Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2010-00366-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-31-000-2010-00366-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-31-000-2010-00366-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
4 de octubre de 2023
____________________________________________________
Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816).
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas.
Demandados: La Nación – Ministerio de Transporte, Instituto Nacional de
Vías (en adelante, Invías), Instituto Nacional de
Concesiones (en adelante, Inco. Ahora, Agencia Nacional
de Infraestructura), departamento de Risaralda, municipio
de Dosquebradas y Autopistas del Café S.A.
Referencia: Acción de reparación directa.
Tema 1. Responsabilidad del Estado por el hecho del legislador – ocupación jurídica o limitación al
derecho de propiedad privada. Subtema 1.1. Legitimación en la causa por activa – indebida
representación. Subtema 1.2. Daño antijurídico – no acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 2 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
Rufino Santacoloma Villegas demanda al Estado, porque considera que su derecho
de propiedad sobre el inmueble denominado “Los Robles” y ubicado en el municipio
Dosquebradas, resultó afectado con la expedición de la Ley 1228 de 2008, por el
Legislador, y de los Decretos 4066 de 2008 y 3600 de 2007, por el Ministerio de
Vivienda y Desarrollo Territorial, ya que en dichas normas se fijaron unas fajas de
terreno de retiro obligatorio para determinados predios, las que fueron declaradas
de interés público.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Rufino Santacoloma Villegas presentó demanda1, en ejercicio de la acción de
reparación directa, con la pretensión de que esta Jurisdicción dicte sentencia de
condena a cargo de la Nación – Ministerio de Transporte, Invías, Inco (Ahora,
Agencia Nacional de Infraestructura), departamento de Risaralda, municipio
de Dosquebradas y la sociedad Autopistas del Café S.A., por el daño antijurídico
que proviene de la afectación al predio de su propiedad denominado “Los Robles”
y ubicado en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), como consecuencia de la
Ley 1228 de 2008 (artículos 2°,3°,4°,6°,7° y 9°), expedida por el Congreso de la
1 Demanda. Folios 1 a 23, cuaderno 1.
Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
República y de los Decretos números 3600 de 2007 (artículo 11), y 4066 de 2008
(artículo 4°), emitidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
Admitida la demanda2, notificado el auto admisorio3, y corridos los traslados que
ordena la ley, el Inco presentó contestación de la demanda4. Propuso como
excepciones: i) “Ilegitimidad de personería adjetiva e inepta demanda”, toda vez que
no está acreditada la afectación derivada de la aplicación de la Ley 1228 de 2008;
ii) “Falta de legitimidad material por pasiva”, porque no hay una relación entre sus
actuaciones y los hechos descritos en la demanda; iii) “Equivocada escogencia de
la acción y jurisdicción para reclamar los supuestos daños. Excepción de
inconstitucionalidad” y “[d]ar a la demanda el trámite de un proceso diferente al que
corresponde”, comoquiera que el medio judicial procedente para resolver esta
controversia era la acción pública de inconstitucionalidad; iv) “Imposibilidad de
calcular indemnizaciones no contempladas en la ley por hechos futuros o
eventuales. Daño no consolidado”, debido a que el actor no probó la existencia de
un daño antijurídico; v) “Primacía del interés general sobre el particular”, en el
sentido de advertir que la Ley 1228 de 2008 no desconoce la propiedad privada,
pero si se sustenta en una postura en la que los intereses particulares deben ceder
al interés general; vi) “Transpolación de la Ley 1228 de 2008 por parte del
accionante”, bajo la consideración de que es necesario entender que una
declaración de interés público no se surte en favor de unas determinadas personas;
e vii) “Inexistencia de la obligación”, por cuanto hay ausencia de elementos de juicio
para establecer una obligación pecuniaria a cargo de aquella demandada.
La Nación – Ministerio de Transporte también contestó la demanda5. Se opuso
a las pretensiones del señor Santacoloma Villegas y propuso como excepciones: i)
“Falta de legitimación en la causa por pasiva”, toda vez que el daño invocado por el
actor no le es imputable, por no ser un sujeto de la relación sustancial que dio origen
al proceso; ii) “Falta de responsabilidad del ente demandado”, ya que al aludido
ministerio no le asiste la función de construir, mantener o señalizar vías terrestres;
iii) “Inexistencia de solidaridad del Ministerio de Transporte”, para efectos de aclarar
que sus atribuciones legales y constitucionales son distintas a las de las demás
demandadas; iv) “Inexistencia del daño o perjuicio”, toda vez que no hay certeza de
un daño sufrido en la propiedad del demandante; y v) “Excepción genérica”, en el
evento en que se encuentre configurada cualquier otra excepción.
A su turno, el Invías6 se opuso a las súplicas del demandante y propuso como
excepciones, i) la “falta de legitimación en la causa por pasiva”, al advertir que el
predio “Los Robles” no se encuentra a su cargo, sino al Inco, según el artículo 1 y 2
del Decreto 1800 de 2003; y ii) las demás que resultaran probadas en el proceso.
También sostuvo que el cumplimiento de los preceptos contenidos en la Ley 1228
de 2008 no trae consigo la configuración de una falla en el servicio o de un daño
antijurídico. Agregó que en este caso el interés general debe ceder frente al
particular.
El departamento de Risaralda también contestó la demanda7. Propuso como
excepciones: i) “Inexistencia del daño especial por la expedición del Decreto 1228
2 Auto admisorio de la demanda. Folios 58 a 60, cuaderno 1.
3 Diligencias de notificación. Folios 65 a 74, cuaderno 1.
4 Contestación de la demanda del Inco. Folios 75 a 81, cuaderno 1.
5 Contestación de la demanda de la Nación – Ministerio de Transporte. Folios 91 a 101, cuaderno 1.
6 Contestación de la demanda del Invías. Folios 110 a 120, cuaderno 1.
7 Contestación de la demanda del departamento de Risaralda. Folios 143 a 164, cuaderno 1.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
de 2008, Decreto 4066 de 2008”, en el sentido de indicar que las mencionadas
normas no rompen el equilibro de las cargas públicas que les comprende asumir a
todos los miembros de la comunidad; ii) “Falta de legitimación por pasiva”, por
cuanto a quien le es imputable el daño es al Inco; e iii) “Indebida escogencia de la
acción” y “Dar a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde”,
toda vez que al demandante, según el caso, le correspondía promover la acción
pública de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad.
La parte demandante presentó escrito de reforma a la demanda8.
Autopistas del Café S.A. presentó escrito de contestación de la demanda9.
Propuso estas excepciones: i) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“inexistencia de actuación antijuridica de Autopsitas del Café S.A.”, “inexistencia de
falla en el servicio” e “inexistencia de nexo causal entre los actos de Autopistas del
Café S.A. y los daños alegados”, con el objeto de aseverar que carece de facultades
dirigidas a declarar como utilidad pública ciertos bienes o emitir ofertas de compra;
y, además, que el proyecto vial, que para ese momento se encuentra bajo su
construcción, no requiere de la intervención al inmueble de propiedad del actor; ii)
“Caducidad de la acción y prescripción”, al tener en cuenta que el plazo para
presentar la demanda comenzó a correr desde el día en que fue publicada la Ley
1228 de 2008; iii) “Inepta demanda por falta de requisitos formales” y “[f]alta de
causa petendi”, en la medida en que el demandante pretende el resarcimiento de
un daño que no ocasionó y sobre un bien que no está identificado en debida forma;
iv) “El demandante debió haber acudido a la acción de inconstitucionalidad”; v)
“Improcedencia de indemnizaciones y sus cálculos, frente a ellos inciertos”, puesto
que la acción de reparación directa no procede frente a hechos futuros e inciertos,
y en este caso, el predio “Los Robles” no ha sido ocupado ni declarado de utilidad
pública; vi) “Primacía del interés general sobre el particular”; e vii) “Inexistencia de
obligación”, por cuanto no hay justificación para imponer una condena en su contra.
El municipio de Dosquebradas contestó la demanda10. Invocó estas
excepciones: i) “Inobservancia del requisito de procedibilidad”, en el sentido de
sostener que la mencionada exigencia no se satisfizo; ii) “Falta de causa en las
pretensiones” e “Inexistencia de nexo causal”, ya que el municipio no ha causado
un daño al actor, y el predio al que se hace referencia en la demanda no ha sido
declarado de interés público; iii) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, con
el objeto de protestas que no ha tenido injerencia en los hechos que expone el
accionante; y iv) “Excepción genérica”, respecto de cualquier otro medio exceptivo
que esté acreditado en el proceso.
