República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-33-33-002-2020-00049-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-20231)
Demandante: Dalila Arias de Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión de sobrevivientes. Subtema: no procede la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia
proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, el
18 de noviembre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Dalila Arias de Giraldo pidió el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes regulada en la Ley 100 de 1993, como consecuencia de la muerte
de su cónyuge, el señor Héctor Giraldo Chica, que ocurrió el 10 de mayo de 1986.
En primera instancia, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda, porque era
improcedente aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993. Inconforme con esta
decisión, la actora interpuso recurso de apelación para insistir en la aplicación
retrospectiva de dicha normativa y la existencia de situaciones que afectaban sus
derechos fundamentales. La Subsección confirmará la sentencia de primera
instancia.
1 Expediente digital.
Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-2023)
Demandante: Dalila Arias de Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Dalila Arias de Giraldo, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 25 de febrero de 2020, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con las
siguientes pretensiones:
2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. RDP 016182 del 28 de mayo de
2019 que negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y de la
Resolución núm. RDP 023715 del 6 de agosto de 2019, mediante la cual la UGPP
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. RDP 016182
del 28 de mayo de 2019, y confirmó esta decisión2.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la UGPP al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la actora, como
consecuencia de la muerte de su cónyuge, el señor Héctor Giraldo Chica. Además,
reclamó que el citado reconocimiento se hiciera con efectos fiscales a partir del día
del fallecimiento, el 10 de mayo de 1986; que se actualicen las condenas impuestas,
se condenara en costas a la entidad demandada, incluidas las agencias en derecho;
y que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y
195 del CPACA3.
2.1.1. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
5. El señor Héctor Giraldo Chica prestó sus servicios, en calidad de docente, en
la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, desde el 16 de febrero de
1971.
6. La señora Dalila Arias de Giraldo y el señor Héctor Giraldo Chica contrajeron
matrimonio el 29 de diciembre de 1973.
7. El señor Héctor Giraldo Chica falleció el 10 de mayo de 1986, a sus 36 años.
2 En la audiencia inicial, el Tribunal Administrativo del Quindío dispuso que también tendría por demandada la
Resolución núm. RDP 018797 de 21 de junio de 2019, mediante la cual la UGPP resolvió el recurso de
reposición en sede administrativa. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 163 del CPACA, que
permitía tener por demandados los actos que resolvían los recursos interpuestos. Samai, exp.
63001333300220200004900, descarga de archivos, 16_ActaAudienciaInicial.pdf.
3 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 004.1DemandaAnexos.pdf, páginas 2 y 3 del
archivo digital.
2
Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-2023)
Demandante: Dalila Arias de Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
8. Al momento de su fallecimiento, el señor Héctor Giraldo Chica tenía un total
de 783 semanas cotizadas.
9. La señora Dalila Arias de Giraldo es una persona de la tercera edad, no
trabaja y nunca cotizó al sistema pensional, porque se dedicó al cuidado de sus
hijos y del hogar.
10. Debido a lo anterior, la señora Dalila Arias de Giraldo le solicitó a la UGPP el
reconocimiento de su pensión de sobrevivientes según el artículo 46, numeral 2 de
la Ley 100 de 1993.
11. No obstante, la UGPP expidió la Resolución núm. RDP 016182 del 28 de
mayo de 2019, a través de la cual le negó a la actora el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes. Argumentó que para el momento del fallecimiento del
causante la pensión de vejez post mortem4 exigía acreditar 20 años de servicio de
carácter oficial, requisito que el docente no acreditó.
12. Inconforme con esta decisión, la accionante interpuso recurso de reposición
y en subsidio apelación, el cual fue «resuelto y negado mediante la Resolución núm.
RDP023715 del 6 de agosto de 20195».
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
13. La demanda citó como normas vulneradas los artículos 13, 53 y 58 de la
Constitución Política; y 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.
14. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que, luego
de la muerte de su esposo, tanto ella como sus hijos quedaron en una situación
vulnerable por la afectación económica y moral que ha persistido en el tiempo y que
compromete sus derechos fundamentales. En este orden, el Estado ha buscado
mitigar esas contingencias a través de la seguridad social.
15. En igual sentido, destacó que, en su condición de demandante, era una
persona de la tercera edad, no beneficiaria de pensión y que no contaba con los
medios suficientes para subsistir, ya que carecía de rentas y de bienes que le
permitieran sufragar sus gastos.
16. La actora también puso de presente que no se justificaba que se le exigiera
a una persona el total de 50 semanas cotizadas en los últimos tres años para
acceder a la pensión de invalidez o de sobrevivientes en el régimen general, pero
que en su caso concreto se considerara que las 783 semanas cotizadas eran
insuficientes para acceder al derecho pensional reclamado.
4 Según el Diccionario panhispánico de dudas, significa «después de la muerte».
5Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf, link
usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 004.1DemandaAnexos.pdf, páginas 1 y 2 del archivo
digital.
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17. Al respecto, la actora agregó que, aunque la norma general prohíbe la
retroactividad en materia laboral, existen otras figuras como la retrospectividad de
la aplicación de la Ley 100 de 1993 que permiten el reconocimiento de las pensiones
de sobrevivientes. Así las cosas, consideró que desconocer el aludido principio
comprometía garantías fundamentales como la seguridad jurídica y la igualdad,
aunado a que implicaba inobservar el precedente constitucional. Para el efecto, citó
los antecedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional6.
