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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2012-00269-01

Fecha
19 de abril de 2018
Consejero ponente
María Elizabeth García González
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-31-000-2012-00269-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: MODIFÍCANSE los numerales séptimo y noveno de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de ordenar al Municipio de Dosquebradas que a más tardar en el término de la próxima vigencia fiscal del año 2019, deberá efectuar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar las obras que sean conducentes para dar solución definitiva a los problemas de erosión, socavación, deslizamientos y demás en la zona del acueducto del Barrio San Diego y sus habitantes, siguiendo las recomendaciones dadas en los conceptos técnicos realizados por la CARDER, y demás estudios técnicos actualizados y especializados que se realicen al momento de la contratación, de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de la sentencia. Así mismo, el Comité de verificación y cumplimiento debe rendir un informe detallado e ilustrado sobre las gestiones realizadas y el avance en el cumplimiento de la orden dada, en lapsos trimestrales a partir de la firmeza de esta sentencia. SEGUNDO: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia impugnada. TERCERO: REMÍTASE copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. CUARTO: DEVUÉVASE el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 66001-23-31-000-2012-00269-01

Consejero ponente: María Elizabeth García González

19 de abril de 2018

ACCIÓN POPULAR - Ampara los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público, preservación y restauración del medio ambiente / GESTIÓN DEL RIESGO - El alcalde es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo / GESTIÓN DEL RIESGO - Concepto / DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - No debilita la acción popular ante la vulneración de derechos colectivos para cuya protección se instauró / SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO - Las funciones de sus integrantes están regidas por los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad / DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE - Se vulnera al no realizar las obras necesarias para solucionar los problemas de erosión, socavación y deslizamientos en la zona del acueducto

[L]a Sala estima que las pruebas allegadas por el Municipio, esto es, el registro fotográfico de los trabajos realizados durante la ola invernal del año 2012, no son suficiente para concluir que los problemas de erosión, socavación y deslizamiento en la zona del acueducto del barrio San Diego están controlados pues, como ya se dijo, no se han cumplido todas las recomendaciones dadas por la CARDER en los conceptos técnicos. (…). [E]s procedente conforme al carácter preventivo que reviste la acción popular, señalar que corresponde al Municipio, según lo dispuesto en la Ley 1523, realizar las obras necesarias para solucionar los problemas de erosión, socavación y deslizamientos en la zona del acueducto del barrio San Diego, siguiendo las recomendaciones técnicas de la CARDER, pues es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, de ahí que la Sala considere que asistió razón al a quo al declarar la amenaza de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres por parte de aquél. (…). [S]i bien en primera medida le corresponde al Municipio en materia de gestión de riesgo implementar, ejecutar y desarrollar las políticas, actividades y gestiones tendientes a precaver la ocurrencia de un desastre en los puntos afectados, también lo es que en atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, el Departamento está obligado a ejercer sus funciones de inspección, control y vigilancia, en coordinación con las demás entidades territoriales, en aras de evitar factores de riesgo ambiental que conduzcan a la afectación de recursos naturales, ya que hace parte de sus competencias legales.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 288 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 311 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 1 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 4 / LEY 472 DE 1998 / LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 1 / LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 2 / LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 11 / LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 5 / LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 9 / LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 14 / LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 31 / LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 39 PARÁGRAFO / LEY 1523 DE 2012 - ARTÍCULO 40 / LEY 9 DE 1989 / LEY 388 DE 1997

NOTA DE RELATORÍA: Acerca del contenido y alcances del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo de 2015, exp. 15001-23-31-000-2011-00031-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala y sentencia de 10 de noviembre de 2017, exp. 2015-02548-01(AP), C.P. María Elizabeth García González. Sobre la interpretación normativa que definen al Municipio como la entidad territorial fundamental en la división político administrativa del Estado, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de septiembre de 2016, exp. 2014-00052-02 y sentencia de 2 de junio de 2017, exp. 2014-00026-02, C.P. María Elizabeth García González. En relación con la gestión administrativa y financiera para obtener los recursos necesarios o disponibilidad presupuestal para adelantar obras públicas, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de mayo de 2006, exp. 2002-00654-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta y sentencia de 17 de julio de 2008, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno y sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2004-00307-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Sobre la competencia que tienen los Departamentos frente a la protección del medio ambiente y la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de septiembre de 2016, exp. 2011-00850-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 66001-23-31-000-2012-00269-01(AP)

Actor: PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS RISARALDA

Demandado: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, LA CORPORACIÓN REGIONAL DE RISARALDA CARDER, EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL FONDO DE ADAPTACIÓN

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas Municipio de Dosquebradas y el Departamento de Risaralda, contra la sentencia de 31 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió al amparo de los derechos colectivos invocados como vulnerados.
I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS (Risaralda) a través de apoderada judicial, presentó acción popular contra el Municipio de Dosquebradas, el Departamento de Risaralda, la Corporación Regional de Risaralda “CARDER”, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y el Fondo de Adaptación, en defensa de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público y la preservación y restauración del medio ambiente.

I.2. Hechos

Manifestó que la vereda Sabanitas del Municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda, cruza la quebrada Gaviotas, afluente derecho de la quebrada Molinos, donde se encuentra ubicada la bocatoma principal del acueducto del Barrio San Diego quebradas.

Señaló que, luego de la ola invernal a finales del año 2010, la Junta de Administración del Acueducto del Barrio San Diego, a comienzos del año 2011, en vista del peligro que la quebrada Molinos está representando tanto para la bocatoma principal del acueducto, como para la comunidad que habita en el sector, solicitó al Municipio, la toma de acciones tendientes a corregir el problema que se viene presentado.

Adujo que, el 24 de abril de 2011, la Personería solicitó a la CARDER que practicara una visita técnica al sitio reportado por la Presidenta de la Junta Administrativa Acueducto Barrio San Diego, con el fin de determinar exactamente los hechos generados por las presuntas afectaciones, así como las medidas precautelativas que deben tomarse, con el fin de evitar un perjuicio mayor al sufrido hasta el día de hoy.

Afirmó que, debido a la ola invernal que se presenta, el terreno a la altura de la bocatoma principal del acueducto del Barrio San Diego se ha ido agrietando, situación a la que las entidades obligadas a precaver un eventual riesgo han hecho caso omiso, sin tener en cuenta el peligro que esto genera tanto para el acueducto del barrio San Diego, como para la comunidad aledaña, ya que debido a la inestabilidad del terreno se podría presentar un derrumbamiento y el represamiento de la quebrada Molinos, lo cual generaría una avalancha y la consecuente tragedia.

Indicó que la CARDER, el 24 de mayo de 2011 remitió concepto técnico nro. 1115 del 18 de mayo del mismo año, rendido por el señor Jaime Guzmán Giraldo, en su calidad de Geólogo- Profesional de Apoyo CPS N° 014/2012, adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial, avalado por el Profesional Especializado Gustavo Alonso Osorio Rodríguez, en el que determina exactamente los principales problemas evidenciados y efectúa una serie de recomendaciones para evitar que se continúen presentando las afectaciones generadas por los constantes deslizamientos en la zona de la Quebrada Molinos y la Quebrada Las Gaviotas.

Sostuvo que, los continuos deslizamientos de tierra que se vienen presentando en las laderas de la Quebrada Molinos Vereda Sabanitas, no solo amenazan gravemente la infraestructura del acueducto del Barrio San Diego y con ello las condiciones de vida de todos los habitantes que se abastecen de este vital líquido, sino también ponen en riesgo la vida y bienes de los habitantes del sector, ya que tales deslizamientos en la ladera de una quebrada podrán ocasionar incluso una avalancha.

I.3. Pretensiones

El actor solicitó que se declare a las entidades demandadas responsables por sus actos omisivos que vulneran los derechos colectivos relacionados con la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el goce del espacio público y la preservación y restauración del medio ambiente.

