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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-33-33-001-2019-00258-02

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-33-33-001-2019-00258-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la decisión recurrida, los cuales quedarán así: SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO, los integrantes del CONSORCIO COAL, EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. ESP y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO se encuentran vulnerando los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, consagrados en la Ley 472 de 1998 de los habitantes del barrio La Graciela de Montenegro, por el deterioro progresivo en las condiciones de estabilidad del talud y la salud de los habitantes del sector debido al proceso de socavación de la quebrada y la contaminación con aguas residuales producida con la no prestación de manera adecuada y eficiente del servicio público domiciliario de alcantarillado, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE: 3.1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, el Municipio de Montenegro, la CRQ, la EPQ y las empresas integrantes del consorcio Coal, deberán adelantar las mesas de trabajo que, en el marco de sus competencias, les permita formular un Plan de Descontaminación y Mitigación de Riesgo para la quebrada Cajones o Cajoncitos y en el área objeto de controversia en la presente acción popular. Dicho plan deberá incluir los siguientes componentes: A) Componente de diagnóstico y Evaluación de Riesgos • Realización de un diagnóstico ambiental que identifique las fuentes de contaminación en la quebrada. • Evaluación del riesgo de desastre, considerando factores geotécnicos, hidrológicos y que, particularmente, permitan la estabilidad del talud existente en la zona objeto de controversia. Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 Radicado: 63001 33 33 001 2019 00258 02 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-33-33-001-2019-00258-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

13 de marzo de 2025

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Radicado: 63001 33 33 001 2019 00258 02
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Quindío

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C. trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 63001 33 33 001 2019 00258 02
Actor: Defensoría del Pueblo Regional Quindío
Demandados: Municipio de Montenegro, Empresas Públicas del Quindío EPQ SA
ESP, el Consorcio COAL y Corporación Autónoma Regional del Quindío
Tesis: Es responsable el Municipio de Montenegro de la vulneración de los derechos
colectivos en el asunto de la referencia, como consecuencia del proceso de
socavación de un talud y la contaminación de una quebrada por parte de unas
tuberías que no están conectadas al colector de aguas residuales y lluvias.
Una Corporación Autónoma Regional es competente para intervenir en la realización
de los estudios y medidas ordenados en la sentencia de primera instancia, si buscan
mitigar los impactos ambientales de la situación de contaminación evidenciada en el
presente asunto.
No es suficiente el término de un (1) año concedido a la CRQ para iniciar y finalizar
un procedimiento ambiental sancionatorio por los hechos objeto de controversia.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de
Montenegro y la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ, en contra de la
sentencia del 26 de mayo de 2022, por la cual el Tribunal Administrativo del Quindío
declaró la vulneración de los derechos e intereses colectivos e impartió órdenes para
su protección.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La parte actora presentó la demanda de la referencia en procura de obtener la
protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Quindío

salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, que estimó vulnerados por las autoridades demandadas.

1.2. Particularmente, formuló las siguientes pretensiones:

“E- PRETENSIONES DEL ACCIONANTE :

Señor Juez, actuando en mi calidad de Defensora del Pueblo de la Regional
Quindío, veladora de que no se violen los derechos humanos y en búsqueda del
amparo de los derechos colectivos que les corresponden a quienes represento,
comunidad del Barrio "La Graciela" del Municipio de Montenegro Quindío, solicito
comedidamente se ordene al MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO
(Representado por su Alcalde ALVARO HERNANDEZ GUTIERREZ),
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO -EPQ S.A. E.S.P.- (Representado por su
Gerente Dr. JAMES PADILLA) Y CONSORCIO "COAL" (Representado por
SERGIO ALZATE CAJICA), lo siguiente:

1- Proteger y Garantizar, a las personas residentes en el Barrio "La Graciela" del
Municipio de Montenegro Quindío, cuyos predios lindan en su parte posterior con
la Quebrada "Cajoncitos", los Derechos Colectivos a: El goce de un ambiente
sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; igualmente La seguridad y salubridad públicas; el
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y,
el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
para que cese la amenaza que persiste en estos momentos contra los derechos
enunciados.

2- Realizar, en un término perentorio mínimo, que usted establecerá a su buen
juicio, las acciones que lleven a dar SOLUCIÓN DEFINITIVA e inmediata frente
a la problemática planteada con antelación respecto del arreglo y obras que
deben efectuarse a las redes de alcantarillado y recamaras o colectores
requeridos en el Barrio "La Graciela" de Montenegro Quindío, en favor de las
personas residentes en dicho Barrio.

3- Ordenar al MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO (Representado por su
Alcalde ALVARO HERNANDEZ GUTIERREZ), EMPRESAS PUBLICAS DEL
QUINDIO (EPQ S.A. E.S.P.) (Representado por su Gerente Dr. JAMES
PADILLA) Y CONSORCIO "COAL" (Representado por SERGIO ALZATE
CAJICA), realizar de inmediato, si es necesario, los estudios técnicos que sean
indispensables para determinar las obras relacionadas con construcción de
gaviones o muros de contención que den solución a la problemática planteada
en los hechos de esta acción en lo referente a la desviación del cauce de la
Quebrada "Cajoncitos", para evitar que siga penetrando en los inmuebles de los
residentes en el Barrio "La Graciela" de Montenegro Quindío y la inmediata
construcción de los mismos para subsanar los problemas acaecidos hasta el
momento y prevenir a futuro el socavamiento y desestabilización del terreno en
los predios del Barrio en cita o precaver un posible desastre natural en el que se
vean involucrados los residentes del Barrio "La Graciela" y sus bienes.

4- Que las medidas o intervenciones que deban tomarse sean perentorias y
rápidas en aras de garantizar los derechos colectivos de las personas afectadas

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en este momento y de los demás residentes del Barrio "La Graciela" de
Montenegro Quindío”1.

1.3. Como sustento de las pretensiones adujo que:

El 5 de julio de 2018, el Municipio de Montenegro – Quindío y el Consorcio Coal
celebraron el Contrato de Obra No. 3, cuyo objeto era la construcción de la conexión
vial y las obras complementarias de la carrera 8, entre las calles 15 y 18. Se indicó
que el plazo para la entrega de las obras era el 31 de diciembre de 2018, el cual fue
ampliado mediante un otrosí que no fue identificado.

Manifestó que trabajadores del mencionado consorcio rompieron uno o varios tubos
del sistema de alcantarillado en el sector del Barrio La Graciela. Anotó que, para
solucionar esta problemática, en enero de 2019 el Consorcio Coal construyó, sin
ninguna autorización del propietario, dos (2) cámaras en el patio de la casa ubicada
en la carrera 9 No. 16-13, a pesar de que dicho inmueble colinda con la Quebrada
Cajoncitos.

Alegó que, como consecuencia de la construcción de dichas cámaras y de las fuertes
lluvias ocurridas en abril y mayo de 2019, el mencionado afluente sufrió una crecida
que arrasó con parte del citado predio y otro inmueble contiguo. Además, se dañaron
dos (2) cámaras antiguas construidas por la sociedad Empresas Públicas del Quindío
(en adelante EPQ), lo que dejó al descubierto dos (2) tubos que transportaban aguas
negras y lluvias. Al quedar desconectados de dichas cámaras, estos tubos
comenzaron a verter sus aguas directamente en la Quebrada Cajoncitos.

Anotó además que, debido a la falta de construcción de gaviones por parte del
Consorcio Coal, la Quebrada Cajoncitos comenzó a desviar su cauce y a socavar el
terreno. Esta situación ha provocado que el agua ingrese a los inmuebles del barrio
La Graciela, los cuales, al recibir aguas contaminadas por los mencionados tubos,
han experimentado una proliferación de vectores en la zona, como zancudos, moscas
y cucarachas, entre otros.

1
Visible a folios 6 y 7del Cuaderno Principal.

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Anotó que el Municipio de Montenegro notificó dichas afectaciones a la EPQ, en su
condición de prestadora del servicio público en la zona. Sin embargo, esa sociedad
no ha planteado alguna solución2.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. En auto del 5 de noviembre de 2019, el Juzgado Primero Administrativo del
Quindío admitió la demanda3. Particularmente, ordenó la notificación del Municipio
de Montenegro, del Consorcio Coal, de la EPQ y de la CRQ.

2.2. En memorial del 21 de noviembre de 2019, el Municipio de Montenegro
respondió la demanda, indicando que no ha vulnerado ni amenazado los derechos
colectivos de los residentes del barrio La Graciela. Para fundamentar lo anterior citó
el Oficio No. E-POT-FOE-160 del 13 de noviembre de 2019 y aseguró que las obras
ejecutadas por el Consorcio Coal no fueron las causantes de la problemática en el
sector, ya que no se desvió el cauce de la quebrada y el predio donde ocurrió el
desprendimiento de tierra estaba separado de las cámaras construidas por dicho
consorcio.

Dijo que carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la prestación
del servicio público de acueducto y alcantarillado estaba en cabeza de la EPQ4.

2.3. Por su parte, la EPQ indicó que ha atendido los requerimientos del Municipio
de Montenegro respecto a la problemática en el Barrio La Graciela. Afirmó que el
sistema de alcantarillado funcionaba en óptimas condiciones antes de la intervención
del Consorcio Coal, por lo que la vulneración de los derechos colectivos es atribuible
a dicha empresa. Además, destacó que, según la cláusula tercera del Contrato de
Obra No. 003 de 2018, el consorcio debía responder por los daños ocasionados a la
infraestructura existente en la zona5.

2.4. A su vez, el Departamento del Quindío expresó que carecía de legitimación
en la causa por pasiva, ya que los hechos objeto de controversia acontecieron en el

2
Visible a folios 57 a 66 ibidem.
3
Visible a folios 51 a 52 ibidem.
4
Visible a folios 57 a 66 ibidem.
5
Visible a folios 72 a 79 ibidem.

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Municipio de Montenegro. Por tanto, la situación de riesgo debe ser atendida por la
Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de ese ente.

2.5. Mientras que la Corporación Autónoma Regional del Quindío resaltó que
no tenía legitimación en la causa por pasiva, dado que dentro de sus funciones no se
incluye la realización de adecuaciones al sistema de alcantarillado del sector
Cajones, en el municipio de Montenegro. Agregó que dicha facultad se encuentra en
cabeza del Municipio en virtud de lo dispuesto en los artículos 367 de la Carta Política
y 5 de la Ley 142 de 1994.

2.6. El 11 de agosto de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de Armenia
declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento6.

2.7. A través de sentencia del 24 de marzo de 2021, el Juzgado Primero
Administrativo de Armenia amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano; la seguridad y salubridad públicas; el derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, en lo que respecta al mantenimiento del cauce
y ribera en la Quebrada Cajoncitos en el Barrio Graciela del Municipio de
Montenegro7.

2.8. En auto del 18 de junio de 2021, el Tribunal Administrativo de Quindío declaró
la nulidad de la sentencia de primera instancia y ordenó vincular al proceso a los
integrantes del Consorcio Coal8.

2.9. En proveído del 21 de julio de 2021, el Juzgado Primero Administrativo de
Armenia cumplió el anotado mandato. No obstante, los integrantes del mencionado
Consorcio guardaron silencio a pesar de ser debidamente notificados9.

2.10. En sentencia del 29 de septiembre de 2021, el Juzgado Primero Administrativo
de Armenia nuevamente amparó los derechos colectivos invocados en la demanda10.

6
Visible a índice 27 del expediente digital del Tribunal.
7
Visible a índice 63 ibidem.
8
Visible a índice 80 ibidem.
9
Visible a índice 81 ibidem.
10
Visible a índice 90 ibidem.

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Inconformes con esa decisión, el Consorcio Coal y el Municipio de Montenegro
interpusieron recurso de alzada11.

2.11. En proveído del 1 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Quindío
declaró la falta de competencia del Juzgado Primero Administrativo de Armenia para
conocer de este asunto y decretó la nulidad del fallo de primera instancia12.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo del Quindío dictó fallo el 26 de mayo de 2022. A
continuación, se transcribe la parte resolutiva:

“FALLA:

PRIMERO: DECLÁRESE no probadas la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Municipio de Montenegro Quindío, el
Departamento del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío-
CRQ; así como, las denominadas “Inexistencia de acción u omisión del municipio
generadora de vulneración o amenaza a los derechos colectivos”, “La prestación
del servicio de alcantarillado y acueducto en el municipio de Montenegro, Quindío
se encuentra a cargo de las Empresas Públicas del Quindío EPQ SA ESP”
propuestas por el Municipio de Montenegro Quindío y la denominada
“Improcedencia de la acción popular por carencia de requisito de procedibilidad”,
propuesta por Empresas Públicas del Quindío EPQ, de conformidad con lo
argumentado.

SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO,
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. ESP y la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO se encuentran vulnerando los derechos
e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, seguridad y salubridad
pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, consagrados en la Ley 472 de 1998 de los habitantes del barrio La
Graciela de Montenegro, por el deterioro progresivo en las condiciones de
estabilidad del talud y la salud de los habitantes del sector debido al proceso de
socavación de la quebrada y la contaminación con aguas residuales producida
con la no prestación de manera adecuada y eficiente del servicio público
domiciliario de alcantarillado, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE:

1. Al MUNICIPIO DE MONTENEGRO,

1.2 Intervenir a fin de que se tomen las medidas necesarias, que desde su
competencia tenga lugar, para mitigar los impactos ambientales y sociales de la
situación de contaminación evidenciada, concediendo un término de seis (6)

11
Visible a índices 99 a 100 ibidem.
12
Visible a índice 03 del Cuaderno del Tribunal.

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meses para rendir un informe en donde se indique: El diagnóstico de la situación;
las causas que lo generan; las medidas a corto, mediano y largo plazo para la
mitigación de impactos; y el tiempo estimado para tal fin.

