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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-004-2018-00050-01

Fecha
7 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-004-2018-00050-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 27 de junio de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío (sala tercera de decisión), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Luz Adriana Salazar Penagos 11 Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia contra el municipio de Armenia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-33-33-004-2018-00050-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de diciembre de 2021

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Demandante : Luz Adriana Salazar Penagos
Demandado : Municipio de Armenia
Tema : Nivelación salarial por recategorización del municipio
de Armenia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de 27 de junio de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío (sala tercera de decisión), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 13). La señora Luz Adriana Salazar Penagos,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Armenia,
para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 2359 de 15 de junio de 2017
y la Resolución 557 de 31 de agosto siguiente, a través de los cuales el
municipio de Armenia le negó la nivelación salarial por el cambio de categoría
de ese ente territorial.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte demandada reconocer y sufragar lo adeudado por concepto del
«[…] reajuste salarial que debió efectuarse por la recategorización» del
aludido municipio, que comprende «[…] los factores salariales y
prestacionales recibidos desde el año 2013», debidamente indexados; por
último, se condene en costas procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que presta sus servicios al
municipio de Armenia desde el 1º. de junio de 2012, en el cargo de «Profesional
Universitario área de salud, código 237, grado 01» (sic).

Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

Que, mediante «Acuerdo 097 del 09 de octubre de 2012, expedido por el
Concejo Municipal de Armenia», se determinó que la mencionada entidad
territorial «[…] se reclasificaría en primera categoría», conforme a la Ley 617
de 2000, a partir de la vigencia fiscal 2013, lo que incrementó las asignaciones
básicas de los cargos de alcalde, personero y contralor, sin embargo, a los demás
empleados públicos del municipio no se les realizó nivelación salarial alguna,
«[…] de conformidad con el límite máximo establecido en el Decreto 1015 del
21 de mayo de 2013».

Agrega que el 2 de junio de 2017 solicitó del municipio de Armenia el
reconocimiento del ajuste salarial, negado a través de los actos acusados.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 13 y 320 de la Constitución
Política; la Ley 4ª de 1992 y los Decretos 1015 de 2013, 185 de 2014, 1096 de
2015, 225 de 2016 y 995 de 2017.

Arguye que la Ley 617 de 2000 estableció una categorización de distritos y
municipios, en atención a su población e ingresos corrientes de libre
destinación, de acuerdo con la cual el concejo de Armenia dispuso que el
municipio sería de primera categoría, a partir de la vigencia 2013.

Que «[…] el Gobierno Nacional anualmente fija los límites máximos salariales
de los Gobernadores, Alcaldes y Empleados Públicos de las entidades
territoriales, por medio de un Decreto, de conformidad con los diferentes
niveles jerárquicos» (sic), sin embargo, «[…] la Administración Municipal, ha
evadido su responsabilidad de ajustar los salarios de sus funcionarios, en
consonancia con el ascenso de categoría que se produjo desde el año 2013».

Dice que la recategorización realizada no solo implica el aumento del salario
del alcalde, personero y contralor municipales, sino también de los demás
servidores, máxime cuando la alcaldía, a través de Resolución 763 de 2015,
reconoció la necesidad de efectuar la nivelación salarial, lo que «[…] demuestra
la aceptación tácita de responsabilidad por parte del [demandado] en la
vulneración del derecho que le asiste a los servidores públicos de mejorar sus
condiciones salariales y prestacionales».

1.5 Contestación de la demanda (ff. 156 a 182). El municipio de Armenia, a
través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió
a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos son
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Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

ciertos, otros no y los demás no constituyen situaciones fácticas. Afirmó que
«[…] en los Decretos por medio de l[o]s cuales se fijan los límites máximos
salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las
entidades territoriales, en ningún momento se ordena que a los empleados
públicos se les TIENE que fijar el tope máximo de la asignación mensual, como
lo pretende hacer ver la parte demandante, sino que advierte, que las referidas
Entidades no pueden exceder los topes máximos establecidos en los
mencionados decretos y que PODRÁ llegar hasta el tope máximo salarial, con
base en su situación fiscal» (sic).

Aduce que ha realizado los incrementos salariales anuales de sus servidores
públicos en concordancia con las políticas del Gobierno nacional y, en especial,
el comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación del
municipio, pues, además de sus gastos de funcionamiento, también debe
atender los de inversión en componentes de naturaleza social que son
prioritarios y que no le permiten aumentar el valor de la nómina.

