Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2012-00212-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2012-00212-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-31-000-2012-00212-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Radicado: 66001233100020120021201
Demandante: Álvaro Restrepo Arenas
Demandado: Municipio de Pereira
Referencia: APELACION SENTENCIA – ACCION DE SIMPLE NULIDAD
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida en primera instancia, el 14 de febrero de 2013, por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Álvaro Restrepo Arenas, actuando a nombre propio, presentó demanda
en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA, contra el
Decreto núm. 480 de 26 de junio de 2008, expedido por el Alcalde Municipal de
Pereira […]por medio del cual se adoptan medidas para la conservación del orden
público en el Municipio de Pereira […].
Pretensiones
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2
Núm. único de radicación: 66001233100020120021201
Demandante: Álvaro Restrepo Arenas
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones1
[..]PRIMERA. Que se declare la nulidad del acto administrativo que a continuación se
identifica: Decreto Municipal número 480, de fecha 26 de Junio de 2008, proferido por el
alcalde municipal de Pereira, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA
CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA", Como
consecuencia de la declaración de nulidad del acto referido, se ordene su retiro del
ordenamiento jurídico[…].
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1 El Alcalde Municipal del Pereira profirió el Decreto núm. 480 de 26 de junio de
2008 mediante el cual estableció, en su artículo primero, la prohibición de circulación
de motocicletas, motociclos, y moto triciclos con acompañante de sexo masculino
mayor de 14 años […]durante las veinticuatro (24) horas del día, en las áreas urbana
y rural del municipio de Pereira […].
3.2. La medida adoptada por la parte demandada fue expedida en cumplimiento de
lo previsto en los artículos 315 de la Constitución Política, 91 literal b de la Ley 136
de 1994, 9 del Decreto 1355 de 1970, y 3 de la Ley 769 de 2002, los cuales fueron
invocados de manera imprecisa por el municipio, al restringir el derecho de
locomoción por más de tres años, a cierto grupo de habitantes, en aras de preservar
el orden público y la seguridad ciudadana ante hechos delictivos como el fleteo y
los homicidios cometidos desde motocicletas con parrillero.
3.3. Si bien se reconoce la competencia del alcalde como primera autoridad de
policía y de tránsito y su deber de garantizar la seguridad y salubridad públicas, la
restricción permanente e indefinida del derecho de locomoción desconoce los
criterios de temporalidad y proporcionalidad que se deben procurar en esta clase de
medidas.
1
Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO.PDF.TRIBUNAL (.pdf)
NroActua19. Folio:5
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Demandante: Álvaro Restrepo Arenas
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas2:
• Artículos 24 y 28 de la Constitución Política
• Artículo 84 del Código Contencioso Administrativo
• Artículo 30 del Decreto 1355 de 1970
Concepto de violación
4.1. El Decreto 480 de 2008, expedido por el Municipio de Pereira, vulnera el
derecho fundamental a la libre locomoción consagrado en el artículo 24 de la
Constitución Política, al imponer una restricción permanente e indefinida sobre el
tránsito de personas en zonas urbanas y rurales. Esta medida, que ha estado
vigente por más de tres años, excede la facultad de reglamentación temporal que
tienen las autoridades y resulta desproporcionada, especialmente en áreas rurales
donde no se evidencia la problemática de seguridad que se pretende mitigar.
4.2. El derecho a la libre circulación está protegido por instrumentos internacionales
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, los cuales, conforme al artículo 93 de la
Constitución, hacen parte del bloque de constitucionalidad y establecen que toda
persona tiene derecho a circular libremente y que cualquier restricción debe estar
prevista en la ley, ser necesaria y compatible con otros derechos fundamentales,
condiciones que no cumple el decreto impugnado.
4.3. Las medidas de carácter policivo impartidas por la administración municipal
deben estar sujetas a límites temporales razonables y a una justificación
proporcional que responda a circunstancias concretas y excepcionales que afecten
el orden público o la seguridad ciudadana, pues de lo contrario se incurre en una
vulneración directa del principio de legalidad y del respeto por los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los tratados
2
Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO.PDF.TRIBUNAL (.pdf)
NroActua19. Folios:6-18
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internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, por ello resulta
inadmisible que el Decreto 480 de 2008 haya impuesto una restricción indefinida y
generalizada al derecho de libre locomoción sin demostrar la existencia de una
amenaza permanente que justifique su aplicación continua en el tiempo, lo que
configura una extralimitación de la potestad reglamentaria de la administración
municipal y una clara transgresión al artículo 24 de la Constitución Política.