El Tribunal admitió el escrito de reforma a la demanda presentado por el actor11;
y, en providencia posterior, ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de
Infraestructura (en adelante, la ANI), por el hecho de que el Decreto 4165 de 2011
haya cambiado la denominación del INCO por el de la “ANI”.
Agotado el periodo de pruebas12, el Tribunal corrió traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto de
la controversia13. Así lo hizo el demandante14, el departamento de Risaralda15, la
8 Escrito de reforma a la demanda. Folios 212 a 226, cuaderno 2.
9 Contestación de la demanda de Autopistas del Café S.A. Folios 253 a 283, cuaderno 2.
10 Contestación de la demanda del municipio de Dosquebradas. Folios 339 a 351, cuaderno 2.
11 Auto que admitió la reforma a la demanda. Folios 376 y 377, cuaderno 2.
12 Auto de apertura de la etapa de pruebas. Folios 475 a 481, cuaderno 3.
13 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia. Folio 785, cuaderno 4.
14 Alegatos de conclusión del demandante. Folios 786 a 792, cuaderno 4.
15 Alegatos de conclusión del departamento de Risaralda. Folios 793 796, cuaderno 4.
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Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
Agencia Nacional de Infraestructura16, la Nación – Ministerio de Transporte17,
Autopista del Café S.A.18 y el municipio de Dosquebradas19, mientras que el Invías
y el Ministerio Público guardaron silencio20.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia el 2 de junio de 201721,
en la que negó las pretensiones de la demanda. Antes de adoptar la anterior
decisión, el Tribunal determinó que la acción de reparación directa era el
mecanismo judicial procedente para responder a las súplicas de la parte actora,
por tratarse de una controversia relacionada con la responsabilidad del Estado por
el hecho del legislador. Luego, encontró que las excepciones propuestas por las
demandadas, y relacionadas con la falta de legitimación en la causa por pasiva,
no tenían la vocación de prosperar, debido a que no tenían la connotación propia
de constituirse como un medio exceptivo, en la medida en que lo que se busca con
ellas es controvertir la pretensión de responsabilidad que a los demandados se les
endilga, y esto solo es posible verificarlo en el caso de proferir una de sentencia de
condena. Posteriormente, consideró que en este caso el ejercicio de la acción fue
oportuno, al tener en cuenta que el plazo legal para presentar la demanda comenzó
a correr a partir de la expedición del Decreto 4666 por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2008; y que el
demandante radicó la solicitud de conciliación el 11 de octubre de 201022 y presentó
la demanda el día siguiente23. Luego, encontró que la parte demandante agotó
debidamente el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial ante
el Ministerio Público.
Ahora bien, como sustento de la decisión de fondo, el fallador de primera instancia
coligió que el daño objeto de las pretensiones indemnizatorias de la demanda
no revestía las características de antijurídico, cierto y concreto, con base en
estas razones: i) El informe de la Interventoría Consorcio Vial, incorporado al
proceso, revela que el menoscabo invocado por la parte actora es de carácter
hipotético y eventual. ii) En relación con la afectación del derecho de propiedad
privada, por cuenta de la Ley 1228 de 2008 y los Decreto 4006 de 2008 y 3600 de
2007, no hay “un exceso en los limites jurídicos que garantizan los derechos e
imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada
sociedad”24. iii) En las franjas, que el actor considera han sido afectada por la
menciona regulación, no ha ocurrido alguna construcción, ampliación o algún tipo
de modificación vial. iv) En el plenario no se encuentra un medio de convicción que
revele la realización de un proyecto puntual o un acto de disposición derecho de
propiedad sobre el inmueble del actor, “que no pudiera cumplirse en virtud de la
actuación legitima de la administración”25. v) No existe un medio de prueba que
advierta algún acto de arbitrariedad cometido por el Estado, y que implique la
limitación del uso y goce del derecho de dominio del señor Santacoloma Villegas.
vi) A pesar de la prevalencia de la utilidad pública frente al interés particular, en este
16 Alegatos de conclusión de la ANI. Folios 798 a 804, cuaderno 4.
17 Alegatos de conclusión de la Nación – Ministerio de Transporte. Folios 812 a 820, cuaderno 4.
18 Alegatos de conclusión de Autopistas del Café S.A. Folios 828 a 836, cuaderno 4.
19 Alegatos de conclusión del municipio de Dosquebradas. Folios 838 a 841, cuaderno 4.
20 Constancia secretarial. Folio 842, cuaderno 4.
21 Sentencia de primera instancia. Folios 843 a 859, cuaderno principal.
22 “(…) en tanto la solicitud de conciliación prejudicial que dio lugar a esta acción data del 11 de octubre de 2010
(…)”. Ibid. Folio 852, cuaderno 1.
23 “Como la demanda fue instaurada el 12 de octubre de 2010 (Fl. 56 del Cdno 1), se concluye que la acción
se propuso dentro del término previsto por la ley”. (Negrilla en el texto). Ibid. Folio 852 (anverso), cuaderno 1.
24 Ibid. Folio 858 (anverso), cuaderno 1.
25 Ibid.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
caso no hay prueba siquiera sumaria de que el predio “Los Robles” cuente con algún
perjuicio generado por el legislador.
2.4. El recurso de apelación
La parte actora expone los siguientes cargos en contra del fallo de primera
instancia26:
2.4.1. El Tribunal desconoció el precedente, advertido en la etapa de alegatos de
conclusión, y contenido en la sentencia del 11 de agosto de 2001 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado (exp. 18161), en el que,
en una controversia similar a la que es objeto de estudio, se concluyó la existencia
de una ocupación jurídica del bien.
2.4.2. La expedición de la Ley 1228 de 2008 y de los Decretos números 3600 de
2007 y 4066 de 2008 configuró un daño antijurídico que no estaba en condiciones
de soportar la parte actora, toda vez que se generó un desequilibrio frente a las
cargas públicas.
2.4.3. En el marco de la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, las
anteriores normas ocasionaron una ocupación jurídica a los inmuebles de propiedad
del accionante. El Tribunal omitió algún pronunciamiento relacionado con lo anterior.
2.4.4. La prohibición de obtener licencias urbanísticas para ejecutar proyectos sobre
las áreas indicadas en la Ley 1228 de 2008, exige que, después de la entrada en
vigencia de la aludida ley, el propietario de un inmueble tenga que “realizar gastos
ingentes tendientes a obtener licencia de urbanismo, para que finalmente le sean
negadas por la aplicación de la norma”27.
2.4.5. En este caso existen tres elementos que permiten encontrar acreditada la
ocupación jurídica y, por ende, responsable al Estado. Un elemento temporal, en el
sentido de advertir que la ocupación de los predios de la parte demandante inició el
16 de julio de 2018 y, hasta el momento de la sentencia de primera instancia, no
había cesado, dada la vigencia que mantienen la Ley 1228 de 2008 y los Decretos
números 3600 de 2007 y 4066 de 2008. Un elemento subjetivo, que consiste en
comprender que las mencionadas normas tienen unos destinatarios específicos (los
propietarios de los predios o las entidades de derecho público que “en cuyo favor
se ha impuesto la afectación”28). Finalmente, un elemento objetivo, que parte del
hecho en el que las mencionadas normas establecen unas restricciones
urbanísticas.
2.4.6. La demanda no plantea una discusión relacionada con la presentación o no
de ofertas con miras a la adquisición de bienes inmuebles que sean de propiedad
del señor Santacoloma Villegas, o con la realización de proyectos relacionados con
la ampliación de las vías actuales o la construcción de carreteras. El supuesto que
originó este proceso fue “la afectación de franjas de terreno y su consecuencia
declaratoria de bien de interés público”29.
2.4.7. La Ley 1228 de 2008 declaró de interés público las áreas de los terrenos que
se encuentren en los supuestos establecidos en la norma y prohibió expresamente
realizar actuaciones urbanísticas sobre aquellos inmuebles. Lo anterior implica que
26 Recurso de apelación. Folios 861 a 867, cuaderno principal.
27 Ibid. Folio 862, cuaderno principal.
28 Ibid. Folio 866, cuaderno principal.
29 Ibid. Folio 867, cuaderno principal.
5
Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
el daño invocado en la demanda es cierto y directo, ya que la aludida norma causó
directamente una afectación al derecho de propiedad del actor, sin que sea
necesario para la configuración de aquel menoscabo, la presencia de algún
proyecto de infraestructura o de ampliación vial en el predio “Los Robles”30.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, el 28 de febrero de 201831, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante; y, en providencia posterior, corrió traslado a
las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto de la controversia32.