1.3 Activar en un plazo máximo de un (1) mes el Plan de Gestión del Riesgo para
el Manejo de Vertimientos, con el fin de mitigar los impactos y efectos negativos
a los recursos naturales y al ambiente, o en caso de que no exista elaborarlo.
Dicho plan deberá incluir campañas de sensibilización a la comunidad para el
manejo de las aguas residuales.

1.4 Adoptar las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas,
presupuestales, financieras y demás que se requieran para garantizar en las
condiciones legales de calidad, eficiencia y eficacia, el servicio de alcantarillado,
del barrio La Graciela de Montenegro. Para el cumplimiento de las anteriores
ordenes, el Municipio contará con el término de doce (12) meses contados desde
la ejecutoria de la presente providencia y deberá presentar al Comité de
Verificación el cronograma de actividades a la primera reunión que se cite para
ese propósito.

1.5 Adoptar las medidas administrativas y presupuestales a que haya lugar para
que en la vigencia fiscal 2022, se asignen los recursos necesarios que permitan
realizar estudios hidrológicos e hidráulicos que determinen la magnitud del caudal
y la socavación que se espera en la zona de estudio, con el fin de determinar qué
acciones resultan necesarias para la protección del cauce del cuerpo de agua y
las fajas paralelas de la ronda hídrica de la quebrada “Cajones” o “Cajoncitos” de
Montenegro; así como, realizar los estudios y documentos previos que soporten
la necesidad de contratar (artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) y en
todo caso ejecuten las obras que determinen los estudios en el primer semestre
del 2023. Para la verificación del cumplimiento deberá presentar un cronograma
de actividades a la primera reunión que se cite por parte del Comité integrado
para ese propósito.

Y a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
–UNGRD que preste el acompañamiento técnico, en dicho proyecto.

1.6 Adoptar las medidas administrativas y presupuestales a que haya lugar para
que en la vigencia fiscal 2022, se asignen los recursos necesarios que permitan
realizar estudio de riesgo que tenga como objetivo principal evaluar el riesgo que
se presenta en la zona de inferencia del talud de la Carrera 9 con Calle 16;
además de obtener el conjunto de medidas correctivas que buscan proteger la
integridad de las personas y bienes (públicos y privados) expuestos. Dicho
estudio deberá contener como mínimo:

• Identificar la naturaleza, ubicación, intensidad y probabilidad de cada amenaza.

• Determinar la existencia y el grado de vulnerabilidad y exposición a estas
amenazas.

• Definir las capacidades y los recursos de que se dispone para enfrentar las
amenazas.

• Determinar el grado de riesgo aceptable.

• El análisis de estabilidad de talud que se ejecuta bajo las condiciones indicadas
por el Título H del Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10,
que incluya como mínimo: la geometría del terreno antes y después de la
intervención; la distribución y características geomecánicas de los materiales del
subsuelo, las condiciones hidrogeológicas e hidráulicas, las sobrecargas de las
obras vecinas, los sistemas y procesos constructivos y los movimientos sísmicos.

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1.7 Una vez se tenga el estudio de riesgo, adoptar las medidas administrativas y
presupuestales a que haya lugar para que en la vigencia fiscal 2023, se asignen
los recursos necesarios que permitan ejecutar las obras que determinen los
estudios y documentos previos que soporten la necesidad de contratar (artículo
2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015) y en todo caso ejecuten las obras que
determinen los estudios en el primer semestre del 2023. Para la verificación del
cumplimiento deberá presentar un cronograma de actividades a la primera
reunión que se cite por parte del Comité integrado para ese propósito.

Y a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
–UNGRD que preste el acompañamiento técnico, en dicho proyecto.

2. A la EMPRESA PÚBLICA DEL QUINDÍO S.A. ESP,

2.1 Realice un estudio sobre el estado real y actual del sistema de alcantarillado
y tomar las acciones a que haya lugar para garantizar la estabilidad de la
infraestructura existente y el funcionamiento del sistema de alcantarillado en
condiciones óptimas en el barrio La Graciela de Montenegro; en el término de 12
meses contados desde la ejecutoria de la presente providencia.

2.2 De otra parte, para que adopten las gestiones técnicas, administrativas,
interadministrativas, presupuestales, financieras y demás que se requieran para
ejecutar de manera coordinada con el Municipio de Montenegro, las obras
necesarias que arroje el estudio anterior y los estudios de riesgo, hidrológicos e
hidráulicos ordenados en esta providencia que estén relacionados con el sistema
de alcantarillado; conforme al Reglamento Técnico de Agua Potable y
Saneamiento Básico vigente, y demás normas técnicas y legales aplicables. Para
el cumplimiento de esta orden la accionada contará con el término de doce (12)
meses contados desde la fecha en que sean entregados los productos de la
consultoría contratada para el diseño de la solución. Para la verificación del
cumplimiento deberá presentar un cronograma de actividades a la primera
reunión que se cite por parte del Comité integrado para ese propósito.

2.3 Realizar en conjunto con el Municipio, la CRQ y los señores Sergio Alzate
Cajicá y Pedro Antonio Valencia Correa -integrantes del consorcio COAL, revisión
de los diseños hidrosanitarios del Contrato de Obra No. 003 de 2018 con el fin de
establecer si hubo incumplimiento a dichos diseños o a lo aprobado por la
empresa prestadora de servicios para conexión de alcantarillado sanitario y el
caudal pluvial a través de una estructura de entrega final hacía la quebrada
cajones, y en la construcción de disipador de caída a la quebrada. Para lo cual
se otorga el término de dos (2) meses contados desde la ejecutoria de la presente
providencia. Una vez vencido el término se entregará un informe al Comité de
Verificación, en el cual además se determinen las medidas a tomar, que deberán
ser incluidas en el estudio dispuesto en el punto 2.1 de las órdenes.

3. A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO,

3.1 Elabore un Plan de Descontaminación la quebrada Cajones o Canjocitos de
Montenegro, donde se vierten sin tratamiento las aguas residuales, en asocio con
el Municipio de Montenegro y Empresas Públicas de Quindío S.A. ESP.

Dicho plan deberá contener las medidas preventivas, correctivas y de
seguimiento, buscando la minimización de los impactos producidos por la
contaminación; así como, monitoreos ambientales periódicos, medidas de
evaluación, control y seguimiento ambiental; el procedimiento sancionatorio;
campañas de socialización del plan con los demás actores involucrados en la
protección del medio ambiente y con la comunidad, entre otras que sean
necesarias.

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Para el cumplimiento de las anteriores órdenes, la CRQ contarán con el término
de doce (12) meses y para la ejecución del plan un plazo de tres (3) meses
contados desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia. Para la
verificación del cumplimiento deberá presentar un cronograma de actividades a
la primera reunión que se cite por parte del Comité integrado para ese propósito.

De manera inmediata, en caso que no se haya efectuado, dé apertura de proceso
sancionatorio por el vertimiento de aguas residuales de tipo doméstico sin
tratamiento sobre la quebrada Cajones o Canjocitos de Montenegro. El
mencionado proceso deberá ser fallado en un plazo máximo de un (1) año. Para
la verificación del cumplimiento deberá presentar un cronograma de actividades
a la primera reunión que se cite por parte del Comité integrado para ese
propósito.

CUARTO: INTÉGRESE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, el que estará
conformado por el Magistrado ponente quien lo presidirá; el Procurador Judicial
Delegado ante este Tribunal; el apoderado de la entidad demandante; un
delegado del municipio de Montenegro, un delegado de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío –CRQ; un delegado de Empresas Públicas del Quindío S.A.
ESP, un delegado del Departamento del Quindío, los señores Sergio Alzate
Cajicá y Pedro Antonio Valencia Correa -integrantes del consorcio COAL y dos
(2) representantes de las Juntas de Acción Comunal del barrio La Graciela.
Comité que se constituirá dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente
providencia y deberá rendir a esta Corporación, informes mensuales sobre el
cumplimiento de esta sentencia y uno final al culminar sus labores.

QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto.

SEXTO: Para los fines indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por
secretaría REMÍTANSE las copias pertinentes a la Defensoría del Pueblo.

SÉPTIMO: En firme este fallo, CANCÉLESE su radicación previa anotación en el
Sistema Informático SAMAI” 13.

3.2. Comenzó el análisis del caso concreto mediante el examen del material
probatorio aportado al proceso. Tras una extensa evaluación de las pruebas, se
concluyó que existe un proceso de socavación local en un talud de la Quebrada
Cajoncitos, que afecta la parte trasera de las viviendas ubicadas entre las carreras 9
y 10 del barrio La Graciela, en el municipio de Montenegro. Anotó que dicho proceso
se agravó por una creciente de la anotada Quebrada en el año 2019, lo que ocasionó
el desprendimiento y dejó desconectadas algunas tuberías del colector de aguas
residuales.

Mencionó que la tubería en cuestión y un descole de aguas lluvias instalado por el
Consorcio Coal estaban generando vertimientos de aguas residuales en la Quebrada
Cajoncitos, los cuales no estaban inventariados dentro del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (en adelante, PSMV). Adujo que ello ha ocasionado la

13
Visible a folios 87 a 92 de la sentencia de primera instancia.

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contaminación de dicho afluente y ha favorecido a la proliferación de vectores en ese
sector.

Señaló que, aunque se desconoce en qué medida la obra de infraestructura
contratada por el municipio y ejecutada por el Consorcio Coal en virtud del Contrato
de Obra No. 003 de 2018 influyó en la ruptura y colapso de la red de alcantarillado
en el sector, lo cierto es que, según lo señalado en el dictamen pericial, dicha obra
ha generado el traslado de residuos desde la recámara hasta la quebrada debido a
un deficiente empalme entre la tubería instalada y las recámaras de inspección, lo
que ha provocado su contaminación.

Dijo que también se probó la conducta omisiva del municipio, ya que, desde el 26 de
diciembre de 2018, tenía conocimiento de que el descole de las redes de aguas
lluvias estaba erosionando el lecho y las orillas del cauce de la Quebrada Cajoncitos.
No obstante, no adoptó medidas para corregir la situación, sino que se limitó a
solicitar a la empresa de servicios públicos que implementara alguna solución.

Asimismo, adujo que la EPQ también ha incurrido en una omisión, pues, desde que
fue conminada por el Municipio de Montenegro en 2018, solo ha realizado visitas
técnicas en el sector, argumentando que no puede ejecutar obras hasta que el ente
territorial resuelva los problemas de estabilidad en la zona.

Entre tanto, respecto a la CRQ, expuso que también era responsable de la
vulneración de los derechos colectivos, dado que no ha adelantado ninguna acción
en defensa del ambiente, como la apertura de un proceso sancionatorio por el
vertimiento de aguas residuales domésticas sin tratamiento en la quebrada
Cajoncitos.

Con fundamento en el análisis anterior, amparó los derechos colectivos y rechazó las
excepciones de falta de legitimación en la causa propuestas por el Municipio de
Montenegro, el Departamento del Quindío y la CRQ.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

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4.1. El Municipio de Montenegro presentó recurso de alzada teniendo en
consideración los argumentos que se sintetizan enseguida:

4.1.1. Indicó que, a partir de la valoración de los Oficios MOPFO-E-454 del 26 de
diciembre de 2018, MOPFO-E-187 de 2019, MOPFO-E-198 de 2019, EPOTF-E-0903
de 2019, MOPFO-E-282 de 2019, EPOT-FOE-1305 de 2019 y EPOT-FO-E-1379 de
2019, el Tribunal concluyó que dicho ente territorial actuó de manera omisiva frente
a la problemática del barrio La Graciela. No obstante, resaltó que estaba
suficientemente acreditado que la Secretaría de Planeación Municipal sí desplegó las
acciones necesarias para buscar una solución a las necesidades del sector afectado,
ante la desidia de la EPQ, empresa prestadora de los servicios públicos en la zona.

Sobre el particular, señaló que, conforme al artículo 28 de la Ley 142 de 1994, era
responsabilidad de la EPQ ejecutar de manera directa y con cargo a su presupuesto
las obras necesarias para garantizar que el servicio cumpliera con los principios de
eficiencia y economía. Añadió que esta obligación era coherente con el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, en el cual la CRQ autorizó a la EPQ la
inclusión en el Plan de Obras de Inversión de un gasto aproximado de treinta y tres
mil seiscientos treinta y ocho millones quinientos diez mil trescientos noventa y tres
pesos ($33.638.510.393) para la intervención de las redes de alcantarillado del
municipio de Montenegro.

Por ende, indicó que su función se limitaba a la vigilancia y control en la prestación
del servicio, por lo que no era responsable de realizar la reparación de las redes, ya
que dicha tarea correspondía a la EPQ.

En ese contexto, señaló que sus labores estuvieron acordes al marco de sus
competencias, y que incluso, el accionante en el hecho décimo del libelo introductorio
reconoció que ese ente dejó el terreno acondicionado para que la EPQ pudiera
intervenir. Además, en la contradicción del dictamen pericial, el experto técnico indicó
que, respecto a las nuevas recámaras construidas por el Consorcio Coal, se
implementaron obras de estabilidad y conformación del terreno, lo que acreditaba
que no actuó con negligencia en el presente asunto.

Aseveró que las obras realizadas por el Consorcio Coal tuvieron como objetivo evitar
en todo momento la materialización de cualquier perjuicio contra la comunidad.

