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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-33-40-005-2016-00462-01

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-33-40-005-2016-00462-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero, de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, el cual quedará así: SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDÍO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO y las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. ESP se encuentran vulnerando los derechos e intereses colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y a la conservación del ecosistema, a la seguridad y salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, consagrados en la Ley 472 de 1998 de los habitantes del sector de la antigua escombrera municipal, ubicada entre las carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de Circasia, por la contaminación con aguas residuales producida con la no prestación de manera adecuada y eficiente del servicio público domiciliario de alcantarillado.” 32 SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal 1.1. del numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, el cual quedará así: 31 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. 32 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 34 Radicado: 63001 33 40 005 2016 00462 01 Demandante: Carmen Rosa Martínez TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE: 1. Al MUNICIPIO DE CIRCASIA, 1.1.Intervenir de manera INMEDIATA a fin de que se tomen las medidas necesarias, que desde su competencia tenga lugar, para mitigar los impactos ambientales y sociales de la situación de contaminación evidenciada, al igual que adoptar las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas, presupuestales, financieras y demás que se requieran para garantizar en las condiciones legales de calidad, eficiencia y eficacia, el servicio de alcantarillado a […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-33-40-005-2016-00462-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

9 de febrero de 2023

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Radicado: 63001 33 40 005 2016 00462 01
Demandante: Carmen Rosa Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Expediente: 63001 33 40 005 2016 00462 01
Demandante: Carmen Rosa Martínez
Demandado: Municipio de Circasia – Quindío, Corporación Autónoma Regional del
Quindío – CRQ y Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.
Tesis: La fuente de vulneración de los derechos colectivos que fue amparada en la
sentencia recurrida no fue el inadecuado funcionamiento de la escombrera municipal
sino la ineficiente prestación del servicio de acueducto público.
No es procedente que, en la sentencia emitida en una acción popular, se impartan
órdenes a un Municipio para que lleve a cabo los trámites presupuestales, técnicos,
administrativos, económicos, así como los que sean necesarios para garantizar la
prestación adecuada del servicio público de alcantarillado en la zona objeto de
controversia y, además, reubique en una vía aledaña las tuberías existentes en el
predio en el que funcionaba una escombrera.
Es procedente que el fallo proferido en una acción popular se ordene a una corporación
autónoma regional la elaboración y ejecución de un plan que permita la
descontaminación del sector objeto de controversia.
Es cierto que el Tribunal, en la parte motiva de la sentencia recurrida, determinó que
el derecho colectivo al goce del espacio público no había sido vulnerado y pese a ello,
declaró su desconocimiento en la parte resolutiva de esa providencia.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados
judiciales del Municipio de Circasia – Quindío y de la Corporación Autónoma Regional
del Quindío – CRC, en contra de la sentencia del 8 de abril de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío.

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Radicado: 63001 33 40 005 2016 00462 01
Demandante: Carmen Rosa Martínez

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La ciudadana Carmen Rosa Martínez, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda solicitando el amparo de los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la
existencia del equilibrio ecológico, a la utilización y defensa de los bienes de uso
público y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, dando prevalencia al
beneficio y calidad de vida de los habitantes.

1.2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó:

“PRETENSIONES

Solicito señor JUEZ, teniendo en cuenta los hechos y consideraciones expuestas,
efectuar los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO. Termine toda la afectación medio ambiental que hemos padecido por
todos estos años, construyendo el parque infantil y delimitando nuestros predios,
igualmente, recibiendo un pago e indemnización por ellos.

SEGUNDO Se ordene a la entidad demandada cerrar de inmediato la escombrera
o lleno de basuras creado por este ente municipal, botadero abierto al público
existente en el sector del barrio la pilastra (Sic) del municipio de Circasia Quindío.

TERCERO. Se ordene a la alcaldía municipal de Circasia Quindío fumigue y
desyerbe el sector donde se encuentra ubicado la escombrera y las áreas
aledañas.

CUARTO. Se identifique y se acredite en el expediente, la naturaleza de este
predio en el cual funciona esta escombrera, su tradición, alinderamiento y de la
misma forma se demuestre su destinación, o si dicho predio se convirtió en un bien
de uso público del municipio de Circasia Quindío, o es propiedad del Estado,
certificando los permisos legales para su intervención, y su respectiva licencia
medio ambiental.

QUINTO. Se ordene a las entidades competentes diligencia de inspección judicial
con el motivo de clarificar según el soporte fáctico y probatorio, en cuanto a la
tradición, estudios de títulos, propiedad y naturaleza de los bienes inmuebles en la
Carrera 14 desde el número 10-50 hasta el 10-70 más o menos del sector urbano
del municipio de Circasia Quindío e identificándolos con cédulas catastrales 01-
01-0104-0021-000, 000, 01-01-0104-0024-000, 01-01-0104-0025-000 entre otras.,
y demás predios afectados por dicho relleno de escombros.

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Demandante: Carmen Rosa Martínez

SEXTO. Se ordene a la Procuraduría Ambiental competente, para que verifique los
permisos medio ambientales correspondientes y realice la inspección ocular a los
predios, en donde funciona esta escombrera municipal.”1

1.3. Como sustento fáctico de las pretensiones, adujo lo siguiente:

Manifestó que, en 1999, la Alcaldía Municipal de Circasia – Quindío, les indicó a los
residentes del Barrio La Pilastra que en varios de sus inmuebles se construiría un
parque infantil, pero que, con el paso de los años, en los patios traseros de dichos
predios el ente territorial ha vertido basuras y escombros, particularmente, en el terreno
ubicando entre la Carrera 14 y Carrera 15 de ese municipio.

Expresó que ello ha generado que en ese sector existan olores nauseabundos,
proliferación de moscos, ratas y cucarachas. Aseveró que, pese a que ha pedido una
solución de dicha problemática tanto a la Administración de Circasia como a Empresas
Públicas del Quindío (en adelante EPQ), en la actualidad, ninguna de esas entidades
ha adoptado una solución definitiva.

Alegó que en el año 2010 hubo una ruptura en la alcantarilla que circunda el terreno o
en el box coulvert de la escombrera, lo que derivó en la aparición de aguas residuales
con fuertes olores, perjudicando a los niños y adultos mayores, quienes han
presentado problemas de salud. Finalmente, aseguró que los inmuebles cercanos a la
escombrera se han desvalorizado por esa problemática.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La acción popular fue presentada el 12 de octubre de 20162 y, mediante auto del
14 de octubre de 2016, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Armenia
dispuso su admisión y ordenó notificar como parte accionada al Municipio de Circasia
y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (en adelante CRQ)3.

2.2. Por memorial del 10 de noviembre de 2016, la CRQ contestó la acción popular de
la referencia, indicando que carecía de legitimación en la causa por pasiva para

1 Visible a folio 4 del Cuaderno del Tribunal
2 Visible a folio 6 del Cuaderno del Tribunal
3 Visible a folios 12 y 13 del Cuaderno del Tribunal

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Demandante: Carmen Rosa Martínez

intervenir en el presente asunto, toda vez que lo que se pretende es el pago de unos
presuntos prejuicios que, a juicio de la accionante, fueron ocasionados por la
existencia de una escombrera, la cual fue desmantelada por esa Corporación
ambiental, luego de una vista técnica.

Agregó que, en la actualidad, el predio en el que operaba la escombrera fue recubierto
por una capa de cierre, no existen vertimientos de escombros o basuras continuos y
que, aunque comprobó que había un aproximado de un (1) metro de escombros y
residuos en el sector, éstos fueron retirados por EPQ el 9 de noviembre de 2016.

2.3. En escrito del 10 de noviembre de 2016, el Municipio de Circasia respondió la
demanda, bajo las siguientes consideraciones:

Indicó que la franja de terreno que colinda con los lotes privados en el Barrio La Pilastra
es de propiedad del municipio, y que estaba adelantando los estudios de títulos para
construir un parque infantil y una vía que le dé continuidad a la calle 11 y que conecte
la carrera 14 con la carrera 15.

Anotó que no era cierto que en la actualidad se vertieran escombros en el citado predio
y que, si bien ello era así al momento de presentación de la demanda, los desechos
fueron recogidos y no representan ningún riesgo para la comunidad.