El departamento de Risaralda presentó sus alegatos de conclusión33. Indicó que
la Ley 1228 de 2008 sí plantea un sistema de indemnizaciones para los propietarios
de los predios en los cuales se vayan a adelantar obras de ampliación vial o
construcción de carreteras, y que, además, establece un régimen de transición “en
los eventos que, a la fecha de entrada en vigencia de la norma, se hayan expedido
licencias urbanísticas”34. Por otro lado, precisó que el actor no demostró una
limitación a su derecho de dominio y que, entonces, la fundamentación de la
demanda parte de un daño eventual o hipotético. Luego, hizo alusión al fallo
proferido el 19 de enero de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda
(radicado F-0577-2015), en el que, por circunstancias similares al caso objeto de
estudio, declaró la falta de acreditación del daño especial. Finalmente, reiteró su
falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los hechos descritos en la
demanda son ajenos a sus actuaciones.
Autopistas del Café S.A., en sus alegaciones finales35, sostuvo que en este caso
no estaba probada la existencia de un daño sufrido por el demandante, con sustento
en estos motivos: i) la autoridad no ha declarado de interés público el predio del
señor Santacoloma Villegas; ii) si hubiera ocurrido una limitación a los derecho del
accionante, la Ley 1228 de 2008 establece una indemnización a favor de aquel; y
iii) no ha ocurrido alguna intervención al inmueble del actor, por lo que todo se
reduce a un daño eventual. También adujo que la afectación a predios, ordenada
en la Ley 1228 de 2008, es legitima por anteponer el interés público sobre el
particular. Afirmó que el proyecto vial denominado “Armenia, - Pereira – Manizales”,
que está desarrollando con la ANI, no interviene el predio del accionante, y que
tampoco hay propuesta futuros en ese sentido. Añadió que el ente societario no está
facultado para declarar la utilidad pública sobre un predio, ni adquirir inmuebles que
sean de propiedad del actor.
Las demás demandadas, la parte actora y el Ministerio Público guardaron
silencio36.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
30 “Es claro que el daño para estos propietarios si es DIRECTO Y CIERTO, ya que la norma no supeditó la
afectación a la existencia de proyectos de ampliación, cambios de categoría etc…”. Folio 867, cuaderno
principal.
31 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 876, cuaderno principal.
32 Auto que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 878, cuaderno principal.
33 Alegatos de conclusión del departamento de Risaralda. Folios 880 a 887, cuaderno principal.
34 Ibid. Folio 883, cuaderno principal.
35 Alegatos de conclusión de Autopistas del café S.A. Folios 888 a 894, cuaderno principal.
36 Constancia secretarial. Folio 895, cuaderno principal.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
3.1. De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —
aplicable en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887 37-38— el
“recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo
establece el artículo 328 del CGP.
Al punto, recuerda la Sala que, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
Sección, el juzgador tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada”39.
3.2. Con fundamento en lo anterior, y en atención a los cargos formulados en el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala resolverá el
siguiente problema jurídico:
¿Rufino Santacoloma Villegas demostró, como daño antijurídico objeto de sus
pretensiones indemnizatorias, que la Ley 1228 de 2008 expedida por el Congreso
de la República y los Decretos números 3600 del 20 de septiembre de 2007 y 4066
del 24 de octubre de 2008, emitidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, afectaron el derecho de dominio que tiene sobre el predio
conocido como “Los Robles” y ubicado en el municipio de Dosquebradas?
3.3. En el evento de que la respuesta al anterior problema jurídico sea afirmativa, la
Subsección analizará este interrogante: ¿el daño antijurídico causado a la parte
actora es imputable a los demandados?
3.4. Si se encuentran satisfechos los presupuestos para declarar la responsabilidad
del Estado, corresponderá analizar los perjuicios deprecados en la demanda, con
fundamento en las reglas que la jurisprudencia de la Corporación tenga establecidas
en esa materia.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
4.1.1. La Sala es competente para desatar el recurso de apelación formulado por
la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, en proceso con vocación de segunda instancia por razón de la cuantía40.
37 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. […]”. (subrayado fuera del texto original).
38 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de
2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46005.
40 La pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales a favor de la actora, se
estimó en $522.788.666, monto que supera la cuantía requerida en 2010, año de presentación de la demanda,
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
4.1.2. En relación con el ejercicio oportuno de la acción, el artículo 136, numeral
8º, del Código Contencioso Administrativo establece que la parte interesada en
promover pretensiones en sede de reparación directa, debe hacerlo dentro de los
dos años siguientes al acaecimiento de la “omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajo público o por cualquier otra causa”.
En el caso objeto de estudio, el actor pretende la reparación del daño antijurídico
que habría sufrido como consecuencia de la expedición de las siguientes normas
jurídicas: i) La Ley 1228 de 2008 por el Congreso de la República, que definió las
áreas de reserva, también llamadas fajas de retiro obligatorio o áreas de exclusión,
para las carreteras de primer orden que forman parte de la red vial nacional; y ii) los
Decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, que, en un primer momento, estableció el aislamiento para las
vías de primer orden sobre los corredores viales suburbanos en una extensión
mínima de 15 metros medidos desde el borde externo de la vía; y, después, en una
extensión mínima de 5 metros medidos a partir del borde exterior de las fajas
mínimas de retiro obligatorio.
Visto lo anterior, es claro que el daño, entendido como la afectación al derecho de
propiedad del señor Santacoloma Villegas, se habría consumado desde el momento
en que entró en vigencia la Ley 1228 de 2008, que tuvo lugar el 16 de julio de 2008,
fecha de su promulgación, toda vez que desde ese momento es que se tiene certeza
de la supuesta limitación al predio “Los Robles”, por cuenta de la regulación de las
fajas de retiro obligatorio, y, además, los decretos constituyen una reglamentación
de algunos preceptos definidos en la citada ley. En ese orden, conforme a la citada
norma del Código Contencioso Administrativo, el actor que pretende la reparación
del menoscabo, podía, en principio, formular en tiempo la demanda respectiva, a
más tardar el 17 de julio de 2010. Ahora bien, el conteo de este término, conforme
a lo dispuesto en la Ley 640 de 2001, fue suspendido con la solicitud de celebración
de audiencia de conciliación prejudicial, que el actor radicó el 16 de julio de 201041.
Este plazo se reanudó el 11 de octubre de 2010, fecha en la que se realizó la
mencionada audiencia42, que concluyó de manera fallida, pero sobre todo, en la que
el señor Santacoloma Villegas presentó la demanda43; así que es factible colegir
que en este caso acaeció un ejercicio oportuno de la acción.
En todo caso, cabe advertir que incluso si se considerara que el punto de partida,
para contabilizar el plazo de presentación de la demanda, es el Decreto 4066 de
2008, que acrecentó la regulación definida desde el Decreto 3600 de 2007, por
haber aislado las vías de primer orden sobre el corredor vial suburbano, no desde
el borde de la vía, sino desde el borde exterior de la faja de retiro o área de reserva,
el resultado sería igual, esto es, la presentación en tiempo de la demanda, ya
que la entrada en vigencia del decreto del año 2008 ocurrió en fecha posterior al
momento de promulgación de la Ley 1228 de 2008.
4.1.3. Rufino Santacoloma Villegas está legitimado en la causa por activa, al
encontrarse acreditado en el expediente que es propietario del predio “Los
para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia.
Para la fecha de presentación de la demanda la norma aplicable para determinar la cuantía era la Ley 446 de
1998. Reforma a la demanda. Folio 214, cuaderno 2.
41 Constancia del requisito de procedibilidad. Folios 14 y 15, cuaderno 1.
42 Ibid.
43 Demanda. Folio 23, cuaderno 1.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
Robles”44, que se encuentra situado en el tramo de una vía de primer orden, a la
cual le podrían aplicar los efectos de las normas invocadas en la demanda y que
son la fuente del daño que se reclama.