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Además, destacó la actividad del Municipio de Montenegro, que, a través de
requerimientos permanentes a Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., buscó
que esta entidad realizara las obras necesarias para corregir las situaciones
derivadas de su rol como prestador de servicios públicos domiciliarios. Esto, según
él, acreditaba que el ente territorial actuó con diligencia y cuidado, máxime cuando
las crecientes de la Quebrada Cajoncitos fueron un hecho imprevisible, de modo que
no podía prever que se produjera algún desastre, razón por la que pidió se la declare
exenta de cualquier tipo de responsabilidad por los hechos objeto de controversia.

4.1.2. Por último, reprochó que no se hubiera condenado a la CRQ a la ejecución de
las obras a favor de los recursos naturales y la protección de la Quebrada Cajoncitos.
Ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. Por ende, pidió
modificar los numerales 1.2. y 1.3. del numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia apelada, en el sentido de que las actividades allí expuestas se realizaran
en coordinación con la CRQ.

4.2. La CRQ apeló la sentencia de primera instancia bajo los siguientes argumentos:

4.2.1. Dijo que, en relación con la orden sobre el plan de descontaminación de la
quebrada Cajones, conforme a la Resolución 1433 de 2004, el PSMV es el conjunto
de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e
inversiones, destinados a mejorar el saneamiento y tratamiento de vertimientos. Este
plan incluye la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas en el sistema público de alcantarillado.

Indicó que, por esta razón, se aprobó un PSMV para el municipio de Montenegro
mediante la Resolución 866 de 2009, el cual establece actividades específicas, la
institución responsable, cantidad, vigencia, valor, fuente de financiación y otras
variables.

Así, afirmó que las inversiones en dicha quebrada corresponden a la EPQ en el marco
del PSMV, máxime cuando la autoridad ambiental, desde que tuvo conocimiento de
la problemática, ha realizado diversas gestiones requiriendo a la empresa de
servicios públicos para que adopte las medidas necesarias para su solución.

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4.2.2. Por otro lado, señaló que el plazo de un (1) año para concluir el procedimiento
sancionatorio por el vertimiento de aguas residuales en la quebrada Cajoncitos
resultaba contrario a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, dado que, según su
artículo 10 ibidem, la caducidad de la potestad sancionatoria ambiental es de veinte
(20) años. Además, alegó que, a través de Resoluciones 044 de 2017 y 3524 de
2017, declaró la congestión administrativa en esa entidad.

V. TRÁMITE DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN14

5.1. En auto del 6 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío, concedió
el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Montenegro.

5.2. Posteriormente, en proveído del 10 de junio de 2022, esa autoridad rechazó
por extemporánea la alzada presentada por la CRQ.

Inconforme con esa decisión, esa autoridad ambiental presentó recurso de reposición
y en subsidio de queja. A través de providencia del 26 de junio de 2022, el Tribunal
confirmó la providencia recurrida.

Sin embargo, el Despacho sustanciador, en auto del 23 de mayo de 2024, declaró
mal denegado dicho recurso y en consecuencia dispuso su admisión.

5.3. En auto del 11 de julio de 2024, se admitió el recurso de alzada interpuesto
por el Municipio de Montenegro y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este proceso.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

14
Toda la actuación en esta instancia se encuentra visible en Samai en el expediente digital.

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7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.

7.2. Planteamiento

En ese orden de ideas, se advierte que las partes concuerdan en la existencia de
vulneración de los derechos colectivos amparados en la sentencia de primera
instancia, derivada de la contaminación de la Quebrada Cajoncitos y de la situación
de riesgo en el barrio La Graciela, ocasionada por la socavación del talud colindante
con dicho afluente.

Sin embargo, existe controversia respecto a la responsabilidad en esta vulneración.
En efecto, el Municipio de Montenegro controvierte que la prestación del servicio de
alcantarillado recae directamente sobre la EPQ, por lo que considera que esa entidad
debió tomar medidas para resolver la problemática planteada. Asimismo, recalcó que
ese ente actuó dentro de sus competencias legales al requerir acciones de la
mencionada empresa de servicios públicos. En contraste, el Tribunal sostuvo que el
municipio actuó de manera negligente, limitándose a requerir a la citada empresa en
lugar de implementar medidas efectivas para abordar el problema.

En segundo lugar, las recurrentes objetan las órdenes impuestas en la decisión
recurrida. En particular, el Municipio de Montenegro solicita incluir a la CRQ en los
mandatos de la sentencia de primera instancia, dado que su ejecución implica la
asignación de recursos destinados a la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales. Por su parte, la CRQ argumenta que no procede ordenar a esa
entidad la descontaminación de la Quebrada Cajoncitos, pues las inversiones en
materia de saneamiento ya se encuentran comprendidas en el PSMV a cargo de la
EPQ. Además, cuestiona el plazo de un (1) año para la finalización de los
procedimientos sancionatorios, al considerarlo insuficiente debido a la congestión de
la entidad y al término de caducidad de la potestad sancionatoria.

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7.3. Del caso en concreto

7.3.1. En primer lugar, se tendrá que definir si es responsable un Municipio de la
vulneración de los derechos colectivos en el asunto de la referencia, como
consecuencia del proceso de socavación de un talud y la contaminación de una
quebrada por parte de unas tuberías que no están conectadas al colector de aguas
residuales y lluvias, si ese ente alega que el encargado directo en la prestación del
servicio público era la EPQ.

Con miras a resolver ese problema, la Sala aludirá a los elementos probatorios más
relevantes:

A) Contrato de Obra No. 003 de 2018 celebrado entre el Municipio de Montenegro y
el Consorcio Coal, cuyo objeto era la: "CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN VIAL Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 15 A 18 DEL MUNICIPIO
DE MONTENEGRO QUINDIO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"15.

Particularmente, se observa que dentro de las obras contratadas están: (i) el retiro
de la tubería de alcantarillado existente, (ii) la intervención en las redes de aguas
lluvias, sanitarias e hidráulicas.

Ahora, en la cláusula 3 de ese negocio, denominada como “actividades específicas
del contrato”, el consorcio Coal se obligó a lo siguiente:

“Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato

Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes:

(…)

21. Proteger todas las estructuras existentes, edificaciones urbanas, contra todo
daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de
construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o
restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de
ejecución de la obra”16

15
Visible a folio 15 del Cuaderno del Tribunal.
16
Visible a folio 18 del Cuaderno del Tribunal.

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Asimismo, el Municipio de Montenegro se obligó a ejercer el control de dicho negocio
jurídico de manera directa o indirecta.

B) Registro fotográfico del Consorcio Coal, en el se indica que “se evidencia como
se encontraba el sector mencionado antes de las obras, ya existía falta de
mantenimiento y acumulación de basuras”17.

C) Oficio MOPFO-E-454 del 26 de diciembre de 2018, en el que la Alcaldía Municipal
de Montenegro solicitó a la EPQ que realizar una inspección en el barrio La Graciela
y la reparación del descole del sistema de alcantarillado de las redes de aguas lluvias
que se encontraba cerca a la Quebrada Cajoncitos; veamos:

“Atendiendo el llamado de la comunidad, muy comedidamente me permito
solicitarle una inspección y reparación del descole del sistema de alcantarillado
en la calle 16 con carrea 9 municipio de Montenegro, Quindío (como se indica en
la ilustración 1)

Mediante inspección realizada por la Subsecretaría de Obras Públicas e
Infraestructura, se ha evidenciado que el descole de las redes aguas lluvias del
sector en mención (fotografías 1 y 2) ha erosionado el lecho y orillas del cauce
de la quebrada Cajoncitos, presentándose desprendimiento y pérdida suelo que
soportan las redes del alcantarillado del mismo sector, provocando
susceptibilidad; ante una posible rotura de estas redes lo cual puede causar una
grave afectación del cuerpo de agua de la quebrada (fotografía 2), por lo tanto
me permito solicitar su valiosa colaboración con el fin de ordenar a quien
corresponda para subsanar esta situación en la menor brevedad posible

17
Visible a folio 101 del Cuaderno del Tribunal.

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17

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”18 (Subrayas de la Sala).

D) Oficio del 19 de enero de 2019, mediante el cual los representantes del Consorcio
Coal y el Grupo Quimbaya se comprometieron con los señores Olegario Mejía y María
Enní Acevedo, propietarios del sector, a ejecutar las siguientes obras:

“En visita realizada el jueves se evidencia la inconformidad de los diseños del
predio por el estado actual del cerramiento del predio con dirección (carrera 9
#16-13) por causa de las labores del descole hacia la quebrada, por el cual se
compromete el consorcio COAL como ejecutor de la obra y Grupo Quimbaya
como interventor a realizar un cerramiento en malla igual al encontrado que le
brinde la misma seguridad al lote”19.

E) Oficio MOPFO-E-187 del 30 de mayo de 2019, en el que la Alcaldía de
Montenegro le informó a la EPQ que: “funcionarios de la Subsecretaria de Obras
Públicas e Infraestructura realizaron un recorrido por el sector del Barrio la Graciela
Cra 9 Calle 16 por el sector de la Quebrada Cajoncito el día 29 mayo 2019 sitio en el
cual reposan 3 recamas donde se evidencias socavamiento en dos extremos que
conforman la quebrada dejando a la deriva la tubería del colector y debilitando el
terreno a punto de llegar a la recamara. Es de gran importancia realizar una visita
técnica para que se tomen las medidas correspondientes en la menor brevedad
posible, toda vez que dichas situaciones presentan un riesgo para la comunidad, ya
que pueden ocasionar la inestabilidad total del sector mencionado”20.

F) En oficio del 26 de junio de 2019, con radicado EPOTF-E-0903 del 26 de junio de
2019, la Alcaldía de Montenegro le manifestó lo que sigue enseguida a la Defensoría
del Pueblo:

18
Visible a folio 23 del Cuaderno del Tribunal.
19
Visible a folio 154 ibidem.
20
Visible a folio 24 del Cuaderno del Tribunal.

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18

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"Por medio de la presente me permito informarle que los funcionarios de
Subsecretaria de Obras Públicas e Infraestructura, dependencia de la Secretaria
de Planeación realizo la visita correspondiente el día 18 de junio del 2019 en la
cual se evidenció que la quebrada está socavando el terreno causando la
inestabilidad del mismo, razón por la cual se solicitó al Batallón de Ingeniería una
visita de inspección para realizar labores de mitigación en el inmediato plazo.

Se anexa oficios remitido a EPQ SA ESP para revisión de recamaras y colectores
afectados por el socavamiento de la quebrada en el sector de la cra 9 No. 16-
13”21.

G) En oficio MPFOP-E-198 del 7 de junio de 2019, la Alcaldía de Montenegro le
informó a la EPQ:

“Cordial saludo,

Con relación al asunto en referencia queremos reiterar el oficio MOPFO-E-187
del 30 de mayo del 2019 donde se presenta una alarma a raíz de fuerte corriente
hídricas ocasionadas el 07/06/2019 por tanto invierno, funcionarios de la
Subsecretaria de Obras Públicas e Infraestructura realizaron visita solicitada por
la comunidad en el Barrio la Graciela Cra 9 Calle16 limitando con la Quebrada
Cajoncito, donde se puede evidenciar el socavamiento en dos extremos que
conforman la quebrada prolongándose hasta el término de afectar en el total. La
tubería de aguas residuales produciendo la fractura de la misma dejándola a la
deriva, de igual manera provocando la inestabilidad las recamaras que reposan
en el sitio”22

H) En memorial con radicado 10600-2019 del 8 de julio de 2019, la EPQ respondió
al Municipio de Montenegro que era necesaria una visita conjunta con la
Subsecretaria de Infraestructura de ese ente ya que las afectaciones a la tubería se
debían a socavaciones, de modo que se requería que el Municipio planteara
soluciones para esa inestabilidad23.

I) Posteriormente, en Oficio MOPFO-E282 del 15 de julio de 2019, el Municipio de
Montenegro reiteró a la EPQ su petición de reparación de los daños en el sector
objeto de controversia bajo similares términos del escrito del 30 de mayo de ese
año.24

J) En memorial del 6 de agosto de 2019, la EPQ le señaló lo que sigue al Municipio
de Montenegro:

21
Visible a folio 32 del Cuaderno del Tribunal.
22
Visible a folio 33 del Cuaderno del Tribunal.
23
Visible a folio 25 del Cuaderno del Tribunal.
24
Visible a folio 28 del Cuaderno del Tribunal.

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“De manera atenta y respetuosa me permito dar respuesta al requerimiento en la
que solicita inspección, y reparación del descole de sistema de alcantarillado en
la calle 16 con carrera 9 del municipio de Montenegro.

Se realizó visita al sitio mencionado con personal de su despacho el pasado 26
de julio del presente año, en la cual se verificaron las afectaciones que se están
presentando en el sector, igualmente se pudo observar que existen obras
contratadas por el ente municipal las cuales tienen las cámaras pertenecientes al
descole en este sector, razón por la cual estas labores pudieron influenciar en el
desprendimiento del terreno.

Por lo anterior se programará personal de Empresas Públicas del Quindío, para
el presente mes con el fin de realizar labores de mejoramiento del terreno y
conexión de la tubería del colector que se encuentra desconectada.

Igualmente se observó que el cauce de la quebrada está produciendo
socavación, en el sitio donde se realizarán las obras de infraestructura y la red
del alcantarillado, las cuales tendrían peligro de ser arrasadas nuevamente por
la ola invernal.

Por tal motivo EPQ S.A. E.S.P. se requiere que la Entidad Municipal, realice
adecuación del cauce de la Quebrada Cajoncitos que garantice que las obras de
infraestructura a construirse no estén en peligro”25 (Subrayas de la Sala).