En cuanto a la supuesta ruptura de la alcantarilla, aseguró que tal circunstancia había
acontecido en un lugar diferente al que es objeto de litigo y que la noticia periodística
que dio cuenta de ese hecho y que fue solicitada como prueba en la demanda,
señalaba que el mismo ocurrió por la acumulación de basuras provenientes de una
empresa de reciclaje en otro sector.

Finalmente, propuso la excepción que denominó como “inexistencia de derechos
fundamentales vulnerados”, bajo el argumento que no había ejecutado ninguna
actividad que vulnerara los derechos colectivos invocados y que, contrario a lo
afirmado en la demanda, en el anotado lote realizaba tareas permanentes de
mantenimiento para evitar efectos negativos en la salud de los pobladores o en el
ambiente.

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Demandante: Carmen Rosa Martínez

2.4. En escrito del 18 de noviembre de 2016, las señoras Diana Patricia Arias y Doris
Jiménez allegaron una solicitud de coadyuvancia a la demanda4.

2.5. A través de auto del 25 de noviembre de 2016, el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito de Armenia ordenó la vinculación de EPQ como parte demandada5.

2.6. En oficio del 19 de diciembre de 2016, las EPQ, respondió el escrito demandatorio,
indicando que era cierto que en el sector objeto de controversia existía una escombrera
y que ésta había afectado la prestación óptima del servicio de alcantarillado en el Barrio
La Pilastra. Sin embargo, resaltó que ha realizado el mantenimiento de las redes y que
ha atendido oportunamente los problemas relacionados con las mismas.

Aseveró que no se le puede exigir la construcción de un parte infantil ni la verificación
de los títulos de los predios y los usos de suelos, debido a que ello era del resorte del
municipio accionado.

Indicó que la demanda no había cumplido con la carga probatoria en cabeza del
demandante, por lo que se había infringido lo previsto en el artículo 30 de la Ley 472
de 1998.

Por último, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo
el argumento que dicha empresa no había vulnerado ninguno de los derechos
colectivos invocados en el libelo introductorio, y planteó una excepción genérica, en la
que solicitó decretar de oficio cualquier medio exceptivo que se advierta o resulte
probado en el proceso.

2.7. El día 5 de junio de 2017, se celebró la audiencia de pacto de cumplimiento, que
fue declarada fallida, como quiera que las partes no acordaron ninguna fórmula de
arreglo.

4 Visible a folio 47 y 79 del Cuaderno del Tribunal, respectivamente.
5 Visible a folio 53 del Cuaderno del Tribunal.

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Demandante: Carmen Rosa Martínez

2.8. En auto del 10 de agosto de 2017, se ordenó vincular como terceros con interés
en las resultas del proceso a los ciudadanos Leiber Quinceno Méndez, María Magola
López de Largo, María Fabiola López Carvajal, María Ofir López de García, Sinforiana
Restrepo Quinceno, María Gracia López de Ocampo, Luis Ernesto Martínez Martínez,
Jorge Enrique Suarez y Linderberg Valencia Betancourt, dada su condición de
propietarios de los predios colindantes con el inmueble que servía como escombrera.

2.9. Mediante escrito del 19 de septiembre de 2017, el ciudadano Leiber Quiceño
Méndez respondió la demanda, coadyuvando las pretensiones del libelo introductorio
y agregando los siguientes reparos:

Manifestó que, el 13 de julio de 2001, a solicitud de la Alcaldía Municipal de Circasia,
varios propietarios de los inmuebles ubicados entre las carreras 14 y 15 con calles 10
y 11, suscribieron una autorización para que dicho ente territorial desarrollara el
proyecto de adecuación de la escombrera municipal. Mencionó que el 11 de
septiembre de ese año se iniciaron ante la CRQ los trámites correspondientes para la
obtención de la licencia ambiental.

Anotó que, en Resolución No. 1084 de 2001, fue conferido el aludido instrumento
ambiental. Agregó que en el estudio de impacto ambiental que sirvió de soporte para
la expedición de ese acto se indicó que correspondía al Municipio realizar los
procedimientos necesarios para proteger la tubería existente, así como establecer el
sistema para la evacuación de las aguas lluvias.

Expuso que, entre los años 2009 y 2010, la Administración Municipal realizó obras de
adecuación sobre la escombrera, lo que generó el colapso de la tubería de
alcantarillado que une (2) dos recámaras, de manera que las aguas negras quedaron
a la intemperie.

Advirtió que, como solución temporal a dicha problemática, las EPQ, sin autorización
del entonces propietario del lote ubicado en la carrera 15 con calle 11, desvió el
desagüe, para conectarlo con la recamara ubicada en la calle 11. Adujo que, en
consecuencia, le ha sido imposible avanzar con las obras de construcción que tenía
proyectadas en el lote de su propiedad ubicado en la Carrera 15 No. 11-15.

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Radicado: 63001 33 40 005 2016 00462 01
Demandante: Carmen Rosa Martínez

Por otro lado, aseguró que otro predio ubicado la Carrera 15 No. 10-56 de su
propiedad, no tiene ningún tipo de alcantarillado, no presenta represamientos de agua,
no se usa como vertedero de escombros y nunca se ha usado como basurero.

2.10. El señor Jorge Enrique Suarez, en memorial del 17 de octubre, indicó que era
titular del derecho de dominio del inmueble ubicado en la Carrera 14 con Calle 11,
esquina 10-64, el cual, a su juicio, ha sufrido distintas afectaciones por la presencia de
carretilleros o personas dispuestas a arrojar escombros a cinco (5) metros de su
vivienda y por los malos olores, insectos y roedores. Agregó que su vivienda ha sufrido
dilataciones en las paredes por la maquinaria pesada que frecuenta el lugar.

En consecuencia, pidió que se autorice la “indemnización por los daños y perjuicios
acaecidos y descritos”6

2.11. A su vez, el señor Luis Ernesto Martínez Martínez, en su condición de
propietario del predio identificado con matrícula inmobiliaria no. 280130751, indicó que
ha sido afectado por el “descuido de la administración municipal de Circasia Quindío
por dejar llenar de basuras y escombros mi propiedad, hasta el punto de que este
relleno de escombros causó un detrimento ambiental y un impacto visual sobre mi
terreno y dificulta la proyección económica de mi casa”7

Adicionó que la ocupación del sector por escombros hizo que el terreno cediera y
afectara a las tuberías de alcantarillado y que, pese a que ha construido cercas en
alambres de púas para impedir que se sigan depositando basuras en el patio de su
vivienda, las mismas son derribadas y se ha continuado con dicha actividad8.

2.12. Por su parte, la señora Yolanda Moreno Arias, propietaria del predio que
aparece con la matrícula inmobiliaria no. 280-0091282, coadyuvó la demanda9. En

6 Visible a folios 315 y 316 del Cuaderno del Tribunal.
7 Visible a folio 320 del Cuaderno del Tribunal.
8 Visible a folios 320 y 321 del Cuaderno del Tribunal.
9 Visible a folio 325 del Cuaderno del Tribunal.

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Demandante: Carmen Rosa Martínez

similar sentido, hizo lo propio el señor Linderberg Valencia Betancourt, quien actuó
en el presente asunto a través de curador ad litem10

2.13. Mediante auto del 6 de abril de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Armenia declaró su falta de competencia funcional y ordenó la remisión
del asunto al Tribunal Administrativo del Quindío11. No obstante, en providencia del 17
de abril de 2018, ésta última corporación judicial declaró que no era competente para
conocer del presente asunto y ordenó devolver el expediente al Juez de
conocimiento12.

2.14. La señora Sinforiana Restrepo Quinceno, actuado a través de curador ad litem,
coadyuvó la demanda manifestando que, en visita al predio de la anotada ciudadana,
encontró que se encuentra limpio, debido a que las personas que arrojan escombros
pueden ser multadas con quinientos mil pesos ($500.000)13..

2.15. El día 20 de febrero de 2019 se llevó nuevamente la audiencia de pacto de
cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de acuerdo entre las partes14.

