
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1
Demandante: Fabio Cagua Castellanos
Demandada: Luz Piedad Mejía Echeverri como
directora del Programa de Seguridad y Salud
en el trabajo de la Universidad del Quindío
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3. El actor adujo que el rector de la UNIQUINDIO, mediante Resolución 12535 del
1°. de marzo de 2024, y con base en la reglamentación contenida en el Estatuto
Electoral de la universidad, fijó las reglas para la convocatoria y, posterior, «elección»
de los directores de los programas de Ingeniería Electrónica y Seguridad y Salud en
el Trabajo.
4. Asimismo, manifestó que la referida institución educativa mantiene en reserva la
información sobre la convocatoria que, en su criterio, es pública. Lo anterior, toda vez
que, pese a que una de las aspirantes solicitó el expediente administrativo de la
convocatoria, a la fecha de radicación de la demandada, aun cuando media una
orden por parte del Tribunal Administrativo del Quindío al respecto, aquel no había
sido entregado.
5. Finalmente, señaló que la demandada no cumple con los requisitos establecidos
en el Acuerdo 05 de 2005 (Estatuto General de la UNIQUINDIO) y el Acuerdo 11 de
2010 de (Estatuto Electoral de la UNIQUINDIO), pues, a su juicio: i) su título
profesional en bacteriología no es de una disciplina afín al programa para el cual
resultó electa; ii) su título de maestría fue obtenido en una universidad extranjera, el
cual, al no haber sido homologado, no debió tenerse en cuenta como un requisito
cumplido y iii) no tiene licencia en seguridad y salud en el trabajo.
6. Por medio de auto del 28 de mayo de 20243, el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Cuarta de Decisión, admitió la demanda y dispuso las notificaciones y
comunicaciones pertinentes. En consecuencia, se presentaron las intervenciones
que se refieren a continuación.
7. La apoderada de la Universidad del Quindío4 solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda, pues, advierte que «las situaciones administrativas que
la Universidad del Quindío, ha proferido observan cuidadosamente los presupuestos
legales nacionales y así mismo han sido sometidos a las verificaciones y
aprobaciones por parte de los respectivos entes de regulación nacional, con la
finalidad de no ejercer de forma arbitraria y extralimitada el ejercicio constitucional de
la autonomía de la voluntad».
8. En el mismo sentido, propuso como excepciones, la inexistencia de vicios de
legalidad de la Resolución 12706 de 2024 y la genérica.
9. De las excepciones propuestas5 se corrió el traslado correspondiente a las partes,
entre el 2 y el 4 de julio de 2024 y, sobre el particular, se allegó el pronunciamiento
del demandante, en el que insistió en que la señora Luz Piedad Mejía Echeverri no
acredita los requisitos para ocupar el cargo administrativo.
3 Índice 6 Samai del tribunal.
4 Índice 13 Samai del tribunal.
5 Índice 14 Samai del tribunal
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Demandada: Luz Piedad Mejía Echeverri como
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10. Por otra parte, el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante auto del 8 de julio
de 20246 dispuso el trámite de sentencia anticipada, fijó el litigio7, incorporó las
pruebas y otorgó el término a las partes para alegar de conclusión.
11. Los aspectos más relevantes de los alegatos fueron los siguientes:
a) El demandante8 ratificó lo expuesto en su demanda y agregó que se
presentaron vicios de procedimiento, ya que, para la «elección» demandada,
se tuvo en cuenta el voto de opinión de un decano encargado de la Facultad de
Medicina, cuando lo propio debe hacerlo «el decano de la facultad respectiva»
y, a su vez, porque el rector, al manifestar, también, su voto de opinión, no
habría tenido en cuenta las exigencias establecidas en el reglamento interno.
b) Por su lado, la Universidad del Quindío9 insistió en los argumentos de
defensa que propuso en la contestación de la demanda y agregó que la señora
Luz Piedad Mejía Echeverri sí acredita los requisitos para ocupar el cargo como
directora del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo. Asimismo, que el
procedimiento de «elección» acató lo dispuesto en los acuerdos 05 de 2005 y
11 de 2010, así como las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral.
c) El Ministerio Público10 señaló que no es dable declarar la nulidad del acto
demandado, toda vez que la señora Luz Piedad Mejía Echeverri sí cumple los
requisitos para ser nombrada en el cargo que se controvierte, «en virtud de los
Estatutos de la Universidad del Quindío, amparados por el principio de
legalidad».
Agregó que la demandada sí podía ser nombrada como directora del Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNIQUINDIO «según el Decreto 1083
de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del
Sector de la Función Pública”, dado que en su artículo 2.2.2.3.4, establece que
los empleados públicos que acrediten títulos en el exterior, tendrán un lapso de
2 meses para homologarlos, luego de su posesión en el cargo al interior del
cual son requeridos», hipótesis que fue «asumida por los Comités Electorales
que se encuentran respaldados por el estatuto electoral, tal como constan en
las actas que obran en el plenario».
6 Índice 18 Samai del tribunal.
