Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2004-00951-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2004-00951-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-31-000-2004-00951-03
Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
7 de mayo de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Caso: Providencia judicial proferida en proceso ejecutivo negó la totalidad de la indemnización reconocida en proceso laboral a miembro del INPEC por los salarios dejados de percibir cuando fue separado de su cargo / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO EN PROCESO EJECUTIVO - No fue objetado por el demandante / TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO - Compuesto por condena impuesta en proceso laboral y actos administrativos / ERROR JURISDICCIONAL - No se configuró. Las resoluciones aportadas por el demandante como título ejecutivo reconocían pagos por conceptos diversos al salario que eran improcedentes
[E]n el sub judice se acusa a la Rama Judicial de haber incurrido en error judicial al proferir la providencia del 14 de agosto de 2006, que resolvió el recurso de súplica y determinó que no había lugar a condenar al pago de la indexación de las sumas a pagar ni a descontar lo que la actora hubiese podido devengar al servicio de otra entidad durante el lapso de desvinculación del servicio, por contrariar el carácter rogado de la acción; (…) La Sala observa que en el sub judice no está acreditado el daño antijurídico, por lo que pasa a exponerse: (…) Las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y la Sala Laboral del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, del 4 de julio y 12 de agosto de 2002 respectivamente, se fundamentaron en razones lógicas y conforme a lo dispuesto en la ley; por lo tanto, si bien es cierto, el rechazo de la demanda puede constituir un menoscabo para el demandante, el mismo no tiene la condición de antijurídico, pues la negativa a adelantar el segundo proceso ejecutivo contra el INPEC, se fundamentó en razones legales como pasa a explicarse. (…) La parte recurrente alega que el error cometido en el providencia del Juzgado Primero Laboral, consiste en que en ese fallo de primera instancia se indicó que al no objetar la liquidación del crédito en el primer proceso ejecutivo, con las resoluciones que posteriormente presentó como títulos ejecutivos para el segundo proceso, quedó en firme el monto de la deuda que el Inpec tenía con el aquí demandante, por concepto de los salarios dejados de percibir. En consideración del recurrente, este juicio resulta erróneo, puesto que cuando inició ese primer proceso ejecutivo, no existían tales resoluciones. (…) Pues bien, aunque las resoluciones que el aquí actor invocó como título ejecutivo en el segundo de los procesos, fueron posteriores al momento en que se liquidó el crédito del primer proceso de ejecución, esta circunstancia no tiene la entidad suficiente para cambiar el sentido de la decisión, puesto que lo que resulta trascendente es que frente tal liquidación del crédito, el aquí demandante guardó silencio, es decir, estuvo conforme con el monto señalado en la misma, y de esta manera quedó establecido el monto de la obligación. (…) [T]ampoco existe el error atribuido por el recurrente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira; pues, ciertamente las Resoluciones tantas veces citadas constituían junto con la Sentencia proferida en proceso ordinario laboral, un título ejecutivo complejo; tanto es así que el juzgado Primero laboral inadmitió la demanda ejecutiva, porque no se había aportado la misma; y cuando fue aportada determinó el rechazo de la demanda. (…) [L]as autoridades judiciales accionadas no incurrieron en error judicial alguno; lo que advierte la Sala es que la parte actora pretende con este medio de control que se analice nuevamente si en las Resoluciones aportadas como título ejecutivo se podían reconocer pagos por conceptos diversos al salario; análisis que los jueces de instancia acertadamente realizaron, por lo que se determina que las providencias cuestionadas, se encuentran ajustadas a la realidad fáctica y probatoria aportada en la demanda laboral, y que las mismas son precisas, claras y concordantes con los hechos y las pretensiones aducidas en el libelo ordinario laboral, así como en las demás oportunidades procesales. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque. Al respecto ver las aclaraciones de las providencias 36146 de 2015, 35796 de 2016 y 38082 de 2017.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Elementos / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Acceso a la administración de justicia
Ese desarrollo, desde la perspectiva convencional está consagrado en los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la égida de la tutela judicial efectiva, y del acceso efectivo a la administración de justicia, que suponen que no solo deben existir los procedimientos y recursos, sino que los mismos tienen que mostrarse eficaces; de suerte que cualquier acto procesal de una autoridad jurisdiccional que vaya en contra de tal efectividad, o cualquiera omisión por parte de estas mismas autoridades que afecten a las personas intervinientes en un proceso judicial, en su derecho de defensa, generará responsabilidad del Estado frente a este particular. La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los Tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos Tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven.
