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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2009-00194-01

Fecha
24 de abril de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2009-00194-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 30 de octubre de 2014, y, en su lugar, dispóngase: DECLÁRASE fundado el impedimento presentado por el consejero Nicolás Yepes Corrales. DECLÁRASE a La Previsora S.A. Compañía de Seguros y a la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible] – Unidad Administrativa Especial del Sistema del Sistema de Parques Nacionales Naturales, administrativa y solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de la desaparición de los señores Oliverio Cifuentes Cano, Carlos Fernando Gutiérrez mesa, Carlos Antonio Sánchez Cano y Jaime Arturo Obando Molina, y la muerte del primero de los mencionados. CONDÉNASE, como consecuencia de la anterior declaración, de manera solidaria, a La Previsora S.A. Compañía de Seguros y a la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible] – Unidad Administrativa Especial del Sistema del Sistema de Parques Nacionales Naturales, a pagar en favor de los demandantes las siguientes cantidades: POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES. Para el primer grupo familiar así: NOMBRE CALIDAD MONTO Nydia Jineth Pinzón Sánchez Compañera permanente 100 SMLMV Oliverio Cifuentes Padre 100 SMLMV Angélica Cano Triana Madre 100 SMLMV Camilo Esteban Cifuentes Pinzón Hijo 100 SMLMV Eliana Ximena Cifuentes Pinzón Hija 100 SMLMV Yolanda Cifuentes Cano Hermana 50 SMLMV 3.1.2. Para el segundo grupo familiar así: NOMBRE CALIDAD MONTO Clara Liliana Tunjano Rodríguez Compañera permanente 100 SMLMV José Ignacio Gutiérrez Malagón Padre 100 SMLMV Ana Lucía Mesa Rincón Madre 100 SMLMV 47 Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081) Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros. Anderson Nicolás Gutiérrez Hijo 100 SMLMV Tunjano Andrés Santiago Gutiérrez Hijo 100 SMLMV Tunjano John Fabio Gutiérrez Mesa Hermano 50 SMLMV Luz Helena Gutiérrez Mesa Hermana 50 SMLMV Luis Alejandro Gutiérrez Mesa Hermano 50 SMLMV 3.1.3. Para el tercer grupo familiar así: NOMBRE CALIDAD MONTO […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 66001-23-31-000-2009-00194-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

24 de abril de 2024

_______________________________________________
Radicado: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Demandante: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros
Demandado: La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible – Parques Nacionales Naturales de
Colombia – y La Previsora S.A.
Llamados en garantía: Carlos Rodolfo Daza Ramírez, QBE Seguros S.A. y la
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.
Referencia: Acción de reparación directa

Tema: Responsabilidad del Estado por daño causado con ocasión de la ejecución de una obra
pública. Subtema 1: Criterio de atribución de responsabilidad al Estado. Subtema 2: Llamamiento
en garantía.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA_________________________________

La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por Parques
Nacionales Naturales de Colombia y La Previsora S.A. contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 30 de octubre de 2014, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia solicitó a
la Previsora S.A. Compañía de Seguros la reconstrucción de la cabaña de su
propiedad ubicada en la laguna del Otún, inmueble que había sido incendiado por
integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y estaba
amparado por la póliza de incendios No. 1002526-70. La Previsora S.A., la Unidad
Administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia y el señor Carlos
Rodolfo Daza Ramírez, suscribieron la “orden de reconstrucción de la cabaña –
laguna del Otún perteneciente al Parque de los Nevados de la Unidad
Administrativa de Parques Nacionales Naturales – ubicada en las estribaciones del
nevado Santa Isabel”. El 17 de septiembre de 2007, los señores Oliverio Cifuentes
Cano, Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez y Jaime Arturo
Obando Molina desaparecieron en la laguna del Otún cuando estaban
transportando materiales para la reconstrucción de la cabaña, junto con la
embarcación en la que estarían realizando dicho traslado. El Cuerpo de Bomberos
Oficiales de Pereira, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y representantes de
Parques Nacionales Naturales de Colombia y del contratista de obra, Carlos
Rodolfo Daza Ramírez, adelantaron labores de búsqueda de las personas
desaparecidas, sin que lograran recuperar el bote o los cuerpos de aquellos. El 14
de octubre de 2007, apareció el cadáver del señor Oliverio Cifuentes Cano en la
laguna del Otún. Los actores pretenden la declaración de responsabilidad de la
Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Parques Nacionales
Naturales de Colombia – y de La Previsora S.A., por la desaparición y/o muerte de
los señores Cifuentes Cano, Gutiérrez Mesa, Sánchez y Obando Molina.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

La demanda fue presentada el día 12 de noviembre de 20091-2, por los grupos
familiares de los señores Oliverio Cifuentes Cano, Carlos Fernando Gutiérrez
Mesa, Carlos Antonio Sánchez y Jaime Arturo Obando Molina.

Los actores, de acuerdo con los hechos antes sintetizados, pretenden la
declaración de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible – Parques Nacionales Naturales de Colombia – y de La Previsora S.A.
Compañía de Seguros 3 – en adelante la Previsora S.A. –, por el
“desaparecimiento y posterior muerte de los señores Oliverio Cifuentes Cano,
Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez y Jaime Arturo Obando
Molina”. Además, como consecuencia de la anterior declaración, solicitan el
reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales que les fueron
causados con ocasión de los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2007.

De acuerdo con la argumentación expuesta por la parte actora en el escrito de
demanda, la administración debe responder por los daños causados a terceros,
entre los cuales se incluye a los obreros subcontratados por el contratista
particular, en el desarrollo de una obra pública; declaración de responsabilidad
que puede darse a título de falla en el servicio, cuando se omite la
implementación de las medidas necesarias para mitigar los riesgos generados por
la realización de la obra, o a título de riesgo excepcional4. En el presente caso,
argumentaron que la responsabilidad de las entidades demandadas surge porque
aquellas “ni exigieron ni verificaron el cumplimiento de las medidas mínimas de
seguridad para los obreros en la ejecución de la obra, toda vez que debían
atravesar para la ejecución del contrato el lago (…) [por lo que] era previsible que
en cualquier eventualidad los obreros debían caer a las aguas heladas,
produciéndose hipotermia y desde luego, muerte, de no ser rescatados
oportunamente” 5 . Además, indicaron que la declaración de responsabilidad
también atiende a la utilización de las lanchas de propiedad de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, siendo estas naves las que naufragaron en la
laguna6.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia

2.2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda en
auto del 30 de noviembre de 2009 7 ; el auto admisorio de la demanda fue
notificado en debida forma 8 ; el término de traslado de la demanda corrió de
conformidad con lo previsto en la ley; y esta fue contestada, en oportunidad9, por:

2.2.1.1. La Previsora S.A. 10 , quien argumentó que suscribió la orden de
reconstrucción de la cabaña de propiedad de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, ahora Parques Nacionales Naturales
de Colombia, en cumplimiento de la póliza de incendio No. 1002526, pero,
únicamente, en condición de “medio de pago”, por lo que no le asiste
responsabilidad alguna frente a los daños causados con ocasión de la ejecución
de la obra. Además, de acuerdo con lo anterior, formuló las excepciones de mérito

1 De conformidad con el sello de recibido de la Oficina Judicial de la Seccional Risaralda, ubicada en el
municipio de Pereira, visible a folio 91 del cuaderno 1.
2 El escrito de demanda obra a folios 11-91 del cuaderno 1, en tanto que los poderes otorgados por los grupos

familiares de los señores Oliverio Cifuentes Cano, Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez y
Jaime Arturo Obando Molina a los abogados Benjamín Herrera Agudelo y Nancy Monsalve Morales para que
ejercieran su representación judicial en el presente caso obran a folios 1-10 del cuaderno 1.
3 El nombre de la Previsora S.A. Compañía de Seguros aparece registrado en estos términos en el certificado

de registro mercantil No. 2701254, documento que obra a folios 120-122 del cuaderno 1.
4 Como sustento de su argumentación, los demandantes relacionaron acápites de múltiples sentencias

proferidas por esta Corporación.
5 Fundamento fáctico No. 25 del escrito de demanda, visible a folio 34 del cuaderno 1.
6 Ibidem.
7 Folios 95 y 96 del cuaderno 1.
8 Folios 100-103 del cuaderno 1.
9 De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda, que obra

a folio 361 del cuaderno 1.
10 Folios 105-118 del cuaderno 1.

2

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

denominadas: (i) “inexistencia de responsabilidad o falla por parte de La Previsora
S.A., en los hechos de la demanda”; (ii) “inexistencia del nexo causal entre los
hechos sucedidos y la participación de la Previsora S.A. como medio de pago”; (iii)
falta de legitimación en la causa por pasiva; (iv) hecho exclusivo de un tercero; e
(v) inexistencia de solidaridad de las demandadas. Finalmente, La Previsora S.A.
formuló llamamiento en garantía frente al señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez11,
contratista de la obra, QBE Seguros S.A. 12 - 13 y la Aseguradora Solidaria de
Colombia Ltda. 14 - 15 . Como fundamento del llamamiento en garantía del señor
Carlos Rodolfo Daza Ramírez, La Previsora S.A. expuso lo siguiente:

“5. El contratista señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez, al suscribir la orden de
reconstrucción asumió todos los riesgos y responsabilidades consagradas en
la misma orden y sus anexos, es por ello que, en caso de probarse alguna
responsabilidad en los hechos, tendrá que salir a responder él y su respectiva
aseguradora, o entidades de la seguridad social, donde haya contratado sus
pólizas, por los presuntos perjuicios por así contemplarlo la ley (…)”.

2.2.1.2. La Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial16 –
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales –17
se opuso a las pretensiones de la demanda mediante la formulación de las
excepciones de mérito de: (i) fuerza mayor o caso fortuito18, (ii) culpa exclusiva de
la víctima19; y (iii) culpa exclusiva de un tercero 20. Así mismo, adujo que en el

11 Folios 237-239 del cuaderno 1-1.
12 El nombre de QBE Seguros S.A., aparece registrado en esos términos en el certificado de registro mercantil

No. 2716585 que se encuentra a folios 254-260 del cuaderno 1-1.
13 Como fundamento del llamamiento en garantía de la Aseguradora Solidaria de Colombia [folios 227-229 del

cuaderno 1-1], la Previsora expuso lo siguiente:
“1. La Previsora S.A. suscribió con QBE Central de Seguros S.A., hoy QBE Seguros S.A., la póliza de
responsabilidad civil extracontractual No. 120100000908 con vigencia 25 de octubre de 2006 al 24 de octubre
de 2007, donde la tomadora, aseguradora y beneficiaria es la Previsora S.A. Compañía de Seguros. 2. La
señora Nydia Janeth Pinzón Sánchez y otros, instauraron ante ese Tribunal demanda de reparación directa en
contra del Ministerio del Medio Ambiente y de la Previsora S.A., por unos hechos ocurridos el día 17 de
septiembre de 2007, por la muerte de un obrero y la desaparición de otros tres (…) 3. Pretende la parte actora
se declare responsabilidad solidaria de las entidades demandadas por presunta falla en vigilancia y seguridad,
en la reconstrucción de una cabaña afectada por siniestro de incendio. 4. Para la época de ocurrencia de los
hechos 17-09-2007, la póliza estaba vigente (…)”.
14 El nombre de la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., aparece registrado en esos términos en el

certificado de registro mercantil No. 2703768, expedido por la Cámara de Comercio de Pereira. Dicho
documento obra a folios 230-232 del cuaderno 1-1.
15 Como fundamento del llamamiento en garantía de la Aseguradora Solidaria de Colombia [folios 227-229 del

cuaderno 1-1], la Previsora expuso lo siguiente:
“2. Se dio orden de reconstrucción al arquitecto Carlos Rodolfo Daza Ramírez, quien previamente había
presentado una propuesta, la que fue aprobada por el valor antes citado, propuesta en la cual él asumía todos
los riesgos allí estipulados y los de ley. 3. Como garantías el contratista antes citado presentó a favor de la
Unidad Administrativa de Parques – Ministerio del Medio Ambiente – las pólizas de garantía así: No.
994000002562 con vigencia del 16-07-2007 al 31 de octubre de 2010, con amparo de pago de salarios, y la
No. 994000001253 con vigencia 16-07-2007 al 02-03-2008 que ampara la responsabilidad civil. 4. Los hechos
que motivan la demanda ocurrieron el día 17 de septiembre de 2007, estando cubiertos dentro de las
vigencias de las pólizas. 5. En virtud de lo consagrado en el artículo 1096 de Código de Comercio, mi
representada en el remoto caso que salga obligada en este proceso y tenga que pagar alguna suma de
dinero, tiene un derecho legal para ejercer la acción de subrogación en contra de los terceros responsables
del siniestro o de su asegurador. 6. De conformidad con el artículo 57 del C. de P. Civil, mi mandante tiene
derecho de exigir que la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia S.A., salga a responder por la
eventual responsabilidad de su asegurado el contratista, y que comparezca a este proceso como llamada en
garantía para que pague por él la indemnización que remotamente se llegaré a reconocer a la parte actora
mediante sentencia (…)”.
16 Ahora, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
17 Folios 288-300 del cuaderno 1-1.
18 Al punto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó:

“[E]n razón a que las circunstancias que rodearon los hechos en los cuales perdió la vida una persona y otras
tres desaparecieron y que se encontraban desarrollando trabajos bajo orden y relación laboral con el señor
CARLOS RODOLFO DAZA eran imprevisibles y no se tiene certeza de qué sucedió realmente”.
19 Sobre la configuración de esta excepción, expuso:

“Como lo indicamos anteriormente no existe claridad respecto a las condiciones de tiempo, modo y lugar que
precedieron el hundimiento de la lanchas transportadores (sic) y que conllevaron al desafortunado final, de lo
cual resulta viable explorar variadas hipótesis, siendo una de ellas que las mismas víctimas obraron con
imprudencia, al transportar en esa lancha, materiales de construcción que excedían en peso su capacidad
real, y ello lo pudieron haber hecho a ciencia y paciencia, bajo pleno desconocimiento de la UAESPNNN”.
20 Al respecto, la entidad demandada manifestó:

“Da lugar a la exoneración de la responsabilidad, por cuanto la imputación se hizo equivocadamente a
persona distinta de la que realmente lo realizó, fue un tercero quien causó el hecho y no a quien se le imputa.
El tercero debe ser persona distinta a la víctima y al causante”.

3

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

presente caso se encuentra configurada la excepción previa de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, “pues las personas fallecidas y/o
desaparecidas no tenían vínculo legal ni contractual alguno con esta entidad”21.

2.2.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de auto del 19 de julio de
201022-23, admitió los llamamientos en garantía formulados al señor Carlos Rodolfo
Daza Ramírez, a QBE Seguros S.A. y a la Aseguradora Solidaria de Colombia
Ltda. Una vez notificada la admisión de los llamamientos en garantía 24 , la
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. 25 y QBE Seguros S.A. 26 presentaron
contestación del escrito de demanda y del llamamiento en garantía, en tanto que
el señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez guardó silencio27.

2.2.3. Agotada la etapa probatoria del proceso, sin reparo alguno de las partes, el
Tribunal Administrativo de Risaralda, en proveído del 2 de mayo de 201428, corrió
traslado a las partes, para que alegaran de conclusión, y al Ministerio Público,
para que rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron la parte actora 29, el señor
Carlos Rodolfo Daza Ramírez 30 , la Nación – Parques Nacionales Naturales de
Colombia31 –, La Previsora S.A.32 y QBE Seguros S.A.33.

2.3. La sentencia recurrida

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia proferida el 30 de octubre de
201434, declaró, solidaria y administrativamente, responsables a la Nación –
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, a La Previsora S.A. y al
señor Carlos Adolfo Daza Ramírez, “por la desaparición de los señores Oliverio
Cifuentes Cano, Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez Cano y
Jaime Arturo Obando, y la muerte del primero de los mencionados”. Además,
como consecuencia de la anterior declaración, los condenó a pagar las siguientes
sumas:

“3.1. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES.

3.1.1. Para el primer grupo familiar así:

21 Al punto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo:

“Del material probatorio allegado se puede extraer que en virtud del reclamo No. 21047-06-70-03 sobre el
siniestro presentado en la cabaña de la Laguna del Otún, Parque Nacional Natural Los Nevados, la Compañía
de Seguros La Previsora hizo efectiva la póliza, asumiendo la reconstrucción del inmueble, y considero de
manera libre, espontánea y autónoma que para ejecutar esas obras, la mejor oferta era la del señor CARLOS
RODOLFO DAZA RAMÍREZ, con quien la Compañía de Seguros, suscribió la orden de trabajo para la
reconstrucción de la cabaña, sin que en momento precontractual o contractual, la UAESPNN interviniera en la
escogencia del contratista, y menos en la selección del personal que a su cargo iba a ejecutar esos trabajos
Así entonces es claro que la Unidad de Parques, pese a ser beneficiaria del reconocimiento del siniestro
efectuado por la Compañía de Seguros La Previsora, no era solidaria con esa Compañía, cuando la
aseguradora suscribe la orden de trabajo con el señor DAZA RAMÍREZ, quien luego vincula a las personas
hoy fallecidas y/o desaparecidas.
Siendo cierto que la Unidad de Parques adelantó la supervisión de la reconstrucción de la Cabaña en
comento, y que se ejerció a través del arquitecto GERMAN MELO GARCÍA, dicha función se limitaba a
verificar que los bienes entregados por la Aseguradora, correspondieron a lo que realmente debía reconocer
con cargo al seguro contratado, más no a efectuar control o interventoría sobre el contratista de la
Aseguradora y menos sobre las personas que a su cargo estaban realizando los trabajos”.
22 Folios 366 y 368 del cuaderno 1-1.
23 Adicionado y corregido mediante auto del 26 de julio de 2010, visible a folios 370-372 del cuaderno 1-1.
24 Folios 373-377 del cuaderno 1-1.
25 Folios 382-394 del cuaderno 1-1.
26 Folios 402-415 del cuaderno 1-2.
27 De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Risaralda, que obra

a folio 435 del cuaderno 1-2.
28 Folio 517 del cuaderno 1-2.
29 Folios 527-561 del cuaderno 1-2.
30 Folios 562-564 del cuaderno 1-2.
31 Folios 518-520 del cuaderno 1-2.
32 Folios 521-526 del cuaderno 1-2.
33 Folios 565-572 del cuaderno 1-2.
34 Folios 584-692 del cuaderno principal.

4

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

NOMBRE CALIDAD MONTO
Nydia Jineth Pinzón Compañera permanente 100 SMLMV
Oliverio Cifuentes Padre 100 SMLMV
Angélica Cano Triana Madre 100 SMLMV
Camilo Esteban Cifuentes Cano Hijo 100 SMLMV
Eliana Ximena Cifuentes Cano Hija 100 SMLMV
Yolanda Cifuentes Cano Hermana 50 SMLMV

3.1.2. Para el segundo grupo familiar así:

NOMBRE CALIDAD MONTO
Clara Liliana Tunjano Rodríguez Compañera permanente 100 SMLMV
José Ignacio Gutiérrez Malagón Padre 100 SMLMV
Ana Lucía Mesa Rincón Madre 100 SMLMV
Anderson Nicolás Gutiérrez Hijo 100 SMLMV
Tunjano
Andrés Santiago Gutiérrez Hijo 100 SMLMV
Tunjano
John Fabio Gutiérrez Mesa Hermano 50 SMLMV
Luz Helena Gutiérrez Mesa Hermana 50 SMLMV
Luis Alejandro Gutiérrez Mesa Hermano 50 SMLMV

3.1.3. Para el tercer grupo familiar así:

NOMBRE CALIDAD MONTO
María Doris Cano Usme Esposa 100 SMLMV
Carlos Alfredo Sánchez Cano Hijo 100 SMLMV
Cristian Sánchez Cano Hijo 100 SMLMV
Wilber Arley Sánchez Cano Hijo 100 SMLMV

3.1.4. Para el cuarto grupo familiar así:

NOMBRE CALIDAD MONTO
Carolina Obando Rivera Hija 100 SMLMV
Daniel Obando Rivera Hijo 100 SMLMV

3.2. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES

3.2.1. Para el primer grupo familiar:

CONSOLIDADA O HISTÓRICA.

Para la señora Nydia Jineth Pinzón en calidad de compañera permanente la
suma de $30.496.823. Para los hijos Camilo Esteban y Eliana Ximena
Cifuentes Pinzón la suma $15.248.411 para cada uno de ellos.

FUTURA O ANTICIPADA.

Para la señora Nydia Jineth Pinzón en calidad de compañera permanente la
suma de $54.317.329. Para el joven Camilo Esteban Cifuentes Pinzón la
suma de $14.500.432. Para la niña Eliana Ximena Cifuentes Pinzón la suma
de $18.968.689.

3.2.2. Para el segundo grupo familiar:

CONSOLIDADA O HISTÓRICA.

Para la señora Clara Liliana Tunjano Rodríguez en calidad de compañera
permanente la suma de $30.496.823. Para los hijos Anderson Nicolás y
Andrés Santiago Gutiérrez Tunjano la suma $15.248.411 para cada uno de
ellos.

FUTURA O ANTICIPADA.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Para la señora Clara Liliana Tunjano Rodríguez la suma de $52.317.329.
Para el joven Anderson Nicolás Gutiérrez Tunjano la suma de $11.323.458.
Para el joven Andrés Santiago Gutiérrez Tunjano la suma de $15.815.341.

3.2.3. Para el tercer grupo familiar:

CONSOLIDADA O HISTÓRICA.

Para la señora María Doris Cano Usme en calidad de esposa, la suma de
$30.496.823. Para los hijos Carlos Alfredo y Cristian Sánchez Cano la
suma $15.248.411 para cada uno de ellos.

FUTURA O ANTICIPADA.

CONDÉNASE EN ABSTRACTO, por este concepto para la señora María
Doris Cano Usme, teniendo en cuenta para su liquidación lo analizado en la
parte considerativa de la presente providencia.

Para el joven Carlos Alfredo Sánchez Cano la suma de $6.957.000. Y para
el joven Cristian Sánchez Cano, la suma de $11.046.539.

3.2.4. Para el cuarto grupo familiar:

CONSOLIDADA O HISTÓRICA.

Para los hijos Carolina y Daniel Obando Rivera la suma de $15.248.411
para cada uno de ellos.

FUTURA O ANTICIPADA.

Para la joven Carolina Obando Rivera la suma de $8.297.209. Y para el
joven Daniel Obando Rivera, la suma de $13.909.092.

4. CONDÉNASE A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QBE S.A. a pagar hasta
el límite del valor asegurado, las sumas correspondientes a La Previsora S.A.
por concepto de los perjuicios materiales discriminados en el numeral anterior,
de conformidad con lo analizado en la parte considera[tiva] de la presente
providencia”.

Esa colegiatura, como fundamento de su decisión, expuso los siguientes
argumentos:

“Ahora, es necesario resaltar que a pesar de que no obra en el expediente
declaración de algún testigo ocular de los hechos, esto es, no hay evidencia
de las circunstancias reales en las que ocurrieron los acontecimientos, lo
cierto es que, así lo muestran las pruebas, las personas desaparecidas ese
17 de septiembre de 2007 se encontraban transportando material en un bote
de propiedad de la Unidad de Parques Nacionales (…)

De manera que la primera hipótesis que se tiene con respecto a la causa
probable del naufragio es por mal estado de la lancha de la Unidad de
Parques Nacionales Naturales así como sus características físicas pues era
insuficiente para transportar el material al no tener motor. Sin embargo no
puede dejar [a] un lado este Tribunal que no obra en el plenario prueba
idónea que permita esclarecer los motivos del accidente y las circunstancias
reales en las que acontecieron los hechos, por lo que esa hipótesis en
principio pierde fuerza.