7 «¿Debe declararse la nulidad de la elección de la señora Luz Piedad Mejía Echeverri, como directora
del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Quindío, por haberse elegido
sin el cumplimiento de los requisitos para ello?»
8 Índices 23 Samai del tribunal.
9 Índice 24 Samai del tribunal.
10 Índice 60 Samai del tribunal.
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12. Finalmente, dentro del traslado para rendir alegatos de conclusión, la apoderada
de la señora Luz Piedad Mejía Echeverri promovió incidente de nulidad 11, en el que
señaló la indebida notificación del auto admisorio de la demanda.
13. Lo anterior, al asegurar que la notificación debió enviarse a su correo electrónico
personal, toda vez que la cuenta a la cual fue notificada, esto es, la dirección
lpmejia@uniquindio.edu.co, no está destinada para tales fines, sino para asuntos,
estrictamente, institucionales.
14. Del anterior incidente, se corrió el traslado12, sin que se allegara ningún
pronunciamiento sobre el particular.
15. En sentencia del 9 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Cuarta de Decisión, como cuestión previa, rechazó el incidente de nulidad
promovido por la demandada, pues consideró que aquel no tenía «vocación de
prosperidad, no solo porque en efecto, la dirección de correo a la cual se envió la
notificación sí corresponde o es del uso exclusivo de la demandada sino, además,
porque se podían advertir sin mayor esfuerzo datos que le permitían fácilmente
determinar su veracidad, sin necesidad de desplegar o abrir los documentos
adjuntos». Por ello, advirtió que la notificación se realizó de manera correcta, al
correo de uso exclusivo de la demandada, relativo al dominio de la universidad.
1.2. Sentencia de primera instancia
16. El 9 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de
Decisión, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, contrario a lo
aludido por el demandante, la accionada sí cumplía con los requisitos establecidos
en los Estatutos Universitarios para desempeñar el cargo de directora del Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo, por las siguientes razones:
a) El título de bacteriología hace parte de los programas educativos en
ciencias de la salud;
b) Respecto del título obtenido en el exterior, se probó que la demandante
inició el procedimiento de homologación ante el Ministerio de Educación;
c) El requisito de la licencia en seguridad y salud en el trabajo no era exigible;
y
d) Acreditó el requisito de experiencia, pues se desempeñó como docente por
más de 65 meses.
17. En suma, consideró que el cargo de expedición del acto con infracción de las
normas en las que debía fundarse, por incumplimiento de los requisitos para ocupar
el cargo no prosperaba y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
11 Índice 26 Samai del tribunal.
12 Índice 29 Samai del tribunal.
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1.3. Recurso de apelación y su trámite en primera instancia
18. Contra la anterior decisión, el 13 de agosto de 202413, el demandante presentó
recurso de apelación. En aquel, señaló que la demandada no acreditó los requisitos
de ser profesional en el área para la cual aspiraba a ser directora, en específico, el
de experiencia conforme la contabilización que se desprende del artículo 226 del
Decreto Ley 019 de 2012. Agregó que i) la sentencia del 4 de julio de 2024 de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, aludida por el tribunal en su sentencia de
primera instancia, no resultaba aplicable a la resolución del caso concreto, pues la
autonomía universitaria no puede justificar el incumplimiento de requisitos como el
mérito y la experiencia y ii) que la norma en la que debió fundamentarse la decisión
correspondía al Decreto 19 de 2012 y no al Decreto 1083 de 2015, tal como lo expuso
el referido tribunal.
1.3.1. Trámite del recurso de apelación en segunda instancia
19. El 3 de septiembre de 202414, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación y ordenó adelantar el trámite del artículo 293 del CPACA.
1.3.2. Traslado del recurso e intervenciones
20. La Secretaría de la Sección Quinta corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión y al Ministerio Público15, para que, si a bien lo tenía, presentara concepto.
21. Dentro de dichos términos se presentaron las siguientes intervenciones:
a) Luz Piedad Mejía Echeverri (demandada)16, mediante apoderada, solicitó
sea confirmada la sentencia de primera instancia, toda vez que, a su juicio,
la Resolución 12706 de 2024, expedida por la Universidad del Quindío, «no
vulnera ninguna disposición constitucional o legal y porque tampoco son
ciertas las aseveraciones del accionante» relativas a que no se encuentran
acreditados los requisitos para ocupar el cargo de directora del Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b) La Universidad del Quindío17, mediante apoderada, reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, en el sentido de señalar que
el nombramiento de la demandada obedeció «al debido proceso
constitucional y velando siempre por la salvaguarda de los derechos de las
partes intervinientes y de la legalidad que deben revestir todas las
actuaciones administrativas» que se surten en la referida institución
13 Índice 39 Samai del tribunal.
14 Índice 5 Samai.
15 Entre el 13 y el 17 de septiembre de 2024 (índice 12 Samai) y desde el 18 al 24 de del mismo mes
y año (índice 13 Samai), respectivamente.
16 Índice 10 Samai.
17 Índice 11 Samai.
