Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00108-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00108-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 63001-23-33-000-2025-00108-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de enero de 2026
Demandantes: Universidad del Quindío y otro
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00108-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00108-01
Demandantes: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO Y OTRO
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE ARMENIA
Temas: Tutela contra incidente de desacato – confirma amparo –
configuración del defecto fáctico por omisión de valoración
probatoria.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia de 29 de octubre de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Quindío amparó el derecho al debido proceso de la parte accionante.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La Universidad del Quindío y el departamento del Quindío, a través de apoderado
judicial, presentaron acción de tutela1 contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Armenia, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la educación y a la autonomía administrativa.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de
la providencia de 20 de mayo de 2025, a través del cual la autoridad judicial accionada
resolvió no reponer el auto de 23 de septiembre de 2024, en el que se negó una
solicitud2 elevada por la Universidad del Quindío, en el trámite del incidente de
desacato3 identificado con el radicado 63001-33-33-002-2013-00411-00.
1 Con escrito presentado el 15 de octubre de 2025, tal como se advierte en el índice 01 de Samai.
2 A través de esta petición la Universidad del Quindío pidió que se autorizara la ampliación del
cronograma para la realización de los concursos de méritos hasta el 2035.
3 Por el incumplimiento de las órdenes impartidas en las sentencias de 21 de junio y 22 de julio de 2023,
dictadas en el trámite de la acción de cumplimiento 63001-33-33-002-2013-00411-00.
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Demandantes: Universidad del Quindío y otro
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00108-01
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó:
1. Que se tutelen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
EDUCACIÓN pues se está poniendo en riesgo con la decisión, e incluso la autonomía
universitaria de la entidad que represento, los cuales pueden haber sido vulnerados por
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Armenia Quindío, con ocasión
a la decisión contenida en el AUTO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025.
2. Que, como consecuencia de la vulneración a los derechos fundamentales
mencionados, se deje sin efectos el AUTO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025, por
incurrir en defecto fáctico y decisión sin motivación, conforme fue esgrimido líneas
atrás.
3. Que se ordene al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Armenia, que
en el término que estime conveniente, se sirva DICTAR NUEVO PRONUNCIAMIENTO,
en el que se tenga en cuenta y se valore el material probatorio, aportado por la
Universidad del Quindío, denominado informe técnico, financiero y jurídico, tendiente a
que se autorizara una ampliación al cronograma inicialmente previsto para los concursos
públicos de méritos y de ascenso, respecto a la planta administrativa de personal de la
Universidad del Quindío, el cual fue propuesto desde la Comisión Universitaria de
Carrera Especial de la Universidad del Quindío, elaborado por la Administración de la
Rectoría y avalado por el Consejo Superior, donde se especifican las razones jurídicas,
técnicas y financieras que imposibilitan dar cumplimiento a la orden judicial emanada
por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Armenia, dentro del medio
de control de acción de cumplimiento, con radicado número 2013-411 y mediante auto
de 23 de septiembre de 2024.
4. Se adopten todas las demás decisiones y medidas que se consideren necesarias
para el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales al debido proceso y
educación de mi representada.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:
El señor Fabio Cagua Castellanos, en calidad de presidente del Sindicato de
Trabajadores de la Parte Administrativa de la Universidad de Quindío, presentó una
acción de cumplimiento contra dicho establecimiento universitario, con el fin de obtener
el cumplimiento de los actos administrativos que disponían la implementación de la
carrera administrativa para la provisión de los cargos de ese ente.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Armenia, bajo el radicado 63001-33-33-002-2013-00411-00.
Mediante providencia de 21 de junio de 2023, la autoridad judicial accionada ordenó lo
siguiente:
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Primero: Ordenar al Consejo Superior de la Universidad del Quindío a través del Rector
como representante legal, se cumpla con lo dispuesto por los artículos 7 numeral 5 y 28
numeral 2 del Acuerdo Nro. 005 del 28 de febrero de 2005 y se proceda a aprobar y
adoptar el Estatuto de Personal Administrativo y el Sistema de Carrera Especial para el
Personal Administrativo de la Universidad del Quindío, se proceda con la expedición de
los actos administrativos que lo implementen, reglamenten para su ejecución y puesta
en vigencia.
