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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00066-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00066-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia del 14 de agosto de 2025 expedida por el Tribunal Administrativo del Quindío que quedará así: DECLARAR que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra incumpliendo el deber de actualización cuatrienal del PECTIA, señalada en el artículo 11 inciso segundo de la Ley 1876 del 2017. ORDENAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que, en el plazo máximo de 4 meses, desde la ejecutoria de esta sentencia, proceda con la actualización del PECTIA, según lo previsto en el artículo 11 inciso segundo, de la Ley 1876 de 2017. SEGUNDO: En todo lo demás, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Procurador 34 Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios de Armenia Demandados: Departamento Administrativo Nacional de Planeación y otros Radicado: 63001-23-33-000-2025-00066-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2025-00066-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

25 de septiembre de 2025

Demandante: Procurador 34 Judicial I para Asuntos
Ambientales y Agrarios de Armenia
Demandados: Departamento Administrativo Nacional
de Planeación y otros
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00066-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 63001-23-33-000-2025-00066-01
Demandante: PROCURADOR 34 JUDICIAL I PARA ASUNTOS
AMBIENTALES Y AGRARIOS DE ARMENIA
Demandados: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
PLANEACIÓN Y OTROS

Temas: Modifica la sentencia de primera instancia. Actualización del
Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación
Agropecuaria (PECTIA)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria (Agrosavia), el Ministerio de Ciencias, Tecnología e
Innovación, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural contra la sentencia del 14 de agosto de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío, en la que se accedieron a las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor Carlos Alberto Arrieta Martínez, actuando en calidad de Procurador 34
Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios de Armenia, promovió acción de
cumplimiento en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Departamento Nacional de Planeación y
Agrosavia, conforme lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Política de
Colombia, reglamentado en la Ley 393 de 1997.

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Demandante: Procurador 34 Judicial I para Asuntos
Ambientales y Agrarios de Armenia
Demandados: Departamento Administrativo Nacional
de Planeación y otros
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00066-01

Lo anterior, a efectos de obtener el acatamiento del mandato establecido en el inciso
segundo del artículo 11 de la Ley 1876 de 20171, en el que se estipuló la obligación,
en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de elaborar y actualizar el
Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (PECTIA).

En ese orden, solicitó que se declare el incumplimiento del deber normativo señalado
y que, en consecuencia:

[…] se ordene al Ministerio de Agricultura y desarrollo rural como responsable y en
coordinación con las demás entidades demandadas, en el término perentorio y
razonable que ustedes señores (a) magistrados consideren, actualizar el Plan
estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria PECTIA, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 11 de la ley 1876 de 20172.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

Relató que el 29 de septiembre de 2017 se expidió la Ley 1876 de 2017 «por medio
de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras
disposiciones».

La norma en comento estableció que al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le
correspondía la elaboración del PECTIA y su actualización cuatrienal en coordinación
con el DNP, Colciencias y Corpoica. Por tanto, resaltó que, si bien se formuló el
PECTIA en el 2017, a la fecha el mismo no ha sido objeto de actualización.

Indicó que, el 25 de junio de 2025, requirió a las entidades accionadas para que dieran
cumplimiento al mandato antes indicado. Al respecto, recibió comunicación el 2 de
julio del mismo año, en la que el DNP manifestó que se encontraba acompañando el
proceso de actualización del PECTIA, según la agenda de trabajo propuesta por
Agrosavia.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

La parte accionante sostuvo que el PECTIA constituye el marco orientador de la
política de ciencia, tecnología e innovación en el sector agropecuario. Conforme al
inciso segundo del artículo 11 de la Ley 1876 de 2017, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en coordinación con el DNP, Colciencias (hoy Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación) y Corpoica (hoy Agrosavia), tiene la obligación de elaborar
y actualizar dicho plan al menos cada cuatro años.

1 Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras

disposiciones.
2 Transcripción original del texto con posibles errores.

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En criterio del actor, el PECTIA fue expedido en 2017 pero no ha sido actualizado
desde entonces, desconociéndose el mandato legal que ordena su revisión cuatrienal.
De esta manera, la omisión atribuida a las entidades demandadas configura un
incumplimiento de un deber jurídico expreso, previsto en la norma invocada como
fundamento de la acción.