18. Finalmente, la demandante hizo referencia al precedente de la Corte
Constitucional, sobre la figura de la retrospectividad. Puntualmente, a las sentencias
T-415 de 2017, T-891 de 2011, T-072 de 2012, T-587 de 2012 y T-564 de 2015 y T-
116 de 2016, relacionadas con la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993.
Con ocasión de lo expuesto, la actora pidió que se aplicara el precedente
jurisprudencial, y que, a partir de la interpretación más favorable, se le reconociera
la pensión reclamada.
2.2. Contestación de la demanda
19. La UGPP, mediante apoderada judicial, se opuso a todas las pretensiones
de la demanda. La entidad destacó que el señor Héctor Giraldo Chica no causó el
derecho pensional. En este contexto, la decisión de negar el reconocimiento se
soportó en las normas vigentes al momento del fallecimiento del causante, sin que
se pueda predicar desconocimiento de garantías constitucionales, porque solo se
puede garantizar la seguridad social cuando se cumplan los requisitos legales. Así
las cosas, el causante murió en 1986, cuando no estaba vigente la Ley 100 de 1993,
lo que imponía el deber de verificar los presupuestos exigidos por la norma anterior,
en particular las leyes 12 de 1975; 33 de 1985, 113 de 1985 y 71 de 1988.
20. La entidad advirtió que se exigían 20 años de servicio para acceder a la
pensión de vejez post mortem, sin tener en cuenta la edad, y que el principio de
favorabilidad solo goza de aplicación cuando exista duda frente a dos textos
legislativos vigentes. Asimismo, si bien en un momento se defendió la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993, el Consejo de Estado reevaluó su posición en
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2013. Por tanto, en vigencia de la actual
postura jurisprudencial era necesario acudir a las normas vigentes al momento del
fallecimiento.
21. En este orden de ideas, a juicio de la UGPP, resultaba inaplicable el principio
de favorabilidad invocado por la demandante ante la imposibilidad de hablar de dos
normas vigentes al momento del fallecimiento del causante. El caso tampoco podía
6 Consejo de Estado, sentencia del 29 de abril de 2010, exp. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09),
Consejo de Estado, sentencia del 12 de mayo de 2011, exp. 05001-23-31-000-2004-05492-01 (2711-08),
Consejo de Estado, sentencia del 1 de noviembre de 2012, exp. 05001-23-76-001-23-31-000-2006-03674-01
(1077-12), Consejo de Estado, sentencia del 7 de febrero de 2013, exp. 05001-23-31-000-2008-01384-01
(0998-12). Corte Constitucional, sentencias T-415 de 2017, T-891 de 2011, T-072 de 2012, T-587ª de 2012 y
T-564 de 2015 y T-116 de 2016.
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analizarse desde la óptica de los derechos adquiridos porque en vigor de las normas
que regían la situación del señor Héctor Giraldo Chica este no alcanzó a adquirir su
derecho, con la posibilidad de una sustitución posterior. Por último, aun si la actora
hubiera reclamado la pensión gracia post mortem, tampoco estarían acreditados los
requisitos que permitirían concederla, ya que en aplicación del Decreto 224 de 1972,
se exige que se hubieren prestado servicios por más de 18 años.
22. Por consiguiente, planteó como excepciones la inepta demanda por falta de
requisitos formales7; la inexistencia del derecho reclamado; el cobro de lo no debido;
la legalidad del acto administrativo acusado; la buena fe y la prescripción8.
2.3. Sentencia de primera instancia
23. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante
sentencia del 18 de noviembre de 2022, declaró probadas las excepciones de
«inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido» y «legalidad del acto
administrativo acusado», negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de imponer
condena en costas.
24. Como fundamento de la decisión, expuso que, en vigencia de la Ley 100 de
1993, eran beneficiarios de la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes
el cónyuge o la compañera permanente del pensionado o afiliado que acreditaran
los requisitos de convivencia previstos en la normativa. Por su parte, antes de la
expedición de la citada ley, particularmente en el año 1986, cuando murió el señor
Héctor Giraldo Chica, estaban vigentes el Decreto Ley 224 de 1972, la Ley 33 de
1973 y la Ley 12 de 1975.
25. En este contexto, el Tribunal destacó que, para esa época, cuando fallecía
un docente que no reunía el requisito de edad para acceder a la pensión, pero que
había laborado 18 años continuos o discontinuos en el servicio en planteles, su
cónyuge e hijos menores de edad tenían derecho a acceder a una pensión del 75%
de la asignación mensual fijada para el cargo al momento del deceso. En igual
sentido, el Tribunal precisó que, por regla general, en materia de aplicación de la
ley, opera el principio de irretroactividad, según el cual esta rige hacia el futuro.
26. Al respecto, el Tribunal expuso que el derecho se consolida al momento de
la muerte del causante, sin que sea posible aplicar una ley posterior, situación que
contrariaría el principio de irretroactividad de la ley.
27. El Tribunal tuvo por probado que los señores Dalila Arias de Giraldo y Héctor
Giraldo Chica contrajeron matrimonio el 29 de diciembre de 1973; que el señor
7 El Tribunal Administrativo del Quindío profirió auto el 24 de junio de 2022 en el que tuvo por subsanado el
defecto alegado por la parte demandada como excepción de inepta demanda por incumplimiento de los
requisitos formales. Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos,
5AutoResuelveExcepcion.pdf.
8 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 011ContestacionDemandaUGPP.pdf.
