Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00122-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2025-00122-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 63001-23-33-000-2025-00122-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
11 de diciembre de 2025
Demandante: Manuel Esteban Cantero Villa
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y otros
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00122-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 63001-23-33-000-2025-00122-01
Demandante: MANUEL ESTEBAN CANTERO VILLA
Demandados: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE ARMENIA Y OTROS.
Tema: Revoca fallo de primera instancia - ampara derecho de petición
y declara improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora y accionada contra
el fallo del 21 de noviembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Tercera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Manuel Esteban Cantero Villa, actuando en nombre propio, instauró1
acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia, el municipio de Armenia, la Personería Municipal de Armenia, la
Defensoría del Pueblo Regional Quindío, la Procuraduría General de la Nación y
el señor Julio César Hernández Mejía, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la «defensa del patrimonio cultural».
En criterio de la parte actora, la vulneración de las garantías constitucionales se
ocasionó en razón a la respuesta evasiva recibida el 30 de octubre de 2025 emitida
frente a la petición radicada el 7 del mismo mes y año ante la Alcaldía de Armenia,
así como por el archivo irregular y definitivo del expediente correspondiente a la
1
Escrito de tutela radicado el 13 de noviembre 2025.
1
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Demandante: Manuel Esteban Cantero Villa
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y otros
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00122-01
acción popular radicada con número 63-001-33-31-002-2008-00137-00 sin la
debida verificación de cumplimiento a la sentencia del 30 de septiembre de 2009
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia,
de la cual además cuestiona su falta de acatamiento por parte de las demás
entidades sobre quienes recayó el fallo mencionado.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
«2. DEJAR SIN EFECTOS el Auto o providencia de archivo del expediente de
Acción Popular Rad. 63-001-33-31-002-2008-0137-00 (Auto/Oficio No. 1506 de
2013 o el que lo sustituya), y ORDENAR su reapertura inmediata en un plazo de
48 horas, conforme al artículo 40 de la Ley 472 de 1998.
3. ORDENAR a la Alcaldía y Secretaría de Infraestructura que en un plazo máximo
de 30 días hábiles: ○ Entreguen al accionante un informe integral con todos los
soportes técnicos, financieros y contractuales del supuesto cumplimiento. ○
Presenten ante el Juzgado de la Acción Popular y este despacho un Plan de
Intervención Integral del BICN, con cronograma, presupuesto y fuentes de
financiación.
4. ORDENAR la reactivación del Comité de Verificación Ad Honorem, con
participación de la Procuraduría, y que rinda informes mensuales de avance.
5. ORDENAR una inspección judicial inmediata al inmueble patrimonial, con
acompañamiento técnico y fotográfico.
6. COMPULSAR copias a la Procuraduría y Contraloría para investigar las
omisiones disciplinarias y fiscales de las autoridades responsables.
7. DISPONER medidas estructurales bajo el artículo 27 del Decreto 2591/91, que
garanticen el cumplimiento integral de la Sentencia No. 187 de 2009 y la
restauración total del bien patrimonial.”2
1.3. Hechos
El 30 de septiembre de 2009 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia dictó sentencia en la acción popular identificada con radicado
63-001-33-31-002-2008-00137-00, interpuesta por el señor Julio César Hernández
Mejía contra el municipio de Armenia.
En dicho proveído, se declaró que la accionada vulneró los derechos colectivos de
la defensa del patrimonio cultural de la nación, la seguridad y salubridad pública,
por lo que ordenó al municipio adoptar las siguientes medidas:
“a. Que dentro del término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la
2
Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Manuel Esteban Cantero Villa
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y otros
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presente providencia, inicien y lleven a su culminación, las obras tendientes a la
RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA de los inmuebles que
compone la Estación del Ferrocarril y que hacen parte del llamado monumento
histórico nacional, sin que las mismas sufran alguna alteración de tipo arquitectónico.
b. Que dentro de un interregno de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria
de la sentencia, INICIAR acciones de mantenimiento de las zonas verdes que existen
en el sector, es decir, que todos aquellos espacios en donde se encuentre maleza y
demás, deberá limpiar, podar y cortar las mismas, de tal suerte que permitan no solo
una buena imagen visual, sino también el tránsito SEGURO de las personas.
c. Que en dicho lapso deberá el Municipio de Armenia, DESALOJAR a las personas
que habitan todos y cada uno de los inmuebles que componen la Estación del
Ferrocarril e IMPLEMENTARAN algún tipo de seguridad que no permita nuevamente
el acceso de éstas a aquellas.
d. Que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia deberá
REUBICAR cada una de las familias que tienen su asentamiento en este lugar, de tal
suerte que la zona donde se encuentra la Estación del Ferrocarril de Armenia quede
desprovista de cualquier asentamiento o albergue temporal en sus alrededores, para
que ello contribuya a la misma seguridad del sector.
e. Que, a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la señora alcaldesa del Municipio
de Armenia o quien haga sus veces deberá, como primera autoridad policiva de este
ente territorial, implementar algún mecanismo que garantice la presencia policiva
permanente y continua en el sector objeto de acción popular (Antigua Estación del
Ferrocarril), con el fin de propender a la seguridad y tranquilidad de quienes transitan
por el sector.”
Lo anterior, sumado a la conformación de un comité de vigilancia, para la
verificación del cumplimiento de la sentencia, que estaría integrado por el
demandante, el señor subdirector de la oficina de infraestructura del municipio de
Armenia como delegado del municipio, el personero municipal y la defensora del
Pueblo, quienes deberían rendir un informe bimensual respecto al adelanto de las
obras a ejecutar.