Segundo: Para la aprobación el Estatuto de Personal Administrativo y el Sistema de
Carrera Especial para, el Personal Administrativo de la Universidad del Quindío cuenta
con un plazo de un (1) mes contados a partir de la fecha de la presente sentencia,
además debe disponer lo necesario para que se diseñe un plan de implementación del
régimen de carrera, con un cronograma de ejecución del mismo y con los indicadores
de resultados pertinentes que permitan medir el avance en la ejecución del plan. En
dicho plan se indicarán específicamente cada uno de los obstáculos por afrontar y la
manera como serán superados, así como si la carrera será implementada por etapas.
El plan, junto con el cronograma y los indicadores de medición de resultados, debe ser
remitido a este despacho dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta
sentencia.
La ejecución del cronograma diseñado por el Consejo Superior deberá haber concluido
para el 30 de junio de 2014, fecha en la cual deberá haberse cumplido con las etapas
de requisición o convocatoria, reclutamiento, preselección, aplicación de las pruebas o
instrumentos de selección, entrevista, análisis integral de la información, publicación de
resultados, retroalimentación del proceso de selección, conformación de la lista de
elegibles, período de prueba y la inscripción en carrera.
Para arribar a tal conclusión, indicó que se cumplían con los requisitos de
procedibilidad de la acción de cumplimiento. Luego, concluyó que, en efecto, la
Universidad del Quindío no tenía aprobado el estatuto especial de carrera
administrativa, pese a que tenía ese deber, consagrado en el Estatuto General de la
Universidad, aprobado mediante el numeral 2. ° del artículo 7. ° del Acuerdo 005 de 28
de febrero de 2005.
La entidad demandada presentó recurso de apelación, en el sentido de alegar que el
documento a través del cual el accionante pretendió constituir en renuencia a la
universidad era una petición radicada en interés general que no cumplía con la
mencionada finalidad, en contravía de lo dispuesto en el artículo 8. ° de la Ley 393 de
1997. En ese sentido, destacó que la demanda debía rechazarse de plano. De otro
lado, señaló que el fallador de primera instancia desconoció las pruebas que daban
cuenta de que ya se estaba realizando lo que se ordenó en la sentencia.
El trámite de la segunda instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Quindío,
que mediante sentencia de 22 de julio de 2013 confirmó la decisión recurrida.
Al respecto, precisó que, si bien el demandante al momento de hacer el requerimiento
a la universidad para el cumplimiento de las normas lo hizo a través de «la figura del
derecho de petición», esto no era causal de rechazo de la demanda ni para revocar el
fallo, comoquiera que el escrito cumplía con las condiciones señaladas en el artículo
8. ° de la Ley 393 de 1997 para tenerse por cumplido el requisito de la renuencia.
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Así mismo, precisó que era procedente confirmar la sentencia para conminar al ente
universitario a que expidiera el reglamento interno sin que se prolongara en
discusiones y cumpliera con el mandato de que se pueda regir por sus propios
estatutos y reglamentos internos, tal como lo prevé el numeral 2. ° del artículo 7. ° del
Acuerdo 005 de 28 de febrero de 2005, que hasta esa fecha no se había cumplido.
En acatamiento del mencionado fallo, el Consejo Superior de la Universidad de
Quindío profirió los Acuerdos 011 de 26 de agosto de 20134 y 073 de 17 de diciembre
de 20185. Así mismo, realizó algunos concursos de méritos para la vigencia de los
años 2021, 2022 y 2023 y presentó un informe con el cronograma para la realización
de los concursos de méritos hasta el 2028.
No obstante, el señor Fabio Cagua Castellanos solicitó la apertura del respectivo
incidente de desacato, al considerar que la Universidad del Quindío no estaba dando
cumplimiento a lo ordenado en las sentencias de 21 de junio y 22 de julio de 2013.
Mediante auto de 11 de mayo de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Armenia requirió a la demandada para que informara: (i) cuántos
nombramientos en propiedad había realizado, junto con la relación de los nombres,
actos administrativos y cargos, así como cuántos estaban pendientes de proveer, y (ii)
el punto de ejecución y fecha de cierre de los procesos.
Luego, con proveído de 10 de julio de 2023 la autoridad judicial accionada resolvió
abstenerse de iniciar el trámite del incidente, al destacar que se inició el respectivo
concurso de méritos y se efectuaron los primeros nombramientos en propiedad. No
obstante, en esa oportunidad el despacho advirtió la necesidad de precisar que para
el periodo comprendido entre el 2023 y 2028 debía quedar surtido el nombramiento en
propiedad de la totalidad de los 259 cargos vacantes, así:
DENOMINACIÓN POR NIVELES TOTAL CARGOS PARA
CONCURSO
NIVEL ASISTENCIAL 104
NIVEL TÉCNICO 42
NIVEL PROFESIONAL 113
TOTAL DE VACANTES A 19 DE MAYO DE 259
2023
El 2 de agosto de 2024, la Universidad de Quindío solicitó al juzgado que, ante el
incremento de la planta administrativa de personal y a la capacidad financiera de la
entidad, se autorizara la modificación del cronograma de los concursos de méritos
previstos y se ampliara hasta el 2035.