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Héctor Giraldo Chica prestó sus servicios como docente desde el 16 de febrero de
1971 al 9 de mayo de 1986 y falleció el 10 de mayo de 1986. Además, que, con
ocasión de lo anterior, la señora Dalila Arias de Giraldo radicó solicitud de
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en aplicación del artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, por favorabilidad, que la entidad demandada resolvió
negativamente mediante las resoluciones RDP 016182 del 28 de mayo de 2019,
RDP 018797 del 21 de junio de 2019 y RDP 023715 del 6 de agosto de 2019.
28. Adicionalmente, el Tribunal resaltó que, en la audiencia de pruebas, la testigo
Jacqueline Rojas Arias, sobrina de la demandante, indicó que durante el período de
matrimonio la señora Dalila Arias de Giraldo se encargaba de las labores
domésticas y de la crianza de los hijos, mientras que el señor Héctor Giraldo Chica
se ocupaba del mantenimiento del hogar. En igual sentido, la citada testigo refirió
que, después de la muerte del causante, la accionante enfrentó dificultades y tuvo
que mudarse a Bogotá, lugar en el que se dedicó, con su hermano, a la fabricación
y venta de alimentos y labores de modistería. Por último, la señora Rojas Arias
advirtió que la actora no tiene pensión ni fuente de ingreso y que su hijo Harold es
el encargado de su manutención.
29. En este orden, para la fecha del fallecimiento del señor Héctor Giraldo Chica,
el 10 de mayo de 1986, había laborado como docente durante 15 años, 2 meses y
24 días. Por lo tanto, el tiempo de servicios era inferior al exigido por el Decreto Ley
224 de 1972, para el reconocimiento pensional a favor de la cónyuge sobreviviente,
y tampoco equivalía al que se requería por parte de los demás servidores públicos
para esos efectos. En consecuencia, no estaban dados los presupuestos, en
aplicación de la norma vigente al momento de la muerte.
30. Por su parte, en lo relativo a la aplicación de la Ley 100 de 1993, el Tribunal
indicó que daría aplicación al precedente del Consejo de Estado sobre la materia 9.
Además, se consideró que la sentencia T-564 de 2015 de la Corte Constitucional
difiere del presente caso porque analizó la situación de un sujeto de especial
protección por su avanzada edad y su condición de víctima de desplazamiento
forzado, que el causante había trabajado por más de 17 años y que en varias
oportunidades había acudido a reclamar sus derechos prestacionales.
31. En el caso concreto, pese a que el señor Giraldo Chica falleció en 1986, la
accionante solo acudió a reclamar sus derechos, ante la administración, en 2017.
En igual sentido, aunque después de la muerte del causante la accionante se tuvo
que dedicar a labores para garantizar su subsistencia, en la actualidad está a cargo
de su hijo, lo cual permite evidenciar que no existe una situación especial que
justifique la aplicación de la Ley 100 de 1993 o que esté amenazado su derecho al
mínimo vital.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de
2013, exp. 1605-2009.
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Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-2023)
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32. Asimismo, el Tribunal expresó que, en su criterio, el solo hecho de que el
fallecido haya cotizado un gran número de semanas al sistema de seguridad social
en pensiones, no es suficiente para presumir que existe una afectación grave de
sus derechos fundamentales, pues, de ser así, no habría explicación frente a por
qué se acudió a la jurisdicción 30 años después de la muerte, pese a que el Consejo
de Estado había variado su posición en la materia.
33. Debido a lo anterior, el Tribunal aclaró que, aunque los argumentos
expuestos eran suficientes para negar las súplicas de la demanda, se apartaba de
lo dispuesto por la Corte Constitucional por la propia interpretación que esta alta
corte le ha dado al principio de retrospectividad. Concretamente, a juicio del
Tribunal, la situación jurídica se consolida al momento del fallecimiento del causante
y no cuando la pensión se debate judicialmente, porque ello iría en contravía del
principio de seguridad jurídica, como el caso particular en el que la accionante
reclamó 33 años después de la muerte.
34. Bajo este entendido, consideró que aplicar una ley posterior comprendía un
efecto retroactivo y no retrospectivo, ya que una situación consolidada, al amparo
de una normativa anterior, se regiría por lo dispuesto en la nueva ley. Finalmente,
se abstuvo de condenar en costas a la demandante porque no se demostró que la
parte contraria las causó10.
2.4. Recurso de apelación de la parte demandante
35. La demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se acceda a
las pretensiones de la demanda y se condene en costas a la parte accionada, con
fundamento en los siguientes argumentos:
36. Insistió en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993. En particular,
dado que es una persona de la tercera edad, que no cuenta con pensión ni con los
medios de subsistencia necesarios; y que no era justificable la exigencia de
completar 50 semanas en los últimos tres años para acceder a la pensión en el
régimen general, pero que para su situación no fueran suficientes las 783 semanas
con las que contaba para acceder a la pensión. Al efecto, la accionante transcribió
nuevamente los antecedentes que incorporó en su demanda11.
37. La accionante indicó que la sentencia valoró indebidamente las pruebas
obrantes en el proceso, en especial, los testimonios de sus familiares, según los
cuales se probó, no solo que los señores Dalila Arias de Giraldo y Héctor Giraldo
10 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 22_SentenciaPrimeraInstancia.pdf.
11 Consejo de Estado, sentencia del 29 de abril de 2010, exp. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09).
Consejo de Estado, sentencia del 12 de mayo de 2011, exp. 05001-23-31-000-2004-05492-01 (2711-08).