Contestación de la demanda
5. La parte demandada3 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así4:
5.1. Precisó que la medida restrictiva impuesta no constituye una limitación absoluta
al derecho fundamental de libre locomoción, dado que la mentada regulación se
circunscribió exclusivamente al uso de un medio de transporte específico, sin que
ello implique una prohibición general de circulación.
5.2. Adujo que la medida se ha mantenido vigente desde el 26 de junio de 2008 en
virtud de los reiterados informes emitidos por la Policía Nacional, la Fiscalía General
de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación y el Consejo de Seguridad del
Municipio, entidades que han coincidido en señalar que las condiciones de orden
público exigen la continuidad de dicha regulación. Esta conclusión se fundamenta
en la evidencia que demuestra una reducción significativa en la comisión de delitos
como el hurto y el fleteo, lo cual permite inferir que la medida ha contribuido de
manera efectiva a la protección de derechos fundamentales como la vida, la
integridad personal y el patrimonio económico de los habitantes del municipio,
siendo por tanto necesario preservar su aplicación en aras de garantizar la
seguridad colectiva.
3
Por intermedio de apoderado.
4
Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO.PDF.TRIBUNAL (.pdf)
NroActua19. Folios:111-119
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5.3. Manifestó que el Alcalde de Pereira, en ejercicio de las atribuciones conferidas
por los artículos 315 de la Constitución Política, 29 de la Ley 1551 de 2012 y 131 de
la Ley 769 de 2002, se encuentra facultado para adoptar medidas orientadas a
preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, siempre dentro del
marco del ordenamiento jurídico vigente en el Estado colombiano. Esta facultad se
armoniza con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual ha señalado que toda
persona tiene derecho a no ser expuesta a situaciones de peligro excepcional que
comprometan su vida o integridad personal más allá de los riesgos ordinarios
inherentes a la convivencia social, lo que impone al Estado el deber de asegurar
que la seguridad de los individuos no se vea afectada, ya sea por fallas atribuibles
a sus propios organismos o por la existencia de riesgos anormales que excedan los
límites de lo jurídicamente tolerable, frente a los cuales las autoridades están
obligadas a implementar medidas eficaces de protección.
5.4. Como excepción propuso la de “improcedibilidad de la acción”, luego de señalar
la existencia de otro proceso promovido, por los mismos hechos, por el señor
Ricardo Alfonso Reina contra el Municipio de Pereira, radicado bajo el número 063-
2011 ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.
5.5. Adujo que, en el mentado proceso ya se profirió sentencia de primera instancia
en la que se negaron las pretensiones del demandante en la que se deprecaba la
nulidad del Decreto 480 de junio de 2008, por medio del cual se prohibió la
circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de catorce años. La
decisión fue apelada por el señor Reina y el expediente fue remitido al Consejo de
Estado, donde actualmente se adelanta la segunda instancia.
5.6. De acuerdo a lo anterior, precisó que […]mientras no exista pronunciamiento
definitivo por parte del Consejo de Estado que revoque la decisión inicial, o en su
defecto, mientras el ejecutivo municipal no modifique o revoque el decreto
demandado, dicho acto administrativo conserva plena vigencia y puede ser aplicado
[…].
Sentencia proferida en primera instancia
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Demandante: Álvaro Restrepo Arenas
6. El Tribunal Administrativo de Risaralda mediante sentencia proferida el 14 de
febrero de 20135, resolvió:
“[…] 1.-DECLÁRASE la nulidad del Decreto 480 del veintiséis (26) de junio de
dos mil ocho (2008) proferido por el Alcalde Municipal de Pereira “POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA CONSERVACION DEL
ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”
[…]”
6.1. Sostuvo que no se configura la excepción de pleito pendiente, en la medida en
que no concurren los requisitos de identidad de partes ni de causa petendi. En
respaldo de esta afirmación, señaló que: i) el demandante en el presente proceso es
el señor Álvaro Restrepo Arenas, mientras que en el caso invocado por la parte
demandada, figuró como actor el señor Ricardo Alfonso Reina; y ii) las pretensiones
formuladas en este último caso se orientaban a cuestionar la vulneración del
parágrafo 3º del artículo 6 de la Ley 769 de 2002, disposición que prohíbe a las
autoridades locales expedir normas de tránsito permanentes que alteren el Código
Nacional de Tránsito. En contraste, en el presente trámite se invocan los artículos
24 y 28 de la Constitución Política, el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo, y de manera especial el artículo 30 del Decreto 1355 de 1970, el cual
establece que la actuación de la policía debe ceñirse a medios autorizados por la
ley, procurando causar el menor daño posible y limitando su intervención al tiempo
estrictamente necesario para preservar o restablecer el orden público.
