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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2026-00035-01

Fecha
16 de julio de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2026-00035-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2026 dictada por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2026-00035-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 63001-23-33-000-2026-00035-01
Accionante: CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Accionado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

Tema: Confirma decisión de primera instancia que accedió a
pretensiones. Elección de directores territoriales.
Cumplimiento de la Resolución 3303 del 30 de julio de 2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionada contra la
sentencia del 19 de junio de 2026, dictada por la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado
por el Acuerdo 434 de 2024).

En providencia del 11 de mayo de 2026, el a quo admitió la demanda5 y el 2 de
marzo de 2026 concedió la impugnación. Por lo anterior, procede la Sala a
proferir sentencia en los términos previstos en la Ley 393 de 1997.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Carlos Felipe

1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].
5
Índice 7 Samai – expediente de primera instancia. En dicha providencia se ordenó notificar
personalmente al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS. Además, se vinculó al Departamento del
Quindío y se ordenó la notificación del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

1
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Accionante: Carlos Felipe Sabogal Ocampo
Accionado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Radicado: 63001-23-33-000-2026-00035-01

Sabogal Ocampo presentó demanda en contra del INVÍAS. Ello, con el fin de
obtener el cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Resolución
3303 del 30 de julio de 2024 expedida por la autoridad demandada.

2. En consecuencia, elevó las siguientes pretensiones:

1. Se acojan las tesis aquí expuestas
2. Que se dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la
resolución INVIAS 3303 de 2024, En específico que se publique la lista definitiva
de seleccionados para ocupar el cargo de Director Territorial Quindío y se
proceda con la designación y nombramiento del cargo de director Territorial
Quindío a CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO. [Sic a toda la cita].

1.2. Posición de la parte demandante

3. Mediante Resolución 3303 del 30 de julio de 2024, el INVÍAS convocó a
concurso público abierto para promover los empleos de director territorial de las
26 Direcciones Territorial de dicha autoridad, en consonancia con las previsiones
del Decreto 1083 de 2015.

4. El INVÍAS y la Universidad Nacional de Colombia celebraron el Convenio
Interadministrativo 2137 de 2024, cuyo objeto fue «[a]delantar el proceso de
selección para la provisión de plazas de directores territoriales […]».

5. El 26 de diciembre de 2024, el INVÍAS publicó en su página web los
resultados consolidados del concurso de méritos. Allí, el señor Sabogal Ocampo
registró como el primero en la clasificación general.

6. El INVÍAS, mediante radicado 2025S-VBOG-037167 de junio de 2025,
remitió la terna a la dirección Territorial Quindío, conformada por quienes
ocuparon los tres primeros lugares en el concurso mencionado y eran hábiles
para ser seleccionadas para el cargo, a efectos de que se efectuara la
designación correspondiente6.

7. Por lo anterior, mediante oficio del 11 de junio de 2025, el gobernador del
Quindío seleccionó al demandante. Tal designación fue confirmada el 29 de
agosto de 20257.

6
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.8.1 del Decreto 1083 de 2015:
«ARTÍCULO 2.2.28.1 Designación. El Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga sus
veces será escogido por el Gobernador del Departamento donde esté ubicada físicamente la
Regional o Seccional, de terna enviada por el representante legal del establecimiento público
respectivo, la cual deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos exigidos
en el Manual de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean escogidos de conformidad con el
proceso de selección público abierto que se establece en el presente decreto.
Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más departamentos, el
Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna
correspondiente, por votación unánime en el primer caso y por la mitad más uno de los
respectivos gobernadores, en el segundo caso».
7
En virtud de una acción de tutela.

2
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8. El señor Sabogal Ocampo indicó que la comunicación oficial de
escogencia por parte del gobernador ya había sido remitida al INVÍSA, a quien le
corresponde culminar el proceso de verificación de los requisitos exigidos, así
como las etapas adicionales dispuestas en los artículos 49 de la Ley 909 de 2004;
2.2.13.2.1 y 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015. A saber, la publicación de la
Hoja de Vida y antecedentes en la página web del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República (DAPRE) durante 72 horas para observaciones
ciudadanas. No obstante, a la fecha, la autoridad no ha adelantado el
procedimiento correspondiente.