2.16. En auto del 28 de febrero de 2019 se abrió a pruebas el proceso 15 y en
providencia del 26 de agosto de ese año, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión16.

2.17. En sentencia del 10 de septiembre de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito emitió sentencia de primera instancia, en la que amparó los derechos
colectivos invocados en la demanda. En contra de la precitada decisión, la parte actora
y el Municipio de Circasia interpusieron recurso de alzada.

10 Visible a folios 410 a 416 del Cuaderno del Tribunal
11 Visible a folios 347 y 348 del Cuaderno del Tribunal
12 Visible a folios 354 y 358 del Cuaderno del Tribunal
13 Visible a folios 410 a 411 del Cuaderno del Tribunal
14 Visible a folio 459 del Cuaderno del Tribunal.
15 Visible a folios 461 a 462 del Cuaderno del Tribunal
16 Visible a folio 527 del Cuaderno del Tribunal

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2.18. En proveído del 13 de diciembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Quindío
admitió los recursos de alzada17 y en auto del 20 de febrero de 2020, corrió traslado
para que las partes alegaran de conclusión18.

2.19. En providencia del 1 de septiembre de 2020, el Tribunal declaró que el citado
Juzgado carecía de competencia para tramitar el asunto de la referencia y, en
consecuencia, invalidó el fallo de primera instancia19.

2.20. En auto del 17 de noviembre de 2020, la mencionada corporación judicial ordenó
emplazar a las señoras María Magola López de Largo, María Fabiola López Carvajal,
María Ofir López de García y María Graciela López Ocampo y en proveído del 12 de
enero de 2021, les fue asignado un curador ad litem, quien, en escrito del 18 de ese
mismo mes y año, coadyuvó las pretensiones de la demanda.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío dictó
sentencia el día 8 de abril de 2021, en cuya parte resolutiva dispuso:

“FALLA:

PRIMERO: ACÉPTESE el impedimento manifestado por el Magistrado
ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En consecuencia, SEPÁRESE del conocimiento del presente
proceso.

SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDÍO, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO y las EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. ESP se encuentran vulnerando los derechos
e intereses colectivos al goce del espacio público, a la existencia del equilibrio
ecológico y a la conservación del ecosistema, a la seguridad y salubridad pública,
al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al
acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes, consagrados en la Ley 472 de 1998 de los
habitantes del sector de la antigua escombrera municipal, ubicada entre las
carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de Circasia, por la
contaminación con aguas residuales producida con la no prestación de manera
adecuada y eficiente del servicio público domiciliario de alcantarillado.

17 Visible a folios 592 a 594 del Cuaderno del Tribunal
18 Visible a folios 648
19 Visible a folios 1095 a 1097 del Cuaderno del Tribunal

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TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE:

1. Al MUNICIPIO DE CIRCASIA,

1.1.Intervenir de manera INMEDIATA a fin de que se tomen las medidas
necesarias, que desde su competencia tenga lugar, para mitigar los impactos
ambientales y sociales de la situación de contaminación evidenciada, al igual que
adoptar las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas,
presupuestales, financieras y demás que se requieran para garantizar en las
condiciones legales de calidad, eficiencia y eficacia, el servicio de alcantarillado a
los habitantes del sector de la antigua escombrera municipal, ubicada entre las
carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de en coordinación con
las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. ESP y las órdenes dadas a esta,
concediendo un término de un (1) mes para rendir un informe en donde se indique:
El diagnóstico de la situación; las causas que lo generan; las medidas inmediatas
para la mitigación de impactos; y el tiempo estimado para tal fin, otorgando un
plazo máximo para su ejecución de tres (3) meses, para lo cual se presentará un
cronograma con actividades y tiempos discriminados para su seguimiento. Los
plazos contaran desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

1.2. Presentar el plan de interventoría ambiental de la fase de cierre y rehabilitación
de la Escombrera Municipal, en el que conste el cumplimiento de las actividades
señaladas en el Plan de Manejo Ambiental. En dicho plan deberá incluirse el
estudio para la relocalización de la tubería existente trasladándola hacia las vías
adjuntas al terreno, como lo establece la licencia ambiental. Para lo cual se otorga
el término de dos (2) meses. Una vez presentado dicho plan, ejecutar las obras
que de el mismo se deriven dentro de los seis (6) meses siguientes. Los plazos
contaran desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

1.3. Cumplir con las órdenes dadas en asocio con los demás demandados y en
concordancia con las obligaciones impuestas a cada uno en la presente sentencia.

2. A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO,

2.1. Elabore un Plan de Descontaminación del sector de la antigua escombrera
municipal, ubicada entre las carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La
Pilastra de Circasia, donde se vierten sin tratamiento las aguas residuales, en
asocio con el Municipio de Circasia y Empresas Públicas de Quindío S.A. ESP.

Dicho plan deberá contener las medidas preventivas, correctivas y de seguimiento,
buscando la minimización de los impactos producidos por la contaminación; así
como, monitoreos ambientales periódicos, medidas de evaluación, control y
seguimiento ambiental; el procedimiento sancionatorio; campañas de socialización
del plan con los demás actores involucrados en la protección del medio ambiente
y con la comunidad, entre otras que sean necesarias.

Para el cumplimiento de las anteriores órdenes, la CRQ contará con el término de
hasta un (1) mes para la elaboración del plan y de un plazo de tres (3) meses para
su ejecución, contados desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
2.2. De manera inmediata de apertura de un proceso sancionatorio por el
vertimiento de aguas residuales de tipo domestico sin tratamiento sobre el lote de
terreno conforme a la visita realizada el 3 de noviembre de 2016. El mencionado
proceso deberá ser fallado de forma célere.

3. A las EMPRESAS PÚBLICA DEL QUINDÍO S.A. ESP,

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Demandante: Carmen Rosa Martínez

3.1. Realice un estudio sobre el estado real y actual del sistema de alcantarillado
y tomar las acciones a que haya lugar para garantizar la estabilidad de la
infraestructura y el funcionamiento del sistema de alcantarillado en condiciones
óptimas en el sector de la antigua escombrera ubicado entre las carreras 14 y 15
con calles 10 y 12 de Circasia; en el término de un (1) mes contado desde la
ejecutoria de la presente providencia.

3.2. De otra parte, para que adopten las gestiones técnicas, administrativas,
interadministrativas, presupuestales, financieras y demás que se requieran para
ejecutar de manera coordinada con el Municipio de Circasia, las obras necesarias
que arroje el estudio anterior; conforme al Reglamento Técnico de Agua Potable y
Saneamiento Básico vigente, y demás normas técnicas y legales aplicables. Para
el cumplimiento de esta orden la accionada contará con el término de tres (3)
meses contados desde la fecha en que sean entregados los productos de la
consultoría contratada para el diseño de la solución.

3.3. Cumplir con las órdenes dadas en asocio con los demás demandados y en
concordancia con las obligaciones impuestas a cada uno en la presente sentencia.

CUARTO: INTÉGRESE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, el que estará
conformado por el Magistrado ponente quien lo presidirá; el Procurador Judicial
Delegado ante este Tribunal; la demandante; un delegado del municipio de
Circasia, un delegado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ; y
un delegado de Empresas Públicas del Quindío S.A.ESP. Comité que se
constituirá dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia y
revisará los informes mensuales que presente cada entidad previo a la realización
de la reunión a la que se cite y hasta el efectivo cumplimiento de todas las órdenes
y obligaciones impuestas.

QUINTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto.

SEXTO: Para los fines indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por
secretaría REMÍTANSE las copias pertinentes a la Defensoría del Pueblo.

SÉPTIMO: En firme este fallo, CANCÉLESE su radicación, y devuélvase el
expediente al Juzgado de origen, previa anotación en el Sistema Informático de
Administración Judicial Siglo XXI.”20

1.2. Luego de referirse de manera general al régimen para la prestación de los
servicios públicos y al alcance de los derechos colectivos invocados en la demanda,
indicó que, de la lectura de los hechos de la demanda, no era posible extraer una
vulneración de los derechos colectivos a la moralidad pública y al goce del espacio
público, por lo que denegó su amparo.