No obstante la Sala estima que con independencia del estado de la lancha y
si esta era apta o no para tal labor, lo cierto es que aun sabiendo que los
materiales para la obra se debían transportar atravesando la laguna del
Otún, no aparece probado que se hayan adoptado las medidas de seguridad
para los trabajadores ni se les suministraron los elementos para tal efecto,
convirtiéndose para esta colegiatura como la causa eficiente del daño el
hecho de haber permitido que los obreros atravesaran dicha laguna sin los

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

elementos de protección tendientes a evitar una hipotermia en caso de un
naufragio, que bien se podía presentar por cualquier circunstancia, situación
que debió ser prevista por el contratista empleador quien era el encargado
de velar por la seguridad de los trabajadores que tenía a cargo y por la
Unidad de Parques al suministrar un bote en condiciones deficientes para
prestar el servicio de transporte de material (…)

De los aludidos testimonios se puede extraer que efectivamente una vez los
obreros naufragaron en las heladas aguas de la Laguna del Otún, las
posibilidades de llegar a la orilla con vida eran muy pocas, teniendo en
cuenta que la baja temperatura y las grandes probabilidades de sufrir una
hipotermia casi inmediata indefectiblemente les acarrearía la muerte.

Por tanto, considera esta Sala de Decisión que si bien no puede decirse que
la causa efectiva del daño fue la presunta avería de los botes de propiedad
de la Unidad de Parques Nacionales, ello si contribuyó a que el hecho
dañoso se concretara; aunado a ello no cabe duda que aun los obreros
sabiendo nadar, no pudieron llegar a la orilla por la temperatura del agua, lo
cual sin contar con los elementos y trajes adecuados les generó una
hipotermia. Así pues el daño aquí irrogado se produjo porque no se
cumplieron con las medidas mínimas de seguridad para los obreros, en el
entendido que debían atravesar una laguna que se encuentra a 3950 metros
sobre el nivel del mar, y era más que previsible que cualquier eventualidad
se presentase, por lo que el contratista debió proveer a sus trabajadores, de
un traje especial para bajas temperaturas y salvavidas con el fin de que
estos mitigaran el frio y pudieran por lo menos pedir ayuda y/o que su
cuerpo resistiera para salir de la laguna por sus propios medios, no obstante
nada de ello aconteció, constituyendo tales circunstancias las causas
eficientes del daño”.

2.4. Los recursos de apelación

2.4.1. La Previsora S.A., en escrito radicado el 13 de noviembre de 2014 35 ,
formuló apelación contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en
los siguientes cargos:

2.4.1.1. Reprochó el análisis probatorio realizado por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, toda vez que:

2.4.1.1.1. El teniente de bomberos36, Luis Enrique Reyes, afirmó que habían
encontrado un bote cubierto de sedimentación, que, a juicio del Tribunal de
primera instancia, correspondía a aquel en que se transportaban los
desaparecidos al momento de su naufragio. Sin embargo, la recurrente
considera que los bomberos “no tuvieron certeza de que fuera el bote o lancha
en la cual al parecer se movilizaban los desaparecidos” y que, aun cuando
apareció el cadáver de uno de los obreros, no se demostró “la inmersión en la
laguna de sus otros compañeros, pues ni siquiera el bote o lancha pudo ser
localizado e identificado”.

2.4.1.1.2. Así mismo, erró el Tribunal al “dar por sentado” que las personas se
encontraban transportando material en el bote avistado por los rescatistas, dado
que este no pudo ser identificado como aquel suministrado por Parques
Nacionales Naturales de Colombia.

2.4.1.1.3. El a quo centró su imputación en el hecho de “que no aparece
demostrado en el plenario que se hayan adoptado las medidas de seguridad
para los trabajadores ni se les suministraron los elementos para el efecto”, pero,
en la misma sentencia de primera instancia, “se reconoce que no hay prueba
idónea que permita esclarecer los motivos del accidente y las circunstancias

35 El recurso de apelación obra a folios 695-707 del cuaderno principal, en tanto que el sello de recibido del

Tribunal Administrativo de Risaralda se encuentra en el reverso del folio 707 del mismo cuaderno.
36 Análisis que obra a folio 56 de la sentencia de primera instancia.

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

reales, pues ni siquiera hubo testigos presenciales del mismo (…) por ello no es
dable afirmar que los trabajadores desaparecidos no contaban con elementos
de protección”.

2.4.1.2. Por otra parte, cuestionó los argumentos de la imputación del daño
realizada por el Tribunal Administrativo de Risaralda frente a La Previsora S.A.,
“por haber contratado la ejecución de la obra con el arquitecto Carlos Alfonso
Daza Ramírez”. Al respecto, reiteró que el rol que cumplía la aseguradora era
únicamente aquel de servir como “medio de pago”, por lo que “no era ni dueña
ni beneficiaria de la obra de la reconstrucción de la cabaña”. En consecuencia,
considera que la interpretación del Tribunal de primera instancia desconoce “las
normas que disciplinan el contrato de seguros del Código de Comercio”37, y que
“tampoco se analizaron las normas que en nuestra legislación civil disciplinan el
mandato”38.

Aunado a lo anterior, indicó que el contratista celebró un contrato para el
transporte de los materiales de construcción con el señor Fredy Alberto Osorio,
y en dicho contrato tampoco participó la Previsora S.A., limitándose a suscribir
“el otrosí a la orden de reconstrucción para reliquidar la indemnización por la
cobertura de gastos adicionales”, en su condición de medio de pago. Así
mismo, manifestó que no le era aplicable la solidaridad prevista en el artículo 34
del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto la desaparición de los obreros
ocurrió con ocasión de una actividad extraña a aquellas labores normales de la
Previsora S.A.

2.4.1.3. Insiste en el llamamiento en garantía formulado a la Aseguradora
Solidaria de Colombia, ya que “sí hay un beneficio directo, no solo para la
llamante, sino para el tomador y la entidad asegurada en dichas pólizas, pues
todos tres salieron condenados en la sentencia y que además la expedición de
dichas pólizas es una exigencia de la orden de reconstrucción que también
firmaron los tres condenados solidariamente en la sentencia”.

2.4.1.4. En relación con la condena proferida contra el llamado en garantía QBE
Seguros S.A., solicitó la inclusión del reconocimiento de la condena por
perjuicios morales, puesto que esta afectación también estaba amparada por la
póliza expedida por dicha aseguradora.

Además, solicitó la disminución de la tasación de dichos perjuicios, porque
“para la época en que se sucedieron los hechos y presuntamente se materializó
(sic) estos perjuicios para los grupos familiares, las tablas de indemnización
establecidas en la jurisprudencia eran bastante inferiores”.

2.4.2. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Parques
Nacionales Naturales de Colombia –, a través de escrito presentado el 24 de
noviembre de 2014 39 , formuló recurso de alzada contra el fallo de primera
instancia. Como sustento de su impugnación, la entidad demandada expuso los
siguientes argumentos:

2.4.2.1. En el presente caso el régimen de responsabilidad aplicable es el
subjetivo por falla en el servicio, por lo que, al ser la causa eficiente del daño la
falta de adopción de medidas de seguridad, consistente en el suministro de
elementos a los trabajadores para tal efecto, y el hecho de haber permitido que
los obreros atravesaran la laguna sin dichos elementos, hace que el daño cuya
reparación se pretende le es imputable al contratista de la obra.

37 Artículos 1110 y 1162 del Código de Comercio.
38 Artículos 2142 y 2149 del Código Civil.
39 El recurso de alzada obra a folios 708-713 del cuaderno principal, en tanto que el sello de recibido del

Tribunal Administrativo de Risaralda se encuentra en el reverso del folio 713 del mismo cuaderno.

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

2.4.2.2. En la misma línea del anterior argumento, indicó que el hecho de que
“la entidad haya facilitado una lancha para movilizar el material que utilizaban
para la obra no la convierte en responsable de la seguridad de los
trabajadores”, ya que, como lo indicó el mismo Tribunal en la sentencia de
primera instancia, “no puede decirse que la causa efectiva del daño fuera la
presunta avería de los botes de propiedad de la Unidad de Parques
Nacionales”.

2.4.2.3. Argumentó que se configuró la causal eximente de responsabilidad de
culpa exclusiva de la víctima, en razón a que, como quedó acreditado en el
expediente, “el Director del parque señaló a los trabajadores que no debían
transportar material de construcción en la lancha de motor que pertenecía a la
entidad, otorgándoles la opción de reparar otra lancha para el transporte de
dicho material, por lo que las personas que usarían la lancha tenían la
responsabilidad para cumplir con su trabajo de repararla y determinar si se
encontraba en condiciones para navegar y transportar material de construcción,
pues el funcionario de la entidad les advirtió del estado en el que se encontraba
la lancha y que la debían reparar para su uso”.

2.4.3. El señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez interpuso recurso de apelación
adhesiva contra el fallo de primera instancia40. A juicio del recurrente, “el punto
central de la controversia radica en establecer de quién es la responsabilidad en el
hecho trágico en el que perdieran la vida los cuatro ocupantes”, siendo las
entidades públicas demandadas las llamadas a responder, dado que la causa
eficiente del daño fue la obligación de utilizar una embarcación que no tenía las
condiciones necesarias para el transporte de materiales, en razón de su estado de
deterioro. Situación que habría ocurrido sin conocimiento del contratista, puesto
que la orden le habría sido dada a los obreros por parte del director del parque.

2.5. Conciliación

Según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 41 , el Tribunal
Administrativo de Risaralda convocó a las partes a audiencia de conciliación42, la
cual fue evacuada el 17 de mayo de 201643, y hubo de declararse fallida por falta
de ánimo conciliatorio entre las partes. En consecuencia, el Tribunal concedió los
recursos de apelación interpuestos por La Previsora S.A. y por la Nación –
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Parques Nacionales Naturales de
Colombia – en contra de la sentencia de primera instancia.

2.6. Trámite relevante en segunda instancia

Esta Corporación, en auto del 17 de agosto de 201644, admitió los recursos de
apelación interpuestos por La Previsora S.A., por la Nación – Parques Nacionales
Naturales de Colombia – y por Carlos Rodolfo Daza Ramírez en contra de la
sentencia de primera instancia. Así mismo, por auto del 4 de octubre de 201745,
corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo hicieron La
Previsora S.A. 46 , quien reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y añadió un reproche de incongruencia contra el fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, pues, según su argumentación, la causa del

40 Folios 316-321 del cuaderno principal.
41 “Artículo 70. Adiciónese un cuarto inciso al artículo 43 de la Ley 640 de 2001, cuyo texto será el siguiente:

En materia de lo contencioso administrativo, cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio
y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de
conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la concesión del recurso. La asistencia a esta
audiencia será obligatoria.
PARÁGRAFO: Si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso”.
42 Esto, a través de auto del 10 de mayo de 2016, que obra a folio 779 del cuaderno principal.
43 El acta de la audiencia de conciliación obra a folios 781-783 del cuaderno principal.
44 Folio 324 del cuaderno principal.
45 Folio 869 del cuaderno principal.
46 Folios 870-875 del cuaderno principal.

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

daño que le fue imputada en la demanda es la falta de vigilancia de la seguridad
de las personas que laboraban en la obra y esta omisión no fue acreditada en el
presente caso; la parte actora47, quien solicitó que fuera confirmada la sentencia
de primera instancia; Parques Nacionales Naturales de Colombia48, quien insistió
en los cargos formulados en el recurso de alzada; y el entonces Procurador
Primero Delegado ante el Consejo de Estado, Nicolás Yepes Corrales, quien rindió
el concepto No. 190 del 18 de diciembre de 2017 49 , a través del cual solicitó
“modificar la sentencia en el aspecto de revocar la declaratoria de responsabilidad
y las demás condenas a la entidad pública Parques Nacionales Naturales de
Colombia, confirmando los demás apartes de la providencia apelada”.

2.7. Manifestación y aceptación de impedimento

El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar incurso en la causal de
impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del
Proceso (CGP)50, por haber rendido concepto en el proceso en calidad de agente
del Ministerio Público. Con el fin de resolver el impedimento, el doctor Yepes
Corrales se retiró del recinto para que los demás integrantes de la Sala decidieran
de conformidad, luego de lo cual, aquellos encontraron fundada la manifestación
de impedimento y aceptaron la solicitud del doctor Yepes Corrales de separarse
del asunto.

III. PROBLEMA JURÍDICO

3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP),
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 51-52, el
“recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la
competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a
“pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP. Sin embargo, como la misma
norma lo establece, “cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

3.2. Visto lo anterior, conforme a los cargos planteados en los escritos de
apelación, a la Sala le corresponde resolver el siguiente problema jurídico:

¿La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Parques
Nacionales Naturales de Colombia – y La Previsora S.A. Compañía de Seguros
son responsables de los daños y perjuicios causados a los demandantes con
ocasión de la muerte de Oliverio Cifuentes Cano y la desaparición de los señores
Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez y Jaime Arturo Obando
Molina, en hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2007, cuando estaban
transportando materiales para la reconstrucción de la cabaña de propiedad de
Parques Nacionales Naturales de Colombia, ubicada en el parque natural “Los
Nevados”?
47 Folios 877-888 del cuaderno principal.
48 Folios 918-923b del cuaderno principal.
49 Folios 889-917 del cuaderno principal.
50 CGP. “Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes: (…) 12. Haber

dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber
intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo (…)”.
51 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán
por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones. […]” (subrayado fuera del texto original).
52 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de

junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

3.3. En el evento en que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, y en
atención a que el reconocimiento de la indemnización por perjuicios materiales y
morales53 que ordenó el juez de primera instancia no fue objeto de apelación, esta
Subsección determinará si el monto de la anterior condena cumple con los
estándares jurisprudenciales vigentes.

3.4. Finalmente, la Sala definirá lo atinente a quienes actúan en este proceso
como llamados en garantía, en los términos previstos en la “orden de
reconstrucción de la cabaña – laguna del Otún perteneciente al Parque de los
Nevados de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales – ubicada
en las estribaciones del nevado Santa Isabel” (Carlos Rodolfo Daza Ramírez) y en
los contratos de seguros incorporados como pruebas (QBE Seguros S.A. y la
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.), y de la normatividad aplicable.

IV. HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA JURÍDICO

4.1. El señor Milton Henry Arias Fierro54 radicó denuncia ante la Policía Nacional55,
el 17 de abril de 2006. Relató que el día 15 del mismo mes y año se presentaron
unos hombres que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia -FARC- e incendiaron la cabaña de propiedad de la
Unidad Administrativa de Parques Nacionales ubicada en la laguna del Otún. El
siniestro antes referido estaba amparado por la póliza de incendios No. 1002526-
7056, en cuya condición primera se estableció que “La Previsora indemnizará al
asegurado, las pérdidas o daños materiales que ocurran a consecuencia de un
evento imprevisto, accidental y repentino en los bienes asegurados por un hecho o
riesgo no específicamente excluido bajo esta póliza, mientras se encuentren en los
predios amparados”57.

4.2. La Previsora S.A. liquidó el valor de la indemnización correspondiente al
reclamo No. 21047-06-70-03 58 y Parques Nacionales Naturales de Colombia
suscribió un “recibo de indemnización”59, en el que estableció que “con el presente
pago declaro a paz y salvo a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, por las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato de seguros contenidos en la póliza
No. 1002556 (…)”.

4.3. La Previsora S.A.; Carlos Rodolfo Daza Ramírez, en condición de contratista,
y la Unidad Administrativa de Parques Nacionales, como ordenador del gasto y
supervisor de la obra, suscribieron la “orden de reconstrucción de la cabaña –
laguna del Otún perteneciente al Parque de los Nevados de la Unidad
Administrativa de Parques Nacionales Naturales – ubicada en las estribaciones del
nevado Santa Isabel”60. Lo anterior, de conformidad con las siguientes cláusulas,
entre otras:

“1. OBJETO: Construcción de la cabaña LAGUNA DEL OTÚN, con los
recursos de la indemnización a la Unidad Administrativa de Parques
Nacionales Naturales (…) por las pérdidas sufridas con ocasión del incendio
que destruyó totalmente la cabaña ubicada a orillas de la Laguna del Otún,
en las estribaciones del Nevado Santa Isabel, en hechos ocurridos el 15 de
abril de 2006.

53 Nótese que en el numeral 2.4.1.4. de la apelación, se protestó el monto de los perjuicios morales, no así su

reconocimiento.
54 Trabajador del parque nacional natural “Los Nevados”.
55 Folios 6-8 del cuaderno 3.
56 Folio 41 del cuaderno 3.
57 El documento contentivo de las condiciones generales de la póliza de todo riesgo por incendio y/o rayo,

obra a folios 128-136 del cuaderno 1.
58 Folio 171 del cuaderno 1.
59 Folio 174 del cuaderno 1.
60 Folios 223-225 del cuaderno 3.

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Estas pérdidas, se encuentran amparadas a la luz del contrato de seguro de
incendio suscrito bajo la póliza No. 1002526-70. En virtud de ello, LA
PREVISORA S.A., debidamente autorizada por el asegurado mediante
solicitud de indemnización del 15 de noviembre de 2006 No. 001336 61 ,
suscrita por el doctor SERGIO ALONSO ESTRADA M., en su calidad de
ordenador del gasto como director territorial noroccidental y de común
acuerdo con el proceso de ajuste adelantado por la firma Ingeniería de
Riesgos y Administración de Pérdidas – I.R.P. CONSULTORES LTDA.,
cuyas liquidaciones han sido validadas por la Compañía de Seguros y
formalmente aceptadas por la entidad asegurada, procede a generar esta
orden de reparación al arquitecto CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ (…)
para que reconstruya la cabaña afectada con el siniestro INC-21047-06-70
(…)

8. SUPERVISIÓN: La supervisión la ejercerá La Unidad Administrativa de
Parques Nacionales Naturales, a través del Área de Infraestructura y
Mantenimiento de Sedes de la Unidad, por tanto EL CONTRATISTA
arquitecto CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ o quien lo represente, se
compromete a entregar la construcción contratada para ser aprobado por el
supervisor. Este a su vez, se compromete a formular los comentarios y
reparos frente a la obra, dentro de las tres semanas después de haber
terminado la obra.

9. CALIDAD EN QUE INTERVIENE LA ASEGURADORA: La intervención de
La Previsora S.A. en la presente Orden de Trabajo es eminentemente a
título de medio de pago, en virtud de la indemnización derivada del siniestro
de incendio No. 21047-06-70, por tanto, queda liberada de toda
responsabilidad por la idoneidad y calidad de los trabajos ejecutados y del
oportuno y adecuado cumplimiento por parte del contratista CARLOS
RODOLFO DAZA RAMÍREZ, para lo cual las pólizas respectivas de garantía
que se exigen por parte de la Previsora S.A. tendrán como beneficiarios a la
Nación, Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, cuyo NIT corresponde al No. 830.016.624-7

10. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA ORDEN DE
RECONSTRUCCIÓN: Como documentos que forman parte de la
reconstrucción de la cabaña de la laguna del Otún, se establecen los
siguientes: (…) c) el recibo de indemnización firmado por el asegurado (…) y
d) ANEXO 1”.

Respecto de la calidad en que intervino la aseguradora, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial – Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales –, en el capítulo VIII62 del pliego de condiciones de
la licitación pública No. 03 de 2006 63 - 64 , indicó que los oferentes debían
contemplar “en caso de siniestro, que el asegurado se reserva el derecho de
solicitar a la compañía de seguros el pago de la indemnización, mediante la
reparación y/o reposición del bien o bienes afectados, o mediante giro a los
contratistas y/o proveedores de servicios o suministro de éstos u otros similares
con los cuales la UAESPNN decida reemplazarlos, y la compañía a petición
escrita de la entidad asegurada, efectuará el pago de la indemnización hasta el
monto de su responsabilidad”65.

4.4. El señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez, en su condición de contratista y de
acuerdo con lo establecido en el anexo 166, se obligó a adquirir las maquinarias,

61 Folios 178-180 del cuaderno 2.
62 Relativo a las especificaciones técnicas de los seguros a contratar.
63 Para “contratar las pólizas de seguros que amparen los bienes e intereses patrimoniales de propiedad y de

aquellos por los cuales es legalmente responsable la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales”.Cfr. pliego de condiciones obrante a folios 70-156, cuaderno 4.
64 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Unidad Administrativa Especial del Sistema de

Parques Nacionales Naturales adjudicó la licitación No. 03 de 2006, entre otras aseguradoras, a la Previsora
S.A. Compañía de Seguros, por medio de la Resolución No. 067 del 27 de abril de 2006.
65 Reverso del folio 111 del cuaderno 4.
66 Folios 184-196 del cuaderno 1.

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la
realización de la obra y a cumplir con las normas legales nacionales,
departamentales, municipales o de autoridades locales del lugar donde se lleven
a cabo los trabajos de la obra contratada y a velar por la seguridad de las
personas que llegaren a quedar vinculadas directa o indirectamente en la
ejecución de la obra contratada.

4.5. El 6 de julio de 2007, La Previsora S.A., en condición de contratante 67, el
señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez, en condición de contratista, y la Unidad
Administrativa de Parques Naturales Nacionales, como ordenador del gasto y
supervisor del contrato, suscribieron el “otrosí No. 1 a la orden de reconstrucción
de la cabaña – laguna del Otún perteneciente al Parque de los Nevados de la
Unidad Administrativa de Parques Nacionales”68, a través del cual modificaron las
condiciones del contrato en lo relativo al transporte de materiales, en atención a
las siguientes consideraciones:

“Atendiendo las razones de dificultad en el transporte de materiales por
problemas en la vía principal de acceso 69 , expuestas por el arquitecto
contratista y conocidas por Parques Nacionales, la Aseguradora acepta en
reliquidar la indemnización derivada del siniestro de incendio No. 21047-06-
70, y en consecuencia ordena un desembolso en aplicación al amparo de
GASTOS ADICIONALES, por valor neto de $6.998.077, a favor del
contratista CARLOS DAZA RAMÍREZ”.

4.6. El 13 de agosto de 2007, el arquitecto Carlos Daza Ramírez, en su condición
de contratista, y el señor Fredy Alberto Osorio, en condición de transportista,
celebraron “contrato de transporte de materiales para reconstrucción de cabaña de
la laguna del Otún, de propiedad de la Unidad Administrativa de Parques

“PRIMERA: EL TRANSPORTISTA, se compromete a movilizar el material
para construcción de la Cabaña del Otún, desde los depósitos donde el Arq.
CARLOS DAZA, adquiera tales materiales y transportarlos desde Manizales
hasta entregarlos en el sitio de la obra, esto es, atravesando la Laguna del
Otún, para llegar al sitio del trabajo. El TRANSPORTISTA, se compromete a
la entrega oportuna del material durante el transcurso de la obra (…)

CUARTA: El ARQ. CARLOS DAZA, facilitará al TRANSPORTISTA, la
lancha que aporta el asegurado PARQUES NACIONALES NATURALES,
para movilizar el material desde la orilla de la laguna, hasta el sitio de la obra
(…)

QUINTA: El ARQ. CARLOS DAZA, adicionalmente suministra una persona
(trabajador) a su costa, para que colabore al TRANSPORTISTA en la
movilización de material desde una orilla de la laguna hasta la otra orilla
donde se encuentra el sitio de la obra (…)”.