En cuanto al extremo pasivo de la controversia, la Nación está legitimada, toda
vez que es la persona jurídica titular de las funciones legislativas y reglamentarias,
cuyo ejercicio dio lugar a la expedición de la Ley 1228 de 2008 y de los Decretos
3600 de 1997 y 4066 de 2008, que el actor protesta fueron la causa del daño cuya
reparación depreca. Ahora, la parte demandante no vinculó a las autoridades
llamadas a representar a la Nación, en atención al daño objeto de sus súplicas
indemnizatorias (que serían el Congreso de la República y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible -antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial-); sin embargo, esta situación no releva a esta Sala de emitir un
pronunciamiento de fondo de la controversia, comoquiera que ello representaría una
causal de nulidad relativa, ya saneada, conforme a lo dispuesto por el numeral 7°
del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo
establecido por los artículos 143 y 144 de la misma normatividad, y, en concreto,
porque ninguno de los posibles interesados (especialmente el Ministerio del
Transporte) propuso la excepción pertinente para controvertir aquella deficiencia
procesal.
Ahora bien, esta Subsección encuentra que el Inco, el Invías, Autopistas del Café
S.A., el municipio de Dosquebradas y el departamento de Risaralda no están
legitimadas en la causa por pasiva, por cuanto de la revisión integral de la
demanda, y que se confirma con los cargos expuestos en el recurso de apelación45,
se desprende que no es motivo de discusión en este caso alguna actuación, en
concreto, en la que hayan incurrido las referidas demandadas, y que haya afectado
o limitado el derecho de dominio del señor Santacoloma Villegas sobre el predio
“Los Robles”. Lo que al juez administrativo le corresponde analizar en esta ocasión
es la responsabilidad del estado por cuenta de unas normas jurídicas, cuyo trámite
de expedición no contó con la intervención de las aludidas autoridades accionadas,
así que no están llamadas a ser parte del juicio de responsabilidad estatal.
4.2. Hechos probados relevantes para la solución de los problemas jurídicos
4.2.1. Rufino Santacoloma Villegas es el propietario del predio conocido como “Los
Robles”, situado en un paraje entre los sectores de Playa Rica y Santa Baja,
Jurisdicción del municipio Dosquebradas46. Sobre ese inmueble se llevó a cabo un
procedimiento de desenglobe, en el que se pudo dividir en distintos lotes47.
4.2.2. El 21 de abril de 1997, el Invías suscribió el contrato de concesión número
0113 con la sociedad Autopistas del Café S.A., con el objeto de que el segundo se
obligaba a realizar los estudios y diseños definitivos para la realización “de las obras
de rehabilitación y de construcción, la operación, el mantenimiento y la prestación
de los servicios del proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales”48.
4.2.3. En el diario oficial número 47052, el 16 de julio de 2008, fue publicada la Ley
1228 de 2008, en la que el Legislador, con el fin de determinar las fajas mínimas de
retiro obligatorio, también llamadas áreas de reserva o áreas de exclusión, para las
carreteras del sistema vial nacional:
44 Conforme al Folio de Matricula Inmobiliaria número 294-63047. Folios 26 a 32, cuaderno 1.
45 Ver numerales 2.4.6. y 2.4.7. de esta providencia.
46 Folio de matrícula inmobiliaria del predio “Los Robles”. Folios 26 a 32, cuaderno 1.
47 Escritura pública. Folios 33 a 50, cuaderno 1.
48 Contrato de concesión. Folios 288 a 329, cuaderno 2.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
i) adoptó, para los exclusivos efectos de la determinación de sus especificaciones
en anchura, una clasificación de las vías sustitutiva, de la que con ese mismo
propósito había hecho el Decreto 2770 de 1953, y para el efecto definió, en términos
diferentes a los empleados por el Decreto 3600 de 2007, las vías arteriales o de
primer orden como aquellas que forman parte de la red vial nacional49.
ii) Estableció las fajas de retiro obligatorio o áreas de reserva o de exclusión para
las carreteras que forman parte de la red vial nacional, así: en carreteras de
primer orden (las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red
Vial Nacional) “60 metros”; en carreteras de segundo orden (vías
intermunicipales) “45 metros”, y en carreteras de tercer orden (vías veredales) 30
metros, contados en los tres casos a partir de la mitad de cada lado de la vía, salvo
en las carreteras de doble calzada, cuya medida se definió y debe tomarse en forma
diferente50.
iii) Determinó que el ancho de la franja así establecido constituye zona de reserva
o de exclusión para carreteras, y por lo tanto prohibió la realización y el
licenciamiento de cualquier tipo de construcción o mejora en las mencionadas
zonas51, salvo aquellas concebidas como parte integral de la infraestructura de
transporte, entendiendo como construcción o mejora toda actividad de construcción
de nuevas edificaciones o de edificaciones existentes, que requieran licencia de
construcción o equivalente, y prescribió que en caso del levantamiento de
construcciones o mejoras nuevas sobre tales franjas, no habría lugar a
compensación, indemnización ni pago alguno en favor de quien así obrare.
iv) Declaró de interés público, para efectos de la habilitación de las zonas de
reserva en mención, a las franjas establecidas como área de reserva en relación
con estas vías52.
v) Prescribió a manera de deber a cargo de las autoridades competentes en cada
caso, de hacer las reservas presupuestales correspondientes para el pago de las
indemnizaciones a que hubiera lugar una vez decidieran adelantar la ampliación de
las vías hasta ese entonces existentes, la construcción de carreteras nuevas o el
cambio de categoría con fines de ampliación, autorizando que dicho pago se hiciera
mediante compensación con gravámenes de valorización a través de las entidades
administradoras de la red53.
vi) Dio tratamiento de “determinante del ordenamiento territorial” a la normativa
fijada en relación con estas franjas, al disponer que estas debían ser incorporadas
“en los respectivos Planes de Ordenamiento Territorial y Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial”54.
4.2.4. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 24 de octubre
de 2008, expidió el Decreto 4066 del mencionado año, en el que, en su artículo 4°,
modificó las disposiciones del artículo 11° del Decreto 3600 de 2007, para que
quedara así:
49 Artículo 1°.
50 Artículo 2°.
51 Artículo 6°.
52 Artículo 3°.
53 Parágrafo 2 del artículo 3°.
54 Artículo 11.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
“Artículo 11. Ordenamiento de los corredores viales suburbanos. Para el
ordenamiento de los corredores viales suburbanos, en el plan de ordenamiento o
en las unidades de planificación rural se deberá delimitar lo siguiente: || 1. Una
franja mínima de cinco (5) metros de aislamiento, contados a partir del borde exterior
de las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión de que tratan los
numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 1228 de 2008, y “2. Una calzada de
desaceleración para permitir el acceso a los predios resultantes de la parcelación,
cuyo ancho mínimo debe ser de ocho (8) metros contados a partir del borde de la
franja de aislamiento de que trata el numeral anterior. || Los accesos y salidas de las
calzadas de desaceleración deberán ubicarse como mínimo cada trescientos (300)
metros. || Parágrafo 1. La franja de aislamiento y la calzada de desaceleración
deben construirse y dotarse bajo los parámetros señalados en el plan de
ordenamiento o en la unidad de planificación rural y deberán entregarse como áreas
de cesión pública obligatoria. En ningún caso se permitirá el cerramiento de estas
áreas y la franja de aislamiento deberá ser empradizada. En los linderos de la franja
de aislamiento con las áreas de exclusión, los propietarios deberán construir setas
con arbustos o árboles vivos, que no impidan, dificulten u obstaculicen la visibilidad
de los conductores en las curvas de las carreteras, en los términos de que trata el
artículo 5 de la Ley 1228 de 2008. (…)”. (Negrilla fuera y en el texto).
4.2.5. En este proceso, el juez de primera instancia solicitó a la ANI que certificara:
“Si la vía LA ROMELIA - EL POLLO - CHINCHINA Ruta 29S, jurisdicción del
municipio de Dosquebradas -Risaralda, donde está ubicado el bien inmueble
denominado Los Robles, identificado con matrícula inmobiliaria N° 294-28129, está
a cargo de dicha entidad, si está concesionada y a nombre de quién”. El Gerente de
Proyectos de Carreta 1 de la ANI respondió en estos términos:
“En atención al memorando de referencia, presentado por la Gerencia de Defensa
Judicial, para atender el requerimiento efectuado por la Secretaria General del
Tribunal Administrativo de Risaralda, oficio No.4676, nos permitimos informar que la
vía La Romelia - El Pollo, es de primer orden y se encuentra ubicada entre las
siguientes abscisas del K0+000 al K13+200, de la Ruta 29RSC, jurisdicción del
municipio de Dosquebradas - Risaralda; esta vía fue construida con anterioridad a
su incorporación a la concesión Desarrollo vial Armenia-Pereira-Manizales, además
como consta en el documento contractual "Acta de entrega y recibo provisional de
la Variante Troncal de Occidente", suscrita el 15 de diciembre de 2006, la vía
mencionada se entregó provisionalmente por el Instituto Nacional de Concesiones -
INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, al Concesionario Autopistas
del Café, quien la administra actualmente. Lo anterior en dos (2) folios”55.