FUENTE FORMAL: CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - ATÍCULO 1.1 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - ATÍCULO 2 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - ATÍCULO 8 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - ATÍCULO 25
ERROR JURISDICCIONAL - Título de imputación de responsabilidad del Estado / ERROR JURISDICCIONAL - Requisitos o presupuestos para su configuración / ERROR JURISDICCIONAL DE HECHO - Eventos / ERROR JURISDICCIONAL DE DERECHO - Eventos
El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error jurisdiccional como aquel "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley". (…) [S]egún el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error jurisdiccional es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme. (…) Se debe precisar que dicho error requiere de ser cometido por una autoridad jurisdiccional y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; que ocurra dentro de un proceso judicial y se materialice en una providencia judicial; y que tenga la intensidad suficiente para que la providencia que lo contiene devenga contraria al ordenamiento jurídico. (…) En este orden de ideas útil es determinar que dicho error puede ser de diversos tipos: un error de hecho, que implica una equivoca percepción respecto de las personas, respecto de la naturaleza de la decisión judicial, en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma. De otra parte, el error puede ser derecho, el que se concreta en “cuatro modalidades específicas: violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y violación por aplicación indebida del orden positivo”.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 67
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá, D.C., siete (07) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 66001-23-31-000-2004-00951-03(40610)
Actor: JORGE JAMES LOPEZ CASTILLO
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones, porque no se configuró el daño alegado. Restrictor: Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado- La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia. Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional-
Decide la Sala de Sub-sección el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el 7 de diciembre de 2010, mediante la cual se dispuso negar las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1.- La demanda fue presentada el 11 de agosto de 2004 por el señor JORGE JAMES LÓPEZ CASTILLO, mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A., con el objeto de que se declarara responsable a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL, del daño ocasionado al demandante por el error judicial materializado en dos providencias judiciales; y, consecuencialmente, que se condenará a la misma entidad al pago de perjuicios morales y materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante.
1.2.- Como fundamento de sus pretensiones la parte actora expuso los hechos que la Sala sintetiza así:
1.2.1.- JORGE JAMES LÓPEZ CASTILLO, adelantó un proceso ordinario laboral contra el Instituto Nacional Penitenciario, en el que obtuvo sentencia favorable en primera y segunda instancia; en estos fallos se ordenó al INPEC reintegrarlo a su cargo, y a pagarle los salarios dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro.
1.2.2.- Afirma que para obtener el pago de los salarios dejados de percibir, inició un proceso ejecutivo laboral en el que se le canceló la suma de $10.387.482; pese a que en la época en que se realizó el anterior pago, el INPEC ya había expedido resolución que reconocía un mayor valor, esto es, la suma de $14.544.944.
1.2.3.- El aquí demandante inició otro proceso ejecutivo por la diferencia, que él consideraba como saldo insoluto; sin embargo, el Juzgado Primero Laboral de Pereira, que conoció de esta segunda demanda ejecutiva, la rechazó por considerar que las obligaciones derivadas del proceso ordinario laboral ya habían sido canceladas. Esta decisión fue apelada, y al resolver el recurso el superior jerárquico confirmó la providencia.
1.2.4.- El actor sostiene que lo que pretendía cobrar en el segundo proceso ejecutivo son rubros diferentes a los que se le pagaron en el primero, pues en la segunda ocasión se cobraba lo reconocido en las resoluciones 462 y 701 de febrero y marzo de 2002, y que en ello consistió el error judicial.
2.- Actuación procesal en primera instancia.
2.1.- Mediante auto del 6 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda contra la Nación- Rama Judicial y ordenó tramitarla conforme a ley. Esta providencia fue notificada el 16 de junio de 2006 al Director Ejecutivo de Administración Judicial, por conducto de la directora Seccional de Risaralda. El expediente fue remitido a reparto de los Juzgado Administrativos el 31 de julio de 2006
2.2.- El 7 de septiembre de 2006, la Rama Judicial contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones porque, a su juicio, las decisiones del Juzgado 1º Laboral del Circuito de Pereira y de la Sala Laboral del Tribunal Superior del mismo Distrito, al rechazar la demanda ejecutiva, estuvieron ajustadas a derecho. En relación con los hechos admitió algunos y respecto de los demás manifestó que se atendría a lo que resultase probado. Presentó como única excepción la que denominó innominada o genérica.
