RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2026-00034-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2026-00034-01

Fecha
18 de junio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2026-00034-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 14 de mayo de 2026, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Quindío, accedió parcialmente al amparo del derecho fundamental de petición de Francisco Javier Rivera Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier solicitud, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General13. TERCERO: por Secretaría REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2026-00034-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de junio de 2026

Radicación: 63001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: Francisco Javier Rivera Giraldo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Quindío y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD I Derecho de petición
– Confirma amparo

Síntesis del caso: El actor reclamó la protección de sus derechos fundamentales de petición
y acceso a la información pública, de cara a la presunta falta de respuesta a una solicitud
que presentó ante la Corporación Autónoma Regional de Quindío.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la Corporación Autónoma Regional de
Quindío contra la Sentencia de 14 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Quindío, mediante la cual accedió parcialmente al
amparo constitucional del derecho fundamental de petición2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 5 de mayo de 2026, Francisco Javier Rivera Giraldo, en nombre
propio, presentó una acción de tutela contra Corporación Autónoma
Regional de Quindío y la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de
Armenia, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de
petición y acceso a la información pública ambiental, de cara a la presunta
falta de respuesta una solicitud que radicó el 11 de marzo de 2026.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor FRANCISCO JAVIER RIVERA GIRALDO,

vulnerado por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO-CRQ.
SEGUNDO: ORDENAR a dicha entidad – CRQ –, a través de la Dirección General o la Oficina Asesora de Procesos
Sancionatorios Ambientales y Procesos Disciplinarios, que en un término máximo de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de esta decisión, dé respuesta a la petición presentada por FRANCISCO JAVIER
RIVERA GIRALDO, en el sentido de informarle : a) El motivo por el cual la PTAR construida para el tratamiento de
las aguas residuales generadas por los proyectos Hotel Mocawa Resort (sociedad OPERADORA MOCAWA RESORT
S.A.S.) y Mocawa Casas de Campo, ubicados en el municipio de La Tebaida, está 2014 está funcionando desde
el año 2014, sin los respectivos permisos y b) El motivo por el cual no se ha proferido decisión alguna en el marco
de los sancionatorios ambientales 042 -2014 y 043 -2014.
TERCERO: Negar el amparo respecto a los demás aspectos solicitados y que son constitutivos de la queja.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 63001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: Francisco Javier Rivera Giraldo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Quindío y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“2.1. Se amparen los derechos fundamentales a la PETICIÓN y al ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL del suscrito, vulnerados por la PROCURADURÍA 14
JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE ARMENIA.

2.2. En consecuencia, se le ordene a la PROCURADURÍA 14 JUDICIAL II AMBIENTAL Y
AGRARIA DE ARMENIA o la entidad que el despacho determine, que, en el término
que se estime pertinente, otorguen una respuesta clara, de fondo y congruente al
derecho de petición presentado el 11 de marzo de 2026.

2.3. Se adopten las demás órdenes que estime pertinentes para la protección de los
derechos fundamentales vulnerados).”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) El 11 de marzo de 2026, Francisco Javier Rivera Giraldo, en nombre
propio, radicó una petición a través del sistema PQRSD de la Procuraduría
14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia3, por medio de la cual solicitó:
(se trascribe):

“PRIMERO: Que se admita la presente queja y se adelante la evaluación preliminar
correspondiente.

SEGUNDO: Que se determine la existencia o no de responsabilidad disciplinaria de los
funcionarios de la CRQ que, con conocimiento de la operación de la PTAR sin permiso
de vertimientos desde el año 2014, no hayan adoptado medidas eficaces para
impedir su funcionamiento irregular.

TERCERO: Que se ordene la implementación de las medidas necesarias para
garantizar la protección del derecho al ambiente sano, específicamente del cuerpo
de agua sobre el cual se realizan los vertimientos (sin permiso) de la PTAR
descentralizada.

CUARTO: Se informe el motivo por el cual desde el año 2014 esta PTAR está
funcionando sin los respectivos permisos, pese a ser esto de conocimiento de la CRQ.

QUINTO: Se informe el motivo por el cual no se ha proferido decisión alguna en el
marco de los sancionatorios ambientales 042-2014 y 043-2014.”

5. 2) El 16 de abril de 2026, la Procuraduría Regional de Instrucción de
Quindío expidió el Oficio No. 544, mediante el cual, informó que el asunto
había sido remitido por competencia a la Oficina de Asuntos Disciplinario de
la Corporación Autónoma Regional de Quindío.

6. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
reprochó el Oficio No. 544 expedido por la Procuraduría Regional de
Instrucción de Quindío, mediante el cual se informó la remisión por
competencia de su solicitud a la Oficina de Asuntos Disciplinario de la
Corporación Autónoma Regional de Quindío, pues, a su juicio, aquel no
constituyó una respuesta clara, congruente y de fondo frente a las

3 A la cual le fue asignado el radicado No. E-2026-134120.

2 de 6

Radicación: 63001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: Francisco Javier Rivera Giraldo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Quindío y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

peticiones formuladas. En consecuencia, afirmó que ninguna de las
entidades o dependencias involucradas atendió su solicitud en los términos
de la Ley 1755 de 2015.

1.2. Sentencia de primera instancia4 e impugnación

7. La Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Quindío, en
Sentencia de 14 de mayo de 2026, accedió parcialmente al amparo del
derecho fundamental de petición invocado por el actor. Para ello,
consideró necesario precisar la diferencia existente entre el derecho de
petición y la queja que daba lugar al inicio de una actuación disciplinaria.
Tras analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional5 y del Consejo de
Estado6 sobre la materia, concluyó que los numerales 1,2 y 3 de la solicitud
presentada por el accionante no constituían peticiones en los términos de
la Ley 1755 de 2015, sino manifestaciones propias de una queja disciplinaria,
la cual se encontraba sometida a un procedimiento especial. En
consecuencia, estimó que respecto de tales aspectos no era procedente
efectuar un análisis desde la perspectiva del derecho fundamental de
petición y negó el amparo.

8. Por otra parte, respecto de los numerales 4 y 5 de la solicitud, el tribunal
consideró que sí correspondían a requerimientos de información
susceptibles de ser tramitados mediante el ejercicio del derecho de
petición. En ese sentido, tras revisar las pruebas obrantes en el expediente y
advertir que la Corporación Autónoma Regional de Quindío, pese a haber
sido debidamente notificada de la acción de tutela, no rindió el informe
solicitado, aplicó la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del
Decreto 2591 de 19917 y tuvo por ciertos los hechos expuestos por el
accionante. Con fundamento en ello, concluyó que la Corporación
Autónoma Regional de Quindío vulneró el derecho fundamental de petición
al no suministrar una respuesta clara, oportuna y de fondo frente a la
información requerida.

9. Contra la decisión anterior, la Corporación Autónoma Regional de
Quindío presentó impugnación. Al respecto, señaló que la falta de
incorporación de su informe obedeció a “un error involuntario de carácter
administrativo”, consistente en que dicho informe fue remitido a un
despacho judicial distinto, razón por la cual no fue tenido en cuenta por el
juez de tutela de primera instancia al momento de proferir la sentencia. En
ese sentido, sostuvo que, para la fecha en que se profirió el fallo impugnado,

4 Mediante Auto de 6 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Quindío resolvió (1) admitir la acción de tutela

de la referencia, y (2) tener como demandados a la Corporación Autónoma Regional de Quindío y a la
Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia.
5 Señaló las Sentencias T-973 de 2003 y T-412 de 2006.
6Señaló las Sentencias de 23 de febrero de 2017, radicado No. 13001-23-33-000-2016-01181-01 y la Sentencia de 8

de marzo de 2018 radicado No. 68001-23-33-000-2017-01388-01.
7 “Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán

por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.”

3 de 6

Radicación: 63001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: Francisco Javier Rivera Giraldo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Quindío y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

ya se había expedido las Resoluciones No. 1043 y 1044 de 29 de abril de 2026,
por medio de las cuales se resolvieron de fondo los procesos sancionatorios
ambientales No. 042-2014 y 043-2014, respectivamente.

10. Aunado a lo anterior, afirmó que no existía mora administrativa y que,
en todo caso, como ya se había emitido un pronunciamiento de fondo
respecto de los asuntos objeto de inconformidad, se configuraba una
carencia actual de objeto por hecho superado. Asimismo, manifestó que
había dado cumplimiento a la sentencia de tutela, pues, junto con el escrito
de impugnación allegó copia de las referidas resoluciones, circunstancia
que, en su criterio, descartaba cualquier vulneración del derecho
fundamental de petición.