4.7. Los señores Carlos Rodolfo Daza Ramírez, Edgar Sánchez y José Ignacio
Gutiérrez, el 27 de septiembre de 200770, suscribieron un documento dirigido a la
Fiscalía General de la Nación, por medio del cual se permitieron “formular
denuncia penal”. En dicho escrito, los firmantes indicaron que “el día lunes 17 de

67 En el otrosí No. 1 se hace la siguiente aclaración, “para efectos legales del presente contrato actúa como

medio de pago en virtud de la indemnización derivada del reclamo de incendio No. 21047-06-70, en aplicación
a la póliza de incendio No. 1002526”.
68 Folios 439 y 440 del cuaderno 2-2.
69 El arquitecto Carlos Rodolfo Daza Ramírez, por medio de escrito presentado el 1 de marzo de 2007 (folios

441-447 del cuaderno 2-2), rindió informe ante La Previsora S.A. en el que informó que “la vía de entrada al
parque entre Brisas y Cisnes sufrió un derrumbe de la bancada impidiendo que vehículos grandes puedan
transitar y menos si están cargados (…) La otra alternativa que existe para que accedan las volquetas es
ingresar por el municipio de Villa María pero las condiciones de la vía no son las mejores pues parece un
camino de herradura, y a la vez multiplica los costos y los tiempos de llegada a Potosí, pues ninguna volqueta
cargada se compromete a llevar el material hasta dicho lugar debido a que se corre el peligro de que los
vehículos sufran daños de consideración”. Por lo anterior, solicitó el restablecimiento del equilibrio económico
del contrato”.
70 Folios 458 y 459 del cuaderno 2-2.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

septiembre a las 2 de la tarde se desaparecieron en el sitio conocido como la
laguna del Otún cuatro personas, tres trabajadores de la obra y un campesino de
la zona (…) estas personas desaparecieron mientras se adelantaban las labores
de reconstrucción de la cabaña del Otún en el parque nacional ‘Los Nevados’
(…)”.

4.8. Representantes del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Pereira, de la Defensa
Civil, de la Cruz Roja Colombiana, de Parques Nacionales Naturales de Colombia
y del contratista de la obra se reunieron el 29 de septiembre de 2007, en la
estación de bomberos del municipio de Pereira71. Como resultado de la reunión,
consignaron que se obtuvo la ubicación de un bote pero no de las víctimas,
hallazgos encontrados mediante un barrido superficial realizado con dos botes y
ganchos, dado que no tenían el equipo de buceo especial requerido para realizar
una inmersión a la altura en que se encuentra la laguna del Otún.

4.9. El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Pereira, por oficio del 3 de diciembre de
2007 72 , rindió informe sobre las actividades de búsqueda de las personas
desaparecidas realizadas los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2007.
Estas actividades fueron ejecutadas de forma conjunta con la Armada Nacional y
Parques Nacionales Naturales de Colombia, y, de acuerdo con lo consignado en el
informe, llevaron a la identificación del bote de propiedad de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, utilizado para el transporte de materiales al momento del
naufragio. Al punto, se indicó:

“Una ves (sic) sobre el agua y todos los equipos a bordo se procedió a dar
inicio a las Operaciones de Búsqueda y Localización, siendo cerca de las
11:00 a.m., se visualiza la boya a la cual está atado el bote de carga 73,
procediendo a hacer la inmersión con la cámara ROV II (Video Ray)
ubicando el bote a una profundidad aproximadamente de 80 pies (24
metros) de profundidad, observándose este cubierto de sedimentación por lo
que se aprovechó las propelas de la cámara para limpiarlo lográndose su
plena identificación por el Ingeniero Jairo de Parques Nacionales, se
realizaron varios paneos (sic) con la cámara del equipo alrededor del bote
con el objetivo de ubicar algún cuerpo pero no se observó nada (…)”.

Así mismo, señaló que el suboficial Julio Cesar Gutiérrez “recomendó NO realizar
ninguna actividad subacuática que implique la utilización de personas (buzos), ya
que este tipo de buceo es de alto riesgo para la vida de quien lo hiciere”.

4.10. Por su parte, la Defensa Civil Colombiana – Seccional Risaralda –, en oficio
No. 0413 DCC-SEC.RIS.320 del 21 de agosto de 200974, rindió informe de las
actividades de búsqueda desplegadas por la entidad, en razón de que fueron
notificados, por Jorge Lotero, funcionario de Parques Nacionales Naturales de
Colombia, “de la desaparición de 4 trabajadores que se encontraban laborando en
la construcción de la cabaña del Parque de los Nevados ubicada en las
inmediaciones de la Laguna de Otún y que en el momento se encontraban
trasladando materiales de construcción desde el muelle de llegada de los
materiales hacia el sitio de la cabaña, debiendo hacerse en embarcación”. Estas
actividades consistieron en el rastreo superficial de la laguna y sus alrededores,
sin que se obtuvieran resultados en la búsqueda de los cuerpos o el bote en que
se transportaban los desaparecidos.

71 El acta de la reunión obra a folios 453-456 del cuaderno 2-2.
72 Folios 53-58 del cuaderno 2.
73 Bote que fue boyado por la primera comisión de búsqueda y localización enviada por el Cuerpo de
Bomberos Oficiales de Pereira. Al respecto, el técnico administrativo en capacitación de la Dirección Operativa
de Bomberos de la Secretaría de Gobierno de Pereira, en informe del 3 de diciembre de 2007 [folios 59 y 60
del cuaderno 2], señaló que “se realizó reconocimiento del lugar donde por información y marcas (boya), de
acuerdo a la información suministrada por los primeros respondientes”.
74 Folios 61-64 del cuaderno 2.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

4.11. La Cruz Roja Colombiana, por medio de escrito fechado el 11 de agosto de
200975, relató las labores de búsqueda y rescate que realizó los días 18 y 19 de
septiembre de 2007, así:

“- Se desplaza al sitio un equipo de voluntarios conformados por Juan Pablo
Gómez Yepes (…) Alonso Velásquez (buzo) (…)
• Equipo de buceo, propiedad del señor Alonso Velásquez.

Como se observa, dentro del personal que participó del operativo se
encuentra un buzo profesional, quien, de acuerdo a las características de la
emergencia y el lugar de ocurrencia, fue la persona competente para
desarrollar acciones de búsqueda en la laguna, propiamente (…)

Por motivos de seguridad, se realizó solo una inmersión durante los dos días
de búsqueda, la cual fue a 26 metros de profundidad hallándose restos de la
lancha en la que se encontraban los trabajadores, así como ladrillos que se
transportaban en la misma (…)”.

4.12. El señor Luis Enrique Reyes Ruiz 76 , quien trabajaba para el Cuerpo de
Bomberos de Pereira, relató que apoyó las labores de búsqueda de los
desaparecidos. Al punto, informó que no realizaron actividades de buceo, en
razón del alto riesgo que esa operación representaba para la salud de los
rescatistas 77 , sino que llevaron a cabo la búsqueda con el uso de un “mini
submarino de rastreo” y lograron ubicar un bote hundido en la laguna 78 - 79 .
Además, en un primer momento, indicó que observó los materiales que estarían
siendo transportados en la lancha80 y que se identificó el bote sumergido como
aquel de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia 81, pero luego
reconoció que no observó logo alguno que permitiera identificar la lancha como
aquella de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia y manifestó
que no percibió los materiales que estarían siendo transportados82.

75 Folios 65 y 66 del cuaderno 2.
76 En audiencia pública celebrada ante el Tribunal Administrativo de Risaralda el 22 de marzo de 2011, cuya

acta obra a folios 119-127 del cuaderno 2.
77 Sobre las actividades de buceo, el declarante indicó: “[E]l buceo que se esperaba que nosotros hiciéramos

para estas alturas del nivel del mar que está por encima de los 4.000 metros del nivel del mar, no está
recomendado por ninguna norma internacional de buceo, por los riesgos que se asumerían (sic) al violar
dichas normas, como edema pulmonar para los buzos, hipotermia y muy posible la muerte de los buzos (…)
planificamos la tercera búsqueda de los cuerpos donde los oficiales de la Armada Nacional, buzos expertos, lo
primero que dijeron fue efectivamente aquí es imposible, lo cual dijeron que era imposible realizar cualquier
tipo de buceo físico por lo que antes en mención, por la altura del nivel del mar (…)”.
78 Al punto, manifestó: “Para el manejo de este riesgo, los señores oficiales de la Armada Nacional, habían

traído consigo un mini submarino de rastreo, el cual nos permitía una vez bajo el agua poder observar a través
de un monitor lo que en el fondo se observaba siendo también negativa la ubicación de los cuerpos en el
primero y alrededor del sitio donde se presentó el naufragio (…) durante esta operación y la utilización del
equipo, logramos ubicar al parecer un bote el cual estaba cubierto de sedimentación, que con la propela del
minisubmarino lográbamos barrerlo y poder tener con claridad la evidencia de que era efectivamente un
elemento similar a un bote (…)”.
79 Al ser preguntado sobre el sitio donde ocurrió el posible naufragio, relató: “CONTESTÓ: Nosotros nos dimos

cuenta del sitio del posible naufragio, porque en la primera intervención que hicieron Bomberos Manizales,
ellos lograron bollar el cable de arrastre que posiblemente había arrastrado la otra lancha, ese fue el punto de
referencia inicial, que avían (sic) dejado una caneca plástica amarrada a la punta del cabo a manera de bolla,
hago claridad frente al submarino para que quede claro, que con él lo que hicimos fue buscar alrededor de la
misma lancha si habían algunos cuerpos (…)”.
80 Sobre el particular, el testigo relató: “Del bote por lo que podemos observar bajo el agua, aparentaba ser un

bote de aluminio y la carga que estaban transportando era material de construcción, que eran creo que unos
adobes a la vista, que eran parte de los materiales de construcción de la casa de Parques”.
81 Al punto, manifestó: “PREGUNTADO: Conforme a las actividades realizadas, con el submarino que usted

ha hecho referencia, sírvase indicar si el bote fue identificado y por parte de quién. CONTESTÓ: El bote fue
identificado y reconocido por la limpieza que se hizo inicialmente con la propela de lo cual me supongo
quedaron evidencias fílmicas en la computadora de la Armada Nacional. PREGUNTADO: Se constató quien
era el propietario de dicho bote. CONTESTÓ: Por versiones en el sitio se decía que el bote correspondía a
Parques Nacionales. PREGUNTADO: De acuerdo a lo que usted acaba de manifestar, indique quién hizo
dicha afirmación. CONTESTÓ: Obviamente los funcionarios de parques que era su medio de transporte de un
lado a otro (…)”.
82 Al respecto, señaló: “PREGUNTADO: Cuando usted observó la lancha pudo identificar un número, un logo

que precisara que esta lancha es de Parques. CONTESTÓ: No, pero partimos de la presunción de que esa
lancha es de parques. PREGUNTADO: Usted observó los materiales de construcción. CONTESTÓ: Por el
grado de sedimentación que tenía el lecho de la laguna no alcanzamos a percibir materiales ya que la
búsqueda se orientó más hacia la parte de ubicación del bote (…)”.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Por su parte, el señor Fabián Sierra Muñoz 83 , también adscrito al Cuerpo de
Bomberos de Pereira, reiteró lo narrado por el señor Luis Enrique Reyes Ruiz,
pero afirmó, de forma categórica, que sí lograron observar el bote con el material
que estaba siendo transportado, así:

“[Y]a después el personal de los Parques pidió la colaboración de la Armada
Nacional para que asistieran allí con los equipos de ellos, donde nosotros
mismos los acompañamos allá, donde ellos ingresaron a la laguna un mini
submarino porque debido a la altura ellos tampoco podían bucear allá,
entonces nosotros le prestamos el apoyo a ellos con el bote de nosotros y
viendo las tomas que hacía el mini submarino nos mostró donde estaba el
bote que estaba hundido, no encontrando más, no habían cuerpos,
solamente se veía el material y el bote. El material eran costales como con
ladrillo, retiradito porque el bote estaba volteado y estaba a un lado lo que
son los adobes (…)” PREGUNTADO: Indique, si lo sabe, si el bote que
naufragó en estos hechos finalmente fue sacado a la superficie.
CONTESTÓ: No, nosotros allá le hicimos una fuerza de sacarlo y fue difícil
porque tenía parte del material adentro (…) PREGUNTADO: Usted dijo
haber observado los materiales de construcción al fondo de la laguna.
CONTESTÓ: Lo que lograba presenciar con el mini submarino, lo que había
dicho ahora, se veía material de construcción como adobe, como empacado
en una estopa”.

Finalmente, en audiencia celebrada el 30 de agosto de 2011, ante el Tribunal
Administrativo de Caldas 84 , rindieron testimonio los señores Santiago Alberto
Jiménez Benavides y Carlos David Osorio Restrepo, entonces miembros de la
Cruz Roja Colombiana 85.

El señor Jiménez Benavides, médico de profesión, indicó:

“El hecho ocurrió en el 2007, recibimos, como es de costumbre, una llamada
de nuestro coordinador de rescate, informando que había un evento de una
desaparición aparente de unas personas que estaban haciendo un trabajo
en la laguna del Otún. Nos desplazamos con el equipo de rescate, en ese
momento en la camioneta, con el equipo básico a hacer la debida búsqueda
(…) Se hizo una búsqueda completa en bordes de la laguna, por diferentes
personajes y luego procedimos a una visualización del área húmeda como
tal, se visualizó una cuerda amarilla que estaba flotando en el lago, por el
cual se hizo un acercamiento hacia el posible sitio en donde se encontraban
las lanchas que decían que estaban hundidas. Uno de los compañeros que
estaba con nosotros es buzo y, en compañía de otro buzo, hicieron dos
inmersiones, encontraron una de las lanchas o de las canoas. Ésta estaba
llena de material de construcción, pues estaba hundida y la cuerda se
encontraba amarrada a ella y el otro extremo se encontraba flotando en el
lago. Los buzos hicieron una inspección de la canoa pero no encontraron
ninguno de los cuerpos, emergieron a la superficie [los buzos], se les
recuperó y se hizo el acompañamiento y ya en horas de la tarde se decide
suspender la operación y regresar a Manizales. Preguntado: Díganos qué
riesgos comporta la altura y la baja temperatura en las aguas heladas de la
laguna del Otún. Contestado: ¿Para nosotros? Preguntado: Para las
personas que pudieran estar involucradas en un accidente o que caigan al
agua. Contestado: Toda persona que esté en una laguna a 4200 metros
sobre el nivel del mar, a una profundidad no determinada, bajo las
condiciones climáticas del Parque Natural de los Nevados tiene el riesgo de
sufrir, si cae al agua, hipotermia, si no se encuentra debidamente protegido
(…) Preguntado: Díganos que riesgos existían para los buzos
especializados que intervinieron en la operación a la cual usted se refirió con
anterioridad. Contestado: El principal riesgo es hipotermia y ahogamiento
(…) Preguntado: Díganos por qué fue imposible el hallazgo de los cuerpos.

83 En audiencia pública celebrada ante el Tribunal Administrativo de Risaralda el 22 de marzo de 2011, cuya

acta obra a folios 128-133 del cuaderno 2.
84 Por comisión realizada por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda.
85 Las grabaciones de audio de las declaraciones rendidas por estos testigos obran en el CD que se

encuentra a folio 406 del cuaderno 2-2.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Contestado: La extensión de la superficie de la laguna del Otún, impide que
dos (2) buzos que viven acá en la ciudad de Manizales, que no tienen los
equipos especializados para una búsqueda en este tipo de circunstancias,
puedan hacer un recorrido completo en la laguna. Es una laguna de aguas
oscuras, donde la visualización superior a un (1) metro es prácticamente
imposible, digámoslo así, pues impediría que dos (2) buzos solamente
hicieran todo el recurrido en la laguna (…) Preguntado: ¿Cuántas personas
se desplazaron a ese lugar [la laguna del Otún] con usted? Contestado:
Cuatro personas y yo, cinco (…) Preguntado: Precise qué elementos
llevaban usted y sus compañeros para esta labor de rescate. Contestado:
Equipo básico de búsqueda, chaleco salvavidas, equipo médico de trauma,
cuerdas, el buzo que iba con nosotros llevaba sus implementos básicos de
buceo. No más. Preguntado: ¿Recuerda usted cuántas personas fueron las
que reportaron como desaparecidas y si estas fueron halladas? Contestado:
La información que nos dieron fue de cuatro (4) personas desaparecidas y
no hallamos ninguna (…) Preguntado: Dijo usted al comienzo de su versión
que dos (2) buzos realizaron labores de búsqueda de la lancha, díganos si la
encontraron y si identificaron la lancha por alguno de sus distintivos.
Contestado: Ellos hicieron inmersión y encontraron la lancha que llevaba el
material de construcción, no encontraron más. Preguntado: ¿Pudieron
posteriormente establecer quién era el propietario? Contestado: No señor
(…) Preguntado: ¿Qué medidas de precaución utilizó el equipo de rescate
en cuánto a la vestimenta? Contestado: Cada uno de los compañeros que
estábamos tenía el uniforme de rescate de la Cruz Roja Colombiana con los
implementos básicos de protección personal, chaleco salvavidas, la lancha
de seguridad que estábamos utilizando. El buzo utilizó su traje de buceo,
pues no conozco las características, con sus equipos para hacer la
inmersión. Preguntado: Teniendo en cuenta su respuesta anterior, ¿estos
elementos son suficientes como protección o seguridad para tratar de
atravesar dicha laguna? Contestado: Si. Preguntado: ¿Qué riesgo implica
atravesar dicha sin los elementos de seguridad necesarios? Contestado:
Caída al agua, hipotermia, ahogamiento (…)”

Por su parte, el señor Osorio Restrepo, tecnólogo en atención prehospitalaria y
urgencias médicas, rindió su declaración en los siguientes términos:

“Bueno, eso fue una operación como muchas las hemos trabajado,
simplemente recibimos nosotros la llamada de la sede (de la Cruz Roja
Colombiana) donde nos informan que hay una situación de unos
desaparecidos en la laguna del Otún (…) aparentemente están ahogados,
no se sabe, no hay indicios de nada inicialmente. Nosotros lo único que
hacemos es armar nuestro equipo y dirigirnos hacia la laguna con personal
del Ministerio de Medio Ambiente y nuestro personal de Cruz Roja. Llegando
allá nos encontramos con personal de bomberos de la ciudad de Manizales,
personal de Defensa Civil y nosotros y personal de medio ambiente que iba
en acompañamiento. Había un familiar, creo, y vecinos de la zona. La
información que se nos suministra en ese momento es que habían unos
funcionarios que estaban haciendo unas labores de reparación,
aparentemente iban cruzando con material y la embarcación en la que iban,
naufragó. Inicialmente se hizo un barrido por toda la zona, a pie, alrededor
de la laguna y no se encuentran indicios, no se encuentra nada. Iniciamos el
procedimiento para armar una lancha que se llevaba, una lancha zodiak, de
motor, la cual yo manejé y yo fui la persona que hizo la seguridad dentro de
la lancha, en el agua. Ingresamos al agua con dos buzos, un buzo de la
Cruz Roja y un buzo del Cuerpo Oficial de Bomberos Manizales. Se
encuentra una cuerda flotando, la cual nos da la guía hacia la primera
inmersión, el buzo la sigue, informa que lógicamente en el fondo hay una
lancha con material hundida, pero que el fondo es mucho lodo, es agua muy
oscura, son aguas muy frías y a muy altas temperaturas (sic) y no tenemos
el equipo suficiente para realizar otras inmersiones y para seguir realizando
una búsqueda, porque nosotros no contamos con equipo para esa tarea. Sin
embargo, se hace una segunda inmersión, se hace una búsqueda alrededor
de la lancha y no se encuentra nada más. Salimos, hacemos otra búsqueda,
otro barrido, nosotros llegamos allá alrededor de las 10-10:30 de la mañana
y estuvimos más o menos hasta las 5-5:30 de la tarde y ya ahí hicimos

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

retorno a Manizales, con la tarea pues fallida porque no pudimos encontrar
absolutamente nada, no se encontraron indicios, cuerpos, personas, nada
(…) Preguntado: Dijo también usted en esta versión que hicieron el buceo
en dos (2) oportunidades y que rastrearon la lancha, ¿recuerda usted si
estos buzos llegaron a comentar algún distintivo o algo que identificara la
lancha? Contestado: Ninguno (…) Preguntado: ¿Qué elementos llevaban
usted y sus compañeros para estas labores? Contestado: Nosotros
llevábamos el equipo de cuerdas, todo lo que son equipos de cuerdas por si
requeríamos de una recuperación, llevábamos equipo de buceo de un
compañero que ya no pertenece a la institución y es buzo, llevábamos
chalecos salvavidas y el Ministerio de Medio Ambiente llevaba una lancha
tipo zodiak que fue facilitada por los bomberos de Pereira, si no estoy mal
(…) Preguntado: ¿Qué personal se sumergió para realizar la búsqueda, qué
encontraron y si fue posible identificar la lancha o alguno de sus distintivos?
Contestado: Se sumergieron (…) inicialmente fue un buzo de la Cruz Roja,
después en reconfirmación entró un buzo de bomberos, simplemente se
observó una lancha, que nos llevó hacia ella una cuerda que se hallaba
flotando y estaba anclada a la lancha, se vio que estaba con material, pero
no se pudo reconocer qué tipo de lancha era porque estaba un poco
hundida en el fango y había una capa bastante amplia de fango.
Preguntado: ¿Pudieron ustedes posteriormente establecer quién era el
propietario de esta lancha? Contestado: No (…) Preguntado: Indique si las
actividades de búsqueda debieron ser suspendidas. En caso cierto nos dirá
por qué. Contestado: Debieron ser suspendidas porque en ese mismo día se
hicieron (sic) todo lo que estaba a nuestro alcance, búsqueda a pie,
búsqueda sobre el agua y algunas dos inmersiones que se hicieron sin
autorización estricta de la Cruz Roja, porque no teníamos el equipo
necesario, igual se hicieron dos inmersiones y no podíamos hacer más por
lo que se necesitaba equipo especial, traje especial, equipo de buceo
especial y personas capacitadas para buceo en altura y en aguas oscuras.
Preguntado: ¿La labor del buceo en ese lugar es de alto riesgo?
Contestado: El buceo en ese sitio es de alto riesgo, puesto que es un buceo
en alturas, en aguas oscuras y la temperatura del agua es demasiado baja
(…) Preguntado: ¿Qué medidas de precaución utilizó el equipo de rescate,
en cuanto a vestimenta? Contestado: Nosotros íbamos con nuestros
uniformes reglamentarios. Cuando nosotros trabajamos en alta montaña
llevamos debajo de nuestros uniformes pues ropa térmica y ya llegando a la
laguna del Otún, pues teníamos calzado adecuado, el uniforme adecuado,
chalecos salvavidas, cascos (…) Preguntado: De acuerdo a su experiencia
como integrante de la Cruz Roja, ¿cuáles son los elementos de protección o
seguridad que deben de portar para atravesar dicha laguna? Contestado:
Calzado adecuado, vestimenta adecuada, chaleco salvavidas, que las
personas que vayan a estar ahí sepan por lo menos nadar, básicamente
eso. Preguntado: ¿Qué riesgo implica atravesar dicha laguna sin los
elementos de seguridad necesarios que usted nos ha narrado? Preguntado:
Pérdida de la vida de una persona (…) Preguntado: Indíquenos si para
atravesar este tipo de aguas se requiere de un chaleco salvavidas o de un
traje especial. Contestado: Traje especial no, chaleco salvavidas si (…)

4.13. El 14 de octubre de 2007, “flotando a la margen izquierda de la laguna del
Otún”, fue encontrado un cadáver 86 , que luego fue identificado como Oliverio
Cifuentes Cano87. De acuerdo con el formato de inspección técnica a cadáver No.
110016000030200700758 88 , el señor Cifuentes Cano fue encontrado
“semidesnudo”, puesto que llevaba “un pantalón jeen (sic) color azul claro marca
Levis, una pantaloneta azul con rayas amarillas y verde, [y] unos interiores grises
marca manhood”, esto es, no vestía ropa alguna en el torso ni tampoco llevaba
puestos zapatos; situación que se observa en el registro fotográfico del cadáver89.