2.3.- Después de haberse cumplido diversos actos procesales ante el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante auto del 26 de noviembre de 2009, decretó la nulidad de todo lo actuado desde la fijación en lista realizada el 26 de agosto de 2006, dejando incólumes las pruebas practicadas ante el Juzgado.
2.4.- En consecuencia se volvió a surtir la fijación en lista y la Rama Judicial presentó contestación a la demanda en la que nuevamente se opuso a las pretensiones y respecto de los hechos manifestó que se atendría a lo probado. En esta oportunidad propuso la excepción de culpa exclusiva de la víctima, la que hizo consistir en que el demandante no interpuso ningún recurso contra la liquidación del crédito que se hizo en el primigenio proceso ejecutivo laboral; por el contrario, sostuvo la entidad demandada, la consintió y recibió el correspondiente pago y solamente cuando se emitieron las resoluciones decidió reclamar una suma que en el proceso ejecutivo nunca analizó o reclamó.
2.5.- El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante auto del 29 de abril de 2010, teniendo en cuenta que no existían pruebas por practicar, comoquiera que habían sido practicadas por el Juzgado Cuarto Administrativo, ordenó prescindir el periodo probatorio. Y, en auto de 18 de junio de 2010, ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión, oportunidad que solamente utilizó la entidad demandada; la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
2.6.- La Rama Judicial en su escrito de alegatos reiteró lo afirmado en el texto de la contestación de la demanda, y concluyó que el juzgado que había rechazado la demanda ejecutiva y el Tribunal que había confirmado tal decisión habían manejado “la figura de la cosa juzgada no como excepción, sino como presupuesto de exigibilidad del título, en uso de su autonomía y libertad para interpretar los hechos. De igual manera indicó que a su criterio se había presentado una indebida interpretación de la decisión judicial por parte del INPEC, sin que ello implicara revocatoria o inaplicación de los actos administrativos”
3.- La sentencia de primera instancia
3.1.- El 7 de diciembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia de primera instancia mediante la cual negó las pretensiones de la demanda aduciendo que no se configura el error judicial invocado en la demanda.
3.2.- A este respecto el Tribunal, después de examinar las pruebas argumentó que el aquí demandante omitió objetar la liquidación del crédito que realizó el despacho judicial que conoció el primer proceso ejecutivo, pese a que ya había sido expedida la resolución por la entidad ejecutada, y con tal negligencia permitió la consolidación del monto de la obligación.
3.3.- De otra parte, adujo el a quo, que no es de recibo el argumento del recurrente según el cual, en el segundo proceso ejecutivo al juez le estaba vedado analizar los efectos del acto administrativo de liquidación, pues se trata de un acto de mera ejecución de un fallo judicial, cuyos efectos se encuentran supeditados a lo dispuesto en la sentencia, integrando ambos un título ejecutivo complejo.
3.4.- En consecuencia, concluyó el Tribunal, las providencias del 4 de julio de 2002, mediante la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira rechazó la demanda ejecutiva y la del 12 de agosto del mismo año, en el que el Tribunal Superior de Risaralda confirmó ese rechazo, fueron debidamente razonadas y basadas en fundamentos objetivos, por lo que no puede catalogárseles de ser contrarias a la ley, y menos aún, constitutivas de una vía de hecho.
4.- El recurso de apelación y actuación en segunda instancia.
4.1.- El 19 de junio de 2011, la parte demandada interpuso y sustentó el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, donde solicita se revoque dicha sentencia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Dicha solicitud la sustenta en primer lugar, en que la existencia de un recurso de apelación no impide la consolidación del error judicial, pues si en segunda instancia se persiste en el error, la única alternativa que le queda al agraviado es la reparación directa. A propósito del argumento del Tribunal, según el cual el demandante había podido objetar la liquidación del crédito con las dos resoluciones, la No. 462 y No. 701 de febrero y marzo de 2002, respectivamente, sostiene que ello resulta equivocado, pues tales resoluciones no existían en la época inicial del primer juicio ejecutivo, el cual se había fundamentado en la Resolución No. 1532 de mayo de 2001.
4.2.- Finalmente, se insiste en el escrito de sustentación del recurso, que el Juez Segundo Laboral no podía calificar la legalidad de las Resoluciones que se presentaron como título ejecutivo, pues las mismas eran independientes de la condena proferida en el proceso ordinario laboral y contenían rubros no tenidos en cuenta en el fallo que se profirió en aquel proceso.