Como consecuencia, que se ordene a las entidades demandadas, la implementación de medidas que mitiguen el riesgo y peligro presentados por la Quebrada Los Molinos para la comunidad, ejecutando las obras determinadas en el concepto técnico número 1115 de 18 de mayo del mismo año, rendido por el señor Jaime Guzmán Giraldo en su calidad de Geólogo- Profesional de Apoyo CPS N° 014/2012, adscrito a la Subdirección Gestión Ambiental Territorial, avalado por el Profesional Especializado Gustavo Alonso Osorio Rodríguez, en el que determina exactamente los principales problemas evidenciados y que efectúa una serie de recomendaciones para evitar que se continúen presentando las afectaciones generadas por los constantes deslizamientos en la zona de la quebrada Molinos y en la quebrada Gaviotas.

I.4. Defensa

I.4.1. El DEPARTAMENTO, se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que dicha entidad no ha vulnerado los derechos invocados, ya que la responsabilidad inicial recae directamente sobre el Municipio en donde se encuentra ubicada territorialmente la zona que presuntamente está en estado de vulneración, es decir que el Municipio de Dosquebradas, es el llamado directamente a realizar estudios sobre la eminencia de riesgos debido a la inestabilidad de los terrenos que circundan el acueducto del Barrio San Diego. Así mismo, adelantar proyectos con miras a la obtención de los recursos necesarios y presentarlos ante la autoridad competente.

Agregó que, en los términos del parágrafo 1° de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad.

Que, de igual forma, actúan como instancias de coordinación de los municipios que existen en el territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento.

Indicó que, sin embargo en los términos de la citada ley, son los alcaldes los responsables de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Debiendo integrar acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión de riesgo de desastres, especialmente a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.

Resaltó que, el Departamento complementa las actividades de los municipios cuando lo soliciten; en ese sentido no existe evidencia de solicitud alguna al Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Risaralda, con relación a la problemática presentada en la cuenca de la quebrada Molinos y en los terrenos aledaños al acueducto del Barrio San Diego.

I.4.2. El FONDO propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en la que afirmó que los llamados a atender lo solicitado en la acción popular son las entidades territoriales que forman parte del Sistema Nacional para la Previsión y Atención de Desastres, para el caso concreto el Departamento de Risaralda y el Municipio de Dosquebradas, como quiera que las actuaciones que se pide adelantar no corresponden a la tercera fase de atención a la emergencia invernal- fenómeno de la niña 2010-2011- a cargo de dicha entidad.

I.4.3. La CARDER se opuso a la prosperidad de las pretensiones y argumentó la inexistencia de un daño imputable a ella pues, la existencia de un riesgo creado con ocasión de la emergencia invernal es un proceso erosivo que se facilita debido a las actividades agropecuarias y pecuarias de los moradores de la región, por lo cual existe falta de competencia de su parte para atender los riesgos naturales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley 9º de 1989, la Ley 388 de 1997, el Decreto 919 de 1989 y la Ley 1523 de 2012, los municipios son los responsables de adoptar las medidas y demás acciones a que haya lugar en materia de riesgos.

Adujo que la CARDER ha venido ejerciendo su labor de asesoría técnica, para lo cual emitió el concepto técnico nro. 1115 de 18 de mayo de 2012, el cual contiene todas las conclusiones y recomendaciones que se deben tener en cuenta para mitigar el riesgo. Dicha pericia técnica le fue remitida a la autoridad competente, es decir al Municipio, a fin de que ejecute las acciones y actividades allí contenidas.

Finalmente, solicitó que se le absuelva, por cuanto por mandato de la Ley 99 de 1993, el artículo 56 de la Ley 9º de 1989, la Ley 388 de 1997, el Decreto 919 de 1989 y la Ley 1523 de 2012 a la CARDER solamente le corresponden las funciones ambientales y de asesoría técnica que ha venido cumpliendo as través de los diversos informes técnicos rendidos y remitidos al Municipio, toda vez que son los entes territoriales los responsables de adoptar las medidas y demás acciones a que haya lugar en materia de riesgos.

I.4.4. El MUNICIPIO se opuso a la prosperidad de las pretensiones y afirmó que la situación de peligro de los habitantes del sector San Diego, no es consecuencia de la acción u omisión del ente territorial, sino de fenómenos naturales, como el invierno y la vulnerabilidad del terreno ubicado en la parte alta de dicho barrio, situación que explica los continuos deslizamientos de tierra de la ladera de la Quebrada Sabanitas.

Además, manifestó que el Municipio viene adelantando obras para la recuperación del acueducto del Barrio San Diego.

I.4.5. El MINISTERIO guardó silencio.

I.5 Pacto de Cumplimiento

El 12 de agosto de 2014 se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por no concurrir a dicha diligencia la parte actora.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia de 31 de julio de 2017, accedió a las súplicas de la demanda.

Para el efecto, señaló que de la prueba documental existente en el proceso, puede decirse que los habitantes de los sectores indicados por el accionante han solicitado de manera reiterada a la administración que se intervenga el sitio mencionado, con obras tendientes a mitigar la situación de riesgo que enfrentan, generándose la visita realizada el 18 de mayo de 2012, por la CARDER, en la que se describió la problemática y las recomendaciones a seguir para mitigar la misma.

Agregó que, conforme al material probatorio se encuentra plenamente acreditado el riesgo al cual están expuestos los habitantes del Barrio San Diego, que en razón del peligro, es necesario llevar a cabo los estudios y la ejecución de las obras para mitigar dicha amenaza, ante la ausencia de construcciones que generen estabilidad al terreno y eviten que se siga erosionando y socavando el mismo, tal como lo precisó la CARDER en los conceptos técnicos.

Por otro lado, precisó respecto del Fondo, que no se le puede endilgar una responsabilidad pues la causa eficiente de la vulneración a los derechos colectivos no guarda relación directa con circunstancias generadas por el fenómeno de la niña, sino por situaciones preexistentes originadas en su mayoría por factores antrópicos.

Frente a la CARDER señaló que si bien ésta no tiene que responder en cuanto a la obligación de construcción de obras, sí tiene la obligación legal de hacer el acompañamiento de las mencionadas obras, prestando la debida asesoría técnica a las entidades territoriales, en este caso al Municipio y al Departamento, así como las actividades de control y vigilancia.

Respecto del Departamento el a quo sostuvo que la ley le atribuye obligaciones frente a este tipo de problemática, al ser integrante del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, así como los municipios, pues ello lo dispone la Ley 1523 de 2012.

En consecuencia, manifestó que el Departamento integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se encuentra igualmente en la obligación de cumplir con los principios que permean esta función, establecidos en la Ley 1523 de 2012, que prevé los principios de coordinación, concurrencia y de subsidariedad, los cuales permiten la unión de esfuerzos y colaboración para dar eficacia a la gestión del riesgo en cumplimiento de esa colaboración armónica que debe existir entre las entidades públicas en desarrollo de los fines estatales cuyo único objetivo es lograr el bienestar de los asociados.

Así mismo, advirtió que el Municipio es la entidad facultada y obligada a realizar las obras civiles tendientes a aminorar el riesgo que existe por el socavamiento y erosión del talud que se encuentra en el sector, como son, las enlistadas en las pruebas técnicas y periciales, tales como: la canalización de las quebradas, construcción de taludes, construcción de obras de concreto reforzado, recubrimiento de la base de la ladera, la remoción de escombros si es del caso, y las que resulten pertinentes, según las condiciones actuales del lugar; obras que se deben realizar con la colaboración del Departamento y el acompañamiento de la CARDER dentro del marco de sus funciones.

Conforme a lo anterior el a quo dispuso lo siguiente:

“[…]

Declarar probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por el Fondo de Adaptación, según la parte motiva de la sentencia.

Exonerar de responsabilidad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Declarar NO probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas, municipio de Dosquebradas, departamento de Risaralda y Corporación Autónoma Regional de Risaralda- CARDER-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Se concede el amparo de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público, preservación y restauración del medio ambiente.