K) En oficio del 12 de septiembre de 2019, el ente recurrente pidió a la EPQ que
realizaran una visita conjunta en la zona objeto de controversia, con el fin de
determinar acciones para solventar la problemática de socavamiento y fractura de
colectores de agua servida en la Quebrada Cajoncitos en el Barrio La Graciela26. Sin
embargo, en oficio del 13 de ese mes y año, la EPQ indicó que no podría asistir a
dicha cita toda vez que tenía agendado un comité de conciliación de defensa en esa
entidad27.

L) En oficio E-POT-FOE-1606 del 13 de noviembre de 2019, la Secretaría de
Planeación del Municipio de Montenegro, indicó que no tenía certeza respecto a si
las obras ejecutadas por el Consorcio Coal eran las causantes de la problemática en
el Barrio La Graciela:

“SEGUNDO: Que para el mes de diciembre se encontraba en ejecución la red de
alcantarillado de la calle 16 entre carrera 8 y 9 que incluyo el cambio de tubería
y la construcción de dos recamaras de descole teniendo el debido control y
seguimiento por parte de la interventoría del proyecto y que para el 27 de
diciembre de 2018 ya se encontraba avanzada la construcción de las
mencionadas recamaras tal como se observa en el registro de actividades de las
obras y de que para la mencionada fecha no se tiene registro en el municipio de

25
Visible a folio 29 del Cuaderno del Tribunal.
26
Visible a folio 38 del Cuaderno del Tribunal.
27
Visible a folio 39 del Cuaderno del Tribunal.

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observaciones de la comunidad o de reportes de daños ocasionados por el
personal de la obra, por lo que no se tiene evidencia de que en efecto, estas
Intervenciones hayan sido desencadenantes de la problemática actual ni de la
irrupción del predio de manera violenta por parte de personal del consorcio
COAL. Si bien es cierto que se realizaron las intervenciones de construcción de
recamaras en el predio en mención, el contratista ha manifestado que realizo la
debida socialización con el propietario del predio el Señor OLEGARIO MEJÍA
GIRALDO y que se llegaron a unos compromisos para mejoramiento de
cerramiento del mismo, lo que indica que los propietarios dieron su
consentimiento a las intervenciones realizadas y los compromisos fueron
cumplidos”28 (Subrayas de la Sala).

M) Informe de visita del 15 de enero de 2020, emitido por la CRQ en el que señaló:

“4. ANÁLISIS AMBIENTAL

El día 15 de enero de 2020, se realizó visita de inspección a tramo de la Quebrada
Cajones sector cabecera municipio Montenegro contiguo a la calle 16 entre
carrera 9 y 10, así como del colector de aguas residuales paralelo al tramo de
este cuerpo hídrico, en atención a escrito de acción popular instaurado por la
Defensoría del Pueblo; radicado 63001-3333-001-2019-00258-00, donde la
entidad mencionada refiere situación de contaminación de la Quebrada Cajones
a causa de aguas residuales municipales, así como situación de riesgo para las
viviendas y residentes aledaños al sector. La visita es atendida por los señores
Olegario Mejia Giraldo y Maria Enni Acevedo Tabares, habitantes de uno de los
predios contiguos al sitio visitado. Se realiza recorrido por el lugar de generación
de los hechos; evidenciado tramo de alrededor de 10 metros del colector de
aguas residuales colapsado y descubierto, lo que esta generando vertimiento de
aguas residuales municipales a la Quebrada Cajones en punto ubicado en las
coordenadas 4°33′53,73" latitud y - 75°44′59.38" longitud (foto 1); punto de
vertimiento que no se encuentra inventariado dentro del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos - PSMV del municipio de Montenegro. El colapso de este
tramo de colector se dio, aparentemente debido al aumento del caudal del cuerpo
hídrico tras la presentación de fuertes lluvias, según se indica por quienes
atienden la visita, lo que genero efectos de socavación del talud ubicado en la
margen derecha del cauce de la Quebrada y posterior efecto de remoción del
suelo donde se soportaba el tramo de infraestructura de saneamiento afectada
(foto 2). Quienes atienden la visita informan que en el sitio se encontraban
emplazadas dos, según fue indicado durante la visita. En el sitio se evidencia
además la disposición de dos tramos de tubería por donde se genera también
vertimiento de aguas residuales, proveniente de dos de los predios contiguos al
sitio de presentación de los hechos (foto 3). Esta tubería ha quedado expuesta
aparentemente tras la presentación de remoción del suelo en comento. El cuerpo
hídrico presenta malas condiciones organolépticas en el tramo inspeccionado;
presentación de olor, color y vectores.

En el sitio se evidencia además la disposición de dos recamaras de
inspección y una estructura de descole de aguas lluvias (foto 4). De acuerdo
a lo informado por quienes atienden la visita, esta infraestructura fue
construida por un contratista de la Alcaldía de Montenegro; previo a la
presentación de los hechos que han generado la contingencia referida. Al
inspeccionar esta obra, se evidencia un mal empalme del último tramo de
la tubería que se conecta a una de las recamaras de inspección (foto 5), lo
que está ocasionando que tras la presentación de episodios de lluvia se
genere efecto de remoción del suelo donde se encuentra emplazada.

28
Visible a folio 67 del Cuaderno del Tribunal.

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La situación observada en visita configura una situación de riesgo para los
residentes de las viviendas contiguas a la zona de perdida de banca, toda vez
que la fuente hídrica podría continuar generando efecto de socavación del talud
donde se observa la cicatriz del deslizamiento (foto 6).

Por último es de anotar que, la Subdirección de Regulación y Control Ambiental
de CRQ no tenía conocimiento de la situación acaecida, por lo que se procedió a
realizar visita técnica al lugar de los hechos una vez conoció del trámite de la
acción popular en comento”29 (Subrayas y negrillas de la Sala).

N) A través de escrito con radicado 00000387-120-24 del 17 de enero de 2020, la
CRQ requirió a la EPQ para que le indicara cuáles acciones tenía previstas para la
mitigación de la problemática presentada con la descarga de aguas residuales en la
Quebrada Cajoncitos. Además, le ordenó elaborar un cronograma para la ejecución
de dichas actividades30.

O) En el dictamen pericial practicado en el trámite de primera instancia, se expuso:

“PRIMERO

El socavamiento que está realizando la Quebrada a los terrenos de los
inmuebles, debido al desvío que está sufriendo por falta de construcción de
gaviones en concreto que impidan que el cauce se adentre en los predios y que
se desmorone el talud. Es evidente la presencia de un proceso de socavación en
la pata del talud localizado sobre la curva externa, situación que lo expone a una
mayor velocidad del flujo lo que favorece la socavación local. Resulta necesaria
la protección de la curva externa para impedir un daño mayor al que se observa
en la actualidad (Ver Fotografías 1 y 2). El tipo de protección sólo podrá definirse
luego de que se adelanten estudios Hidrológicos e Hidráulicos que determinen la
magnitud del caudal y la socavación que se espera en la zona de estudio.

Fotografía 1 y 2. Imagen izquierda del año 2018, fuente Enni Acevedo Tabares.
Se observa claramente la deflexión en la tubería debido a la pérdida de material
de soporte, dicho material fue arrastrado por el flujo de agua en un proceso de
socavación local. Imagen derecha tomada por PLGR el 10-12-2020 donde se

29
Visible a folio 164 del Cuaderno del Tribunal.
30
Visible a folio 168 del Cuaderno del Tribunal.

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aprecia el incremento del desnivel que existe entre el espejo de agua y la posición
de la tubería afectada, el proceso de socavación continúa.

SEGUNDO

Constatar el daño sufrido en las Recámaras construidas anteriormente y las que
se hicieron recientemente y que dejaron al descubierto dos (2) tubos vertiendo
aguas negras y aguas lluvias directamente a la Quebrada, pues a decir de la
parte actora, están totalmente desconectados hace buen tiempo.

Las recámaras antiguas se encuentran desconectadas sobre el talud, existen dos
tuberías realizando vertimientos de forma directa sobre el cuerpo de agua, las
obras de estabilidad para las recámaras nuevas están deterioradas y la estructura
de entrega del agua captada por las recámaras nuevas es inadecuada toda vez
que cae un chorro vertical sin disipación de energía sobre el cauce, venciendo
una altura superior a los 80 cm. La evidencia se muestra en las Fotografías, 3,4,5
y 6.

TERCERO

Para que se corrobore por parte de trabajadores de la empresa que construyeron
las dos (2) últimas recámaras en el inmueble ubicado en la Carrera 9 nro. 16-13,
habiéndose tomado alrededor de 10 metros del patio del predio de la señora

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MARIA ENNI ACEVEDO TABARES y procedieron a efectuar la construcción
antedicha.

El Certificado de Tradición a nombre de Maria Enni Acevedo Tabares presenta
los siguientes linderos: “Un solar constante de catorce metros con cuarenta
centímetros (14.40) de frente, por el centro irregular que pueda medir hasta el
tope con la Quebrada de Cajones alinderado así: al frente con la Carrera 9 antes
séptima, por el occidente con predio de Ricardo Ocampo o que fue de este por el
oriente con la calle diez y seis, antes novena, y por el sur al centro con la
Quebrada Cajones”. Anexo copia del Certificado de Tradición fechado el 09-01-
2019 y suministrado voluntariamente por la Señora Acevedo Tabares. De
acuerdo con la descripción de linderos es evidente que las recámaras nuevas
fueron construidas al interior del predio. Ver Fotografías 6 y 7.

CUARTO

Igualmente, para que se corroboré la perturbación que se está viviendo en el
barrio debido a los malos olores que despiden las aguas negras que salen de los
tubos que están al descubierto y sin conexión, así como también la proliferación
de insectos y vectores que están perjudicando los habitantes del sector.

En el sector existen cuatro tuberías que realizan vertimiento directo de aguas
residuales sobre el cauce de la Quebrada “Cajoncitos”. Durante la visita observé
el arrastre de heces humanas desde dos fuentes, a saber: (1) desde la tubería
que se ilustra en el primer plano de la Fotografía 4 y (2) desde la descarga de las
recámaras nuevas (Ver Fotografía 9 y 10). Con respecto a la tubería que se
encuentra desconectada, se observa el vertimiento de aguas residuales de color
gris que emanan un olor fétido y nauseabundo, que se agrava con cierto grado
de estanqueidad que se presenta en el área donde la tubería esta desacoplada.
Esta condición es fuente de malos olores, favorece la proliferación de insectos
(principalmente zancudos, moscos y cucarachas), atrae roedores y gallinazos, y
aporta una vista desagradable.

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QUINTO

Asimismo, para que explique los perjuicios que pueden ocasionarse, de no
llevarse a cabo los correctivos pertinentes de manera inmediata en la Quebrada
"Cajoncitos".

De acuerdo con la evidencia observada y el testimonio recolectado, en el marco
de los aspectos teóricos que orientan la valoración de las posibles afectaciones
se puede afirmar lo siguiente,

Vulnerabilidad

• Construcciones colindantes con la corona del talud.
• Manejo deficiente de aguas de escorrentía superficial.
• Pata de talud expuesta a un proceso de socavación local.
• Habitantes de la tercera edad y niños, con afectaciones en piel y sistema
respiratorio.

Amenaza

• Saturación de suelo por lluvias fuertes de corta duración o lluvias tenues de
larga duración.
• Erosión de la pata de talud por un proceso de socavación local.
• Aceleración de la socavación local por manejo deficiente del vertimiento de
aguas. • Aceleración de la socavación local por crecientes extraordinarias.
• Generación de malos olores por el vertimiento y estancamiento de aguas
residuales.
• Generación de vectores como moscas y zancudos por la presencia de aguas
residuales.
Riesgo

• Imposible de evaluar con un nivel bajo incertidumbre dada la naturaleza de la
información recolectada. Sin embargo, se puede afirmar que existe evidencia
suficiente para soportar un deterioro progresivo en las condiciones de estabilidad
del talud y la salud de los habitantes del sector. Por ello existe un RIESGO
LATENTE dado que es MUY PROBABLE que se presenten fuertes
precipitaciones y crecientes extraordinarias, eventos que potencialmente pueden
provocar una segunda falla del talud e impactar negativamente tanto la vida como

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los bienes de los habitantes del sector. Con respecto a la salud de los habitantes
se recolectó testimonio con respecto a las afectaciones (Ver Sexto ítem)”31.