6.2. Adujo que del análisis de esta última disposición se desprende que el objeto del
presente proceso difiere sustancialmente del que fue materia de debate en la acción
promovida por el señor Reina, lo que permite concluir que no se configura la
excepción de pleito pendiente.
6.3. Destacó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, las
restricciones adoptadas por las autoridades municipales en ejercicio de la función
policiva deben estar supeditadas a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, en la medida en que constituyen limitaciones al ejercicio de libertades
5
Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO.PDF.TRIBUNAL (.pdf)
NroActua19. Folios:192-211
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públicas protegidas por la Constitución Política, las cuales, por su naturaleza,
representan pilares esenciales del Estado de derecho, lo que implica que tales
medidas solo pueden ser adoptadas cuando resulten estrictamente necesarias para
la preservación del orden público, debiendo emplearse medios legalmente
autorizados que sean eficaces y que, además, generen el menor impacto posible
sobre la integridad de las personas y sus bienes, sin que puedan extenderse más
allá del tiempo indispensable para mantener o restablecer dicho orden.
6.4. Precisó que, de acuerdo a lo expuesto, el Decreto 480 de 26 de junio de 2008
mediante el cual el Alcalde Municipal de Pereira adoptó sin límite de tiempo la
restricción del “parrillero de sexo masculino mayor de 14 años o acompañante de
motociclista en el municipio durante las 24 horas del día” no atiende a los principios
de proporcionalidad y racionalidad que deben inspirar las actuaciones policivas de
la administración, pues impone una restricción permanente a la circulación de
ciudadanos, quedando supeditada a la discrecionalidad del Ejecutivo las
circunstancias que lleven a mantener la medida.
Recurso de apelación
7. La parte demandada interpuso y sustentó, oportunamente, recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los siguientes
argumentos6:
7.1. Manifestó que la medida adoptada por el municipio responde a criterios de
proporcionalidad, necesidad e indispensabilidad, por lo que instó a efectuar un
análisis ponderado entre el principio de seguridad pública y los derechos que se
alegan como vulnerados, en tanto la restricción al derecho de locomoción de los
habitantes de la ciudad de Pereira se justifica en función de la salvaguarda del
derecho a la seguridad colectiva y del mantenimiento del orden público.
7.2. Refirió que el tribunal incurrió en una omisión al no valorar que la medida
adoptada contribuye de manera efectiva a la disminución de los niveles de
6
Cfr. índice 19 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: CUADERNO.PDF.TRIBUNAL (.pdf)
NroActua19. Folios: 214-222
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delincuencia asociados al uso de motocicletas, sin que ello implique una prohibición
absoluta al ejercicio del derecho a la locomoción, pues lo que se busca, en esencia,
es la protección de la comunidad mediante una regulación que, por su carácter
indispensable, permite prevenir la comisión de hechos delictivos, reducir la
incidencia de conductas lesivas para el orden social y garantizar condiciones
mínimas de seguridad, todo lo cual se encuentra respaldado por evidencia que
demuestra una disminución significativa en la ocurrencia de delitos durante la
vigencia de la medida.
7.3. Indicó que el examen de legalidad de la medida no puede centrarse
exclusivamente en su carácter permanente o transitorio, toda vez que la disposición
invocada como vulnerada, esto es, el artículo 30 del Decreto 1355 de 1970, no tiene
como finalidad establecer un término fijo de vigencia, lo cual, en el contexto de
conductas delictivas como el homicidio, el hurto o el fleteo, resultaría jurídicamente
inviable, ya que su orientación está dirigida a determinar la duración de la medida
con base en la necesidad que la justifica, lo que permite concluir que no puede
considerarse como permanente una regulación que, si bien fue adoptada
inicialmente en el año 2008, continúa siendo necesaria e indispensable en el año
2013 para prevenir la ocurrencia de delitos que comprometen el orden público y
afectan bienes jurídicamente protegidos de especial relevancia.
Actuación en segunda instancia
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de febrero de 20147, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida en primera instancia el 14 de febrero de 2013, por el Tribunal
Administrativo de Risaralda.
9. A través de providencia de fecha 27 de marzo de 20198, se resolvió la solicitud
de pruebas presentada por la parte demandada en segunda instancia. En dicha
decisión, se negó la práctica de la siguiente prueba: “[…] Ofíciese al Comando
Departamental de Policía de Risaralda, en aras de que se remitan los informes
7 Cfr. índice 5 ADMITE RECURSO DE APELACION- Cuad:2
8
Cfr. índice 7 AUTO QUE DENIEGA PRUEBA
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respectivos respecto a la comisión de delitos como el homicidio, el hurto y el fleteo
[…]”, al considerar que no se ajustaba a las causales previstas en el artículo 214 del
Código Contencioso Administrativo.