4.3.- Por medio del auto del 1º de octubre de 2009, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió el referido recurso. En providencia del 28 de enero de 2010 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público por el término común de 10 días, para que presentaran sus alegatos de conclusión y el concepto, respectivamente.
4.4.- En escrito del 23 de febrero de 2010, la parte actora presentó alegatos de conclusión en segunda instancia, reiterando los argumentos esgrimidos tanto en la demandada, como en el escrito en el que sustentó el recurso de apelación. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
1.- Aspectos procesales
1.1 Legitimación en la causa
1.1.1.- La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” o, en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
1.1.2.- En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante Jorge James López Castillo, quien fungió como ejecutante dentro del proceso laboral en el que se profirieron las providencias tanto de primera como de segunda instancia, en las cuales él considera se incurrió en un error judicial; en tal condición, el señor López Castillo se encuentra legitimado en la causa por activa.
1.1.3.- Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación – Rama Judicial-, frente a lo cual debe tenerse presente, que el proceso judicial en que se alega que ocurrieron los errores judiciales que dieron lugar a esta acción de reparación directa, son las decisiones del 4 de julio de 2002, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, que rechazó la demanda ejecutiva presentada por el aquí demandante y la del 12 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, que confirmó dicho rechazo; en razón de lo cual, la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa
1.2.1.- La caducidad es concebida como un instituto que, con fundamento constitucional, garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en términos razonables. Es una manifestación del principio de seguridad jurídica, de prevalencia del interés general y se le puede caracterizar como figura de orden público, innegociable e irrenunciable, en tanto presupuesto que habilita el ejercicio de ciertas acciones judiciales, dada su naturaleza temporal o perentoria.
1.2.2.- La caducidad de la acción de reparación directa se encuentra establecida en el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A., donde dispone que ésta “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”, sin perjuicio que, bajo ciertas circunstancias, se contabilice a partir del día siguiente al conocimiento del hecho dañoso por la víctima, si lo fue en fecha posterior.
1.2.3.- La caducidad no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código. De encontrarse probada debe ser declarada de oficio por el juez.
1.2.4.- Ahora, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, el término de caducidad de la acción se cuenta a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial que se cuestiona como contentiva del error, toda vez que la materialización del daño y el momento en que la víctima tiene conocimiento del mismo convergen cuando la decisión queda en firme.
1.2.5.- En el caso concreto, la Sala observa que la providencia de segunda instancia, contentiva del supuesto error judicial, se profirió el 12 de agosto de 2002 por el Tribunal Superior de Distrito de Pereira y fue notificada por estrados en la audiencia en que fue proferida, por lo tanto el fallo cobró ejecutoria quince (15) días después conforme a los dispuesto por el artículo 88 del Código Procesal del Trabajo, esto es, el 2 de septiembre de 2002. Lo anterior significa que el término de caducidad para presentar la demanda vencía el 3 de septiembre del 2004; como el libelo se presentó el 11 de agosto de 2004, es palmario que la acción de reparación directa se ejerció dentro del tiempo.
2. Análisis de la impugnación.
2.1.- El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en su escrito de apelación oportunamente presentado, de conformidad con lo establecido en el artículo 328 del Código General del proceso. Por lo cual la Sala procederá a analizar si las providencias acusadas como contentivas del error judicial son contrarias a la ley, como lo afirma el recurrente; o si por el contrario, las mismas fueron debidamente razonadas y fundadas sobre razones objetivas, como se determinó en el fallo de primera instancia.
2.2.- Para resolver lo pertinente, la Sala en primer lugar reseñará las pruebas que obran en el expediente y que resultan trascendentes para resolver los problemas jurídicos que se derivan de los planteamientos hechos en el recurso de apelación que aquí se resuelve; a continuación examinará los presupuestos para configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; luego se analizará la responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia y finalmente se realizará el análisis del caso concreto.
3. Del acervo probatorio.
Dentro del plenario obran los siguientes medios de prueba, que son trascendentes para resolver los problemas jurídicos planteados en el recurso, a efectos de constatar la existencia o inexistencia de los errores judiciales alegados, esto es, sí el demandante había podido objetar la liquidación del crédito elaborada en el primer proceso ejecutivo ante el Juez Primero Laboral de Pereira, y así impedir que se fijara el monto de la obligación; y si la resoluciones 462 y 701, que se aportaron como título ejecutivo en el segundo proceso, es decir, en aquel en que se rechazó la demanda eran independientes de la orden emitida en el juicio ordinario laboral en la que se había ordenado el reintegro de López Castillo y el pago de los salarios generados durante el tiempo que estuvo desvinculado de su cargo. Los medios probatorios relevantes para este efecto son:
Obra copia de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el 19 de enero de 2001, en la que ordenó al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO reintegrar a su cargo a JORGE JAMEZ LÓPEZ CASTILLO y pagarle lo salarios dejados de percibir durante el tiempo de su desvinculación. (fls.161-168 C.2-1).