I) Audiencia de contradicción del dictamen pericial celebrada el 16 de 2020, en la
que el señor Pedro León García Reynoso, ingeniero civil, encargado en la práctica
de la anotada experticia expuso:

“Ahora desde el Juzgado me encargaron que dictar dictamen con respecto a 6
aspecto, el primero rezaba … visitado el sitio en el punto en donde se encuentra
el talud se localiza una curva, cuando nosotros analizamos las curvas de la
socavación o los procesos de socavación cómo lo explico en los aspectos
teóricos del informe las curvas externas tienen mayor velocidad, al tener mayor
velocidad erodan o desprenden material del talud con mayor facilidad, por lo
tanto, la pata del talud ha sufrido un proceso erosivo natural, ese proceso erosivo
se hace evidente con la tubería que se observa en las fotografías que pueden ver
anexas en el en el informe la tubería perdió soporte, se observa la tubería que en
un ángulo en una deflexión, dado que el material que soportaba la tubería y la
mantenía en un alineamiento horizontal o el alineamiento que hayan decidido en
el diseño, perdió toda la capacidad dado el arrastre que generó la curva, entonces
claramente existe un proceso de socavación sobre un talud que está expuesto
naturalmente a una curva que en un cuerpo de agua esa curva hará erodar el
material, entonces sí existe un proceso de socavación en ese punto y ese
proceso de socavación puede estar afectado por otras condiciones naturales y
antrópicas naturales las crecientes que tiene la quebrada de forma natural,
antrópicas el manejo de las aguas residuales que están haciendo vertimiento en
el sector. Respecto al segundo punto se me encargó constatar el daño sufrido en
las recámaras construidas anteriormente y las que se hicieron recientemente y
que dejaron al descubierto dos tubos vertiendo aguas negras y aguas lluvias
directamente a la quebrada… efectivamente sobre el talud del predio
correspondiente a la carrera novena número 16-33 se observan unas cámaras,
unas recamaras abandonadas desconectadas del sistema de los predios de la
carrera novena con 16-33 y carrera novena 16-13 existen dos tuberías haciendo
vertimiento directo, en el lecho de la quebrada existe un colector desacoplado
haciendo vertimiento de aguas negras y de las recámaras que se construyeron
existe una estructura de descarga con aletas a una cota cercana a los 80 cm
arriba del cuerpo de agua ejecutando descargas en el ambiente. Con respecto a
las recámaras nuevas se implementaron unas obras de estabilidad o de
conformación del terreno consistentes en trinchos de guadua los cuales pues han
sufrido un deterioro normal dado que la guadua pues está expuesta a la
intemperie se observa aplastamiento de algunas guaduas, se observa ya la
filtración del material o el lavado del material por la conducción de las aguas
y pues ya se requiere como mantenimiento. Se supone que esas obras se
construyeron para darle estabilidad a las recámaras entonces ahí tienen un riesgo
y el otro aspecto que me preocupa mucho es la descarga de aguas que se
presenta desde la aleta las recámaras nuevas porque la altura es significativa y
no tiene ningún tipo de obra de transición hacia la quebrada entonces los
procesos de socavación local pueden verse acelerados cuando se presentan
descargas muy fuertes. No entiendo si esa recamara es de aguas lluvias o aguas
residuales o aguas combinadas lo cierto es que durante la visita observé que
arrastraba materia fecal y presentaba un flujo continuo de agua. Con respecto al
numeral tercero me encomendó corroborar por parte de trabajadores de la
empresa que construyeron las dos últimas recámaras en el inmueble ubicado en
la carrera novena número 16-13 habiéndose tomado alrededor de 10 m del patio
del predio de la señora María Eugenia Acevedo Tabares y procedieron a efectuar
31
Visible a folios 2 a 7 del dictamen pericial.

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la construcción antedicha. Efectivamente estuve hablando con la señora María
Enni, ella ya me compartió el certificado de tradición, pude establecer los linderos
y es evidente que existe una construcción de una recámara al interior de los
predios de la señora… y allí aparecen las fotografías que dan evidencia de que
dichas recámaras están construidas al interior del predio. Cuarto punto
igualmente para que se corroboren la perturbación que se está viviendo en el
barrio debido a los malos olores que despiden las aguas negras que salen de los
tubos que están al descubierto y sin conexión. Así como también la proliferación
de insectos y vectores que están perjudicando a los habitantes del sector. Efectivamente desde que uno está sobre la calle 16 siente malos olores, ya
cuando uno ingresa al sector del talud los mosquitos se observa la presencia de
mosquitos, me picaron efectivamente abajo en la quebrada ya el olor es muy
fuerte yo inicié la visita a las 9:00 de la mañana, a las 11:00 de la mañana con el
incremento del calor el efecto es grande, los habitantes del sector aducen o
explican que en ciertas temporadas tienen la visita de roedores y de gallinazos;
entonces es claramente evidente que hay un deterioro ambiental en el sector,
existe vertimiento de aguas residuales con contenido de materia fecal, fui testigo
durante la visita de que dos de estas tuberías hacían vertimiento de este tipo de
material de forma directa, es una situación que es realmente alarmante que se
esté dando de esta forma y me preocupa también esa tubería que está
desconectada porque de cierta manera se forma un estancamiento en la
descarga de esa tubería, esa tubería pues conduce unas aguas grises y un olor
desagradable, fétidas y están allí estancadas y claramente son … un ambiente
idóneo para que se desarrollen insectos puedan crecer y digamos estar presentes
en este sector. Con respecto al quinto punto se me pide car los perjuicios que
pueden ocasionar de no llevarse a cabo los correctivos pertinentes de manera
inmediata en la quebrada Cajones. Cuando uno va a analizar este tipo de
situación pues uno piensa en el riesgo y el riesgo es función de la vulnerabilidad
y la amenaza. Respecto a la vulnerabilidad efectivamente tenemos
construcciones sobre la corona de este talud, tenemos un manejo
deficiente de las aguas de escorrentía superficial que se dan sobre la talud,
la pata del talud naturalmente está expuesta a un proceso de socavación
local ya explicaba que se encuentra sobre la curva externa y en el sector
habitan personas de la tercera edad y niños estas personas tienen
afectaciones en la piel, hay un adulto mayor de 80 años con una úlcera
expuesta en la piel y hay un niño con problemas respiratorios que ya está
programado para cirugía.

Efectivamente tenemos una amenaza es la
saturación del suelo por lluvias fuertes de corta duración o lluvias no tan fuertes
de larga duración, existe erosión en la pata del talud, existe la posibilidad de que
se acelere la socavación por el manejo deficiente que se está dando de las aguas
que allí vierten, existe una aceleración también de la socavación por las
crecientes naturales que deben bajar por la quebrada cajoncitos, existen malos
olores y existen condiciones ideales para la propagación de vectores como
mosquitos, moscas, zancudos; si nosotros consideramos entonces que
efectivamente tenemos un sector vulnerable y que la amenaza es real pues
existe un riesgo latente, catalogar el riesgo bajo la información que se
puede recolectar en una visita es complicado, cierto, yo no podría emitir un
juicio completamente certero respecto al riesgo que están viviendo pero es
muy probable que en una creciente ese talud sufra de nuevo de una pérdida
sustancial del material en su pata y se desprenda otro pedazo acercándose
más a las casas, algunas de las casas construyeron en la parte alta del talud
cerca a los cimientos de la casa hicieron unos muros con llantas y
recubiertos en concreto y es una forma de ellos … de proteger su bien
inmueble pero realmente el problema está abajo en la pata, que la pata de talud
es esta completamente amenazada entonces si existe un riesgo latente y es muy
probable que exista una pérdida física en el talud y con ello pues amenace y se
incrementa el riesgo de la estabilidad de esas casas y para las personas el riesgo
en la salud también es evidente, es sorprendente para mí que exista ese
vertimiento incontrolado de aguas residuales sin que ninguna autoridad preste

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atención. Respecto al sexto punto se me solicitó verificar, evidenciar y rendir
informe sobre la situación en cuanto a salubridad se refiere en el sector del barrio
la Graciela. Para eso me entrevisté con tres personas: la señora Lina Marcela
que habita en la carrera 16 9-12, la señora María Enni que habita en la carrera 9
16-33 y el señor Óscar Restrepo que habita en la carrera 9 16-33 todos ellos
confirmaron la presencia de malos olores que se hacen más intensos durante el
incremento de temperaturas, confirmaron la presencia de mosquitos de insectos,
los pican, tienen ronchas en la piel. La condición de la señora Lina Marcela
Gómez es especial porque su señor padre tiene úlcera varicosa expuesta y este
es más complicado que se recupere ante la presencia constante de mosquitos,
cucarachas. Tiene una niña con enfermedad respiratoria tiene la historia clínica
está pendiente ya es cirugía. De la señora María Enni convive con personas
mayores de 80 años los zancudos son una verdadera molestia los malos olores
y el señor Óscar pues es el que más preocupado está por los procesos erosivos
y de igual forma ha evidenciado la presencia de gallinazos en ciertos momentos
del día y le preocupa también la salud de los niños y de los adultos mayores. (…)
El actor popular … respecto del punto primero …si hay socavamiento en los
predios de las personas que están viviendo allí en las riberas de doña María Enni
Acevedo Tavares, Oscar Restrepo y si hay otras personas en otros predios que
también han sufrido socavamiento o adentramiento de la quebrada.
…efectivamente cuando yo revise el certificado de tradición de la señora María
Enni establece que el lindero de ella va hasta el eje de la quebrada, por lo tanto,
siento el talud la ribera de la quebrada y al estar socavándose entonces
efectivamente existe socavación del predio de la señora María Enni, del señor
Óscar … Restrepo perdón y lo que suceda digamos a lo largo de la carrera
novena existe socavación. (…) se le da el uso de la palabra a la apoderada del
Consorcio Coal… Preguntado: de pronto él en su peritazgo observó la estructura
de separación existente en el sistema construido por el Consorcio Coal. Una
estructura de separación de aguas residuales y de aguas lluvias en el sistema a
eso se refiere doctora amparo. Sí ingeniero. Contestó: No señora sobre el talud
y lo que se observa no vi esa estructura, vi la estructura que relacionó en la
fotografía 9 y 10 que específicamente la fotografía 10 que es la descarga, pero
no la estructura de separación. Preguntado: si la tubería la cual él se refiere que
está desconectada o está pues separada una de otra forma parte del alcance
contractual de los que realizó el consorcio. Contestó: desconozco el alcance
contractual del Consorcio, la tubería al parecer es un colector que va paralelo a
la quebrada y claramente se observa que no hace parte de las obras que se
construyeron sobre el talud. Preguntado: cuando usted habla de que doña María
Enni le entrega o le muestra un certificado de tradición pues todos sabemos que
o bueno que supone o se determinan el certificado de tradición de que ella tiene
unos metrajes pues hasta la ladera de la quebrada entonces considera usted
ingeniero que los cuerpos de agua son propiedad privada. Contestó: en ese orden
de ideas se yo me limito a lo que dice el certificado de tradición y me permito leer
a traición dice un solar constante de 14 m con 40 cm de frente por el centro
irregular que pueda medir hasta el tope con la quebrada de cajones alinderado
así al frente con la carrera novena ante séptima por el Occidente con predio de
Ricardo Campo o que fue de este; por el Oriente en la calle 16 antes novena y
por el sur al centro con la quebrada cajones.

En ese orden de ideas de acuerdo
con lo que establece el certificado de tradición las recámaras que no están sobre
la quebrada sino sobre el talud que hace parte del predio de la señora María Enni,
respecto a quien dispuso de que en el certificado de tradición estableciera que
va por el eje de la quebrada pues claramente los cuerpos de agua de acuerdo
con el Código Nacional de Recursos Naturales son públicos pero mi referencia
es exclusivamente a lo que dice el certificado de tradición. (…).” 32 (Subrayas y
negrillas de la Sala).

32
Visible en el índice 53 del expediente digital del Tribunal.

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J) Testimonio de la señora María Enni Acevedo, quien es residente en el barrio La
Graciela, indicó:

“Cuando empezaron la obra de la 16 con octava en el mes de junio de 2018 en
la parte de la quebrada, se metieron hacía su predio y debilitaron el solar y en el
año 2019 donde hubo tanto invierno, la quebrada se llevó parte del solar mío y el
de Oscar Restrepo, encontrando que en su solar instalaron dos recamaras y no
fue notificada sobre eso, cuando la quebrada creció despegó los tubos de las
aguas negras y estas aguas están cayendo a la quebrada y así como las aguas
que bajan por el alcantarillado que hicieron que también van y caen a la
quebrada. Eso es una fetidez y el zancudero es horrible, que los ha estado
afectando y por eso han acudido a la Alcaldía, a Planeación y la única
colaboración que han recibido es que mandaron a los del batallón a realizar una
limpieza con la ayuda de su esposo, el señor Oscar Restrepo y de Planeación.
Nosotros lo que pedimos es que hagan unos gaviones o algo así para que no se
siga yendo ese terreno en la parte de abajo, porque si no el perjuicio sería mayor,
la casa se podría ir hacia abajo.

Magistrada: Señora María Enni, ¿Cuándo hicieron esas obras le pidieron
permiso?

Testigo: A mí no me notificaron nada, uno no sabe de leyes y luego me enteré
que debían pedir autorización, que lo único que vieron fue cuando levantaron el
cerco o malla y empezaron abrir el terreno para ubicar las recamaras, por lo que
ella le preguntó a la Ingeniera que estaba en la obra cómo era posible que le
hubieran arrancado la malla y ella le contestó que estuviera tranquila porque la
dejarían como estaba a lo que yo le dije me diera algo por escrito y fue como ella
le entregó un papel donde firmó la ingeniera, la testigo y su esposo pero solo para
la colocación de la malla no para abrir huecos ni para colocar recamaras ni nada.

Magistrada: ¿Nos puede indicar como quedó el terreno?

Pues con las obras que hicieron debilitaron el terreno y con la crecida de la
quebrada se llevó parte del terreno, señalando que dicha obra fue realizada por
el Consorcio “Coala” que al parecer es de Quimbaya, y que la situación de riesgo
sigue igual”33

K) Testimonio de señor Olegario Mejía Giraldo, quien es residente en el barrio La
Graciela, expresó:

“Soy residente en la carrera 9 número 16-13 apartamento 2 del barrio La Graciela
del municipio de Montenegro, ahora lo primero es el problema ambiental muy
grave, segundo cuando se vino la creciente de la quebrada se llevó parte del
solar, las tuberías reventadas, se llevó las recamaras pequeñas que reciben las
aguas de la casa y de otra casa de don Oscar y de Maria Enni Acevedo debido a
que la obra debilitó el terreno porque metieron dos recamaras grandes al solar y
en ningún momento pidieron permiso.