9. Agregó que la omisión por parte de la autoridad demandada está
conculcando sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al
acceso a cargos públicos, en contraste con los principios de la función publica
atinentes a la legalidad, eficiencia y moralidad estatal.

10. También señaló que mediante radicado 2026E-VUVRAZ-040524 del 24 de
abril de 2026, le solicitó al INVÍAS el acatamiento de la Resolución 3303 de 30
de julio de 2024 y que mediante oficio 2026S-VBOG-028337 del 5 de mayo de
2025 recibió respuesta en la que no resolvió de fondo lo pretendido, ni se
estableció la fecha estimada de cumplimiento.

11. En virtud de lo anterior, mencionó que radicó una nueva solicitud con
radicado 2026E-VUVR-015728 del 23 de febrero de 2026, en la que pidió
expresamente: i) su nombramiento y ii) la información de la fecha o el rango de
tiempo estimado para que se procediera con aquél. Tal petición fue resuelta el 5
de marzo del presente año en oficio número 2026SVBOG-011230. No obstante,
en su sentir, aquella tampoco atendió lo pretendido.

12. De otro lado, expuso que el 20 de marzo del año en curso radicó acción
de tutela a efectos de que se protegieran sus garantías constitucionales y se le
ordenara al INVÍAS el acatamiento de sus deberes. No obstante, el Juzgado 03
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Quindío – Calarcá
declaró la improcedencia, tras considerar que la acción de cumplimiento es el
camino procesal correspondiente. Como sustento de su decisión, hizo referencia
a la sentencia del 19 de febrero de 2026 dictada por la Sección Quinta de la
corporación al interior del expediente 2025-00779-01.

1.3. Posición de la parte demandada

13. El INVÍAS se opuso a las pretensiones de la demanda, tras afirmar que es
improcedente. Para el efecto, indicó que, si bien el señor Sabogal Ocampo fue
seleccionado por la Gobernación del Quindío dentro de la terna remitida, aquello
no configuraba un derecho subjetivo automático al nombramiento, ni habilita
prescindir las etapas legales posteriores que deben agotarse de manera previa a
la expedición del acto administrativo correspondiente.

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14. Además, expuso que los artículos 11 y 12 de la Resolución 3303 de 2024
no contienen un mandato claro, expreso y actualmente exigible que le impusieran
la obligación de publicar una lista definitiva y proceder al nombramiento en un
término perentorio.

15. También señaló que se debía tener en cuenta la incidencia de la Ley 996
de 2005 de Garantías Electorales, la cual restringe cualquier forma de vinculación
que afecte la nómina estatal durante el periodo previsto por la ley, salvo
excepciones de interpretación restrictiva.

16. De otro lado, afirmó que no hubo constitución en renuencia, en los
términos dispuestos en los artículos 8 y 9 de la Ley 393 de 1997, toda vez que
aquella autoridad proporcionó respuesta oportuna a la solicitud del accionante y
en ella se había expuesto de manera razonada la inexistencia de un término
perentorio y la naturaleza discrecional del nombramiento, así como la
imposibilidad jurídica de predicar incumplimiento por dada la ausencia de plazo.

17. Finalmente, informó que remitió la hoja de vida del demandante al DAFP
para la aplicación de la evaluación de competencias laborales, según lo
contenido en el art. 49 Ley 909 de 2004; art. 2.2.13.2.1 del Decreto 1083 de 2015.

18. El Departamento del Quindío se opuso a cualquier orden que se llegue
a dictar en contra de dicho ente territorial, tras afirmar que, del contenido de los
artículos 11 y 12 de la Resolución objeto de demanda, su participación funcional
se agotaba con la selección de una de las personas integrantes de la terna
remitida por INVÍAS, actuación que fue oportunamente efectuada.

1.4. Fallo de primera instancia

19. En sentencia del 19 de junio de 2026, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío declaró el incumplimiento de los mandatos
contenidos en los artículos 11 y 12 de la Resolución 3303 del 30 de julio de 2024.
Por consiguiente, le ordenó a la autoridad accionada:

SEGUNDO: Ordenar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS que, dentro
de los diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, adelante y culmine
las gestiones que se encuentren bajo su cargo, para obtener el resultado de la
evaluación por parte del DAFP y realizar la publicación de la hoja de vida del actor
en la página del DAPRE. Vencido dicho término, deberá el INVÍAS, dentro de los
cinco (5) días siguientes, cumplir lo ordenado en el artículo 12 de la Resolución
3303 del 30 de julio de 2024, y proferir el acto administrativo de nombramiento
del accionante CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO, en el empleo de Director
Territorial, Quindío.

20. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial consideró que la
sentencia del 19 de febrero de 2026 proferida por la Sección Quinta del Consejo

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de Estado constituía precedente en el sub judice. De ahí que, a su juicio, las
normas objeto de la demanda sí contienen un mandato imperativo.

21. En línea con lo anterior, mencionó que una vez notificado el acto
administrativo de la Gobernación del Quindió que había escogido al accionante
en el cargo, la autoridad accionada tenía el deber de publicar la lista
correspondiente con el nombre de éste como director territorial de la entidad en
el Departamento del Quindío. Sin embargo, estaba dilatando sus obligaciones e
incumpliendo la normativa correspondiente.

22. A su vez, estimó que la restricción contenida en la Ley 996 de 2005 no
impedía que la entidad adelantara las actuaciones administrativas previas para
gestionar la evaluación de competencias, ni la publicación de la hoja de vida,
máxime cuando ello no responde a una novedad que hubiera surgido en el
periodo previsto en la ley, sino en un procedimiento administrativo que no se
había finalizado.

1.5. Impugnación

23. La parte accionada solicitó que se revoque la sentencia de primer grado
y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, afirmó
que la acción de cumplimiento es improcedente por «la ausencia de un mandato
claro, expreso, actual e inobjetable» y que el tribunal desconoció que el
nombramiento está condicionado al agotamiento de etapas legales previas
obligatorias.

24. También afirmó que se estaba sustituyendo su competencia
administrativa, que no ha incumplido los artículos 11 y 12 de la Resolución 3303
de 2024 y que existe imposibilidad jurídica para ordenar el nombramiento en los
términos ordenados en el fallo, en tanto la evaluación de competencias laborales
corresponde al DAPRE.

25. Finalmente, expuso que la decisión emitida en el marco de la acción de
cumplimiento con radicado 2025-00779-01 no constituía un precedente, pues
cada actuación presenta circunstancias propias. De ahí que, en su opinión, el a
quo efectuó una «indebida extensión» de los efectos de una decisión judicial.

II. CONSIDERACIONES

26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda. Para ello, se analizarán las siguientes cuestiones:
i) el agotamiento del requisito de constitución en renuencia, ii) el cumplimiento de
los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento y iii) si del contenido
de las disposiciones invocadas se derivan mandatos susceptibles de ser exigidos
mediante este medio de control.

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2.1. Caso concreto

2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de la accionada

27. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento8.

28. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»9. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.

29. En este caso está probado que el demandante, mediante el escrito del 24
de abril de 2026 con radicado 2026E-VUVRAZ-040524, constituyó en renuencia
a la autoridad accionada. En ese memorial se indicó expresamente lo siguiente:
«Derecho de petición Art 23 Constitución Política, solicitud de cumplimiento de la
Resolución INVIAS 3303 de 30 de julio de 2024 […]» y, luego de narrar las etapas
que se han adelantado en el concurso, pidió «Que se dé cumplimiento a lo
establecido en los artículos 11 y 12 de la Resolución INVIAS 3303 de 2024, [sic]
En específico que se publique la lista definitiva de seleccionados para ocupar el
cargo de Director Territorial Quindío a CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO».

30. De igual manera, obra respuesta por parte de la autoridad accionada del
5 de mayo de 2026 con radicado 2026S-VBOG-028337 mediante la cual negó lo
pretendido por el solicitante, con ocasión de la vigencia de la ley del régimen de
garantías electorales.

31. Por lo anterior, es claro que el demandante acreditó el deber de constituir
en renuencia a la autoridad accionada. En consecuencia, corresponderá analizar
si el asunto supera los requisitos de procedencia y, en caso afirmativo, el análisis
de fondo de las disposiciones y su cumplimiento.

8
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.

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2.1.2. La acción de cumplimiento supera los requisitos de procedencia

32. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:

(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)10.

(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).

(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).

(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).

33. El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedibilidad implica la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.

