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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2026-00074-01

Fecha
17 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2026-00074-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de agosto de 2026 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Edwin Guillermo Quintero Serrano, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2026-00074-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 63001-23-33-000-2026-00074-01
Accionante: Edwin Guillermo Quintero Serrano
Accionados: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración iusfundamental al debido
proceso

Decisión: Revoca la decisión de declarar improcedente la acción de tutela por
incumplir el requisito de subsidiariedad para, en su lugar, negar el
amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 6
de agosto de 2026 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por incumplir
el requisito de subsidiariedad.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Edwin Guillermo Quintero Serrano afirmó que durante el año 2025
prestó sus servicios profesionales como abogado a la E.S.E. Hospital La
Misericordia de Calarcá, con el objeto de ejercer la representación judicial de la
entidad, vínculo contractual que finalizó el 30 de noviembre de ese año.

3. Posteriormente, para la vigencia 2026, suscribió un nuevo contrato, cuyo objeto
se circunscribió a actividades relacionadas con el cobro de cartera, el cual terminó
el 31 de marzo de 2026.

4. Manifestó que, con posterioridad, tuvo conocimiento de que la representación
judicial del Hospital había sido asignada a una nueva apoderada.

5. Al respecto, señaló que dicha circunstancia fue informada oportunamente al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia por la E.S.E., mediante
comunicación del 2 de junio de 2026, a la que se adjuntó el poder por medio del

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Accionante: Edwin Guillermo Quintero Serrano

cual se revocó el conferido al accionante y se designó a la nueva apoderada
judicial.

6. No obstante, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia,
mediante auto del 10 de julio de 2026, le impuso una multa equivalente a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por su inasistencia a la audiencia
inicial celebrada el 28 de mayo de 2026. Según afirmó, dicha providencia no le fue
notificada personalmente ni a través de medios electrónicos al correo electrónico
registrado en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados.

7. En consecuencia, sostuvo que solo tuvo conocimiento de la sanción a través de
la información suministrada por la E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá,
circunstancia que, a su juicio, le impidió ejercer oportunamente sus derechos de
defensa y contradicción. Finalmente, indicó que el 16 de julio de 2026 solicitó al
despacho judicial la notificación de la referida providencia, sin que, para ese
momento, hubiera obtenido respuesta.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte accionante aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso e incurrió en un defecto procedimental
absoluto, en la medida en que omitió notificar en debida forma al correo electrónico
registrado en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados
quinteroeg@hotmail.com el auto proferido el 10 de julio de 2026, mediante el cual
le impuso una sanción económica.

2.3. Pretensiones

9. La parte accionante solicitó:

«PRIMERA. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción y acceso a la administración de justicia.

SEGUNDA. Dejar sin efectos la notificación irregular del auto de 10 de julio de
2026 mediante el cual se impuso la sanción pecuniaria al suscrito.

TERCERA. Ordenar al JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE ARMENIA que proceda a notificar en debida forma dicha
providencia al correo electrónico oficial quinteroeg@hotmail.com, registrado en
el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados – SIRNA.

CUARTA. Ordenar que, una vez surtida la notificación en debida forma, se
restablezcan íntegramente los términos procesales para que el suscrito pueda
ejercer el derecho de defensa, presentar las explicaciones correspondientes e
interponer los recursos que la ley autoriza frente a la decisión sancionatoria».

2.4. Intervenciones

10. Por medio del auto del 28 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo del Quindío
admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Armenia como accionado y a la señora Blanca Ruby Arcila Osorio
representada judicialmente por su apoderada judicial Dra. Carolina Cárdenas

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Accionante: Edwin Guillermo Quintero Serrano

Barahona, a la E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá y a Soluciones Efectivas
Temporal S.A.S como terceros interesados en el resultado del proceso.

11. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia señaló que,
para la fecha de celebración de la audiencia inicial, el señor Quintero Serrano
continuaba ostentando la calidad de apoderado judicial reconocido dentro del
proceso, pues la terminación del contrato de prestación de servicios no producía,
per se, la extinción del mandato judicial. Por ende, consideró que la carga de asistir
a la audiencia o justificar personalmente su inasistencia dentro del término previsto
en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, recaía exclusivamente sobre el
accionante.