Declarar que el municipio de Dosquebradas ha incurrido en vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y prevención y restauración del medio ambiente, conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.

Ordenar al departamento de Risaralda y a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda continuar con el acompañamiento técnico y ambiental en la adopción de la solución de problemas que presenta en el sector del barrio San Diego, realizando los estudios respectivos para concretar las acciones y obras que se deben realizar para la solución definitiva a la problemática en estudio, así como ejercer las funciones de vigilancia y control, además de imponer las medidas administrativas- sancionatorias a que haya lugar, para que cumpla con las labores respectivas.

Ordenar conjuntamente al municipio de Dosquebradas ejecutar según el ámbito de sus competencias legales y constitucionales, en el término máximo de diez (10) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, si aún no se han hecho, las obras que sean conducentes para dar solución definitiva a los problemas de erosión, socavación, deslizamientos y demás en la zona del acueducto barrio San Diego y sus habitantes, siguiendo las recomendaciones dadas en los conceptos técnicos realizados por la CARDER y demás estudios técnicos actualizados y especializados que se realicen al momento de la contratación, todo de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

Se previene al Alcalde de Dosquebradas que se abstenga de volver a incurrir en las omisiones que dieron lugar a la vulneración que en esta sentencia se ha declarado.

[…] para que conformen físicamente el Comité de Verificación del Cumplimiento de la presente sentencia, cuyo coordinador para la convocatoria y demás menesteres será el alcalde municipal; quienes rendirán en el término de dieciocho (18) meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta providencia […] (negrillas y subrayas fuera de texo).”

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. El Municipio, indica que la sentencia recurrida se basa en los conceptos técnicos realizados por diferentes entidades los cuales se encuentran desactualizados, ya que datan del año 2012 y del año 2016 suscritos por la CARDER, pero se omite informar al Tribunal que ya se realizaron las obras producto de la ola invernal del año 2012, las cuales fueron:

Muro de contención para controlar proceso erosivo de afluente de la quebrada Molinos en la margen derecha, y proteger la conducción del acueducto en este sitio.
Submuración del puente vehicular de acceso a la vereda Molinos en ambos estribos mejorando la estabilidad.
Reforzamiento estructural en el tanque de almacenamiento existente del acueducto San Diego consistente en la plaza piso y columna central; de otra parte, encima de la plaza existente se construyeron columnas, plaza aérea y muros para la seguridad de la caseta y de Planta Potabilizadora.
Se gestionó con Femsa Coca Cola y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una planta de potabilización con el ánimo de mejorar las condiciones del acueducto y la prestación del servicio en cuanto a la calidad del agua.

Refiere que el a quo se basa en un dictamen del año 2016 y varios informes desactualizados de años anteriores, no pudiéndose evidenciar el estado actual de la zona, sin tener en cuenta la ola invernal a la que es sometida el Municipio tal y como se indica en uno de los dictámenes, situación ésta que es un hecho irresistible de la naturaleza, pero que a pesar de ello se pudieron llevar a feliz término varias intervenciones en el sitio objeto de la litis (anexa fotografías).

Resaltó la importancia de que el juez analice todas las pruebas obrantes en el proceso, ya que el Tribunal no realizó una visita de campo o no decretó una prueba previo a la sentencia en donde requiera al ente municipal para evitar este tipo de sentencias.

Por otro lado, manifestó que no comparte el término otorgado al Municipio, ya que 10 meses no son suficientes para poder llevar a cabo obras de mitigación y además, hay que tener en cuenta que el Municipio cuenta con 32 quebradas, a la gran mayoría de las cuales se les debe hacer alguna intervención. Afirmó que con el presupuesto anual a dicho Municipio le queda imposible hacer inversiones solamente para obras de mitigación, por lo que para poder ejecutarlas se deben presentar distintos proyectos a nivel central a las distintas entidades, tales como el DPS, entre otras.

Así mismo, indicó que la orden del a quo representa una flagrante violación a los principios consagrados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, ya que debe guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, el Plan de Inversiones, el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones.

En consecuencia, concluyó que la sentencia proferida, entendida como un pronunciamiento de una orden judicial de inmediato cumplimiento, 10 meses, viene a ser improcedente, cuando se trata de obtener que se lleve a cabo determinada obra pública que no se encuentra legal y debidamente incluida en el Presupuesto Anual de Gastos del ente territorial.

III.2. El Departamento refirió que la ubicación o el sitio en donde sucedieron los hechos corresponde a la jurisdicción del Municipio, entidad descentralizada del orden territorial, con autonomía administrativa y financiera y que en los términos del artículo 311 de la Constitución Política, como entidad fundamental de la división político- administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, al igual que construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.

Indicó que, al Departamento en los procesos de atención y prevención de desastres le asiste un vínculo institucional y de coordinación en los procesos de prevención o mitigación de los posibles eventos en atención a la información suministrada bien directamente por los afectados o a través de las entidades públicas, ya que a los municipios como entes autónomos les corresponde ejercer sus competencias.

Por otra parte, señaló que el a quo insta al Departamento junto con la CARDER a la realización de estudios respectivos para concretar las acciones y obras que se deben realizar para dar solución definitiva a la problemática en estudio, cuando dichos estudios técnicos son de competencia exclusiva del Municipio, por ser esta entidad titular de la gestión del riesgo en su jurisdicción; tal y como lo dispone el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, el cual señala que el alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del mismo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

Agregó que, el Municipio como titular de la Gestión del Riesgo en su jurisdicción, es la entidad territorial encargada presupuestalmente de llevar a cabo los proyectos de inversión, en sus diferentes etapas: preinversión (estudios y diseños), inversión, ejecución y operación, conforme al régimen contractual vigente y así llevar a cabo las acciones y obras que demandan las zonas afectadas, en especial la bocatoma del acueducto del Barrio San Diego.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público rindió concepto en los siguientes términos:
Señaló que es desacertada la descalificación de la decisión del Tribunal por parte del Municipio, con fundamento en la creencia de que las fotos aportadas son plena prueba del cumplimiento de lo ordenado, debido a que las fotografías pueden ilustrar imágenes que tienden a ese propósito, pero no logran tal cometido, pues son ilustraciones que podrían coincidir con otros lugares o circunstancias y no necesariamente con las que son objeto de intervención; pues eso, solo podría confirmarlo la verificación directa de las autoridades ambientales, especialmente la que generó la necesidad de construcción de obras para la prevención y mitigación.

En cuanto a las prevenciones presupuestales, indicó que son claros los mandatos de la Ley 1523, en cuanto atañe a las entidades territoriales incluir en los planes de ordenamiento territorial y de planeación las previsiones adecuadas a enfrentar los riesgos estudiados previamente en cada localidad.

Por otra parte, precisó que la Gobernación es una instancia de dirección del sistema en la respectiva entidad territorial, pero esto no quiere decir que la condena al acompañamiento técnico y ambiental esté por fuera de la colaboración armónica que une a todas las instituciones y, menos tratándose de la prevención de desastres, pues justamente la ley ha reunido a la institucionalidad en torno a las soluciones efectivas contra los riesgos, por ello si cuenta con instancias que permitan concretar acciones y obras, no está demás realizar ese acompañamiento, pues puede entenderse que los municipios pueden ser los que cuentan con menos recursos para esos efectos y bien les vendría esa colaboración.

Agregó que, la sentencia puede interpretarse por el lado de la conjugación de esfuerzos para lograr fines queridos por todas las instituciones involucradas y especialmente por la comunidad afectada; pues el Municipio es parte del Departamento y debe contar con su apoyo, es decir, en materia de prevención de desastres y seguridad ciudadana prevalece el principio de colaboración armónica institucional.