4 «POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
SISTEMA DE CARRERA ESPECIAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO».
5 «Por medio del cual se crea el registro interno del sistema de carrera especial administrativa de la
Universidad del Quindío y se dictan otras disposiciones».
4
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A través de auto de 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Armenia negó la solicitud elevada por la entidad
demandada, bajo las siguientes consideraciones:
El 10 de julio de 2023, se dispuso por parte de este despacho judicial ABSTENERSE
de iniciar formalmente trámite incidental de desacato en contra de la Universidad del
Quindío, porque por fin y después de muchas alteraciones se inició con el concurso y
de hecho se verificó que se efectuaron los primeros nombramientos en propiedad.
No obstante, se requirió Consejo Superior disponer lo necesario para que a través de
las actuaciones del Representante Legal se prevea para el periodo correspondiente
2023-2028 surtir el proceso necesario para el nombramiento en propiedad para la
totalidad de cargos de carrera vacantes, en total 259.
Para esta célula judicial no es admisible acceder a la solicitud de ampliación hasta el
año 2035.
En el periodo entre el 2023 y 2028 deben estar superadas todas las barreras de
procedimiento y aplicación de los dispuesto en las sentencias judiciales y respecto de
las presupuestales el tiempo otorgado es suficiente para cumplir con las apropiaciones
necesarias para demostrar el cierre definitivo del concurso con los nombramientos en
propiedad según la reglamentación y su aplicación.
Inconforme con esta decisión, la Universidad del Quindío interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto negativamente por la autoridad judicial accionada por
medio de proveído de 20 de mayo de 2025, al señalar lo siguiente:
Sin necesidad de mayores elucubraciones y fundamentado en las decisiones judiciales
ampliamente conocidas por el Representante Legal y Miembros de Consejo Superior
los tiempos de cumplimiento se han ido dilatando, no obstante, el despacho atendiendo
las exigencias presupuestales extendió el l[í]mite final hasta el año 2028.
No repone este despacho la decisión proferida por providencia del 23 de septiembre del
2024 se negó solicitud de ampliación del plazo dispuesto, y continua advirtiendo que en
el periodo entre el 2023 y 2028 deben estar superadas todas las barreras de
procedimiento y aplicación de los dispuesto en las sentencias judiciales y respecto de
las presupuestales el tiempo otorgado es suficiente para cumplir con las apropiaciones
necesarias para demostrar el cierre definitivo del concurso con los nombramientos en
propiedad según la reglamentación y su aplicación.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al proferir la decisión de 20 de mayo de 2025, puesto que incurrió en
los defectos fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución.
Reprochó que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia
incurrió en un error fáctico al omitir (i) el decreto y practica de pruebas pertinentes y
conducentes, y (ii) considerar elementos probatorios allegados por la universidad que
eran determinantes en la decisión que adoptó.
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Al respecto, informó que el juzgado accionado no valoró la propuesta jurídica, técnica
y financiera para la continuación del proceso de implementación de la carrera
administrativa en la universidad, enviado al despacho el 2 de agosto de 2024 mediante
el oficio EE3046, y que en los proveídos de 23 de septiembre de 2024 y 20 de mayo
de 2025 decidió no acceder a su solicitud sin realizar algún análisis sobre las razones
presentadas por la entidad.
Explicó que el manejo de los recursos de la universidad depende en gran medida de
la venta de servicios educativos que deben ser manejados teniendo en cuenta los
compromisos presupuestales, pues de lo contrario se podría correr el riesgo de que se
afecten los programas que ofrece el ente universitario.
Cuestionó que la solicitud de modificación del cronograma no obedece a un capricho,
sino a la imposibilidad presupuestal de asumir tales compromisos antes del 2035.
De igual forma, puso de presente que se incurrió en el defecto de decisión sin
motivación, puesto que el auto reprochado no se pronunció sobre la mencionada
prueba aportada por la Universidad del Quindío, en la que se expusieron
detalladamente las razones que imposibilitan a la entidad someter a concurso de
méritos todos los cargos de la planta de personal administrado en un periodo tan corto.