12. En relación con la supuesta indebida notificación del auto sancionatorio, indicó
que la providencia fue notificada por estado el 14 de julio de 2026 y que, el
accionante actuó durante todo el trámite procesal a través del correo electrónico
juridica@hospitalcalarca.gov.co, sin informar una dirección electrónica distinta. En
consecuencia, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por
incumplir el requisito de subsidiariedad.

13. E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá manifestó que el accionante
ejerció la representación judicial del Hospital hasta el 30 de noviembre de 2025 y
que posteriormente suscribió un contrato diferente para actividades de cobro de
cartera, el cual finalizó el 31 de marzo de 2026.

14. Además, indicó que la nueva apoderada remitió oportunamente al Juzgado la
justificación de la inasistencia a la audiencia inicial y el poder conferido a su favor
dentro del término previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, por lo que la
imposición de la multa obedeció exclusivamente a la actuación del despacho
judicial.

15. En consecuencia, sostuvo que la eventual vulneración alegada es atribuible
únicamente al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia, por ser la
autoridad competente para decidir sobre la justificación presentada y efectuar las
notificaciones judiciales y, en virtud de ello, solicitó su desvinculación.

16. Soluciones Efectivas Temporal S.A.S. solicitó su desvinculación del presente
asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, a su juicio, los hechos
que originan la acción de tutela no le son atribuibles.

2.5. Sentencia impugnada

17. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante
sentencia del 6 de agosto de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Al respecto, consideró que, para el
28 de mayo de 2026, el accionante aún ostentaba la calidad de apoderado judicial,
dado que la terminación del contrato de prestación de servicios no extinguía, por
sí sola, el mandato.

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18. Además, indicó que la revocatoria del poder y la designación de una nueva
apoderada solo fueron informadas con posterioridad a la audiencia, mientras que
el nuevo poder fue otorgado ese mismo día, horas después de su celebración.

19. Por otra parte, señaló que el accionante contó con la oportunidad procesal para
justificar su inasistencia a la audiencia, pero no presentó ninguna justificación
dentro del término legal.

20. Finalmente, respecto de la notificación, indicó que la citación a la audiencia fue
comunicada a la dirección electrónica utilizada durante el trámite del proceso y que
el accionante nunca informó al juzgado el correo registrado en el SIRNA ni señaló
una dirección electrónica diferente en el poder. En consecuencia, no podía
atribuirse al despacho una indebida notificación por no utilizar una dirección que
no había sido suministrada dentro del proceso.

2.6. Impugnación

21. La parte accionante interpuso recurso de impugnación contra la decisión judicial
anterior. Para ello, sostuvo que la acción de tutela sí resultaba procedente, debido
a que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso al no ser notificado en
debida forma y, por tanto, no poder interponer los recursos pertinentes. Además,
afirmó que su poder fue recovado y desde entonces, no tenía acceso a los medios
institucionales de la E.S.E., por lo que no le resultaban exigibles cargas procesales
posteriores.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple el requisito general de subsidiariedad. En
caso afirmativo, deberá establecerse si el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Armenia incurrió en el defecto procedimental absoluto al omitir notificar
la providencia del 10 de julio de 2026 a la dirección electrónica dispuesta en el
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados, a saber:
quinteroeg@hotmail.com.

3.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

24. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las

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autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

25. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial
idóneo para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela
tiene un carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros
mecanismos judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

27. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores,
principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva,
cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible
de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los
límites que la Carta le impone.

28. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.

29. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

30. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que
la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1.1.1. Relevancia constitucional. El asunto reviste relevancia constitucional, en
la medida en que la controversia se centra en determinar si la autoridad judicial
accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora al
incurrir, presuntamente, en el defecto procedimental absoluto. Además, el
reproche formulado se encuentra suficientemente sustentado y no se limita a
plantear una simple discrepancia de carácter legal o probatorio.

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3.4.1.1.2. Subsidiariedad. Contrario a lo expuesto por el Tribunal Administrativo del
Quindío, esta Subsección encuentra acreditado este requisito, pues lo que se
cuestiona a través de la acción de tutela es precisamente una supuesta
imposibilidad de la parte accionante de ejercer su derecho al debido proceso
(contradicción y defensa), al no ser notificado al correo electrónico dispuesto en el
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados
quinteroeg@hotmail.com.