34. Así, frente a la solicitud de ordenar el cumplimiento de los artículos 11 y
12 de la Resolución 3303 del 30 de julio de 2024 esta Sección advierte que, en
principio, las disposiciones se encuentran vigentes y tienen rango de acto
administrativo. Además, la acción se dirige en contra de una autoridad, como lo
es el INVÍAS.

10
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

7
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35. A su vez, se advierte que la controversia planteada por la parte actora
satisface el requisito de subsidiariedad. Ello, en atención a que el asunto no es
susceptible de ser ventilado a través de otro mecanismo judicial de defensa.

36. Finalmente, se advierte que el cumplimiento del deber cuyo acatamiento
se demanda no conlleva gasto. Ello, en la medida que lo pretendido es que se
continué con las etapas previstas en la resolución que convocó al concurso de
directores territoriales del INVÍAS, a efectos de que se proceda con su
designación y nombramiento.

2.1.3. La disposición invocada contiene un mandato imperativo e
inobjetable que fue incumplido

37. En este caso, el accionante solicita que se ordene el cumplimiento de los
artículos 11 y 12 de la Resolución 3303 del 30 de julio de 2024, que disponen lo
siguiente:

Resolución 3303 de 30 de julio de 2024

«Por la cual se convoca a concurso público abierto para proveer los empleos de
director territorial de las veintiséis (26) direcciones territoriales del Instituto
Nacional de Vías – Invias»

Artículo 11. SELECCCIÓN DE PERSONA A SER NOMBRADA EN EL
EMPLEO COMO DIRECTOR TERRITORIAL. Una vez la Gobernadora o
Gobernador competente, seleccione a la persona a ser nombrada en cada
Dirección Territorial según los plazos y términos establecidos en el artículo
2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015, en virtud de los principios de transparencia y
publicidad, el Instituto Nacional de Vías procederá a publicar la lista definitiva de
seleccionados para ocupar el empleo de Director Territorial, código 0042, grado
16 objeto de la presente convocatoria.
Contra dicho listado no procede recurso ni reclamación alguna dado que se trata
del resultado del proceso de selección público adelantado que no limita ni
restringe la facultad de selección asignado a los Gobernadores departamentales
en la Constitución y la ley.

Artículo 12. DESIGNACIÓN EN EL EMPLEO DE DIRECTOR TERRITORIAL.
Con fundamento en la selección realizada por los Gobernadores
departamentales, la Dirección General del Instituto Nacional de Vías – INVIAS-
procederá a realizar el nombramiento de las personas seleccionadas en cada
Dirección Territorial en el empleo de Director Territorial, código 0042, grado 16.
(Énfasis de la Sala)

38. Sobre el particular, es posible inferir la existencia un mandato imperativo
a cargo del INVÍAS que consiste en que, una vez le sea informada la elección
realizada por el gobernador respectivo, publique la lista definitiva de
seleccionados (artículo 11) y realicé el nombramiento respectivo (artículo 12).

39. En ese mismo sentido, se pronunció está Corporación a propósito de un
asunto similar al que se examina en el sub judice. En aquella oportunidad, se le
atribuía a la demandada, la omisión del deber de nombramiento del director

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territorial del Cesar, pese a que había sido notificado de la decisión de la
gobernadora. Y, al efectuar un análisis de los artículos 11 y 12 del acto
administrativo objeto de la acción, se concluyó:

La Sala estima que el artículo 11 de la Resolución 3303 del 2024 estableció un
mandato a cargo del Invías, traducido en que la entidad, una vez fue notificado
de la decisión de la gobernadora del Cesar, debió publicar la lista correspondiente
con el nombre del señor Carlos Alberto Vega Maestre como director territorial de
la entidad en el Cesar.

Ahora bien, el artículo 12 del acto administrativo también establece que el Invias
procederá a realizar el nombramiento de las personas seleccionadas en cada
una de las direcciones territoriales de la entidad, sin que a la fecha se haya
realizado dicha acción11.

40. Por lo anterior, no hay dudas de que, en criterio de esta Sección, las
disposiciones objeto de la demanda contienen mandatos imperativos e
inobjetables a su cargo.