Consejo de Estado, sentencia del 1 de noviembre de 2012, exp. 05001-23-76-001-23-31-000-2006-03674-01
(1077-12). Consejo de Estado, sentencia del 7 de febrero de 2013, exp. 05001-23-31-000-2008-01384-01
(0998-12). Corte Constitucional, sentencias T-415 de 2017, T-891 de 2011, T-072 de 2012, T-587ª de 2012 y
T-564 de 2015.
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Chica contrajeron matrimonio, sino que han persistido afectaciones morales y
económicas, con incidencia en los derechos fundamentales.
38. Adicionalmente, la actora refirió que el Tribunal incurrió en una apreciación
errónea y contradictoria, porque no era posible concluir que no sufrió de
afectaciones graves en sus derechos fundamentales, solo porque no acudió
inmediatamente a la administración de justicia. Efectivamente, resaltó que existen
otros factores que inciden en la tardanza, como el desconocimiento de sus derechos
y de las pocas posibilidades jurídicas con las que contaba. Entonces, no se le podía
imponer una carga de conocer de fondo todo el ordenamiento jurídico para acceder
a la administración, pues eso constituía una demostración del estado de
vulnerabilidad en el que se encontraba.
39. En igual sentido, la actora reprochó las razones del Tribunal para apartarse
de la postura de la Corte Constitucional, porque tuvo que dedicarse a labores para
procurar su subsistencia. En ese sentido, el hecho de que esto haya ocurrido y que,
además, en la actualidad sus hijos la apoyen, no implica que no padezca una
afectación grave. Por oposición, lo que se advierte es que, pese a que la
demandante siempre cuidó de sus hijos y de su hogar, debió dejar a un lado esos
espacios de recreación y educación, para cubrir sus gastos básicos12.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
40. Mediante auto del 16 de noviembre de 202313, se admitió el recurso de
apelación conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y prescindió del término
de traslado a las partes.
41. El apoderado de la UGPP presentó «los alegatos de conclusión». Pidió
confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia, porque al causante no
consolidó el derecho pensional, al no haber cotizado el número de semanas exigido
por la normativa vigente al momento del fallecimiento. En este orden, no estaban
dados los supuestos para acceder al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes y la Ley 100 de 1993 no se podía aplicar retrospectivamente, porque
la situación se consolidó en 1986, cuando ocurrió el deceso.
42. La entidad también consideró que era improcedente aplicar el principio de
favorabilidad, porque en el caso puntual no coexistieron dos normas vigentes y
aplicables. En cambio, existe certeza sobre la normativa que regía al momento del
fallecimiento. En razón a ello, había suficientes argumentos para negar las
pretensiones, dado que la normativa aplicable era el Decreto Ley 224 de 197214 y
la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril de
201315. El Ministerio Público no rindió concepto.
12 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 24Recurso de apelación demandante.pdf.
13 Samai, índice 4.
14 La entidad hizo referencia al Decreto 22 de 1972, pero la Sala entiende que se trató del Decreto Ley 224 de
1972.
15 Samai, índice 9, 6_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 9.
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43.El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 26 de enero de
202416.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
44. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
45. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso, corresponde a la Sala definir si:
46. ¿La demandante tiene derecho a que se le aplique retrospectivamente la Ley
100 de 1993, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes como
beneficiaria de su cónyuge fallecido?
47. ¿Las situaciones de vulnerabilidad y de afectación de derechos
fundamentales, a las que alude la demandante, habilitan en el caso particular el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en aplicación del artículo 46 de la
Ley 100 de 1993?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
48. De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados
por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes y a la sustitución los miembros del grupo familiar del beneficiario de
la prestación que fallezca, en el siguiente orden:
«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte.
16 Samai, índice 10.
9
Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-2023)
Demandante: Dalila Arias de Giraldo
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b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un
cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario
de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de
lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con
el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la
cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES17> Los hijos menores de 18 años; los hijos
mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de
sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y
cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no
tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de
la Ley 100 de 1993;
[…].
49. Esta corporación ha resaltado que la finalidad de la sustitución pensional «es
la protección de la familia, entendida como el conjunto de personas allegadas al
trabajador que dependían económicamente de él y que quedan desamparadas a
causa de su fallecimiento»18. En consonancia, la Corte Constitucional ha precisado
que esta pretende salvaguardar o mantener el nivel de vida que tenía el beneficiario
antes del deceso del pensionado19.
50. Ahora bien, en cuanto a la norma que rige el derecho pensional, la Sección
Segunda, en sentencia del 25 de abril de 201320, precisó que «el derecho a la
17 Corte Constitucional, sentencia C-066 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2018. Radicado 08001-
23-31-000-2010-00983-01(3178-15).
19 Sentencia T-085 de 2021.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
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pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado».
Por tanto, estableció que «rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29
de 201021 y noviembre 1º de 201222, en las que, en materia de sustitución pensional
se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en
ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación
de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de
beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una
posterior».
51. En este contexto, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha reconocido que23, aunque con anterioridad la jurisprudencia admitía la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, por el principio de favorabilidad, esta
postura fue rectificada con ocasión de la expedición de la sentencia del 25 de abril
de 201324. Esta última providencia, de manera expresa, dispuso lo siguiente:
[…] Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación
retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus
pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte […] se
consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que
lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que
ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153
de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se
produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo
por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el
contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley
100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir
del 1º de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho
pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que
los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron
en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más
21 Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09), M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la
que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975,
a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970.