1.3. Por otro lado, en cuanto a los derechos colectivos a la prestación del servicio
de aseo y alcantarillado, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad y el acceso a los servicios

20 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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públicos y a que su prestación sea eficiente, afirmó que podrían verse amenazados
por la operación deficiente de la escombrera y la posible contaminación por el derrame
de las aguas residuales, que causan malos olores y la propagación de vectores en el
sector ubicado entre las carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del Barrio La Pilastra.

Tras referirse al material probatorio obrante en el plenario, indicó que la actividad de
recepción de escombros fue suspendida en el año 2017 y que, antes de dicha fecha,
ésta era llevada a cabo en el lote habilitado para esos efectos por el Municipio. Sin
embargo, anotó que para el año 2019 el citado inmueble seguía presentando
problemas de acumulación de aguas residuales, debido a dos (2) recámaras de aguas
negras colapsadas, que han sido un foco para la proliferación de roedores y vectores.

Anotó que, pese a que EPQ realizaba labores de limpieza y succión de líquidos en el
citado inmueble, la rotura de las recamaras no fue solucionada, puesto que, como esa
misma entidad reconoció, no hubo control de los residuos arrojados y las cámaras
quedaron tapadas por escombros, lo que impidió la limpieza de las redes que tienen
profundidades superiores a diez (10) metros.

Dijo que, de lo anterior, también, dio cuenta la CRQ, que, en visita del 15 de marzo de
2019, localizó dos (2) recámaras de aguas residuales domésticas, sin tapas y
separadas doce (12) metros entre sí. Agregó que no existía tubería para conectarlas y
que las aguas alcanzaban la superficie, generando fuertes olores y empozamientos.

Aseguró que en la actualidad existe una ineficiente operación del sistema de
alcantarillado que cruza el sector, lo que ha generado la contaminación ambiental de
los recursos aire y suelo y consecuentemente, riesgos para los habitantes del sector,
de manera que estaba acreditada la vulneración de los derechos colectivos invocados
en la demanda.

Argumentó que, aunque se desconocen las causas de la ruptura y el colapso de la red
de alcantarillado, lo cierto es que las entidades accionadas eran conscientes que éstas
debían ser manejadas adecuadamente e incluso reubicadas por el funcionamiento de
la escombrera municipal. Agregó que incluso en el PMA aprobado en la licencia
ambiental de dicho proyecto se indicó que, para la operación de la misma, era

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necesario realizar actividades preliminares como un estudio hidrosanitario y la
adecuación y manejo de aguas.

Expuso que el Municipio y la CRQ sabían que en el terreno había una tubería que
debía ser relocalizada hacia las vías adjuntas y que, además, debían monitorear y
hacer seguimiento al estado de los elementos de la línea base ambiental para
comprobar el mejoramiento de los recursos naturales y corregir oportunamente
cualquier impacto significativo y que, pese a ello, nunca efectuaron una solución
definitiva al problema de la contaminación por las aguas residuales.

Explicó que, pese a la CRQ se percató de esa situación en 2016, no ha iniciado
ninguna actuación tendiente a procurar la defensa del medio ambiente ni ha dado
apertura a algún proceso sancionatorio.

En consecuencia, declaró como responsables de la vulneración de los derechos
colectivos invocados al Municipio de Circasia, a la CRQ y a las Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P.

Finalmente, indicó que las pretensiones relacionadas con la identificación del predio
donde funciona la escombrera, su tradición, alinderamiento, propiedad y naturaleza,
así como la indemnización de los perjuicios que se causaron como consecuencia de
la actitud omisiva de las entidades demandadas, desbordaban el objeto de la acción
popular, pues en ésta se busca la protección de los derechos e intereses colectivos y
que, por ende, no se realizó ningún análisis relacionado con la salvaguarda del orden
jurídico abstracto y con el restablecimiento de derechos.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. El Municipio de Circasia - Quindío presentó recurso de apelación en contra de
la sentencia de primera instancia, esgrimiendo los siguientes argumentos21:

21 Folios 1655 a 1667, cuaderno 9.

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Manifestó que, pese a que en la parte motiva de la sentencia recurrida se explicó que
no se encontraba probada la vulneración al goce del espacio público, en la parte
resolutiva de dicha decisión sí fue condenada por ello.

Por otro lado, advirtió que, desde la radicación de la demanda, se evidenciaron y se
probaron los inconvenientes sufridos por los habitantes de la escombrera, pero que,
gracias a los esfuerzos que han sido efectuados por ese ente territorial a partir del año
2020, esas afectaciones desaparecieron, pues en el sector se construyó un parque
infantil al que se le hace mantenimiento rutinario, razón por la cual, había acontecido
el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado. Agregó que el citado
parque se realizó con apego a la fase de cierre y rehabilitación de la escombrera y que
no afectó a los predios colindantes.

Sostuvo que, en todo caso, para el momento en que funcionó la escombrera, la misma
contaba con los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes.

Reiteró que en la actualidad el hecho que dio lugar a la interposición de la demanda
fue superado y que incluso en la declaración del señor Hernán Quinceno Méndez se
manifestó que la escombrera no era el problema que condujo a la interposición de la
demanda, sino el colapso de la tubería y el empozamiento de las aguas, sin que ello
fuera valorado por el Tribunal en la sentencia recurrida.

Por otro lado, como petición subsidiaria, indicó que, en caso de comprobarse la
vulneración de los derechos colectivos por el mal funcionamiento de las redes de
acueducto, las órdenes de la inversión de recursos deben ir destinadas a EPQ, dado
que ese ente territorial únicamente es competente para efectuar actividades de mera
supervisión y/o coordinación.

Aseveró que el artículo 5 de los estatutos de dicha sociedad contemplaron que su
objeto social es, entre otras, la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado, y que el literal d) del artículo 5 ibidem determinó que debe realizar la
construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura de los servicios a su
cargo. Por ende, a su juicio, las responsabilidades que le fueron impuestas en la

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sentencia debieron ser impartidas exclusivamente a la anotada empresa de servicios
públicos.

4.2. A su vez, la CRQ interpuso recurso de apelación esgrimiendo que “la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, si bien es cierto es una autoridad ambiental, no le
corresponde la elaboración de un plan de descontaminación para el caso que nos
ocupa pues en principio le correspondería al Municipio de Circasia Q. (Sic), o en su
defecto a las Empresas Públicas del Quindío que es el prestador del servicio de
alcantarillado en ese municipio, aunque la corporación podría colaborar y prestarle
asesoría a dicha entidad en la elaboración del plan de descontaminación.”22

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Mediante auto del 19 de mayo de 2021, el Despacho admitió los recursos de
apelación y, en proveído del 6 de julio de ese año, prescindió del traslado para alegar
de conclusión en aplicación de lo previsto en numeral 5 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), aplicable al presente asunto por la remisión que autoriza el artículo 44 de la
Ley 472 de 1998.

5.2. A través de memorial del 12 de julio de 2021, la Procuraduría Primera Delegada
ante el Consejo de Estado, rindió concepto en los siguientes términos23:

Luego de precisar el marco constitucional de las acciones populares, sostuvo que, de
la revisión del material probatorio, era posible evidenciar que el sector en el que operó
la escombrera de Circasia existía contaminación generada por la exposición de aguas
residuales domésticas por cuenta de la deficiente operación del sistema de
alcantarillado. Así, indicó que los reparos expuestos por el municipio recurrente,
referidos a que construyó un parque infantil, en nada permitían inferir si se había
cesado la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda.

22 Visible en el índice número 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
23 Visible en el índice número 13 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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Dijo que dicho ente territorial debía cumplir con las órdenes a su cargo, dado que le
correspondía velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y el
saneamiento ambiental, de acuerdo con los artículos 311, 365 y 365 Superiores, 3.5.
de la Ley 136 de 1994 y con el numeral 5.1. del artículo 5 de la Ley 142 de 1994.

Manifestó que las entidades demandadas no han asumido sus responsabilidades
constitucionales y legales, por lo que no se ha podido conjurar la crisis objeto de
controversia y que, en la actualidad, aún persiste la trasgresión de los derechos
invocados.