Alegó que se configuró una violación directa de la Constitución, toda vez que la omisión
en la valoración probatoria vulneró los derechos al debido proceso, a la educación y a
la autonomía universitaria.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 15 de octubre de 2025, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
del Quindío admitió la acción de tutela, dispuso tener como autoridad judicial
accionada al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia y
vinculó en calidad de tercero interesado al señor Fabio Cagua Castellanos.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:
1.6.1. Fabio Cagua Castellanos
Solicitó que se deniegue por improcedente la acción de tutela y que se determine que
esta es temeraria y dilatoria, comoquiera que lo que pretende la actora es eludir el
cumplimiento de las órdenes impartidas en la acción de cumplimiento.
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Destacó que, aunque ha trascurrido más de 10 años desde que se ordenó implementar
el sistema de carrera administrativa en la Universidad de Antioquia, a la fecha no se
ha dado cabal cumplimiento a tales fallos, pese a la laxitud del juzgado que amplió los
plazos otorgados inicialmente para acatar las decisiones.
Puso de presente que la autonomía universitaria en Colombia no es absoluta, dado
que está limitada por la Constitución y las leyes.
1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia
La titular del despacho indicó que se atiene a lo que resuelva la corporación, sin antes
resaltar que no vulneró los derechos invocados por la parte actora, puesto que agotó
el trámite procesal exigido, brindó las oportunidades de oposición y debate, y decidió
con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente.
Advirtió que para ella no es admisible acceder a la solicitud de ampliación hasta el
2035, comoquiera que en el periodo comprendido entre el 2023 y 2028 deben ser
superadas todas las barreras invocadas por la universidad, dado que el tiempo
otorgado es suficiente para cumplir con las apropiaciones necesarias para demostrar
el cierre definitivo del concurso y la provisión de los 259 cargos de carrera.
Anotó que han trascurrido 12 años desde que se profirieron los fallos en la acción de
cumplimiento.
Finalmente, allegó el enlace de consulta de la acción de cumplimiento 63001-33-33-
002-2013-00411-00.
1.7. Sentencia de primera instancia6
Con fallo de 29 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío amparó el
derecho al debido proceso de la parte accionante y, en consecuencia, ordenó «al
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA emitir nuevo
pronunciamiento exponiendo en debida forma, y en el término de diez (10) días, las
razones que permiten descartar o aceptar la propuesta jurídica, técnica y financiera
presentada por la UNIVERSIDAD DEL QUIND[Í]O accionante, dentro del proceso de
cumplimiento radicado 63001-3333-002-2013-00411-00».
En primer lugar, encontró superados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, motivo por el que pasó a estudiar de fondo
los defectos alegados por los accionantes.
Al respecto, consideró que, en efecto, el auto cuestionado por la universidad carecía
de la suficiente motivación.
6 Notificada vía electrónica el 29 de octubre de 2025.
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Explicó que, aunque el cumplimiento del fallo no ha sido expedito, la Universidad del
Quindío ha sustentado razonadamente con estudios económicos y financieros las
razones por las que le resulta imposible cumplir con lo que se dispuso en la sentencia
por lo menos hasta el 2035.
Destacó que ante la solicitud del ente universitario el juzgado accionado solo se limitó
a señalar que había pasado mucho tiempo desde la expedición del fallo y que en su
criterio el plazo que va hasta el 2028 es suficiente. No obstante, no encontró en la
decisión reprochada una motivación suficiente y fundamentada que descartara lo que
la entidad planteó de manera técnica ni una respuesta clara a las dificultades que
planteó en su solicitud.
Por lo tanto, expuso que era necesario que el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Armenia valorara las pruebas aportadas por la universidad,
«especialmente la “Remisión de la Propuesta Jurídica, Técnica y Financiera, para la
continuación del proceso de implementación de la carrera especial administrativa de
la universidad del Quindío y solicitud de ampliación del cronograma para adelantar los
respectivos concursos públicos.”».
Igualmente, agregó:
24.7 Debe analizarse, también, el apoyo al que se alude en la propuesta, en torno a las
referencias normativas como lo son artículos constitucionales, Ley 30 de 1992, acuerdos
internos del Consejo Superior y de la CUCEA, así como en cifras presupuestales
proyectadas y tablas financieras que intentan demostrar la inviabilidad económica de
cumplir con la sentencia en los plazos actuales o sea hasta 2028.