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educativa. En consecuencia, solicitó sea desestimado el recurso interpuesto
por la parte actora.
c) La Procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado18 señaló
que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, pues, considera
«que no le asiste razón al apelante, por cuanto la demandada cumple con los
requisitos establecidos por los Acuerdos No. 005 de 2005 y 011 de 2010, los
cuales fueron expedidos por el Consejo Superior de la Universidad del Quindío
en virtud del principio de autonomía universitaria, que permite que las
instituciones de educación superior puedan regirse por sus propias normas,
dentro de los marcos constitucionales y legales».
Agregó que, en ese sentido, la Resolución 12706 del 16 de abril de 2024,
mediante la cual se designó a la señora Luz Piedad Mejía Echeverri, como
directora del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, «fue expedida en
cumplimiento de las normas en que debía fundarse».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
22. Esta Sección es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto
por el demandante, de conformidad con los artículos 15019 y 152 numeral 7.º, literal
c)20 del CPACA, así como lo dispuesto en el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
23. Asimismo, se advierte que la Sala es competente para conocer del asunto porque
se trata de una apelación contra una sentencia del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, que negó las pretensiones de
nulidad respecto del acto de nombramiento de la directora del Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Quindío.
2.2. De la solución al caso concreto
24. La Sala confirmará la sentencia apelada toda vez que, a partir de las pruebas
allegadas al expediente, se advierte que la Resolución 12706 del 16 de abril de
2024, mediante la cual la Rectoría de la Universidad del Quindío nombró a la señora
Luz Piedad Mejía Echeverri como directora del Programa de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la referida institución educativa, se encuentra ajustada a la legalidad.
18 Índices 14 y 15 Samai.
19 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
20 «Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 7.
De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: // c) “De la nulidad de los actos de elección
o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de
nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel
directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital” […]».
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25. A efectos de sustentar lo anterior, en primer lugar, se hará una breve referencia
a los hechos de la demanda que resultan relevantes para resolver los recursos.
Luego, será necesario reseñar lo que dijo la primera instancia como sustento de la
negativa de las pretensiones de nulidad electoral y el respectivo recurso de
apelación.
2.2.1. Delimitación de los hechos relevantes para resolver la apelación, de la
decisión de primera instancia, de los argumentos del recurso y de otras
consideraciones para decidir
26. En la demanda se afirmó que la demandada fue designada directora del
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNIQUINDIO sin cumplir los
requisitos para acceder a dicho estamento universitario. Específicamente, el
accionante, como argumentos de la nulidad, reparó que la señora Mejía Echeverri i)
es bacterióloga, disciplina no afín al programa para el cual resultó electa ii) cuenta
con un título de maestría de una institución educativa del extranjero que no fue
homologado y iii) no cuenta con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Por esta
última situación, afirmó que no acreditó la experiencia profesional relacionada de
ocho (8) meses. En suma, el accionante esgrimió que el acto de designación es nulo
por infringir las normas en las que debía fundarse.
27. Mediante sentencia del 09 de agosto de 202421, el Tribunal Administrativo del
Quindío negó las pretensiones de la demanda, pues de las pruebas aportadas no se
evidenció que la demandada no cumplía con los requisitos para ostentar el cargo en
el que fue designada. Esta decisión se sustentó en los siguientes argumentos:
a) Como cuestión previa rechazó el incidente de nulidad promovido por la
demandada, pues consideró que aquel no tenía «vocación de prosperidad, no solo
porque en efecto, la dirección de correo a la cual se envió la notificación sí
corresponde o es del uso exclusivo de la demandada sino, además, porque se
podían advertir sin mayor esfuerzo datos que le permitían fácilmente determinar
su veracidad, sin necesidad de desplegar o abrir los documentos adjuntos». Por
ello, advirtió que la notificación se realizó de manera correcta, al correo de uso
exclusivo de la demandada, relativo al dominio de la universidad.
b) Señaló que no emitiría pronunciamiento en relación con los argumentos
adicionales expuestos por el actor en los alegatos de conclusión, ya que, al
haberse presentado por fuera de la oportunidad procesal correspondiente, no
hicieron parte de la fijación del litigio.
c) Como aspecto transversal de la solución del caso concreto, la providencia hizo
referencia al principio de autonomía universitaria, con sustento en el artículo 69
superior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sección Quinta de
esta Corporación.
21 Índice 36 Samai del tribunal.
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Tal referencia le permitió concluir que la UNIQUINDÍO goza de aquella, en virtud
de la cual, el consejo superior de dicha universidad profirió los Acuerdos 0005 del
28 de febrero de 2005 y 011 del 19 de agosto de 2010. Puntualmente, se refirió a
los artículos 52, 53, 54 y 55 de dicho cuerpo normativo, todo con el fin de citar el
régimen de «elección» de los directores de programas y los requisitos que deben
cumplir los candidatos para acceder a dicha dignidad.
c) Así las cosas, conforme al material probatorio allegado, determinó lo siguiente:
• Teniendo en cuenta que la demandada ostenta un título profesional en
bacteriología y aquel, de acuerdo con la Resolución 2772 del 13 de noviembre
de 2003, hace parte de los programas educativos en Ciencias de la Salud,
dentro de los que, según consta en la página web de la universidad, se
encuentra el pregrado de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe entenderse
que «la demandada sí cumple con el requisito establecido en el parágrafo 2
del artículo 52 del Estatuto Electoral de UNIQUINDÍO, esto es, acreditar un
título de formación profesional en una disciplina afín al programa al cual se
aspira».