Magistrada: ¿En qué consistían esas obras que hicieron en su predio?

33
Ibidem.

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Testigos: Esas obras fueron hechas para bajar tuberías de aguas lluvias, pero de
estas también baja suciedad sin saber de dónde sale, pero son de las casas y
todo eso cae a la quebrada.

Apoderado Defensoría del Pueblo: Aparte del predio suyo que coliga con la
Quebrada, ¿ ha habido socavamiento de terreno de otros inmuebles?

Testigo: predios afectados hasta el momento son el don Oscar y su esposa, pero
la situación se puede ver agravada por la época de invierno porque lleva mucho
tiempo y nadie ha prestado auxilio”34

M) Testimonio de señor Olegario Mejía Giraldo, quien es residente en el barrio La
Graciela, resaltó:

“Eso comenzó en junio de 2018 cuando iniciaron las obras las cuales no le fueron
notificadas, cuando iniciaron las excavaciones me vi muy afectada porque vivo
con mi padre de 76 años que tiene una ulcera varicosa y una niña muy pequeña
que para ese entonces no tenía ningún problema, pero cuando comenzaron las
obras empezaron a tirar mucha tierra y basura al frente de mi casa y para el lado
de la quebrada, por lo me acerqué a los ingenieros y les dije que eso de tirar tierra
para allá estaba mal hecho, sabiendo que era mucho peso y que ellos no estaban
haciendo unos gaviones bien hechos, a lo que ellos no le pararon bolas a nada
siguieron tirando basuras, escombros y la tierra cuando en el año 2019 que llovió
demasiado se dio el afectamiento en la quebrada porque se llevó la tubería y
parte de los lotes de María Enni y don Oscar, nadie hizo nada solo a mirar nada
más. Comenzó mi hija comenzó a enfermarse, empesó a estornudar y ya no
respiraba bien por lo que la llevó al doctor y la remitieron al otorrino quien le
mandó exámenes urgentes porque la niña se afectó gravemente con una
infección en la parte de los pómulos por materia recogida ahí, y en este momento
está a la espera de una cirugía pero los doctores dicen que hasta que no pasen
los problemas que están viviendo no le hacen la cirugía a la niña, mientras tanto
le tiene que seguir llevando para que le manden unos inhaladores, y me preocupa
que en momento como está la quebrada, son muchos los malos olores, los
zancudos, las cucarachas y hasta el momento no nos han solucionado nada”35.

N) Testimonio de señor Oscar Restrepo Orozco, quien es residente en el barrio La
Graciela:

“Desde que iniciaron las obras llamé a los ingenieros a con los funcionarios de
Planeación para que le explicaran por qué estaban haciendo unas obras sobre la
calzada sabiendo que no habían arreglado el embocallamiento de la cañada, la
ingeniera le dijo que eso era de Planeación y cuando llamé a los de Planeación
no me hicieron caso; a los dos meses hubo una tempestad y se llevó un pedazo
del predio, por lo que volvió a Planeación y le enviaron al Ejército y la Policía para
ayudarme hacer una limpieza en la cual estuvieron presentes él y el señor
Olegario haciendo la limpieza de la cañada sin hacer referencia al daño del predio
ni al daño ambiental que tienen”36

34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.

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O) Testimonio de señor Gabriel Ángel Arango López, quien señaló ser el maestro de
obra del Consorcio Coal:

“La obra se inició en octubre de 2018 a pleno conocimiento de la comunidad de
Montenegro porque se hacen actas de vecindad, actas de socialización para
empezar la obra por parte de la entidad contratante en este caso del municipio y
también de la interventoría.

Magistrada: ¿usted por qué conoce esos hechos?

Testigo: Yo fui el maestro de la obra

Magistrada: ¿Qué más conoce al respecto?

Testigo: Conozco que la obra duró casi un año, no tuvimos inconvenientes,
cuando iniciaron la obra en la quebrada no había pasado nada, la obra está en
unos terrenos confinados, es decir, en un terreno donde no ha pasado y la obra
en la parte del descole está en perfectas condiciones. A los pocos días hubo una
creciente de la quebrada y fue donde se llevó una parte del solar de enseguida
de donde hicieron la obra y dañó una tubería existente ahí, en el terreno de la
señora María Enni donde hubo el derrumbe y se llevó la tubería que había.

Apoderada Coal: ¿Se hizo alguna intervención en el colector de la quebrada
Cajones?

Testigo: El colector de la quebrada Cajones no fue intervenido en la obra, ni
realizaron gaviones”

P) Testimonio del ciudadano Jairo Iván Castillo Castillo, Director de las Obras objeto
de controversia quien expuso:

“Dentro del alcance contractual la afectación fue ninguna, ya que en ningún
momento tuvieron la intervención del colector el cual colapso a raíz de la
creciente de la quebrada Cajones, nosotros llegamos al punto de conexión que
estableció la misma Empresa Prestadora del Servicio en este caso EPQ SA ESP
donde estipularon al municipio de Montenegro cual era el punto de conexión
hasta el cual el contratista que sirve como medio para la ejecución de la obra
llevó la conexión del alcantarillado sanitario y el caudal pluvial a través de una
estructura de entrega final hacía la quebrada cajones la cual está en perfectas
condiciones.

Magistrada: ¿Conoce usted que pasó realmente en el predio objeto de
controversia y qué lo pudo ocasionar?

Testigo: La creciente de a quebrada, la quebrada no tuvo un mantenimiento
adecuado y se generaron una cantidad de palizadas, unas obstrucciones y con
el incremento de las lluvias se generó una avalancha que derribó el colector y
quedaron expuestas todas las acometidas sanitarias de las viviendas y en este
momento todas están haciendo vertimientos directo a la quebrada Cajones, lo
cual no tiene nada que ver con la obra ejecutada por ellos”

7.3.2. En ese orden de ideas, tal como se determinó en la primera instancia, se
encuentra acreditado que, al menos desde diciembre de 2018, en el Barrio La

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Graciela existe un proceso de inestabilidad en un talud colindante con la Quebrada
Cajoncitos o Cajones. Esta situación inicialmente provocó el desprendimiento del
suelo que soportaba las redes de alcantarillado del sector, generando un riesgo de
rotura que podría causar la contaminación del afluente.

En este punto, la Sala observa que el Municipio de Montenegro informó a la EPQ
sobre la inestabilidad del talud causada por el descole de aguas lluvias y le exigió
adoptar medidas para prevenir la rotura de la tubería. Sin embargo, la EPQ respondió
que dichas acciones debían estar precedidas por obras de estabilización del talud
que debían ser realizadas por ese ente territorial. En consecuencia, ninguna de esas
dos entidades implementó medidas oportunas para mitigar la situación de riesgo.

Ello implicó que, en mayo de 2019, tras una fuerte creciente de la quebrada,
finalmente se haya provocado la ruptura de las tuberías de aguas lluvias y residuales,
las cuales comenzaron a verter directamente en la Quebrada Cajoncitos. Esta
situación ha generado su contaminación y la proliferación de vectores, afectando la
calidad de vida y la salud de los habitantes de la zona.

Lo expuesto es relevante, ya que pone de manifiesto que, aunque la prestación de
los servicios públicos en la zona está a cargo de la EPQ, la problemática descrita no
solo implicó una falla en la prestación de dicho servicio, sino que también
representaba un escenario de riesgo que requería una intervención coordinada y
armónica entre las entidades encargadas de mitigarlo, dentro de las cuales se
encuentra el Municipio de Montenegro, la EPQ, la CRQ y el Consorcio Coal. Esta
intervención era esencial para prevenir y mitigar el riesgo, especialmente
considerando que, por lo menos el ente territorial y las anotadas empresas, conocían
con certeza, desde 2018, que la tubería de alcantarillado podía romperse debido a la
erosión del talud, escenario que finalmente terminó ocurriendo.

7.3.2.1. En efecto, el artículo 12 de la Ley 1523 de 2012

“Artículo 12. Los Gobernadores y Alcaldes. Son conductores del sistema
nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias
para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su
jurisdicción”.

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Mientras que el artículo 14 ibidem prevé que los alcaldes deben implementar medidas
para las reducción y manejo del riesgo de desastres en el área de jurisdicción;
veamos:

“Artículo 14. Los alcaldes en el sistema nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el
municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito
o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción.

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar
en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en
materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes
de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás
instrumentos de gestión pública” (Subrayas y negrillas de la Sala).

Finalmente, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, dispone:

“Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

(…)

76.9. En prevención y atención de desastres

Los Municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:

76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción” (Subrayas de la Sala).

7.3.2.2. Así las cosas, se observa que las anteriores disposiciones normativas
asignaron expresas obligaciones a los alcaldes sobre la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en su territorio. Esto implica que, como se vio, les
corresponde ejecutar las acciones dirigidas al conocimiento y mitigación del riesgo,
así como al manejo de desastres en su jurisdicción.

Por lo tanto, la Sala considera que el Municipio de Montenegro debía adoptar
medidas para gestionar el riesgo, y en coordinación con el Consorcio Coal, la EPQ y
la CRQ, ejecutar las acciones necesarias para estabilizar el talud. De haberse tomado
estas medidas desde un principio, se habría evitado la ruptura de las redes de
alcantarillado. Sin embargo, no se ha demostrado que el municipio haya
implementado acciones concretas. Inicialmente, se limitó a realizar requerimientos a
la EPQ para que corrigiera la estabilización del talud, y posteriormente, no se observa

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que haya adoptado una solución para la problemática de la contaminación de la
Quebrada Cajoncitos.

Tampoco es válido el argumento de que el evento provocado por la creciente de la
Quebrada Cajoncitos era imprevisible. Aunque este fenómeno se originó por un acto
de la naturaleza, lo cierto es que, con anterioridad a dicho evento, las entidades
demandadas ya conocían el estado de socavación del talud y los riesgos que esto
implicaba para la infraestructura de alcantarillado en el sector. A pesar de este
conocimiento, no se adoptaron medidas para mitigar el riesgo, lo que pone de
manifiesto una falta de acción preventiva.

Ahora, no se pasa por alto que, en el hecho décimo de la demanda, el actor popular
informó que el 27 de septiembre de 2019, la Alcaldía de Montenegro y el Batallón de
Ingenieros del Ejército Nacional realizaron labores para acondicionar el terreno, con
miras a su posterior intervención por parte de la EPQ. Sin embargo, en el plenario no
se probó en qué consistió exactamente dicha intervención, especialmente
considerando que, a la fecha, persisten los problemas de desestabilización del talud,
que ponen en peligro las viviendas del sector. Esto indica que aún no se han
adoptado medidas definitivas para resolver la anotada situación.

En consecuencia, es claro que el Municipio de Rionegro sí tiene responsabilidad en
la vulneración de los derechos colectivos.

7.3.2.3. Con todo, no se pasa por alto que el Tribunal en la sentencia recurrida
aseguró que no se determinó con certeza la responsabilidad del Consorcio Coal. Sin
embargo, de conformidad con el informe de visita técnica realizado por la CRQ, visible
en literal M) de este acápite, se evidenció que dicho consorcio construyó dos
recámaras de inspección y una estructura de descole de aguas lluvias, presentando
un deficiente empalme en el último tramo de tubería que las conectaba. Esta
deficiencia provocaba la remoción del suelo durante episodios de lluvia. Lo anterior
se encuentra respaldado por los testimonios y los informes de la EPQ, los cuales
indican que, antes de la construcción de dicha obra, no se reportaban riesgos en la
zona.

Además, esta situación fue corroborada en la contradicción al dictamen pericial,
donde se advirtió que las nuevas recámaras presentaban un alto riesgo al descargar

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aguas contaminadas desde una altura considerable, sin que se hubieran adoptado
medidas correctivas. Dicha problemática se agrava aún más, dado que el perito
también señaló que el nivel de riesgo es elevado, ya que la socavación del talud
continúa y podría alcanzar las viviendas de los residentes del barrio La Graciela.

Por ende, en criterio de la Sala, sí se encuentra plenamente probada la vulneración
de los derechos colectivos por parte del anotado Consorcio, por lo que se modificará
la sentencia de primera instancia en ese sentido y se lo hará participe de las órdenes
que se establezcan en esta sentencia.

7.4. De otro lado, se deberá evaluar si una Corporación Autónoma Regional es
competente para realizar los de estudios y obras que permitan la superación de la
emergencia ocasionada por el proceso de socavación de un talud y la contaminación
de una quebrada por parte de unas tuberías que no están conectadas al colector de
aguas residuales y lluvias, si el recurrente sostiene que dicha autoridad ambiental
debe concurrir en la ejecución de los mandatos impuestos en la sentencia de primera
instancia dado que buscan mitigar los mencionados impactos ambientales.

Pues bien, para dar respuesta a este interrogante, es necesario hacer referencia a
las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, contenidas en el artículo
31 de la Ley 99 de 1993, listado entre el cual se encuentran las siguientes:

“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán
las siguientes funciones:

(…)

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables”. (Subrayas de la Sala).