24.8 Inclusive, si dichas cifras y citas no se presentan con suficiente respaldo
documental verificable, es decir, sin anexos de ejecución presupuestal, certificaciones
contables, ni informes auditables que demuestren de manera fehaciente los supuestos
financieros o técnicos esgrimidos, bien podría ordenarse prueba de oficio, a fin de contar
con datos suficientes para decidir.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado el 31 de octubre de 2025, la titular del Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia solicitó que se revoque el fallo de
tutela de primera instancia para que, en su lugar, se declare la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional,
inmediatez, subsidiariedad y los específicos.
Alegó que no hubo un pronunciamiento de la entidad contra la decisión de 10 de julio
de 2023, en el que se resolvió abstener de iniciar el incidente de desacato propuesto
por el demandante y advertir que la Universidad del Quindío debía disponer lo
necesario para surtir el proceso de nombramiento en propiedad de la totalidad de los
cargos de carrera vacantes, para el periodo correspondiente de 2023 a 2028.
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En ese sentido, estimó que no se agotaron todos los recursos con los que contaba la
parte actora y que lo que pretende es revivir la oportunidad con la que contaba para
recurrir la mencionada decisión. Por lo tanto, señaló que no se cumplen con los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
Puso de presente que no es nuevo que la Universidad del Quindío haya superado el
término inicialmente otorgado en el fallo, «sin embargo como no es ajeno para el
despacho la complejidad del asunto, así se consideró al proferir la providencia del 10
de julio del 2023 y limitar hasta el año 2028 como tiempo suficiente para finalizar con
los nombramientos en carrera que constituye el espíritu del fallo en el medio de control
de cumplimiento».
Explicó que tampoco se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, puesto
que no se demostró una afectación desproporcionada de un derecho constitucional,
sino que lo que se pretende es la ampliación de un plazo para el cumplimiento de una
decisión, debate que ya se surtió el 10 de junio de 2023.
Consideró que la argumentación del a quo para superar el requisito de la relevancia
constitucional no cumplió con el juicio de validez, sino que se trata de un juicio de
corrección de la providencia enjuiciada, con lo cual se utilizó el mecanismo de amparo
como una instancia adicional para discutir un asunto ya zanjado. Además, explicó que
todos los aspectos probatorios allegados fueron resueltos.
Indicó que al parecer las limitaciones que invocó la entidad son de tipo presupuestal,
lo cual se sale de la esfera del juez de cumplimiento. Máxime cuando el Consejo
Superior de la Universidad del Quindío ha tenido más de 10 años para gestionar los
recursos para el cumplimiento de las órdenes.
Finalmente, sobre los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela,
afirmó que en el auto de 20 de mayo de 2025 se especificaron las razones por las
cuales no se repuso la decisión inicial.
1.9. Trámite en segunda instancia
El proceso de la referencia correspondió por reparto en segunda instancia, al despacho
sustanciador, el cual presentó proyecto de fallo en la Sala de 11 de diciembre de 2025,
no obstante, no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación en esta Sección. Por
esta razón, mediante auto de la misma fecha se ordenó realizar el sorteo de dos
conjueces, uno principal y otro suplente, para integrar la Sala de la Sección Quinta.
Luego, el 18 de diciembre de 2025 se procedió a realizar el sorteo de los conjueces y
se designó a los doctores Jesús Vall De Ruten Ruíz (principal) y Germán Lozano
Villegas (suplente).
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2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo de
tutela de 29 de octubre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío,
de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo
80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 29 de octubre de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del
Quindío, a través de la cual se amparó el derecho al debido proceso de la parte
accionante.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato; (iii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de
tutela de la referencia y de encontrarse superados, y (iv) el estudio del caso concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20127 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».
7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
10
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 10, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato11
Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que se
adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la siguiente
manera:
[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha
establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que, por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela debe tenerse presente que durante
el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi,
ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como
fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de
tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la
conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo
tránsito a cosa juzgada […]12.
Ahora bien, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un trámite
incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de la
Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales del
Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez constitucional es
hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Ver postura de la Sala en la providencia de 24 de septiembre de 2020, expediente No. 11001-03- 15-
000-2020-03234-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
12 Corte Constitucional, sentencia T - 482 de 2013.
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Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio del
poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva […]»13 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad objetiva,
en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial es necesario
que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente
del agente.
La mencionada Corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:
[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser coherentes
con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas que pretenda
hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la etapa incidental porque
de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que ésta no puede ser utilizada
como un remedio procesal ante la desidia o negligencia del interesado […] 14.
Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela contra
providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato debe establecer:
i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo que fue
proferida,
ii) si respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se pueda
reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance y contenido
de aquella.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, contrario a lo invocado por la parte
accionada en su escrito de impugnación, el caso objeto de estudio está revestido de
relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción
de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la
carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte actora solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y a la autonomía
universitaria, ante la posible configuración de los defectos fáctico, decisión sin
motivación y violación directa de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos
fundamentales alegados por la parte actora, en tanto que se interpreta que la autoridad
judicial incurrió en los mencionados defectos, por lo que se evidencia que trasciende
un estudio de lo meramente legal.
13 Sentencia T-763 de 1998.
14 Sentencia T-343 de 5 de mayo de 2011.
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De igual manera, se destaca que el escrito de tutela cumple con las reglas establecidas
por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.
En el referido fallo la alta corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».
En este caso, como quedó establecido se involucra un debate jurídico que gira en torno
al contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales de la parte actora y no se
refiere a un asunto meramente legal y/o económico; pues aun cuando se trata de una
providencia en la que se negó una solicitud en el trámite de un incidente de desacato,
lo cierto es que se está invocando la posible expedición de una decisión sin la debida
motivación y la omisión en la valoración de algunas pruebas que a juicio de la parte
actora sustentan la solicitud que fue negada por la autoridad judicial accionada.
En resumen, el asunto reviste relevancia constitucional porque se alega una
irregularidad que al parecer impacta de manera directa en el goce de garantías
constitucionales de la parte accionante.
2.5.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia no
se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia
judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del incidente de
desacato identificado con el radicado 63001-33-33-002-2013-00411-00, que se
promovió con el propósito de que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Armenia estudiara el incumplimiento de lo ordenado por él en la sentencia
de 21 de junio de 2023, confirmada por el Tribunal Administrativo del Quindío en
providencia de 22 de julio de 2023.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la providencia que
cuestiona el accionante fue dictada el 20 de mayo de 2025 por la autoridad judicial
accionada, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 15 de octubre de 2025.
De manera que, sin necesidad de establecer la fecha de ejecutoria, se observa que,
contrario a lo reprochado por el juzgado accionado en su escrito de impugnación, su
interposición se hizo en un término que a juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue
antes de transcurridos seis (6) meses de la providencia reprochada.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201415, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.
2.5.4. En lo que se refiere al agotamiento de los mecanismos judiciales, esta
colegiatura encuentra que, en el caso concreto, la providencia controvertida
corresponde al auto de 20 de mayo de 2025, dictado en el marco del incidente de
desacato 63001-33-33-002-2013-00411-00, razón por la cual contra las providencias
controvertidas no procede recurso alguno conforme con lo dispuesto en la Ley 393 de
199717 y tampoco los recursos ordinarios ni extraordinarios18.
Finalmente, en cuanto al argumento presentado por la entidad accionada en relación
con este aspecto, la Sala encuentra que, aunque es cierto que en el auto de 10 de julio
de 2023 el despacho accionado precisó que para el periodo comprendido entre el 2023
y 2028 debía quedar surtido el nombramiento en propiedad de la totalidad de los 259
cargos vacantes, también lo es que solo hasta el 29 de julio de 2024 mientras la
Universidad del Quindío analizaba el avance en la implementación del sistema de
carrera, evidenció nuevas circunstancias que al parecer imposibilitaban aumentar el
número de cargos que debían salir a concurso año a año, hasta la vigencia 2028.
Es por ello que la providencia respecto de la cual se estudia el cumplimiento del
requisito de la inmediatez es el auto que resolvió la solicitud de ampliación del
cronograma y su respectivo recurso.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo del asunto, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección
de derechos de terceros.
16 «c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos».
17 «Artículo 16.-Recursos. Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento,
con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue
la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente
de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente».
18 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 18 de julio de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
14
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2.6. Generalidades de los defectos invocados
2.6.1. Frente al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 19
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación
del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin
desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así
las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto
de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que
este procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
Omisión de decreto que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba
y práctica de señalados.
pruebas
indispensables para De esta manera, se requiere que la parte:
fallar el asunto
a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna
del acervo y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que se:
identificar la
veracidad de los a) Identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
hechos alegados por b) Demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
las partes oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar
el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
Requiere entonces que:
19Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
15
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Valoración irracional a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
o arbitraria de las indebida valoración por el juez
pruebas aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración
del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia
y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia,
pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la
conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este
aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del
juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
Dictar sentencia con con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su
fundamento en producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
pruebas obtenidas la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla
con violación del tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado,
debido proceso al ser esta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento
de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino
también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr
la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados
de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera
que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele
ocurrir, pues es desacertado.