• Por otra parte, en lo relacionado a que el director de programa debe certificar
un título de posgrado, refirió que la señora Mejía Echeverri acreditó, a través
del acta individual de grado de fecha del 13 de octubre de 2023, su título como
magíster en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de la Universidad
Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) de Panamá.
Asimismo, pudo constarse que la demandada solicitó ante el Ministerio de
Educación la convalidación de dicho título.
• Así las cosas, adujo que el referido cargo, tampoco prospera, pues se
encuentra probado que la demandada sí cuenta con el título de posgrado que
se requiere para el cargo de director del programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo, del cual, además, su convalidación se encuentra en trámite ante el
Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con el artículo 2.2.2.3.4 del
Decreto 1083 de 2015.
• Asimismo, en relación con el argumento relativo a que la demandada no
cuenta con licencia en seguridad y salud en el trabajo y, por lo tanto, aquella
carece de experiencia profesional relacionada, la cual debe acreditarse por
ocho meses, concluyó el tribunal que, de los acuerdos 005 del 28 de febrero
de 2005 y 011 del 19 de agosto de 2010, no es posible predicar tal requisito,
razón por la que dicho reparo tampoco tiene vocación de prosperidad.
• Finalmente, señaló que «pudo determinarse que, la señora Mejía Echeverri
acreditó experiencia como docente de contrato tiempo completo en el
Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (adscrito a la Facultad de
Ciencias de la Salud de UNIQUINDÍO) por más de 65 meses, razón más que
suficiente para entender que no es cierto lo afirmado por el actor en relación
con la falta de experiencia de la demandada».
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28. Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la decisión fue
apelada por la parte actora, conforme los siguientes argumentos:
a) Indicó que la demandada no cumplió con los requisitos de ser profesional en el
área para la cual aspiró a ser directora, presupuesto que no puede ser
desconocido por «la gaseosa tesis de la autonomía privada», en la que los méritos
laborales no son absolutos. Aunado a esto, señaló: «En efecto, el decreto 19 de
2012, norma expedida con el exclusivo cometido de suprimir procedimientos
innecesarios en la administración pública, con relación al tema que fuera sometido
a control de la jurisdicción administrativa, esto es la acreditación de experiencia
administrativa en su artículo 229 expresamente señala:
Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de
Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la
terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior.
Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de
seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a
partir de la inscripción o registro profesional.
b) Con sustento en ello, hizo referencia a que la autonomía «no es libertad ilimitada
ni arbitrariedad. La autonomía universitaria es de cometido científico, como lo ha
expuesto reiteradamente la Corte Constitucional en distintos estudios del artículo
69 Superior. En materia administrativa, la autonomía tiene el marco de la ley como
expresamente lo que ordena el citado artículo 69 de la Carta».
Lo anterior, con el fin de señalar que la sentencia desbordó el marco legal del
artículo 229 del enunciado Decreto 19 de 2012 y, por tal razón, al no aplicarlo
desconoció que la experiencia en el presente caso se cuenta a partir de la
inscripción o registro profesional, el cual, según lo refirió no fue acreditado por la
señora Mejía Echeverri.
Aunado a esto, agregó que es «inexistente la autonomía universitaria para permitir
de la ciudadana Luz Piedad Mejía Echeverri, por disposición de la Universidad del
Quindío, el desconocimiento de la norma transcrita, para así ajustarse a
personales intereses, ya que en esas condiciones se estará violentado el artículo
209 Superior que advierte que la función administrativa está al servicio de los
intereses generales».
Con sustento en todo lo expuesto hasta acá, solicitó la revocatoria de la decisión
de primera instancia.
c) Luego, advirtió que la autonomía universitaria no autoriza a desconocer las
reglas de acceso a puestos de dirección o administración «como ejercicio del
concepto de méritos laborales, traídos en normas ordinarias como puede ocurrir
con el ente educativo, como lo señaló el Tribunal de cierre de la jurisdicción
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administrativa en proceso 1100103250002018006050022, decisión del 29 de mayo
de 2020224 reiterada con posterioridad». [Sic a toda la cita]
d) A su vez, esgrimió que la decisión adoptada por el Consejo de Estado dentro
de la actuación electoral identificada con radicado 76001233300020230071701,
no es aplicable en el evento, por las siguientes razones:
i) Reiteró las exigencias para acreditar la experiencia profesional en relación
con el sistema de seguridad social, conforme el Decreto Ley 19 de 2012.
ii) Agregó que el Decreto 1083 de 2015 es una disposición reglamentaria que
no puede entrar a regular lo que está reglado en la ley. Por esta razón, sostuvo
«que en el caso presente el Tribunal no aplicó norma en la que debía haberse
soportado para resolver el fondo del debate planteado».