Sobre dicha atribución, esta Corporación, en sentencia del 11 de julio de 2019,
sostuvo:

“En conclusión, a juicio de la Sala, las competencias de las corporaciones
autónomas regionales no se limitan a la vigilancia en materia ambiental, toda vez
que la ley estableció que, como autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
deben garantizar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, por medio, entre otras cosas, de la ejecución, administración y
operación, en coordinación con la entidades territoriales, de proyectos y
obras de infraestructura necesarias para la defensa y protección o

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descontaminación o recuperación del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables; de la asesoría en la elaboración de proyectos en materia
de protección ambiental; de la realización estudios, diseños e inversión en
sistemas de tratamiento de aguas residuales; de la ejecución de programas
de educación no formal en material ambiental; de la asesoría a las entidades
territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal; del
otorgamiento de permisos ambientales; y de la imposición de sanciones por
infracciones ambientales.” (Subrayas de la Sala)37

Además, las Corporaciones Autónomas Regionales tienen potestades en materia de
gestión de riesgos. En efecto, el artículo 31 de la Ley 1523 de 201238 dispuso que las
Corporaciones Autónomas Regionales fuesen parte del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo. Asimismo, les fue asignada la función de brindar soporte a los entes
territoriales en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo en material ambiental en
su jurisdicción. El artículo en cuestión es del siguiente tenor:

“Artículo 31. Las corporaciones autónomas regionales en el sistema
nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible,
que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además
de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las
leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.

Parágrafo 1o. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden
a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de desastres.

Parágrafo 2o. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por
la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión
del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.

Parágrafo 3o. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar
a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito
de su competencia y serán corresponsables en la implementación.

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del once
(11) de julio de dos mil diecinueve (2019), radicado nro. 66001233100020110036002. Consejero
Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
38
“Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su
objeto y estructura”.

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Parágrafo 4o. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo
establecido en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán
parte de estos las autoridades ambientales locales.” (Subrayas de la Sala)

En ese sentido, esta Sala, en providencia del 15 de noviembre de 2019, dispuso que,
entre otras cosas, las Corporaciones Autónomas Regionales y los Municipios debían
adoptar mancomunadamente las políticas necesarias para mitigación del riesgo;
veamos:

“De igual forma, es de tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica
al alcalde en su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito
o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los artículos 311
de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 39, que definen
al Municipio como la entidad territorial fundamental en la división político
administrativa del Estado, cuya finalidad es prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población de su territorio.

En consecuencia, en materia de gestión del riesgo a quien le corresponde
implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las políticas, actividades y
gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente, al municipio en cabeza de su
alcalde.

Ahora bien, sin pasar por alto la responsabilidad directa de las entidades
territoriales, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé que las Corporaciones Autónomas
Regionales son integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y les
impone los siguientes deberes: (i) apoyar a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la
reducción del riesgo, los cuales serán integrados a los planes de ordenamiento
de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo; (ii)
apoyar las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad
ambiental del territorio; (iii) propender por la articulación de las acciones de
adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su
territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la
gestión ambiental territorial sostenible; y (iv) apoyar a las entidades territoriales
que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los
procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y
serán corresponsables en la implementación.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por el numeral 23 del
artículo 31 de la Ley 99, el cual le impone a las CAR los deberes de realizar
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en
coordinación con las demás autoridades competentes; asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; y
adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de

39
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.

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adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
erosión, manejo de cauces y reforestación.

En ese orden de ideas, hace parte de sus deberes (i) promover y ejecutar obras
de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de
cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias
para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y
ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las
disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes40; y (ii)
ejecutar, administrar, operar y mantener, en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables41.

De conformidad con el marco normativo expuesto, no cabe duda que el Municipio
y la CARDER están en el deber de atender las situaciones de riesgo que se
presenten en sus respectivos territorios, para lo cual deben trabajar
mancomunadamente en el ámbito de sus competencias para lograr tal fin.
Ejemplo de ello, es la ejecución y desarrollo de obras que se hagan necesarias
para la defensa, protección y recuperación del medio ambiente 42”43 (Subrayas de
la Sala).

En consecuencia, asiste razón al Municipio de Montenegro en cuanto a que la CRQ
tiene competencias en protección ambiental y gestión del riesgo, las cuales deben
ejecutarse de manera coordinada con las demás entidades demandadas. Por ello,
en el punto 7.4.3. de esta providencia se modificará la parte resolutiva del fallo
apelado para incluir a dicha autoridad ambiental y a las demás entidades en la
solución adoptada, garantizando así un trabajo conjunto, articulado y eficiente.

7.4.1. Entre tanto, tendrá que verificarse si una Corporación Autónoma Regional es
competente para elaborar un Plan de Descontaminación de un afluente, si dicha
autoridad alega que el mismo debe ser adelantado por la empresa de servicios
públicos domiciliarios de acuerdo con el PSMV.

40
Ley 99 de 1993. Artículo 31, numeral 19.
41
Ibíd. numeral 20.
42
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 21 de abril de 2016. C.P: María Claudia Rojas
Lasso.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 15 de
noviembre de 2019. Proceso radicado número: 66001-23-33-000-2012-00011-02 Consejera
Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

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Así las cosas, a efectos de resolver la controversia suscitada en contra del numeral
3.1. de la parte resolutiva de la providencia recurrida44, es pertinente indicar que el
artículo 1º de la Resolución 1433 de 2004 define el PSMV como el “conjunto de
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos,
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como
pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad
y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo
de agua”.

Debe ser aprobado por la autoridad ambiental competente, “formularse teniendo en
cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos o
cuerpos de agua receptores los criterios de priorización de proyectos definidos en el
Reglamento Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y
lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de
Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial”45; ejecutarse por
las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades
complementarias y, en caso de efectuarse para “la construcción y operación de
sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones iguales o
superiores a 200.000 habitantes”, 46 hará parte de la respectiva Licencia Ambiental.

En cuanto a su naturaleza, está Corporación, en proveído del 21 de mayo de 2021,
consideró lo que se procede a transcribir:

“Respecto de dicho instrumento, la Sala en sentencia de 21 de junio de 2018,
explicó lo siguiente: 47

“[…] En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
2667 de 21 de diciembre de 201248, los usuarios prestadores del servicio

44
“3.1 Elabore un Plan de Descontaminación la quebrada Cajones o Canjocitos de Montenegro, donde
se vierten sin tratamiento las aguas residuales, en asocio con el Municipio de Montenegro y Empresas
Públicas de Quindío S.A. ESP.
Dicho plan deberá contener las medidas preventivas, correctivas y de seguimiento, buscando la
minimización de los impactos producidos por la contaminación; así como, monitoreos ambientales
periódicos, medidas de evaluación, control y seguimiento ambiental; el procedimiento sancionatorio;
campañas de socialización del plan con los demás actores involucrados en la protección del medio
ambiente y con la comunidad, entre otras que sean necesarias”.
45
Artículo 1º de la Resolución 1433 de 2004.
46
Ibidem.
47
M.P: Hernando Sánchez Sánchez, Rad.: 15001-23-31-000-2011-00206-01.
48
Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como
receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.

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de alcantarillado sujetos al pago de la tasa retributiva deberán presentar a
la autoridad ambiental competente el plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV, de conformidad con lo previsto en la Resolución 1433
de 13 de diciembre de 200349. Dicho plan, contendrá la meta individual de
reducción de carga contaminante de los usuarios mencionados que se fijará
por la autoridad ambiental competente, cuyo cumplimiento se evaluará de
acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos.

Asimismo, el artículo 2º de la precitada Resolución, establece que las
autoridades ambientales competentes para aprobar el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, son: i) las Corporaciones
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; ii) las Unidades
Ambientales Urbanas, de los Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas
cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes y; iii) las
autoridades ambientales a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de
31 de julio 200250.

A su turno, el artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076 de 2015 51, señala que el
trámite de Permiso de Vertimientos es un proceso que deben iniciar las
personas naturales o jurídicas que desempeñen actividades o presten
servicios que generen vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al
suelo, en tanto que el artículo 2.2.3.3.5.18., sobre el seguimiento de los
permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV, establece que: “[…] Con el
objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de
lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios […]”.

De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que como quiera que
corresponde a los municipios, constitucional y legalmente, la prestación
directa o indirecta de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado,
es a dicha entidad territorial, en virtud de lo previsto el artículo 10 Decreto
2667 de 21 de diciembre de 2012, a quien concierne presentar a la
autoridad ambiental competente el plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del Municipio, su ejecución y desarrollo […]”.

De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

-. Que el PSMV es un mecanismo que tiene la autoridad ambiental para controlar
la capacidad de carga de los cuerpos hídricos y mantener un nivel sostenible 52.

49
Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones. Debe tenerse en cuenta que el
Decreto 3100 de 2003, fue derogado por el citado Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012.
50
Artículo 13 de la Ley por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos
Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural
e Histórico de Santa Marta señala que los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán,
dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los
mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993
51
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
52
A dicha conclusión llegó la Sala en sentencia de 20 de noviembre de 2020 (Expediente núm. 63001-
23-33-000-2019-00024-01, Consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés), en la se sostuvo
que: “[…] 81. Es más, con el propósito de controlar la capacidad de carga de los cuerpos hídricos y
mantener un nivel sostenible de resiliencia, nuestro ordenamiento ambiental contempla tres
instrumentos de planeación y control de los vertimientos contaminantes. Estos son el Plan de

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-. Que la obligación en presentar el PSMV recae principalmente en el Municipio
en atención a su deber constitucional y legal de presar los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado.

-. Finalmente, que la aprobación, evaluación, control y seguimiento, está a cargo
de, entre otras, las corporaciones autónomas regionales.”53 (Subrayas de la
Sala).

En ese orden de ideas, es claro que el PSMV es el instrumento que tiene por objeto
establecer las acciones necesarias para reducir la contaminación generada por los
vertimientos en un cuerpo de agua. Con ello se garantiza el saneamiento ambiental
y la adecuada protección del ambiente.

7.4.1.1. Siendo ello así, lo que se evidencia es que las partes concuerdan en
que, a través de la Resolución 866 de 2009, se aprobó el PSMV del Municipio de
Montenegro.

Además, están de acuerdo en señalar que el punto de vertimiento sobre la Quebrada
Cajoncitos no se encuentra referenciado, ni cuenta con alguna clase de permisos. Lo
anterior, máxime cuando, como se vio, el punto de vertimientos se originó de forma
posterior (2019) a la aprobación del anotado plan (2009).

En ese orden, como quiera que las soluciones que se adopten en este proveído
deben ser acordes con este plan, se ordenará en el numeral 7.4.3. que las entidades
demandadas, en el marco de su competencia, incluyan y articulen las soluciones que
se adopten en este proveído con el PSMV del Municipio de Montenegro.

7.4.1.2. Finalmente, deberá evaluarse si es suficiente el término de un (1) año
concedido a la CRQ para iniciar y finalizar un procedimiento ambiental sancionatorio
por los hechos objeto de controversia.

Con el propósito de resolver este reproche, en contra del numeral 3.1. de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia54 es necesario referirse a las etapas

Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV , el permiso de vertimiento y el plan de cumplimiento
[…].”
53
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 21 de
mayo de 2021. Proceso radicado número: 76001 23 33 000 2016 01827 01. Consejera Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón.
54
“3.1 (…)

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del procedimiento establecidas en la Ley 1333 de 2009. Pues bien, es pertinente
indicar que, de acuerdo con el artículo 17 ibidem, el procedimiento ambiental
sancionatorio comienza con una investigación preliminar, en el que la autoridad debe
evaluar si existe o no mérito para iniciar una investigación. El plazo máximo de dicha
etapa será de seis (6) meses.

El artículo en cuestión es del siguiente tenor:

“Artículo 17. Indagación preliminar. Con el objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la
indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue
objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos”
(Subrayas de la Sala).

De confirmarse una posible infracción ambiental, se iniciará el procedimiento
sancionatorio de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva. Además, la citada Ley permite que autoridad
ambiental inicie cualquier tipo de diligencias para determinar con certeza los hechos
constitutivos de la infracción y completar los elementos probatorios.

“Artículo 22. Verificación de los hechos. La autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma
de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas
aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos
probatorios” (Subrayas de la Sala).

De existir mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental deberá
formular cargos. En dicho documento se deberán expresar las acciones u omisiones
que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estimen vulneradas o el daño causado; veamos:

De manera inmediata, en caso que no se haya efectuado, dé apertura de proceso sancionatorio por
el vertimiento de aguas residuales de tipo doméstico sin tratamiento sobre la quebrada Cajones o
Canjocitos de Montenegro. El mencionado proceso deberá ser fallado en un plazo máximo de un (1)
año. Para la verificación del cumplimiento deberá presentar un cronograma de actividades a la primera
reunión que se cite por parte del Comité integrado para ese propósito”.

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“Artículo 24. Formulación de cargos. Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor
de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de
cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño causado. El acto administrativo que contenga el pliego
de cargos deberá ser notificado al presunto infractor y en caso de que haya riesgo
o afectación ambiental, estas circunstancias se deberán indicar en la motivación
del pliego de cargos, así como indicar y explicar los tipos de agravantes. Contra
el acto administrativo que formula cargos no procede recurso alguno”.

Una vez formulados los cargos, el artículo 25 ibidem contempló que, dentro de los
diez (10) días hábiles a la notificación del auto de formulación de cargos el presunto
infractor tiene derecho a presentar descargos y solicitar las pruebas que considere
relevantes para su defensa55. Vencido el término fijado en esa norma, la autoridad
ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas y podrá decretar de
oficio las que considere necesarias. Las pruebas deberán practicarse en un término
de treinta (30) días y prorrogarse por una sola vez y hasta por sesenta (60) días.

Al respecto, el artículo 26 ibidem, previó:

“Artículo 26. Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el artículo
anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren
sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las
pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto
técnico que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las
pruebas.

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente
podrá comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas.”
(Subrayas de la Sala).