Para respaldar su posición, el accionante citó la jurisprudencia constitucional según la
cual la inactividad administrativa que derive en el incumplimiento de un deber jurídico
puede constituir una forma de eludir o cumplir de manera insuficiente las obligaciones
legales, circunstancia que habilita al juez de cumplimiento para adoptar las medidas
necesarias que aseguren la efectividad de la disposición legal incumplida.

1.4. Admisión, notificación y contestación de la acción.

Por auto del 16 de julio de 2025, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo
del Quindío avocó el conocimiento de la acción y ordenó la notificación a los
representantes legales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural3, del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación4, del Departamento Nacional de Planeación5, y
de la Corporación Colombiana de Innovación Agropecuaria6.

El Departamento Nacional de Planeación, por conducto de apoderada judicial7,
concurrió al trámite explicando que no ha incumplido lo dispuesto en el inciso 2º del
artículo 11 de la Ley 1876 de 2017, ni ha sido renuente a su obedecimiento, toda vez
que la responsabilidad de actualizar el PECTIA recae en el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en su calidad de entidad rectora del sector. Según explicó, la norma
únicamente le atribuye al DNP un rol de asistencia técnica y de acompañamiento en
materia de política pública dentro del marco del Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria (SNIA), pero no el liderazgo del proceso de actualización.

Resaltó, además, que actualmente se encuentra a la espera de recibir de Agrosavia
el documento borrador de actualización del PECTIA, ajustado con los comentarios
efectuados en la sesión del Consejo Superior del SNIA, realizada en junio de 2025,
con el fin de revisarlo y emitir observaciones como parte del proceso previo a su
publicación. En ese marco, la entidad ha brindado acompañamiento técnico y ha
participado en el plan de trabajo propuesto, cumpliendo con las competencias que le
son propias.

3 Notificación surtida al correo electrónico notificacionesjudiciales@minagricultura.gov.co.
4 Notificación surtida al correo electrónico notificacionesjudiciales@minciencias.gov.co.
5 Notificación surtida al correo electrónico notificacionesjudiciales@dnp.gov.co.
6 Notificación surtida al correo electrónico notificacionesjudiciales@agrosavia.co.
7 La abogada Gloria Edelcy Ferro García, a quien se le otorgó poder en atención a lo dispuesto en la

Ley 2213 de 2022, según se observa en el índice 13, documento 2, Samai primera instancia.
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Por otro lado, manifestó que la implementación del PECTIA implica la ejecución de
estrategias, proyectos y tecnologías que demandan inversión pública, lo que supone
trámites presupuestales y de asignación de recursos. En tal sentido, sostuvo que las
pretensiones del actor implican ordenar un gasto público, supuesto frente al cual el
artículo 9.º de la Ley 393 de 1997 excluye la procedencia del medio de control
constitucional8.

1.5. Concepto del Ministerio Público

El Procurador 13 Judicial para Asuntos Administrativos de Armenia señaló que la
potestad de planeación de la administración está sujeta a plazos determinados. En el
caso concreto, la obligación legal de actualizar el PECTIA cada cuatro años constituye
un mandato expreso y exigible, en tanto se trata de una obligación de hacer sometida
a un término perentorio fijado por el legislador, lo que habilita la procedencia de la
acción de cumplimiento.

Adicionalmente, descartó que la orden de actualización implique un gasto público que
torne improcedente la acción, conforme al artículo 9.º de la Ley 393 de 1997. Precisó
que lo que se exige mediante este medio de control no es la ejecución de las medidas
contenidas en el plan, sino únicamente su actualización.

1.6. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Quindío clausuró la primera instancia, mediante
sentencia del 14 de agosto de 2025, en la que accedió a las pretensiones de la
demanda.

Consideró que el inciso 2.º del artículo 11 de la Ley 1876 de 2017 establece una
obligación clara y exigible en cabeza de todas las entidades accionadas, consistente
en la elaboración y actualización cuatrienal del PECTIA como instrumento orientador
de la política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria.