2.6.2. Sobre el defecto de violación directa de la Constitución la Sala trae a colación
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 198 del 11 de abril de
2013,20 en la que estableció que el referido defecto se presenta cuando:
20
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16
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Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta
Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución. En el
primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales
por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de
interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata
y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo caso,
la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que con
base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso
en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con
la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
2.6.3. Finalmente, la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 precisó que
el defecto denominado decisión sin motivación se configuraba cuando los servidores
judiciales incumplen «dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional».
2.7. Caso concreto
2.7.1. Como se ha mencionado, la Universidad del Quindío y el departamento del
Quindío consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
educación y a la autonomía administrativa por parte del Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia que mediante auto de 20 de mayo
de 2025 resolvió no reponer el auto de 23 de septiembre de 2024, en el que se negó
una solicitud elevada por la Universidad del Quindío, en el trámite del incidente de
desacato identificado con el radicado 63001-33-33-002-2013-00411-00.
En sentencia de 29 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío amparó
el derecho al debido proceso de la parte accionante y, en consecuencia, ordenó a la
autoridad judicial accionada «emitir nuevo pronunciamiento exponiendo en debida
forma, y en el término de diez (10) días, las razones que permiten descartar o aceptar
la propuesta jurídica, técnica y financiera presentada por la UNIVERSIDAD DEL
QUIND[Í]O accionante, dentro del proceso de cumplimiento radicado 63001-3333-002-
2013-00411-00».
Lo anterior, al considerar que el auto cuestionado por la universidad carecía de la
suficiente motivación, puesto que allí solo se limitó a señalar que había pasado mucho
tiempo desde la expedición del fallo y que en su criterio el plazo que va hasta el 2028
era suficiente, pero no encontró que la decisión contuviera fundamentos que
descartaran lo que la entidad planteó de manera técnica para sustentar la imposibilidad
de implementar la carrera administrativa en los términos dados por el cronograma de
actividades propuesto inicialmente.
17
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Por lo tanto, expuso que era necesario que se valorara la propuesta allegada por la
universidad, la Ley 30 de 1992, los acuerdos internos del Consejo Superior y de la
CUCEA, las cifras presupuestales proyectadas, así como tablas financieras que
intentan demostrar la inviabilidad de la petición.
Inconforme con esta decisión el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Armenia la impugnó y solicitó que se revoque para que, en su lugar, se
declarara la improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento de los
requisitos de relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez. Así mismo,
expuso lo siguiente:
Sobre los requisitos específicos para considerar procedente la tutela, ninguno se
cumple, el auto del 20 de mayo del 2025 resolvió un recurso y allí se especifica las
razones por las cuales no se repone e insiste el despacho en no ampliar, la providencia
está debidamente motivada y no le corresponde al Juez de Cumplimiento incidir en los
aspectos presupuestales, la entidad debe acatar las órdenes judiciales y utilizar los
mecanismo necesarios de orden administrativo, planeación y financiero que permitan el
acatamiento.
2.7.2. Respecto de la declaratoria de improcedencia por el incumplimiento de los
requisitos de procedibilidad general de la acción de tutela contra providencia judicial,
se recuerda que estos quedaron superados en el análisis realizado en los apartados
2.5.1., 2.5.3. y 2.5.4. de esta providencia.
En cuanto al análisis de fondo, una vez revisadas las pruebas aportadas al plenario,
se tiene que el 2 de agosto de 2024 la Universidad de Quindío solicitó al Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia que autorizara la
modificación del cronograma de los concursos de méritos previstos y permitiera su
ampliación hasta el 2035, para lo cual allegó la «PROPUESTA JURÍDICA, TÉCNICA
Y FINANCIERA, PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA CARRERA ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO», en la que explicó las razones presupuestales y de capacidad financiera
que impactarían de manera negativa las finanzas institucionales.
Por auto de 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Armenia negó la solicitud elevada por la entidad demandada, al
considerar lo siguiente:
Para esta célula judicial no es admisible acceder a la solicitud de ampliación hasta el
año 2035.