86 Actuación del primer respondiente -FPJ3-, documento que obra a folios 10 y 11 del cuaderno de anexo No.

3.
87 Formato de inspección técnica a cadáver No. 170016000030200700758, que obra a folios 12-18 del
cuaderno de anexo No. 3.
88 Folios 139-145 del cuaderno 2.
89 Folio 147 del cuaderno 2.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

4.14. De conformidad con el informe pericial de necropsia No. 2007-01-01-17001-
00035090, la causa de muerte del señor Cifuentes Cano91 fue “asfixia mecánica
desencadenada por una sumersión producida al sufrir ahogamiento en un lago de
agua dulce”.

4.15. El administrador del Parque Nacional Natural “Los Nevados”, Jorge Hernán
Lotero Echeverri, en oficio No. PNN NEV 0928 del 7 de octubre de 200992, rindió
informe sobre las labores de búsqueda adelantadas por Parques Nacionales
Naturales de Colombia93 en relación con la desaparición de los familiares de los
aquí demandantes, entre las que se destacan las actividades de: (i) rastreo con el
SONAR (utilizado en actividades de pesca), en el área donde se presumía la
ocurrencia del accidente; (ii) apoyo a una comisión de técnicos de la Armada
Nacional en labores de inmersión de una cámara robotizada (ROV VIDEO RAY
II); con las cuales, no obstante, no se logró la localización del bote ni de los
desaparecidos. En dicho informe, se recalcó que “no hubo testigos de la
desaparición de las mencionadas personas, ni del bote que permitan dar mayor
información de los hechos”.

4.16. El señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez, en audiencia celebrada el 8 de
noviembre de 201194, rindió declaración en la que relató, entre otros hechos, los
siguientes:

“(…) Pregunta 3: Indique si es cierto que la Unidad de Parques Nacionales
le suministró una lancha para el transporte de los materiales para la
reconstrucción de la cabaña. Contestado: Si, en común acuerdo debido a las
dificultades del transporte de material dicho acuerdo se hace entre la
Previsora, por medio del doctor Oscar López, el arquitecto German Melo y el
director de Parques Nacionales de Risaralda Jorge Lotero, se llega al
acuerdo que ellos para facilitar el transporte me suministran una lancha con
motor fuera de borda con capacidad de 1 tonelada y media, dicho motor se
encontraba dañado y yo lo mandé a reparar en Manizales. Pregunta 4:
Indique si es cierto que los señores obreros Carlos Gutiérrez, Carlos
Sánchez, Oliverio Cifuentes y Jaime Obando estaban transportando material
en la lancha que desapareció para el 17 de septiembre de 2007.
Contestado: Si los señores Oliverio Cifuentes, Carlos Sánchez y Carlos
Gutiérrez eran contratistas de la obra y debido a que el señor Freddy Osorio
no cumplió el contrato nos vimos en la necesidad nosotros mismos, los
arriba mencionados y yo, de transportar el material en la lancha que la
primera etapa fue con remos y tan pronto arreglaron el motor, yo los recogí
en Manizales y de ahí en adelante se transportó en la lancha con motor. El
señor Jaime Obando, no distingo quien sea, dicen que es un campesino de
la zona, pero no trabajaba conmigo. Pregunta 5: Indique si es cierto que
para el 17 de septiembre de 2007 los obreros antes mencionados se
encontraban prestando servicio para el desarrollo de la obra. Yo no me
encontraba en el sitio de la obra pues estaba en Bogotá presentando un
acta de avance de obra para un pago parcial, como reza en el contrato,
quienes me dijeron que los obreros desaparecidos fueron los obreros Edgar
Sánchez, Ignacio Gutiérrez, la suegra de Carlos Gutiérrez, Juan Vanegas y
Agustín que se encontraban en ese momento en la obra, al otro lado de la
laguna (…) Pregunta 8: Indique si es cierto que Parques Nacionales le
asignó otra lancha para terminar de transportar los materiales para la
reconstrucción de la cabaña. Contestado: A mí no me la asignaron, pero el

90 Folios 24-27 del cuaderno de anexo No. 3.
91 La muerte del señor Oliverio Cifuentes Cano está acreditada con el registro civil de defunción identificado

con el indicativo serial No. 06143023, documento que obra a folio 41 del cuaderno de anexo No. 3.
92 Folios 306-309 del cuaderno 1-1.
93 De conformidad con el oficio No. PNN-NEV. 1382 del 13 de diciembre de 2007 [folio 332 del cuaderno 1-1],

expedido por el administrador del parque nacional natural “Los Nevados”, los empleados de la entidad que se
encontraban en el sector de la laguna del Otún el día 17 de septiembre de 2007, en el momento en que se
dieron cuenta de la desaparición de los familiares de los aquí demandantes, eran los señores Mario Humberto
Franco Ortiz y Juan Bernardo De la Cruz, en tanto que aquellos que apoyaron las labores de búsqueda fueron
los señores Milton Henry Arias Fierro, José Alberto Gómez Rodríguez, José Romel Duque Palacios, Alcides
Londoño Loaiza, Jairo Villanueva Salinas y Jorge Iván Ortiz.
94 El acta de la audiencia obra a folios 461-463 del cuaderno 2-2.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

director de Parques Nacionales, Jorge Lotero, en mi ausencia les prohibió a
los obreros seguir transportando material en la lancha con motor fuera de
borda para lo cual les impuso que tenían que arreglar una lancha fisurada y
transportar en dicha lancha los materiales debido a que la lancha con motor
fuera de borda se estaba rayando, lo cual denunciamos con los obreros que
se encontraban en la obra, ante la Fiscalía de Manizales y Pereira el día 27
de septiembre de 2007. Pregunta 9: Indique si es cierto que una lancha
tenía más capacidad de carga que la otra. Contestado: Si, la lancha con
motor fuera de borda tenía una capacidad de 1 tonelada y media y la lancha
que repararon los obreros por orden del director de Parques Nacionales
tenía una capacidad de media tonelada. Pregunta 10: Indique si es cierto o
no que la segunda lancha asignada por Parques Nacionales se encontraba
en mal estado. Contestado: Si, según la denuncia ante la Fiscalía hecha el
27 de septiembre de 2007, como aseveran mis obreros, dicha lancha se
encontraba en mal estado por fisuras y fueron obligados a repararla para
transportar el material sin mi autorización y en mi ausencia. Pregunta 11:
Informe si es cierto o no que en dicha lancha se transportaba arena, gradilla,
adobes y bloques. Contestado: Si, y creo que el roce de estos materiales
con la lancha volvieron (sic) a dañar la segunda lancha reparada con
silicona y madera. Pregunta 12: Indique si es cierto o no que el transporte
del material se realizó alando (sic) la lancha con motor fuera de borda a la
otra lancha. Contestado: SI. Pregunta 13: Indique si es cierto o no que
Parques Nacionales tenía un interventor en la obra. Contestado: Si, pero no
permanecía en la obra sino sólo el día del inicio de la obra y hasta la fecha
de la desaparición de los obreros, era el arquitecto German Melo. Pregunta
14. Diga si o no si en las diferentes investigaciones se pudo establecer la
causa del accidente. Contestado: No, pero el día de la desaparición
encontraron el tanque de la gasolina del motor de la lancha de motor fuera
de borda flotando en la laguna y a los 40 días apareció flotando el cadáver
de Oliverio Cifuentes, uno de los desaparecidos. Pregunta 15. Indique si es
cierto o no que La Previsora y Parques Nacionales adelantaron
investigaciones administrativas por estos hechos. Contestado: No, no sé,
pero según el expediente no se hizo porque los principales testigos de la
desaparición son los obreros que estaban en la obra y yo que soy el
contratista (…)”.

4.17. El administrador del Parque Nacional Natural “Los Nevados”, Jorge Hernán
Lotero Echeverri, en audiencia del 13 de diciembre de 2011 95, relató, entre otros,
los siguientes hechos:

“(…) Preguntado: Especifique al Despacho de qué manera participó Parques
Naturales de Colombia en la celebración y ejecución del contrato. Contestó:
No tuvo ningún tipo de participación. Preguntado: Manifieste al Despacho
quien ejerció la supervisión de la obra. Contestó: Lo que sé es que el
arquitecto German Melo actuó como supervisor de Parques ante La
Previsora pero esa supervisión era para recibir la obra como tal, que
cumpliera con los diseños y las especificaciones que Parques le había
entregado a La Previsora. Preguntado: Quién fue el interventor. Contestó:
Me imagino que La Previsora que fue quien contrató directamente al
arquitecto Daza. Preguntado: Manifieste al Despacho quien es el propietario
de los botes utilizados para el transporte del material. Contestó: Parques
Nacionales es el dueño de un bote. Preguntado: Indique al Despacho si
alguno de los botes fue rescatado y en qué circunstancia. Contestó: El bote
de parques nunca fue encontrado, un segundo bote que apareció en la
laguna se identificó por parte de la Cruz Roja y por unas cámaras de robot
de la Armada Nacional, pero nunca se pudo encontrar el bote de nuestra
propiedad, no hubo evidencia de la localización del bote de Parques
Nacionales (…) Preguntado: Señale todo lo que conozca en relación con la
desaparición de los obreros, Oliverio Cifuentes, Carlos Sánchez, Carlos
Gutiérrez y Jaime Obando. Contestó: Ese día el 17 de septiembre, el día de
los hechos, me informaron los funcionarios del parque que ingresaban del
sector de Potosí a la laguna, vía radio, de la posible desaparición del bote,
ya que desde el sitio que tenían visual de toda la laguna no se observaba el

95 El acta de la audiencia se encuentra a folios 464-467 del cuaderno 2-2.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

bote, y en ese momento se desconocía quienes pudieran estar, si habían
personas en el bote, porque no hubo ningún tipo de testigo ni por parte del
parque ni por parte de la obra de que fue lo que sucedió. Los funcionarios se
desplazaron directamente hasta el sitio donde se estaba construyendo la
obra, le preguntaron a los otros trabajadores sobre que había sucedido, ellos
no sabían en ese momento nada de lo que había sucedido y fueron los que
informaron las personas que posiblemente estaban en el bote y a partir de
que los funcionarios del parque confirmaron la perdida (sic) del bote y de las
cuatro personas yo procedí inmediatamente a informar al CREPAD de
Risaralda y CLOPAD de Pereira para que coordinaran las labores de
búsqueda de las mencionadas personas con la permanente colaboración de
Parques Nacionales. Igualmente se le informó al nivel central de Parques
Nacionales, al arquitecto Daza sobre el evento que me habían reportado
desde la laguna del Otún. Preguntado: En respuesta anterior ha manifestado
usted al Despacho que los funcionarios del parque confirmaron la pérdida
del bote y de las cuatro personas, indíquenos por favor cuales fueron las
actividades desplegadas para confirmar dicha pérdida del bote y de las
personas. Contestó: Como lo dije en la respuesta anterior, lo primero que
vieron los funcionarios del parque fue la ausencia del bote desde un sitio
donde tenía visual toda la laguna, además observaron el tanque de la
gasolina flotando en la laguna. La información de las cuatro personas
mencionadas en la pregunta correspondía a la versión que dieron los
trabajadores de la obra cuando los funcionarios fueron a preguntar por los
hechos. Preguntado: Indique por qué los materiales se transportaban en la
lancha o bote de propiedad de Parques Nacionales. Contestó: No tengo
conocimiento de qué materiales se transportaban en la lancha y en ese
momento no habían testigos de cómo se dieron los hechos, el bote
generalmente se usaba para el transporte de personas y algunos elementos
y materiales pequeños, como combustible, cilindros de gas, herramientas
pequeñas, maletas y se facilitaba dado las condiciones tan extremas de la
zona para la movilización. Preguntado: De acuerdo a la respuesta anterior
indique al Despacho a qué se refiere con herramientas o a que clases de
herramientas pequeñas. Contestó: Pueden ser palas, plantas eléctricas,
martillos, serruchos, baldes, puede ser ese tipo de cosas (…) Preguntado: Indique al Despacho para qué autorizó Parques Nacionales la utilización de
ese bote. Contestó: Con la oficina de infraestructura de Parques Nacionales
se revisó la posibilidad de prestar el bote dadas las condiciones de dificultad
para acceder a la zona con especificaciones de uso mencionadas en una
anterior pregunta. Preguntado: Indique si impartió o no algunos instructivos
especiales para la utilización del bote a los obreros. Contestó: Si, tanto yo
como los funcionarios del parque dábamos las recomendaciones de uso del
bote y yo particularmente al arquitecto Daza [que] debía tener una persona
idónea en el manejo del bote, para lo cual el dejó al conductor del vehículo,
porque según el arquitecto Daza el conductor que era el señor Oliverio tenía
conocimiento. Preguntado: Ha manifestado usted en respuestas anteriores
que para el día de los hechos desconocía si había o no personas en el bote,
luego afirma que se autorizó la utilización del bote porque revisaron la
posibilidad de transportar personas y materiales así mismo manifiesta que
se encarga de dar las recomendaciones para la utilización del bote, como
afirma lo anterior al decir que no tiene conocimiento que habían personas. Si
usted es quien instruye dichas recomendaciones al personal para su
utilización. Contestó: Primero en ese momento yo no estaba en el lugar de
los hechos, segundo nadie no hay ningún testigo visual de los hechos.

En el
momento de los hechos yo no estaba en la zona y segundo no habían
testigos visuales que pudieran confirmar las personas que pudieran estar en
el bote en ese momento. Preguntado: Indique entonces quien autorizó la
salida del bote para el día de los hechos. Contestó: En ese momento en el
sitio de la laguna del Otún no había ningún funcionario de parques debido a
que ellos se habían desplazado al sector de Potosí a apoyar la logística de
ingreso de otras personas de parques al sector de la laguna del Otún. Yo
atrás contesté que se había facilitado el préstamo del uso del bote en las
condiciones mencionadas y en su momento cada que sale el bote del sitio
de embarque y desembarque. En ese momento no había nadie de Parques
Nacionales para autorizar el uso del bote. Preguntado: Diga si lo sabe quien
los autorizó. Contestó: Lo desconozco (…) Preguntado: Manifiéstele al

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Despacho desde qué fecha el arquitecto Carlos Rodolfo Daza Ramírez
venía utilizando el bote de propiedad de parques nacionales. Contestó:
Como lo he dicho el bote se usaba en la zona para algunas cosas
eventuales no tengo fechas precisas. Preguntado: Recuerda usted si utilizó
el arquitecto Carlos Rodolfo Daza Ramírez el bote antes del 17 de
septiembre de 2007. Contestó: Si. (…) Preguntado: Manifiéstele al
Despacho cuáles eran las condiciones técnicas y mecánicas del bote que
según usted nos ha manifestado desapareció el día 17 de septiembre y del
cual solo apareció el tanque de combustible. Contestó: Estaba en optimas
condiciones. Preguntado: Manifiéstele al despacho cuándo le habían
efectuado el último mantenimiento al bote al cual usted se ha referido y por
qué persona o entidad. Contestó: No recuerdo la fecha exacta, se tenía una
orden de mantenimiento con un proveedor idóneo para tal fin. Preguntado:
Manifiéstele al despacho qué contraprestación le exigió Parques Nacionales
al arquitecto Carlos Rodolfo Daza Ramírez por el préstamo del bote
perteneciente a la entidad que usted labora. Contestó: Ninguna (…)”.

4.18. Por su parte, el señor Germán Alfonso Melo García, en audiencia del 28 de
febrero de 201296 declaró lo siguiente:

“(…) Preguntado: Qué función le correspondía a usted en la ejecución del
mencionado contrato. Contestado: Fui designado como supervisor de la
orden de reconstrucción de los siguientes términos: El supervisor informara
dentro de las tres semanas siguientes de la terminación de la cabaña de los
reparos o comentarios que tenga de la misma, lo anterior es muy importante
teniendo en cuenta que desde un principio se manifestó a la Previsora que
Parques Nacionales no tenía el personal suficiente para que se pudiera
hacer seguimiento permanente en el sitio de la obra. Preguntado: De qué
manera se realizaba dicha supervisión. Contestado: La metodología es la
citada en la respuesta anterior, es decir realizando las observaciones dentro
de las tres semanas posteriores a la terminación de la obra, sin perjuicio a
que a solicitud de los funcionarios del parque se pudiera realizar alguna otra
enfocada en que la cabaña quedara de acuerdo a las características
contratadas. Preguntado: Indique al Despacho en qué se basaron ustedes
para manifestar que Parques Nacionales no tenía el personal suficiente para
el seguimiento de la obra. Contestado: Parques Nacionales para la época
solamente contaba con tres arquitectos que realizaban el seguimiento y
acompañamiento a las labores de diseño, construcción y mantenimiento de
la infraestructura en todas las áreas del sistema, para la época no recuerdo
cuantas eran, tal vez 51. Preguntado: Manifieste al Despacho el nombre de
los tres arquitectos a los cuales hacer referencia en su anterior respuesta.
Contestado: Arquitecto Sergio Rojas Gallego, Arquitecta Gloria Cortez y el
suscrito German Melo García. Preguntado: Diga si la obra era visitada
personalmente por usted como supervisor. Contestado: La obra fue visitada
en una ocasión antes del 17 de septiembre (…) Preguntado: Indique si para
llegar a la cabaña era necesario la utilización de botes. Contestado: No es
absolutamente necesario, existe un sendero peatonal que llega al mismo
sitio. Preguntado: Indique si lo sabe, quien era el propietario de los botes
utilizados en la obra para el transporte de los materiales. Contestado: El
Ministerio de Medio Ambiente – Parques Nacionales Naturales (…)
Preguntado: De acuerdo a su profesión y su conocimiento, manifieste al
Despacho como pudieron ser transportados los materiales para haber
terminado la cabaña en un 50%. Contestado: De acuerdo a mi profesión y
mi conocimiento pudieron ser transportados en tractor, a lomo de mula, en
camión parcialmente hasta el sitio de la obra. Preguntado: Al momento que
usted fue supervisor qué medios de transporte utilizaron. Contestado: El
contratista manifestó a través de un informe que estaba realizando el
transporte de los materiales en camión y en su vehículo personal, no
recuerdo si en el informe mencionaba otro medio de transporte, sin embargo
es importante resaltar que el fin de sal (sic) visita previa al sitio donde se iba
a realizar la obra, era verificar el estado actual de la vía en su momento, las
condiciones de esa vía, y que eligiera a un contratista idóneo que tuviese
mucha experiencia de trabajos en condiciones similares (…)”.

96 Folios 468 y 469 del cuaderno 2-2.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

4.19. El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en sentencia del 26 de junio
de 201597, declaró la ausencia por desaparición del señor Jaime Arturo Obando
Molina, desde el 17 de septiembre de 2007. Por su parte, el Juzgado 73 Civil
Municipal de Bogotá D.C., por fallo del 12 de agosto de 2015 98 , declaró la
ausencia por desaparición del señor Carlos Fernando Gutiérrez Mesa.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito

5.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis
habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo
preceptuado por los artículos 82 99 , 129 100 y 132 101 , numeral 6, del Código
Contencioso Administrativo (CCA)102.

Cabe aclarar que, en el presente caso, mediante llamamiento en garantía se
convocó a responder al contratista de la obra, señor Carlos Rodolfo Daza
Ramírez, quien ostenta la condición de un particular; pese a ello, no hay una
variación de la asignación del asunto al juez natural de la administración, en virtud
del factor de conexión que hace procedente la aplicación del fuero de atracción 103,
pues los daños que aquí se reclaman provienen de actuaciones que atañen a los
demandados, así como al particular llamado en garantía, sin que tal fuero se
diluya o esté supeditado al juicio de imputación. En todo caso, valga decir que,
tratándose de personas que se rigen por el derecho privado y que son
congregadas en el contencioso a través del fuero de atracción, debe tenerse en
cuenta su condición de particulares, pero, únicamente para el análisis sobre la
atribución de responsabilidad.

5.1.2. La parte demandante ejerció oportunamente la acción de reparación
directa. En principio, los actores tenían hasta el 18 de septiembre de 2009 para
incoar la demanda104, pero presentaron la solicitud de conciliación prejudicial el día
2 de septiembre de 2009105 (cuando aún restaban 17 días del plazo) y el conteo
del término de caducidad se reanudó el 13 de noviembre de 2009106 (día siguiente
al momento en que fue declarada fallida la diligencia conciliatoria) por lo que la
demanda incoada el 12 de noviembre de 2009 fue radicada dentro del término
previsto en el artículo 136, numeral 8, del CCA.

97
Folios 113-116 del cuaderno de fotocopias.
98 Folios 92-9

6 del cuaderno del Juzgado 73 Civil Municipal.
99 ARTÍCULO 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso

administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades
públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas
privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.
(…).
100 CCA. “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en

Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión (…)”.
101 CCA. “Artículo 132. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales (…)”.
102 Norma procesal vigente al momento de presentación del escrito de demanda.
103 Ver entre otras, Consejo de Estado Sección Tercera Subsección C. Sentencia del 7 de septiembre de

2022, exp. 43128.
104 Dado que el naufragio de la embarcación y la consecuente desaparición de los señores Oliverio Cifuentes

Cano, Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez y Jaime Arturo Obando Molina habría
ocurrido el 17 de septiembre de 2007, de acuerdo con la denuncia presentada por los señores Carlos Rodolfo
Daza Ramírez, Edgar Sánchez y José Ignacio Gutiérrez y las labores de búsqueda realizadas por la Cruz
Roja Colombiana, los días 18 y 19 de septiembre del mismo año.
105 De acuerdo con la constancia expedida por la Procuradora Judicial No. 38 en Asuntos Administrativos,

visible a folio 100 del cuaderno 2.
106 Acta de audiencia de conciliación prejudicial celebrada el 12 de noviembre de 2009, documento que obra a

folios 97-99 del cuaderno 2.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

5.1.3. Dicha decisión tendrá alcance respecto de los siguientes integrantes de los
grupos familiares de los señores Oliverio Cifuentes Cano, Carlos Fernando
Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez y Jaime Arturo Obando Molina 107 , a
quienes la Sala encuentra legitimados en la causa por activa.