En apoyo de esta conclusión, citó la sentencia C-094 de 2018 de la Corte
Constitucional, en la cual se precisó que el diseño normativo del PECTIA es una
expresión de la libertad de configuración legislativa, pero que obliga al ejecutivo a
articular las actuaciones de las entidades señaladas para garantizar la actualización
periódica del plan, con cargo a recursos públicos. En ese sentido, rechazó el
argumento relativo a que la responsabilidad recaía únicamente en el Ministerio de
Agricultura, pues la norma distribuye la carga de manera conjunta y coordinada entre
todas las entidades allí previstas.

8 Las demás autoridades accionadas guardaron silencio.

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De igual manera, descartó que la actualización del plan implicara ordenar gasto
público, por cuanto la obligación reclamada se limita a su actualización, sin que ello
suponga ejecución de proyectos o apropiación presupuestal.

Respecto el plazo de cumplimiento, fijó un término de 30 días para que las entidades
accionadas, de manera coordinada, adelanten y concluyan la actualización del
PECTIA, atendiendo a que se trata de un ejercicio complejo de planeación institucional
y definición de políticas públicas de alcance nacional.

La decisión de primera instancia fue notificada a través de correo electrónico enviado
el 15 de agosto de 2025.

1.7. Impugnaciones

El 21 de agosto de 2025, se recibieron los siguientes escritos impugnando la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío:

El Departamento Nacional de Planeación adujo que el fallo desconoció la
adjudicación de responsabilidades prevista en el artículo 11 de la Ley 1876 de 2017.
Señaló que dicha disposición atribuye de manera expresa al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural la responsabilidad de elaborar y actualizar el PECTIA, en
coordinación con el DNP y otras autoridades, sin que ello implique que todas estas
sean solidariamente responsables por el incumplimiento de dicho deber.

Señaló que, desde la coordinación que exige la norma solicitada en cumplimiento y
en su calidad de integrante del Consejo Superior del SNIA, el DNP ha venido
participando activamente en el proceso de actualización del plan, mediante
acompañamiento técnico y articulación con el Ministerio de Agricultura, entidad que
lidera la actuación.

Cuestionó la orden impartida de ejecutar la actualización en un plazo de 30 días,
advirtiendo que dicho término resulta insuficiente frente a las fases aún en curso del
proceso, consistentes en la validación del diagnóstico con actores sectoriales y la
elaboración del documento de evaluación de medio término del PECTIA y de la
Agenda Dinámica Nacional.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural alegó que no se acreditó en el
expediente la existencia de un requerimiento previo dirigido a dicha entidad que
permita configurar la renuencia prevista en la Ley 393 de 1997.

De igual manera, cuestionó el plazo de 30 días fijado para el cumplimiento de la orden,
pues desconoce la complejidad y la naturaleza progresiva del proceso de
actualización del PECTIA. Indicó que la ruta técnica diseñada contempla varias fases
sucesivas, con un cronograma que se extiende hasta el 20 de diciembre de 2025.
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Sugirió que, la imposición de un término judicial tan breve compromete la calidad y
pertinencia del instrumento.

Finalmente, reprochó que la decisión del a quo no diferencia las competencias
específicas de cada entidad vinculada al SNIA, imponiendo de manera uniforme un
término común, pese a que la ley asigna funciones diversas al ministerio como ente
rector, a Agrosavia como ejecutor técnico, y al DNP como asesor y coordinador.

Por tanto, solicitó la revocatoria del fallo o, de manera subsidiaria, la ampliación del
término otorgado para su cumplimiento.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, alegó que no es el llamado a
llevar a cabo la actualización del PECTIA, pues la coordinación de esta actividad está
en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al tenor del artículo 11 de
la Ley 1876 de 2017. En ese orden, peticionó la revocatoria del fallo de primera
instancia y, subsidiariamente, la modificación del término otorgado por el a quo.

La Corporación Colombina de Investigación Agropecuaria – Agrosavia, indicó
que, conforme lo indicado en la normativa solicitada en cumplimiento, ha concertado
con las demás demandadas la ruta para la actualización del PECTIA. Tras indicar el
cronograma de actividades programadas, indicó que el término otorgado por el tribunal
es insuficiente, pues la diagramación y publicación del PECTIA está prevista para
llevarse a cabo entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025, tras surtirse las etapas previas
correspondientes.

Así las cosas, elevó solicitudes idénticas a las de los demás impugnantes.