Ahora, si bien la parte accionante presentó solicitudes ante la autoridad judicial
con el propósito de que se le notificara el auto sancionatorio en la dirección
electrónica referida, lo cierto es que dicha actuación no constituye un mecanismo
idóneo y eficaz de defensa judicial que permita desplazar la acción de tutela.

Se trata, en cambio, de una gestión dirigida exclusivamente a obtener la
notificación de la providencia, cuya presentación no supone la existencia de otro
medio judicial eficaz para controvertir la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

3.4.1.1.3. Inmediatez. Se cumple igualmente este requisito, puesto que la acción
de tutela fue presentada dentro de un término razonable y proporcionado. En
efecto, entre la notificación por estado de la decisión cuestionada, ocurrida el 14
de julio de 2026, y la presentación de la solicitud de amparo, el 27 de julio del
mismo año no transcurrieron más de 6 meses.

3.4.1.1.4. Irregularidad procesal con incidencia sustancial. Este presupuesto fue
aludido por la parte accionante, en tanto supuestamente se omitió notificar
personalmente o por medios electrónicos la providencia del 10 de julio de 2026 a
su correo electrónico, por lo que no pudo ejercer su derecho fundamental al debido
proceso.

3.4.1.1.5. Identificación de los hechos que generaron la vulneración. Este requisito
también se encuentra satisfecho, pues la parte accionante identificó de manera
clara la providencia cuestionada, las actuaciones que considera lesivas de sus
derechos fundamentales y las razones por las cuales estima que la autoridad
judicial accionada habría incurrido en los defectos alegados.

3.4.1.1.6. Que no se trate de una sentencia de tutela. La providencia cuestionada
no corresponde a una sentencia de tutela, sino a una decisión proferida dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

31. Por lo anterior, se procede a analizar si se configuró el defecto alegado.

3.4. El defecto procedimental como causal de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial

32. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la
autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen

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del procedimiento judicial establecido1. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto2.

33. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 3 o porque
iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación,
con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la
violación a los derechos fundamentales”4 […]».

34. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un
error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa
con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales5.

3.5. Análisis del presunto defecto procedimental absoluto en el caso
concreto

35. La parte accionante aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso e incurrió en un defecto procedimental
absoluto, en la medida en que omitió notificar en debida forma al correo electrónico
registrado en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados
quinteroeg@hotmail.com el auto proferido el 10 de julio de 2026, mediante el cual
le impuso una sanción económica.

36. De la revisión del expediente digital se tiene que el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Armenia, mediante auto del 23 de marzo de 2023,
admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la
señora Blanca Ruby Arcila Osorio contra la E.S.E. Hospital La Misericordia de
Calarcá.

1 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
2 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
3 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
5 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-

770 de 2014.

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37. La señora Helda Inés Carrillo Acosta, en calidad de apoderada de la E.S.E,
contestó la demanda e indicó como direcciones electrónicas las siguientes:
abogadaesemisericordia@gmail.com y judiciales@hospitalCalarcá.gov.co. Luego,
se corrió traslado de las excepciones y se fijó como fecha para la celebración de
la audiencia inicial el 20 de octubre de 2025 a las 9 am.

38. El 20 de octubre de 2025, se remitió desde la dirección electrónica
juridica@hospitalcalarca.gov.co el poder conferido por Carolina Cardozo Jiménez,
agente especial interventor de la E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá al
abogado Quintero Serrano al correo del despacho judicial, en el que no se
mencionó una dirección electrónica diferente.

39. Elmismo día, se celebró la audiencia inicial, en la que compareció el
accionante. Sin embargo, el juez declaró la nulidad de lo actuado desde el auto
que admitió el llamamiento en garantía. Esta decisión se notificó en estrados.

40. Con posterioridad, el 11 de febrero de 2026, la autoridad judicial fijó como fecha
de audiencia inicial el 28 de mayo de 2026 a las 9 am y advirtió a los apoderados
de las partes que la inasistencia a la audiencia inicial sin justa causa acarrearía
multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 180 numeral 4° de la Ley 1437 de 2011, modificado
y adicionado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021.

41. El 28 de mayo de 2026, se instaló la audiencia inicial sin la presencia del
abogado Quintero Serrano. Por lo tanto, el juez le concedió el término de tres (3)
días para que justificara su inasistencia, decisión notificada en estrados. No
obstante, el accionante guardó silencio.