4.2.6. La Curaduría Urbana Primera de Dosquebradas, el 19 de agosto de 2014,
informó que: “no se ha promovido ninguna solicitud de licencia de Urbanismo,
construcción y parcelación para los predios identificados con las matrículas
inmobiliarias No. 294-63066, 294-63047, 294-63048, 294-63049, 294-63052 у 294-
63053”56.
4.2.7. El Director de Interventoría del Consorcio Interval, en respuesta a una
solicitud de información requerida por la ANI, aseveró57:
“R/ La Vía La Romelia - El Pollo - Chinchiná Ruta 29 RSC, Jurisdicción del municipio
de Dosquebradas es de primer orden y está ubicada entre las siguientes abscisas
del K0+000 al K13+200 de la Ruta 29 RSC del proyecto vial Armenia - Pereira -
Manizales y se encuentra administrada por la Concesión Autopistas del Café”58.
55 Certificación de la ANI. Folio 601, cuaderno 3.
56 Certificación de la Curaduría. Folio 612, cuaderno 3.
57 Comunicación del Consorcio Interval. Folio 615, cuaderno 3.
58 Ibid.
11
Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
A la pregunta relacionada con conocer si los predios del demandante han sido
afectados como consecuencia de la Ley 1228 de 2008, y si el señor Santacoloma
Villegas ha recibido alguna suma de dinero por concepto de indemnización o
compras de predio, indicó:
“R/ Es de aclarar que en la solicitud de la Agencia, relacionada con el memorando
interno citado anteriormente, no se evidencia información referente a predios del
demandante que permitan verificar afectación o no”59.
Luego, en relación con la ubicación exacta del predio “Los Robles”, precisó:
“R/ Al respecto indicamos lo siguiente, teniendo en cuenta información del proyecto
Armenia-Pereira-Manizales, suministrada por terceros relacionada con la solicitud;
en la cual indican ‘según averiguaciones en la Oficina de Instrumentos Públicos de
Dosquebradas el folio de matrícula No. 294-28129 se encuentra con anotación
‘cerrada’: lo anterior teniendo en cuenta que era un lote de mayor extensión y fue
desenglobado en 55 lotes, a los cuales les asignaron diferentes matrículas
inmobiliarias. Por lo tanto no fue posible establecer la ubicación exacta del predio”60.
Respecto del asunto relacionado con certificar “Si sobre los inmuebles identificados
con matrícula inmobiliaria No. 294-63044, 294-63045, 294- 63042 y 294-63041,
ubicados en los sectores de Playa Rica y Santana Baja - Municipio de
Dosquebradas, se encuentran ubicados dentro de la vía concesionada”61, afirmó:
“R/ Al respecto manifestamos que revisada la sábana predial del proyecto Armenia-
Pereira-Manizales, suministrada por el Concesionario a esta Interventoría,
indicamos que los folios de matrículas inmobiliarias relacionados en la solicitud,
obedecen a predios que no han sido requeridos para el proyecto Armenia-Pereira-
Manizales por lo tanto no se evidencia que hayan sido objeto de negociaciones
prediales; teniendo en cuenta que no se registra en la misma, ninguna negociación
predial a nombre del sr. Rufino Santacoloma Villegas, por concepto de compra de
predios o de indemnización. || Igualmente es preciso aclarar que para la intervención
de la Troncal de Occidente - Variante El Pollo, según lo indicado en la referida
sábana predial se requirió la compra de predios en dos sitios que hacen parte del
mencionado tramo para la construcción de la intersección Belmonte (0+000) y para
la construcción de la intersección Mandarino (K13+200). || En lo relacionado con
informar si los predios fueron o han sido afectados por la Ley 1228 de 2008; teniendo
en cuenta lo indicado anteriormente no es posible para esta Interventoría determinar
la afectación de "predios" del demandante por la Ley 1228 de 2008”62.
Finalmente, agregó:
“(…) En cuanto a la aplicación de la Ley 1228 de 2008 indicamos que esta Ley es
de carácter general y para darle aplicación dentro del ámbito nacional, expedida por
el Congreso Nacional. Por lo tanto para construcción de "nuevos proyectos" a partir
de la vigencia de la citada Ley, se debe dar cumplimiento a lo estipulado para Zonas
de Reserva para las carreteras de la Red Vial Nacional: teniendo en cuenta que en
el Articulo 11 Incorporación a los Planes de Ordenamiento los municipios deben
incorporarlo en los Planes de Ordenamiento Territorial y los respectivos Planes
Básicos de Ordenamiento Territorial de que habla Ley 388 de 1997 para la
expedición de Licencias Urbanísticas y de Construcción”63.
4.3. Consideraciones generales
59 Ibid. Folio 616, cuaderno 3.
60 Ibid.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid. Folio 617, cuaderno 3.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
Para efectos de tener una mejor comprensión del escenario jurídico en que gira en
torno la controversia objeto de estudio, la Sala estima pertinente, antes de resolver
los problemas jurídicos planteados, mencionar algunas consideraciones generales
relacionadas con la responsabilidad patrimonial del Estado por hechos del
legislador, así como por lesiones al derecho de propiedad, cuya causa reside
en las normas de planeación territorial.
4.3.1. La responsabilidad patrimonial del Estado legislador
La responsabilidad del Estado por el hecho del legislador ha experimentado una
línea evolutiva en la cultura occidental, en la que pueden reconocerse varios
estadios que han corrido en paralelo con los paradigmas sobre la soberanía y sobre
los derechos de las minorías. Desde los albores del constitucionalismo liberal, la
fuerza del principio mayoritario se asomaba ya como un bastión que resguardaba al
legislador de toda pretensión de responsabilidad patrimonial por causa de la ley.
Bajo esta concepción, la afinidad supuesta entre los intereses del cuerpo soberano
y los intereses afines a sus integrantes movía a pensar que aquel no podía causar
daño a estos por causa de sus decisiones. La responsabilidad del legislador estaba
confinada, entonces, al ámbito político derivado de la alternancia de sus miembros.
Ya instaurado el Estado liberal, la idea de soberanía tomó cauce diferente en
Francia y Estados Unidos, dos modelos paradigmáticos que habrían de influir los
perfiles de los nacientes estados de américa del sur. En el primero de estos, urgido
de confrontar y controlar a un ejecutivo monárquico, la soberanía se hizo residir en
la asamblea legislativa, de modo que la ley, expresión de voluntad de aquellas y
resultado del imperio de las mayorías, cerró a lo largo de casi siglo y medio el paso,
no solo a la responsabilidad patrimonial del Estado por causa de la ley, sino aún, al
control constitucional sobre la ley. Estados Unidos, por el contrario, gestado bajo el
signo de la desconfianza de las minorías frente a las mayorías, hizo prevaler la
soberanía del pueblo frente al poder del Congreso, en el que tenían asiento estas
últimas colectividades. Por esta vía conquistó, tempranamente, formas prácticas y
concretas de supremacía constitucional.