Actuación que fue archivada mediante proveído del 31 de mayo de 2013, por
haberse verificado el cumplimiento de lo anteriormente ordenado.
Dicho trámite constitucional permaneció inactivo desde la mencionada fecha hasta
el mes de diciembre de 2024 cuando se radicaron escritos de los ciudadanos
Dagoberto Echeverry y Luis Javier Parra Mondragón solicitando una serie de
medidas tendientes a verificar y garantizar el cumplimiento del fallo. Memoriales a
los que se sumó el de la procuradora 99 Judicial I para Asuntos Administrativos en
el mes de junio de 2025.
Solicitudes frente a las cuales se pronunció el juzgado accionado mediante
proveído del 14 de agosto de 2025 resolviendo no acceder a lo pretendido dada la
verificación al cumplimiento de la orden. Posteriormente en auto del 3 de octubre
3
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del presente año se dispuso nuevamente el archivo de las diligencias, negando la
petición de iniciar acciones tendientes al cumplimiento del fallo, según otra solicitud
formulada en el mismo sentido por la señora Liliana Narváez.
Así, el expediente de la acción popular registra como última actuación el auto del
14 de noviembre de 2025 mediante el cual, dando cumplimiento al fallo de tutela
proferido el 13 del mismo mes y año por el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Tercera de Decisión, con radicado 63001-2333-000-2025-00116-00, se
desarchivaron las diligencias y se ordenó reintegrar el Comité de Verificación de
la acción popular.
A su turno, el 7 de octubre de 2025 el tutelante Manuel Esteban Cantero Villa
remitió vía correo electrónico a la dirección servicioalcliente@armenia.gov.co
escrito de petición dirigido al alcalde municipal de Armenia, Quindío, solicitando
una serie de información y documentación concerniente al cumplimiento del fallo
aludido, así:
“1. Informe técnico, jurídico y administrativo completo sobre el estado de cumplimiento de
cada una de las órdenes impartidas en la Sentencia No. 187 de 2009, detallando
actuaciones, responsables, fechas, avances, dificultades y resultados. 2. Copia digital
(PDF) de los contratos, actas, informes, estudios, órdenes de trabajo, pólizas, registros
presupuestales y soportes de toda gestión realizada en virtud del cumplimiento de la
sentencia. 3. Relación de los funcionarios o contratistas que han tenido a su cargo la
ejecución o supervisión de las medidas ordenadas, precisando períodos de gestión,
dependencia y responsabilidades asignadas. 4. Copia de las actas e informes
bimensuales del Comité de Vigilancia del Cumplimiento creado por la providencia judicial,
indicando si dicho comité fue efectivamente conformado, y en caso negativo, las razones
de su inactividad. 5. Explicación jurídica, técnica y administrativa de las causas que han
impedido el cumplimiento dentro de los términos fijados por la sentencia, identificando los
responsables y las acciones correctivas emprendidas. 6. Copia de las actuaciones
disciplinarias, fiscales o penales iniciadas contra servidores o exservidores públicos por el
incumplimiento de las órdenes judiciales. 7. Plan actual o proyectado de intervención del
conjunto de la Estación del Ferrocarril, con cronograma, presupuesto y fuentes de
financiación, que permita verificar la intención real de cumplimiento. 8. Ubicación y
dependencia responsable del expediente administrativo relacionado con la Sentencia No.
187 de 2009, y mecanismo disponible para su consulta ciudadana.”
Como respuesta, el señor Manuel Esteban, recibió comunicado No. DJ-PJU-2709
del 30 de octubre de 2025, suscrito por el director del Departamento Administrativo
Jurídico de la Alcaldía de Armenia, donde se le indicó frente a cada uno de los
puntos requeridos, que la documental e información solicitada podría encontrarla
en el expediente de la acción popular de radicado 2008-00137-00 que puso de
presente mediante link de acceso.
Con relación al numeral 6 de la petición, relativa a la copia de las actuaciones
4
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disciplinarias, fiscales o penales iniciadas contra los servidores públicos por el
incumplimiento a órdenes judiciales, la alcaldía señaló que no existía actuación
alguna, en razón a que el municipio había dado cumplimiento al fallo judicial.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora, señaló que las autoridades enjuiciadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados al i) emitir la Alcaldía de Armenia respuesta evasiva y
no de fondo frente a la petición elevada el 7 de octubre de 2025, ii) disponer el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia el archivo de las
diligencias adelantas en la acción popular con radicado 63-001-33-31-002-2008-
00137-00 mediante auto del 6 de junio de 2013 [en realidad es auto del 31 de mayo
de 2013] sin realizar inspección judicial ni verificación material al cumplimiento del
fallo popular de fecha 30 de septiembre de 2009 y iii) omitir el municipio de Armenia
así como los órganos de control, por más de quince años, el acatamiento de la
aludida sentencia.
Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al
desconocer el artículo 40 de la Ley 472 de 1998 que lo obligaba a mantener la
vigilancia hasta la verificación material al cumplimiento del fallo popular.
Asimismo, alegó defecto fáctico al no valorarse la falta de ejecución real del fallo
popular, ni practicarse la inspección judicial con la que se habría demostrado el
incumplimiento cuestionado.