42. El 2 de junio de 2026, la señora Ivonne Alejandra González Tavera allegó
memorial mediante el cual informó la revocatoria del poder conferido al abogado
Edwin Guillermo Quintero Serrano, aportó un nuevo poder otorgado a su favor sin
cumplir los requisitos legales del artículo 74 de la Ley 1564 de 2012 y presentó
una justificación por su propia inasistencia a la diligencia, en el que argumentó que
no le fue posible asistir, debido a la ausencia del correspondiente empalme en la
representación judicial del proceso.

43. Pese a lo anterior, el 10 de julio de 2026, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Armenia impuso al abogado Edwin Quintero la sanción pecuniaria
prevista en el artículo 180 del C.P.A.C.A. por la inasistencia injustificada a la
audiencia inicial y, adicionalmente, requirió a la nueva apoderada para que
acreditara en debida forma el poder conferido. Esta decisión se notificó por estado
con el correspondiente mensaje de datos al correo
juridica@hospitalcalarca.gov.co.

44. En atención a dicho requerimiento, el 16 de julio de 2026 la nueva apoderada
allegó el mensaje de datos mediante el cual le fue conferido el mandato judicial,
del que se desprende que el poder fue otorgado el 28 de mayo de 2026 a las 3:40
p.m., es decir, con posterioridad a la celebración de la audiencia inicial realizada
ese mismo día en horas de la mañana.

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45. Finalmente, el 23 de julio de 2026, el abogado Edwin Guillermo Quintero
Serrano solicitó al Juzgado que le fuera notificado el auto sancionatorio del 10 de
julio de 2026 en la dirección electrónica quinteroeg@hotmail.com, registrada en el
Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA), petición que
fue reiterada el 27 de julio siguiente.

46. Del recuento efectuado se destaca que, para el 11 de febrero de 2026, fecha
en la que se fijó la audiencia inicial para el 28 de mayo siguiente, el contrato de
prestación de servicios profesionales suscrito entre el accionante y la E.S.E.
Hospital La Misericordia de Calarcá aún se encontraba vigente.

47. Por consiguiente, una vez finalizado dicho vínculo contractual, el accionante
debía comunicar oportunamente al despacho judicial la terminación de su
representación, mediante la renuncia al poder o su revocatoria directa o tácita, en
los términos previstos en el artículo 76 de la Ley 1564 de 2012. Sin embargo, ello
no ocurrió antes de la celebración de la audiencia.

48. De hecho, se evidencia que la apoderada González Tavera allegó poder
conferido por la E.S.E., en debida forma hasta el 16 de julio de 2026, cuando había
transcurrido más de un mes desde que se celebró la audiencia del 28 de mayo del
mismo año y solo a partir de este momento se entendió efectiva la terminación de
la representación que el accionante ejercía dentro del proceso. Por lo tanto, para
el momento en que se celebró la audiencia, el accionante se encontraba sujeto a
las cargas procesales inherentes a su condición de apoderado, entre ellas, el
deber de comparecer a la audiencia inicial.

49. Finalmente, el accionante reprocha que el despacho judicial notificó por estado
la sanción impuesta y envió mensaje de datos a la dirección electrónica
juridica@hospitalcalarca.gov.co, en lugar de notificarlo personalmente a la
dirección quinteroeg@hotmail.com, inscrita en el Sistema de Información del
Registro Nacional de Abogados.

50. Sin embargo, tal como lo advirtió el Tribunal en primera instancia, desde el
otorgamiento del poder y durante el desarrollo de toda la actuación judicial, el único
canal de comunicación suministrado y utilizado por el hoy accionante fue la
primera, de modo que no resultaba exigible que la autoridad judicial conociera otro
correo electrónico.

51. Aunado a lo anterior, esta Subsección se permite aclarar a la parte accionante
que la providencia del 10 de julio de 2026, mediante la cual se le sancionó por
inasistir a audiencia inicial se notifica por estado, al no encontrarse en ninguno de
los supuestos establecidos en el artículo 198 de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto,
se estima acertada la actuación de la autoridad judicial accionada y bajo ese
contexto, se revocará la sentencia proferida el 6 de agosto de 2026 por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la acción de tutela.

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52. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de agosto de 2026 por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
señor Edwin Guillermo Quintero Serrano, de conformidad con los argumentos
expuestos en precedencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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