Por esta razón, en Francia solo vendría a despuntar un ejercicio concreto de
responsabilidad patrimonial por el hecho del legislador a principios del segundo
tercio del siglo XX; y en Colombia, legataria de la cultura ius administrativa
francesa, tal resultado, si bien contemplado en algunas providencias del Consejo de
Estado a manera de obiter dicta, como simple hipótesis verificable, sólo vino a
encontrar fundamento en el modelo de estado concebido bajo el paradigma de la
soberanía popular en la Constitución de 1991, con sujeción a la cláusula general de
responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la
acción u omisión imputable a las autoridades públicas, concepto este que
comprende al legislador64. Frente a esto último, la Corte Constitucional ha indicado:
“[…] la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos, acciones u omisiones
imputables al Poder Legislativo está expresamente contemplada en el artículo 90
constitucional, pues cualquier otra posibilidad sería abiertamente inconstitucional
desde la perspectiva del Estado Social de Derecho y de los principios y valores que
rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la solidaridad, la igualdad, la
justicia material y la supremacía de la Constitución. Principios que cristalizaron en
el ordenamiento jurídico colombiano y que encontraron una de sus expresiones en
la disposición constitucional en comento (…) Entonces, de conformidad con la
interpretación que ha hecho el órgano judicial encargado de fijar el alcance del
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 20 de abril de 2020, exp. 48893.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, dentro de los supuestos de
procedencia de la acción de reparación directa está comprendida la responsabilidad
provenientes de hechos u omisiones imputables al poder legislativo, es decir, la así
denominada responsabilidad del Estado legislador”65.
Por lo anterior, en el marco de la responsabilidad estatal por el hecho del legislador,
al juez le corresponde la valoración, en cada caso y en función de sus caracteres,
de las pruebas que se encuentran en el expediente, de tal manera que, sea posible
verificar, en primer lugar, la existencia de un daño antijurídico irrogado a la parte
afectada, y, en segundo lugar, si a ello hay lugar, la imputabilidad del menoscabo al
Estado legislador.
4.3.2. La responsabilidad del Estado por limitación del ejercicio del derecho
de propiedad con ocasión de la normativa de planeación territorial
Pensar el territorio es un ejercicio que trasciende el ámbito material de un
determinado espacio geográfico, pues su objeto ha de entenderse extendido a un
concepto relacional conformado por vínculos entre ese espacio y sujetos de diversa
índole que ejercen sobre él actos de uso, disfrute, disposición, o de poder. Planificar
el territorio, así comprendido, es pensar en perspectiva de futuro el
desenvolvimiento posible de tales relaciones, modulando, condicionando, exigiendo
o prohibiendo acciones e intervenciones de unos y otros sobre aquel, formulando
estrategias y directrices que permitan optimizar su desarrollo armónico, y
estableciendo procedimientos para la ordenación de los elementos que lo
conforman66.
En sentido lato, la ordenación del territorio, como actividad incardinada a la
procuración de un uso racional del suelo, es consustancial al ejercicio del poder
políticamente organizado, y de facto, el statu quo de la forma como, en concreto, se
ha producido la apropiación y destinación del territorio en cualquier sociedad
organizada, en cuanto revela un determinado orden, podría dar cuenta de ello. Pero
no es ese el sentido que hoy, y por lo menos a partir del influjo que sobre las
administraciones públicas desplegaron las teorías sociales de raigambre europea
desde el último tercio del siglo XIX, y las dinámicas que suscitaron los planes de
reconstrucción de las economías en la segunda posguerra, se da a la expresión.
Hoy es el recurso a la planeación, como instrumento esencial para obtener la
utilización racional del suelo, el factor que viene a cualificar el sentido estricto y
restringido que recibe la ordenación territorial.
Ordenar el suelo, en cuanto objeto de la planeación territorial, es una actividad que
guarda relación con los derechos y muy particularmente con aquellos de contenido
patrimonial que tienen por objeto el uso, el disfrute y la disposición sobre fracciones
del territorio, tanto por el individuo, como por sujetos colectivos, por la comunidad
en general, por el Estado o por las personas que en virtud de la descentralización
han sido creadas como titulares de funciones originariamente a cargo de aquel. En
nuestro caso, fue introducido a partir del Acto Legislativo 01 de 1936, merced al
influjo de teorías que entendían que la protección de los actos del propietario, por el
ordenamiento jurídico, estaba condicionada al cumplimiento de la función social de
la propiedad. Dicha línea de pensamiento, modulada con el paso del tiempo, inspira
en la actualidad el artículo 58 de la Constitución de 1991 que garantizan la
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
65 Corte Constitucional. Sentencia C-038 de 2006.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 20 de abril de 2020, exp. 48893.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
reconoce en ellos una función social que implica obligaciones, y los subordina al
interés público.
El ordenamiento territorial es posible, justamente, merced a la función social de la
propiedad y a la prevalencia del interés general sobre el particular, principios estos
que permiten disponer por vía general sobre los usos permitidos del suelo,
reglamentar la construcción en función del control de la densidad poblacional, de la
necesidad de preservar el medio ambiente, de atender a las condicionantes del
terreno, a los requerimientos del paisajismo o a la debida provisión de
infraestructuras de servicios, de la movilidad vial o de recreación y esparcimiento.
Tales regulaciones comportan, a no dudarlo, limitaciones, condicionamientos,
cargas que restringen o privan del ejercicio de la propiedad inmueble, y en cuanto
tales, deben imponerse con respeto del principio de equidad que preside la
distribución de las cargas públicas67.
Sobre este tipo de limitaciones (al margen de la expropiación), y la forma como
opera en tales casos el principio de equidad, la Corporación ha expresado68 que de
ordinario el mismo ordenamiento jurídico satisface el equilibrio que este demanda
entre cargas y beneficios, al establecer satisfacciones tarifarias, pero que en
ausencia de la previsión legal, será el juez competente quien, para garantizar dicho
equilibrio, determine la procedencia del restablecimiento de derechos o la
reparación de daño deprecada. Para ello, la autoridad judicial deberá comprobar la
existencia de la lesión, como daño resarcible -misión para la cual presta especial
utilidad la aplicación del test de proporcionalidad entre el derecho del propietario
(cuyo núcleo esencial debe permanecer incólume) y el interés común que sirvió de
fundamento a su intervención-, y, posteriormente, verificar la presencia o no del
factor de imputación, que puede ser, a modo de ejemplo, el de carácter objetivo de
daño especial. Esto, sin perjuicio de que, dadas las condiciones particulares del
caso, sea posible hallar otro factor de imputación.
Según la jurisprudencia69, en función del grado de afectación del derecho, pueden
presentarse las siguientes hipótesis: a) que la intervención70 prive al propietario de
su derecho, caso en el cual la Administración debe adelantar el trámite de la
expropiación, so pena de comprometer su responsabilidad; b) que la intervención
no prive formalmente al propietario de su derecho, pero comporta la imposición de
una afectación que supera en modo e intensidad aquel tipo de las que el
ordenamiento jurídico considera como de obligatoria tolerancia en cabeza de los
particulares, de forma tal que vacía de contenido su núcleo esencial, caso en el cual,
la afectación tendrá alcance expropiatorio, y comporta un daño antijurídico
asimilable al que configura la ocupación permanente de bienes inmuebles; y c) que
la intervención del Estado en la propiedad comporte una afectación de aquellas que
el ciudadano está en el deber de tolerar como consecuencia de la función social y
ecológica de la propiedad, lo que ocurre cuando sus efectos no vulneran el núcleo
esencial de la propiedad privada, puesto que el propietario mantiene la posibilidad
de explotar jurídica y económicamente el bien. En este último evento, puede ocurrir
67 Ibid.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 21906. Cf.,
también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 2 de abril de 2013, exp. 26437.
69 Ibid.
70 Estas son hipótesis de afectación de la propiedad como consecuencia de intervenciones directas del Estado
en ese derecho. Diferente es la hipótesis que se configura para que se causen “las cesiones obligatorias
gratuitas" que impone la ley de ordenamiento territorial al propietario que solicita el licenciamiento de urbanismo
o construcción a manera de contraprestación por los beneficios que puede obtener de esa actividad, en cuanto
tales cesiones obran, correlativamente, como formas de producir espacio público con destino a la provisión de
infraestructura de uso general (vías vehiculares, áreas de circulación peatonal, servicios públicos, recreación,
entre otros) sin la cual vendría irracional, inútil o insatisfactorio el desarrollo de los terrenos. Estas tienen origen
en la actividad de urbanismo o de construcción que se propone el propietario por si o a través de tercero.
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que el ordenamiento mismo prevea medidas compensatorias cuya suficiencia para
el cubrimiento de los perjuicios ha de determinar el juez, o que el ordenamiento no
prevea compensación alguna, caso en el cual el fallador deberá establecer si la
afectación trae como consecuencia un perjuicio cierto, aunque no se pueda asimilar
a una ocupación temporal de bienes inmuebles.
4.4. Solución al problema jurídico 1: Acreditación del daño antijurídico
El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad
patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) la existencia de un
daño antijurídico; y (ii) que dicho menoscabo sea imputable al Estado por la acción
u omisión de sus agentes.