29. Así las cosas, la Sala limitará el estudio del presente caso a determinar si de
acuerdo con las pruebas allegadas al proceso se encuentra acreditado que el acto
de nombramiento de la demandada no se encuentra ajustado a la ley en los términos
que lo refiere el apelante.
2.2.2. Del problema jurídico a resolver en segunda instancia
30. Con el fin de determinar si la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío se
debe confirmar, modificar o revocar, se estudiará si debe declararse la nulidad del
nombramiento de la señora Luz Piedad Mejía Echeverri como directora del programa
de seguridad y salud en el trabajo de la UNIQUINDÍO, por no cumplir con el requisito
de ser profesional en el área para la cual aspiraba a ser directora y el de experiencia
para ocupar el cargo.
31. Por lo anterior, se abordarán estrictamente los argumentos planteados en la
apelación, precisión que se sustenta en los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso23, que prescriben que este medio de impugnación tiene por objeto que
el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
formulados por la parte recurrente24.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 29 de mayo de 2020, expediente 1001-03-25-000-2018-00605-00, MP. César Palomino
Cortés. En este expediente, a través del medio de control de nulidad, la Superintendencia de Notariado
y Registro demandó la Resolución No. CNSC - 20179000000215 de 29 de noviembre de 2017,
proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). En la sentencia se estudiaron los
siguientes temas: «Provisión de vacancias temporales y definitivas mediante encargo - Aplicación del
derecho preferencial de encargo en vigencia de las leyes 909 de 2004 y 1960 de 2019- Instrumentos
jurídicos para garantizar el derecho preferencial de encargo - Progresividad de derechos laborales:
aplicación de las garantías mínimas del régimen general en el régimen especial de carrera
competencia en segunda instancia de la CNSC para dirimir controversias sobre el derecho
preferencial de encargo en los regímenes de carrera administrativa - encargos y nombramientos
provisionales».
23 Aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de
septiembre de 2023, expediente 68001-23-33-000-2022-00153-01, MP. Luis Alberto Álvarez Parra,
sobre el alcance del recurso de apelación, se consideró: «Al respecto, la Sala debe poner de presente
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Demandante: Fabio Cagua Castellanos
Demandada: Luz Piedad Mejía Echeverri como
directora del Programa de Seguridad y Salud
en el trabajo de la Universidad del Quindío
Radicado: 63001-23-33-000-2024-00063-01
2.3. De la decisión del recurso de apelación
32. El reparo central del recurso de apelación versa en que la demandada no acreditó
los requisitos de ser profesional en el área para la cual aspiraba a ser directora, en
específico, el de experiencia para ocupar el cargo, exigencia que, según lo refiere,
debía contabilizarse de conformidad con el artículo 229 del Decreto Ley 19 de 2012,
norma que prescribe:
Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de
Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación
y aprobación del pensum académico de educación superior.
Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas con el sistema de
seguridad social en salud en las cuales la experiencia profesional se computará a
partir de la inscripción o registro profesional. [énfasis del original]
33. Para sustentar aquello, esgrimió los siguientes argumentos: i) refutó la tesis de
la autonomía universitaria con el objeto de señalar que el artículo aplicable para
contabilizar la experiencia era el referido 229 de aquel decreto e ii) hizo referencia a
una sentencia de esta Corporación (Rad. 76001233300020230071701) a fin de
señalar que era aplicable por lo prescrito en el Decreto Ley 19 de 2012 y no lo previsto
en el Decreto 1083 de 2015 por su carácter reglamentario.
34. Como se desprende del escrito de la apelación, para quien impugna, la
contabilización de dicha exigencia procedía en los términos del artículo 229 del
Decreto Ley 19 de 2012, lo cual no se tuvo en cuenta en primera instancia, sino que,
por el contrario, se dio prevalencia al principio de autonomía, el cual, según el parecer
de aquel, era inexistente en el presente caso y no podía aplicarse de manera ilimitada
y arbitraria en el nombramiento cuestionado.
35. Revisada la demanda y su trámite en primera instancia, se observa que dicho
fundamento jurídico no fue expuesto o desarrollado en aquella. Desde esa óptica, se
considera oportuno reiterar el criterio jurisprudencial de esta Sala en relación con el
principio de justicia rogada:
[…] que uno de los principios pilares de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es
el principio de la justicia rogada, el cual limita las facultades del juez a los precisos
argumentos esgrimidos en la demanda y a lo probado en el proceso y, cuando se está
en la alzada, a las limitaciones que el recurrente postula ante el juez, lo que incluye los
aspectos probatorios que constituyen la carga procesal y demostrativa de quien tiene
interés en que se predique de su fundamento fáctico la consecuencia jurídica que prevé
y contiene la norma, conforme lo prevé el artículo 167 del Código General del Proceso,
al prever “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.»42 [énfasis propio] Frente a este
último punto, conviene resaltar que esta Sala ha sostenido que el ejercicio del medio
de control de nulidad -siendo la nulidad electoral una especie de esta-, limita las
que al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del Proceso, «[e]l recurso de apelación
tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.», disposición
que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem, según el cual «[e]l
juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».