Copia de la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira- Risaralda, el 20 de febrero de 2001, mediante la cual se confirmó la condena emitida en el fallo relacionado en el numeral anterior (fls. 210-218 C.2-1)
Copia del auto del 16 de octubre de 2001, proferido por el Juzgado Segundo Laboral de Pereira, mediante el cual libró mandamiento de pago en favor de Jorge James López y en contra del INPEC, con fundamento en las sentencias reseñadas en los dos numerales anteriores (fls. 356-358 c.2-1)
Copia del auto del 22 de febrero de 2002, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del circuito en el que se corre traslado por tres días de la liquidación del crédito, auto que fue notificado el 27 de febrero siguiente (fl. 5 C.2)
Copia del auto del 23 de abril de 2002, emitido por el mismo Juzgado Laboral, en el que, como consecuencia de no haber sido objetada la liquidación de costas, elaborada por la secretaría de ese despacho, en aplicación del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil; y en la misma providencia se dispuso la terminación del proceso por pago total de la obligación, con base en los títulos que se encontraban consignados, y en consecuencia ordenó entregar a la apoderada judicial del señor López Castillo, el título por valor de $10.387.462. (fls 7-8 c.2)
Copia de la Resolución 0462 del 22 de febrero de 2002 mediante la cual el Secretario General del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, en cumplimiento de la sentencia judicial emitida el 19 de enero de 2001, ordena pagar al aquí demandante, por sueldos dejados de percibir, la suma de $14.296.951(fls. 9-11 C.2)
Copia de la Resolución 701 del 15 de Marzo de 2002, emitida por el mismo funcionario del INPEC, en la que aclara la Resolución 0462 de 22 de febrero de 2002, en el sentido que lo adeudado a Jorge James López Castillo es la suma de $14.544.944. (fl.12 C.2?)
Copia del auto de julio 4 de 2002, mediante el cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito, rechaza la segunda demanda ejecutiva instaurada por Jorge James López Castillo contra el Inpec, con base en las dos Resoluciones anteriores, por considerar que las obligación de pago de salarios, impuesta por el Juzgado Segundo laboral de la misma ciudad, ya había sido cumplida, conforme lo había establecido el auto de 23 de abril de 2002, que dio por terminado el proceso judicial por pago total de la obligación (fls.13-15 C.2)
Copia del auto emitido el 12 de agosto de 2002, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira- Risaralda, mediante el cual se confirmó la decisión reseñada en el numeral anterior. (fls. 16-19 C.2)
De todo el acervo probatorio obrante en el expediente, los documentos que se acaban de reseñar son suficientes para resolver el recurso de apelación que ocupa a la Sala; en consecuencia, los anteriores medios probatorios serán valorados por la Sala para resolver los problemas jurídicos planteados en la impugnación presentada por la parte demandante. Sin embargo, previamente al análisis del caso concreto, se estudiarán los presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado en general, y en particular, aquellos de la responsabilidad derivada de la actividad judicial.
4.- Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado
4.1.- Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.
4.2.- De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.
4.3.- En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
4.4.- El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.
4.5.- La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.
5.- La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia.
Los elementos de la responsabilidad del Estado que se vienen de comentar, han tenido un desarrollo particular en el ámbito específico de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de los actos emanados de las autoridades judiciales, o por sus omisiones.
5.1.- Régimen desde la óptica convencional
Ese desarrollo, desde la perspectiva convencional está consagrado en los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la égida de la tutela judicial efectiva, y del acceso efectivo a la administración de justicia, que suponen que no solo deben existir los procedimientos y recursos, sino que los mismos tienen que mostrarse eficaces; de suerte que cualquier acto procesal de una autoridad jurisdiccional que vaya en contra de tal efectividad, o cualquiera omisión por parte de estas mismas autoridades que afecten a las personas intervinientes en un proceso judicial, en su derecho de defensa, generará responsabilidad del Estado frente a este particular.
La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los Tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos Tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven.