Así mismo, sostuvo que los elementos probatorios reclamados por el Municipio como plena prueba, son ilustrativos pero no definitivos, para tener certeza sobre el cumplimiento completo y eficaz que lleve a minimizar los riesgos sobre la población y los bienes de esta en el sector, por lo que estima que la sentencia es acertada en ordenar la protección de los derechos colectivos invocados.

Finalmente, considera que la integración del Comité de Verificación no debe tardar tanto para presentar los informes, por lo cual estima procedente conminar al citado comité para que oportunamente de a conocer tales informes al interior de la actuación judicial, a la mayor brevedad posible. Además estima que la sentencia puede ser adicionada con tareas de prevención respecto de la comunidad que podría resultar afectada en caso de desastre en sus inmediaciones.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

En el presente asunto, los recurrentes pretenden que se revoque el fallo impugnado proferido por el a quo, en lo que respecta a la declaratoria de vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda por parte del Municipio y respecto a la orden de adoptar las obras que sean conducentes para dar solución definitiva al problema que se presenta en el sector del Barrio San Diego, en el término máximo de 10 meses; y en lo concerniente a la declaratoria del acompañamiento técnico y ambiental del Departamento al Municipio, realizando los estudios respectivos para concretar las acciones y obras que se deben llevar a cabo para la solución definitiva de la problemática.

Sobre el particular, corresponde a la Sala determinar si: i) el Municipio es responsable de la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda; si es procedente que el Municipio adopte las obras que sean conducentes para dar solución definitiva al problema que se presenta en el sector del Barrio San Diego, en el término máximo de 10 meses o si ya las realizó; y ii) si el Departamento debe realizar un acompañamiento técnico y ambiental al Municipio, a través de los estudios respectivos para concretar las acciones y obras que se deben acometer para la solución definitiva de la problemática.

Para dilucidar la controversia, previamente la Sala debe precisar lo siguiente:

El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

Acerca del contenido y alcances de este derecho, la Sección Primera del Consejo de Estado, en un fallo de acción popular consideró lo siguiente:

“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio”.

Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este derecho haciendo énfasis en su vocación de “evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad”, ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen antropocéntrico (v.gr., contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones).

Pese al talante preventivo de este derecho colectivo, nada obsta para que su amparo pueda presentarse también ante situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones concretas de los derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la comunidad y a las personas que la conforman, y que, por ende, ameritan la intervención del Juez Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria de los derechos que amparan.

De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a la seguridad pública ha sido definido como “parte del concepto de orden público (…) concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad (…) Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas”. Supone, entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con la asunción permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de aquellos ámbitos de la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la actuación anticipada o preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar de sus actuaciones. No se puede olvidar que es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello, lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales
[…]”.

De la misma forma, la Sala ya ha hecho énfasis respecto de lo indicado por la Corte Constitucional en relación con el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, así:

“[…] El derecho a la prevención y atención de desastres está consagrado en la ley 472 de 1998, como un derecho de carácter colectivo a la seguridad y la prevención de desastres técnicamente previsibles. En principio, el derecho carece de jerarquía constitucional y su protección debe perseguirse mediante las acciones colectivas, de grupo o de cumplimiento. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, las acciones populares tienen como objetivos “evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”, y su procedencia está sujeta a que se presente: “a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses”. A su turno, la procedencia de la acción de tutela para la protección de intereses y derechos colectivos es excepcional, pues dada la existencia de procedimientos legales idóneos para su defensa, en los cuales se puede llevar a cabo un amplio debate probatorio y buscar las medidas para una adecuada protección a derechos que se caracterizan por su naturaleza difusa (titularidad individual y colectiva), la obligatoriedad de su defensa por parte de todos los niveles de la comunidad (particulares, empresas, autoridades públicas y comunidad internacional), y la necesidad de adoptar un enfoque de prevención, hace que la participación del juez de tutela se encuentre plenamente limitada a perseguir la protección de posiciones subjetivas de derechos fundamentales que se encuentren amenazadas […]”. (Negrillas del original)

Acerca del contenido y alcance de este derecho, la Sección Primera del Consejo de Estado, en un fallo de acción popular reiteró lo siguiente:

“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio”.

Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este derecho haciendo énfasis en su vocación de “evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad”, ya no solo naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías, tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen antropocéntrico (v.gr., contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes, productos, actividades o instalaciones) […]”.

Caso Concreto

De las pruebas recaudadas se destacan las siguientes:

1. El concepto técnico 1115 de 18 de mayo de 2012, expedido por la CARDER, del cual se desprende lo siguiente:

“[…]

CONCLUSIONES

Es útil señalar inicialmente que la bocatoma del Acueducto de San Diego, se ubica sobre la quebrada Gaviotas (1158643 E, 1026398 N), afluente derecho de la quebrada Molinos, lo cual significa que ante flujos generados por las zonas de deslizamiento diferenciadas en la microcuenca, no influyen en impactos potenciales sobre la captación, sino que estarían relacionados exclusivamente con la conducción del Acueducto, presentándose exposición al riesgo principalmente por flujos y procesos de socavación, tal como el referido para el sector de la Granja Samantha.

Los principales problemas de deslizamiento evidenciados, se han originado de inadecuadas coberturas y prácticas agropecuarias sobre cabeceras y laderas de alta pendiente dejando áreas desprovistas de vegetación del orden total de 2.0 Ha, y en consideración de los gradientes en el sector de la finca Peña Flor y el represamiento existente aguas abajo, pueden determinar la ocurrencia de flujos de lodo, cuyo mayor impacto se relacionaría con la conducción del Acueducto de San Diego.

RECOMENDACIONES

Las áreas afectadas por deslizamientos y cárcavas sobre las laderas de la microcuenca Molinos deben permanecer aisladas a través de cercas o barreras vivas, las cuales deben efectuarse a cierta distancia de las grietas de tensión y coronas de deslizamiento.
Se evidencia una vez más la necesidad de emprender acciones de siembra sobre los cauces afectados, tanto permanentes como intermitentes, con el uso de materiales vegetales de rápido rebote, tales como leucaena, quiebrabarrigo, matarratón, entre otros, a través de estacas vivas hincadas verticalmente en el terreno, las cuales a su vez sostienen tendidos de estacas individuales sembradas horizontalmente, o también con el apoyo de trinchos de poca altura que permitan la recuperación integral de los perfiles involucrados, la recuperación de vegetación protectora.
Es importante y de carácter urgente realizar acciones de despeje del sitio de represamiento, removiendo materiales vegetales allí acumulados y evitando que la sección se cierre ante el gran aporte de suelos procedentes del deslizamiento de la margen izquierda, para lo cual se requerirá por parte de la Administración Municipal efectuar las acciones correspondientes.
Se insiste en desarrollar acciones de monitoreo y seguimiento, por parte de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres de Dosquebradas, en relación con la eventual generación de flujos de lodo sobre la microcuenca Molinos, extendiéndolo a otros sectores de la microcuenca.
Sobre el sitio de afectación de la conducción del Acueducto San Diego, se pueden establecer sistemas de anclaje con mallas pernadas para fijar las conducciones al talud, y promover la revegetalización sobre el talud. Dada la verticalidad de los taludes en dicho sitio no se considera pertinente la construcción de muros de contención u otras obras que puedan generar cierre de la sección hidráulica del cauce.
Así mismo, es necesario considerar que por tratarse de áreas de influencia sobre sistemas de abastecimiento de aguas, de los barrios San Diego y San Fernando, es importante que la Administración Municipal inicie procesos de compra de predios, en aplicación del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, de tal forma que puedan destinarse dichas áreas a la consolidación de coberturas vegetales protectoras”.