1.8. Trámite en segunda instancia

El 5 de septiembre de 2025, la Magistrada Ponente dictó auto para mejor proveer. En
este, requirió a los apoderados de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y
Ciencias, Tecnología e Innovación, para que aportaran trazabilidad del otorgamiento
de los poderes en seguimiento a los requisitos de ley. Asimismo, se requirió a la
representante de Agrosavia para que allegara documento reciente que certifique su
vinculación y cargo al interior de la corporación.

Las anteriores determinaciones se adoptaron tras advertir deficiencias en la
acreditación de la facultad de los mencionados para interponer impugnación en contra
de la sentencia de primera instancia y en representación de las entidades en nombre
de las que actuaron.

Los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Ciencias, Tecnología e Innovación
y Agrosavia aportaron lo requerido en memoriales del 10, 11 y 12 de septiembre,
respectivamente.
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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver las impugnaciones formuladas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y
152 de la Ley 1437 de 20119, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de
la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles
de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia
en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 14
de agosto de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió a las
pretensiones del medio de control, para lo cual deberá resolver los siguientes
problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia del Departamento
Nacional de Planeación, de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural
y Ciencias, Tecnología e Innovación y de Agrosavia de conformidad con lo
previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse, si se
cumplen con los requisitos de procedencia, caso en el cual, advertir si:

(i) ¿Hay lugar a ordenar a las entidades accionadas la actualización del Plan
Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria (PECTIA) de
conformidad al artículo 11 de la Ley 1876 de 2017?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedencia; y, (iii) análisis del
caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción,

9 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual
sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir
ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas
aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

Colombia es un estado social de derecho y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material
de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a
toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir
ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la
ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume
este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de
un orden jurídico, social y económico justo” 10(Subraya fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)11.

b) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción.

c) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento

10 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y

Hernando Herrera Vergara.

11 Estoexcluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

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del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del
exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (Art. 8º).

d) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

e) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo
el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente
para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción.
Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos
que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto, del cual depende la prosperidad de
las pretensiones expuestas en la demanda.

2.3.2. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la
acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido
por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al DNP y a Agrosavia antes de
instaurar la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de

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la acción de cumplimiento”12.

Conforme se precisó en los antecedentes de la presente acción, la parte actora
requirió a las accionadas que, en el evento de no haber llevado a cabo la actualización
del PECTIA en el término señalado en el artículo 11 de la Ley 1876 de 2017,
procediera a ello de acuerdo con la normativa. De igual forma, indicó que dicha
petitoria se efectuó para agotar el requisito de procedibilidad de la acción de
cumplimiento.13

En el expediente, obra prueba de que tal requerimiento fue enviado el 25 de junio de
2025 al DNP14 y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural15; y el 26 de junio de
2025, al Ministerio de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación16 y a
Agrosavia17.

Finalmente, de los documentos allegados con la demanda y la contestación del DNP,
únicamente consta que esta entidad respondió al requerimiento a través de oficio
20255640469261 del 2 de julio de 2025, indicando que se encontraba acompañando
la actualización del PECTIA según la Ley 1876 del 2017. Se presume, por tanto, que
las otras demandadas, guardaron silencio.

Lo anterior, en criterio de la Sala, resulta suficiente para dar por satisfecho el requisito
de procedibilidad establecido en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997.

2.3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

Según lo previsto en la Ley 393 de 1997, esta acción no procederá cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para hacer efectivo
cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se
cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

2.3.4. Normas que se pide cumplir

La parte actora pretende el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1876 de 2017, que
dispone:

12 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres
Cuervo
13 El requerimiento es visible en el índice 4, documento 4, folios 12 y siguientes del expediente digital

de primera instancia.
14 Índice 4, documento 7, expediente digital de primera instancia. El requerimiento se remitió a

servicioalciudadano@dnp.gov.co.
15 Índice 4, documento 6, expediente digital de primera instancia. El requerimiento se remitió a

atencionalciudadano@minagricultura.gov.co.
16 Índice 4, documento 9, expediente digital de primera instancia. El requerimiento se remitió a

atencionalciudadano@minciencias.gov.co.
17 Índice 4, documento 10, expediente digital de primera instancia. El requerimiento se remitió a

ramartinez@agrosavia.co, atencionalcliente@agrosavia.co y mmontana@agrosavia.co.
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Demandante: Procurador 34 Judicial I para Asuntos
Ambientales y Agrarios de Armenia
Demandados: Departamento Administrativo Nacional
de Planeación y otros
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00066-01

LEY 1876 DE 2017
(diciembre 29)

“Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se
dictan otras disposiciones.”