5.2 Régimen de Responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento Colombiano.
En el ámbito interno, a propósito de la responsabilidad del Estado por daños derivados de la actividad de las autoridades jurisdiccionales, se pueden identificar tres etapas claramente diferenciadas: Un primer periodo anterior a la expedición de la Constitución de 1991, en la que no existía esta responsabilidad bajo el argumento que las decisiones jurisdiccionales, al estar revestidas de la autoridad de cosa juzgada, cualquier omisión, error o anomalía en que incurrieran las autoridades judiciales al proferirlas, configuraba un riesgo que debía ser asumido por los coasociados.
Pese a lo anterior, y por influjo del ordenamiento convencional, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por vía excepcional fue abriéndose paso la responsabilidad por error judicial y por defectuoso funcionamiento; entendiéndose que el primero se verificaba cuando se condenaba a una persona mediante sentencia que comportaba un error; y para configurar el segundo evento se precisó que una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada y otra diversa ciertos actos ejecutados por los jueces en orden a resolver los procesos, que solo requieren de la prudencia administrativa.
Una vez entra en vigencia la constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente código de procedimiento penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial; y un segundo periodo que comienza con la expedición de la ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
De suerte que, observado en conjunto el ámbito convencional y la legislación colombiana, son cuatro los supuestos que generan la responsabilidad por la actividad judicial, los tres que se acaban de mencionar, a nivel interno; y el deficiente acceso a la administración de justicia, desde la perspectiva convencional.
Por cuanto en el sub judice se acusa a la Rama Judicial de haber incurrido en error judicial al proferir la providencia del 14 de agosto de 2006, que resolvió el recurso de súplica y determinó que no había lugar a condenar al pago de la indexación de las sumas a pagar ni a descontar lo que la actora hubiese podido devengar al servicio de otra entidad durante el lapso de desvinculación del servicio, por contrariar el carácter rogado de la acción; la Sala estima oportuno examinar el error judicial como criterio de imputación de responsabilidad al Estado.
5.2.1 La responsabilidad al Estado por Error Jurisdiccional
El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error jurisdiccional como aquel "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley". Y esta Corporación lo ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta y aplica el Derecho.
Asimismo, la Sala ha establecido que el error jurisdiccional como título de imputación de responsabilidad del Estado se presenta siempre que “una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado”.
5.2.1.1. El daño antijurídico en el evento de error judicial
Se afirma que por error judicial “ha de entenderse la lesión definitiva cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal a un derecho a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar”
5.2.1.2. La imputación del daño en los eventos de error judicial
Se debe precisar que dicho error requiere de ser cometido por una autoridad jurisdiccional y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; que ocurra dentro de un proceso judicial y se materialice en una providencia judicial; y que tenga la intensidad suficiente para que la providencia que lo contiene devenga contraria al ordenamiento jurídico.
Ahora bien, siendo el error una categoría proveniente de la teoría general del derecho es oportuno precisar que este se distingue de la ignorancia del funcionario judicial, en la medida en que en aquél se presenta un falseamiento de la realidad; mientras que en ésta se verifica la carencia absoluta de conocimiento sobre una determinada realidad.
En este orden de ideas útil es determinar que dicho error puede ser de diversos tipos: un error de hecho, que implica una equivoca percepción respecto de las personas, respecto de la naturaleza de la decisión judicial, en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma. De otra parte, el error puede ser derecho, el que se concreta en “cuatro modalidades específicas: violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y violación por aplicación indebida del orden positivo”.
Adicionalmente, según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error jurisdiccional es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme.
En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que las condiciones necesarias “para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado (…) son las siguientes”:
“a) En primer lugar, del concepto mismo, es lógico inferir que el error jurisdiccional debe estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme. Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional. (…)
“b) Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección, el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso. El error normativo o de derecho, supone equivocaciones i) en la aplicación del derecho, pues se aplicó al caso concreto una norma que no era relevante o se dejó de aplicar una directa o indirectamente aplicable al mismo y, ii) cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas u otros similares.
“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos.
“d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución -auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador”.
Al respecto, es preciso resaltar que el juicio de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional deberá realizarse en atención a las circunstancias del caso concreto, a partir de las cuales se determinará si la actuación judicial es contentiva de yerro alguno.