5.1.3.1. El primer grupo familiar, esto es, el del señor Oliverio Cifuentes Cano108,
está integrado por:

Nombre Relación con la víctima directa
Nydia Jineth Pinzón Sánchez109 Compañera permanente110
Camilo Esteban Cifuentes Pinzón Hijo111
Eliana Ximena Cifuentes Pinzón Hija112
Angélica Cano Triana113 Madre114
Oliverio Cifuentes Padre115
Yolanda Cifuentes Cano Hermana116-117

5.1.3.2. El segundo grupo familiar, esto es, el del señor Carlos Fernando Gutiérrez
Mesa, está conformado así:

Nombre Relación con la víctima directa

107 A folio 82 del cuaderno de fotocopias, obra una cuenta de cobro presentada por el señor Jaime Obando

por el transporte de material en la laguna del Otún. Además, a folio 82 del mismo cuaderno, se encuentra otra
cuenta de cobro en la que se indica que el “Patrimonio Autónomo – Fideicomiso Convenio Humboldt Unidad
de Parques Nit. 830.055.897-7 debe a Jaime Obando cuatrocientos noventa y un mil doscientos pesos m/cte
($491.200) por concepto de transporte en mula de materiales e insumos en la ruta Potosí – Laguna del Otún y
Laguna del Otún – Cortaderal”.
108 El señor Oliverio Cifuentes Cano falleció el 14 de octubre de 2007, de acuerdo con el registro civil de

defunción identificado con el indicativo serial No. 06478002, que obra a folio 8 del cuaderno 2.
109 El nombre de la señora Nydia Jineth Pinzón Sánchez aparece registrado en estos términos en el registro

civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 6559683, documento que se encuentra a folio 7 del
cuaderno 2.
110 De acuerdo con los registros civiles de nacimiento de Camilo Esteban Cifuentes Pinzón y Eliana Ximena

Cifuentes Pinzón, hijos en común con el señor Oliverio Cifuentes Cano, así como la declaración rendida por el
señor William Yobany Reyes Rivera (folios 314 y 315 del cuaderno 2-1) y Diego Fernando Velásquez Escobar
(folios 321 y 322 ibidem) ante la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
111 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 32241118, folio 1 del cuaderno 2.
112 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 42125577, folio 2 del cuaderno 2.
113 El nombre de la señora Angélica Cano Triana aparece registrado en estos términos en el registro civil de

nacimiento del señor Oliverio Cifuentes Cano, documento aportado por la parte actora para demostrar la
filiación de aquella con la víctima directa.
114 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 4640541, folio 5 del cuaderno 2.
115 Ibidem.
116
Registro civil de nacimiento sin indicativo serial, que obra a folio 6 del cuaderno 2, y registro civil de
nacimiento No. 4640541, visible a folio 5 del mismo cuaderno.
117 En relación con la afectación sufrida por la señora Yolanda Cifuentes Cano, en su condición de hermana

del señor Oliverio Cifuentes Cano, el señor William Yobany Reyes Rivera declaró: “PREGUNTADO: Sabe
usted si la muerte del señor Oliverio ha causado algún efecto en sus padres y hermana Yolanda, explique.
CONTESTÓ: Como le digo, el trato de ellos dos entre hermanos a la vista era muy especial, ella como él muy
pendiente uno del otro, de los papas y la madre como tal, aun sufre mucho con el fallecimiento de Oliverio,
porque uno cuando la visita a ella, se le nota, le dice a uno que se reúnen ellos y que la hermana aún no se
sobrepone de ese fallecimiento, pero el trato en si, muy bueno (…) PREGUNTADO: Como se encuentran en
la actualidad anímicamente cada uno de los miembros del grupo familiar que usted ha mencionado, en
relación con el fallecimiento de Oliverio. CONTESTÓ: Anímicamente pues yo los veo, uno puede decir que
supuestamente bien, pero lógicamente eso no se olvida (…) en mi concepto la señora Angélica vive y camina
y hace porque le toca, no porque quiera, el golpe de la perdida de Oliverio para ella fue muy duro, e
igualmente la hermana, ella usted las ve, y ya no saluda como cuando él estaba vivo, hacen todo porque les
toca, porque la base de esa familia en todo sentido, de los hijos, de la esposa, la mamá, la hermana era
Oliverio, entonces anímicamente yo los veo mal”. Por su parte, el señor Diego Fernando Velásquez Escobar
indicó: “PREGUNTADO: Sabe usted si la muerte del señor Oliverio ha causado algún efecto en sus padres y
hermana Yolanda, explique. CONTESTÓ: Inclusive todavía, ha pasado el tiempo y ellos no lo han podido
superar, cuando supimos de la muerte de él se le notaba el desespero a su padre y a su hermana quienes
casi se mueren de la tristeza. PREGUNTADO: Asistió usted a las honras fúnebres del señor Oliverio, en ese
caso en donde se realizaron, que familiares recuerda que asistieron a estos actos y cómo los notó
anímicamente. CONTESTÓ: Se realizó en la primera de mayo, fue sepultado en el cementerio central y asistió
su esposa, su cuñada, la hermana, la mamá y el papá y sus amigos allegados y anímicamente para ellos fue
desastroso, cuando lo estaban metiendo en el hueco, fue un día que no se olvida para nosotros (…)
PREGUNTADO: Precise que conoció usted acerca de las relaciones y actividades que el señor Oliverio
desarrollaba con su hermana Yolanda. CONTESTÓ: Las relaciones de ellos dos eran muy buenas,
recochaban mucho, se trataban muy bien, quería mucho a su sobrino y andaba muy pendiente de él y se
notaba la unión entre ellos dos y toda su familia (…)”.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Clara Liliana Tunjano Rodríguez118 Compañera permanente119
Anderson Nicolás Gutiérrez Tunjano Hijo120
Andrés Santiago Gutiérrez Tunjano Hijo121
José Ignacio Gutiérrez Malagón Padre122
Ana Lucila Mesa Rincón Madre123
John Fabio Gutiérrez Mesa Hermano124
Luz Helena Gutiérrez Mesa Hermana125
Luis Alejandro Gutiérrez Mesa Hermano126-127

5.1.3.3. El tercer grupo familiar, esto es, el del señor Carlos Antonio Sánchez,
está integrado por:

Nombre Relación con la víctima directa
María Doris Cano Usme Cónyuge128
Carlos Alfredo Sánchez Cano Hijo129
Cristian Sánchez Cano Hijo130
Wilber Arley Sánchez Cano Hijo131

5.1.3.4. El cuarto grupo familiar, esto es, el del señor Jaime Arturo Obando
Molina, está integrado132 por:

Nombre Relación con la víctima directa
Carolina Obando Rivera Hija133
Daniel Obando Rivera Hijo134

118 El nombre de la señora Clara Liliana Tunjano Rodríguez aparece registrado en esos términos en el registro

civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 74070301753, documento que se encuentra a folio
16 del cuaderno 2.
119 De acuerdo con los registros civiles de nacimiento de Anderson Nicolás y Andrés Santiago Gutiérrez

Tunjano, hijos en común con el señor Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, así como las declaraciones rendidas
por la señora Alba Liliana Vega Riaño (folios 318 y 319 del cuaderno 2-1) y el señor Pedro Vega (folios 323-
325 ibidem) ante la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
120 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 27235006, folio 9 del cuaderno 2.
121 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 34653309, folio 10 del cuaderno 2.
122 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 74021305360, folio 12 del cuaderno 2.
123 Ibidem.
124 Registros civiles de nacimiento identificados con los indicativos seriales No. 74021305360 y 76040509980,

visibles a folios 12 y 13 del cuaderno 2.
125 Registros civiles de nacimiento identificados con los indicativos seriales No. 74021305360 y 6593653,

visibles a folios 12 y 14 del cuaderno 2.
126 Registros civiles de nacimiento identificados con los indicativos seriales No. 74021305360 y 13433668,

visibles a folios 12 y 15 del cuaderno 2.
127
Sobre la afectación sufrida por los señores John Fabio, Luz Helena y Luis Alejandro Gutiérrez Mesa, en su
condición de hermanos del señor Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, la señora Alba Liliana Vega Riaño relató:
“PREGUNTADO: Que sabe acerca de las relaciones de trato y afecto entre el señor Carlos Fernando
Gutiérrez sus padres y hermanos. CONTESTÓ: También eran muy buenas porque hasta donde conocimos, el
como era el mayor, como tenía estabilidad económica, les ayudaba a ellos, a buscar trabajo a los hermanos
(…) se visitaban cada ocho días o quince días, porque cuando nos veíamos los fines de semana, como ellos
viven muy cerca de donde mi tía, íbamos allá a jugar dominó (…) PREGUNTADO: Sabe usted si el
desaparecimiento del señor Carlos ha causado algún tipo de perjuicios a sus padres y hermanos.
CONTESTÓ: Si, porque primero que todo era el primer hijo que se había ido de la casa y de un momento a
otro quedar sin noticias y sin saber que pasaría fue duro tanto para el papá como para los hermanos (…) en
los hermanos también fue grande el efecto, porque ellos estaban empezando a trabajar en lo mismo porque la
familia no tenía niveles de estudio que les permitiera trabajar en otra cosa, el hermano les ayudaba en lo de
las rutas y entonces también salió perjudicado, emocionalmente también fue difícil porque era el hermano
mayor, para ellos recordarlo pues es ponerse a llorar y estar aburridos, el menor de los hermanos también
tuvo problemas porque el andaba como mal en el colegio y también tuvo problemas porque el era el que
andaba pendiente de eso (…)”.
128 Registro civil de matrimonio identificado con el indicativo serial No. 1472518, folio 17 del cuaderno 2.
129 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 94060208829, folio 18 del cuaderno 2.
130 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 25917271, folio 19 del cuaderno 2.
131 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 20857240, folio 20 del cuaderno 2.
132 Al respecto, la Subsección se permite aclarar que el poder fue otorgado por la señora Rosa Elvira Cano

Restrepo, pero este no fue otorgado para que se ejerciera la acción de reparación directa en su nombre y
representación sino en “nombre y representación de [sus] nietos Carolina Obando Rivera y Daniel Obando
Rivera”. La Comisaría de Familia de Dosquebradas, Risaralda, mediante Resolución No. 1374 del 27 de
febrero de 2008 otorgó la custodia de los menores Carolina y Daniel Obando Rivera a la señora Rosa Elvira
Cano Restrepo.
133 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 18971865, folio 22 del cuaderno 2.
134 Registro civil de nacimiento identificado con el indicativo serial No. 21584645, folio 23 del cuaderno 2.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

5.1.4. En lo que atañe al extremo pasivo de la litis, la Sala encuentra que están
legitimados en la causa La Previsora S.A. Compañía de Seguros135 y la Nación –
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Parques Nacionales Naturales de
Colombia -, puesto que fueron las entidades que suscribieron la “orden de
reconstrucción de la cabaña – laguna del Otún perteneciente al Parque de los
Nevados de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales – ubicada
en las estribaciones del nevado Santa Isabel” 136 , contrato en cuya ejecución
habría ocurrido la desaparición de los señores Oliverio Cifuentes Cano, Carlos
Fernando Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez y Jaime Arturo Obando Molina.

5.2. De la responsabilidad de la administración cuando contrata la ejecución
de una obra pública con un tercero.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que en aquellos casos
en los que la administración contrata a otra persona (pública o privada), para que
lleve a cabo la ejecución de una obra pública, y aquel contratista, por acción u
omisión, causa un daño a un tercero, se compromete la responsabilidad del
Estado137, porque: i) la dueña o titular de la obra es la administración pública; ii) la
realización de la obra obedece a razones de servicio público y/o de interés
general; y/o iii) una entidad pública es quien se beneficia de la realización de la
obra, por lo que, en aplicación del principio “ubi emolumentum ibi onus ese debet”,
que establece que donde está la utilidad debe estar la carga, es aquella quien
debe responder por los daños causados por la ejecución de dicha labor138.

En consecuencia, al habilitar la posibilidad de que los afectados exijan al Estado la
reparación de los perjuicios que les fueron causados por su contratista en
desarrollo de una obra pública, la jurisprudencia ha creado una ficción en la que
entiende que es la administración quien ejecuta, directamente, la obra, y, por lo
tanto, no puede oponer a los terceros los pactos de indemnidad que celebre con el
contratista 139 , pero sí puede obtener el reembolso, por parte de aquel, de la
indemnización pagada140.

En estos eventos, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección la expresión
“actividad contractual” comprende todos los hechos y actos que se generen con
motivo de la ejecución o construcción de la obra, independientemente de que tal
actividad sea adelantada por la entidad pública contratante o con el concurso del
contratista 141 . Por lo tanto, el hecho de que el contratista de la obra hubiere
celebrado un subcontrato para el transporte de materiales con el señor Fredy
Alberto Osorio y la administración no hubiere participado en dicha relación
contractual, no exime a esta de responder por los daños causados con ocasión de
la ejecución de la obra pública.

Finalmente, en relación con el régimen de responsabilidad estatal aplicable, se ha
indicado que “se configura la responsabilidad del Estado por la actuación de su
135 Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y

Crédito Público. “Artículo 1.2.2.4. La Previsora S.A. Compañía de Seguros S.A. La Previsora S.A. es una
sociedad de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y
comerciales del Estado. Cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa, está vinculada al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia”.
136 Hecho probado No. 4.2.
137 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20 de

septiembre de 2007. Radicación No. 08001-23-31-000-1991-06256-01 (21322).
138 Ibidem.
139 Ver, entre otros: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección C. Sentencia del 14 de octubre de 2021. Radicación No. 76001-23-31-000-2009-00703-02
(53448); (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
mayo de 2007, expediente No. 19420; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2017. Radicación No. 25000-23-26-000-2003-01208-01 (39901); y (iv)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de
2015. Radicación No. 44001-23-31-000-2001-00706-01 (25640).
140 Ibidem.
141 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto

de 1997. Expediente No. 13028.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

contratista bajo el título de imputación de falta o falla del servicio” 142; sin embargo,
en aquellos casos en los que el daño fuere causado con ocasión del ejercicio de
una actividad peligrosa, como ocurre con la construcción, “el régimen aplicable es
de carácter objetivo tanto para quienes realizan la actividad como para los terceros
ajenos a esta”143. Con todo, esta Subsección precisó lo siguiente:

“En lo referente a la imputación de la responsabilidad (…) la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado que en los casos en que el daño sea
causado durante la ejecución de una obra pública, el régimen de
responsabilidad depende de la calidad de la víctima que sufre el daño, esto
es, si se trata de un trabajador de la obra o, de una persona ajena a ella.
Así, si se trata del operador que ejecuta la obra contratada por la
administración, el régimen aplicable es el de responsabilidad subjetiva, bajo
el título de imputación correspondiente a la falla del servicio. Por otra parte,
si la víctima del daño es un usuario o tercero, el régimen adecuado es el de
responsabilidad objetiva”144-145.

La razón para esa distinción radica en que los trabajadores de la obra de alguna
manera asumen y toman parte del riesgo.

En suma, los daños padecidos por quienes participen en la ejecución de obras
públicas son imputables al Estado en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política cuando se demuestre que tales daños se derivaron de una
falla concretada en el sometimiento a un riesgo superior al que debían asumir al
no haber adoptado las medidas necesarias para minimizar el riesgo. Por lo tanto,
la jurisprudencia de la Corporación 146 ha establecido como subreglas, las
siguientes: (i) Si el trabajador de la construcción sufre daños derivados de su
negligencia de acatar las recomendaciones e instrucciones impartidas por el
responsable de la obra, el daño le será atribuible a su propia culpa; (ii) Si a pesar
de las reglamentaciones y advertencias, respetadas por el trabajador, el daño se
produce por caso fortuito, se tratará de un típico accidente de trabajo, para cuya
indemnización están previstas, igualmente, las indemnizaciones a for fait, y (iii) si
el daño se produce como consecuencia de una falla del servicio atribuible a la
entidad demandada o al contratista de la obra, deberá reconocerse al trabajador, o
a quienes resulten afectados con el hecho, la indemnización integral por ese daño
antijurídico.

142 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 20 de
septiembre de 2007. Radicación No. 08001-23-31-000-1991-06256-01 (21322).
143 Ver, entre otros: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia

del 7 de junio de 2007. Expediente No. 16089; y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de octubre de 2020. Radicación No. 68001-
23-31-000-2004-02062-01 (50452).
144 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del

14 de octubre de 2021. Radicación No. 76001-23-31-000-2009-00703-02 (53448).
145 Como sustento de la posición adoptada en dicha sentencia, la Subsección acogió los fundamentos

expuestos en los siguientes fallos de la Sección Tercera, a saber: (i) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 1999. Expediente No. 16689; y (ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 11
de mayo de 2017. Radicación No. 25000-23-26-000-2003-01208-01 (39901). En estas providencias, la
Corporación indicó: “La calificación de una actividad como “peligrosa” tiene incidencia para establecer el
criterio de imputación aplicable en relación con los daños que se deriven de la misma, distinguiendo entre
quienes ejercen la actividad y los terceros ajenos a ésta. En el primer caso, cuando quien ejerce una actividad
peligrosa sufre un daño originado en ésta, la decisión sobre el derecho a ser indemnizado debe gobernarse en
desarrollo de la tesis de la falla del servicio prestado. En la misma sentencia se sostuvo que aunque en la
construcción de obras públicas dado el carácter peligroso que encierra su ejecución, proveniente de los
instrumentos que se utilizan en ella y de la intervención que con ocasión de las mismas se hace en la
naturaleza, como sucede cuando la construcción amerita la remoción de tierra, desvío del cauce de aguas,
tala de árboles etc. el trabajador que se vincula a dicha actividad asume voluntariamente el riesgo que ella
involucra y tiene sobre sí la obligación de extremar las medidas de seguridad para evitar lesionarse. Bajo ésta
orientación frente a los daños que sufre quien ejerce una actividad peligrosa, originados en el evento, impacto
o consecuencia adversa propia del mismo riesgo, el asunto deberá gobernarse bajo el régimen de la falla
probada del servicio y no del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional. La construcción de
obras que requiera como ésta la remoción de tierra, origina un riesgo de naturaleza anormal y, el trabajador
que ejerce dicha actividad, participa en la creación del riesgo que ella supone. En este sentido, deberá
acreditarse que a pesar de extremar los deberes de cuidado, el evento dañoso ocurrió por una falla del
servicio”.
146 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, exp. 15967.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

En el presente caso, la parte actora incoó la acción de reparación directa en
contra de La Previsora S.A. Compañía de Seguros y de la Nación – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible – Parques Nacionales Naturales de Colombia –,
mas no frente al contratista de la obra, el señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez,
quien, junto a QBE Seguros S.A. y la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.,
fue llamado en garantía por la compañía de seguros demandada. En
consecuencia, estas personas concurren al presente proceso en condición de
llamados en garantía, mas no de parte, y adquieren una obligación eventual con
aquel sujeto procesal que formuló el llamamiento; quien, de resultar condenado
en el proceso, tendría el derecho exigir el reembolso total o parcial del pago que
tuviere que hacer como resultado de la sentencia. Al punto, esta Subsección ha
indicado147:

“El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la
existencia de un derecho legal o contractual y permite que quien funge como
parte en un proceso determinado (llamante) solicite la vinculación como
tercero de una persona ajena a este (llamado) para que intervenga en la
causa, con el objeto de exigirle que concurra al pago de la indemnización del
perjuicio que eventualmente pueda llegar a sufrir el llamante como producto
de la sentencia (…) Entonces, el llamamiento en garantía vincula al tercero
con la parte principal y lo obliga a responder por la obligación que surja en
virtud de una eventual condena contra el llamante”.

Además, los demandantes solicitaron la declaración de responsabilidad por los
perjuicios que les fueron causados con ocasión de la desaparición y/o muerte de
los señores Oliverio Cifuentes Cano, Carlos Fernando Gutiérrez Mesa y Carlos
Antonio Sánchez, quienes eran trabajadores del contratista de la obra, y de Jaime
Arturo Obando Molina, quien, si bien no fue contratado por el señor Carlos
Rodolfo Daza Ramírez para la reconstrucción de la cabaña, sí fue legitimado en el
presente proceso por la existencia de unas cuentas de cobro presentadas por
aquel en razón del servicio de transporte de materiales que le habría prestado a
Parques Nacionales Naturales de Colombia en la Laguna del Otún148, de lo que
se infiere que se dedicó al ejercicio de dichas labores en el desarrollo del contrato
de obra pública.

En consecuencia, el análisis concerniente a la declaración de responsabilidad de
las entidades demandadas debe hacerse en aplicación de un régimen subjetivo
de responsabilidad por falla del servicio (en atención a la condición de
trabajadores de la obra pública de las víctimas), en el que la valoración de las
actuaciones u omisiones en que habría incurrido el contratista de la obra puede
ser tenida en cuenta para establecer la eventual imputación del daño de las
accionadas, mas no de los llamados en garantía149; dado que únicamente cuando
fuere establecida la responsabilidad de aquellas, se llevaría a cabo el análisis
correspondiente a la existencia de la obligación legal o contractual del llamado de

147 Ver, entre otros: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C. Proveído del 21 de mayo de 2021. Radicación No. 05001-23-33-000-2018-01967-01 (65135);
(ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 2 de
octubre de 2020. Radicación No. 25000-23-36-000-2017-00358-01 (64183).
148 Ver nota al pie No. 89.
149 Como lo hizo el Tribunal Administrativo de Risaralda, quien declaró “a La Previsora S.A., al arquitecto

Carlos Adolfo Daza Ramírez y a la Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales solidaria y administrativamente
responsables por la desaparición de los señores Oliverio Cifuentes Cano, Carlos Fernando Gutiérrez Mesa,
Carlos Antonio Sánchez Cano y Jaime Arturo Obando Molina, y la muerte del primero de los mencionados”, y,
como consecuencia de ello, los condenó, de forma solidaria, al pago de los perjuicios que les fueron causados
a los demandantes con ocasión de dicha desaparición y/o muerte. Como sustento de su decisión, el Tribunal
de primera instancia concluyó “que con independencia del estado de la lancha y si esta era apta o no para tal
labor, lo cierto es que aun sabiendo que los materiales para la obra se debían transportar atravesando la
laguna del Otún, no aparece probado que se hayan adoptado las medidas de seguridad para los trabajadores
ni se les suministraron los elementos para tal efecto, convirtiéndose para esta colegiatura como la causa
eficiente del daño el hecho de haber permitido que los obreros atravesaran dicha laguna sin los elementos de
protección tendientes a evitar una hipotermia en caso de un naufragio, que bien se podía presentar por
cualquier circunstancia, situación que debió ser prevista por el contratista empleador quien era el encargado
de velar por la seguridad de los trabajadores que tenía a cargo (…)”.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

reembolsar al llamante el pago que este hiciere como consecuencia de la
condena proferida en su contra.

Es pertinente precisar que, en todo caso, atendiendo a la naturaleza jurídica de La
Previsora S.A., Compañía de Seguros, que se define como una “sociedad de
economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas
industriales y comerciales del Estado. Cuenta con personería jurídica y autonomía
administrativa, está vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y es
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia” 150 y, en consonancia
con lo previsto en el artículo 14151 y el parágrafo 1 del artículo 32 del Estatuto
General de la Contratación 152 , el ámbito contractual de esta entidad no se
encuentra sometido al régimen general de los contratos estatales, sino que se rige
por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la actividad que
desarrolla, exclusión que se extiende al campo de la responsabilidad
extracontractual, lo que viene a significar que el miramiento del presente asunto,
para el caso de esta demandada, se hará bajo la égida de la responsabilidad civil.

En ese contexto, la responsabilidad que pueda surgir para La Previsora S.A.,
deberá ser abordada desde la perspectiva de la denominada “responsabilidad
extacontractual por el hecho de otro”, que se regula en el en inciso 1° del artículo
2347 del Código Civil y/o en su defecto desde la preceptiva del artículo 2341
como se analizará más adelante.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, en el presente caso, el análisis
sobre la responsabilidad extracontractual y administrativa en que habrían incurrido
la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Parques Nacionales
Naturales de Colombia – y La Previsora S.A. por la desaparición y/o muerte de los
señores Oliverio Cifuentes Cano, Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, Carlos
Antonio Sánchez y Jaime Arturo Obando Molina, se hará siguiendo el régimen
que a cada una de las demandadas aplica y, que, difiere del análisis de la
responsabilidad exigible a Carlos Rodolfo Daza Ramírez, QBE Seguros S.A. y la
Aseguradora Solidaria de Colombia Limitada frente a la Previsora S.A.; el cual
está condicionado a la prosperidad de las pretensiones de la demanda frente a las
entidades accionadas, por tratarse de llamadas en garantía.

5.3. Caso concreto.

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia 153, en
concordancia con los artículos 1757 del Código Civil (CC) 154 y 177 del Código de
Procedimiento Civil (CPC)155-156, quien pretenda la indemnización de los perjuicios
por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá demostrar: (i) la existencia

150 Extraído de la página Web de la Previsora, https://previsora.gov.co/funciones-y-
deberes#:~:text=Naturaleza%20jur%C3%ADdica,industriales%20y%20comerciales%20del%20Estado.
151 ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento
(50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior
al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector
privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se
regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. ─se subraya─.
152 PARÁGRAFO 1o. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros

y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a dichas actividades.
153 C.P. “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas (…)”.
154 Código Civil. “Artículo 1757. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta”.
155 Código de Procedimiento Civil. “Artículo 177. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
156 Norma procesal vigente al momento de la presentación del escrito de demanda.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

de un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de
las autoridades públicas.

