Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 63001-33-33-006-2023-00110-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 63001-33-33-006-2023-00110-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 63001-33-33-006-2023-00110-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD SIMPLE
Radicación: 63001-33-33-006-2023-00110-01 (29350)
Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP
Demandado: MUNICIPIO DE ARMENIA - QUINDÍO
Tema: Impuesto de Teléfonos - Hecho generador
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío,
Sala Quinta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en
costas.
ANTECEDENTES
El concejo municipal de Armenia expidió el Acuerdo 229 del 13 de diciembre de 2021,
por el cual establece el Estatuto Tributario del municipio de Armenia que, entre otros
aspectos, dispone:
«CAPÍTULO VII
IMPUESTO DE TELÉFONOS
ARTÍCULO 109. AUTORIZACIÓN LEGAL. El impuesto de teléfono se encuentra
autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915.
ARTÍCULO 110. DEFINICIÓN. El impuesto de teléfonos es un gravamen municipal, directo
y proporcional, que recae sobre de cada línea telefónica básica convencional, sin
considerar las extensiones internas.
ARTÍCULO 111. ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Los elementos que conforman el
impuesto de teléfonos, son los siguientes:
1. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Armenia.
2. SUJETO PASIVO. El propietario o poseedor de la línea telefónica instalada.
3. HECHO GENERADOR. Lo constituye la propiedad, la tenencia o la posesión de cada
línea de teléfono, sin considerar las extensiones que tenga.
4. BASE GRAVABLE. Cada línea de teléfono.
5. TARIFA. Cada línea o número de teléfono quedará gravada, mensualmente, según la
siguiente clasificación:
Sector Estrato Tarifa UVT * mes
1 0.03
2 0.06
Habitacional 3 0.10
4 0.15
5 0.25
6 0.30
Industrial N/A 0.40
Radicado: 63001-33-33-006-2023-00110-01 (29350)
Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP
Comercial – servicios N/A 0.40
Institucional N/A 0.30
PARÁGRAFO 1. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se clasifican como
especiales únicamente las líneas telefónicas de propiedad, tenencia o posesión de
hospitales y centros educativos de carácter público.
PARÁGRAFO 2. Se excluye del cobro del impuesto de teléfonos al Municipio de Armenia
y sus entidades descentralizadas.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El impuesto de Teléfonos se empezará a cobrar a partir del
1 de marzo de 2022.
ARTÍCULO 112. PERIODO DEL IMPUESTO. El impuesto de Teléfonos tendrá un periodo
de liquidación y pago mensual.
ARTÍCULO 113. LIQUIDACIÓN FACTURACIÓN Y RECAUDO. Son agentes de recaudo
del impuesto de Teléfonos en el Municipio de Armenia, las empresas que prestan el servicio
de telefonía fija a los sujetos pasivos descritos en este capítulo.
Los agentes de recaudo deberán liquidar mensualmente el impuesto en las facturas que
expidan para el cobro del servicio de telefonía o en cualquier documento que utilicen para
cobrar los servicios prestados.
El recaudo del impuesto de Teléfonos efectuado por los responsables, deberá ser
transferido al Municipio de Armenia dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al
de su recaudo. El incumplimiento de lo anterior o de cualquier otra obligación a cargo de
los agentes, dará lugar a la aplicación del régimen sancionatorio establecido por la
Administración Municipal para los agentes de retención y recaudo, sin perjuicio de la
responsabilidad penal contemplada en el artículo 402 del Código Penal.
El servicio o actividad de liquidación, facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna
contraprestación para quien lo realice ni será necesaria la suscripción de convenios, a
menos que la administración tributaria lo considere procedente.
PARÁGRAFO. El Municipio de Armenia podrá reasumir en cualquier momento la
facturación y recaudo del impuesto de Teléfonos, situación que deberá ser comunicada
oportunamente a los agentes de recaudo.
ARTÍCULO 114. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Los agentes de recaudo establecidos
en el artículo anterior, responderán solidariamente por el impuesto de Teléfono que dejen
de facturar a los sujetos pasivos del impuesto».
DEMANDA
En ejercicio del medio de control de nulidad, la sociedad demandante formuló las
siguientes pretensiones:
«PRIMERA. Que se declare la nulidad del Capítulo VII Impuesto de Teléfonos, en sus
artículos del 109 al 114 del Acuerdo No. 229 del 13 de diciembre del 2021 “POR MEDIO
DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA”
discutido y aprobado por el Concejo del Municipio de ARMENIA-QUINDÍO y sancionado
por el Alcalde de ese Municipio el 22 de diciembre del 2021.