1.6 La providencia apelada (ff. 276 a 291). El Tribunal Administrativo del
Quindío (sala tercera de decisión), mediante sentencia de 27 de junio de 2019,
negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al estimar que, «[…]
el salario de la actora se encuentra dentro del límite máximo fijado por el
Gobierno Nacional para los cargos del nivel profesional de las entidades
territoriales, salario que [...] puede ser fijado e incrementado en uso de la
potestad discrecional siempre y cuando no desconozca los límites máximos y
mínimos fijados por el Gobierno Nacional, criterio que se cumplió a cabalidad
en el sub examine pues los incrementos autorizados no fueron inferiores al
Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior ni
excedieron el tope autorizado [...] por lo que en principio puede concluirse que
la negativa a reajustar el salario de la demandante es ajustada a la
Constitución y la Ley [...]» (sic).

Sostiene que «[…] en cuanto a la presunta vulneración del derecho a la
igualdad al haberle efectuado a la demandante un incremento inferior al
permitido por la ley pese a que el Alcalde, Personero y Contralor de Armenia
se les incrementó hasta el límite máximo, la Sala considera que es
improcedente la realización del test de igualdad entre dichos funcionarios y
los demás empleados públicos adscritos al ente territorial, como es el caso de
la actora, pues se parte de situaciones fácticas diferentes ya que aun cuando
todos hacen parte del nivel directivo de la entidad conforme el Decreto 785 del
2005 [...] estos últimos son las cabezas visibles de la administración central
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Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

municipal, el primero como representante legal en un cargo de elección
popular, el segundo como representante del Ministerio Público y el último
como autoridad del control fiscal en el nivel territorial, por lo que resulta
evidente que no solo la naturaleza de los cargos ocupados por dichos
funcionarios es diferente a la de la actora sino que ciertamente puede colegirse
conforme a lo señalado en la Constitución y la Ley que ejercen funciones y
responsabilidades disímiles a las de la demandante [...]» (sic para toda la cita).

1.7 El recurso de apelación (ff. 297 a 315). Inconforme con el anterior fallo,
la actora interpuso recurso de apelación, toda vez que, con fundamento en la
recategorización del municipio, la «Asociación de Empleados Públicos del
Municipio de Armenia» presentó pliego de solicitudes tendiente a obtener la
respectiva nivelación salarial, pues se «[…] ha generado desde la vigencia del
año 2013, una constante diferencia salarial, desfavorable a la generalidad de
los empleados del ente territorial, ya que sus salarios y factores salariales SÍ
se han incrementado conforme a los porcentajes fijados anualmente por el
Gobierno Nacional, sin quebrantar los lineamientos legales que para tal efecto
se prevén, empero, no se ha otorgado la distinción que corresponde entre un
Municipio de Primera Categoría y uno de Segunda Categoría para tal efecto»
(sic).

Que «[…] la desigualdad no se advierte respecto del contenido y las
regulaciones establecidas en [los decretos reglamentarios que fijan los
máximos salariales de los servidores territoriales], sino del trato inequitativo a
través del cual, el Alcalde del Municipio y el Concejo Municipal, han
desbordado las facultades que les han sido conferidas en la Constitución y la
Ley para fijar los salarios, en cuanto se han favorecido evidentemente las
asignaciones del Personero, el Contralor y las de las del mismo Alcalde, sin
incluir a la generalidad de empleados para que obtuvieran beneficios en ese
sentido, a pesar de que el ascenso de categoría fuera una situación común y de
relevancia para todos los empleados públicos del Municipio» (sic).

Concluye que no resulta justo que el salario del alcalde municipal haya
aumentado en un 43,1% para el año 2013, mientras que el suyo lo fue solo en
un 4% y algunos cargos del nivel técnico sí fueron ajustados al tope máximo
fijado por el Gobierno nacional.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 25 de julio de 2019
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Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

(f. 318) y admitido por esta Corporación a través de auto de 4 de diciembre
siguiente (f. 325), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 331), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación1, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho al
reconocimiento de la nivelación salarial que pretende, con ocasión de la
recategorización del municipio de Armenia a primera categoría, a partir del año
2013.