En igual sentido, invocó defecto procedimental absoluto porque el archivo de las
diligencias sin la intervención del Comité de Verificación ni acta de cierre quebrantó
el debido proceso.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 13 de noviembre de 2025, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante3, así
como a la parte demandada, esto es, al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Armenia, al Municipio de Armenia, a la Personería Municipal de
Armenia, a la Defensoría del Pueblo Regional Quindío, a la Procuraduría General
de la Nación y al señor Julio César Hernández Mejía. 4
3
Índice 009 de Samai (expediente del Despacho de origen). La notificación fue enviada al correo:
canterovillamanuelesteban@gmail.com.
4
Índice 009 de Samai (expediente del Despacho de origen). La notificación fue enviada a los
correos: imfernandez@procuraduria.gov.co, mmcastro@procuraduria.gov.co,
quindio@defensoria.gov.co, juridica@defensoria.gov.co, regionalquindio@defensoria.gov.co,
notificacionesjudiciales@armenia.gov.co, notjudicialesarmenia@gmail.com,
servicioalcliente@armenia.gov.co, juridico@armenia.gov.co, alcaldia@armenia.gov.co,
directordaj@armenia.gov.co, juridica@armenia.gov.co, comunicaciones@armenia.gov.co,
5
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Radicado: 63001-23-33-000-2025-00122-01
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Procuraduría General de la Nación 5
Aludió a su competencia como órgano encargado de vigilar el actuar de los
servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las
normas vigentes. Señaló que, si en el asunto en cuestión se llegaba a evidenciar
la vulneración a derechos fundamentales, procederá a adelantar las actuaciones
disciplinarias a que hubiere lugar.
Finalmente, solicitó su desvinculación del presente asunto por no tener una
relación directa en la presunta vulneración de los derechos del actor.
1.6.2. Personería Municipal de Armenia6
La personera manifestó que atendiendo a varias denuncias con relación a la
situación de abandono y deterioro en la que se encuentra actualmente el sector
conocido como “La Estación”, se dio apertura a la actuación preventiva No. 004 de
2024 a fin de verificar las acciones ejecutadas por parte de las diferentes entidades
responsables de intervenir las problemáticas que se presentan en dicho sector y
en tal sentido realizó diferentes requerimientos a la Secretaría de Gobierno y
Convivencia, a Empresas Públicas de Armenia E.S.P., a la Secretaría de
Desarrollo Social, a la Secretaría de Salud, a Corpocultura, a la Secretaría de
Infraestructura, a la Policía Nacional, al Departamento Administrativo de Bienes y
Suministros y a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia.
Requerimientos por los cuales constató que actualmente se encuentra en
estructuración un proceso contractual orientado a la ejecución de actividades de
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la estación del ferrocarril
de Armenia.
alcalde@armenia.gov.co, infraestructura@armenia.gov.co,
j02admctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co, regional.quindio@procuraduria.gov.co,
njcardenas@procuraduria.gov.co, notificacionesjudiciales@personeriarmenia.gov.co,
comunicaciones@personeriarmenia.gov.co, personeria@armenia.gov.co,
notificacionesjudiciales@armenia.gov.co
notjudicialesarmenia@gmail.com, servicioalcliente@armenia.gov.co, juridico@armenia.gov.co,
alcaldia@armenia.gov.co, directordaj@armenia.gov.co, juridica@armenia.gov.co,
comunicaciones@armenia.gov.co, alcalde@armenia.gov.co, infraestructura@armenia.gov.co y
quindio@procuraduria.gov.co.
5
Índice 014 de Samai de primera instancia.
6
Índice 016 de Samai de primera instancia.
6
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Señaló que atendiendo las denuncias fijó dos veces fecha de audiencia presencial
y/o virtual para que los señores Hernán Gómez Mejía y Yamileth Palacio Ceballos
obtuvieran asesoría personalizada respecto a la interposición de acciones
constitucionales y explicarles las actuaciones adelantadas por el Ministerio Público
en relación con la problemática mencionada, sin embargo, en ninguna de las
fechas se presentaron los interesados.
Finalmente, advirtió que, consultada la base de datos de la entidad, respecto al
tutelante Manuel Esteban no se encontró trámite o solicitud alguna y que en el
Tribunal Administrativo del Quindío bajo el radicado 63001-2333-000-2025-00116-
00 se estaba adelantando una acción de tutela que guarda similitud a la presente.
1.6.3. Municipio de Armenia7
Aludió que dio cumplimiento total al fallo judicial tal como consta en el expediente
judicial que fue archivado desde el 31 de mayo de 2013.
Que, si bien el 9 de julio de 2025 el proceso fue desarchivado atendiendo a las
solicitudes ciudadanas y de la Procuraduría, lo cierto es que el 3 de octubre de
2025 el juzgado dispuso nuevamente el archivo atendiendo al cumplimiento de las
órdenes.
En tal sentido, refirió que los informes técnicos, jurídicos y administrativos
completos que demuestran el cumplimiento efectivo y a cabalidad de las órdenes
impartidas en la sentencia de la acción popular que curso ante el Juzgado Segundo
Administrativo de Armenia se encuentran publicados en el aplicativo SAMAI en los
archivos digitales número 00036, 00037 y 00038 y son de público acceso.
Por lo tanto, estimó que la respuesta emitida al actor mediante comunicado No.
DJ-PJU-2809 atendió de fondo cada uno de sus requerimientos.
1.6.4. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia8
La titular del despacho advirtió que no era cierta la afirmación del actor en cuanto
a que se había ordenado en el fallo popular la restauración estructural de los
inmuebles que componen la Estación del Ferrocarril, pues en realidad la
instrucción consistió en «obras tendientes a la RECUPERACIÓN y
RESTAURACIÓN ARQUITECTONICA de los inmuebles que compone la Estación
7
Índice 017 de Samai de primera instancia.