En el presente asunto, se encuentra acreditado que el señor Oliverio Cifuentes
Cano falleció, por ahogamiento, en la laguna del Otún 157 . Así mismo, está
demostrado que los señores Jaime Arturo Obando Molina y Carlos Fernando
Gutiérrez Mesa fueron declarados ausentes, por desaparición, desde el día 17 de
septiembre de 2007158, esto es, desde el momento de ocurrencia de los hechos.
Ahora, en relación con el señor Carlos Antonio Sánchez, la Sala observa que no
obra en el expediente la sentencia por medio de la cual se le hubiere declarado
como persona ausente, pero, los medios de prueba arrimados al presente
proceso no permiten llegar a conclusión distinta a que aquel se encontraba en la
embarcación que naufragó en la laguna del Otún el 17 de septiembre de 2007 y,
desde entonces, no se ha tenido noticia sobre su paradero y, por demás, el señor
Carlos Rodolfo Daza Ramírez, contratista de la obra en su declaración admitió
que Carlos Sánchez era una de las personas que contrató para transportar el
material en la lancha ─hecho 4.16.─.

Si bien, no se sabe a ciencia cierta cómo ocurrieron los hechos porque ninguno
de los tripulantes de los botes sobrevivió para contarlo, tal circunstancia no hace
dudar de la certeza del daño como supone la Previsora en su escrito de
apelación, ya que todo indica que aquellas perecieron en la laguna el 17 de
septiembre de 2007 en momentos en que se encontraban transportando
materiales de construcción para la reconstrucción de la cabaña, pues, las pruebas
existentes se enfocan en ese sentido y no en otro.

Ahora bien, para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer sobre
un interés tutelado por el derecho, es necesario verificar que no exista un título
legal conforme al ordenamiento constitucional, que lo justifique o que lo
legitime159, y que no haya sido causado por el hecho de la propia víctima 160. En
esta ocasión, la muerte por ahogamiento con ocasión de la forma como se
ejecutaba una obra para beneficio de entidad pública se revela como un resultado
fatal que las víctimas no estaban en la obligación de soportar. Por otro lado,
ninguna prueba vino a este contencioso para acreditar eficazmente que ese
resultado se dio como consecuencia de hecho atribuible a las víctimas. Por tanto,
esta colegiatura concluye que está demostrado el daño antijurídico cuya
reparación pretenden los demandantes.

La imputación, esto es, la atribución fáctica y jurídica del daño así calificado y de
sus consecuencias a una persona diferente a las víctimas, para que las soporten
con cargo a su patrimonio, y tratándose de entidades o de órganos públicos
dotados de autonomía presupuestal, con cargo a su propio presupuesto, se
desenvuelve, ha dicho la Sección Tercera del Consejo de Estado 161 , en dos
planos: un primer plano, puramente fáctico, determinable con aplicación de la ley
de la causalidad, y otro jurídico, en función de un título que puede radicar en la
falla o falta del servicio, o en la transgresión, sin falla y sin falta alguna, del
principio de igualdad que debe presidir el ejercicio de la distribución de las cargas
y beneficios públicos.

Con el fin de demostrar la imputación del daño a las demandadas, se acudió,
principalmente, a la prueba testimonial, a través de declaraciones de personas que
de una u otra manera tuvieron conocimiento de los hechos, bien fuera porque ese
día participaron de las labores de búsqueda o porque tenían algún rol dentro de la
obra, como ocurre con el supervisor de ésta y el administrador del parque, o con el
157 Hechos probados No. 4.11 y 4.12.
158 Hecho probado No. 4.14.
159 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018. Expediente No.

46932.
160 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1 de octubre de 2018. Expediente No.

46328.
161 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 10 de diciembre de 2021, exp. 53455.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

interrogatorio que absolvió el contratista de la obra llamado en garantía. Respecto
de los testimonios de los integrantes del cuerpo de bomberos y la Cruz Roja, la
Sala considera que se trata de personas idóneas para dar cuenta de los hechos
inmediatamente siguientes al naufragio, en razón a que hicieron parte del grupo de
rescatistas que arribó al lugar, lo que les permitió ofrecer un relato contextualizado
de lo que percibieron durante los esfuerzos para buscar los botes y sus ocupantes.
En relación con las demás personas de las que se predica un vínculo laboral o
contractual con alguna de las partes y, por tanto, podrían tener interés en ofrecer
una versión parcializada, la Sala les dará tratamiento de testigos sospechosos en
los términos del artículo 217 del C.P.C. ─aplicable al caso─, por lo que sus dichos,
si bien no son objeto de un rechazo liminar, sí le imponen a la Sala un mayor rigor
al momento de valorarlos, en cuyo caso, lo expuesto por aquellos será objeto de
especial cotejo con los demás medios suasorios.

Establecido lo anterior, en el presente caso, de acuerdo con el material probatorio
se encuentra demostrado que para el día 17 de septiembre de 2007 los señores
Oliverio Cifuentes Cano, Carlos Fernando Gutiérrez Mesa y Carlos Antonio
Sánchez se encontraban trabajando en labores de transporte de materiales para la
reconstrucción de una cabaña perteneciente a Parques Nacionales Naturales de
Colombia, ubicada en inmediaciones de la laguna del Otún y que, a excepción del
cadáver del señor Oliverio Cifuentes Cano que apareció días después flotando en
el agua, los demás cuerpos no fueron encontrados. Así mismo, todo indica que el
señor Jaime Arturo Obando Molina también iba a bordo, aunque no se logró
precisar en qué calidad, pues el contratista de la obra, señor Carlos Rodolfo Daza
Ramírez indicó que no se trataba de un trabajador, sino que se decía que era un
campesino ─hecho 4.16─.

La hipótesis que cobra fuerza, según se desprende de las pruebas, es que los
botes en los que se transportaban estas personas, junto al material de obra que se
proponían llevar, zozobraron en las frías aguas de la laguna, pues, luego de los
esfuerzos de búsqueda que emprendieron las autoridades locales, entre ellas el
cuerpo de bomberos y la Cruz Roja, se logró divisar en las profundidades de la
laguna un bote aparentemente cargado con material de construcción.

Este hecho fue corroborado de dos maneras, una, mediante las declaraciones que
rindieron dos de los miembros del cuerpo de bomberos que acudieron al lugar,
quienes fueron contestes en manifestar que vieron, a través de las tomas que
captó un minisubmarino de rastreo que facilitó la Armada, las imágenes de un bote
sumergido con materiales de construcción como ladrillos o “adobes”, así lo
relataron los testigos Luis Enrique Reyes Ruíz y Fabián Sierra Muñoz ─hecho
4.12─. La otra versión proviene de los integrantes de la Cruz Roja que participaron
en la cruzada de búsqueda, quienes refirieron que supieron de la presencia de un
bote en el fondo de la laguna con materiales de construcción, porque así lo
describieron los dos buzos que hicieron dos inmersiones a la laguna
─declaraciones de Santiago Alberto Jiménez Benavidez y Carlos David Osorio
Restrepo─.

No hay prueba en el expediente, ciertamente, de que el bote que divisaron en el
fondo de la laguna fuera propiedad de Parques Nacionales, porque aun cuando
algunos testigos así lo refirieron, al momento de preguntárseles sobre la razón de
su dicho no ofrecieron una explicación confiable. Empero, quedó demostrado que
uno de los dos botes desaparecidos era de propiedad de Parques Nacionales, que
esta entidad lo había prestado para el transporte de materiales, tal como lo
corroboran los dichos del contratista de obra, señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez
─ hecho 4.16─ , del propio administrador del Parque Nacional Natural “Los
Nevados”, Jorge Hernán Lotero Echeverri ─hecho 4.17─ y del supervisor de las
obras de reconstrucción de la cabaña, señor Germán Alfonso Melo García ─hecho
4.18─.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Ahora, también se desprende de las pruebas que el transporte de materiales hasta
el sitio de la obra constituyó una tarea difícil y que obró, desde un comienzo, como
un cuello de botella para la ejecución de la obra por las difíciles condiciones de
acceso a la zona. Así, por ejemplo, en comunicación del 1 de marzo de 2007162
dirigida por el arquitecto Carlos Rodolfo Daza Ramírez ─contratista─ a la
Previsora S.A., expuso las dificultades que se le presentaban para el arribo de
materiales, porque las vías usuales se encontraban intransitables, aunado a las
condiciones climáticas y topográficas de la zona, todo por lo cual habían probado
diversas formas para transportar los materiales como, por ejemplo, a bordo de un
tractor, a bordo de mulas e, inclusive, se contempló la posibilidad de utilizar un
helicóptero, pero esta alternativa se descartó por la intensidad de los vientos.
Finalmente, los responsables de la obra concluyeron que, aún sorteadas esas
dificultades, el tramo restante debía hacerse con empleo de una lancha. Así lo
reseñó el contratista: “Una vez el material puesto a orilla de la laguna, se hace
necesario transportarlo en lancha hasta el bode opuesto (sitio de la obra) en una
distancia de dos Kms. Aprox., lo que representa un costo adicional”163.

Esas dificultades fueron ampliamente conocidas tanto por la Previsora como por
Parques Nacionales y están recreadas en diversas comunicaciones164, tanto así,
que para gestionarlas se optó por suscribir el Otrosí 1 a la Orden de
Reconstrucción de la cabaña – laguna del Otún165. De ahí que, al tiempo con la
disposición de mayores recursos económicos para sortear los escollos del
transporte de materiales, era menester incrementar las medidas de protección
para las personas que se inmiscuyeran en esas arduas labores de hacer llegar los
materiales al sitio, pues, de cualquier forma, las condiciones ampliamente
expuestas y conocidas por el contratista y el contratante rebosaban los riesgos
ordinarios de una obra y, por tanto, requerían extremar las precauciones a tono
con el nivel de dificultad y riesgo que comportaba la actividad de transporte de
materiales.

En este punto, destaca la Sala, el descuido reluce en que, sabiendo los riesgos
que comportaba el transporte de materiales, nada indica que se haya procurado
un control adecuado de esa actividad, tal como se desprende de la declaración del
señor Germán Alfonso Melo García, quien relata que desde un comienzo se dio a
conocer que no se contaba con personal suficiente “para que se pudiera hacer
seguimiento permanente en el sitio de la obra” ─hecho 4.18─, dejándose a la
deriva y al arbitrio de los obreros de construcción temas tan sensibles como el
control a los elementos y medidas de protección en una zona de tanta hostilidad
climática y topográfica.

Para esta Sala, no resultaba necesario adentrarse en terrenos meramente
especulativos, para decir, como lo hizo la primera instancia, que hubo en esa
ejecución incumplimiento del deber de portar chalecos, asunto que por demás no
está probado. En realidad, no se sabe a ciencia cierta si los trabajadores portaban
o no chaleco, como tampoco se sabe si todos los que abordaron los botes sabían
nadar, o si llevaban alguna clase de equipo de comunicación, o si cargaron
adecuadamente los botes. Sin embargo, como ha quedado denotado líneas atrás,
se tiene certeza de la falta del mínimo control que supondría el seguimiento de la
obra para que esta no quedara en manos de personal operario, en quienes se
descargó, entonces, la toma de decisiones para conjurar los riesgos que se había
evidenciado, comportaba la obra en sitio mediado por una laguna.

162 Folios 246-257, cuaderno 3.
163 Folio 253, cuaderno 3
164 Entre ellas, la comunicación enviada el 12 de marzo de 2007 por el ajustador del seguro I.R.P. Consultores

Ltda. A la Previsora S.A., donde se justifica la necesidad de reajustar con “gastos adicionales” la afectación de
la póliza, en razón a los sobrecostos de transporte (folios 246-247, cuaderno 3) y la decisión de ajustar la
póliza por la contingencia del transporte, según comunicación enviada el 27 de marzo de 2007 por I.R.P.
Consultores, a la Previsora, replicada el 30 de marzo del mismo año (folios 267-273 y 287-293, cuaderno 3).
También obra la cotización de transporte de materiales enviada por los señores José Ramiro Cárdenas
Ospina y Fredy Osorio a la Previsora el 27 de marzo de 007 (folios 265-266, cuaderno 3).
165 Otrosí obrante a folios 296-297, cuaderno 3.

32

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

En efecto, por las condiciones de inaccesibilidad del sitio de la obra y los riesgos
que ya de por sí representaba la laguna asentada a 4.200 metros aproximados
sobre el nivel del mar, y cuyas aguas se mostraban extremadamente frías y
oscuras. Por todo control, se contrató uno que diera fe del resultado: la
construcción de la cabaña.

Las condiciones de inaccesibilidad del sitio de la obra, sumadas a las
particularidades de la laguna demandaban supervisión de los trabajos y
orientación a los obreros, porque así lo exigía el deber de cuidado referido a la
vida y a la integridad personal de quienes allí fungían como tales.

No huelga advertir que, al margen de la acreditada falta de supervisión de las
obras, toma sentido y abona el mérito de la prueba que apunta en tal dirección, la
pasividad probatoria de las personas de quienes, como responsables y
beneficiario, respectivamente, de la riesgosa obra, debían controlar el
cumplimiento de preceptos como el artículo 4° parágrafo primero de la Resolución
002107 del 15 de octubre de 1999 ─Reglamento de Tripulaciones y dotaciones de
las embarcaciones fluviales166, vigente para la época─, para asegurarse de que la
tripulación u operación de la lancha contara con licencia o permiso 167. Al punto, la
Sala advierte cómo, al tenor de lo expuesto en su testimonio por el administrador
del parque, a pesar de que él personalmente le indicó al contratista que debía
tener una persona idónea para el manejo del bote ─hecho 4.17─, tal labor, en
razón de la finalización del contrato con el transportista, se le encargó al señor
Oliverio ─hechos 4.6 y 4.16─, proceder que denota negligencia en los
responsables de la obra, y falla en su beneficiario, sin que pueda afirmarse que,
por ser las víctimas trabajadores de la obra, no aplicaría la regulación fluvial ─que
comprende lagunas─ 168 , pues lo cierto es que, al momento de abordar la
embarcación se sometieron a las disposiciones que rigen esa actividad, con
anuencia de su empleador, pues, tanto el Contratista, como Parques Nacionales y
La Previsora, eran sabedores del riesgo que comportaba el transporte de
materiales con el auxilio de una lancha, en las difíciles condiciones ya remarcadas,
y mal podían pretender el traslado de su responsabilidad 169 a Carlos Gutiérrez,
Oliverio Cifuentes, Carlos Sánchez Carpintero y Jaime Obando, pues su
específico ámbito de especialidad permite inferir que ninguno de estos tenía por
oficio conducir lanchas con motor170.

Así mismo, se dice, al menos del bote de propiedad de Parques Nacionales, que
aquél tenía una capacidad reducida y que solo era apto para transporte de
personas y materiales en menor escala ─hecho 4.17─, aun así, se facilitó para
transportar materiales de construcción, sin ningún tipo de control respecto del
pesaje y sin una persona idónea para manejarlos.

Se podrá decir, como en efecto lo sugiere en su apelación la Nación – Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en tales condiciones, los trabajadores
por su propia cuenta asumieron el riesgo de emplear una lancha que sabrían, no
era apta para el transporte de material de construcción. Con todo, ese argumento
se encuentra huérfano de prueba, pues más allá de las declaraciones del señor
Jorge Hernán Lotero Echeverri, administrador del Parque Natural, en las que
manifestó que la lancha “generalmente se usaba para el transporte de personas y
algunos elementos y materiales pequeños, como combustible, cilindros de gas,

166 Conforme al artículo 6° del Decreto 2589 de 1988, vigente para la época de los hechos, la Navegación

fluvial es la que se ejecuta por ríos, caños, lagos, lagunas, canales, ciénagas y embalses.
167 De acuerdo con el artículo 186 del Decreto 2589 de 1988, aplicable al caso, para obtener licencia o

permiso de tripulante, entre otros requisitos se debe: “Aprobar el examen técnico efectuado por el Comité
Evaluador”.
168 Ibídem.
169 Folios 453-454 del cuaderno 2-2.
170 Dentro de los detalles que se entregaron al momento de formular la denuncia, se encuentra dicho que la

lancha suministrada en préstamo por Parques Nacionales era de motor. Así lo refirió el denunciante Carlos
Daza Ramírez: “las personas desaparecidas se transportaban en una lancha con motor propiedad de Parques
Nacionales con previa autorización por parte del director de Parques Nacionales Seccional Caldas en la cual
se vení transportando el material utilizado en la obra (…) Folio 453 cuaderno 2-2-

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

herramientas pequeñas, maletas” y que tanto él como los funcionarios del parque
habían impartido recomendaciones de uso del bote, en particular de que se
requería una persona idónea que lo manejara, lo cierto es que no hay un medio de
prueba que demuestre de advertencias que sobre el mal estado del bote
supuestamente se le hicieron a los trabajadores, o que corrobore lo expuesto por
el encargado de administrar el parque. Además, si se toma por cierto el dicho de la
apelante, de inmediato surge la pregunta de por qué los funcionarios del parque
dejaron un bote de tales características a disposición de los trabajadores, si de
antemano se sabía que aquellos lo requerían para transportar materiales de
construcción.

En definitiva, las pruebas demuestran que Parques Nacionales participó como
proveedor del bote en el transporte lacustre de los materiales de la obra; actividad
que, por sí misma resultaba riesgosa y para la cual, al margen de que no fuera
connatural a la construcción de la obra, exigía el cumplimiento de las normas de
navegación inobservadas, aunado a que a la Administración también es
responsable por una falla en el servicio del contratista, a quien le correspondían
las obligaciones del CST referidas anteriormente 171 . Tal desatención e
inobservancia obró en disfavor de los trabajadores a quienes se les encomendó tal
labor, sin que los encargados de la obra se cercioraran de las condiciones de
seguridad que se requerían para hacer el cruce de la laguna a bordo de los botes
y con material pesado dentro.

Establecido lo anterior, la Sala determinará en quién o quiénes recaía el deber de
supervisar y garantizar que los trabajos se dieran en condiciones de seguridad
para las personas involucradas en el desarrollo de las obras de reconstrucción de
la cabaña.

Dadas las particularidades del caso, debe establecerse quién fungió como
contratante de las obras de reconstrucción de la cabaña, en especial, si el rol de la
Previsora Compañía de Seguros fue el de un mero pagador ─dilucidándose a la
luz del contrato de seguros qué debe entenderse por pagador─ como se anunció
en la orden de reconstrucción, o si en realidad obró como contratante de la labor
de reconstrucción de la cosa asegurada. Lo anterior, comoquiera que uno de los
argumentos de la apelación de la Previsora recae, precisamente, en que ella sirvió
como “medio de pago” en virtud de un mandato y, por lo mismo, no era ni la
dueña, ni la beneficiaria de la obra.

Al respecto, la Sala observa que, tal como se destaca en el hecho 4.3, en el objeto
contractual de la “Orden de reconstrucción de la cabaña – Laguna del Otún
perteneciente al parque de Los Nevados de la Unidad Administrativa de Parques
Nacionales Naturales – ubicada en las estribaciones del nevado de Santa Isabel”,
se especificó que la Previsora procedía a generar la orden de reparación
debidamente autorizada por el asegurado ─Parques Nacionales Naturales─ y, en
un acápite denominado “Calidad en que interviene la Aseguradora”, se indicó que
“La intervención de La Previsora S.A. (…) es eminentemente a título de medio de
pago, en virtud de la indemnización derivada del siniestro de incendio No. 21047-
06-70” y, bajo esa consideración se dio por liberada de “toda responsabilidad por
la idoneidad y calidad de los trabajos ejecutados y del oportuno y adecuado
cumplimiento por parte del contratista CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ”.

Tales especificaciones, en principio, parecerían oficiar en favor del argumento de
la Previsora esgrimido en la apelación; sin embargo, existen otras razones que
mueven a la Sala a sostener, a la luz de las normas que rigen el contrato de
seguros, que el rol de la Previsora dentro de la mencionada orden de
reconstrucción fue el de un verdadero contratante.

171 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2007, exp. 15967.

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

En efecto, el artículo 1110 del Código de Comercio, estatuido dentro de los
principios generales a los seguros de daños, en cuanto a la forma de pago de la
indemnización de un siniestro, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 1110. <FOMA DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN>. La
indemnización será pagadera en dinero, o mediante la reposición, reparación
o reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del asegurador.

Del ámbito normativo de dicha disposición se desprende que el siniestro tiene dos
modalidades de pago, una dineraria y otra en especie a través de la reposición,
reparación o reconstrucción de la cosa siniestrada, cada una de ellas constituye,
per se “un medio de pago”; luego entonces, la estipulación inserta en la orden de
reconstrucción y replicada en el Otrosí, en la que se resalta que la Previsora funge
como “medio de pago” no tiene por qué entenderse como exclusiva de la
modalidad de pago en dinero, como se enfoca en el cargo de la apelación.

Así mismo, la precitada norma deja a merced del asegurador la elección de la
forma de pago. Con todo, en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No.
03 de 2006172 mediante la cual la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales se propuso “contratar las pólizas de seguros que
amparen los bienes e intereses patrimoniales de propiedad (…)” , en el Capítulo
VIII referente a “Especificaciones Técnicas de los Seguros a Contratar”, en el
acápite de “Pago de indemnización”, estipuló:

Los oferentes deben contemplar en caso de siniestro, que el asegurado se
reserva el derecho a solicitar a la compañía de seguros el pago de la
indemnización, mediante la reparación, y/o reposición del bien o bienes
afectados, o mediante giro a los contratistas y/o proveedores de servicios o
suministro de estos u otros similares con los cuales la UAESPNN decida
reemplazarlos, y la compañía a petición escrita de la Entidad Asegurada,
efectuará el pago de la indemnización, hasta el monto de su responsabilidad,
bajo estas condiciones173”.

En complemento a esta estipulación del pliego, dentro de ese mismo capítulo,
pero en un acápite denominado “Reconstrucción, Reposición, Reparación o
Reemplazo”, se estableció:

“Bajo esta cláusula la compañía pagará la indemnización por el valor de la
reposición o reemplazo de los bienes asegurados, cuando el conjunto o la
totalidad de ellos queden destruidos o de tal modo averiados que pierdan la
aptitud para el fin a que están destinados o cuando no obstante no perder esa
aptitud, su reparación aunque se facilite, implique perjuicios en la calidad o
eficiencia en la producción u operación (…)”174.

De lo anterior se desprende que la indemnización del siniestro derivado del
incendio de la cabaña, en tanto bien asegurado, operó al tenor de dicha cláusula,
bajo la modalidad de reconstrucción, dado que en la información general del
siniestro que rindió la firma I.R.P. Consultores Ltda., en su condición de ajustador,
en la descripción del bien afectado se inscribió:

Cabaña laguna del Otún incendio ocasionado por acto de la guerrilla de las
Farc, que ocasiono la perdida total del inmueble y sus contenidos” ─sic a lo
transcrito─175

Prueba adicional de que la modalidad de pago se dio por reconstrucción la
constituye el hecho de que en la comunicación del 30 de noviembre de 2007 176
que el ajustador de seguro ─I.R.P. Consultores Ltda.─ le dirigió a la Previsora

172 Folios 60 – 161, cuaderno 2.
173 Folio 111, anverso, cuaderno 2.
174 Folio 112, anverso, cuaderno 2.0
175 Folio 149cuaderno uno.
176Folios 386-391 cuaderno 3.

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

para rendir el informe del proceso indemnizatorio surtido hasta esa fecha, se
indicó:

Es decir, una cosa es que se haya tomado como base de liquidación la
cotización el (sic) Arquitecto Carlos Daza y otra que PARQUES NACIONALES
hubiera aceptada (sic) que éste proponente realizara la obra. Porque claramente
el arquitecto Melo, manifestó que dado el monto liquidado, en lugar de recibir el
giro de el (sic) dinero a nombre de Parques se opte por la modalidad de
indemnizar construyendo, al punto que desde un comienzo comenzaron a
trabajar mancomunadamente el área de Arquitectura de la Entidad Asegurada y
el contratista Carlos Daza, hasta que se suscribió la orden de reconstrucción que
es el mecanismo a través del cual la Aseguradora indemniza cuando se opta por
la modalidad de reparación o reconstrucción, en la cual figura exclusivamente
como MEDIO DE PAGO”177.