SEGUNDA. Que con base en lo establecido en los artículos 229 y subsiguientes de la Ley
1437 de 2011 y teniendo en cuenta la razonabilidad y seriedad de la solicitud, la gravedad
y evidente violación de normas superiores, se decrete la medida cautelar de suspensión
provisional de las normas demandadas».
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Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP
Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 4, 6,123, 210, 287, 313, 338 y
363 de la Constitución Política; 32 de la Ley 136 de 1994 -modificada por la Ley 1551 de
2012-; 6 y 73 de la Ley 1341 de 2009; 110, 111, 112, 113 y 114 de la Ley 489 de 1998;
1 de la Ley 97 de 1913; y, 1 de la Ley 84 de 1915. El concepto de la violación se
resume así:
La regulación del impuesto de teléfonos por el acuerdo demandado se fundó en
categorías como «telefonía urbana» y «línea telefónica básica convencional», conceptos
que fueron eliminados del ordenamiento jurídico con la expedición de la Ley 1341 de
2009, que derogó expresamente el régimen legal de los servicios de
telecomunicaciones. Por lo tanto, la parte demandada desbordó sus competencias al
revivir tales conceptos y crear nuevos hechos generadores no previstos por el
legislador, violando los principios de legalidad, certeza tributaria y seguridad jurídica.
El Acuerdo desbordó la autorización legal conferida por la Ley 97 de 1913, al extender
su alcance frente al concepto original de «teléfonos urbanos», porque incluyó dentro de
la base gravable servicios de telefonía móvil y la VoIP, que no fueron previstos por el
legislador al autorizar el tributo. Esta ampliación del hecho generador carece de
sustento legal y vulnera la reserva de ley en materia tributaria, al tiempo que configura
una carga impositiva que no fue definida ni autorizada previamente por el Congreso.
El Acuerdo 229 de 2021 vulnera los principios de equidad, progresividad y eficiencia
tributaria, al establecer tarifas sin justificación técnica u objetiva. La determinación del
impuesto con base en criterios como la estratificación o el tipo de plan de servicios es
arbitraria, pues la estratificación se predica del inmueble y no de la capacidad
económica del usuario, y en el sector TIC no opera la Ley 142 de 1994. Presumir que
un plan de mayor valor refleja una mayor capacidad contributiva desconoce la realidad
económica de los sujetos pasivos. Por ende, imponer el tributo sobre recargas, sin
conocer su destino ni finalidad, demuestra que las tarifas se fijaron con base en
criterios subjetivos, generando cargas desproporcionadas e injustificadas.
Se impuso una carga económica a terceros ajenos a la relación tributaria, al designar
a las empresas operadoras como agentes de recaudo del impuesto, obligándolas a
facturarlo a sus usuarios, sin mediar autorización legal ni convenio formal, lo que
desconoce los principios de legalidad, competencia y debido proceso, pues la
descentralización por colaboración exige, conforme con la jurisprudencia, la existencia
de un convenio con requisitos específicos y plazo determinado, que no se acreditó.
OPOSICIÓN
El municipio se opuso a las pretensiones de la demanda, con estos argumentos:
El Capítulo VII del Acuerdo 229 de 2021 no creó un nuevo impuesto, sino que adoptó
el impuesto de teléfonos previsto en el literal i) del artículo 1.º de la Ley 97 de 1913,
disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-504
de 2002, con excepción de la expresión «y análogas», sin afectar la validez del tributo.
La Ley 1341 de 2009 se limitó a establecer principios de las tecnologías de la
información y las comunicaciones -TIC-, y a crear entidades como la Agencia Nacional
del Espectro, sin modificar la normativa fiscal. No eliminó la telefonía básica
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conmutada ni suprimió su prestación, y redefinió su régimen jurídico excluyéndola de
los servicios públicos domiciliarios y sometiéndola a la vigilancia del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC-. Así, el servicio de
telefonía básica conmutada siguió vigente, y el impuesto conservó su sustento legal.
En Colombia solo existen dos clases de telefonía: la básica conmutada -telefonía fija- y
la móvil -telefonía celular-, siendo esta última la que incorpora servicios de voz y datos.