2. La CARDER allegó el Concepto Técnico 2298 de 27 de septiembre de 2012, en el que se reiteran y complementan las recomendaciones efectuadas en el concepto técnico 1115 de 18 de mayo de 2012, así:

“[…] RECOMENDACIONES

Se reiteran y complementan las recomendaciones efectuadas mediante concepto técnico nro. 1115 de mayo 18 de 2012, donde se debe efectuar énfasis en los siguientes aspectos:
-Las áreas afectadas por deslizamientos y cárcavas sobre la ladera de la microcuenca Molinos, deben permanecer aisladas a través de cercas o barreras vivas, las cuales deben efectuarse a cierta distancia de las grietas de tensión y coronas de deslizamiento.
• Se evidencia una vez más la necesidad de emprender acciones de siembra sobre los cauces afectados tanto permanentes como intermitentes, con el uso de materiales vegetales de rápido rebrote, tales como leucaena, quiebrabarrigo, matarratón, entre otros, a través de estacas vivas hincadas verticalmente en el terreno, las cuales a su vez sostienen tendidos de estacas individuales sembradas horizontalmente o también con el apoyo de trinchos de poca altura que permitan la recuperación integral de los perfiles involucrados. Estas medidas cumplirán la función de restablecer perfiles y gradientes sobre cauces y laderas, actuar como disparadores de energía por flujo de aguas de escorrentía, la reducción de fuerzas motoras en laderas inestables, y el control sobre el aporte de sedimentos.
-Es importante y de carácter urgente realizar acciones de despeje del sitio de represamiento, aporte de suelos procedentes del deslizamiento de la margen izquierda, para lo cual se requerirá por parte de la Administración Municipal efectuar las acciones correspondientes.
-Se insiste en desarrollar acciones de monitoreo y seguimiento, por parte de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres de Dosquebradas, en relación con la eventual generación de flujos de lodo sobre la microcuenca Molinos, incluyendo los sectores donde se han evidenciado nuevos deslizamientos.
-Sobre el sitio de afectación de la conducción del Acueducto San Diego, se pueden establecer sistemas de anclaje con mallas pernadas para fijar las conducciones al talud, y promover la revegetalización sobre el talud. Dada la verticalidad de los taludes en dicho sitio no se considera pertinente la construcción de muros de contención u otras obras que puedan generar cierre de la sección hidráulica del cauce.
• Así mismo, es necesario considerar que por tratarse de áreas de influencia sobre sistemas de abastecimiento de aguas, de los barrios San Diego y San Fernando, es importante que la Administración Municipal inicie procesos de compra de predios, en aplicación del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, de tal forma que puedan destinarse dichas áreas a la consolidación de coberturas vegetales protectoras, y disminuir la presión de actividades agropecuarias sobre la parte alta de la microcuenca, sobre las veredas Molinos, Alto de Toro y Sabanitas.
-En el caso de las afectaciones sobre la cabecera de la quebrada Gaviotas, en el sector aledaño a la Congregación Israelí, y según se relaciona en el concepto técnico nro. 1362 de junio 19 de 2012, dirigido a la Administración Municipal, es necesario el control de factores contribuyentes al origen del problema de erosión concentrada, a través del diseño y manejos de aguas lluvias sobre la vía de acceso hacia la vereda Sabanitas, de tal modo que se evite su escurrimiento libre hacia el sector de la cancha y su posterior concentración por escorrentía e infiltración sobre la zona de cárcavas evidenciada.

De igual forma, es muy importante el mejoramiento de coberturas vegetales arbustivas y arbóreas, sobre dicha cabecera, donde se presentan zonas destinadas a cultivos, de tal forma que se busque continuidad con el bosque de galería observado sobre el eje del cauce de la quebrada Gaviotas.
-Para la misma cabecera de la quebrada Gaviota, y en particular sobre la zona de afectación más severa por carcavamiento retrogresivo, emprender acciones de intervención biomecánicas, tales como trinchos en forma de vertedero o diques formados con sacos en tierra, que permitan reconformar los perfiles longitudinales del cauce, lo que paralelamente debe efectuarse con la siembra de especies arbustivas y arbóreas, para la consolidación de una adecuada protección sobre la cabecera de un drenaje aferente acueducto […] (Negrilla y subrayas fuera de texto)”.

3. Obra la declaración del Ingeniero Iván Galeano Guzmán, de la cual se resalta, lo siguiente:

“[…] PREGUNTADO: Indíquele al Despacho si se han adoptado las medidas preventivas y correctivas necesarias tendientes a mitigar el riesgo que generan los deslizamientos de tierra provenientes del represamiento de la quebrada los Molinos del municipio de Dosquebradas en el acueducto comunitario del Barrio San Diego. CONTESTO: el municpio hizo un muro de contención para contener la precipitación porque precisamente cada vez que llovía se llevaba un pedazo. El testigo pone de presente un documento que denomina “obras de estabilización Acueducto comunitario San Diego”, en donde se observan dos (2) fotografías, sobre las cuales manifiesta: Aquí tenemos la quebrada y el talud, en las olas invernales entonces que pasa, bajan las aguas de escorrentías del talud a las quebradas y debido a la ola invernal hace lo que muestra la fotografía se presentan procesos erosivos en el talud que es la parte amarilla de la fotografía, ahí se ven los ductos del acueducto, que son dos, entonces cada que este proceso se activa se reventaban los ductos, entonces se hizo el muro de contención que es la otra fotografía y entonces ya quedan los ductos por detrás y el muro por delante y al frente la quebrada respetando la capacidad hidráulica de la quebrada […].”

4. Además, obra la declaración de la señora Claudia Elena Carmona Builes, la cual manifestó, entre otros, lo siguiente:

“[…] PREGUNTADA: Sírvase informar al Despacho si sabe que actividades se han adelantado para conjurar los problemas del acueducto comunitario del barrio San Diego del municipio de Dosquebradas. En caso afirmativo diga cuáles y el estado actual del mencionado acueducto. CONTESTO: si se han hecho actividades, en el año 2013, se culminaron unas actividades realizadas por la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Dosquebradas y se construyó un muro de contención cerca a la bocatoma principal ya que allí cada rato se presentaban desprendimiento de tierras en ese sector, se recalzó un puente en la vereda sabanitas que une la vereda sabanitas con el barrio primavera azul y el sector de debajo de San Diego, se construyó parcialmente una caseta de cloración en el tanque principal del acueducto de San Diego (….), en este momento al acueducto se le ha hecho un diagnóstico por parte de la Secretaría de Obras y la OMPADE de Dosquebradas donde el diagnóstico es construir un dique en la quebrada Molinos cerca a los filtros y tanques desarenadores del acueducto de San Diego para así poder desviar el agua en una posible avalancha, la otra es la tubería que viene desde el nacimiento gaviotas cambiarla por una manguera polietileno de alta densidad para que pueda soportar en un momento dado una cantidad x de tierra que le caiga encima […] (Negrilla y subrayas fuera de texto).”

5. Obra Oficio nro. 16917 de 22 de noviembre de 2016, expedido por la CARDER, en el que señaló lo siguiente:

“[…] Conforme al análisis multitemporal, basado en imágenes de satélite de alta resolución se evidencian procesos de regeneración vegetal hacia los tercios distales de los fenómenos diferenciados, que aunque representan una reducción de las condiciones de amenaza y riesgo, es evidente que aún requieren intervenciones como las contenidas en el Concepto Técnico 1115 de 18 de mayo de 2012 […] (negrillas y subrayas fuera de texto).”

El Municipio sostiene en el recurso de apelación, en primer lugar, que no existe ninguna evidencia o material probatorio que certifique o compruebe la existencia de un daño, amenaza o peligro ambiental de su parte, ya que la sentencia recurrida se basa en conceptos técnicos desactualizados, y que el Municipio ya realizó las obras producto de la ola invernal del año 2012.

Así mismo, indicó que el término de 10 meses no es suficiente para poder llevar a cabo obras de mitigación, ya que con el presupuesto anual a dicho Municipio le queda imposible hacer inversiones solamente para obras de mitigación y que no se encuentra incluida en el Presupuesto Anual de Gastos del ente territorial.

Ahora bien, en primer lugar, es del caso señalar que mediante la Ley 1523, se adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres como “un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.” Asimismo, dispuso que era una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros, la seguridad territorial y los derechos e intereses colectivos de las poblaciones y las comunidades en riesgo, razón por la que debe estar intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.