3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Constancias laborales de 18 de abril de 2017 y 11 de enero de 2018 (ff. 31 a
33 vuelto), de las que se extrae que la actora presta sus servicios al municipio
de Armenia desde el 1º. de junio de 2012, en el cargo denominado «Profesional
Universitario Área salud, Código 237, Grado 01 Provisional» (sic), y devengó,
a título de asignación básica, lo siguiente:

Año Valor
2013 $2.374.100
2014 $2.443.900
2015 $2.566.100
2016 $2.791.100

1
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

2017 $3.007.400

b) Acuerdo 97 de 9 de octubre de 2012 (ff. 35 y 36), a través del cual la alcaldesa
de Armenia determinó que ese ente territorial, «[…] para la vigencia fiscal
2013, se clasifica en Categoría Primera» (sic).

c) Escrito de 2 de junio de 2017 (ff. 16 a 18), con el que la accionante solicitó
el reconocimiento de la nivelación salarial como consecuencia de la
recategorización del mencionado municipio, a partir del año 2013.

d) Oficio 2359 de 15 de junio de 2017 (ff. 21 a 22 vuelto) y Resolución 557 de
31 de agosto siguiente (ff. 27 a 30), por cuyo conducto el ente territorial
demandado negó el reajuste aludido en la letra anterior.

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la actora presta
sus servicios al municipio de Armenia desde el 1º. de junio de 2012, en el cargo
denominado « Profesional Universitario Área salud, Código 237, Grado 01
Provisional» (sic); (ii) a través de Acuerdo 97 de 9 de octubre de 2012, la alcaldía
de ese ente territorial lo clasificó en la primera categoría establecida en el artículo
2º. de la Ley 617 de 2000, para la vigencia fiscal 2013; y (iii) mediante oficio
2359 de 15 de junio de 2017, confirmado con Resolución 557 de 31 de agosto
siguiente, el aludido municipio negó el pago de la nivelación salarial solicitada
por la demandante con fundamento en la referida recategorización.

Con el fin de resolver el asunto litigioso, cabe precisar que el artículo 150
(numeral 19, letra e) de la Constitución Política determina que corresponde al
Congreso dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y principios
que debe seguir el Gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, mientras que los artículos 313 (numeral 6) y 315
(numeral 7) ibidem prevén que compete a los concejos y alcaldes municipales, en
su orden, establecer las escalas de remuneración de las distintas categorías de
empleos pertenecientes a la estructura de la administración territorial y asignar sus
emolumentos, con arreglo a los correspondientes acuerdos.

En desarrollo de lo anterior, el Congreso expidió la Ley 4ª de 19922, mediante la
cual estableció los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y

2
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y
f) de la Constitución Política».
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Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, la
Rama Judicial, el Congreso de la República y los entes de control; y respecto de
los empleados públicos del orden territorial, preceptúa en su artículo 12 que el
régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales debe
ser fijado por el Gobierno nacional, que también ha de señalar el límite máximo
salarial de estos servidores.

En ese orden, se tiene que las competencias para fijar el régimen salarial de los
empleados públicos de los entes territoriales han sido consagradas por la
Constitución y la ley de manera concurrente, por cuanto corresponde (i) al
Congreso señalar los objetivos y principios que ha de tener el Gobierno para fijar
dicho régimen; (ii) al Gobierno nacional decretar el límite máximo de sus salarios;
(iii) a los concejos municipales o distritales concretar los anteriores mandatos, con
la adopción de las escalas salariales de los empleos de sus dependencias, según su
categoría; y (iv) al respectivo alcalde adoptar las asignaciones básicas y
emolumentos salariales para cada cargo, sin exceder los límites previstos para
cada año.

En similares términos se ha pronunciado la Corte Constitucional3 que, mediante
sentencia C-402 de 2013, precisó que dicha distribución de competencias se
justifica en: «(i) la necesidad de reconocer la vigencia del principio de Estado
unitario, que impone que sea el Congreso y el Gobierno los que fijen las reglas
generales en materia de régimen salarial de los servidores públicos; y (ii) la
imposibilidad de vaciar las competencias constitucionales de las entidades
territoriales sobre la determinación de las escalas salariales y los emolumentos
de sus servidores estatales que integran la Rama Ejecutiva en ese ámbito local».