Artículo 11. Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
(PECTIA). El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria
(PECTIA), así como la Agenda I+D+i que lo integra, constituyen el marco orientador de
la política de CTI para el sector agropecuario. Sus avances y resultados serán
incorporados en la Plataforma Siembra.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el responsable de la elaboración y
actualización del PECTIA, en coordinación con el DNP, Colciencias y Corpoica. Todos
los planes, programas, proyectos e iniciativas de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación agropecuaria a ser financiados con recursos públicos, deberán estar
enmarcados en dicho plan. Sin perjuicio de que la administración de los recursos se
realice bajo la normativa que le aplique según la fuente. La actualización del PECTIA se
realizará al menos cada cuatro años.

En el sub judice la parte actora solicitó que se ordene al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en coordinación con las demás entidades demandadas, para que
efectúe la actualización del PECTIA, lo que implica materializar una obligación de
hacer.

Con relación a ello, no se advierte que la parte actora cuente con otro medio de
defensa judicial para procurar por el acatamiento del precepto que se pide atender;
además, la disposición es actualmente exigible porque no está derogada ni
suspendida y su cumplimiento, en principio, no implica el establecimiento de gasto no
presupuestado para la Administración.

Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la protección de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, lo que torna
procedente la acción de cumplimiento.

2.4. Análisis del caso concreto

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o de un
acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como
“deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través
de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e
inobjetable”.

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Ambientales y Agrarios de Armenia
Demandados: Departamento Administrativo Nacional
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Radicado: 63001-23-33-000-2025-00066-01

Al respecto, resulta importante recordar que esta sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden ser
cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos imperativos,
expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó su postura de la
siguiente manera18:

[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en una
obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber imperativo,
expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias
de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación,
implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por
tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.

Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en el
artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la realización
efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos administrativos ante
cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las autoridades públicas, y
de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el ejercicio de toda actividad
jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea posible de realizar»19.

En el presente asunto, es claro para la Sala que el artículo 11 de la Ley 1876 de 2017
contiene la obligación a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en
coordinación con el DNP, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y
Agrosavia, de actualizar el PECTIA al menos cada cuatro años.

Al respecto de esta obligación, la Sala no desconoce los esfuerzos adelantados por
las entidades demandadas para expedir la actualización del plan estratégico, que se
han materializado en el adelantamiento de varias actividades en el marco de un
cronograma para cumplir con dicho fin. Este cronograma, que prevé la diagramación
y publicación del PECTIA actualizado, a más tardar, el 20 de diciembre de 2025.

No obstante, resulta evidente que el reajuste que dispone la norma no ha sido
desarrollado. Pues, a pesar de que la expedición del PECTIA data de septiembre de
201620, no ha sido actualizado con posterioridad, habiéndose ya agotado ampliamente
los 4 años indicados en la disposición normativa solicitada en cumplimiento.

En efecto, debe recordarse que, en materia de acción de cumplimiento, en sentencia
C-157 de 1998, la Corte Constitucional indicó que: “[…] el deber de cumplir una norma
legal o un acto administrativo no admite graduaciones, esto es, la autoridad cumple o no
cumple, y naturalmente, no cumple o incumple a medias; el incumplimiento es algo que debe
ser apreciado dentro de la autonomía e independencia del juez para juzgar en el caso
concreto. […]”. (Subraya la Sala).

18Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-000-

2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
19 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del Estado

social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
20 Fecha en la cual se publicó el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector

Agropecuario Colombiano (2017-2027).
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Con fundamento en lo anterior, es evidente que las normas analizadas contienen un
mandato imperativo e inobjetable, en la medida en que corresponde al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural adelantar la actualización del PECTIA.