La anterior definición es complementada por el numeral 11 del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que la gestión del riesgo también implica la promoción de una mayor conciencia del mismo, que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entendida como rehabilitación y reconstrucción.

Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a todas las autoridades y habitantes del territorio. En consecuencia, en tratándose de las autoridades, asignó a las entidades públicas, privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución de los procesos de gestión del riesgo que comprenden conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades.

En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –Sistema Nacional-, dispuso su artículo 5° que era el conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el País.

En cuanto a su organización, el Sistema de Gestión del Riesgo a nivel nacional está dirigido por el Presidente de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los Gobernadores y Alcaldes en sus respectivas jurisdicciones.

En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la Ley 1523 otorgó funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los Alcaldes y Gobernadores. Respecto de los primeros, la norma en comento asignó las siguientes funciones:

1.- Como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.

2.- Les corresponde integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.

3.- Conforme al parágrafo del artículo 39, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines.

Según el artículo 40 ibidem, tales programas y proyectos incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros.

De lo que ha quedado reseñado se colige que el Alcalde en su calidad de conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción, ello en concordancia con los artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, que definen al Municipio como la entidad territorial fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su territorio.

En consecuencia, concluye la Sala que en materia de gestión de riesgo, al que le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, etc., las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente, al Municipio en cabeza de su Alcalde.

Ahora, de las pruebas que se dejaron reseñadas se extrae la existencia de un daño y tan cierto es ello que el Municipio en el recurso de apelación admite tal situación, empero aduce que ya realizó las obras que se requerían para solucionar los problemas en el Barrio San Diego, en virtud de la ola invernal.

Para el efecto, resaltó la construcción de un muro de contención para controlar el proceso erosivo de afluente de la quebrada Molinos en la margen derecha, y proteger la conducción del acueducto en este sitio, la submuración del puente vehicular de acceso a la vereda Molinos en ambos estribos mejorando la estabilidad, el reforzamiento estructural en el tanque de almacenamiento existente del acueducto de San Diego consistente en la plaza piso y columna central, de otra parte encima de la plaza existente; que se construyeron columnas, plaza aérea y muros para la seguridad de la caseta y de Planta Potabilizadora (anexó fotografías).

Sobre el particular, la Sala advierte que si bien no desconoce que el Municipio haya adelantado ciertas obras para controlar el proceso erosivo del afluente de la quebrada Molinos y algunas obras de reforzamiento estructural del acueducto con ocasión de la ola invernal del año 2012, no es menos cierto que, de una parte, el Tribunal no se fundamentó únicamente en informes que el recurrente califica de “desactualizados”, sino que, como quedó visto, el 22 de noviembre de 2016, esto es, a escasos meses de proferirse el fallo impugnado, la CARDER previa visita técnica al sitio en cuestión, reiteró la necesidad de acometer las obras a que se aludió en el Concepto Técnico de 18 de mayo de 2012, dejando en evidencia que el Municipio no está cumpliendo con las recomendaciones que dicha entidad estableció en los conceptos técnicos que fueron aportados al expediente, tales como el aislamiento a través de cercas o barreras vivas respecto de la microcuenca Molinos; la necesidad de emprender acciones de siembra sobre los cauces afectados tanto permanentes como intermitentes, con el uso de materiales vegetales de rápido rebrote; despeje del sitio de represamiento; el desarrollo acciones de monitoreo y seguimiento, por parte de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres de Dosquebradas; la instalación de sistemas de anclaje con mallas pernadas para fijar las conducciones al talud; y que se haya promovido la revegetalización sobre el talud; así mismo, que el Municipio haya iniciado procesos de compra de predios, en aplicación del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, de tal forma que puedan destinarse dichas áreas a la consolidación de coberturas vegetales protectoras; que se haya establecido el diseño y manejos de aguas lluvias sobre la vía de acceso hacia la vereda Sabanitas y el mejoramiento de coberturas vegetales arbustivas y arbóreas, sobre dicha cabecera, donde se presentan zonas destinadas a cultivos; y, el emprendimiento de acciones de intervención biomecánicas, tales como trinchos en forma de vertedero o diques formados con sacos en tierra, que permitan reconformar los perfiles longitudinales del cauce, lo que paralelamente debe efectuarse con la siembra de especies arbustivas y arbóreas, para la consolidación de una adecuada protección sobre la cabecera de un drenaje aferente al acueducto.

Así mismo, la Sala resalta que los conceptos técnicos determinaron las circunstancias generadoras de la problemática de socavación y deslizamientos de la zona, las cuales han sido en su mayoría factores antrópicos, como las inadecuadas coberturas y prácticas agropecuarias sobre la cabecera la ladera alta de la pendiente dejando áreas desprovistas de vegetación y el represamiento aguas abajo relacionado con la conducción del Acueducto San Diego, problemáticas éstas que pueden empeorar en temporada invernal.

Por lo tanto, la Sala estima que las pruebas allegadas por el Municipio, esto es, el registro fotográfico de los trabajos realizados durante la ola invernal del año 2012, no son suficiente para concluir que los problemas de erosión, socavación y deslizamiento en la zona del acueducto del barrio San Diego están controlados pues, como ya se dijo, no se han cumplido todas las recomendaciones dadas por la CARDER en los conceptos técnicos mencionados, reiterados en el oficio de 22 de noviembre de 2016.

Adicional a lo anterior, hay que resaltar que las Corporaciones Autónomas Regionales son integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y es su función, además de las establecidas en las Leyes 99 y 388, apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en la elaboración de estudios “necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo”, según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1523. Por lo tanto, los entes territoriales deben seguir las recomendaciones de dichas corporaciones para realizar las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental de su territorio.

En consecuencia, es procedente conforme al carácter preventivo que reviste la acción popular, señalar que corresponde al Municipio, según lo dispuesto en la Ley 1523, realizar las obras necesarias para solucionar los problemas de erosión, socavación y deslizamientos en la zona del acueducto del barrio San Diego, siguiendo las recomendaciones técnicas de la CARDER, pues es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, de ahí que la Sala considere que asistió razón al a quo al declarar la amenaza de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres por parte de aquél.

Ahora, respecto de lo alegado por el Municipio en el escrito de impugnación, en el sentido de que le queda imposible ejecutar las obras de mitigación dentro del término de 10 meses, teniendo en cuenta el presupuesto anual de dicho Municipio por falta de recursos, amén de que la orden desnaturaliza el concepto de gestión administrativa, ya que dicho ente territorial debe planificar, programar y no puede hacer ningún gasto público que no esté aprobado en dicha vigencia fiscal, la Sala precisa que la falta de disponibilidad presupuestal para adelantar obras públicas no es excusa para el incumplimiento por parte de las autoridades demandadas de las obligaciones tendientes a la protección de los derechos e intereses colectivos.

Ciertamente, la ejecución de una obra pública supone la disponibilidad de recursos así como el agotamiento del procedimiento legal de contratación de la misma por lo que al emitirse una orden en esa dirección deben tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las condiciones financieras de los entes públicos y la naturaleza y alcance de las obras a realizar.

Desde esta perspectiva, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 11 de mayo de 2006, en relación con la gestión administrativa y financiera para obtener los recursos necesarios o disponibilidad presupuestal para adelantar obras públicas, consideró lo siguiente:

“[...]