En el mismo sentido, el Consejo de Estado4, en fallo proferido el 27 de febrero de
2013, indicó que «existe una competencia concurrente respecto a la fijación de
la remuneración que como contra prestación de los servicios deben recibir los
empleados públicos del ente territorial, por cuanto si bien se respeta la
autonomía otorgada a las autoridades del orden territorial esta se encuentra
enmarcada por: i) Los principios y parámetros generales del régimen salarial
establecidas por el órgano legislativo; ii) Los límites máximos que fija el
Gobierno Nacional; iii) Las escalas de remuneración de los cargos a nivel
territorial, aprobada por las asambleas departamentales o concejos municipales,
según sea el caso en las ordenanzas o los acuerdos correspondientes».

3
Corte Constitucional, sentencia C-402 de 3 de julio de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
4
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 27 de febrero de 2013, expediente 73001-23-
31-000-2009-00102-01(0224-10), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

Por consiguiente, se concluye que la competencia de las entidades territoriales
respecto del régimen salarial de sus empleados públicos comprende la adopción
de las escalas y grados correspondientes a cada uno de los empleos de sus plantas
de personal y la fijación de las respectivas asignaciones básicas, sin exceder los
límites que el Gobierno nacional impone para cada anualidad.

En el sub lite, la demandante pretende sea ordenada la nivelación y reajuste
salarial del cargo que desempeña, con ocasión de la recategorización del
municipio de Armenia a partir del año 2013. Para desatar tal cuestión, la Sala
advierte que la categorización de las entidades territoriales encuentra su
fundamento en la Ley 617 de 2000, que prescribe:

ARTICULO 2o. CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS Y
MUNICIPIOS. El artículo 6o. de la Ley 136 de 1994, quedará así:

"Artículo 6o. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos
y municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos
corrientes de libre destinación, así:

[…]

Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000)
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000)
salarios mínimos legales mensuales.

Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000)
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000)
salarios mínimos legales mensuales.

[…]

PARAGRAFO 5o. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante
decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en
la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo
distrito o municipio.

Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las
certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre
los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente
en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la
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Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre
población para el año anterior.

Con base en dicha norma, la entonces alcaldesa de Armenia expidió el Acuerdo
97 de 9 de octubre de 2012, a través del cual, conforme a las respectivas
certificaciones de la Contraloría General de la República y del Departamento
Nacional de Estadística (Dane), dispuso que, para la vigencia 2013, el
municipio sería de primera categoría, lo que permitió un aumento en las
asignaciones básicas previstas para los empleos de alcalde, personero y
contralor, que no fue extendido a los demás empleados del ente territorial, como
pretende la actora.

Al respecto, la sección segunda de esta Corporación ha tenido la oportunidad
de pronunciarse en casos de similares contornos fácticos, frente a los que ha
concluido que la recategorización de un ente territorial no implica un ajuste
inmediato de la asignación básica de todos sus servidores. Sobre el particular,
en sentencia de 21 de mayo de 20205, la subsección A dijo:

Ahora bien, tal como lo ha precisado esta Corporación16, el hecho de
que el Municipio de Armenia haya ascendido de categoría no
implica per se que se deban incrementar los salarios de todos los
empleados que laboran para el ente territorial, pues ese superávit en
relación con los ingresos corrientes de libre destinación debe ser
designado a satisfacer todas las necesidades básicas de las personas más
desprotegidas dentro de la sociedad, esto es, el gasto social.

Si bien es cierto que en el momento de presentación de la demanda
había una diferencia entre el aumento salarial del alcalde, el personero,
y el contralor respecto de los demás servidores del ente territorial, no
por ello se puede ordenar un incremento del salario en favor del
demandante, por cuanto: (i) no se han vulnerado los topes fijados por el
Gobierno Nacional de la asignación básica mensual de los empleados
públicos de las entidades territoriales; (ii) el municipio de Armenia
actuó dentro del marco legal que le ha sido conferido por la
Constitución, y con respeto de los límites fijados en la Ley 617 de 2000;
(iii) no se ha vulnerado el principio de «a trabajo igual, salario igual»,
pues los empleos respecto de los cuales se pretende la nivelación tienen
diferentes requisitos y responsabilidades; y (iv) no se trata de
disposiciones expedidas por una misma autoridad administrativa en las
que de manera caprichosa se establezcan diferencias no justificadas,
sino de normas expedidas una por el concejo municipal, y la otra, por
la alcaldía, por lo que cada cual actuó dentro de los límites de sus
5
Consejo de Estado (sección segunda, subsección A), sentencia de 21 de mayo de 2020, expediente 63001-23-
33-000-2017-00288-01(3962-18), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
9

Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
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Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

competencias.