En relación con el primero de los presupuestos nombrados, el daño, para los fines
que interesan al Derecho, es entendido como la aminoración o alteración negativa
de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido al cual el derecho facilita la
reacción de quien lo padece, en orden a la reparación o compensación de su
sacrificio71, convirtiéndose dicho presupuesto en el eje central de la obligación
resarcitoria. La jurisprudencia de la Sala ha sido pacífica en considerar que el daño
debe tener dos características: i) que sea cierto y personal, es decir, que la lesión
al bien jurídico tutelado tenga consecuencias ciertas y tangibles en el
patrimonio económico o moral del titular; y ii) que sea antijurídico, esto es, que
quien padece el daño no tenga el deber jurídico de soportarlo72. Así las cosas,
al juez administrativo, en el marco del juicio de responsabilidad estatal, le
corresponde, primero, verificar la existencia del daño invocado en la
demanda73, para luego entrar a definir si ese menoscabo resultaba antijurídico, y
así continuar hacia el examen de imputación.
Con fundamento en lo anterior, esta Subsección dividirá el estudio del presupuesto
atinente a la acreditación del daño antijurídico en dos partes, toda vez que los
hechos generadores del menoscabo padecido por el actor responden a dos tipos de
normas, estas son, una ley y una reglamentación de la ley, y, en ese orden, merecen
un examen diferenciado. En primer lugar, analizará la presencia de una lesión
patrimonial sufrida por el señor Santacoloma Villegas, por cuenta de la Ley 1228 de
2008 expedida por el Congreso de la República. En segundo lugar, constatará la
existencia de un menoscabo causado a la parte actora por los Decretos 3600 de
2007 y 4066 de 2008 expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
4.4.1. El daño causado por la normativa (Ley 1228 de 2008) que define “áreas
de reserva” para las carreteras del Sistema Vial Nacional
Con base en las disposiciones normativas contenidas en la Ley 1228 de 2009, es
menester precisar que las fajas mínimas de retiro obligatorio, también llamadas
áreas de reserva o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional,
han sido anticipadamente preservadas de usos que impidan su empleo, cuando así
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección C. Sentencia del 29 de julio de 2019, exp. 48643.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 25 de abril de 2012, exp. 21861.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, exp. 46932.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1º de octubre de 2018, exp. 46328. En
términos generalas, estos fallos establecen que para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer
sobre un interés tutelado por el derecho, es necesario que no haya sido causado, ni haya sido determinado por
un error de conducta de la propia víctima, y que no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional,
que justifique o que legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado.
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
se haga necesario, para efectos de mejorar, mantener, rehabilitar o ampliar las vías
que formando parte del sistema vial nacional sean aledañas a ellas, de manera que,
llegado ese momento, las autoridades que tengan a cargo la gestión de ese sistema
solo se vean precisadas a adquirir las zonas de terreno requeridas de conformidad
con los estudios, diseños y/o necesidades técnicas para adelantar la ejecución de
esas obras, y no construcciones, mejoras o equipamientos edificadas o asentados
sobre ellas.
Así las cosas, esta normativa ha establecido una afectación que no priva, de suyo,
al propietario, de su derecho de dominio, ni afecta el núcleo esencial de ese
derecho, aun cuando impide el licenciamiento de obras constructivas, y anticipa la
ausencia de título para reclamar indemnización o compensación alguna por las
construcciones o mejoras que haya instalado en vigencia de la reserva, si, llegado
el momento de mejorar, mantener, rehabilitar o ampliar las vías, la entidad a cargo
del proyecto deba adquirir esa franja o parte de ella sobre la que aquellas se hallen
asentadas.
Ahora bien, la ley declara de interés público a las franjas establecidas como área de
reserva en relación con estas vías. Esta declaración cumple entre otros propósitos,
el de satisfacer el presupuesto de la eventual expropiación, en cuanto configura un
título de autorización para que la Administración pueda adelantar procesos de
expropiación, como última alternativa de adquisición de la propiedad de la franja,
cuando sea menester para la ampliación, rehabilitación o mejoramiento de la vía.
Esto, conforme al artículo 58 de la Constitución que prescribe que, cuando de la
aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social,
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado debe ceder al interés público o social, el legislador,
podrá adelantar expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.
Tal declaración, sin embargo, no muta la propiedad. De hecho, la norma le impone
a las autoridades el deber de hacer las reservas presupuestales correspondientes
para el pago del precio o indemnización a que hubiere lugar a la ejecución del
proyecto de ampliación, rehabilitación o mantenimiento vial.
Así las cosas, para la Sala la expedición de la Ley 1228 de 2008 no genera por si
sola un daño antijurídico, o una ocupación jurídica, pues las cargas negativas que
en virtud de tal normativa pesan sobre el propietario, mientras la obra pública no se
haga necesaria, como así no ha ocurrido respecto del predio del demandante,
responden a una previsión razonable que permite garantizar un potencial
equipamiento vial de utilidad pública; y son cargas que carecen de la intensidad
necesaria para vaciar de contenido el derecho de propiedad del señor Santacoloma
Villegas sobre el predio afectado, de modo que configura el tipo de aquellas
intervenciones en las que toda persona debe tolerar en atención a los motivos de
utilidad pública que la inspiran. Además, esas cargas negativas, en cuanto a
restricciones para el desarrollo urbanístico del predio, pesan sobre todo predio
localizado al costado de las vías que conforman el sistema vial nacional, de forma
que no se trata de un daño especial, extraordinaria respecto de las que le impone
el ordenamiento jurídico a los demás predios que se hallan en la misma situación.
Finalmente, sea del caso resaltar que la sentencia proferida por esta Corporación e
invocada en el recurso de apelación74, y que, en criterio de la parte recurrente fue
ignorada por el juez de primera instancia, no puede ser considerada como un
precedente que fuera vinculante para esta Subsección, ya que no guarda identidad
fáctica y jurídica con esta controversia. En concreto, se observa que la decisión
74 Ver numeral 2.4.1. de esta providencia.
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Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
entonces proferida estuvo precedida de la acreditación de la existencia del daño
antijurídico, y, además, aludió a una controversia que no involucraba la
responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, como es la del caso objeto
de estudio, sino al menoscabo patrimonial que causó la administración, al involucrar
un inmueble de una persona en la construcción de una obra de interés público y,
con motivo de lo anterior, negar la expedición de una licencia de construcción, que
solicitó el propietario para desarrollar un proyecto urbanístico sobre el bien75.
4.4.2. El daño causado por los Decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008, es decir,
por la definición de corredores viales y por las medidas dispuestas para su
ordenamiento
El señor Santacoloma Villegas alude, en este sentido, al daño que habrían causado
los Decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008, con ocasión de la delimitación, con fines
de ordenamiento, de la franja de terreno que debía ser respetada a manera de
aislamiento vial en las propiedades aledaños a los corredores viales suburbanos,
habida cuenta de que la finca “Los Robles”, un inmueble de su dominio, al ser
colindante con el área paralela a las vía “La Romelia – El Pollo - Chinchiná”, que es
de primer orden, sufrió afectación por causa de estas disposiciones.
Pues bien, un adecuado entendimiento de este punto de la controversia requiere
una definición sobre los roles que conciernen al legislador y a las administraciones
locales en la planeación del territorio en el Estado colombiano cuya Constitución
Política declara la adhesión simultánea a los principios del unitarismo de Estado y
de autonomía de los entes territoriales. Respecto de la armonización de ese nexo
entre unidad y la autonomía, la Corte Constitucional ha dicho que:
“se logra mediante un sistema de limitaciones recíprocas (C-535/96): la autonomía,
por una parte, se encuentra limitada en primera instancia por el principio de unidad,
en virtud del cual, debe existir una uniformidad legislativa en todo lo que tenga que
ver con el interés general nacional, (…). La unidad, a su vez, se encuentra limitada
por el núcleo esencial de la autonomía territorial (sentencia C-216/94, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa). Esta supone la capacidad de gestionar los intereses propios; es
decir, la potestad de expedir una regulación particular para lo específico de cada
localidad, dentro de los parámetros de un orden unificado por la ley general”76.
En función del principio de autonomía, la Constitución de 1991 reconoció a los entes
territoriales, y particularmente a aquellos que fungen como unidades básicas de su
organización, a los municipios y distritos, como ejes gravitacionales de la planeación
territorial al concentrar en ellas las más importantes competencias en la materia.