El Acuerdo 229 de 2021 se refirió exclusivamente a la telefonía básica convencional -
equivalente a la básica conmutada-, sin incluir la móvil celular ni los servicios de datos.
La diferenciación de las tarifas según la estratificación del predio respondió a los
principios de equidad, progresividad y autonomía territorial establecido en el artículo
338 de la Constitución Política, pues el Concejo Municipal estaba facultado para fijar
los elementos del tributo, incluida la tarifa, conforme al marco constitucional.
La designación de los operadores del servicio como agentes de recaudo del impuesto
se fundó en el artículo 804 del Estatuto Tributario Nacional, norma que, según el
artículo 59 de la Ley 788 de 2002, aplica a los municipios.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
Por auto del 13 de octubre de 2023 el a quo prescindió de las audiencias inicial y de
pruebas, incorporó los elementos demostrativos aportados en la demanda y su
contestación, fijó el litigio en determinar la legalidad del acuerdo acusado, y corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones y no condenó en costas, bajo estas consideraciones:
Como el impuesto sobre teléfonos urbanos establecido en la Ley 97 de 1913 está
vigente, y la «línea telefónica básica convencional» es el equivalente funcional del
«teléfono urbano» previsto originalmente, el gravamen dispuesto en el Acuerdo 229 de
2021 recayó sobre un hecho imponible válido y amparado por el legislador.
El acuerdo no tuvo imprecisiones normativas ni violó el principio de legalidad tributaria,
y la facultad impositiva ejercida por el concejo municipal se ajustó a los límites fijados
por la ley, sin evidenciar un uso arbitrario de su autonomía. El artículo 111 del acuerdo
cuestionado definió como hecho generador la propiedad, tenencia o posesión de líneas
telefónicas fijas, sin extender el gravamen a la telefonía móvil o de datos.
La fijación de la tarifa según el estrato socioeconómico del inmueble donde se ubica la
línea telefónica reflejó los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria,
con lo cual la clasificación tarifaria, entre 0,03 y 0,40 UVT por estrato y el uso del
inmueble fueron mecanismos legítimos de distribución proporcional de la carga fiscal.
La designación de los proveedores del servicio como agentes de recaudo del impuesto
se fundó en los principios constitucionales de eficiencia y solidaridad. Dicha medida es
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una carga administrativa razonable impuesta a los particulares, y no una delegación
indebida de funciones públicas.
El concejo municipal de Armenia no requirió autorización previa de la asamblea
departamental del Quindío para imponer el tributo, toda vez que su competencia
emanó directamente de la Ley 97 de 1913.
No se impone condena en costas ni en agencias en derecho, frente a un proceso de
legalidad en abstracto.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante interpuso recurso de apelación con los siguientes argumentos:
Con la regulación del impuesto de teléfonos el concejo de Armenia aplicó nociones
derogadas y creó hechos generadores, sujetos pasivos y bases gravables inexistentes
en la legislación vigente, desconociendo los principios de legalidad y certeza tributaria.
El concepto de «línea telefónica básica convencional» ya no tiene definición precisa ni
operativa, por lo que es técnicamente inviable identificar servicios de «telefonía urbana»,
máxime frente a conceptos como la normalización de llamadas, la portabilidad
numérica o la VoIP, que modifican los criterios geográficos del servicio. En ese sentido,
el acuerdo vulnera el principio de supremacía constitucional -art. 4 CP-, al desconocer
que la ley habilitante del impuesto -Ley 97 de 1913- no contempló por las condiciones
actuales los servicios que hoy se pretenden gravar.
Además, el Acuerdo trasgrede los artículos 287.3 y 313.4 de la Constitución, pues la
facultad impositiva de los concejos municipales debe ejercerse conforme con la ley, y
establecer un tributo sobre una base inexistente hace que la norma sea ambigua, sin
respaldo legal ni precisión técnica, lo que genera inseguridad jurídica y permite gravar
hechos distintos a los autorizados por el legislador.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso se admitió por auto de 28 de octubre de 20241. Al ser innecesaria la práctica
de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para alegar -nums. 4 a 6, art 247
del CPACA-. El Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de los artículos 109 a 114 del Acuerdo 229 de 2021, «por
medio del cual se expidió el Estatuto Tributario del Municipio de Armenia», proferido por el
concejo municipal de Armenia - Quindío.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
corresponde establecer si el hecho generador del impuesto de teléfonos regulado en
1 Índice 5 de SAMAI
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el Acuerdo 229 de 2021, trasgredió los principios de legalidad y certeza tributaria -art.