En este punto es necesario señalar que precisamente el concejo
municipal dentro del debate democrático establece las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos y
concretamente fijan el que corresponde al alcalde, por lo que no son de
recibo los argumentos expuestos por la parte demandante según los
cuales los miembros de esa corporación se limitan a aprobar lo que la
máxima autoridad del municipio les impone.

De igual modo, por medio de fallo de 29 de agosto de 20196, esta subsección
advirtió:

En efecto, la fijación de un límite máximo para los salarios, como lo
sostuvo esta Corporación29, obedece a la necesidad de dar
cumplimiento “(…) a la economía, eficiencia y eficacia en el gasto
público. Principio que tiene sustento constitucional y que impone a las
autoridades el deber de hacer un uso adecuado de los recursos
aportados por la comunidad, en aras de lograr los objetivos sociales
que imperan en un Estado Social de Derecho, como el nuestro. (…)”.

Por tal motivo, un municipio indistintamente de que ascienda o
descienda de categoría, debe tener en cuenta además de los topes
salariales fijados por el Gobierno Nacional, las finanzas y el
presupuesto, de manera que no comprometa su equilibrio y
sostenibilidad financiera, pues de lo contrario sería un ente insostenible
y quizás inviable.

En otras palabras, el hecho de que el Gobierno Nacional establezca
anualmente unos topes salariales para los empleados del orden
territorial, no significa que el Concejo de Armenia al determinar la
escala salarial del respectivo municipio, esté en la obligación de
estipular como remuneración para cada una de las categorías de
empleos de la entidad, el límite máximo fijado, sino que debe tener en
cuenta es que no exceda tales márgenes.

Entonces, no es posible equiparar el salario de la demandante como
Profesional Universitario, con el establecido por el Gobierno Nacional
para los empleos de los entes territoriales, toda vez que, el Concejo del
Municipio de Armenia tiene la autonomía para la fijación de este,
siendo limitante el máximo fijado por el Gobierno a través de sus
decretos nacionales y, por supuesto, las finanzas y el presupuesto. Vale
la pena citar un antecedente similar al aquí debatido y en el que se
concluyó30:

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Consejo de Estado (sección segunda, subsección B), sentencia de 29 de agosto de 2019, expediente 63001-
23-33-000-2017-00309-01(4136-18).
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Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

“(…) En ese orden de ideas, es evidente que en el sub-examine
la Asamblea podía fijar la escala de remuneración de los
empleos del nivel Departamental, entre los cuales se
encuentran los de la Contraloría, sin sobrepasar el límite que
estableció el Gobierno Nacional. Por tanto, no tiene
fundamento la petición del actor, por cuanto no es posible
sostener que se debe aplicar las mismas escalas salariales que
hayan establecido en el orden Nacional o en especial en la
Contraloría General de la República (…)”.

Bajo ese contexto, si bien es cierto, es positivo para el Municipio de
Armenia haber ascendido de categoría, ello no implica per se que se
deban incrementar los salarios de todos los empleados que laboran para
el ente territorial, pues ese superávit en relación con los ingresos
corrientes de libre destinación debe ser designado a satisfacer todas las
necesidades básicas de las personas más desprotegidas dentro de la
sociedad, esto es, gasto social.

Por consiguiente, de acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, no resulta
viable ordenar la nivelación salarial perseguida por la actora, por cuanto la
recategorización del municipio demandado no implica que los salarios de todos
sus servidores deban ser ajustados inmediatamente; el ente accionado ha fijado
las asignaciones de sus funcionarios con sustento en las competencias que la
Constitución y la ley le otorgan, sin exceder los topes establecidos por el
Gobierno nacional para cada anualidad; y no fue expuesta una situación de
desigualdad entre cargos o empleos homólogos o de la misma categoría, grado
o nivel, que pudiera derivar en una distinción negativa injustificada hacia la
interesada.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 27 de junio de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío (sala tercera de decisión), que negó las súplicas de
la demanda en el proceso instaurado por el señor Luz Adriana Salazar Penagos
11

Expediente: 63001-33-33-004-2018-00050-01 (4669-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Adriana Salazar Penagos contra el municipio de Armenia

contra el municipio de Armenia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

12

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