En el periodo entre el 2023 y 2028 deben estar superadas todas las barreras de
procedimiento y aplicación de los dispuesto en las sentencias judiciales y respecto de
las presupuestales el tiempo otorgado es suficiente para cumplir con las apropiaciones
necesarias para demostrar el cierre definitivo del concurso con los nombramientos en
propiedad según la reglamentación y su aplicación.
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Inconforme con esta decisión, el 27 de septiembre de 2024 la Universidad del Quindío
interpuso recurso de reposición al manifestar que la información presentada por el
demandante podría inducir en un posible error al despacho.
Explicó que los concursos de méritos para los docentes son realizados por la propia
universidad y que los temas presupuestales y de infraestructura para estos son
reducidos en relación con los concursos que se realizan para el personal administrativo
de la institución, que por demás son adelantados por otra institución de educación
superior, bajo un presupuesto de $ 690.000.000.000, por lo menos para el año 2021.
En ese sentido, concluyó que contrario a lo afirmado por el demandante, no se podían
equiparar los concursos para la vinculación de profesores, con aquellos realizados
para proveer los cargos del personal administrativo de la universidad, por lo que, en
consecuencia, no era dable afirmar que se contaba con la capacidad técnica,
administrativa y financiera para adelantar ambos.
Por medio de proveído de 20 de mayo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Armenia resolvió no reponer la decisión de 23 de
septiembre de 2024, al señalar lo siguiente:
Sin necesidad de mayores elucubraciones y fundamentado en las decisiones judiciales
ampliamente conocidas por el Representante Legal y Miembros de Consejo Superior
los tiempos de cumplimiento se han ido dilatando, no obstante, el despacho atendiendo
las exigencias presupuestales extendió el l[í]mite final hasta el año 2028.
No repone este despacho la decisión proferida por providencia del 23 de septiembre del
2024 se negó solicitud de ampliación del plazo dispuesto, y continua advirtiendo que en
el periodo entre el 2023 y 2028 deben estar superadas todas las barreras de
procedimiento y aplicación de los dispuesto en las sentencias judiciales y respecto de
las presupuestales el tiempo otorgado es suficiente para cumplir con las apropiaciones
necesarias para demostrar el cierre definitivo del concurso con los nombramientos en
propiedad según la reglamentación y su aplicación.
2.7.3. Ahora bien, realizado el anterior recuento fáctico, la sala anticipa que confirmará
la sentencia de primer grado que amparó el derecho fundamental al debido proceso
de la parte actora, comoquiera que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos invocados por ella.
Como se advierte, en los autos de 23 de septiembre de 2024 y 20 de mayo de 2025,
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia solo se limitó
a indicar que no accedía a la solicitud presentada por la entidad, sin embargo, no
expuso los argumentos por los cuales desestimaba los planteamientos expuestos en
la «PROPUESTA JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA, PARA LA CONTINUACIÓN
DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA ESPECIAL
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO» y en el recurso de
reposición.
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Demandantes: Universidad del Quindío y otro
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00108-01
Esta omisión, a juicio de la sala de decisión, se configura en un defecto fáctico por la
omisión en la valoración del mencionado documento, y en el error de decisión sin
motivación, al incumplir con su obligación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos que sustentaron su decisión.
Nótese que en las providencias que negaron la solicitud de ampliación del cronograma,
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia únicamente
indicó que no accedía a la petición puesto que el tiempo otorgado hasta el 2028 era
más que suficiente, pero no explicó por qué los argumentos técnicos y financieros
dados por la Universidad del Quindío eran insuficientes para acceder a su pretensión.
Con todo, se recuerda que en fallo de primera instancia que concedió el amparo se
dejó claro que era necesario indicar las razones que descartaran o aceptaran la
propuesta presentada por la Universidad de Quindío, es decir que no se le está
ordenando a la autoridad judicial accionada que resuelva en determinado sentido, sino
que se pronuncié sobre todos los aspectos puestos de presente por el ente
universitario en sus escritos.
Se recuerda que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales
de la causa y determinar la forma «correcta» en la que se debe fallar, puesto que un
actuar así se atentaría contra el principio de autonomía judicial.
Con base en las anteriores consideraciones, esta sala confirmará la sentencia de 29
de octubre de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Quindío amparó
el derecho al debido proceso de la parte accionante.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de octubre de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Quindío que amparó el derecho al debido proceso de la
Universidad del Quindío y el departamento del Quindío.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Demandantes: Universidad del Quindío y otro
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00108-01
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salvamento de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salvamento de voto
JESÚS VALL DE RUTEN RUÍZ
Conjuez
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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