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Índice 018 de Samai de primera instancia.
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del Ferrocarril y que hacen parte del llamado monumento histórico nacional, sin
que las mismas sufran alguna alteración de tipo arquitectónico.»
Indicó que el municipio de Armenia cumplió a cabalidad el fallo popular entre el
año en que se profirió y el 2013, cuando se dispuso el archivo de la acción.
Refutó la violación al artículo 40 de la Ley 472 de 1998, por cuanto dicho texto fue
derogado por la Ley 1425 de 2010.
Informó que el señor Manuel Esteban no ha elevado actuación alguna en ese
juzgado respecto a la acción popular radicada bajo el número 63001-33-31-002-
2008-00137-00 ni hizo parte en el devenir procesal de la misma durante los años
que esta duró vigente y en cumplimiento, por lo que descarta vulneración alguna
a sus derechos fundamentales.
Realizó un recuento de lo actuado en la acción popular que finalizó con la
sentencia del 30 de septiembre de 2009, la cual una vez quedó en firme, sin
interposición de recursos, se comunicó mediante oficios 3368 y 3369 del 16 de
octubre de 2009 a la defensora del Pueblo y a la alcaldesa de Armenia para que
designaran el delegado y conformaran el comité de verificación ordenado. Fue así,
como se recibieron actas No. 001 y 002 del 28 de octubre y 09 de noviembre,
mediante las cuales se instaló el comité de verificación y se trazaron las
actividades a desarrollar para el cumplimiento del fallo, el cual se dio desde el 28
de octubre de 2009 y hasta el 31 de mayo de 2013, tras haberse presentado el
informe final y la solicitud de archivo de las diligencias.
Reseñó los informes presentados por el comité de verificación y las pruebas
aportadas al plenario de la acción popular como los contratos que suscribió el
municipio de Armenia con el fin de efectuar reparaciones y mantenimiento del
inmueble en cuestión, los informes de intervenciones y de entrega de viviendas a
las 19 familias reubicadas.
Para finalizar aportó copia del expediente objeto de acción y solicitó que se declara
la improcedencia del presente mecanismo por falta de legitimación en la casusa
por activa y por inmediatez al cuestionarse un auto que data del año 2013 con el
que se dispuso el archivo de las diligencias.
1.6.5. Defensora del pueblo9
La Defensora del Pueblo Regional Quindío señaló que el comité de verificación del
cumplimiento al fallo proferido en la acción popular radicada bajo el No. 63-001-
9
Índice 019 de Samai de primera instancia.
8
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Radicado: 63001-23-33-000-2025-00122-01
3331-002-2008-00137-00, determinó el acatamiento total de las órdenes
impartidas en su momento por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Armenia.
Informó que el actor no ha elevado solicitud alguna ante esa entidad y estimó no
haber vulnerado los derechos fundamentales del señor Manuel Esteban, por lo que
aludió a su falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.7. Fallo impugnado10
El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión, en sentencia del
21 de noviembre de 2025 declaró que no existía vulneración al derecho de petición
y «Para garantizar la unidad de materia constitucional y la congruencia, se reitera
la protección ante la posible amenaza de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia», ordenó al juzgado accionado
proceder nuevamente a desarchivar el expediente 66001-3333-002-2008-00137-
00 para que se realizara lo siguiente:
“- Se reintegre el comité de verificación para determinar de manera objetiva el
estado y problemáticas sociales que se presentan en el sector de la Estación
del Ferrocarril;
• De verificar que con ocasión al abandono estatal y la omisión de las medidas
que habían sido ordenadas en el fallo de la acción popular se incurrió
nuevamente en las razones que motivaron su presentación, deberá adelantar
los trámites necesarios para que se garantice la efectividad de la sentencia y
con ello, de los derechos colectivos que en su momento fueron protegidos.
• Como la acción popular antes referenciada solamente tiene como sujeto
pasivo al municipio de Armenia, la observancia que se adelante del comité de
verificación podrá tener en cuenta las gestiones que dicho ente territorial
adelante con otras entidades competentes -tales como: Policía Nacional o
Ministerio de Cultura- para la recuperación del sector de la Estación del
Ferrocarril, como de sus condiciones de salubridad y seguridad.
2.2. Se insta a la Defensoría del Pueblo como a la Personería Municipal y a la
Policía Nacional que, en sus funciones de defensa de los derechos y
acompañamiento a la comunidad, realicen de manera mancomunada las
acciones cívicas y jurídicas que consideren pertinentes con miras a apoyar el
cumplimiento del fallo de la acción popular radicada bajo el número 66001-
3333-002-2008-00137-00 y, en consecuencia, se logre la efectividad y goce
pleno de los derechos en ella amparados.”
Como sustento, sostuvo que, en lo que respecta al escrito de petición, si bien la
respuesta emitida al actor no llenaba sus expectativas y no hacía entrega de la
10
Índice 023 de Samai de primera instancia.
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Radicado: 63001-23-33-000-2025-00122-01
totalidad de documentos requeridos, la misma sí señalaba las actuaciones
adelantadas frente al cumplimiento del fallo de la acción popular. Por lo que
concluyó que se profirió una respuesta de fondo a la solicitud objeto de amparo.
En cuanto a las pretensiones contra la autoridad judicial señaló que estas no se
fundan en la vulneración de derecho fundamental alguno, como lo sería si el señor
Manuel Esteban hubiese presentado solicitud previamente ante el juzgado, por lo
que descartó la procedencia del amparo.