Quiere decir lo anterior, que la modalidad de pago que se aplicó en el presente
asunto fue la de reconstrucción, y que la autorización que le impartió Parques
Nacionales a la Previsora se dio en función del derecho que se reservó el
asegurado a optar por la forma de indemnización, por lo que es errado entender
como lo arguye la Previsora que esa autorización deriva en un contrato de
mandato.

Así las cosas, cuando la Previsora suscribió la Orden de Reconstrucción y el
correspondiente Otrosí, lo hizo como un pagador en la modalidad de
reconstrucción o reemplazo y no como un pagador de una suma de dinero. Esto, a
la vez, implica que obró como un verdadero contratante, y que a su cargo estaban
las obras con las cuales indemnizaba el siniestro, lo que se refuerza con el hecho
de que, inclusive, consintió en la suscripción de una adenda con el contratista para
incrementar el valor de la obra en razón a las dificultades de transporte.

Desde luego, si hubiera obrado simplemente como medio de pago de una
cantidad líquida de dinero, no se habría supeditado a los reajustes del valor de la
obra, pues su forma de indemnización hubiera concluido con el pago del valor del
ajuste convenido. Adicionalmente, tampoco puede entenderse la estipulación
“medio de pago” que obra en la orden de reconstrucción como el pago a un
proveedor, ya que esa modalidad, según se desprende de la comunicación
032547 que la Previsora le envió a la Unidad Administrativa de Parques
Nacionales el 21 de septiembre de 2006, implicaba la elaboración de una factura a
nombre de la Previsora junto con el acta de recibo de los bienes178, mientras que
la orden de reconstrucción aplicó una modalidad de pago al contratista propia de
un contrato de obra, donde se pactó un porcentaje por anticipo (50%) un 30%
contra avances de obra y un 20% a la firma del acta de recibo a satisfacción179.

El rol que ejerció la Previsora como contratante de la obra también se comprueba
con la declaración rendida por el contratista, quien, al referirse a las dificultades
para el transporte que provocaron la suscripción del Otrosí, afirmó: “la previsora
me impone al transportista Freddy Osorio para llevar los materiales al sitio de la

177 Folio 388 cuaderno 3.
178 Folio 193, cuaderno 3.
179 En ese orden de ideas cobra sentido lo expuesto por el señor Germán Alfonso Melo García, supervisor de

la orden de reconstrucción, en cuanto dijo: “El tema contractual como tal a parques nacionales no le consta,
teniendo en cuenta que fue una actividad desarrollada por la previsora; luego de que ocurrió el siniestro,
llamado así por la previsora fuimos citados en la subdirección administrativa donde trabajo yo, a una reunión
en la cual la previsora a través de su ajustador de seguros solicito a parques nacionales acompañamiento a
una visita de campo con el fin de determinar el daño que había sufrido la cabaña, entonces visitamos en
conjunto el sitio y encontramos que se había destruido totalmente. Acto seguido la Previsora, la única persona
con la que tuve contacto fue con el señor Ajustador, le solicitó a parques nacionales realizar una cotización
con un profesional idóneo para realizar la reconstrucción de la cabaña, parques nacionales realizo esta labor y
con fecha mayo de 2006 la firma taller de ensamble realizó la cotización mencionada. Sin embargo la
previsora a través de su ajustador le informo a parques nacionales que tenia otra cotización para la
reconstrucción de la cabaña y que ellos iban a aceptar la otra cotización; es decir parques nacionales no tubo
nada que ver con la selección del contratista que realizo la reconstrucción” ─sic a lo transcrito─. Folio 468,
cuaderno 2-2.

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

obra (…) Adjunto contrato de transporte de materiales con la persona
recomendada por la previsora, en cuyo numeral 4° se especifica que parques
nacionales suministra la lancha para el transporte de materiales (…) debido a que
el señor FREDDY OSORIO no cumplió el contrato nos vimos en la necesidad
nosotros mismos, los arriba mencionados [refiriéndose a las víctimas] y yo, de
transportar el material en la lancha que mencionamos”.180

Por consiguiente, lo que las pruebas denotan es que, más allá de las salvedades
que introdujo la Previsora en la Orden de Reconstrucción y el Otrosí No. 1, en
cuanto a que obraba como “medio de pago”, aquellas no desdicen la calidad de
contratante de obra en la modalidad de pago por reconstrucción de la cosa
siniestrada en la que actuó.

Bajo esas consideraciones se entiende que, como la aseguradora tenía la posición
de un contratante, de acuerdo con lo expuesto previamente en cuanto al régimen
de responsabilidad que le aplica a esta demandada, para determinar la imputación
del daño, deberá estudiarse el asunto con arreglo a las normas de la
responsabilidad civil aplicables, mas no por las de responsabilidad del Estado.

Con tal fin, la Sala precisa que, en materia de responsabilidad civil, tal como lo
tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de vieja data, no solamente se responde
por el daño que se causa con el acto propio, sino que, también, por el daño que se
causa a través de agentes o personas bajo el cuidado o dependencia181.

Más allá de las transiciones que ha dado la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia en el sentido de considerar este tipo de responsabilidad como indirecta en
sus comienzos, y como directa en la postura actual182, y en las disquisiciones de
que si tal responsabilidad deviene subjetiva por tratarse de una “culpa in eligendo
o in vigilando”, o si, por el contrario, se adosa a un régimen objetivo, en razón al
“beneficio que se obtiene con la actividad del dependiente”183 ─postura ajena al
régimen culpabilístico previsto en el ordenamiento jurídico colombiano─, lo cierto
es que, de cualquier modo, el elemento axial de ese tipo de responsabilidad es la
relación de subordinación o dependencia que exista entre el llamado a responder
y el causante del daño. Esa dependencia no viene limitada por eventos
específicos ni por vínculos condicionales ─ej., la del padre respecto del hijo, o la
clásica relación laboral─, sino que se traduce en una noción del mayor provecho
que abarca vínculos legales, contractuales o, inclusive, de hecho.

Al respecto, se tiene dicho que, en torno a la exigencia de una relación de
dependencia como lo prescribe el artículo 2347, debe asimilarse a “una noción de
muy holgado espectro que no es dado reducir a ciertas modalidades de

180 Folios 461 anverso y 462, cuaderno 2-2.
181 En sentencia del 16 de julio de 1985, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dijo:

“Tradicionalmente se ha dicho que la responsabilidad por el hecho ajeno tiene su fundamento en la sanción a
la falta de vigilancia para quienes tienen a su cargo el sagrado depósito de la autoridad. Es una modalidad de
la responsabilidad que deriva de la propia culpa de elegir (in eligendo) o al vigilar (in vigilando), a las personas
por las cuales se debe responder. También se ha sostenido que el fundamento radica en el riesgo que implica
tener personas por la cuales se debe responder, por lo cual la ley ha querido que exista aquí una
responsabilidad objetiva, esto es, sin culpa; y modernamente se sostiene que el verdadero fundamento de la
responsabilidad por el hecho ajeno está, en el poder de control o dirección que tiene el responsable sobre las
personas bajo su dependencia o cuidado”.
182 Sobre la evolución de la responsabilidad de las personas jurídicas por el hecho de sus agentes, ver, entre

otras: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de octubre de 2015. SC13630-2015,
Rad.: 73411-31-03-001-2009-00042-01.
El paso de una responsabilidad indirecta a directa respecto de los entes jurídicos, se dio a partir de la
sentencia del 30 de junio de 162 (G.J. t, XCIC), tal como se reseña en la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia – Sala Civil, del 30 de septiembre de 2016, SC13925-2016, Radicación nº 05001-31-03-003-2005-
00174-01.
183 ALTERINI, Atilio, cit. SANTOS BALLESTEROS; Jorge. Responsabilidad Civil. Tomo I – Parte General – 4ª.

Ed. Editorial Temis, 2023, pág. 289.
Cabe indicar que la Corte Suprema de Justicia colombiana, no ha sido proclive al tratamiento de la
responsabilidad civil por el hecho de los dependientes, por cuanto “el régimen general de responsabilidad civil
presupone la culpa como elemento esencial e imprescindible (Art. 2341).”. Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, sentencia del 30 de septiembre de 2016, SC13925-2016, Radicación nº 05001-31-03-003-
2005-00174-01.

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Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

contratación (…). Es por el contrario (….) una situación jurídica genérica donde
una persona, en su propio interés y conservando la autoridad suficiente para
orientar la actividad, vigilarla y controlarla, le encarga a otra el ejercicio de una
función, de una empresa o de una tarea cualquiera, así no exista entre ambas
vínculo contractual alguno de trabajo, puesto que, se repite, e los efectos del
artículo 2347 del Código Civil, el concepto de «subordinación o dependencia» no
supone necesariamente de una fuente de esa clase”184 .

Pese a que, en principio, pudiera pensarse que el sentido amplio de esa noción de
dependencia que ocupa lugar dentro del artículo 2347 ibídem, logra migrar a los
escenarios de la responsabilidad extracontractual corporativa, la Corte Suprema
en su jurisprudencia reciente ha establecido que no puede transmutarse a otros
cánones normativos, bajo los cuales sea factible concebir la responsabilidad de los
entes colectivos, porque “el legislador patrio de 1887 no se refirió, ni pudo
referirse, en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil a la responsabilidad civil de
las organizaciones empresariales de hoy en día”185.

Entonces, en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas por el hecho de
sus dependientes o agentes, la Corte Suprema se ha decantado por una
modalidad directa, ya no a partir del artículo 2347 del Código Civil, sino del artículo
2341 de dicha codificación y que, más importante que el tipo de labor que
desempeñen las personas naturales para la empresa, lo relevante es la
cooperación en el logro de los objetivos de la persona moral186. Además, que, “el
demandado en este tipo de acción no se exime de culpa si demuestra que el
agente causante del daño no estaba bajo su vigilancia y cuidado, o si a pesar de la
autoridad y el cuidado que su calidad les confiere no habría podido impedir el
hecho dañoso, pues estas situaciones son irrelevantes en tratándose de la
responsabilidad directa de los entes morales”187.

Es por eso que, para el presente asunto, la Previsora no puede pretextar el hecho
de que la supervisión del contrato estaba a cargo de Parques Nacionales, porque
aun cuando así se estableció en la orden de reconstrucción, queda visto que ese
argumento desde un punto de vista epistémico de la responsabilidad no le sirve de
excusa y, desde el punto de vista fáctico tampoco, dado que esa labor de
supervisión que se le confió a Parques Nacionales se supeditó a un ámbito
eminentemente técnico, tanto así que se pactó como una forma de hacer
verificaciones en el momento de la entrega de la construcción y no como un
seguimiento permanente al desarrollo de las actividades del contrato 188.

De vuelta a la responsabilidad civil corporativa, la Corte Suprema la ha concebido
como una responsabilidad de estirpe “sistémica”, con el siguiente alcance:

En la actividad empresarial contemporánea, un daño a un bien jurídico ajeno
no sólo puede originarse como resultado de la ejecución de las decisiones
administrativas o del despliegue de conductas adoptadas por la cadena
jerárquica, sino que puede deberse a falencias de planeación, de control, de
organización, de coordinación, de disposición de recursos, de utilización de la
tecnología, de flujos en la comunicación, de falta de políticas de prevención,

184 SANTOS BALLESTEROS; Jorge. Responsabilidad Civil. Op. Cit. Ibíd, p. 287.
185 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de septiembre de 2016, SC13925-

2016, Radicación nº 05001-31-03-003-2005-00174-01.
186 En un pronunciamiento posterior la Corte Suprema indicó que, para efectos de atribuir responsabilidad a

una persona jurídica por el hecho de sus agentes, no es importante el eventual beneficio que el agente le
reporte a la empresa (sentencia del 30 de septiembre de 2016, SC13925-2016, Radicación nº 05001-31-03-
003-2005-00174-01). Entonces, habrá de entenderse que cuando se dice que se exige una cooperación con
los objetivos de la empresa, esta colaboración no está supeditada a necesariamente a la obtención de un
beneficio. De lo contrario, habría que concluirse que la Corte Suprema se contradice.
187 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de octubre de 2015. SC13630-2015,

Rad.: 73411-31-03-001-2009-00042-01.
188 Lo anterior se corrobora con la declaración del contratista de la obra quien, al ser preguntado por si la obra

contaba con un interventor, contestó: “Sí, pero no permanecía en la obra sino solo el día del inicio de la obra y
hasta la fecha de la desaparición de los obreros, era el arquitecto GERMÁN MELO”.

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entre otras variables que deben quedar plenamente identificadas para efectos
de asignación de responsabilidad, pero que no siempre son atribuibles a uno
o varios individuos determinados, por lo que el funcionamiento de la
organización no se mide según las nociones tradicionales extraídas del
paradigma de la conciencia y la voluntariedad moral del ser humano.
(…)

A esa responsabilidad le es indiferente “si el agente dañador está sujeto a
vigilancia, control y dirección; ni el grado de autoridad o cuidado al que está
sometido; ni el eventual beneficio que el servicio del trabajador reporte al
principal189; o si el auxiliar acata las instrucciones de su superior o actúa en
contravía de ellas; o si la empresa recibe un beneficio económico (o pérdidas)
del trabajo de sus auxiliares”.
(…).

Es más, ni siquiera en todos los casos es exigible la falta de cuidado atribuible
a una persona natural determinada, porque lo que realmente interesa para
efectos de endilgar responsabilidad directa al ente colectivo es que el
perjuicio se origine en los procesos y mecanismos organizacionales
constitutivos de la culpa in operando, es decir que la lesión a un bien
jurídico ajeno se produzca como resultado del despliegue de los
procesos empresariales y que éstos sean jurídicamente reprochables
por infringir los deberes objetivos de cuidado; lo cual no sólo se da en
seguimiento de las políticas, objetivos, misiones o visiones
organizacionales, o en acatamiento de las instrucciones impartidas por
los superiores190. ─se resalta─

A modo de colofón habrá de entenderse que la exigencia de cooperación con los
objetivos de la empresa, no necesariamente está supeditada a la obtención de un
beneficio. La importancia, entonces, radica en la verificación del origen del daño,
en cuanto este acaezca en desarrollo de una actividad o proceso empresarial y, en
que se produzca como secuela de la violación a los deberes objetivos de cuidado.

Bajo las anteriores premisas, pasa la Sala a examinar si, como adujo el extremo
activo, La Previsora S.A. debe responder por los daños objeto de la demanda.

En relación con el primer elemento, esto es, la constatación de que el daño se
haya producido en desarrollo de una actividad de aquellas que hacían parte de los
procesos y mecanismos empresariales de la Previsora S.A., debe tenerse en
cuenta que el objeto de esta “es el de celebrar y ejecutar contratos de Seguro,
Coaseguro y Reaseguro que amparen los intereses asegurables que tengan las
personas naturales o jurídicas privadas, así como los que directa o indirectamente
tengan la Nación, el Distrito Capital de Bogotá, los departamentos, los distritos, los
municipios y las entidades descentralizadas de cualquier orden, asumiendo todos
los riesgos que de acuerdo con la ley puedan ser materia de estos contratos”191.
Así, en principio, podría decirse que la actividad constructiva no guarda relación
con el tinglado de actividades que pueda comprender ese objeto social, lo que
impediría tender un vínculo de responsabilidad frente a los hechos de la demanda.

Sin embargo, como se ha referido previamente, las obras de reconstrucción de la
cabaña, en el presente asunto y por voluntad de la Previsora, se constituyeron en
un una modalidad de pago de un siniestro cubierto por una póliza expedida por
dicha empresa, luego entonces, no se trataba de cualquier contrato de obra, sino

189 Como ya se indicó, cuando en una sentencia anterior (del 7 de octubre de 2015. SC13630-2015, Rad.:

73411-31-03-001-2009-00042-01), la Corte indicó que lo importante para atribuirle responsabilidad al ente
corporativo era la cooperación con los objetivos de la empresa que hubiera desplegado el agente lesionador,
habrá de entenderse que esta colaboración no está supeditada a necesariamente a la obtención de un
beneficio. De lo contrario, habría que concluirse que la Corte Suprema se contradice.
190 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de septiembre de 2016, SC13925-

2016, Radicación nº 05001-31-03-003-2005-00174-01.

191
Decreto Único 1068 de 2015, artículo 1.2.2.4.

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de uno a través del cual cumpliría una obligación inherente y estrechamente ligada
con su objeto social, lo que permite concluir que, sin que la construcción de obras
fuera una actividad propia del cometido empresarial, sí estaba ligada al logro de
esta. A partir de esta argumentación puede decirse que, en atención a las
circunstancias particulares del caso, este primer elemento para la configuración de
la responsabilidad se satisface.

En lo que atañe al segundo presupuesto ─violación al deber de cuidado─, en línea
con las pruebas que se trajeron a este contencioso es posible sostener que la
Previsora no tuvo el más elemental cuidado en exigirle a su contratista que las
obras se ejecutaran en cumplimiento de las normas de seguridad exigibles para el
transporte de materiales en las circunstancias y condiciones en que ameritaba la
obra encomendada, máxime, cuando estaba al tanto de las dificultades que
entrañaba esa actividad y que la misma debía ejecutarse sorteando los desafíos
de atravesar el cuerpo lacustre.

Está visto que, con la suscripción del otro sí, se conjuró la insuficiencia de
recursos para la ejecución constructiva de la cabaña, pero ninguna precaución o
advertencia se tomó o se hizo respecto de la seguridad del personal que debía
acometer las obras, pues en ese aspecto nunca estuvieron concentradas las
preocupaciones del proyecto.

Ese descuido permitió que, en el sitio de la obra, ante las dificultades para el
transporte de los materiales, se acudiera a medidas improvisadas que iban en
desmedro de la protección de las personas encargadas de dicha labor,
denotándose la absoluta indiferencia de la Previsora frente a la situación de riesgo
que pudiera devenir para los trabajadores, descuido que se traduce en que, tan
siquiera exigió de su contratista las garantías para generar un entorno seguro de
trabajo, pues no se interesó por estipular los requisitos y condiciones en que debía
ejecutarse el transporte de materiales por la laguna, ni lo condicionó al
cumplimiento de los estándares normativos y reglamentarios mínimos para esa
actividad, a los cuales ya se ha hecho referencia.

Por ser así, la Sala considera que a la Previsora Compañía de Seguros le asiste
responsabilidad en la muerte y/o desaparición de las cuatro personas que se
encontraban el día de los hechos transportando material de construcción de un
lado de la laguna a otro, pues, en punto de la responsabilidad civil empresarial, los
obreros fallecieron en desarrollo de una obra contratada por la Previsora para
cumplir un compromiso suyo del de pago de un siniestro y, pese a que se ejecutó
por interpuesta persona ─el contratista─ lo cierto es que la Previsora no exigió de
éste, ni verificó el cumplimiento de la regulación que aplicaba al caso ─
Reglamento de Tripulaciones y dotaciones de las embarcaciones fluviales y las
normas de seguridad en el trabajo ya aludidas─, a sabiendas que el transporte de
materiales se iba a dar en condiciones muy críticas.

Lo anterior no significa, en modo alguno, que en el ámbito de la responsabilidad
civil de las empresas que se rigen por el derecho privado el contratante responda
siempre por los daños que sufran los trabajadores del contratista, ya que una
deducción semejante no tiene cabida ni respaldo en las pautas jurisprudenciales
traídas a colación. Entonces, lo que ha ocurrido en este caso específico es que,
dadas las particularidades en que se desarrolló el transporte de materiales al sitio
de obra y, atendiendo el conocimiento que sobre esa situación tenía La Previsora,
le correspondía a esta, desde su posición de contratante de una obra destinada a
servir como medio de pago de un siniestro, velar por el cumplimiento de las
disposiciones atinentes a la seguridad de los trabajadores empleados para esa
maniobra de transporte de materiales.

Por contera, también le asiste obligación de responder al contratista en su
condición de llamado en garantía por el Contratante, pues era un deber primordial
del ejecutor de la obra, según se desprende del Anexo 1 que forma parte

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

integrante de la Orden de Reconstrucción “Cumplir con las normas legales
Nacionales, departamentales, Municipales o de autoridades locales, del lugar
donde se lleven a cabo los trabajos de la obra contratada y velar por la seguridad
de las personas y de las propiedades que llegaren a quedar vinculadas directa o
indirectamente en virtud de la obra contratada”192 y, como está visto que no lo
hizo, debe salir en indemnidad frente al llamante en garantía, en virtud del vínculo
contractual que los unía.

Como razones para aseverar que faltó a ese deber, se encuentra el hecho de que
el contratista permitió que, ante el incumplimiento por parte del transportista Fredy
Osorio, su personal destinado a la obra se hiciera cargo del transporte, actividad
que debía cumplirse a bordo de una lancha de motor, sin percatarse si aquellos
tenían o no la idoneidad para maniobrar la motonave, labor que, como ya se vio,
requiere de una licencia específica. Aunado a ello, todo indica que tampoco se
percató si sabían o no nadar, pues en el Acta que levantó el Comité Operativo
Local, para la Prevención de Desastres del municipio de Pereira, sobre las
actividades de búsqueda de los desaparecidos, allí se consignó: “El arquitecto
Carlos R. daza, informa que luego de las averiguaciones realizadas al personal,
tiene la certeza de que las tres personas desaparecidas nadaban
perfectamente” 193 . También, no estuvo al tanto de las condiciones en que se
encontraba la lancha luego de la reparación precaria que, se dice, tuvieron que
hacerle y si al momento de zarpar llevaba, en peso, su capacidad reglamentaria.

Finalmente, la Sala encuentra que a Parques Nacionales Naturales también le
cabe responsabilidad de lo sucedido, pues, aun cuando en su condición de
asegurado había optado porque se le indemnizara el siniestro bajo la modalidad
de reconstrucción, lo cierto es que proporcionó el préstamo de una lancha con el
conocimiento de que se utilizaría para transportar materiales de construcción, sin
verificar si los tripulantes cumplían o no con los requisitos de idoneidad y
seguridad para maniobrar la motonave, en razón de lo cual tomó participación en
la actividad riesgosa que tal hecho comportaba.

Así las cosas, la Sala concluye que las demandadas son solidariamente
responsables de los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de la
muerte o desaparición de los señores Oliverio Cifuentes Cano, Carlos Fernando
Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez y Jaime Arturo Obando Molina. Así
mismo, que le asiste obligación contratista llamado en garantía de responder
frente al llamante ─La Previsora─ por la condena que llegue a imponérseles, de
conformidad con los perjuicios que la Sala encuentre acreditados.

De esta manera, la Sala confirmará la decisión del tribunal de primera
instancia, que declaró probada la responsabilidad patrimonial de las
demandadas, pero por los motivos acá expuestos; y avanzará con la revisión de
los perjuicios para constatar si su tasación de halla de conformidad con los
criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corporación, habida cuenta que
el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales que ordenó el juez de
primera instancia no fue objeto de apelación y, por tanto, el análisis de la Sala se
concita en la cuantificación, teniendo por premisa, en todo caso, el principio de la
non reformatio in pejus, dado que nos encontramos ante un evento de apelante
único.