Ha sido criterio reiterado de la Sala el que la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección aquella se instauró, tal como ocurre en este asunto, y que ante esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades públicas que efectúen las gestiones administrativas y financieras indispensables para obtener los recursos necesarios. En efecto, ciertamente la ejecución de una obra pública supone la disponibilidad de recursos así como el agotamiento del procedimiento legal de contratación de la misma, por lo que al emitirse una orden en esa dirección debe tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las condiciones financieras de los entes públicos y la naturaleza y alcance de las obras a realizar. Por lo tanto, ante una circunstancia como la alegada en la impugnación, es deber de las autoridades públicas adelantar las actuaciones de orden administrativo, presupuestal y financiero que permitan la consecución de los recursos necesarios para adelantar las obras ordenadas, aclarándose, en todo caso, que si bien dichas gestiones no pueden ser inmediatas, tampoco pueden prolongarse en el tiempo, ya que en modo alguno pueden los entes públicos dilatar indefinidamente las soluciones a las necesidades colectivas ni permanecer indiferentes ante los riesgos que amenacen los derechos y la seguridad de los ciudadanos […] (Negrillas fuera de texto)”.

Posteriormente, en sentencia del 17 de julio de 2008, ésta Corporación precisó:

“[...]

La Sala ha venido reiterando en sus fallos que la carencia de recursos económicos no excusa el incumplimiento de las obligaciones tendientes a la protección de los derechos colectivos, ni menos aún justifica su amenaza o vulneración. Ha dicho: “La falta de disponibilidad presupuestal y de existencia real de recursos no es, en manera alguna, argumento válido para destruir el acervo probatorio que sustenta el fallo del inferior y que se puntualiza en la indudable demostración de los hechos que sirvieron de fundamento al ejercicio de la acción popular”. En el mismo sentido, en oportunidad posterior dijo la Sala:“La falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección de instauró. Cosa distinta es que ante esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades… que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtenerlos.
[…] (Negrilla fuera de texto].”

Así mismo, la Sección Primera de esta Corporación reiteró lo siguiente:

“[…] Tampoco resultan de recibo los argumentos de orden económico para justificar la omisión de las demandadas, pues se ha sostenido de manera reiterada que frente a la acreditada vulneración de derechos colectivos lo procedente es acometer de manera eficaz y sin dilaciones injustificadas todas las gestiones necesarias para prever y lograr los recursos indispensables a fin de realizar las labores que lleguen a conjurar su afectación.

Acerca de este tema la Sección Primera del Consejo de Estado ha dicho en su jurisprudencia que:

“La falta de disponibilidad presupuestal y de existencia real de recursos no es, en manera alguna, argumento válido para destruir el acervo probatorio que sustenta el fallo del inferior y que se puntualiza en la indudable demostración de los hechos que sirvieron de fundamento al ejercicio de la acción popular.”

En el mismo sentido, en oportunidad posterior dijo:

“la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección se instauró. Cosa distinta es que ante esta situación lo procedente sea ordenar a las autoridades […] que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtenerlos […].”

Es importante resaltar que la finalidad de las acciones populares es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, motivo por el cual el juez constitucional está en la libertad de impartir las órdenes que a su parecer resulten más apropiadas e idóneas para el cometido final de protección y restablecimiento de los derechos colectivos amenazados o vulnerados.

Así mismo, se debe destacar el carácter preventivo del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el cual tiene como vocación “evitar la consumación de los distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad”, que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública.

Dentro de los parámetros antes expuestos, se reitera que la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección de instauró. Cosa distinta es que ante esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtenerlos.

En este orden de ideas, la Sala encuentra que es procedente modificar el numeral 7° de la parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de ordenar al Municipio de Dosquebradas que a más tardar en el término de la próxima vigencia fiscal del año 2019, deberá efectuar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar las obras que sean conducentes para dar solución definitiva a los problemas de erosión, socavación, deslizamientos y demás en la zona del acueducto del Barrio San Diego y sus habitantes, siguiendo las recomendaciones dadas en los conceptos técnicos realizados por la CARDER, y demás estudios técnicos actualizados y especializados que se realicen al momento de la contratación, de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de la sentencia.

Así mismo, es procedente modificar el numeral 9° de la parte resolutiva de la sentencia, tal y como lo sugiere el Ministerio Público, en el sentido de precisar que el Comité de verificación y cumplimiento debe rendir un informe detallado e ilustrado sobre las gestiones realizadas y el avance en el cumplimiento de la orden dada, en lapsos trimestrales a partir de la firmeza de esta sentencia.

En lo que respecta a la inconformidad del Departamento, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

El ente territorial señaló en el recurso de apelación que no ha vulnerado los derechos invocados como transgredidos, ya que la responsabilidad inicial recae directamente sobre el Municipio en donde se encuentra ubicada territorialmente la zona que presuntamente está en estado de vulneración.

Al respecto, hay que señalar que el Sistema de Gestión del Riesgo a nivel nacional está dirigido por el Presidente de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los Gobernadores y Alcaldes en sus respectivas jurisdicciones.

En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la Ley 1523, otorgó funciones específicas en materia de gestión del riesgo a Gobernadores, así:

“[…] Para los Gobernadores las funciones son las siguientes:
1.- “[…] Proyectar a las regiones la política del Gobierno Nacional en materia de gestión del riesgo […]”.
2.- “[…] Responder por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres […]”.
3.- “[…] Poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio […]”.
4.- “[…] Integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad […]”.
5.- “[…] Coordinar los Municipios de su territorio de manera concurrente y con subsidiariedad positiva […]”.

Así mismo, la Sala encuentra que las funciones encomendadas a cada uno de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están regidas por los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, los cuales fueron definidos por la misma Ley 1523 de la siguiente manera:

“[…] 12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.
14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada […]” (Negrillas fuera de texto).

Tales principios están reconocidos en el artículo 288 de la Constitución Política como rectores en el ejercicio de las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y fueron desarrollados por la Ley 136, que en su artículo 4° dispuso:

“[…] Artículo  4º.- Principios rectores del ejercicio de competencia. Modificado por el art. 3, Ley 1551 de 2012. Los  municipios ejercen las competencias que les atribuye la Constitución y la Ley, conforme a los principios señalados en la Ley orgánica de ordenamiento territorial y en especial con sujeción a los siguientes:
a) COORDINACIÓN: En virtud de este principio, las autoridades municipales al momento de desarrollar y ejercitar sus propias competencias deberán conciliar su actuación con el principio armónico que debe existir entre los diferentes niveles de autoridad en ejercicio de sus atribuciones;
b) CONCURRENCIA: Cuando sobre una materia se asignen a los municipios, competencias que deban desarrollar en unión o relación directa con otras autoridades o entidades territoriales, deberán ejercerlas de tal manera que su actuación no se prolongue más allá del límite fijado en la norma correspondiente, buscando siempre el respeto de las atribuciones de las otras autoridades o entidades;
c) SUBSIDIARIEDAD: Cuando se disponga que los municipios pueden ejercer competencias atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, en subsidio de éstos, sus autoridades sólo entrarán a ejercerlas una vez que se cumplan plenamente las condiciones establecidas para ellos en la norma correspondiente y dentro de los límites y plazos fijados al respecto […].”

De la misma forma, señala la norma que cuando por razones de orden técnico o financiero debidamente justificadas, los municipios no puedan prestar los servicios que les impone la Constitución y la Ley, las entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad deberán contribuir transitoriamente a la gestión de los mismos, a solicitud del respectivo municipio. Las gestiones realizadas en desarrollo de este principio se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia y en procura de fortalecer la autonomía local.
Al respecto, vale la pena traer a colación lo señalado por esta Sala sobre la competencia que tienen los Departamentos frente a la protección del medio ambiente y la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en lo siguiente:

“[…]

Es preciso advertir que en el presente asunto el derecho a la seguridad y prevención de desastres se encuentra conexo con el derecho a un ambiente sano, en la medida que de acuerdo a lo establecido en los literales d y f del artículo 8º del Decreto 2811 de 1974, son considerados como factores que deterioran el medio ambiente las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas y los cambios nocivos del lecho de las aguas, por lo que la desviación de un cauce constituye una variación de un afluente hídrico, lo que se hace necesaria la implementación de medidas tendientes a mitigar, prevenir y corregir dicha situación en aras de proteger el medio ambiente y los recursos naturales.