No obstante, estimó que el presente asunto denotaba “una situación de mayor
calado que la protección del derecho de petición, tal cual es la que se deriva del
cumplimiento efectivo de una orden judicial” y en tal sentido, analizó que según
los informes presentados por la Personería Municipal y las denuncias de los
ciudadanos puestas de presente en el trámite popular, el sector de incidencia del
fallo viene presentando deterioro en su infraestructura, como fenómenos de
drogadicción, prostitución y delincuencia que ameritan la adopción de medidas
para superar nuevamente aquella vulneración de la salubridad, seguridad y del
patrimonio cultural de la Nación, dado el deterioro de la Estación del Tren.
En ese sentido, precisó la necesidad del amparo ante la posible existencia de una
cosa juzgada en materia de acción popular, en razón a que hoy la comunidad
busca otra vez la protección de los mismos derechos colectivos dada la
desatención estatal que ha permitido nuevamente el deterioro físico de la Estación
del Ferrocarril al menos en lo que al Municipio de Armenia respecta y con relación
a los hechos que se han evidenciado en este plenario, que son de conocimiento
de diferentes autoridades, sumado a la posición del juzgado accionado, en tanto
considera que todo lo planteado se configura como hechos nuevos y deben dar
lugar a la proposición de una nueva acción constitucional.
En cuanto al requisito de inmediatez, estimó que la situación expuesta no
corresponde a hechos aislados o agotados en el pasado, sino a una problemática
actual y continuada, por lo que el análisis solicitado no pretende reabrir decisiones
adoptadas hace más de 12 años, sino verificar si en el presente existe una posible
afectación de los derechos colectivos que en su momento fueron protegidos
mediante la acción popular y, en tal sentido, lo tuvo por superado.
Por último, precisó que la misma Sala ya se había pronunciado en un caso de
naturaleza sustancialmente similar identificado con radicado 63001-2333-000-
2025-00116-00 donde profirió fallo el 13 de noviembre de 2025, y en el que se
analizó la vigencia y cumplimiento de la decisión de la acción popular en cuestión,
la situación actual de la Estación del Ferrocarril y la procedencia excepcional de la
tutela para restablecer el orden constitucional vulnerado. Sentencia donde ordenó
al juzgado accionado desarchivar nuevamente el expediente de radicado 2008-
10
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Radicado: 63001-23-33-000-2025-00122-01
00137-00 y procediera a reintegrar el comité de verificación para determinar de
manera objetiva el estado y las problemáticas sociales que se presentan en el
sector de la Estación del Ferrocarril. Lo anterior sumado al resto de órdenes que
en idéntico sentido se adoptaron en el fallo de primera instancia de esta tutela.
Situación por la cual resolvió adoptar la misma decisión de amparo y así garantizar
la unidad de materia y congruencia, aun cuando conocía que el juzgado tutelado
ya se encontraba en proceso de dar cumplimiento a la sentencia del 13 de
noviembre de 2025.
1.8. Impugnación
1.8.1. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Armenia11
La titular del juzgado cuestionó la congruencia aludida por el a quo como
fundamento para adoptar la misma orden emitida en la tutela con radicado 2025-
00116-00, pues pone de presente que las pretensiones de dicha acción y la que
nos convoca son distintas, al igual que los hechos que las originan, pues en aquella
se refiere a que la zona se ha convertido en un depósito de chatarra, basura y
escombro, llevando ello a un deterioro externo de la Estación del Ferrocarril, entre
tanto en esta el actor, hace referencia a que la zona es un foco de prostitución y
expendio de drogas.
Cuestionó la falta de pronunciamiento frente a la procedencia de la tutela contra
providencia judicial como lo invocó el actor, así como la protección emitida frente
al debido proceso, por cuanto el señor Manuel Esteban nunca actuó dentro de la
acción popular, ni formuló petición alguna ante esa sede judicial y en general
reiteró los argumentos del escrito de contestación.
1.8.2 Personería Municipal de Armenia12
Consideró que la sentencia impugnada transgredió el debido proceso,
especialmente a la defensa, juez natural, cosa juzgada y seguridad jurídica. Señaló
que no se tuvo en cuenta las actas del comité de verificación que reposan en el
expediente de la acción popular y se desconoció el análisis realizado por el juzgado
natural, pretendiéndose con la tutela revivir la sentencia ya archivada e impartir
nuevas órdenes para su cumplimiento.
Puso de presente que actualmente se encuentra en curso un nuevo trámite para
la protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 63001-3333-003-
11
Índice 033 de Samai de primera instancia.
12
Índice 034 de Samai de primera instancia.
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Radicado: 63001-23-33-000-2025-00122-01
2025-00115-00 ante el Tribunal Administrativo del Quindío, interpuesta por el
ciudadano Hernán Gómez Mejía sobre la problemática ya relatada de la Estación
del Ferrocarril, la cual fue admitida mediante auto del 4 de noviembre de 2025
únicamente contra la Nación, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y
rechazada respecto al municipio de Armenia, departamento del Quindío y la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, ello porque el mismo
Tribunal consideró que la acción popular no es el medio para verificar las acciones
de cumplimiento de otra acción y debía acudir al Juez que profirió la sentencia el
30 de septiembre de 2009 para interponer el desacato respectivo.
Aludió a la falta del requisito de subsidiariedad por contar el actor con otros
mecanismos como la petición y actuaciones administrativas e inexistencia de
vulneración por parte de la Personería Municipal.