Ahora bien, la Sala discrepa respecto del análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo del Quindío al determinar la autoridad responsable de acatar el
mandato legal. Sobre este asunto, el tribunal consideró que a todas las entidades
demandadas les asiste igual grado de responsabilidad, en virtud de la articulación de
funciones prevista en la norma y en atención a lo expuesto en la sentencia C-094 de
2018 que, en relación con el artículo 11 de la Ley 1876 de 2017, indicó:

El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria –PECTIA-,
diseñado desde el artículo 11 de la Ley 1876, atiende a lo establecido en el artículo
150-23 superior respecto de las atribuciones del Congreso de la República para diseñar
políticas públicas. Por ello, el legislador articula en esta norma las actuaciones del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Nacional de Planeación,
Colciencias y Corpoica, haciéndolos responsables de la elaboración y actualización del
PECTIA, la cual se hará al menos cada cuatro años, precisando que este Plan será
financiado con recursos públicos.

La Sala considera que les asiste razón a los impugnantes en cuanto a la determinación
de la entidad responsable de la actualización del PECTIA. En efecto, del tenor literal
del inciso segundo del artículo 11 de la Ley 1876 de 2017, se desprende de manera
inequívoca que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es el único responsable
de la elaboración y actualización del PECTIA, mientras que, al Departamento Nacional
de Planeación, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y a Agrosavia les
corresponde prestar apoyo técnico y articularse con dicho ministerio en cumplimiento
del mandato legal.

El legislador fue categórico al disponer que «[e]l Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural será el responsable de la elaboración y actualización del PECTIA». El uso del
verbo «será», y la referencia expresa al ministerio como sujeto activo de la obligación,
excluye cualquier posibilidad de asignar solidariamente el deber a las demás
entidades mencionadas, cuya intervención se limita a una función de coordinación
institucional. Concluir lo contrario implicaría desatender la clara voluntad normativa.

Ahora bien, frente al argumento expuesto por el a quo con base en la sentencia C-094
de 2018, esta Corporación precisa que dicho pronunciamiento se emitió en el marco
del control abstracto y automático de constitucionalidad previsto en el artículo 1º, literal
k, del Acto Legislativo 01 de 2016. En consecuencia, su alcance se limitó a examinar
la conformidad del artículo 11 de la Ley 1876 de 2017 con la Constitución, declarando
su exequibilidad sin condicionar su interpretación. No corresponde entonces al juez
de cumplimiento derivar de dicha providencia una obligación solidaria de todas las
entidades mencionadas en la norma.

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Aun así, lo expresado por la Corte Constitucional resulta plenamente compatible con
la lectura que hace esta Sala. En efecto, si bien el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural ostenta la responsabilidad principal y exclusiva en la actualización del PECTIA,
la norma prevé un esquema de colaboración interinstitucional, conforme al cual el
DNP, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y Agrosavia son responsables
de coordinarse con la cartera ministerial para asistirla en la materialización del
mandato legal.

Según el análisis desplegado, la Sala anticipa que modificará parcialmente la
sentencia de primera instancia que extendió la declaración de incumplimiento y la
orden a todas las demandadas para, en su lugar, limitar la resolutiva al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, pese a que se mantiene la vinculación de las restantes
en cuanto a su deber de colaborar en la actualización del Plan.

Ahora bien, en atención a lo solicitado por los demandados, referente a la modificación
del plazo establecido en la decisión impugnada, se accederá al pedimento y, en
consecuencia, se ampliará. En ese sentido, la Sección estima que un plazo de 4
meses resulta razonable para que se expida la actualización del PECTIA. Lo indicado,
en atención a los cronogramas allegados por los impugnantes, atendiendo a la
complejidad técnica que implica el cumplimiento solicitado y a las actuaciones que
han adelantado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la sentencia del 14 de agosto de 2025
expedida por el Tribunal Administrativo del Quindío que quedará así:

DECLARAR que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra
incumpliendo el deber de actualización cuatrienal del PECTIA, señalada en el artículo
11 inciso segundo de la Ley 1876 del 2017.

ORDENAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que, en el plazo máximo de
4 meses, desde la ejecutoria de esta sentencia, proceda con la actualización del
PECTIA, según lo previsto en el artículo 11 inciso segundo, de la Ley 1876 de 2017.

SEGUNDO: En todo lo demás, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
(Aclara voto)

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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