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Demandante: Fabio Cagua Castellanos
Demandada: Luz Piedad Mejía Echeverri como
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Radicado: 63001-23-33-000-2024-00063-01
facultades del juez a los precisos argumentos esgrimidos en la demanda, toda vez que
este tipo de trámites se rigen por el principio de justicia rogada, por tanto, “el análisis
de legalidad que se efectúa por parte del fallador se restringe no solo a los
cargos, sino también a los precisos argumentos esgrimidos por el actor en su
demanda; es decir, la competencia de la Sala en este caso está circunscrita a los
argumentos del demandante respecto del acto acusado por lo que no es posible
hacer estudios oficiosos adicionales25. [Énfasis propio]
36. Esta Sección no desconoce que el cargo planteado repercute en que la
demandante no cumplió el requisito de experiencia específica, sobre ello no hay
dudas. Sin embargo, lo que se reprocha al accionante es que solo hasta el recurso
de apelación argumentó que tal vicio ocurrió por cuanto el procedimiento de
nombramiento no se rigió por lo previsto en el artículo 229 del Decreto 19 de 2012.
37. No obstante, lo anotado anteriormente no impide que la Sala se pronuncie sobre
el supuesto incumplimiento del requisito de experiencia por parte de la demandada,
toda vez que se trata del mismo cargo que se trae desde la demanda, el cual se
planteó en este sentido:
No tiene licencia en seguridad y salud en el trabajo, lo que conlleva a pregonar que no
tiene experiencia profesional relacionada que debe ser de ocho meses.
38. Lo anterior resulta ser de la mayor valía, en tanto, el apelante, en su alzada, limitó
su censura a la «acreditación de experiencia» sin alguna precisión adicional. En ese
orden, resulta relevante abordar tal imprecisión, pues, del tenor literal de lo que
refiere el interesado, podría entenderse que hizo referencia a la experiencia general
(Acuerdo 011 del 19 de agosto de 201026), la cual difiere de la específica que señaló
en el escrito inicial.
39. Atendiendo al principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal del artículo
228 de la Constitución Política, desde los términos puntuales del cargo esbozado por
el demandante y sin perder de vista que se trató de una de las cuestiones de derecho
que se decidió en primera instancia, se tiene que el reparo se dirige a la experiencia
profesional relacionada, tal como se desprende de la demanda. Por consiguiente, la
Sala encuentra procedente limitar su pronunciamiento en esa orientación.
40. Para resolver dicho aspecto litigioso, basta con señalar que, una vez revisadas
las prescripciones de los Acuerdos 005 del 28 de febrero de 2005 y 011 del 19 de
agosto de 2010, en lo que respecta a la exigencia de experiencia, no se avizoró
alguna norma que haya prescrito su acreditación de forma específica, como lo
plantea el demandante. Por el contrario, al revisar las disposiciones puntuales de los
referidos instrumentos normativos, se observa que tal circunstancia se reguló de esta
manera:
Acuerdo 005 del 28 de febrero de 2005. Artículo 54 […] Para ser Directores de
Programa de la Universidad del Quindío se requiere: Poseer título profesional
25 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de febrero de 2020, expediente: 11001-03-
24-000-2019-00319-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
26 Artículo 52. […]. PARÁGRAFO 1: Para ser Director de Programa de la Universidad del Quindío se
requiere: […] Acreditar tres (3) años de experiencia docente universitaria.
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universitario y título de postgrado, uno de ellos en una disciplina afín al programa al
cual aspira, 3 años de experiencia docente universitaria y presentar un programa de
gestión, acorde con el plan de desarrollo institucional y el proyecto educativo del
Programa.
Acuerdo 011 del 19 de agosto de 2010. ARTICULO 52. […] PARAGRAFO 1: Para ser
Director de Programa de Ia Universidad del Quindío se requiere: […]• Acreditar tres (3)
años de Experiencia Docente Universitaria.
41. En consecuencia, no se encuentra acreditado el reparo esgrimido por el apelante
y, en ese sentido, la Sala encuentra ajustada la conclusión que adoptó el tribunal en
este sentido:
De otra parte, y ya en lo relacionado con el argumento conforme al cual la señora Luz
Piedad “no tiene licencia en seguridad y salud en el trabajo, lo que conlleva a pregonar
que no tiene la experiencia profesional relacionada que debe ser de ocho meses”,
encuentra esta Corporación que dicho argumento tampoco prospera como quiera que,
de una lectura de los Acuerdos 005 del 28 de febrero de 200542 y 011 del 19 de agosto
de 201043 , no se encuentra el requisito al cual alude el demandante -esto es, el de
experiencia profesional relacionada de ocho meses-, amén del hecho que la
experiencia a la cual refieren los Estatutos Universitarios, es universitaria respecto de
la cual, no se indicó por parte del demandante que la señora Luz Piedad Mejía, no la
tuviera.