22 Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que
se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a
pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo
Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el
complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la
Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones,
y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su
momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir,
susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa
legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio
constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005
queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
16 de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de
2013, exp. 76001-23-31-000-2007-0161101 (1605-09).
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años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su
reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición
adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012, en las que, en
materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos
acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley,
precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que
gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento
del fallecimiento del causante y no una posterior […].
52. A raíz de lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda de la
corporación ha estimado que es improcedente la aplicación retrospectiva de la Ley
100 de 199325. Asimismo, la Subsección B ha considerado que la norma aplicable
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la que esté en vigor al
momento del fallecimiento del causante26, esto es, cuando surge el derecho a la
prestación.
53. Recientemente, en la sentencia SU-082 de 202227, expedida en el marco del
análisis del régimen pensional aplicable a la fuerza pública, la Corte Constitucional
consideró que debía aplicarse la normativa vigente al momento del fallecimiento de
los conscriptos y los soldados voluntarios. Aunque analizó la aplicación del principio
de favorabilidad, determinó que esto no era posible para efectos de emplear la Ley
100 de 1993, ya que ello conllevaría a una aplicación retroactiva de la ley, que,
además, no está respaldada en el régimen especial de la fuerza pública.
54. Igualmente, la Corte Constitucional, en la providencia citada, descartó la
aplicación retrospectiva de la ley, porque para la fecha del deceso, que tuvo lugar
en 1992, no existía una norma que habilitara la posibilidad de reconocer la pensión
de sobrevivientes a favor de los familiares del fallecido.
3.4. Hechos probados relevantes
55. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 30
de marzo de 2017, exp. 05-001-23-33-000-2013-00843-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de mayo de 2017, exp. 15-001-23-33-000-
2013-00783-01.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
16 de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025), M.P Jorge Edison Portocarrero
Banguera. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 25 de julio de 2024, exp. 17001-23-33-000-2017-00888-01 (5592-2023), M.P Jorge Edison
Portocarrero Banguera.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24
de mayo de 2024, exp. 76001-23-33-000-2017-00148-01 (5265-2022), M.P Juan Enrique Bedoya Escobar.
27 M.P Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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56. La señora Dalila Arias nació el 1.° de noviembre de 195328.
57. El señor Héctor Giraldo Chica nació el 22 de julio de 195029 y prestó sus
servicios en el departamento del Quindío, como docente, a partir del 16 de febrero
de 1971, según la certificación emitida por el profesional universitario de hojas de
vida de la Secretaría de Educación Departamental, el 31 de agosto de 2016 30. De
esta situación también dio cuenta el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral, del 15 de enero de 2019, con el consecutivo núm.
058, según el cual el causante se posesionó el 16 de febrero de 197131.
58. Los señores Héctor Giraldo Chica y Dalila Arias de Giraldo celebraron
matrimonio religioso el 29 de diciembre de 1973, como se desprende del registro
civil de matrimonio con indicativo serial número 565560532.
59. El causante laboró hasta el 9 de mayo de 1986, según la certificación emitida
por el profesional universitario de hojas de vida de la Secretaría de Educación
Departamental, el 15 de enero de 201933.
60. El señor Héctor Giraldo Chica falleció el 10 de mayo de 1986, como se
desprende del registro civil de defunción, con el indicativo serial número
0460072234.
61. La accionante, el 14 de febrero de 201935, radicó reclamación ante la UGPP
en la que pidió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su condición
de cónyuge supérstite del docente fallecido, el señor Héctor Giraldo Chica, en
aplicación de la Ley 100 de 1993, por favorabilidad36.
28 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 012.1ExpedienteAdministrativo.pdf, página 114
del archivo digital.
29 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 012.1ExpedienteAdministrativo.pdf, página 64
del archivo digital.
30 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 012.1ExpedienteAdministrativo.pdf, página 101
del archivo digital.
31 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 012.1ExpedienteAdministrativo.pdf, página 113
del archivo digital.
32 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 003AnexosDemanda.pdf, páginas 18 y 19 del
archivo digital.
33 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 003AnexosDemanda.pdf, páginas 11 y 12 del
archivo digital.
34 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 003AnexosDemanda.pdf, páginas 20 y 21 del
archivo digital.
35 La fecha se desprende del sello de recibido que obra en la solicitud y en el contenido de la Resolución núm.
RDP 016182 del 28 de mayo de 2019. Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos,
1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf, link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900,
003AnexosDemanda.pdf, página 1 del archivo digital.
36 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 003AnexosDemanda.pdf, página 13 del archivo
digital.
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62. La UGPP expidió la Resolución núm. RDP 016182 del 28 de mayo de 201937
que le negó a la señora Dalila Arias de Giraldo el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes. En sustento, la entidad indicó que el causante prestó sus servicios
en el departamento del Quindío del 16 de febrero de 1971 al 9 de mayo de 1986,
como docente en secundaria. Relató que, de conformidad con las certificaciones
expedidas por la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, el causante
laboró para dicha entidad territorial desde el 16 de febrero de 1971 al 9 de mayo de
1986, con una interrupción que transcurrió del 16 de marzo de 1977 al 14 de mayo
de 1977.