338 CP-, al gravar un hecho jurídicamente inexistente y sin soporte normativo vigente.
La actora cuestiona la decisión del a quo respecto a la vigencia del concepto «telefonía
urbana», en la medida en que el Acuerdo 229 de 2021 estableció como hecho
generador del tributo la propiedad, tenencia o posesión de una «línea telefónica básica
convencional» fija o celular en el municipio. Sin embargo, este precepto no corresponde
con la realidad actual, porque las modalidades tradicionales de los servicios de
telecomunicaciones desaparecieron.
Para ello, precisó que la Ley 142 de 1994 definió el servicio de Telefonía Pública
Básica Conmutada -TPBC- y lo limitó al ámbito local. Pero, esta definición fue derogada
expresamente por el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, que eliminó la clasificación
legal de los servicios de telecomunicaciones ante la convergencia tecnológica. Por
ende, no resulta jurídicamente aceptable equiparar la transmisión de voz con la de
datos, como lo hace el acuerdo, habida cuenta de que dicha convergencia, junto con
servicios como la VoIP, transformó sustancialmente la prestación del servicio.
La Ley 97 de 1913 autorizó al concejo de Bogotá para crear el «impuesto sobre telégrafos
y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y análogas», organizar su cobro
y destinarlo a la atención de servicios municipales, sin autorización previa de la
asamblea departamental, facultad que se extendió a los demás órganos de
representación popular del orden municipal por el artículo 1.° de la Ley 84 de 19152.
En línea con el precedente jurisprudencial de la Sección3, el impuesto sobre teléfonos
urbanos, previsto en el literal i) del artículo 1.° de la Ley 97 de 1913, no ha sido
derogado. En efecto, esta disposición fue objeto de control de constitucionalidad en
sentencia C-504 de 20024 de la Corte Constitucional, que declaró su exequibilidad,
salvo por la expresión «y análogas» por falta de precisión. Por lo tanto, es una norma
vigente, exequible y plenamente aplicable, que constituye una autorización legal para
que los concejos municipales y distritales establezcan dicho tributo en ejercicio de su
autonomía fiscal, acorde a lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política.
En cuanto al hecho generador del impuesto, la Sala5 señaló que, aunque el literal i) del
artículo 1.º de la Ley 97 de 1913 presenta una redacción genérica, al referirse al
2 «ARTÍCULO 1.Los Concejos Municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que les confiere el artículo 169 de
la Ley 4 de 1913: a). Las que le fueron conferidas al Municipio de Bogotá por el artículo 1 de la Ley 97 de 1913, excepto la de que
trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las Asambleas Departamentales los hayan concedido o les concedan en lo
sucesivo dichas atribuciones».
3 Sentencias del: 9 de julio de 2009, Exp. 16544 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 21 de noviembre de
2012, Exp. 18691; 20 de junio de 2013, Exp. 16710; y 10 de diciembre de 2015, Exp. 20045 C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas
4 La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de los literales d) e i) del artículo 1.º de la Ley 97 de 1913,
que autorizaban a los concejos municipales a crear impuestos sobre alumbrado público, telégrafos y teléfonos
urbanos. Consideró que dicha autorización no transfirió indebidamente la potestad tributaria, sino que se ajustó a
los límites previstos en el artículo 338 de la Constitución Política, el cual permitía a las entidades territoriales definir
elementos del tributo dentro de los marcos legales establecidos por el legislador. En su análisis, la Corte declaró
exequibles los literales mencionados, con excepción de la expresión «y análogas», la cual carecía de la precisión
necesaria para cumplir con el principio de certeza tributaria. Sostuvo que, en tanto el Congreso creara o autorizara
un tributo territorial, las entidades territoriales podían fijar válidamente sus elementos esenciales, en ejercicio de la
autonomía fiscal que les reconoce la Constitución. En conclusión, la Corte validó la creación de tributos por parte
de los concejos municipales con fundamento en la Ley 97 de 1913, dentro del marco constitucional, y concluyó que
no existía motivo de inaplicabilidad ni nulidad de dicha norma, salvo respecto de la expresión que declaró
inexequible.