42. Por otra parte, atendiendo las inquietudes del apelante respecto del alcance del
principio de autonomía en materia universitaria, conviene indicar que, aun cuando el
apelante lo relaciona con la aplicación del Decreto Ley 19 de 2012, lo cierto es que
la Sala encuentra pertinente emitir un pronunciamiento respecto de tal axioma, en
tanto se trata de un fundamento de derecho que rige en términos generales las
designaciones que se surten en las universidades públicas y, en ese sentido, su
discusión adquiere la connotación de transversal en este tipo de casos.
43. Por ello, resulta pertinente traer a colación el reiterado criterio de esta Sala de lo
Electoral27 en torno al principio de autonomía universitaria:
Adicional a ello, es preciso tener en cuenta que, por virtud de la autonomía de las
instituciones de educación superior, la Corte Constitucional sostuvo que están
autorizadas para “i) crear y modificar los estatutos universitarios; ii) diseñar los
mecanismos de elección, designación y períodos de sus directivos y administradores;
iii) fijar los programas académicos, los planes de estudio y las actividades docentes,
científicas y culturales; iv) precisar los mecanismos de selección docente y estudiantil;
v) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y vi) administrar los bienes
y recursos de la institución.”, lo que (…) contempla el derecho de los entes de
educación superior de darse su propio reglamento y establecer las condiciones de
acceso a los cargos directivos. En cumplimiento de esta premisa, se deben respetar
los límites constitucionales y legales que orientan el ejercicio de dichos postulados en
los escenarios de decisión democrática que se dan dentro de esas instituciones.”28
[…]
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de Sala del 2 de
febrero de 2023, expediente 18001-23-33-000-2022-00144-01, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio
28 «Sentencia SU-621 del 2021».
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Demandante: Fabio Cagua Castellanos
Demandada: Luz Piedad Mejía Echeverri como
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44. De igual manera, esta Sala de lo Electoral29 reiteró que dicho postulado no tiene un
carácter absoluto, dado que encuentra límites para su ejercicio en la Constitución y la ley,
puntualmente, en el respeto de los derechos fundamentales de la comunidad universitaria.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional fijó los alcances de la autonomía
universitaria, la cual implica un amplio margen de discrecionalidad para disponer de la
autorregulación, la autodeterminación, la organización funcional y administrativa, la
definición y desarrollo de los programas académicos, el otorgamiento de los títulos, la
contratación de los profesores e incluso la admisión de los estudiantes30.
Igualmente, tiene reconocido que esta prerrogativa no es una potestad de carácter
absoluto para los centros de educación superior, ya que existen límites a su ejercicio
impuestos especialmente por la Ley y el respeto de los derechos fundamentales de la
comunidad universitaria31.
45. Conforme los antecedentes jurisprudenciales expuestos, es posible colegir, al
igual que lo denota el accionante, el postulado de la autonomía no es ilimitado y
arbitrario, pues siempre debe consultar la Constitución (art. 69) y la ley. Lo que no
resulta posible es admitir que, en el procedimiento de nombramiento de la accionada,
el alcance de tal axioma era inexistente (como lo refirió el apelante) y, en
consecuencia, no era extensible a la designación de la señora Mejía Echeverri, pues
lo cierto es que la UNIQUINDIO puede elegir a sus directivos conforme sus propios
estatutos.
46. De ahí que sea pertinente anotar que la señora Mejía Echeverri podía ser
designada como directora del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo,
conforme las reglas de los Acuerdos 005 del 28 de febrero de 2005 y 011 del 19 de
agosto de 2010.
47. Por otra parte, se advierte que el apelante en su escrito de alzada indicó lo
siguiente:
Sin que conlleve excurso fuera de contexto, me permito señalar que el acceso a
cargos de dirección o administración al interior de la UQ implica el desarrollo de los
artículos 25 y 53 de la Constitución Política, es decir, aún se tenga un estatuto propio,
no puede dejarse por fuera los lineamientos que conllevan el desarrollo de los cánones
superiores invocados y que se encuentren en marcos legales generales. Es decir, la
autonomía universitaria no autoriza a desconocer las reglas de acceso a puestos de
dirección o administración, como ejercicio del concepto de méritos laborales, traídos
en normas ordinarias como puede ocurrir con el ente educativo, como lo señaló el
Tribunal de cierre de la jurisdicción administrativa en proceso
11001032500020180060500, decisión del 29 de mayo de 2020224 reiterada con
posterioridad. [Sic a toda la cita]
48. Frente a dicho argumento, la Sala no encuentra una carga argumentativa
tendiente refutar la legalidad de la Resolución 12706 del 16 de abril de 2024,
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de Sala del 21 de
marzo de 2024, expediente 11001-03-28-000-2023-00085-00, MP. Luis Alberto Álvarez Parra (E).
30 «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 2 de julio de 2017, Rad. 08001-23-33-000-2015-
00158-02, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio».
31 «Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-024 de 2004 M.P. Álvaro
Tafur Galvis, T-141 de 2013 y T152 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
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directora del Programa de Seguridad y Salud
en el trabajo de la Universidad del Quindío
Radicado: 63001-23-33-000-2024-00063-01
mediante la cual la Rectoría de la Universidad del Quindío (UNIQUINDIO) eligió a la
señora Luz Piedad Mejía Echeverri como directora del Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la referida institución educativa.