Finalmente, frente al recurso de apelación interpuesto por la CRQ, explicó que no le
asistía razón a esa autoridad ambiental, debido a que, conforme a lo previsto en el
numeral 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las corporaciones regionales
ambientales tienen dentro de sus funciones ejecutar, administrar, operar y mantener,
en coordinación con los entes territoriales, proyectos, programas de desarrollo
sostenible y obras cuya realización sea necesaria para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de
los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos en las acciones populares.

6.2. Hechos

6.2.1. A través de Resolución No. 1084 del 8 de noviembre de 2001, la CRQ otorgó
licencia ambiental al Municipio de Circasia – Quindío, para el funcionamiento de una
escombrera en un inmueble de propiedad de ese ente, ubicado entre las carreras 14
y 15 con calles 10 y 11 del Barrio La Pilastra.

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6.2.2. Como consecuencia del funcionamiento de la escombrera, en el año 2010 se
rompieron (2) redes de alcantarillado, generando la exposición de aguas residuales y
de vectores.

6.2.3. La señora Carmen Rosa Martínez, inconforme con el mal estado de dicha
escombrera, los malos olores y la presencia de vectores, presentó la acción popular
de la referencia, pretendiendo la protección de los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico, a
la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, dando prevalencia al beneficio y calidad de vida de los
habitantes.

6.2.4. En sentencia del 8 de abril de 2021 dictó sentencia de primera instancia en la
que amparó parcialmente los derechos colectivos invocados en la demanda.

6.2.5. En contra de la precitada decisión el Municipio de Circasia – Quindío y la CRQ
presentaron recurso de apelación.

6.3. Planteamiento

Al respecto, la Sala observa que las partes concuerdan respecto a que: (i) en el predio
ubicado entre las carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del Barrio La Pilastra de propiedad
del ente territorial demandado funcionó la escombrera municipal, (ii) que en ésta se
realizó un manejo inadecuado de residuos lo que llevó a su cierre, y (iii) que colapsaron
dos (2) recámaras de alcantarillado por las actividades desempeñadas en el citado
inmueble, ocasionando que las aguas lluvias salieran a la superficie y provocaran la
presencia de vectores y malos olores.

Sin embargo, presentan desacuerdo en las razones que llevaron al Tribunal a amparar
los derechos colectivos en la sentencia de primera instancia, pues, para el Municipio
de Circasia, en la providencia impugnada se encontró acreditada su vulneración por el
mal funcionamiento de la escombrera municipal, aspecto éste que, asegura, fue

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superado, debido a que en dicho terreno se construyó un parque infantil, por lo que, a
su juicio, aconteció el fenómeno de carencia actual de objeto; mientras que, para el
Ministerio Público, la fuente de vulneración de los derechos colectivos no era el
inadecuado funcionamiento de ésta, sino el ineficiente manejo que se ha dado a las
redes de alcantarillado, pues, estando en operación la anotada escombrera, se
rompieron dos (2) recámaras de aguas residuales domésticas, generando
contaminación, malos olores y la aparición de vectores.

Por otro lado, controvierten sobre la competencia para el cumplimiento de las órdenes
puntualizadas en la sentencia que se apela, pues, para el Municipio de Circasia, las
que le fueron impuestas y que implicaban erogaciones económicas debieron ser
asumidas por EPQ, dado que dicha entidad es la encargada de prestar el servicio de
alcantarillado en el sector objeto de controversia; mientras que el Ministerio Público es
del criterio que, en virtud de lo previsto en los artículos artículos 311, 365 y 365
Superiores, 3.5. de la Ley 136 de 1994 y con el numeral 5.1. del artículo 5 de la Ley
142 de 1994, el citado municipio debía acometer las obras que garantizan la prestación
adecuada del servicio público de alcantarillado, máxime cuando era el responsable de
la escombrera en el sector en el que se produjeron los daños en las redes de
alcantarillado y no había efectuado ninguna acción tendiente a solucionar esa
problemática.

Por su parte, la CRQ reprocha que no tiene facultades para elaborar plan de
descontaminación del sector en el que funcionaba la escombrera municipal, pues, a
su juicio, únicamente puede prestar la asesoría para su elaboración ya sea al Municipio
o a la empresa de servicios públicos; por su parte, el Ministerio Público alega que dicha
autoridad ambiental sí tiene facultades para elaborar el anotado plan, de conformidad
con lo previsto en el el numeral 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Finalmente, se advierte que discrepan frente a la congruencia del fallo de primera
instancia, pues, para el Municipio de Circasia, pese a que en la parte motiva de dicho
fallo se indicó que no se encontraba probada la vulneración del derecho colectivo al
goce de un espacio público, la misma sí fue declarada en la parte resolutiva de la
decisión.

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Los citados problemas pasarán a resolverse en el orden que sigue a continuación:

6.4. Análisis de la Sala

6.4.1. Generalidades de la acción popular

De acuerdo con su definición constitucional - artículo 88 de la Constitución Política- y
legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución y la
ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades o particulares que hayan
violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende, a la luz de lo
dispuesto por los artículos 2 y 9 ibidem, la acción popular se ha calificado como un
medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio,
dependiendo de las particularidades del caso.

6.4.2. De la controversia frente a las causas que llevaron al amparo de los
derechos colectivos en primera instancia

Pues bien, en este punto, la Sala tendrá que resolver si la fuente de vulneración de los
derechos colectivos que fue amparada en la sentencia recurrida fue el inadecuado
funcionamiento de la escombrera municipal. En caso de que la respuesta a dicho
interrogante sea afirmativa, tendrá que definirse si existe carencia actual de objeto por
hecho superado por la construcción del parque infantil en el sector en que ésta
funcionaba.

Así, lo que se advierte de la lectura de la providencia impugnada, es que el
funcionamiento de la escombrera no fue la razón que llevo a proferir la mencionada
providencia, pues el Tribunal entendió que la misma dejó de operar en el año 2016 y
que, en la actualidad, se habían dejado de arrojar escombros o residuos en el lugar.
Por el contrario, fue el colapso de las recámaras de las redes alcantarillado, los malos

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olores y la presencia de vectores, lo que produjo que se encontrara una amenaza a
los anotados derechos e intereses colectivos y se emitieran las órdenes en contra del
ente territorial recurrente.

En efecto, en la parte considerativa de la sentencia recurrida se dijo:

“De acuerdo a lo expuesto, se concluye en primer lugar que, la actividad de
recepción de escombros fue suspendida desde el año 2017 en el lote de terreno
habilitado por el Municipio para operar como escombrera municipal, ubicado entre
las carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de Circasia, pues en
años posteriores se no observó acumulación de residuos sólidos que puedan
generar problemas sanitarios a la comunidad, aunado que en el mismo se
construyó un parque infantil.

En segundo lugar, se encuentra acreditado en el proceso que para el año 2019
aun persistía presentando problemas de acumulación de aguas residuales debido
a dos recámaras de aguas negras colapsadas; siendo lo anterior un foco para la
proliferación de roedores, vectores, aves carroñeras y olores ofensivos, lo que
conlleva a afectaciones ambientales y de seguridad de los habitantes del sector; y
pese a las labores de limpieza y succión realizadas por EPQ SA ESP, continuaba
la obstrucción en la cámara inmediatamente anterior a la cámara donde se realizó
la rotura, como bien lo manifestó el Gerente de EPQ en Oficio No. 10600-2019
271281211del 27 de marzo de 2019; sumado a ello, puso de presente que la
problemática presentada en el sector de la escombrera databa de muchos años,
porque no hubo control de los llenos realizados y no se realizaron las cámaras, las
cuales quedaron tapadas por escombros, esto impidió la limpieza de las redes que
quedaron con profundidades superiores a los 10.0 metros.