1.8.3 Defensoría del pueblo13
Aludió que las medidas adoptadas en el fallo impugnado no garantizan la
protección de los derechos colectivos que se invocan como vulnerados en la
medida que resultarían insuficientes para soslayar todas y cada una de las nuevas
circunstancias que, a hoy, afectan el sector de la Estación del Ferrocarril.
Estimó que la orden del fallo de tutela desconoce los esfuerzos realizados desde
el Ministerio Público para que las autoridades administrativas cumplan su plan con
los deberes propios que le asisten a cada una de las entidades requeridas, en la
salvaguarda de los derechos fundamentales y colectivos de la comunidad del
sector, así como de la comunidad en general que, se ve afectada por las
condiciones de extrema vulnerabilidad del sector.
1.8.4 Manuel Esteban Cantero Villa - Accionante14
Solicitó que la sentencia fuera ampliada únicamente en los puntos esenciales para
garantizar una intervención real en el sector que se encuentra gravemente
deteriorado por la inseguridad, el microtráfico y la permanencia durante años del
expendido de drogas llamado “la Cueva del humo”.
Hizo alusión a la orden del expresidente Juan Manuel Santos encaminada a que
se desmontara la olla de narcotráfico, lo que no ha sucedido a la fecha, por lo que
solicitó como medida cautelar “1. Ordenar a la Policía Nacional desmantelar de
inmediato y de forma definitiva la olla de vicio conocida como la “Cueva del Humo”.
2. Ordenar vigilancia permanente y patrullaje continuo en el sector, con presencia
13
Índice 035 de Samai de primera instancia.
14
Índice 029 de Samai de primera instancia.
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real y sostenida de uniformados 3. Exigir informes periódicos a la Policía sobre las
acciones ejecutadas”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el actor y las accionadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la
Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo solicitaron su
desvinculación del presente trámite, tras considerar que no les asiste legitimación
en la causa por pasiva. Si bien dichas autoridades elevaron tal solicitud dentro del
presente trámite, el a quo al momento de proferir la sentencia omitió pronunciarse
al respecto, por lo que será resuelta en esta oportunidad.
Sobre el particular, la Sala no accederá a lo pretendido. Esto, en virtud de que
tales autoridades fueron accionadas directamente por el tutelante y además su
vinculación a este asunto resulta relevante como terceros ante un eventual interés
que les puede representar el presente fallo en el evento de emitirse una decisión
favorable a la parte actora.
2.3 Problema jurídico
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 21
de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Tercera de Decisión para lo cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿El Municipio de Armenia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y las demás autoridades accionadas, vulneraron las
garantías fundamentales invocadas por el actor al emitir respuesta evasiva
frente a la petición presentada el 7 de octubre de 2025, así como al haber
dispuesto el archivo del trámite de la acción popular sin la debida
verificación de cumplimiento real a la sentencia del 30 de septiembre de
2009 y a su turno no impartir el respectivo acatamiento como autoridades
públicas pasivas de la mencionada orden judicial, respectivamente?
Con el fin de dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (iI) la procedencia excepcional de la
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acción de tutela contra providencia judicial; (iiI) del derecho de petición, (iv) del
carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando existen otras
vías judiciales disponibles y eficaces y; (v) el análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable15
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201216 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema17 y
declaró su procedencia.18
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
15
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
17
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
18
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
14
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.6. Del derecho de petición
El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en
la facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para
obtener información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las
autoridades correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa
respuesta a sus inquietudes.
La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991, como
de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes
a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para
asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que
los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos
fundamentales.19
Así, para tratándose de la protección de este derecho fundamental se cumple el
requisito de subsidiariedad porque como ha señalado la Corte Constitucional:
“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico
colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente
de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este
derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza
judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la
debida resolución a su derecho de petición no fue producida o comunicada dentro de
los términos que la ley señala, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental,
puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional”20.
19
Corte Constitucional. Sentencias T-552 del 1.10.98. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 del
13.06.06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 del 26.05.11. M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, entre otras.
20
Sentencia T-149 de 2013
15
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Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos
esenciales del derecho de petición así: i) en la posibilidad de formular peticiones
respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención de una
pronta resolución del asunto puesto en consideración. Esos componentes del
derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y satisfacción de aquel
se cumplen una vez ambos supuestos se verifiquen; por lo tanto, el derecho se
concreta en la formulación de una petición, pero se efectiviza con la resolución
pronta y material, independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al
sentido de la misma21.
De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al
respecto, el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:
Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse
su sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente22 (Negrita y
subrayado fuera del texto).
Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que esta
trasciende considerablemente al nivel social, pues es este el mecanismo de
interacción entre las entidades y el particular, y su desconocimiento traería consigo
inseguridad jurídica y desconfianza en la administración.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-
818 de 2011, declaró inexequible los artículos 3 a 33 de la Ley 1437 de 2011,
referentes al derecho de petición, es del caso precisar que los efectos de dicha
sentencia fueron diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, con el fin de que el
Congreso expidiera la Ley Estatutaria correspondiente.
Sobre el particular, a través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se reguló el
derecho constitucional de petición y se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, normatividad que
entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación.
Por otra parte, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
21
Corte Constitucional. Sentencias T-495 del 12.08.92., T-010 del 18.01.933, T-392 del
06.09.94., T-392 del 05.09.95. y T-291 del 02.07.96.
22
Corte Constitucional. Sentencia T-529 del 17.11.95., M.P. Fabio Morón Díaz.
16
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[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse
libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de
la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada […]23.
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «[…] los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante […]»24.