49. Amén de que dicha censura no fue objeto de la demanda y que del tenor de las
palabras esbozadas por el apelante se infiere que su reparo tiende a refutar, desde
los artículos 25 y 53 superiores y la decisión en el radicado
1100103250002018006050032, la manera en que la UNIQUINDIO reguló el acceso a
los cargos de dirección y administración, que, a su juicio, estaría en contravía del
marco legal del mérito laboral, conviene indicarle al apelante que dicho aspecto es
propio del medio de control de nulidad simple. Por consiguiente, la Sala no encuentra
mérito alguno para pronunciarse sobre tal censura.
50. Finalmente, se observa que el apelante esgrimió que «[h]echa la presente
digresión, me permito señalar que la decisión adoptada por el Consejo de Estado
dentro de actuación electoral identificada con radicado
33
76001233300020230071701 , no es aplicable en el evento presente por las
siguientes potísimas razones: […]».
51. De manera seguida, el impugnante esgrimió aquella «potísima razón» en este
sentido: «[l]o resaltado de la enseñanza jurisprudencial, es todo lo contrario a lo
concluido por el fallador de primer grado, por cuanto la norma invocada para acreditar
la experiencia de la señora Luz Piedad Mejía Echeverri, que fuera el decreto 1083
de 2015, es disposición reglamentaria que no puede entrar a regular lo que está ya
reglado en la ley». [Sic a toda la cita]
52. La Sala no advierte con claridad qué es «lo resaltado de la enseñanza
jurisprudencial» que trata de poner de presente el demandante. En ese sentido, no
resulta ser claro cuál es el supuesto aparte de dicho antecedente jurisprudencial con
el que no está de acuerdo el apelante con que haya sido citado en la sentencia objeto
de la presente apelación.
53. En todo caso, no se pierde de vista que la primera instancia citó la providencia
referida en aquel precedente jurisprudencial a efectos de señalar que «el pasado 4
de julio de 2024 la Sección Quinta del Consejo de Estado recordó que: “(...) las
universidades cuentan con autonomía para darse sus propias reglas de organización
y funcionamiento, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades,
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 29 de
mayo de 2020, expediente 11001-03-25-000-2018-00605-00, MP. César Palomino Cortés. En esta
sentencia se trataron los siguientes temas: «Provisión de vacancias temporales y definitivas mediante
encargo - Aplicación del derecho preferencial de encargo en vigencia de las leyes 909 de 2004 y 1960
de 2019- Instrumentos jurídicos para garantizar el derecho preferencial de encargo - Progresividad de
derechos laborales: aplicación de las garantías mínimas del régimen general en el régimen especial
de carrera competencia en segunda instancia de la CNSC para dirimir controversias sobre el derecho
preferencial de encargo en los regímenes de carrera administrativa - encargos y nombramientos
provisionales».
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de julio
de 2024, expediente 76001-23-33-000-2023-00717-01, MP. Gloria María Gómez Montoya.
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conflicto de intereses y prohibiciones, desde luego, en el marco de las garantías de
carácter constitucional y respetando el principio de reserva legal (...)”.»
54. Frente a ello, no se avizora cómo la decisión, dentro de dicho radicado, no
resultaba aplicable al presente trámite, cuando lo cierto es que el juez de primera
instancia acudió a su cita con el fin de reafirmar que las universidades cuentan con
autonomía para regirse por sus propias reglas de organización y funcionamiento,
aspecto jurídico que hace parte del presente debate y que sirvió para desatar la
cuestión litigiosa trazada por el Tribunal Administrativo del Quindío. En tal sentido, la
apelación tampoco está llamada a prosperar.
3. Conclusión
55. La Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, toda
vez que «la experiencia profesional relacionada que debe ser de ocho meses» no
se trata de una exigencia contemplada en los Acuerdos 005 del 28 de febrero de
2005 y 011 del 19 de agosto de 2010, que rigieron el nombramiento demandado.
56. De esta manera, no existe lugar a afectar la presunción de legalidad que
acompaña a la Resolución nro. 12706 del 16 de abril de 2024, mediante la cual la
Rectoría de la Universidad del Quindío (UNIQUINDIO) nombró a la señora Luz
Piedad Mejía Echeverri como directora del Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la referida institución educativa.
57. La demandada acudió al proceso por conducto de la abogada Sandra Paola
Haydar Meza, identificada con cédula de ciudadanía 40.945.080 y T.P. 409.879
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, a quien le fue conferido poder
especial para actuar dentro del proceso de la referencia, por lo tanto, se le
reconocerá personería en los términos del poder allegado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 9 de agosto de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Cuarta de Decisión, negó las pretensiones
de la demanda contra el acto de nombramiento de Luz Piedad Mejía Echeverri como
directora del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del
Quindío.
SEGUNDO: Reconocer personería a la abogada Sandra Paola Haydar Meza como
apoderada judicial de Luz Piedad Mejía Echeverri, en los términos del poder
otorgado.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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