41. Ahora bien, en lo que atañe a las actuaciones desplegadas por el INVÍAS,
obra constancia de lo siguiente:

• Mediante oficio 2025S-VBOG-037167, el INVÍAS le remitió al Gobernador del
Quindío, la terna para el cargo de director territorial Quindío.

• El gobernador del Quindío, mediante oficio del 11 de junio de 2025, seleccionó
a Carlos Felipe Sabogal Ocampo para ocupar el cargo.

• Por medio del oficio 2025E-VUVRAZ-063668, del 12 de junio de 2025, el
gobernador del Quindío le informó al INVIAS que escogió a Carlos Felipe
Sabogal Ocampo, para ocupar el cargo de director territorial Quindío:

• El 29 de agosto de 2025, la Gobernación ratificó la selección de Carlos Felipe
Sabogal Ocampo para ocupar el cargo de director territorial Quindío.

42. La anterior exposición permite deducir que la autoridad accionada tuvo
conocimiento de la decisión del gobernador del Quindío desde el 12 de junio de
2025, sin que a la fecha (más de 14 meses después), obre constancia del
nombramiento. El INVÍAS tan solo afirmó que remitió la hoja de vida del tutelante
al DAFP para la evaluación de competencias.

43. Tal circunstancia permite advertir el incumplimiento de los deberes
contenidos en las disposiciones objeto de la demanda, toda vez que debió haber
publicado la lista definitiva de seleccionados una vez fue notificado del acto de
designación y, con posterioridad, efectuar el nombramiento respectivo. No

11
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de febrero de 2026. Radicado. 20001-
23-33-000-2025-00779-01. M.P. Gloria María Gómez Montoya.

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Radicado: 63001-23-33-000-2026-00035-01

obstante, como ello no ocurrió, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia.

44. Se pone de presente que, el alegato del INVÍAS relacionado con la
inexigibilidad de las obligaciones dada la supuesta omisión de un plazo en la
norma, no es de recibo. Al respecto, se recuerda que esta Sección desde
sentencia del 25 de enero de 2024 determinó:

[…] ante la omisión de un plazo o de una condición que de acaecer permitan
verificar la exigibilidad de la norma cuyo acatamiento se solicita, será el juez quien
caso por caso determine el alcance de la obligación […]

Considerar que, si el precepto no tiene todas las circunstancias de tiempo, modo
y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo de la obligación, implicaría
aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo punto de vista y por tanto
no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento. [Énfasis de la Sala]

45. Por consiguiente, se estima que el hecho de que las normas objeto de la
demanda no contengan un término que vincule directamente al INVÍAS, no
conlleva per se, que las disposiciones no puedan ser objeto de acatamiento.

46. En el presente caso es claro que la autoridad accionada ha efectuado
distintas maniobras para dilatar el nombramiento del accionante, aun cuando
aquel ha radicado diversos derechos de petición, acción de tutela, e incluso, en
asuntos judiciales similares a este, los diferentes operadores judiciales han
recalcado el deber en cabeza del INVÍAS so pena de vulnerar los derechos
fundamentales de los interesados.

47. Por último, la Sala comparte las apreciaciones efectuadas por el a quo en
torno a que, no constituye una justificación del incumplimiento, la vigencia de la
Ley de Garantías. Esto, habida cuenta de que el procedimiento administrativo
resta por finalizar y no se trata de una novedad y, en todo caso, la Ley 996 de
2005 exceptúa su aplicación a los casos de normas de carrera administrativa12.

48. Finalmente, dado que en el presente caso el INVÍAS informó que ya remitió
la hoja de vida del señor Sabogal Ocampo al DAFP, se confirmará en su
integridad la sentencia de primera instancia dictada el 19 de junio de 2026 por la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que le otorgó 10
días a la accionada para obtener el resultado de la evaluación por parte del DAFP
y, a su vencimiento, 5 días siguientes para proferir el acto de nombramiento
respectivo.

12
El parágrafo del artículo 38 de la Ley dispone: La nómina del respectivo ente territorial o entidad
no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de
elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de
muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos
de aplicación de las normas de carrera administrativa». [Énfasis de la Sala]

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Accionante: Carlos Felipe Sabogal Ocampo
Accionado: Instituto Nacional de Vías - INVÍAS
Radicado: 63001-23-33-000-2026-00035-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2026 dictada por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que accedió a las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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