Por lo tanto, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca25.
2.7. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela no procede en los eventos en los que la parte accionante tenga a su alcance
otro mecanismo de defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos
de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º
numeral 1º establece:
La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
Conforme lo anterior, se tiene que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que no puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha
establecido el legislador. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:
23
Corte Constitucional, sentencia T-149 del 19.03.13., M.P. Luis Guillermo Pérez.
24
Ibídem.
25
Sobre el tema, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia 22.03.12., Rad. 25000-23-25-000-2012-00150-01.
17
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La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza
la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con
ocasión de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional
por un particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del
presente fallo, para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta
necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya
agotado todos los medios de defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde
principalmente al principio de subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca
impedir su utilización como: (i) una instancia más dentro de un proceso judicial
ordinario; (ii) un medio de defensa que remplace a los otros diseñados por el
legislador para tal fin; (iii) un instrumento para subsanar errores u omisiones de las
partes; y (v) un camino para corregir oportunidades vencidas. En el caso concreto
no se cumple con el requisito de procedibilidad, relativo a la subsidiariedad de la
acción de tutela, toda vez que el tutelante no utilizó los mecanismos ordinarios
dispuestos por la ley penal para hacer valer sus derechos fundamentales, pues tal y
como pudo evidenciarse a partir del material probatorio obrante en el expediente, el
accionante omitió solicitar la nulidad por violación del derecho al debido proceso
dentro del respectivo trámite judicial. El legislador ordinario ha creado múltiples
mecanismos entre ellos la nulidad para evitar la producción de vicios dentro del
proceso penal que puedan atentar en alguna medida en contra del derecho al debido
proceso de las personas involucradas ya sea en la investigación previa, instrucción
o juzgamiento, las cuales tiene la posibilidad de incoarla cuando quiera que vean
afectadas sus garantías constitucionales.15
Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros mecanismos
de defensa debe hacerse en cada caso de forma concreta, para determinar la
idoneidad del medio y las circunstancias particulares de cada caso.
2.8. Caso concreto
El señor Manuel Esteban Cantero Villa alegó la vulneración de su derecho
fundamental de petición, con ocasión de la respuesta evasiva emitida el 30 de
octubre de 2025 por la Alcaldía de Armenia en comunicado No. DJ-PJU-2709
frente a su escrito de petición elevado el 7 del mismo mes y año, en razón a que
solicitó una serie de información y documentación relativa al cumplimiento de la
sentencia del 30 de septiembre de 2009 proferida en la acción popular identificada
con radicado 63-001-33-31-002-2008-00137-00, pero obtuvo como respuesta que
todo lo requerido podría encontrarlo dentro del mencionado expediente al cual se
le compartió el acceso. Respuesta que fuera corroborada por la accionada en su
escrito de contestación a la tutela.
Frente a dicho planteamiento, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera
de Decisión en sentencia impugnada consideró que con el comunicado
mencionado se había atendido de fondo lo requerido por el peticionario, pese a
que no se le entregó la documental pretendida. Decisión que será revocada por
esta instancia al no estar ajustada a la garantía constitucional reclamada.
18
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Lo anterior, toda vez que, revisada la petición elevada ante la señalada autoridad
se observa que con relación a la solicitud de documentación se pidió de manera
puntual copia del informe técnico, jurídico y administrativo completo sobre el
estado de cumplimiento de cada una de las órdenes impartidas en la Sentencia
No. 187 de 2009, así como otra serie de documentos señalados en la parte inicial
de este fallo, encaminados a verificar el acatamiento de la orden judicial. Sin
embargo, la alcaldía de Armenia en la respuesta brindada refirió que a los
documentos en cuestión podría accederse consultando el expediente de la acción
popular.
Claramente se evidencia que la Alcaldía de Armenia en la respuesta citada
trasladó su carga de suministrar la información y documentación solicitada al
ciudadano para que este acudiera de manera directa a un expediente, el cual,
además estaba siendo objeto de trámite de desarchivo y cuenta con una cantidad
amplia de piezas procesales que no le permitirían al señor Manuel Esteban
establecer con precisión qué documento corresponden y soportan lo que él estaría
solicitando.
En tal sentido, la accionada evadió su responsabilidad de suministrar la
información y documentación solicitada que en principio corresponden a
documentos como informes, contratos, actas, estudios, órdenes de trabajo, póliza,
seguros, que le son propios a la entidad quien señaló en la respuesta haberlos
aportado al plenario del expediente popular, sin que se aduzca para su falta de
remisión alguna justificación de reserva o trámite de requerimiento previo al
ciudadano.
Por lo tanto, se concluye la necesidad de amparar este derecho fundamental, para
que se emita una respuesta de fondo en el sentido que corresponda y se le
garantice al señor Cantero Villa acceder directamente de la alcaldía a la
información y documentación solicitada.
Por otra parte, el actor acusó al Juzgado accionado de haber transgredido las
garantías constitucionales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia tras haber dispuesto desde el año 2013 el archivo definitivo de las
diligencias en la acción popular tantas veces citada. Al respecto son dos las
consideraciones que se deben hacer.
La primera corresponde a la falta del requisito de inmediatez únicamente frente al
estudio del auto del 31 de mayo de 2013 dictado por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, pues si bien el a quo tuvo por
superado tal requisito en razón a la vigencia de la vulneración por el actual estado
del sector donde recayeron las órdenes del fallo popular del cual se dispuso su
archivo en el auto aludido, lo cierto es que realizar un estudio de fondo frente a
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ese proveído resulta completamente alejado del término razonable de seis meses
que se exige, en mayor medida cuando no se invoca causal alguna que hubiese
imposibilitado al actor acudir oportunamente al juez constitucional.