En reiterados pronunciamientos la Sala ha reconocido que en algunas oportunidades el juez sólo dispone de la “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables. Así las cosas, en esta última hipótesis, el juicio de responsabilidad no puede reputar como daño antijurídico la consecuencia adversa a los intereses de una de las partes como consecuencia de la decisión judicial fundada en argumentos racionales. En este sentido, se ha sostenido que:
“… el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables ⎯en cuanto correctamente justificadas⎯ pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento ⎯una justificación o argumentación jurídicamente atendible⎯ pueden considerarse incursas en error judicial”.
Por último, la Subsección estima pertinente reiterar que si bien la Corte Constitucional, en la sentencia de control de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, asimiló el concepto “error jurisdiccional” al de “vía de hecho”, dicha identificación semántica resulta impropia. Así, tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional únicamente será determinante la contravención al ordenamiento jurídico contenida en una providencia judicial, y no la conducta “subjetiva, caprichosa y arbitraria” del operador jurídico.
6. Análisis del caso concreto
6.1.- Para realizar el análisis del caso concreto, la Sala en primer lugar verificará si se encuentra acreditado el daño antijurídico; si ello es así, posteriormente examinará si dicho daño es imputable a la Rama Judicial, por error jurisdiccional o por cualquiera acción u omisión que permita atribuirle falla del servicio de administración de justicia.
6.2.- La parte actora hace consistir el daño -error judicial- derivado de las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y la Sala Laboral del Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, del 4 de julio y 12 de agosto de 2002 respectivamente; las cuales rechazaron la segunda demanda ejecutiva laboral que presentó JORGE JAMES LÓPEZ CASTILLO, contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC.
6.3.- La Sala observa que en el sub judice no está acreditado el daño antijurídico, por lo que pasa a exponerse:
6.4.- Las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y la Sala Laboral del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, del 4 de julio y 12 de agosto de 2002 respectivamente, se fundamentaron en razones lógicas y conforme a lo dispuesto en la ley; por lo tanto, si bien es cierto, el rechazo de la demanda puede constituir un menoscabo para el demandante, el mismo no tiene la condición de antijurídico, pues la negativa a adelantar el segundo proceso ejecutivo contra el INPEC, se fundamentó en razones legales como pasa a explicarse.
6.5.- La parte recurrente alega que el error cometido en el providencia del Juzgado Primero Laboral, consiste en que en ese fallo de primera instancia se indicó que al no objetar la liquidación del crédito en el primer proceso ejecutivo, con las resoluciones que posteriormente presentó como títulos ejecutivos para el segundo proceso, quedó en firme el monto de la deuda que el Inpec tenía con el aquí demandante, por concepto de los salarios dejados de percibir. En consideración del recurrente, este juicio resulta erróneo, puesto que cuando inició ese primer proceso ejecutivo, no existían tales resoluciones.
6.6.- Pues bien, aunque las resoluciones que el aquí actor invocó como título ejecutivo en el segundo de los procesos, fueron posteriores al momento en que se liquidó el crédito del primer proceso de ejecución, esta circunstancia no tiene la entidad suficiente para cambiar el sentido de la decisión, puesto que lo que resulta trascendente es que frente tal liquidación del crédito, el aquí demandante guardó silencio, es decir, estuvo conforme con el monto señalado en la misma, y de esta manera quedó establecido el monto de la obligación.
6.7.- Ahora bien, procede la Sala a analizar al error que se le enrostra a la providencia del Tribunal, confirmatoria de la anterior, es decir, aquel según el cual este calificó la legalidad de las Resoluciones, que son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, al precisar que el crédito que en las mismas se reconocía ya había sido cancelado; lo que en su criterio constituye una equivocación, por cuanto, según el recurrente, las Resoluciones 062 y 701 son independientes de la condena proferida en el proceso ordinario laboral que había ordenado el reintegro y el pago de los salarios.
6.8.- Para efectos de resolver lo que corresponda a este respecto, bastará analizar el contenido de las Resoluciones, para establecer su dependencia o independencia respecto de la obligación establecida en el proceso ordinario laboral y sobre el particular se encuentra que en los considerandos de la primera de ellas, la Resolución No. 462 del 22 de febrero de 2002, se lee:
“Considerando que…. mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la ciudad de Pereira de fecha Febrero(sic) 19 de 2001, se ordena al INPEC reintegrar al demandante en el cargo que ostentaba al momento de ser retirado de la Institución; dicho fallo fue confirmado por el honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira.
Que mediante Resolución No.01532 del 25 de Mayo de 2001, suscrita por la Dirección General del INPEC, el señor JORGE JAMES LOPEZ CASTILLO es reintegrado en el cargo de dragoneante 5260 grado 11 en la Cárcel Distrito de Pereira. De igual manera se ordenó el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales, primas, bonificaciones y demás emolumentos dejados de percibir desde el día de su retiro hasta la fecha de su reintegro.