Para empezar, el artículo 311 Superior dispone que, al municipio, como entidad
fundamental de la división político-administrativa del Estado, le corresponde ordenar
el desarrollo de su territorio, función esta que se descompone en competencias
atribuidas en los numerales 2, 7 y 9 del artículo 313 ejusdem, a los concejos
municipales, para que adopten los correspondientes planes y programas de
desarrollo económico y social y de obras públicas, reglamenten los usos del suelo
75 “Adujo el demandante, como fundamento de sus pretensiones, que la Administración Municipal se negó a
autorizarle la licencia de construcción que solicitó para desarrollar un proyecto arquitectónico en el predio, con
fundamento en que el inmueble estaba destinado a la construcción del separador vial en la intersección de la
Autopista Simón Bolívar con la carrera 100 en la ciudad de Santiago de Cali, pero que dicha afectación no se
inscribió en el registro de matrícula inmobiliaria del inmueble, tal como lo prevé el artículo 37 de la Ley 9ª de
1989, ni se le ha cancelado el valor del predio con el argumento de que se trataba apenas de un proyecto y no
de una afectación”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 11 de agosto de 2011,
exp. 18161.
76 Corte Constitucional C-837 de 2001.
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Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
y, dentro de los límites que fije la Ley, dicten las normas necesarias para el control,
la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
Con todo, en atención a las implicancias del principio del unitarismo de Estado, para
armonizar la relación dialéctica de intereses que existe en torno a la ordenación del
territorio, y garantizar la acción coherente de los diferentes niveles de la
administración, el ejercicio de esas competencias se encuentra subordinado a la
Constitución y a la ley; y para esos efectos, la Ley 388 de 1997, conocida como la
“Ley de Ordenamiento Territorial”77, sujetó el ejercicio de esas competencias de
planeación territorial a “normas de superior jerarquía” que a manera de directrices
obligatorias determinan el ordenamiento resultante de su ejercicio. Tales directrices,
que reciben el nombre de “determinantes del ordenamiento territorial”, fueron
originariamente establecidas en el artículo 10° de la mencionada norma, pero se
han visto enriquecidas con otras varias leyes que desde entonces se han expedido.
Una de tales “determinantes”, al tenor del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 en cita,
reside en el “señalamiento y localización de infraestructuras básicas relativas
a la red vial nacional y regional”, señalamiento que puede tener diferentes
especificaciones en función del rol que estén llamadas a servir las vías, razón por
la cual, es posible que esté fijado con referencia a cada una de las categorías que
de ellas defina la misma ley.
En nuestro caso, el Decreto 3600 de 2007 reglamentó las disposiciones de las
Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997, relativas a las determinantes de ordenamiento del
suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación
en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones. Los artículos 10° y 11 del
referido decreto, entre aquellas determinantes, se ocuparon de los corredores
viales suburbanos, para preceptuar que: i) en los planes de ordenamiento
territorial sólo se podrían clasificar como tales, las áreas paralelas a las vías
arteriales o de primer orden y vías intermunicipales o de segundo orden; ii) su
extensión máxima sería de 300 metros medidos desde el borde de la vía; iii) en
ellos sólo se permitiría el desarrollo de actividades con determinadas restricciones
de uso, intensidad y densidad; y iv) en el plan de ordenamiento o en las unidades
de planificación rural se debía delimitar una franja de terreno mínima de quince (15)
metros de aislamiento, contados a partir del borde de la vía, y una calzada de
desaceleración para permitir el acceso a los predios resultantes de la parcelación,
cuyo ancho mínimo debe ser de diez (10) metros contados a partir del borde de la
franja de aislamiento antes referida. Las extensiones de la franja de aislamiento y
de la calzada de desaceleración, como ha quedado dicho, fueron modificadas por
el Decreto 4066 de 2008 para adecuarlas a la normativa de la Ley 1228 de 2008.
Pues bien, en relación con estas directrices, la Sala, a partir del tenor literal del
artículo 11° del Decreto 3600 de 2007, tanto en su texto original o como en el
modificado por el Decreto 4066 de 2008, ve en ella un mandato, en ejercicio de su
competencia, para establecer las determinantes de ordenamiento territorial. Nótese
cómo, el artículo 10 del Decreto 3600 de 2007 (tanto en su redacción original como
en la modificada por el Decreto 4066 de 2008) condiciona la prescripción normativa
subsiguiente a los “efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 388 de 1997”,
norma que define el contenido de la categoría, dentro de las clasificaciones del suelo
y de suelos suburbanos, dentro de la cual, al final del inciso primero, dispone que
77 Esta denominación, ciertamente, crea confusión entre la acepción que el artículo 288 de la la Constitución
confiere a la expresión “ordenamiento territorial” con un sentido político-administrativo, y la nueva acepción que
le confirió esta ley, con sentido urbanístico (Cfr. MORCILLO, Pedro Pablo, Derecho urbanístico colombiano -
Historia, normativa y gestión, pp. 125 y 126.).
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Expediente: 66001-23-31-000-2010-00366-01 (59816)
Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
pueden incluirse los suelos correspondientes a los corredores urbanos
interregionales.
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra que los artículos 10 y 11 del Decreto
3600 de 2007, modificados por el Decreto 4066 de 2008, están dirigidos a las
autoridades locales competentes, para que, al adoptar los planes de ordenamiento
territorial, se abstengan de clasificar, como corredores viales suburbanos, suelos
diferentes de las áreas paralelas a las vías arteriales o de primer orden y vías
intermunicipales o de segundo orden; y, además, delimiten en los que allí clasifiquen
como tales, como franja de aislamiento vial, un tramo mínimo de quince (15) y cinco
(5) metros (a partir de la vigencia del Decreto 4066 de 2008); y una calzada de
desaceleración que permita el acceso a los predios resultantes de la parcelación,
cuyo ancho mínimo debía ser de diez (10) u ocho (8) metros (después de la reforma
que al artículo le introdujo el Decreto 4066). Tales preceptos, en consecuencia,
tienen por destinatarias a las autoridades locales competentes para elaborar los
planes de ordenamiento territorial, circunstancia que determina su falta de
aptitud para fungir como causa de lesión o afectación al derecho de
propiedad, en concreto, del demandante.
Pero, si en gracia de discusión se admitiera que la ley podía causar algún tipo de
afectación meramente jurídica (ocupación jurídica) sobre el predio, esta, en cuanto
se materializaría en la obligación de observar un aislamiento que separara la
propiedad privada de la calzada por la que transitan los vehículos, obraría como una
previsión razonable, no sólo en atención a los requerimientos del acceso general a
la vía pública, sino por su utilidad como medio de salvaguarda de la vida y bienes
aplicados al disfrute de las propiedades colindantes a la vía (aún en caso de
expansión de esta). Tales caracteres, sumados a que no tuvo la intensidad
necesaria para vaciar de contenido el derecho de propiedad del actor sobre el
inmueble supuestamente afectado, conducirían al mismo resultado denegatorio, por
ausencia de prueba de la antijuridicidad del daño.
4.5. Solución
Con sustento en lo anterior, al no observar elementos de juicio necesarios para
encontrar acreditada la existencia de un daño antijurídico sufrido por la parte actora,
y, en consecuencia, no ser posible acudir al respectivo juicio de imputación, la Sala
modificará la sentencia proferida el 2 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
del Instituto Nacional de Vías, Instituto Nacional de Concesiones (Hoy Agencia
Nacional de Infraestructura), departamento de Risaralda, municipio de
Dosquebradas y Autopistas del Café S.A., y de negar las pretensiones de la
demanda, por las razones aquí expuestas.
V. COSTAS
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no esta Sala no observa
actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Rufino Santacoloma Villegas
FALLA
MODIFICASE la sentencia proferida el 2 de junio de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que quedará así:
PRIMERO: DECLÁRASE la falta de legitimación en la causa por pasiva del Instituto
Nacional de Vías, Instituto Nacional de Concesiones (Hoy Agencia Nacional de
Infraestructura), departamento de Risaralda, municipio de Dosquebradas y
Autopistas del Café S.A., conforme a los motivos indicados en esta providencia.
SEGUNDO: NIÉGUESE las pretensiones de la demanda, con sustento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado (E)
Firmado electrónicamente Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
VF
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