Al respecto, la CRQ ya había puesto de presente que en visita efectuada el 15 de
marzo de 2019 localizó 2 recámaras de aguas residuales domésticos, sin tapas y
separados 12 metros entre recámara y recámara, sin que exista en ese trayecto
tubería que las conectaba, por esto todas las aguas llegan a la superficie
contaminando, por lo que, en el lugar se sienten fuertes olores y empozamientos
de las aguas residuales además proliferación de zancudos y roedores. Conforme
a lo analizado, la afectación identificada en el sector donde operó la escombrera
municipal en Circasia, proveniente de la exposición de las aguas residuales
domésticas es causada actualmente por la ineficiente operación del sistema de
alcantarillado que cruza por el sector, lo cual ha dada lugar a la contaminación
ambiental delos recursos aire y suelo, además de la producción de malos olores
característicos y la proliferación de vectores como roedores, moscas y zancudos,
lo cual, genera riesgo para la salubridad de los habitantes del sector; por estas
razones, y con base en el alcance de los derechos colectivos -ya analizados-se
configura la vulneración a los derechos e intereses colectivos al goce del espacio
público; a la existencia del equilibrio ecológico y a la conservación del ecosistema;
a la seguridad y salubridad pública; al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública; al acceso a los servicios públicos y su
prestación eficiente y oportuna; y a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.”24 (Subrayas de la Sala).

24 Visible a folios 68 y 70 del Cuaderno del Tribunal.

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Lo dicho además es corroborado por el numeral segundo de la parte resolutiva de
dicha providencia; veamos:

“FALLA:

(…)

SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDÍO, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO y las EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. ESP se encuentran vulnerando los derechos
e intereses colectivos al goce del espacio público, a la existencia del equilibrio
ecológico y a la conservación del ecosistema, a la seguridad y salubridad pública,
al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al
acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes, consagrados en la Ley 472 de 1998 de los
habitantes del sector de la antigua escombrera municipal, ubicada entre las
carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de Circasia, por la
contaminación con aguas residuales producida con la no prestación de manera
adecuada y eficiente del servicio público domiciliario de alcantarillado.”

Por ende, como el cargo relacionado con el acaecimiento de carencia actual de objeto
por hecho superado, se sustenta en una premisa errada, esto es, que el Tribunal
determinó que la fuente de vulneración de los derechos colectivos fue el
funcionamiento de la escombrera, es claro que el mismo no tiene vocación de
prosperidad, máxime cuando al plenario no se allegó ninguna prueba que permita
inferir que la problemática de alcantarillado que se presenta en la zona fuera resuelta
de manera definitiva.

6.4.3. De la controversia frente competencia para desplegar las órdenes
impuestas por el Tribunal.

En este punto, tendrá que definirse si es procedente que, en la sentencia emitida en
una acción popular, se impartan órdenes a un Municipio para que lleve a cabo los
trámites presupuestales, técnicos, administrativos, económicos, así como los que sean
necesarios para garantizar la prestación adecuada del servicio público de
alcantarillado en la zona objeto de controversia y, además, reubique en una vía
aledaña las tuberías existentes en el predio en el que funcionaba una escombrera.

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A efecto de resolver tal interrogante, es preciso indicar que, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 365 de la Carta Fundamental, la prestación de los servicios públicos es un
asunto inherente a la finalidad social del Estado, a quien le corresponde en todo caso,
su regulación, control y vigilancia, además de asegurar que su ejecución sea eficiente
a todos los habitantes del territorio nacional, aun cuando se defiera su prestación a los
particulares.

La norma en cuestión es del siguiente tenor:

“Articulo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación,
el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de
interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros
de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio
de una actividad lícita.” (Subrayas de la Sala).

A su vez, el artículo 311 ibidem señala, respecto de la competencia de los municipios
para la prestación de los servicios públicos, que, “como entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes”.

Por su parte, el artículo 366 ibídem, determinó:

“Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable.

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación.” (Subrayas de la Sala).

A su vez, los numerales 1, 7 y 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994, contemplaron:

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“Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.

(…)

7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes
del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños,
las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la
tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de
especial protección constitucional.

(…)

19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a
los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia
de servicios públicos domiciliarios.” (Subrayas de la Sala).

En ese mismo sentido, el Legislador desarrolló las normas constitucionales en la Ley
142 de 1994, estableciendo el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y advirtió
al respecto que su prestación es competencia de los municipios, y que, cuando el
servicio sea suministrado por una empresa privada, corresponde al ente territorial
asegurar que su prestación sea eficiente. Expresamente señaló:

“Artículo 2o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que
trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370
de la Constitución Política, para los siguientes fines:

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.

2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de
agua potable y saneamiento básico.

2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico
que así lo exijan.

2.5. Prestación eficiente.”

“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los
servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos
que con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía

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pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo
municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.”

Aunado a esto, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, al definir las competencias de las
entidades territoriales, dispuso literalmente:

“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

76.1. Servicios Públicos

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos
además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos.”

De acuerdo con lo expuesto, es claro para la Sala que corresponde al Estado, a través
de los municipios, asegurar a sus habitantes la prestación eficiente y oportuna de los
servicios públicos domiciliarios, por lo que debe adoptar las medidas necesarias para
garantizar el servicio de alcantarillado en óptimas condiciones de funcionalidad. Sobre
el particular, esta Sección, entre otras, en providencia del 4 de febrero de 2010, dijo
expresamente:

“De otra parte, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien los podrá prestar,
con sujeción al régimen fijado por la ley, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por particulares, pero en todo caso conservando su regulación,
control y vigilancia.

Ahora bien, el artículo 331 de la Carta Política, consagra que:

“Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las
leyes”25

25 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de

febrero de 2010, Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación número:
76001233100020040021201(AP)

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Es así como los entes territoriales, aun cuando no asuman la prestación directa del
servicio de alcantarillado, mantienen dentro de sus competencias la garantía de que
tal actividad se efectuará de manera eficiente, por lo que, pese a ser prestados de
manera indirecta a través de empresas de servicios públicos, ello no significa que se
desprendan de su deber constitucional y legal de verificar y controlar su prestación,
por tratarse de una actividad que le fue expresamente confiada según las normas
anteriormente citadas.

La Corte Constitucional se ha referido de la manera que a continuación se enuncia
sobre este aspecto:

“Así, es claro que la prestación de los servicios públicos puede ser realizada tanto
por las autoridades públicas como por los particulares o comunidades organizadas,
pero en todo caso el Estado siempre tendrá bajo su cargo la regulación, control y
vigilancia de estos servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines
que le competen (CP art. 365). Esta regulación, control y vigilancia de tales
servicios armoniza además con la facultad general que la Carta atribuye al Estado
de dirigir la economía e intervenir en los servicios públicos y privados para
racionalizar la economía y mejorar la calidad de vida de los habitantes, obviamente
sin perjuicio del reconocimiento de la libre iniciativa privada (CP arts. 333 y 334).
Por consiguiente, la Carta, a pesar de que reconoce la posibilidad de que los
particulares presten servicios públicos, reserva funciones esenciales al Estado en
esta materia, y en especial le atribuye una competencia general de regulación (CP
art. 365). Nótese que esta norma atribuye genéricamente esa función de
regulación al Estado, sin señalar explícitamente que ésta corresponde a una
determinada institución específica. Ahora bien, esta Corte ha señalado que en
general la palabra Estado se emplea en la Carta para designar al conjunto de
órganos que realizan las diversas funciones y servicios estatales, ya sea en el
orden nacional, o ya sea en los otros niveles territoriales. Por ende, cuando una
disposición constitucional se refiere al Estado, y le impone un deber, o le confiere
una atribución, debe entenderse prima facie que la norma constitucional habla
genéricamente de las autoridades estatales de los distintos órdenes territoriales26.
Por ende, la competencia de regulación de los servicios públicos es genéricamente
estatal, lo cual obviamente no significa que esa facultad pueda ser atribuida por la
ley a cualquier entidad estatal, por cuanto la Constitución delimita, en materia de
servicios públicos domiciliarios, algunas órbitas específicas de actuación de las
distintas ramas de poder, las cuales deben ser respetadas.”27 (Subrayas de la Sala)

Una vez definido el anterior contexto normativo, observa la Sala que las siguientes
fueron las órdenes que fueron impuestas al ente territorial recurrente:

“1. Al MUNICIPIO DE CIRCASIA,

26 Sentencia C-221 de 1997. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamentos Jurídicos No 8 y 9.
27 Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 1998.