Por lo anterior se hace necesario reconocer los haberes dejados de percibir del(sic) periodo comprendido del 01 de septiembre de 200 al 30 de Mayo de 2001”.
6.9.- El texto que se acaba de transcribir, pone en evidencia que, contrario a lo sostenido por el recurrente, la Resolución No. 462 del 22 de febrero de 2002, es absolutamente dependiente de la condena impuesta en el proceso ordinario laboral en contra del INPEC y en favor del señor López Castillo; lo mismo puede predicarse de la Resolución No. 701 de marzo 15 del mismo año, en la medida que es simplemente aclaratoria de la anterior, en cuanto al monto a pagar. En consecuencia, tampoco existe el error atribuido por el recurrente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira; pues, ciertamente las Resoluciones tantas veces citadas constituían junto con la Sentencia proferida en proceso ordinario laboral, un título ejecutivo complejo; tanto es así que el juzgado Primero laboral inadmitió la demanda ejecutiva, porque no se había aportado la misma; y cuando fue aportada determinó el rechazo de la demanda.
6.10.- De otra parte, obsérvese que el motivo que adujeron, tanto el Juez Primero Laboral de Pereira, como la Sala Laboral del Tribunal, es que en dichas resoluciones se había reconocido más de lo ordenado en la sentencia del ordinario laboral; como quiera que en ese fallo se ordenó el pago de los salarios; y en aquellas se ordenaba pagar, además, bonificaciones, primas y subsidios, desbordando así lo ordenado por el juez.
6.11.- De lo expuesto, es claro que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en error judicial alguno; lo que advierte la Sala es que la parte actora pretende con este medio de control que se analice nuevamente si en las Resoluciones aportadas como título ejecutivo se podían reconocer pagos por conceptos diversos al salario; análisis que los jueces de instancia acertadamente realizaron, por lo que se determina que las providencias cuestionadas, se encuentran ajustadas a la realidad fáctica y probatoria aportada en la demanda laboral, y que las mismas son precisas, claras y concordantes con los hechos y las pretensiones aducidas en el libelo ordinario laboral, así como en las demás oportunidades procesales.
6.12.- Por último, la Sala considera que el hecho de que decisiones judiciales en el curso de un proceso laboral no hayan sido favorables a los intereses de la parte demandante, per se, no configuran un error judicial. Por lo expuesto, la Sala confirmará la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.
7. Condena en costas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.
En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMESE la sentencia del 7 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y publíquese,
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. 36146-15 #1, Rad. 35796-16 #2 y #3, Rad. 38082-17 #2
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente Sala de Subsección C
Fls. 188-215 del C.Ppal
Fls. 2 a 21 del C. 1. Fl. 19-21 del C. No. 1. Fl. 53 del C. No. 1
fl. 54 del C.1
Fls. 62-66 del C.1
Fls. 142-152 del C.1
Fls. 157-167 del C.1
Fls. 170-172
Fl. 176 del C.1
Fls. 188-219 del C. Ppal. Fls.217-235 del C. Ppal. Fl. 301del C. Ppal. Fl. 304 del C. Ppal. Fls. 305-309 del C. Ppal. Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Cfr., Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 17 de septiembre de 2013, Exp. 45092. Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias de 30 de enero de 2013, Exp. 24930, de 13 de febrero de 2015, Exp. 32704. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cit. pág. 22. Ibídem. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente: 16271. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carias de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, pág. 105
Ibídem. Pág. 110 y ss. Ibídem, pág. 115. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente: 22322. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de Septiembre de 1997, expediente: 10285; 27 de abril de 2006, expediente: 14837; y 13 de agosto de 2008, expediente: 17412. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271. Reyes Monterreal, José María. La Responsabilidad del Estado por Error y Anormal Funcionamiento de la Administración de Justicia. Editorial Colex. Madrid. 1995. Página 24.”
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente: 14837. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008 expediente: 17650. Alexy, Robert. Teoría de la argumentación. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 1997. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente: 15776 y 14 de agosto de 2008, expediente: 16594. Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
Al respecto, se señaló en esta providencia: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”»
En este sentido, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 10 de mayo de 2001, expediente: 12719. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente: 17650. “Esta diferencia, resulta fundamental, para efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos.”
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