11. Finalmente, expresó su oposición frente a cualquier interpretación
extensiva del fallo de tutela que pudiera conducir a ordenar la entrega de
“resultados de caracterización y monitoreo de la PTAR”, por considerar que
dicha información no hizo parte de las solicitudes formuladas por el
accionante ni del objeto del amparo constitucional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

12. Le corresponde a la Sala determinar, una vez superados los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela, si la Corporación Autónoma
Regional de Quindío vulneró el derecho fundamental de petición del
demandante por no responder la solicitud de 11 de marzo de 2026,
mediante la cual solicitó, entre otras, que se informaran las razones por las
cuales la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Hotel
Mocawa Resort y Mocawa Casas de Campo ha operado desde el año 2014
sin contar con los permisos correspondientes, así como los motivos por los
cuales no se había adoptado una decisión dentro de los procesos
sancionatorios ambientales No. 042-2014 y 043-2014. Con fundamento en lo
anterior, la Sala determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
decisión de primera instancia.

2.2. Procedencia de la acción de tutela

13. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque se orientó a obtener la
protección del derecho fundamental8 de petición. Francisco Javier Rivera
Giraldo es el titular del derecho invocado como violado, por lo cual, se tiene
por acreditada la legitimación activa en la causa9.

8 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
9 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.

4 de 6

Radicación: 63001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: Francisco Javier Rivera Giraldo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Quindío y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

14. De igual forma, la Corporación Autónoma Regional de Quindío y la
Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia cuentan con
legitimación pasiva en la causa10, porque de estas se predica la presunta
vulneración, por haber sido los destinatarios de la petición presentada.

15. Respecto del requisito de subsidiariedad11, la Sala lo dará por
superado por no existir recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera al
accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
del derecho presuntamente vulnerado.

16. En relación con el requisito de inmediatez12, este se satisface, toda vez
que, de conformidad con el escrito de tutela, la vulneración se presentó con
ocasión de una situación actual y continua, como lo es la ausencia de
respuesta a la petición de 11 de marzo de 2026.

2.3. Verificación de la vulneración alegada

17. La Sala confirmará el amparo del derecho fundamental de petición,
por las razones que pasan a explicarse:

18. En primer lugar, se advierte que, si bien la Corporación Autónoma
Regional de Quindío sostuvo en su escrito de impugnación que se configuró
la carencia actual de objeto por hecho superado, debido a que allegó las
Resoluciones No. 1043 y 1044 de 29 de abril de 2026, mediante las cuales se
adoptaron decisiones de fondo dentro de los procesos sancionatorios
ambientales No. 042-2014 y 043-2014, lo cierto es que dicha circunstancia no
desvirtúa la vulneración del derecho fundamental de petición declarada
por el juez de tutela de primer grado.

19. Lo anterior obedece a que no es posible concluir que el derecho de
petición se encuentre satisfecho por el solo hecho de que las Resoluciones
No. 1043 y 1044 de 29 de abril de 2026, por medio de las cuales resolvió los
procesos sancionatorios ambientales No. 042-2014 y 043-2014, hubiesen sido
aportadas al expediente en el marco del presente trámite constitucional.
Ello es así porque la acción de tutela no tiene por finalidad fungir como
mecanismo para surtir notificaciones, comunicaciones o traslados propios
de actuaciones administrativas independientes. En efecto, la satisfacción
del derecho fundamental de petición exige, no solo que exista una
respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado, sino
también que esta sea puesta oportunamente en conocimiento del
peticionario, situación que, en el caso concreto, no se acreditó, de manera
que si al accionante no se le ha notificado la respuesta, sigue sin conocer el

10 Ídem.
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
12 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)

5 de 6

Radicación: 63001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: Francisco Javier Rivera Giraldo
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Quindío y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

pronunciamiento frente a los numerales 4 y 5 de la petición que presentó el
11 de marzo de 2026 y que fueron el objeto del amparo.

20. En consecuencia, aceptar la tesis de la entidad accionada implicaría
admitir que la vulneración del derecho fundamental de petición puede
subsanarse mediante la simple incorporación de documentos al expediente
de tutela, desnaturalizando la finalidad de esta acción constitucional.

2.4. Conclusión

21. Para la Sala existen razones suficientes para acreditar la vulneración
al derecho fundamental de petición del actor y, en consecuencia,
confirmará el fallo de primera instancia que accedió parcialmente al
amparo constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 14 de mayo de 2026, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Quindío, accedió parcialmente al
amparo del derecho fundamental de petición de Francisco Javier Rivera
Giraldo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico
dispuesto por la Secretaría General13.

TERCERO: por Secretaría REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

13 secgeneral@consejodeestado.gov.co

6 de 6

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.