5.4. Indemnización de perjuicios

4.5.1. Perjuicios morales

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 28 de agosto de
2014194, unificó su jurisprudencia en lo que atañe a la reparación de los perjuicios
192 Folio 221, cuaderno 3.
193 Folio 454 cuaderno 2-2.
194 Expediente 26251.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

morales por muerte. En concreto, el monto de esta clase de perjuicio,
determinables en salarios mínimos legales mensuales vigentes, se establece a
partir de cinco niveles, bajo criterios de parentesco o cercanía afectiva existente
entre la víctima directa y aquellos que acuden ante la administración de justicia en
calidad de perjudicados. Lo anterior se expresa en el siguiente cuadro:

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Regla general Relación Relación Relación Relación Relación
en el caso de afectiva afectiva del 2° afectiva del afectiva del 4° afectiva
muerte conyugal y de 3er de de no
paterno – consanguinidad consanguinida consanguinidad familiar
filial o civil d o civil o civil. (terceros
damnific
ados)
Porcentaje 100% 50% 35% 25% 15%
Equivalencia 100 50 35 25 15
en salarios
mínimos

En efecto, para el reconocimiento de los perjuicios morales, esta Corporación
estableció cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y quienes
reclaman perjuicios, en los siguientes términos:

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva propia de las relaciones conyugales y
paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (primer
grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables).
Nivel No. 2. Correspondiente a la relación afectiva propia del segundo grado de
consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos).
Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de
consanguinidad o civil.
Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de
consanguinidad o civil.
Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros
damnificados).

Quienes integren los niveles 1 y 2 solo deben aportar la prueba del estado civil o
de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable,
además, la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba
de la relación afectiva.

El juzgador de primer grado encontró satisfechos los criterios jurisprudenciales
expuestos y reconoció la indemnización de los perjuicios morales en favor de
todos los que integran la parte demandante. Por su parte, la Previsora cuestionó
en el recurso de apelación la cuantificación de los perjuicios morales, bajo el
argumento conforme al cual, para la época de los hechos las tablas de
indemnización establecidas en la jurisprudencia eran bastante inferiores; sin
embargo, la Sala no acogerá tal súplica, comoquiera que para la fecha en que se
profirió la sentencia de primera instancia ya se encontraban unificados los criterios
de la Corporación para dicho reconocimiento. En consecuencia, la Sala confirmará
los perjuicios morales otorgados por la primera instancia, habida cuenta que se
cumplen cabalmente los montos unificados y los beneficiarios de los mismos se
encuentran en los niveles 1 y 2 de relación afectiva con las víctimas195.

En todo caso, la Sala aclara que, aun cuando la primera instancia reconoció
perjuicios morales en favor de Camilo Esteban Cifuentes Cano y Eliana Ximena
Cifuentes Cano, tal situación obedeció a un lapsus cálami, pues el nombre
correcto de estos demandantes es: Camilo Esteban Cifuentes Pinzón y Eliana

195 Inclusive, respecto de quienes fungen como hermanos se demostró el perjuicio moral padecido, tal como

se reseña en las notas de pie de página 116 y 126.

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Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Ximena Cifuentes Pinzón y, así se hará notar en la parte resolutiva de esta
sentencia.

5.4.2. Perjuicios materiales.

La jurisprudencia unificada de la Sección Tercera 196, en materia de perjuicios
materiales, ha sostenido que solamente se puede incluir el 25%, por concepto de
prestaciones sociales, en el ingreso base de liquidación, siempre que: a) así se
pida en la demanda y, b) se pruebe suficientemente que el afectado con la medida
trabajaba como empleado al tiempo de [los hechos], pues las prestaciones
sociales son beneficios que operan con ocasión de una relación laboral
subordinada”, es decir, no aplica este último criterio frente al ejercicio de
actividades independientes, como tampoco para el caso de quienes se encuentran
devengando una asignación de retiro”197.

Por concepto de perjuicios materiales la primera instancia reconoció lucro cesante
en favor de las compañeras permanentes e hijos de los señores Oliverio Cifuentes
Cano, Carlos Fernando Gutiérrez Mesa, Carlos Antonio Sánchez y a los hijos del
señor Jaime Arturo Obando Molina. En lo que respecta a los hijos del señor
Carlos Antonio Sánchez Cano, la Sala observa que la primera instancia, si bien
reconoció perjuicios morales en favor de Wilber Arley Sánchez Cano, pasó por
alto reconocer el lucro cesante que le correspondía a este demandante, a
sabiendas que, conforme al registro civil de nacimiento198, para la época de los
hechos aún no había cumplido los 25 años de edad. No obstante, como no se
puede hacer más gravosa la situación del apelante único y la parte demandante,
pudiendo, no concurrió para apelar lo pertinente, esta Colegiatura se atendrá a lo
resuelto en la sentencia de primer grado.

De vuelta al reconocimiento de perjuicios que efectuó la primera instancia, aquél
se liquidó con base en el salario mínimo legal al cual se le incrementó el 25% por
concepto de prestaciones sociales por cuanto está demostrado que las víctimas
se encontraban vinculados a una relación laboral para el momento en que
desaparecieron. Así mismo, se descontó el 25% que corresponde a lo que las
víctimas destinarían para su manutención si vivieran. Por consiguiente, la Sala
confirmará el monto del lucro cesante (consolidado y futuro) conforme a la
liquidación efectuada por la primera instancia y confirmará el lucro cesante futuro
en abstracto reconocido en favor de la señora María Doris Cano Usme 199 , y
procederá a realizar la correspondiente actualización de las sumas líquidas, así:

5.4.2.1. Para el primer grupo familiar – Familiares de Ovidio Cifuentes Cano:

En línea con lo expuesto se procede a la actualización, con fundamento en la
siguiente fórmula:

Ra = Rh200 índice final (141.48 marzo de 2024)
Índice inicial (82.14 – octubre de 2014)

196 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44572. Aunque

esta sentencia está dirigida, prima facie, a unificar reglas sobre el reconocimiento y liquidación de perjuicios
materiales en materia de privación injusta de la libertad, allí se consagra que, tales reglas, deberán hacerse
extensivas “a los eventos en los cuales le corresponda al juzgador determinar la existencia y el monto de
perjuicios materiales de la misma clase”.
197 Artículos 2 y 3 de la Ley 923 de 2004, “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que

deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 19, literal e) de la
Constitución Política”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de julio de 2013,
exp. 27734.
198 Conforme al registro civil de nacimiento con serial 20857240, Wilber Arley Sánchez cano nació el 9 de

agosto de 1986.
199 En razón a que no fue allegado el registro civil de nacimiento del señor Carlos Antonio Sánchez Cano, para

poder establecer cuál de los dos tenía menos expectativa de vida probable.
200 Este valor corresponde a lo reconocido por el Tribunal de primera instancia para cada demandado.

43

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

(i) Lucro cesante en favor de Nydia Jineth Pinzón Sánchez en calidad de
compañera permanente. El Tribunal, por este concepto le reconoció a esta
demandante la suma de $84.814.152201, que, al actualizarla arroja la cifra de:
Ciento cuarenta y seis millones ochenta y seis mil veintisiete pesos mcte.
($146.086.027.oo).

(ii) Lucro cesante en favor de Camilo Esteban Cifuentes Pinzón en calidad
de hijo. El Tribunal, por este concepto le reconoció a este demandante la
suma de $ 29.748.843,202 que, al actualizarla arroja la cifra de: Cincuenta y un
millones doscientos cuarenta mil ciento cincuenta y cinco pesos mcte.
($51.240.155.oo).

(iii) Lucro cesante en favor de Eliana Ximena Cifuentes Pinzón en calidad de
hija. El Tribunal, por este concepto le reconoció a esta demandante la suma de $
34.217.100203, que, al actualizarla arroja la cifra de: Cincuenta y ocho millones
novecientos treinta y seis mil trecientos noventa y tres pesos mcte.
($58.936.393.oo).

5.4.2.2. Para el segundo grupo familiar – Familiares de Carlos Fernando
Gutiérrez Mesa:

(i) Lucro cesante en favor de Clara Liliana Tunjano Rodríguez en calidad
de compañera permanente. El Tribunal, por este concepto le reconoció a esta
demandante la suma de $82.814.152204, que, al actualizarla arroja la cifra de:
Ciento cuarenta y seis millones ochenta y seis mil veintisiete pesos mcte.
($146.086.027.oo).

(ii) Lucro cesante en favor de Anderson Nicolás Gutiérrez Tunjano en calidad
de hijo. El Tribunal, por este concepto le reconoció a este demandante la suma de
$ 26.571.869,205 que, al actualizarla arroja la cifra de: Cuarenta y cinco millones
setecientos sesenta y ocho mil cincuenta y cinco pesos mcte. ($45.768.055,oo).

(iii) Lucro cesante en favor de Andrés Santiago Gutiérrez Tunjano en calidad
de hijo. El Tribunal, por este concepto le reconoció a este demandante la suma de
$ 31.063.752206, que, al actualizarla arroja la cifra de: Cincuenta y tres millones
quinientos cuatro mil novecientos ochenta y siete pesos mcte. ($53.504.987.oo).

5.4.2.3. Para el tercer grupo familiar – Familiares de Carlos Antonio
Sánchez:

(i) Lucro cesante en favor de María Doris Cano Usme en calidad de compañera
permanente. El Tribunal, por este concepto (lucro consolidado) le reconoció a esta
demandante la suma de $30.496.823 207 , que, al actualizarla arroja la cifra de:
Cincuenta y dos millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y cuatro
pesos mcte. ($52.528.494.oo).

(ii) Lucro cesante en favor de Carlos Alfredo Sánchez Cano en calidad de hijo.
El Tribunal, por este concepto le reconoció a este demandante la suma de $
22.205.411, 208 que, al actualizarla arroja la cifra de: Treinta y ocho millones
doscientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos mcte.
($38.247.158.oo)

201 Resultantes de sumar $30.496.823 de renta consolidada, más $54.317.329 de renta futura.
202 Resultantes de sumar $15.248.411 de renta consolidada, más $14.500.432 de renta futura.
203 Resultantes de sumar $15.248.411 de renta consolidada, más $18.968.689 de renta futura.
204 Resultantes de sumar $30.496.823 de renta consolidada, más $52.317.329 de renta futura.
205 Resultantes de sumar $15.248.411 de renta consolidada, más $11.323.458 de renta futura.
206 Resultantes de sumar $15.248.411 de renta consolidada, más $15.815.341 de renta futura.
207 Resultantes del lucro cesante consolidado, tasado en $30.496.823, por cuanto la porción del lucro cesante

futuro se definirá mediante trámite incidental.
208 Resultantes de sumar $15.248.411 de renta consolidada, más $6.957.000 de renta futura.

44

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

(iii) Lucro cesante en favor de Cristian Sánchez Cano en calidad de hijo. El
Tribunal, por este concepto le reconoció a este demandante la suma de $
26.294.950 209 , que, al actualizarla arroja la cifra de: Cuarenta y cinco millones
doscientos noventa y un mil ochenta y tres pesos mcte. ($45.291.083.oo).

5.4.2.4. Para el cuarto grupo familiar – Familiares de Jaime Arturo
Obando Molina:

(i) Lucro cesante en favor de Carolina Obando Rivera en calidad de hija. El
Tribunal, por este concepto le reconoció a esta demandante la suma de $
23.545.620,210 que, al actualizarla arroja la cifra de: Cuarenta millones quinientos
cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos mcte. ($40.555.568.oo).

(ii) Lucro cesante en favor de Daniel Obando Rivera en calidad de hijo. El
Tribunal, por este concepto le reconoció a este demandante la suma de $
29.157.503211, que, al actualizarla arroja la cifra de: Cincuenta millones doscientos
veintiún mil seiscientos dieciséis pesos mcte. ($50.221.616.oo).

Así las cosas, resta por analizar si a las compañías aseguradoras llamadas en
garantía por La Previsora, les asiste el deber de asumir con cargo a las pólizas
contratadas las condenas que se le impongan al llamante.

La Previsora S.A. convocó en garantía a la Aseguradora Solidaria de Colombia,
con fundamento en la constitución de la póliza No. 994000002562 212 del ramo de
cumplimiento que, entre otros, contiene el amparo de “pago de salarios,
prestaciones sociales e ind.”, con vigencia del 14/02/2007 al 02/03/2008, por un
valor asegurado de $11.451.399,oo, siendo afianzado Carlos Adolfo Daza
Ramírez y, como asegurado y beneficiario la “Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Partes Nacionales Naturales, para garantizar, entre otros, el pago de
salarios para la orden de reconstrucción de la cabaña – Laguna del Otún
perteneciente al parque de Los Nevados (…)”.

Tal llamamiento decae para los efectos que se propone el llamante, por las
siguientes razones: (i) el objeto de dicha póliza se contrae a la responsabilidad
contractual para el cubrimiento de la garantía del pago de salarios y prestaciones
sociales, mientras que la responsabilidad de que trata la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo a través de la acción de reparación directa es de tipo
extracontractual y, (ii) quien realiza el llamamiento, esto es, la Previsora no tiene
la calidad ni de asegurado, ni de beneficiario y, por lo mismo, la relación de
aseguramiento no la cobija.

La Aseguradora Solidaria de Colombia, también expidió la póliza No.
994000001253213 del ramo de responsabilidad civil extra contractual, con vigencia
del 14/08/2007 al 02/03/2008, por un valor asegurado de $34.354.197,oo, siendo
afianzado Carlos Adolfo Daza Ramírez y, como asegurado y beneficiario la
“Unidad Administrativa Especial del Sistema de Partes Nacionales Naturales, para
garantizar, entre otros, el amparo por “predios, labores y operaciones” para
garantizar la responsabilidad civil extra contractual para la orden de
reconstrucción de la cabaña – Laguna del Otún perteneciente al parque de Los
Nevados (…)”.

209 Resultantes de sumar $15.248.411 de renta consolidada, más $11.046.539 de renta futura.
210 Resultantes de sumar $15.248.411 de renta consolidada, más $8.297.209 de renta futura.
211 Resultantes de sumar $15.248.411 de renta consolidada, más $13.909.092 de renta futura.
212 Folio 2010, cuaderno 1-1.
213 Folio 211, cuaderno 1-1

45

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Este llamamiento en garantía también resulta improcedente en razón a que la
Previsora, que es la llamante, no tiene la calidad ni de asegurado, ni de
beneficiario de dicha póliza y, por lo mismo, la relación de aseguramiento no la
cobija.

En síntesis, aun cuando la Previsora insistió en la apelación en que sí procedía tal
llamamiento porque existía un beneficio directo para la llamante, aunado a la
condena solidaria que fue impuesta en la primera instancia tanto a dicha entidad
como a la Unidad de Parques Nacionales y al contratista, lo cierto es que, tal
como se construyó la relación aseguraticia, la Previsora no se encuentra en
condiciones de reclamar amparos de esa póliza en su favor, pues a quien
correspondía efectuar ese llamamiento era a la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales y aquella no lo hizo. Esto, por cuanto el
artículo 57 del C.P.C, aplicable al presente caso, claramente preceptuaba que el
llamamiento lo debía hacer quien tuviera el derecho legal o contractual para exigir
del tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total
o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, es decir
que el llamamiento confronta un vínculo directo y no indirecto como aduce el
apelante.

Finalmente, la Previsora también llamó en Garantía a QBE Seguros S.A, en
función de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 120100000908,
en la cual figura como tomador, asegurado y beneficiario La Previsora S.A.
Compañía de Seguros, con una vigencia desde el 2006/10/25 hasta el
2007/10/24, para el amparo de “predios, labores y operaciones”, por un valor
asegurado de $2.000.000.000 214 , respecto de los perjuicios patrimoniales “que
sufra LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS como consecuencia de la
responsabilidad civil extracontractual originada dentro o fuera de sus
instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ellas, lo
mismo que los actos de sus empleados y funcionarios en todo el territorio
nacional”215. Conforme al alcance de dicha póliza y a las partes que la integran, la
Sala colige que el llamamiento efectuado por la Previsora es procedente y, por
tanto, dicha Compañía de Seguros, QBE Seguros S.A., está obligada a afectar la
mencionada póliza en función del siniestro sobre el que gravita el daño en este
contencioso respecto de los rubros que eventualmente no alcance a cubrir el
contratista.

Depreca la Previsora que se incluya dentro del deber de reembolso del llamado
en garantía lo concerniente a la condena por perjuicios morales que fue excluido
por la primera instancia. Al respecto, la Sala encuentra pertinente la solicitud,
comoquiera que dentro de las condiciones de la precitada póliza, en las
coberturas básicas se encuentra incluido ese rubro, así:

La compañía se obliga a indemnizar, sujeto a los términos y condiciones
establecidas tanto en las condiciones generales como a las particulares de la
póliza, los perjuicios patrimoniales que cauce el asegurado con motivo de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley
colombiana, por hechos imputables al asegurado, que causen la muerte, lesión o
menoscabo en la salud de las personas (daños personales) y/o el deterioro o
destrucción de bienes (daños materiales) y perjuicios económicos, incluyendo
lucro cesante y daño moral, como consecuencia directa de tales daños
personales y/o daños materiales”216.

Así las cosas, en los anteriores términos y en los demás inherentes a las
cláusulas del seguro tales como límites, sublímites, deducibles y disponibilidad de
cobertura, las partes deberán atenderse a lo pactado en la póliza, para efectos de
atender la obligación de reembolso que se desprenda del presente llamamiento.

214 Folio 261, cuaderno 1-1.
215 Condiciones vistas a folios 262-272, cuaderno 1-1.
216 Folio 262, cuaderno 1-1.

46

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Corolario de lo expuesto y, teniendo en cuenta que a pesar de que la Sala
confirmará la responsabilidad atribuida por la primera instancia a las demandadas
y al contratista de obra, para efectos de incluir y recoger las decisiones
resultantes de la apelación, en la parte resolutiva modificará, en lo pertinente, la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 30 de octubre de
2014.
VI. COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay
lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no
se efectuará condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda el 30 de octubre de 2014, y, en su lugar, dispóngase:

DECLÁRASE fundado el impedimento presentado por el consejero Nicolás
Yepes Corrales.

DECLÁRASE a La Previsora S.A. Compañía de Seguros y a la Nación –
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible] – Unidad Administrativa Especial del
Sistema del Sistema de Parques Nacionales Naturales, administrativa y
solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los
demandantes con ocasión de la desaparición de los señores Oliverio
Cifuentes Cano, Carlos Fernando Gutiérrez mesa, Carlos Antonio Sánchez
Cano y Jaime Arturo Obando Molina, y la muerte del primero de los
mencionados.

CONDÉNASE, como consecuencia de la anterior declaración, de manera
solidaria, a La Previsora S.A. Compañía de Seguros y a la Nación –
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible] – Unidad Administrativa Especial del
Sistema del Sistema de Parques Nacionales Naturales, a pagar en favor de
los demandantes las siguientes cantidades:

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES.

Para el primer grupo familiar así:

NOMBRE CALIDAD MONTO
Nydia Jineth Pinzón Sánchez Compañera permanente 100 SMLMV
Oliverio Cifuentes Padre 100 SMLMV
Angélica Cano Triana Madre 100 SMLMV
Camilo Esteban Cifuentes Pinzón Hijo 100 SMLMV
Eliana Ximena Cifuentes Pinzón Hija 100 SMLMV
Yolanda Cifuentes Cano Hermana 50 SMLMV

3.1.2. Para el segundo grupo familiar así:

NOMBRE CALIDAD MONTO
Clara Liliana Tunjano Rodríguez Compañera permanente 100 SMLMV
José Ignacio Gutiérrez Malagón Padre 100 SMLMV
Ana Lucía Mesa Rincón Madre 100 SMLMV

47

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

Anderson Nicolás Gutiérrez Hijo 100 SMLMV
Tunjano
Andrés Santiago Gutiérrez Hijo 100 SMLMV
Tunjano
John Fabio Gutiérrez Mesa Hermano 50 SMLMV
Luz Helena Gutiérrez Mesa Hermana 50 SMLMV
Luis Alejandro Gutiérrez Mesa Hermano 50 SMLMV

3.1.3. Para el tercer grupo familiar así:

NOMBRE CALIDAD MONTO
María Doris Cano Usme Esposa 100 SMLMV
Carlos Alfredo Sánchez Cano Hijo 100 SMLMV
Cristian Sánchez Cano Hijo 100 SMLMV
Wilber Arley Sánchez Cano Hijo 100 SMLMV

3.1.4. Para el cuarto grupo familiar así:

NOMBRE CALIDAD MONTO
Carolina Obando Rivera Hija 100 SMLMV
Daniel Obando Rivera Hijo 100 SMLMV

POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE
LUCRO CESANTE.

Para el primer grupo familiar – Familiares de Ovidio Cifuentes Cano:

(i) Lucro cesante en favor de Nydia Jineth Pinzón Sánchez la cifra de:
Ciento cuarenta y seis millones ochenta y seis mil veintisiete pesos mcte.
($146.086.027.oo).

(ii) Lucro cesante en favor de Camilo Esteban Cifuentes Pinzón la cifra de:
Cincuenta y un millones doscientos cuarenta mil ciento cincuenta y cinco
pesos mcte. ($51.240.155.oo).

(iii) Lucro cesante en favor de Eliana Ximena Cifuentes Pinzón la cifra de:
Cincuenta y ocho millones novecientos treinta y seis mil trecientos noventa y
tres pesos mcte. ($58.936.393.oo).

Para el segundo grupo familiar – Familiares de Carlos Fernando
Gutiérrez Mesa:

(i) Lucro cesante en favor de Clara Liliana Tunjano Rodríguez la cifra
de: Ciento cuarenta y seis millones ochenta y seis mil veintisiete pesos
mcte. ($146.086.027.oo).

(ii) Lucro cesante en favor de Anderson Nicolás Gutiérrez Tunjano la cifra
de: Cuarenta y cinco millones setecientos sesenta y ocho mil cincuenta y cinco
pesos mcte. ($45.768.055,oo).

(iii) Lucro cesante en favor de Andrés Santiago Gutiérrez Tunjano la cifra
de: Cincuenta y tres millones quinientos cuatro mil novecientos ochenta y siete
pesos mcte. ($53.504.987.oo).

Para el tercer grupo familiar – Familiares de Carlos Antonio Sánchez:

48

Expediente: 66001-23-31-000-2009-00194-01 (55081)
Actor: Nydia Jineht Pinzón Sánchez y otros.

(i) Lucro cesante en favor de María Doris Cano Usme la cifra de: Cincuenta y
dos millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos
mcte. ($52.528.494.oo).

(ii) Lucro cesante en favor de Carlos Alfredo Sánchez Cano la cifra de:
Treinta y ocho millones doscientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y ocho
pesos mcte. ($38.247.158.oo)

(iii) Lucro cesante en favor de Cristian Sánchez Cano la cifra de: Cuarenta y
cinco millones doscientos noventa y un mil ochenta y tres pesos mcte.
($45.291.083.oo).

Para el cuarto grupo familiar – Familiares de Jaime Arturo Obando
Molina:

(i) Lucro cesante en favor de Carolina Obando Rivera la cifra de: Cuarenta
millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y ocho pesos mcte.
($40.555.568.oo).

(ii) Lucro cesante en favor de Daniel Obando Rivera la cifra de: Cincuenta
millones doscientos veintiún mil seiscientos dieciséis pesos mcte.
($50.221.616.oo).

ORDÉNASE al señor Carlos Rodolfo Daza Ramírez, en calidad de llamado en
garantía de la Previsora S.A., el reembolso de la suma que le corresponda
cancelar a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, con motivo de la condena
solidaria impuesta en esta instancia de conformidad con lo establecido en la
parte considerativa de esta sentencia.

ORDÉNASE respecto de aquellos rubros que eventualmente no alcance a
cubrir el contratista, a la compañía de seguros QBE Seguros S.A., en calidad
de llamada en garantía, el reembolso de la suma que le corresponda cancelar a
la Previsora S.A. Compañía de Seguros, con motivo de la condena solidaria
impuesta en esta instancia de conformidad con lo establecido en la parte
considerativa de esta sentencia y en los términos de la Póliza de Seguros
número 120100000908 constituida por la referida aseguradora,

NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
BRC*/

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