63. La UGPP agregó que no era procedente efectuar el estudio de la prestación
en aplicación de la Ley 100 de 1993, porque esa norma entró en vigor el 1°. de abril
de 1994, para entes nacionales y, para los territoriales, el 30 de junio de 1995. No
obstante, el causante falleció con antelación. En consecuencia, las normas
aplicables al caso eran el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 68, el artículo 1.° de
la Ley 33 de 1985 y el artículo 1.° de la Ley 12 de 1975.
64. Con ocasión de lo anterior, la UGPP consideró que para el reconocimiento
de la pensión de vejez post mortem se exigía el cumplimiento de 20 años de servicio
de carácter oficial. Sin embargo, el señor Héctor Giraldo Chica no cumplió con este
requisito, porque verificado el expediente pensional completó un total de 5.884 días
laborados, que equivalen a 783 semanas, lo que hacía improcedente acceder a lo
pretendido.
65. Inconforme con esta decisión, la señora Dalila Arias de Giraldo interpuso
recurso de reposición y en subsidio apelación, el 17 de junio de 2019, al considerar
que no tuvo en cuenta los precedentes que habilitan la aplicación retrospectiva de
la Ley 100 de 199338.
66. La UGPP resolvió el recurso de reposición a través de la Resolución núm.
RDP 018797 del 21 de junio de 201939. Confirmó en todas sus partes la Resolución
núm. RDP 016182 del 28 de mayo de 2019, porque no se reunieron los requisitos
para acceder a la prestación post mortem y dado que la Ley 100 de 1993 es
irretroactiva.
67. Finalmente, la UGPP expidió la Resolución núm. RDP 023715 del 6 de
agosto de 201940, en la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
37 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 003AnexosDemanda.pdf, páginas 1 a 4 del
archivo digital.
38 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 003AnexosDemanda.pdf, páginas 14 a 17 del
archivo digital.
39 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 012.1ExpedienteAdministrativo.pdf, páginas 110
a 112 del archivo digital.
40 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 012.1ExpedienteAdministrativo.pdf, páginas 59
a 62 del archivo digital.
14
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actora. Indicó que la ley vigente cuando falleció el señor Héctor Giraldo Chica era la
Ley 33 de 1985, en virtud de la cual se estudió el reconocimiento pensional, sin que
se demostraran los 20 años de servicio. En este orden, no era posible aplicar la Ley
100 de 1993, lo que daba lugar a confirmar la Resolución núm. RDP 016182 del 28
de mayo de 2019.
68. En la audiencia de pruebas celebrada en el curso de este trámite judicial, el
Tribunal recibió el testimonio de la señora María Jackeline Rojas Arias. Mencionó
que la actora atendió a sus hijos y al hogar, y que su único sustento eran los ingresos
de su esposo, razón por la cual ante su fallecimiento quedó sin fuente de ingresos.
Relató que tampoco tenía una pensión. Finalmente indicó que en la actualidad su
hijo Harold es quien le ayuda41.
3.5. Caso concreto
69. En el asunto bajo análisis, la accionante en calidad de cónyuge supérstite
solicita la nulidad de los actos administrativos expedidos por la UGPP que le
negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Como fundamento de
la demanda indicó que la retrospectividad habilita la aplicación de la Ley 100 de
1993 en su caso particular, en garantía de sus derechos fundamentales.
70. También destacó que era una persona de la tercera edad, que no se
beneficiaba de una pensión y que no contaba con los medios y bienes requeridos
para subsistir. Por tanto, a juicio de la actora, no había justificación para que las 783
semanas cotizadas fueran insuficientes para acceder al derecho pensional
reclamado.
71. El Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que el derecho a la pensión de sobrevivientes se consolida al momento de
la muerte del causante, lo que permitía establecer que, como el señor Héctor Giraldo
Chica murió el 10 de mayo de 1986 y laboró por un total de 15 años, 2 meses y 24
días, no completó el tiempo exigido en el Decreto Ley 224 de 1972 para el
reconocimiento pensional a favor de la cónyuge sobreviviente.
72. Inconforme con esta decisión, la demandante interpuso recurso de apelación,
para insistir en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 y en la existencia
de situaciones que afectaban sus garantías constitucionales. En concreto, refirió
que la sentencia de primera instancia valoró indebidamente las pruebas e incurrió
en una apreciación errónea y contradictoria frente al estado de vulnerabilidad en el
que se encontraba.
41 Samai, exp. 63001333300220200004900, índice 47, 37 Audiencia_3 2022 08 05(.mp4) NroActua 47.
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73. Para resolver el recurso de apelación, se destaca que en el proceso la parte
actora probó que estuvo casada con el señor Héctor Giraldo Chica 42; y que este
último prestó sus servicios en el departamento del Quindío, como docente, a partir
del 16 de febrero de 1971 y hasta el 9 de mayo de 1986 43; y que falleció el 10 de
mayo de 198644. Finalmente, se acreditó que la demandante pidió el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, en aplicación de la Ley 100 de 1993; sin embargo,
la entidad lo negó mediante los actos administrativos demandados.
• En cuanto a la norma aplicable para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes
74. Ahora bien, se debe precisar que en atención a la fecha de fallecimiento del
señor Héctor Giraldo Chica, el 10 de mayo de 1986, la norma que gobierna el
derecho a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento de la contingencia,
es decir, la muerte del afiliado. Lo anterior, de conformidad con la sentencia de la
Sección Segunda de esta corporación del 25 de abril de 201345, que fijó como regla
que «se aplican las normas del Sistema General de Pensiones sobre convivencia
en materia de pensión de sobrevivientes, si son los preceptos vigentes para la fecha
del fallecimiento, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores».