10. Mediante auto de 27 de marzo de 2019 se corrió traslado9 a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera el
concepto.
Alegatos de conclusión
11. La partes guardaron silencio en esta etapa procesal.
Concepto del Ministerio Público
12. No emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
13. De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia,
aplicable en los términos del artículo 30810 de la Ley 1437 de 201111, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 1312 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera
del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia.
9 Cfr. índice 11 SE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR DE CONCLUSIÓN
10 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
11
“Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
12 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
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14. Agotados los procedimientos inherentes al proceso sin que se observe vicio o
causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, la Sala procedería a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora; no obstante, se advierte que
en el estado del presente proceso resulta imperativo analizar, de oficio, si se
configura la excepción de cosa juzgada.
Análisis de la Sala
15. El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, sobre los efectos de las
sentencias que se profieren en los procesos de nulidad, dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero
sólo en relación con la “causa petendi” juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa
y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios […]”.
16. Al interpretar la norma previamente citada, esta Corporación13 ha señalado que
«de conformidad con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, para que se
configure la cosa juzgada es menester que haya identidad de objeto, identidad de
causa e identidad jurídica de partes».
17. En cuanto al carácter absoluto y relativo de este fenómeno en los procesos
tramitados en el medio de control de nulidad, la Sección ha precisado que, […]si la
sentencia frente a la cual se pretende efectuar el análisis de la excepción fue
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 22 de abril de 2004,
radicación nro. 2500023270002000103401 (13274), C.P. Germán Ayala Mantilla
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Núm. único de radicación: 66001233100020120021201
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estimatoria, el efecto de la cosa juzgada será́́ absoluto respecto de las disposiciones
cuya ilegalidad fue declarada y, en esa medida, es claro que resultaría improcedente
efectuar posteriores análisis de validez de esas mismas normas, en tanto resultaron
expulsadas del orden jurídico al ser contrarias a este. Cuestión distinta acontece en
el evento de que la decisión fuese desestimatoria de los cargos de nulidad, pues en
ese caso el efecto de la cosa juzgada es relativa, lo que significa que se predicará
únicamente de los cargos en ella analizados y respecto de las disposiciones
acusadas»14. (Subraya la Sala)
18. En el presente caso, se demanda el Decreto 480 de 2008 que es del siguiente
tenor:
[…]Decreto Número 480 de 26 de junio de 2008
“Por medio del cual se adoptan medidas para la conservación del
orden público en el municipio de Pereira”
El Alcalde de Pereira, en uso de sus facultades Constitucionales y
Legales, en especial las conferidas por el artículo 315 numeral 2° de
la constitución Política de Colombia, artículo 91 literal B de la ley 136
de 1994, parágrafo 3° del artículo 6° de la ley 769 de 2002, artículos
9° y 99 del Decreto 1355 de 1970,
CONSIDERANDO
Que el artículo 315 numeral 2° de la Constitución Política de
Colombia, establece entre las atribuciones de los alcaldes, la de
“...Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la
ley y las instrucciones y ordenes que reciba del Presidente de la
República y el respectivo gobernador. El alcalde es la primera
autoridad de policía del municipio. La policía nacional cumplirá con
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por
conducto del respectivo comandante”.
Que el artículo 91 literal b, ordinales a y e de la ley 136 de 1994, que
señalan en su orden la de “conservar el orden público en el municipio
de conformidad con la Ley y las instrucciones y órdenes que reciba
del Presidente de la República y el respectivo gobernador. El alcalde
es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional
cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el
alcalde por conducto del respectivo comandante” y la de “restringir y
vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos”, así
como la de “Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de
2022, radicación nro. 11001032400020150016300, C.P. Oswaldo Giraldo Lopez
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de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas
superiores, conforme al artículo 9° del Decreto 1355 de 1970 y demás
disposiciones que lo modifiquen o adiciones”.
Que el parágrafo primero del artículo 91 literal b), numeral 2 de la Ley
136 de 1994 dispone: “La infracción a las medidas previstas en los
literales a), b) y c) se sancionarán por los alcaldes con multas hasta
de dos salarios legales mínimos mensuales”.
Que el artículo 99 del Decreto 1355 de 1970, dispone: “Los
reglamentos no pueden estatuir limitación al ejercicio de la libertad de
locomoción, en cuanto a tránsito terrestre de vehículos y peatones,
sino para garantizar la seguridad y salubridad públicas.