5 Sentencia del 9 de julio de 2009, Exp. 16544 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
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«impuesto sobre teléfonos urbanos», ello no impide determinar su alcance jurídico, pues
interpretando su contexto histórico y normativo, dicha expresión alude a los teléfonos
instalados en los domicilios de los habitantes de un municipio6. Esta interpretación es
armónica con el principio de legalidad en materia tributaria, pues permite identificar
con suficiencia el hecho gravado, pese a la evolución en el tiempo de los elementos
técnicos del servicio.
Y, frente a lo establecido por la Ley 1341 de 2009, invocada por la parte actora como
sustento de una presunta derogatoria del impuesto, se advierte esta disposición
responde a aspectos técnicos y regulatorios de las tecnologías de la información y las
comunicaciones -TIC-, fijó los principios rectores del sector, redefinió competencias
institucionales y organizó la provisión de servicios de telecomunicaciones.
En ese sentido, la clasificación técnica de los servicios de telecomunicaciones, incluida
la eliminación de la categoría legal de telefonía básica conmutada como servicio
público domiciliario, obedece a fines sectoriales y regulatorios, que no afectan la
validez de hechos gravables definidos previamente por el legislador.
El hecho de que nuevas tecnologías como la VoIP o los servicios de datos móvil
emergieran en el mercado y surja la convergencia digital, no implica la extinción
automática de figuras jurídicas tributarias sustentadas en normas vigentes y
declaradas exequibles. En particular, el artículo 43 de la Ley 1341 se limitó a suprimir
funciones atribuidas al otrora Ministerio de Comunicaciones y a otras entidades; sin
embargo, tal disposición no modificó, ni eliminó la existencia del tributo previsto en la
Ley 97 de 1913, por lo que no puede interpretarse como una derogatoria tácita del
impuesto sobre teléfonos urbanos, que responde al ámbito de la autonomía fiscal de
las entidades territoriales.
Así las cosas, no le asiste razón a la demandante al afirmar que el hecho gravado por
el Acuerdo 229 de 2021es inexistente o indeterminado; por el contrario, el artículo 111
del citado acuerdo estableció como hecho generador la propiedad, tenencia o posesión
de una línea telefónica básica convencional, descripción que se acompasa con el
núcleo normativo autorizado por la Ley 97 de 1913. El hecho imponible no se desdibujó
por el desarrollo tecnológico ni por la evolución del régimen regulatorio de las
telecomunicaciones, en tanto subsisten físicamente las líneas telefónicas fijas como
medio de comunicación. Además, que el texto normativo no incluyó expresamente
modalidades como la telefonía móvil celular ni los planes de datos, lo que excluye
interpretaciones extensivas sobre el alcance del gravamen.
En suma, la estructura del tributo regulado por el concejo municipal de Armenia
observó los parámetros constitucionales de certeza y legalidad tributaria, porque el
acuerdo definió con claridad los elementos esenciales del impuesto -hecho generador,
base gravable, sujeto pasivo y tarifas-, con base en una habilitación legal vigente. Así, el
análisis del contenido normativo no evidencia ambigüedad, indeterminación ni
arbitrariedad en el ejercicio de la competencia fiscal.
6 Sentencias del: de 15 de octubre de 1999, Exp. 9456 C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo; 11 de septiembre del
2006, Exp. 15344 C.P. Dra. Ligia López Díaz; reiterada en sentencia del 21 de noviembre de 2012, Exp. 18691
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
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Adicionalmente, tratándose de impuestos de carácter local, la competencia para su
creación o modificación recae en la ley, en virtud del principio de reserva legal, y no
puede entenderse sustituida por normas de naturaleza técnica, como las contenidas
en la Ley 1341 de 2009. En consecuencia, mientras no se dicte una norma posterior
de igual jerarquía que suprima expresamente la autorización conferida por la Ley 97
de 1913, los municipios conservan la facultad de establecer y reglamentar el impuesto
sobre teléfonos urbanos, en ejercicio de la autonomía fiscal reconocida en el artículo
287 de la Constitución Política
Por lo expuesto, como no se vulneraron los principios de legalidad ni a la certeza
tributaria regulados en el artículo 338 de la Constitución Política, no hay lugar a
declarar la nulidad de los artículos 109 a 114 del Acuerdo 229 de 2021. No procede el
cargo de apelación y, por tanto, se confirmará la sentencia de primer grado.
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no se condenará en
costas, atendiendo a que se ventila un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA
1.-Confirmar la sentencia del 25 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Quinta de Decisión.
2.-Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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