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1.1.Intervenir de manera INMEDIATA a fin de que se tomen las medidas
necesarias, que desde su competencia tenga lugar, para mitigar los impactos
ambientales y sociales de la situación de contaminación evidenciada, al igual que
adoptar las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas,
presupuestales, financieras y demás que se requieran para garantizar en las
condiciones legales de calidad, eficiencia y eficacia, el servicio de alcantarillado a
los habitantes del sector de la antigua escombrera municipal, ubicada entre las
carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de en coordinación con
las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. ESP y las órdenes dadas a esta,
concediendo un término de un (1) mes para rendir un informe en donde se indique:
El diagnóstico de la situación; las causas que lo generan; las medidas inmediatas
para la mitigación de impactos; y el tiempo estimado para tal fin, otorgando un
plazo máximo para su ejecución de tres (3) meses, para lo cual se presentará un
cronograma con actividades y tiempos discriminados para su seguimiento. Los
plazos contaran desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

1.2. Presentar el plan de interventoría ambiental de la fase de cierre y rehabilitación
de la Escombrera Municipal, en el que conste el cumplimiento de las actividades
señaladas en el Plan de Manejo Ambiental. En dicho plan deberá incluirse el
estudio para la relocalización de la tubería existente trasladándola hacia las vías
adjuntas al terreno, como lo establece la licencia ambiental. Para lo cual se otorga
el término de dos (2) meses. Una vez presentado dicho plan, ejecutar las obras
que del mismo se deriven dentro de los seis (6) meses siguientes. Los plazos
contaran desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

1.3. Cumplir con las órdenes dadas en asocio con los demás demandados y en
concordancia con las obligaciones impuestas a cada uno en la presente
sentencia.”

De lo anterior se colige que fueron impartidas dos (2) órdenes: la primera de ellas,
relacionada con que, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas necesarias
desde el punto de vista técnico, administrativas, interadministrativas, presupuestales y
financieras y las demás que se requieran, para garantizar, en condiciones de calidad,
eficiencia y eficacia, la prestación del servicio de alcantarillado a los habitantes en la
zona de la antigua escombrera.

Por otro lado, en la segunda de ellas, se le ordenó realizar un estudio para relocalizar
la tubería existente en el predio en el que funcionaba la escombrera, trasladándola
hacia las vías adjuntas al terreno, de acuerdo con el PMA que fue aprobado para la
concesión de la licencia ambiental del proyecto de la escombrera; y, adicionalmente,
se le encargó ejecutar dicho plan, en un plazo de seis (6) meses.

6.4.3.1. Frente a la primera orden, observa la Sala que la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado en el Municipio de Circasia es efectuada por la empresa
EPQ y no directamente ese ente territorial. Sin embargo, es pertinente recalcar que,

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de acuerdo con el anterior recuento normativo, a los municipios les competente
garantizar la efectiva prestación de los servicios a su cargo y controlar las condiciones
en que se efectúa esa actividad por parte de la empresa encargada. Por ende, es claro
que el Municipio de Circasia sí está habilitado para llevar a cabo dicho mandato, en el
ámbito de sus competencias y de forma conjunta con la EPQ.

Así, lo que se advierte es que, el Tribunal, en principio, no le impuso la realización de
las anotadas obras al Municipio, pues lo que ordenó fue que, dicho ente territorial,
adopte las medidas necesarias para garantizar la prestación del aludido servicio
público en la zona objeto de controversia, lo que implica que, entre otras, exija a la
empresa prestadora que ejecute las obras necesarias para esos efectos, si así está
previsto en el respectivo contrato, o en su defecto obligue a las personas que causaron
los daños a que los reparen o, en últimas, en caso de que no sea posible ninguna de
las anteriores opciones, ahí sí intervenga directamente el sector o a través de un
tercero, asumiendo los costos respectivos.

En consecuencia, la Sala es del criterio que resulta necesario, modificar la orden
prevista en el numeral 1.1 del ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, a efectos de incorporar la anterior previsión, de manera que dicho mandato
quedará así:

1.1.Intervenir de manera INMEDIATA a fin de que se tomen las medidas
necesarias, que desde su competencia tenga lugar, para mitigar los impactos
ambientales y sociales de la situación de contaminación evidenciada, al igual que
adoptar las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas,
presupuestales, financieras y demás que se requieran para garantizar en las
condiciones legales de calidad, eficiencia y eficacia, el servicio de alcantarillado a
los habitantes del sector de la antigua escombrera municipal, ubicada entre las
carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de en coordinación con
las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. ESP y las órdenes dadas a esta,
concediendo un término de un (1) mes para rendir un informe en donde se indique:
El diagnóstico de la situación; las causas que lo generan; las medidas inmediatas
para la mitigación de impactos; y el tiempo estimado para tal fin, otorgando un
plazo máximo para su ejecución de tres (3) meses, para lo cual se presentará un
cronograma con actividades y tiempos discriminados para su seguimiento. Los
plazos contaran desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

El Municipio de Circasia, en el marco de sus competencia, deberá exigir a la
empresa prestadora de servicios públicos que ejecute las obras necesarias para
esos efectos, si así está previsto en el respectivo contrato, o en su defecto obligue
a las personas que causaron los daños a que lo reparen o, en últimas, en caso de

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que no sea posible ninguna de las anteriores opciones, intervenga directamente el
sector o a través de un tercero, asumiendo los costos respectivos.

6.4.3.2. Ahora, en lo que hace al segundo de los anotados mandatos, se observa que
en éste se busca que se efectúen los planes de cierre y rehabilitación de la escombrera
municipal y los estudios dispuestos para el traslado de la tubería de acueducto público
y que fueron previstos en el PMA y en la licencia ambiental para el funcionamiento del
anotado vertedero. Sin embargo, como quedó en evidencia en el punto 6.4.2. de esta
providencia, en la sentencia recurrida se encontró que dicho proyecto no constituía la
fuente de vulneración de los derechos colectivos efectivamente salvaguardados en la
sentencia que se apela, en razón a que dejó de operar en el año 2017 y en su lugar se
construyó un parque infantil, punto frente al cual, valga señalar, las partes no
plantearon ninguna discusión.

Por ende, la Sala es del criterio que dicha orden es innecesaria puesto que no apunta
a solventar los hechos vulneradores que dieron lugar al amparo en el fallo recurrido.
Se agrega a lo expuesto que las demás órdenes que fueron adoptadas en el citado
proveído y que sí versan sobre el inadecuado funcionamiento del alcantarillado son
suficientes para resolver la aludida problemática, pues buscan la identificación de sus
causas y la determinación de las soluciones definitivas, el plazo para la ejecución de
las obras necesarias para esos efectos, la elaboración y realización de un plan para
descontaminar el sector en el que se acumularon las aguas negras y residuales, entre
otras.

Corolario de lo anterior, se revocará el citado numeral 1.2. ibidem del tercer
ordenamiento de la parte resolutiva de la sentencia apelada, por las razones antes
expuestas.

6.4.4. De la controversia en relación con las órdenes impartidas a la CRQ

Al respecto, tendrá que determinase si es procedente que el fallo proferido en una
acción popular ordene a una corporación autónoma regional la elaboración y ejecución
de un plan que permita la descontaminación del sector objeto de controversia.

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En aras a resolver dicho interrogante, es pertinente traer a colación lo ordenado por el
Tribunal:

“2. A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO,

2.1.Elabore un Plan de Descontaminación del sector de la antigua escombrera
municipal, ubicada entre las carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La
Pilastra de Circasia, donde se vierten sin tratamiento las aguas residuales, en
asocio con el Municipio de Circasia y Empresas Públicas de Quindío S.A. ESP.

Dicho plan deberá contener las medidas preventivas, correctivas y de seguimiento,
buscando la minimización de los impactos producidos por la contaminación; así
como, monitoreos ambientales periódicos, medidas de evaluación, control y
seguimiento ambiental; el procedimiento sancionatorio; campañas de socialización
del plan con los demás actores involucrados en la protección del medio ambiente
y con la comunidad, entre otras que sean necesarias.