Que el artículo 1° de la Ley 769 de 2002, preceptúa: “En desarrollo
del artículo 24 de la Constitución Política todo colombiano tiene
derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto
a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía
de la seguridad y comodidad de sus habitantes”.
Que el artículo 3° de la ley antes dicha, determina que los alcaldes por
disposición de ley son autoridades de tránsito y que igualmente los
organismos de tránsito dentro de su respectiva jurisdicción podrán
expedir normas y tomar medidas necesarias para el mejor
ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las
vías públicas con sujeción a las disposiciones establecidas en el
Código Nacional de Tránsito.
Que en razón a que en la actualidad se están presentando situaciones
de diversa índole como son el fleteo y el robo a los ciudadanos y ante
el incremento de homicidios en la ciudad desde motocicletas,
motociclos y mototriciclos en circulación con parrilleros, se hace
necesario tomar medidas de restricción que lleven a garantizar la
seguridad de las personas y la conservación del orden público en el
municipio de Pereira.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO. Prohíbase la circulación de MOTOCICLETAS,
MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS con parrillero de sexo masculino,
mayor de 14 años, durante las veinticuatro (24) horas del día, en las
áreas urbana y rural del municipio de Pereira.
ARTÍCULO SEGUNDO. La infracción a lo dispuesto en el artículo
precedente le acarreará al infractor la inmovilización del vehículo y
una multa equivalente a dos salarios mínimos, legales diarios
vigentes, ante el Instituto de Tránsito Municipal, de conformidad con
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Demandante: Álvaro Restrepo Arenas
el parágrafo primero del artículo 91 literal b) numeral segundo de la
Ley 136 de 1994.
ARTÍCULO TERCERO. Exceptúase de la restricción de circulación de
MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS con parrillero
en el Municipio de Pereira a los organismos de seguridad del Estado,
funcionarios judiciales de la Fiscalía General de la Nación, Guardas
de Tránsito Municipal, guardas de seguridad de las empresas de
vigilancia privada uniformados, organismos de socorro y parrillero del
sexo femenino.
ARTÍCULO CUARTO. El presente decreto rige a partir de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.”[…].
19. Sobre el particular, se advierte que, mediante sentencia de 7 de mayo de 2015,
proferida por esta Corporación dentro del expediente núm.
6600123310002011000630115 se analizó la legalidad de la mentada disposición y
para tal efecto, se sostuvo lo siguiente:
[…]el parágrafo 3 del artículo 6 de la Ley 769 de 2002, al prohibir a los
gobernadores y los alcaldes, las Asambleas Departamentales y los Concejos
Municipales, no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter
permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al código de tránsito,
permite, como lo ha sostenido la Sala, que en forma temporal los alcaldes
dicten normas en materia de tránsito con el fin de ejercer la autoridad de
policía de que están investidos.
Considera la Sala que no puede dejar de enfatizarse el vínculo entre las
libertades y derechos fundamentales y el carácter excepcional y temporal de
sus restricciones, por lo cual la normativa demandada debe ser declarada
nula en razón de su vocación permanente, pues en ella no se estableció un
término de duración para la medida.
En consecuencia, se impone revocar la sentencia de 11 de noviembre
de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, y en su
lugar, declarar la nulidad el Decreto 480 de 26 de junio de 2008, expedido
por el Alcalde de Pereira, como efectivamente se hará en la parte
resolutiva de esta providencia. (Negrillas de la Sala)[…].
20. En ese orden, la Sala declarará probada, de oficio, la excepción de la cosa
juzgada, como quiera que el fallo proferido por la Sección Primera del Consejo de
15 Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Actor: Ricardo Alfonso Reina Zambrano
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Núm. único de radicación: 66001233100020120021201
Demandante: Álvaro Restrepo Arenas
Estado de fecha 7 de mayo de 2015 se encuentra ejecutoriado y tiene efecto de
cosa juzgada erga omnes, conforme lo dispone el artículo 175 del CCA. Tal
situación impide que se haga un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto.
Finalmente, según lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, como se trata de una
acción pública no hay lugar a condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. FALLA:
PRIMERO: DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada respecto de la
pretensión de nulidad del Decreto 480 de 2008, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia. En consecuencia, ESTARSE a lo resuelto en la
sentencia del 7 de mayo de 2015, proferida por la Sección Primera, radicado núm.
66001233100020110006301.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
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Núm. único de radicación: 66001233100020120021201
Demandante: Álvaro Restrepo Arenas
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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