A juicio de esta colegiatura, controvertir la providencia judicial, supone cuestionar
principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que
el estudio sobre el requisito de la inmediatez en los casos de tutelas contra
providencias judiciales resulta ser estricto, máxime cuando solo se requiere que la
decisión cuestionada se encuentre ejecutoriada, para que la persona acuda ante
el juez de tutela para solicitar el amparo de sus derechos, por lo que se impone al
interesado que lo haga en un plazo pertinente, salvo justificación razonable, carga
que le corresponde alegar a la parte accionante, lo que se echa de menos en el
presente caso.
Sin embargo, no pasa por alto la Sala que, durante el año 2024 a la fecha, se han
venido emitiendo una serie de providencias que resuelven solicitudes ciudadanas
con similares pretensiones a las perseguidas por el señor Manuel Esteban a través
de esta tutela, siendo el último auto que dispuso nuevamente el archivo del
expediente popular el proferido el 3 de octubre de 2025 por lo tanto, la segunda
consideración que corresponde hacer, al cumplirse con el requisito de inmediatez
frente al mismo, es con relación al requisito de subsidiariedad.
Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien el actor en su escrito inicial hizo
mención expresa al «Auto/Oficio No. 1506 de 2013 o el que lo sustituya», esta
colegiatura hace una interpretación amplia de la situación expuesta para
propender por la protección de las garantías constitucionales que llegaren a
evidenciarse como vulneradas.
Ahora bien, en torno al citado requisito de subsidiariedad, se evidencia que el
mismo no se encuentra satisfecho, toda vez que, si la parte actora se encontraba
inconforme con la decisión adoptada por el despacho judicial accionado, la misma
pudo haber acudido directamente al trámite popular en cuestión por medio de
incidente de desacato, o recurso de reposición de ser el caso, sin que se evidencie
gestión alguna al respecto.
Cabe resaltar que si bien el señor Manuel Esteban no fue parte dentro de la acción
popular que centra nuestra atención, lo cierto es al amparar la sentencia en
cuestión derechos e intereses de carácter colectivo cualquier persona se
encuentra legitimada para velar por el cumplimiento de la decisión o formular las
solicitudes que a bien considere como interviniente, a tal punto que en el radicado
63-001-33-31-002-2008-00137-00 se han venido formulando solicitudes de
terceras personas frente a quienes la accionada ha emitido las correspondientes
respuestas.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Manuel Esteban Cantero Villa
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y otros
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00122-01
Lo que significa, que previo al ejercicio de la acción de tutela, el actor no agotó
todos los mecanismos judiciales previstos en el ordenamiento jurídico para
cuestionar el auto del 31 de mayo de 2013, indistintamente a la postura que ha
venido adoptando el juzgado accionado.
El actor no se puede liberar de la carga de agotar todos los mecanismos judiciales
previstos en el ordenamiento jurídico de manera previa al ejercicio de la acción de
tutela, únicamente partiendo de una conclusión anticipada frente a una probable
respuesta negativa a sus intereses, excepto cuando el recurso no resuelte idóneo
o se encuentre ante un posible perjuicio irremediable. Lo cual no fue así señalado.
Obsérvese que el señor Manuel Esteban Cantero nunca elevó solicitud alguna al
juzgado accionado, no recurrió las decisiones adoptadas que ordenaron el archivo
de las diligencias, no formuló incidente de desacato ni se hizo partícipe en la
verificación de cumplimiento a la sentencia de la acción popular, por lo que no es
procedente realizar un pronunciamiento de fondo sin haberse superado el requisito
abordado.
Finalmente, respecto al tercer cuestionamiento que plantea el actor en el libelo
inicial, relativo a la vulneración atribuible a las autoridades accionadas como
sujetos pasivos del fallo popular, por su falta de cumplimiento efectivo a la
sentencia, es preciso señalar que tal estudio tampoco cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues la tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar el
acatamiento a una orden judicial cuando existen herramientas legales para tal fin,
como el incidente de desacato anteriormente señalado.
Ahora, de tratarse de situaciones que enmarcan nuevos hechos y continuación de
la vulneración a los derechos colectivos, diferentes o posteriores a los ya
conocidos por el juzgado accionado, como este lo refiere en sus proveídos que
tuvieron por cumplido el fallo, corresponde al interesado acudir a la jurisdicción a
través de otra acción popular en los términos de la Ley 472 de 1998.
En tal sentido, se procederá a revocar igualmente el numeral segundo del fallo
impugnado y en su lugar se declarará la improcedencia del mecanismo
constitucional por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Armenia y otros
Radicado: 63001-23-33-000-2025-00122-01
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Procuraduría
General de la Nación y al Defensoría del Pueblo.
SEGUNDO: REVOCAR el fallo proferido el 21 de noviembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión. En su lugar
disponer el amparo al derecho fundamental de petición y declarar la improcedencia
de la acción de tutela frente al resto de derechos fundamentales invocados.
TERCERO: ORDENAR a la Alcaldía de Armenia, a través de su representante
legal y/o quien haga sus veces, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a emitir y notificar al
actor respuesta de fondo, clara y completa, en los términos que corresponda, al
escrito formulado por este el 7 de octubre de 2025, objeto del presente amparo,
sin trasladarle la carga de acudir al juzgado donde se encuentran la documental
solicitada.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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