Para el cumplimiento de las anteriores órdenes, la CRQ contará con el término de
hasta un (1) mes para la elaboración del plan y de un plazo de tres (3) meses para
su ejecución, contados desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

2.2. De manera inmediata de apertura de un proceso sancionatorio por el
vertimiento de aguas residuales de tipo domestico sin tratamiento sobre el lote de
terreno conforme a la visita realizada el 3 de noviembre de 2016. El mencionado
proceso deberá ser fallado de forma célere”28

A su vez, el numeral 2.1. de la parte resolutiva de dicha providencia debe ser entendido
en concordancia con lo previsto en los ordinales 1.3. y 3.3. ibidem, que determinaron:

“1. Al MUNICIPIO DE CIRCASIA,

(…)

1.3. Cumplir con las órdenes dadas en asocio con los demás demandados y en
concordancia con las obligaciones impuestas a cada uno en la presente sentencia.

3. A las EMPRESAS PÚBLICA DEL QUINDÍO S.A. ESP,

(…)

3.3. Cumplir con las órdenes dadas en asocio con los demás demandados y en
concordancia con las obligaciones impuestas a cada uno en la presente
sentencia.”29 (Subrayas de la Sala).

28 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
29 Ibídem

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En ese orden de ideas, es preciso señalar que, de conformidad con el artículo 23 de
la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades
encargadas de proteger, regular y vigilar el adecuado manejo y uso de los recursos
naturales renovables que cuentan con autonomía, identidad propia e independencia.

Los numerales 4, 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99, prevén que las corporaciones
autónomas regionales tienen, entre otras funciones, (i) coordinar el proceso de
preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción, y en especial, asesorar a los
Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de
los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas
entidades territoriales; (ii) ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire
o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos; (iii) imponer y ejecutar a prevención
y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las
medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.

Por su parte, el numeral 20 ibidem, prevé:

“Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las
siguientes funciones:

(…)

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables;” (Subrayas de la Sala).

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Con fundamento en lo anterior, a juicio de la Sala, las Corporaciones Autónomas
Regionales sí tienen competencia para la ejecución de programas que permitan
garantizar el saneamiento ambiental, lo cual, de forma razonable, comprende la
realización de estudios que permitan asegurar la descontaminación de un determinado
sector.

En este mismo sentido, en sentencia del 11 de julio de 2019, se sostuvo lo siguiente:

“En conclusión, a juicio de la Sala, las competencias de las corporaciones
autónomas regionales no se limitan a la vigilancia en materia ambiental, toda vez
que la ley estableció que, como autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
deben garantizar la protección del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables, por medio, entre otras cosas, de la ejecución, administración y
operación, en coordinación con la entidades territoriales, de proyectos y obras de
infraestructura necesarias para la defensa y protección o descontaminación o
recuperación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables; de la
asesoría en la elaboración de proyectos en materia de protección ambiental; de la
realización estudios, diseños e inversión en sistemas de tratamiento de aguas
residuales; de la ejecución de programas de educación no formal en material
ambiental; de la asesoría a las entidades territoriales en la formulación de planes
de educación ambiental formal; del otorgamiento de permisos ambientales; y de la
imposición de sanciones por infracciones ambientales.”30

De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que las funciones reconocidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, implican
la obligación de intervenir y preservar el recurso hídrico, a través de acciones de
control, vigilancia, sanción, asesoría y apoyo de programas ambientales, que
desarrollen las entidades territoriales en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales.

En consecuencia, es claro que la CRQ sí tiene facultades para, en coordinación con el
Municipio de Circasia y la EPQ, elaborar y ejecutar el plan de descontaminación que
le fue encomendado, razón por la cual, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

6.4.5. De la controversia respecto a la congruencia de la sentencia de primera
instancia.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del once (11)

de julio de dos mil diecinueve (2019), radicado nro. 66001233100020110036002. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.

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En este punto, tendrá que dirimirse si es cierto que el Tribunal, en la parte motiva de
la sentencia recurrida, determinó que el derecho colectivo al goce del espacio público
no había sido vulnerado y, pese a ello, declaró su desconocimiento en la parte
resolutiva de esa providencia.

De la revisión de la anotada providencia, lo que observa la Sala es que asiste razón a
la recurrente respecto a que, en la parte motiva de la providencia impugnada, se indicó
que el anotado derecho no había desconocido, bajo las siguientes consideraciones:

“4. EL CASO CONCRETO

En el presente caso, la actora pretende que se amparen los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano; a la existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; a moralidad pública; al
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso pública; y
a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordena y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

No obstante, previamente se analizó de acuerdo al alcance de los derechos a la
moralidad pública y goce del espacio público, que no se configuraba amenaza o
vulneración alguna, por lo que, así se declarará en la parte resolutiva de la presente
sentencia.” (Subrayas de la Sala).

Sin embargo, en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, se dijo:

“FALLA:

(…)

SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDÍO, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO y las EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. ESP se encuentran vulnerando los derechos
e intereses colectivos al goce del espacio público, a la existencia del equilibrio
ecológico y a la conservación del ecosistema, a la seguridad y salubridad pública,
al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al
acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes, consagrados en la Ley 472 de 1998de los
habitantes del sector de la antigua escombrera municipal, ubicada entre las
carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de Circasia, por la
contaminación con aguas residuales producida con la no prestación de manera

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adecuada y eficiente del servicio público domiciliario de alcantarillado.” 31
(Subrayas de la Sala).

En tal contexto, es claro que asiste razón a la recurrente cuando afirma que la
sentencia de primera instancia es incongruente, y como quiera que, frente a la
vulneración de dicho derecho, no existió controversia en el trámite de segunda
instancia, se modificará el citado numeral segundo del citado fallo, a efectos de
excluirlo de los que se encontraron vulnerados.

Finalmente, se confirmará en lo demás la providencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero, de la parte resolutiva de la sentencia
impugnada, el cual quedará así:

SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDÍO, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO y las
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. ESP se encuentran
vulnerando los derechos e intereses colectivos a la existencia del equilibrio
ecológico y a la conservación del ecosistema, a la seguridad y salubridad
pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y su prestación
eficiente y oportuna y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, consagrados en la Ley 472 de 1998 de los habitantes del sector
de la antigua escombrera municipal, ubicada entre las carreras 14 y 15 con
calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de Circasia, por la contaminación con
aguas residuales producida con la no prestación de manera adecuada y
eficiente del servicio público domiciliario de alcantarillado.” 32

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal 1.1. del numeral tercero de la parte resolutiva de
la sentencia impugnada, el cual quedará así:

31 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
32 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE:

1. Al MUNICIPIO DE CIRCASIA,

1.1.Intervenir de manera INMEDIATA a fin de que se tomen las medidas
necesarias, que desde su competencia tenga lugar, para mitigar los impactos
ambientales y sociales de la situación de contaminación evidenciada, al igual que
adoptar las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas,
presupuestales, financieras y demás que se requieran para garantizar en las
condiciones legales de calidad, eficiencia y eficacia, el servicio de alcantarillado a
los habitantes del sector de la antigua escombrera municipal, ubicada entre las
carreras 14 y 15 con calles 10 y 11 del barrio La Pilastra de en coordinación con
las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. ESP y las órdenes dadas a esta,
concediendo un término de un (1) mes para rendir un informe en donde se indique:
El diagnóstico de la situación; las causas que lo generan; las medidas inmediatas
para la mitigación de impactos; y el tiempo estimado para tal fin, otorgando un
plazo máximo para su ejecución de tres (3) meses, para lo cual se presentará un
cronograma con actividades y tiempos discriminados para su seguimiento. Los
plazos contaran desde la fecha de ejecutoria de la presente providencia.

El Municipio de Circasia, en el marco de sus competencia, deberá exigir a la
empresa prestadora de servicios públicos que ejecute las obras necesarias para
esos efectos, si así está previsto en el respectivo contrato, o en su defecto obligue
a las personas que causaron los daños a que lo reparen o, en últimas, en caso de
que no sea posible ninguna de las anteriores opciones, intervenga directamente el
sector o a través de un tercero, asumiendo los costos respectivos

TERCERO: REVOCAR el ordinal 1.2. del numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

SEXTO: Ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 9 de febrero de 2023.

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Radicado: 63001 33 40 005 2016 00462 01
Demandante: Carmen Rosa Martínez

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclaro Voto

El presente auto fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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