75. En este orden de ideas, el Tribunal definió que la normativa aplicable al
presente asunto era el Decreto Ley 224 de 197246. En razón de ello, la Sala
considera que como el señor Héctor Giraldo Chica prestó sus servicios como
docente en el departamento del Quindío, a partir del 16 de febrero de 1971 y hasta
el 9 de mayo de 1986, laboró por un total de 15 años, 2 meses y 24 días, por tal
razón, según lo puso de presente el Tribunal, incumplió el requisito de 18 años
exigido por el aludido decreto.
• Sobre la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993
76. Puntualmente, en el recurso de apelación, la demandante insiste en la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, a la fecha de
42 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 003AnexosDemanda.pdf, páginas 18 y 19 del
archivo digital.
43 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 012.1ExpedienteAdministrativo.pdf, página 101
del archivo digital. Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos,
1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf, link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900,
003AnexosDemanda.pdf, páginas 11 y 12 del archivo digital.
44 Samai, exp. 63001333300220200004900, descarga de archivos, 1ConstanciaExpElectronicoOneDrive.pdf,
link usuarios Rama Judicial, SA-63001333300220200004900, 003AnexosDemanda.pdf, páginas 20 y 21 del
archivo digital.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2013, proceso con radicado 76001-23-31-
000-2007-01611-01 (1605-2009), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
46 «ARTÍCULO 7º.- En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido
para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos
diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para
el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el
hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años».
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Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-2023)
Demandante: Dalila Arias de Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
fallecimiento del señor Héctor Giraldo Chica, el 10 de mayo de 1986, esa disposición
no estaba vigente. Además, en los términos de la jurisprudencia pacífica y reiterada
de la Sección, resulta improcedente aplicar esta normativa a situaciones anteriores,
dado que ello implicaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley.
77. La condición de persona de la tercera edad, la ausencia de pensión y el
número de semanas cotizadas no constituyen causales de excepción para aplicar
retrospectivamente la Ley 100 de 1993, en materia de pensión de sobrevivientes.
78. Ahora bien, la accionante aduce que la sentencia valoró indebidamente las
pruebas allegadas al proceso, en especial, los testimonios relativos a la afectación
de sus derechos fundamentales. No obstante, revisada la sentencia de primera
instancia los medios de convicción no fueron desatendidos, pues el Tribunal los
apreció; en cambio, se apartó de la tesis de la Corte Constitucional y acogió lo
dispuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 25 de abril de 2013. En
consecuencia, defendió que era improcedente aplicar la Ley 100 de 1993 en el caso
concreto.
79. Con todo, el Tribunal puso de presente que la Corte Constitucional no se ha
pronunciado sobre la pensión post mortem regulada en el Decreto Ley 224 de 1972
y la posibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993, cuando se incumplan los requisitos
de esa norma. En ese tenor, a juicio de la autoridad judicial de primera instancia, no
se podían acoger las súplicas de la demanda por la aplicación del precedente del
superior funcional, y porque, en todo caso, no se advertía una afectación de los
derechos fundamentales de la accionante.
80. En el contexto expuesto, el Tribunal analizó las pruebas y aplicó
adecuadamente el precedente vigente del Consejo de Estado, sobre el cual se
estructuró el marco normativo y jurisprudencial consignado en esta providencia. De
esta forma, el criterio que debe prevalecer en el presente asunto es el establecido
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 25 de abril de
201347, que rectificó la postura y fijó como regla la improcedencia de aplicar de
forma retrospectiva la Ley 100 de 1993, por ser la decisión del órgano de cierre de
la jurisdicción contencioso-administrativa.
81. Este criterio ha sido reiterado por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado al afirmar la improcedencia de aplicar por favorabilidad y
retrospectividad el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 100 de 1993,
a situaciones que se consolidaron antes de su vigencia, ya que ello contrariaría el
principio de irretroactividad de la ley48.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de
2013, exp. 76001-23-31-000-2007-0161101 (1605-09).
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
24 de mayo de 2024, exp. 76001-23-33-000-2017-00148-01 (5265-2022), M.P Juan Enrique Bedoya Escobar.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16
de abril de 2026, exp. 41001-23-33-000-2019-00489-01 (3080-2025), M.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-2023)
Demandante: Dalila Arias de Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
82. Aunque la Sala no desconoce que la Corte Constitucional defendió la
retrospectividad en sede de tutela. Empero, se resalta que en la sentencia SU-082
de 2022, en el marco del análisis del régimen pensional aplicable a la fuerza pública,
descartó la aplicación de la Ley 100 de 1993 y acogió el criterio de aplicar la norma
vigente a la fecha de fallecimiento.
83. Por ende, en el ámbito del proceso contencioso-administrativo, el precedente
vinculante es el establecido en la sentencia del 25 de abril de 2013, que resulta de
obligatoria observancia. Esto hace improcedente el estudio de los antecedentes
emitidos por la corporación, que citó la demandante en su recurso de apelación,
pues estos se profirieron con antelación a la aludida providencia del 25 de abril de
2013.
• Sobre la situación de vulnerabilidad alegada por la actora
84. Igualmente, el Tribunal Administrativo del Quindío consideró que a la actora
no se le violaron sus derechos fundamentales como consecuencia de la aplicación
de la ley preconstitucional, dado que, entre otras circunstancias, solo acudió a la
administración a reclamar sus derechos en el año 2017, pese a que el deceso de
su esposo fue en el año 1986. El Tribunal ponderó las circunstancias de la
accionante que podrían justificar un tratamiento especial. Sin embargo, concluyó
que no estaba acreditada una amenaza al mínimo vital que habilitara la aplicación
de la Ley 100 de 1993.