Dentro de los quince días (15) hábiles siguientes a la presentación de descargos o al
vencimiento del periodo probatorio, el artículo 27 ibidem señaló que debe emitirse

55
“Artículo 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá
presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime pertinentes
y que sean conducentes.
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite”

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una resolución motivada imponiendo las sanciones y las medidas compensatorias
correspondientes56.

Por su parte, el artículo 8º de la Ley 2387 de 2024 prevé la etapa de alegatos de
conclusión cuando se hayan practicado pruebas durante el periodo probatorio. 57.

Finalmente, el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 determinó que contra el acto que
impone una sanción procede el recurso de reposición y siempre que exista un
superior, el de apelación. La norma en comento es del siguiente tenor:

“Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser
interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo.

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del
Código Contencioso Administrativo”.

En ese orden de ideas, en criterio de la Sala el término de un (1) año concedido por
el Tribunal para fallar el procedimiento sancionatorio, puede resultar insuficiente
atendiendo a los plazos contemplados en las anteriores etapas; en consecuencia se
modificará el anotado mandato a dieciocho (18) meses, aclarando que dicho lapso,
así como los demás concedidos en esta providencia, podrán ser modificados por el
Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia, en su condición de
Presidente del Comité de Verificación de la sentencia, cuando existan razones
técnicas para ello.

Asimismo, es pertinente indicar que si bien la CRQ sostuvo en su apelación que el
plazo máximo para concluir dichos procedimientos es de veinte (20) años, conforme

56
“Artículo 27. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos
o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se
declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las
sanciones a que haya lugar.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8o
y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto
administrativo debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el caso,
exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente”.
57
“Artículo 8o. Alegatos de conclusión. A partir de la vigencia de la presente ley, el procedimiento
sancionatorio ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009 tendrá la etapa de alegatos de conclusión de
que trata el artículo 48 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que la modifique o sustituya. Los alegatos
de conclusión procederán únicamente cuando se hayan practicado pruebas en el periodo probatorio
previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 o la norma que la modifique o sustituya”.

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a la caducidad de la potestad sancionatoria establecida en el artículo 10 ibidem58, y
argumentó que enfrenta una alta congestión, estas afirmaciones no son de recibo
para la Sala. Lo anterior, dado que está plenamente acreditada la vulneración de los
derechos colectivos en el presente caso, sin que dicha autoridad ambiental haya
iniciado algún procedimiento sancionatorio, a pesar de los vertimientos de aguas
residuales en la quebrada Cajoncitos, lo que evidencia la urgencia de su intervención;
de ahí que un plazo de máximo dieciocho (18) meses resulte razonable para imponer
las medidas sancionatorias que sean del caso.

7.4.2. De las órdenes a adoptar

En este punto, la Sala advierte que el Tribunal, en los numerales 1.2., 1.3., 1.5., 1.6.
y 1.7. del ordinal tercero de la sentencia recurrida, ordenó al Municipio de Montenegro
adelantar los estudios necesarios para mitigar los impactos ambientales y sociales,
mientras que, en el numeral 1.4., dispuso la realización de gestiones para garantizar
la prestación del servicio de alcantarillado.

Por su parte, en los numerales 2.1., 2.2. y 2.3. ibidem, ordenó a la EPQ efectuar los
análisis necesarios para asegurar la adecuada prestación del servicio de
alcantarillado. Finalmente, en el numeral 3.1. ibidem, dispuso que la CRQ realizara
un estudio orientado a la descontaminación de la quebrada Cajoncitos.

58
“Artículo 10. Caducidad de la acción. La acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 años de
haber sucedido el hecho u omisión generadora de la infracción. Si se tratara de un hecho u omisión
sucesivos, el término empezará a correr desde el último día en que se haya generado el hecho o la
omisión. Mientras las condiciones de violación de las normas o generadoras del daño persistan, podrá
la acción interponerse en cualquier tiempo.
Parágrafo. Una vez iniciado el procedimiento sancionatorio ambiental, dentro del término de
caducidad previsto en el presente artículo, el procedimiento no podrá extenderse más allá de cinco (5)
años.
La autoridad podrá, mediante resolución motivada, prorrogar hasta por otro término igual la duración
del procedimiento sancionatorio ambiental cuando la complejidad del caso o del acervo probatorio lo
haga necesario.
Al año de la entrada en vigencia del presente parágrafo, será de obligatorio cumplimiento por las
autoridades ambientales formular un plan de descongestión de los procesos sancionatorios
ambientales que lleven más de 15 años y estén próximos a cumplir 20 años desde la iniciación del
procedimiento. Los procesos en el plan de descongestión se deberán resolver en 3 años.
El plan de descongestión del que trata el presente parágrafo deberá ser presentado por el director
general para conocimiento del consejo directivo de su Corporación y publicado en el sitio web de la
autoridad ambiental salvaguardando aquellos datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012
de habeas data.
El incumplimiento del plan de descongestión constituirá falta disciplinaria en los términos del numeral
1 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, o el que lo derogue o sustituya”

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Lo anterior evidencia que los mandatos contienen actividades similares, lo que podría
generar una descoordinación entre las entidades demandadas, quienes deben actuar
de manera conjunta para solucionar la problemática expuesta en esta providencia.
De lo contrario, se pondría en riesgo la efectividad de las medidas adoptadas en este
proceso. Además, en el ordinal segundo, no incluyó a los integrantes del Consorcio
Coal como responsables de la vulneración de los derechos colectivos en este asunto,
circunstancia que debe ser modificada, a efectos de que el mismo auxilie en las
medidas que se impartan.

En consecuencia, se modificarán los ordinales segundo y tercero de la decisión
recurrida en los siguientes términos:

“SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO, los
integrantes del CONSORCIO COAL, EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO
EPQ S.A. ESP y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO se
encuentran vulnerando los derechos e intereses colectivos al goce de un
ambiente sano, seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna y el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, consagrados en la Ley 472 de
1998 de los habitantes del barrio La Graciela de Montenegro, por el deterioro
progresivo en las condiciones de estabilidad del talud y la salud de los habitantes
del sector debido al proceso de socavación de la quebrada y la contaminación
con aguas residuales producida con la no prestación de manera adecuada y
eficiente del servicio público domiciliario de alcantarillado, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE:

1.1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, el Municipio de Montenegro, la CRQ y la EPQ y las empresas
integrantes del consorcio Coal, deberán adelantar las mesas de trabajo que, en
el marco de sus competencias, les permita formular un Plan de
Descontaminación y Mitigación de Riesgo para la quebrada Cajones o Cajoncitos
y en el área objeto de controversia en la presente acción popular. Dicho plan
deberá incluir los siguientes componentes:

A) Componente de diagnóstico y Evaluación de Riesgos

• Realización de un diagnóstico ambiental que identifique las fuentes de
contaminación en la quebrada.

• Evaluación del riesgo de desastre, considerando factores geotécnicos,
hidrológicos y que, particularmente, permitan la estabilidad del talud existente en
la zona objeto de controversia.

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• Análisis del estado de las estructuras de alcantarillado de la EPQ y del
Consorcio Coal así como su impacto en la contaminación de la mencionada
quebrada y en la generación del estado de riesgo de desastre en el sector.

B) Componente de definición de Acciones y Obras

• Identificación y priorización de las acciones necesarias para la
descontaminación del afluente, incluyendo medidas de saneamiento y
restauración ecológica.

• Propuesta de obras para la mitigación del riesgo de desastre, como
estabilización de taludes, mejoramiento del drenaje o infraestructura de control
de inundaciones.

• Recuperación y óptimo funcionamiento de las estructuras de alcantarillado.
Para el efecto, las medidas que se adopten deberán integrarse dentro del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), asegurando su coherencia
con las estrategias de saneamiento previstas para la zona.

C) Componente de asignación de Responsabilidades

• Se tendrán que determinar de forma clara los actores responsables de la
ejecución de cada acción u obra definida en el punto anterior, ya sea el Municipio
de Montenegro, la CRQ, la EPQ o el Consorcio Coal. Para el efecto, se tendrán
en cuenta las competencias constitucionales, legales y reglamentarias en la
materia, así como el grado de su responsabilidad en la contaminación de la
Quebrada Cajoncitos y en la generación de riesgo de desastre en la zona.

Además, se tendrán que adoptar mecanismos de articulación interinstitucional
para garantizar el cumplimiento del plan, de manera eficiente y coordinada.

D) Cronograma para la ejecución de las obras

• Establecimiento de un cronograma de ejecución con plazos específicos de
cada una de las obras, los cuales no podrán superar los doce (12) meses
contados a partir de la aprobación del anotado plan por parte del Comité de
Verificación de la sentencia.

1.2. El anotado plan deberá ser presentado por el Municipio de Montenegro al
Comité de Verificación de la sentencia y aprobado por el Magistrado Ponente de
la decisión de primera instancia, quien actúa como Presidente de dicho Comité,
con fundamento en el informe que le rindan.

Una vez obtenida la aprobación, se deberán ejecutar las obras determinadas en
el cronograma definido en el estudio técnico por cada uno de sus responsables.

2. La CRQ en caso de que no se haya efectuado, deberá dar apertura a procesos
sancionatorios por el vertimiento de aguas residuales de tipo doméstico sin
tratamiento sobre la quebrada Cajones o Canjocitos de Montenegro. Los
mencionados procesos deberán ser fallados en un plazo máximo de dieciocho
(18) meses.

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3. Los plazos adoptados en esta providencia podrán ser revisados y ampliados
por el Magistrado Ponente de la sentencia de primera instancia en su condición
de presidente del Comité de Verificación de la sentencia, siempre que haya
razones técnicas para ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la
decisión recurrida, los cuales quedarán así:

SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO, los
integrantes del CONSORCIO COAL, EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO
EPQ S.A. ESP y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO se
encuentran vulnerando los derechos e intereses colectivos al goce de un
ambiente sano, seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna y el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, consagrados en la Ley 472 de
1998 de los habitantes del barrio La Graciela de Montenegro, por el deterioro
progresivo en las condiciones de estabilidad del talud y la salud de los habitantes
del sector debido al proceso de socavación de la quebrada y la contaminación
con aguas residuales producida con la no prestación de manera adecuada y
eficiente del servicio público domiciliario de alcantarillado, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE:

3.1. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, el Municipio de Montenegro, la CRQ, la EPQ y las empresas
integrantes del consorcio Coal, deberán adelantar las mesas de trabajo que, en
el marco de sus competencias, les permita formular un Plan de
Descontaminación y Mitigación de Riesgo para la quebrada Cajones o Cajoncitos
y en el área objeto de controversia en la presente acción popular. Dicho plan
deberá incluir los siguientes componentes:

A) Componente de diagnóstico y Evaluación de Riesgos

• Realización de un diagnóstico ambiental que identifique las fuentes de
contaminación en la quebrada.

• Evaluación del riesgo de desastre, considerando factores geotécnicos,
hidrológicos y que, particularmente, permitan la estabilidad del talud existente en
la zona objeto de controversia.

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• Análisis del estado de las estructuras de alcantarillado de la EPQ y del
Consorcio Coal así como su impacto en la contaminación de la mencionada
quebrada y en la generación del estado de riesgo de desastre en el sector.

B) Componente de definición de Acciones y Obras

• Identificación y priorización de las acciones necesarias para la
descontaminación del afluente, incluyendo medidas de saneamiento y
restauración ecológica.

• Propuesta de obras para la mitigación del riesgo de desastre, como
estabilización de taludes, mejoramiento del drenaje o infraestructura de control
de inundaciones.

• Recuperación y óptimo funcionamiento de las estructuras de alcantarillado.
Para el efecto, las medidas que se adopten deberán integrarse dentro del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), asegurando su coherencia
con las estrategias de saneamiento previstas para la zona.

C) Componente de asignación de Responsabilidades

• Se tendrán que determinar de forma clara los actores responsables de la
ejecución de cada acción u obra definida en el punto anterior, ya sea el Municipio
de Montenegro, la CRQ, la EPQ o el Consorcio Coal. Para el efecto, se tendrán
cuenta las competencias constitucionales, legales y reglamentarias en la materia,
así como el grado de su responsabilidad en la contaminación de la Quebrada
Cajoncitos y en la generación de riesgo de desastre en la zona.

Además, se tendrán que adoptar mecanismos de articulación interinstitucional
para garantizar el cumplimiento del plan, de manera eficiente y coordinada.

D) Cronograma para la ejecución de las obras

• Establecimiento de un cronograma de ejecución con plazos específicos de
cada una de las obras, los cuales no podrán superar los doce (12) meses
contados a partir de la aprobación del anotado plan por parte del Comité de
Verificación de la sentencia.

3.2. El anotado plan deberá ser presentado por el Municipio de Montenegro al
Comité de Verificación de la sentencia y aprobado, por el Magistrado Ponente de
la decisión de primera instancia, quien actúa como Presidente de dicho Comité,
con fundamento en el informe que le rindan.

Una vez obtenida la aprobación, se deberán ejecutar las obras determinadas en
el cronograma definido en el estudio técnico por cada uno de sus responsables.

4. La CRQ en caso de que no lo haya efectuado, deberá dar apertura a procesos
sancionatorios por el vertimiento de aguas residuales de tipo doméstico sin
tratamiento sobre la quebrada Cajones o Canjocitos de Montenegro. Los
mencionados procesos deberán ser fallados en un plazo máximo de dieciocho
(18) meses.

Los plazos adoptados en esta providencia, podrán ser revisados y ampliados por
el Magistrado Ponente de la sentencia de primera instancia en su condición de
presidente del Comité de Verificación de la sentencia, siempre que hayan
razones técnicas para ello.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.

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TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 13 de marzo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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