85. Al respecto, la Sala resalta el testimonio rendido en el presente proceso, de
la señora María Jacqueline Rojas Arias, sobrina de la accionante, quien afirmó que
esta «se dedicaba a las labores del hogar […] no contaba con ninguna fuente de
ingreso» y que después del fallecimiento de su esposo «Dalila […] no trabajaba y
finalmente fue a parar a Bogotá donde un hermano que la acogió […] no tiene
pensión ni cotizó». Sin embargo, la testigo también refirió que «su hijo Harold
actualmente es el que la ayuda, le colabora a la madre»49.
86. En ese sentido, frente al reproche relativo a la indebida valoración probatoria,
la Sala pone de presente que el testimonio sí dio cuenta de las dificultades
económicas que enfrentó la demandante como consecuencia de la muerte de su
cónyuge, situación que el Tribunal observó. Si bien la señora María Jacqueline
Rojas Arias, en su declaración, mencionó que la accionante enfrentó obstáculos
para sostener a sus hijos después del fallecimiento de su esposo, a tal punto que
esta última carece de pensión o de fuentes de ingreso, lo cierto es que dichas
circunstancias no permiten configurar una excepción que posibilite la aplicación
retrospectiva de la Ley 100 de 1993.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25
de julio de 2024, exp. 17001-23-33-000-2017-00888-01 (5592-2023), M.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
49 Samai, exp. 63001333300220200004900, índice 47, 37 Audiencia_3 2022 08 05(.mp4) NroActua 47.
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Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-2023)
Demandante: Dalila Arias de Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
87. De ahí se deriva que estuvo ajustada a derecho la decisión del Tribunal, pues
valoró las pruebas, el tiempo de prestación del servicio y la oportunidad en la
interposición de la reclamación administrativa y la demanda, lo cual llevó a concluir
que tampoco existía una afectación de derechos constitucionales. Bajo este
entendido, para la Subsección el Tribunal sí valoró el testimonio en conjunto con los
restantes medios de prueba50, y concluyó que no evidencian una afectación actual,
concreta y grave de los derechos fundamentales.
88. Es de anotar que, en el presente caso, se sigue lo considerado por la
Subsección en la sentencia del 25 de abril de 2013 del Consejo de Estado y que ha
sido reiterado por esta Subsección, como se explicó en precedencia.
89. Sin embargo, en gracia de discusión, y con el objeto de responder el recurso
de apelación, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia, se resalta que los precedentes de la Corte Constitucional hacen referencia
a casos de vulnerabilidad, empero, este eventual estado no exceptúa la aplicación
del precedente de la Sala, máxime cuando se trata de un fallecimiento que ocurrió
hace 40 años.
90. Adicionalmente, el hecho relativo a que el docente haya cotizado 783
semanas no hace procedente el reconocimiento del derecho, porque como se
demostró en el proceso con las pruebas allegadas al trámite, el Decreto Ley 224 de
1972 exigía un mínimo de 18 años de servicio, que el causante no completó, ya que
solo demostró el ejercicio por 15 años, 2 meses y 24 días.
91. Por ende, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la demandante,
según el cual, si a una persona se le exigen 50 semanas en los últimos tres años
para acceder a la pensión en la Ley 100 de 1993, en su caso puntual son suficientes
las 783 semanas, ya que, se reitera, para el caso particular no estaba vigente la
citada ley para la fecha del deceso del causante. Por los motivos expuestos, ambos
problemas jurídicos se responden negativamente, lo que conduce a confirmar la
sentencia apelada.
4. Costas
92. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 51 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
50 El artículo 176 del CGP prevé que «Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o
validez de ciertos actos».
51 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse
a un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
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Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-2023)
Demandante: Dalila Arias de Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta oportunidad no se condenará en costas, porque no se
advierte que la parte haya incurrido en las anteriores conductas.
5. Conclusión
93. En suma, la norma aplicable al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante – en este
caso, el Decreto Ley 224 de 1972–, bajo la cual no se reunieron los requisitos para
causar el derecho pensional. La aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 es
improcedente conforme al precedente de esta Sección y las circunstancias
alegadas por la actora no configuran una excepción a dicha regla.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: Reconocer personería al abogado Jhonier Alejandro Trejos Valencia,
identificado con cédula de ciudadanía 1.088.261.587 y portador de la tarjeta
profesional 268.679 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderado de la UGPP, en los términos del memorial que obra en Samai en el índice
21.
Cuarto: Reconocer personería a la abogada Valentina Rincón Pérez, identificada
con cédula de ciudadanía 1.088.020.648 y portadora de la tarjeta profesional
366.458 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada
sustituta de la UGPP, en los términos del memorial que obra en Samai en el índice
21.
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 63001-33-33-002-2020-00049-01 (3912-2023)
Demandante: Dalila Arias de Giraldo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Quinto: Aceptar la renuncia presentada por el abogado Jhonier Alejandro Trejos
Valencia, identificado con cédula de ciudadanía número 1.088.261.587 y portador
de la tarjeta profesional número 268.679 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado de la UGPP, en los términos del memorial que obra en Samai en
el índice 22.
Sexto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
21
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