Es por ello que la desviación de un cauce no sólo constituye una amenaza para la población cercana a las fuentes hídricas donde se presenta dicha alteración, sino que ocasiona una afectación al medio ambiente, por lo tanto es deber de las autoridades competentes, adoptar las medidas para efectos de mitigar y prevenir los efectos generados por la alteración o desviación de los cauces.

En el caso en particular se tiene que el decreto 1222 de 1986 en el artículo 7º literal e) establece que le corresponde a los departamentos “Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias por la conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación de los recursos naturales”.

Así mismo, el numeral 2º del artículo 300 de la Constitución Política establece que: “Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: 2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera.”

De otro lado la ley 99 de 1993, otorgó a los departamentos competencias relacionadas con la regulación de fuentes hídricas y, en general con la preservación y conservación del medio ambiente, de la siguiente manera:

“Artículo  64º.- Funciones de los Departamentos. Corresponde a los Departamentos en materia ambiental, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen a los Gobernadores por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:

Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Expedir, con sujeción a las normas superiores, las disposiciones departamentales especiales relacionadas con el medio ambiente.

Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de programas y proyectos y en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano.
Desarrollar, con la asesoría o la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales, programas de cooperación e integración con los entes territoriales equivalentes y limítrofes del país vecino, dirigidos a fomentar la preservación del medio ambiente común y los recursos naturales renovables binacionales.
Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas.
Coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables.”

En ese orden de ideas, los departamentos, conforme al principio de armonía regional consagrado en el artículo 63 de la ley 99 de 1993, deben desarrollar sus funciones legales relacionadas con la protección del medio ambiente y la defensa contra las inundaciones y regulación de cauces, de manera conjunta y coordinada con las demás entidades territoriales que integran el SINA, con el objeto de proteger y preservar el medio ambiente y garantizar la seguridad y prevención de desastres.

Por su parte, la Ley 1523 de 2012, en su artículo 14, establece de forma expresa que el Alcalde como máxima autoridad local del Distrito o Municipio, es el responsable directo en la implementación de procesos de gestión de riesgo, es por ello que, le impone la obligación de integrar en la planificación del desarrollo local acciones estratégicas en materia de gestión de riesgo de desastres mediante los Planes de Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, dicha competencia relacionada con la gestión del riesgo de desastres, también le es atribuible a los departamentos en tanto que como integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, tienen el deber y la obligación “de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad”.

Así mismo, y conforme al principio de subsidiariedad positiva consagrado en el numeral 14 del artículo 2º de la ley en mención, que “impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada”, los gobernadores y la administración departamental como instancia de coordinación de los municipios que hacen parte de su jurisdicción, tienen el deber, conforme a las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva de implementar acciones y proyectos tendientes a prevenir y mitigar la amenaza de riesgo de desastres en los municipios de su departamento que no tengan la capacidad económica para ejecutar medidas de prevención y mitigación.

Igualmente, es preciso advertir que esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto a las competencias de los departamentos y, de manera específica respecto a los principios que orientan la función administrativa de los departamentos en materia territorial, en donde en fallo de 3 de abril de 2014, con ponencia de la Magistrada María Claudia Rojas Lasso, dentro del proceso radicado con el No. 85000-23-31-000-2011-00210-01(AP), la Sala concluyó lo siguiente:

“6.5.4. De la Responsabilidad del Departamento de Casanare

En lo que respecta a la responsabilidad del departamento de Casanare, los artículos 288 C.P., 3 a 5 de la Ley 136 y 1° de la Ley 388 de 1997 definen los principios que orientan la función administrativa de los departamentos en materia territorial así:

El principio de coordinación indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre éstas y la Nación.
El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el "diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional

El principio de subsidiaridad consiste en que sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer determinadas funciones en forma independiente, puede apelar a niveles superiores (el departamento o la Nación), para que éstos asuman el ejercicio de esas competencias.

La Sala advierte que ante la necesidad de asegurar la prestación de los servicios públicos por parte de los municipios, de manera subsidiaria o concurrente y ante la escasez o insuficiencia de recursos económicos y técnicos, estos pueden acudir a los estamentos departamentales y nacionales para recibir cofinanciación y apoyo, por lo anterior el departamento de Casanare puede prever partidas presupuestales en sus planes de inversión para ser transferidas al municipio de Yopal con el objeto de cofinanciar las obras planificadas.

En la acción de la referencia no se demostró la renuencia del departamento a aportar recursos, por el contrario realizó labores con miras a atender la problemática de agua potable, lo que permite concluir que las autoridades departamentales han brindado colaboración al municipio en atención a los mandatos constitucionales y legales que así lo disponen.

En este orden de ideas y en atención a que se requiere un continuo esfuerzo por parte de los diferentes niveles de la Administración en la ejecución eficiente y organizada de los recursos y en la satisfacción de las necesidades insatisfechas de agua potable del municipio de Yopal, la Sala instará al departamento de Casanare a que en coordinación con el municipio de Yopal preste apoyo de tipo presupuestal, financiero, técnico y administrativo para el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua del municipio de Yopal. (Subrayas fuera del texto original)”

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que orientan la función administrativa, los departamentos en el marco de sus competencias pueden financiar y apoyar a los municipios en la implementación de medidas de prevención, mitigación y conservación para contrarrestar las amenazas de inundación generadas por desbordamientos de cauces […].”

En consecuencia, si bien en primera medida le corresponde al Municipio en materia de gestión de riesgo implementar, ejecutar y desarrollar las políticas, actividades y gestiones tendientes a precaver la ocurrencia de un desastre en los puntos afectados, también lo es que en atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, el Departamento está obligado a ejercer sus funciones de inspección, control y vigilancia, en coordinación con las demás entidades territoriales, en aras de evitar factores de riesgo ambiental que conduzcan a la afectación de recursos naturales, ya que hace parte de sus competencias legales.

En ese orden de ideas, lo dispuesto por el Tribunal en este sentido se encuentra ajustado a derecho, razón por la cual se confirmará la orden impartida frente al Departamento, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A

PRIMERO: MODIFÍCANSE los numerales séptimo y noveno de la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de ordenar al Municipio de Dosquebradas que a más tardar en el término de la próxima vigencia fiscal del año 2019, deberá efectuar las acciones administrativas y presupuestales necesarias para ejecutar las obras que sean conducentes para dar solución definitiva a los problemas de erosión, socavación, deslizamientos y demás en la zona del acueducto del Barrio San Diego y sus habitantes, siguiendo las recomendaciones dadas en los conceptos técnicos realizados por la CARDER, y demás estudios técnicos actualizados y especializados que se realicen al momento de la contratación, de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de la sentencia.

Así mismo, el Comité de verificación y cumplimiento debe rendir un informe detallado e ilustrado sobre las gestiones realizadas y el avance en el cumplimiento de la orden dada, en lapsos trimestrales a partir de la firmeza de esta sentencia.

SEGUNDO: En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia impugnada.

TERCERO: REMÍTASE copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: DEVUÉVASE el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 19 de abril de 2018.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

En adelante la Personería.
En adelante el Municipio.
En adelante el Departamento.
En adelante CARDER.
En adelante el Ministerio
En adelante el Fondo.
Folios 384-392 del expediente.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Bogotá, D. C., 26 de marzo del dos mil quince (2015). Rad. Núm.: 15001-23-31-000-2011-00031-01. Actor: José Amado López Malaver. Demandado: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Rural, Ministerio de Medio Ambiente, CORPOBOYACÁ y Otros.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P. Guillermo Vargas Ayala. Bogotá, D. C., 26 de marzo del dos mil quince (2015). Rad. Núm.: 15001-23-31-000-2011-00031-01. Actor: José Amado López Malaver. Demandado: Ministerio de Vivienda y Desarrollo Rural, Ministerio de Medio Ambiente, CORPOBOYACÁ y Otros.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de 2013, Rad. No. 15001 23 31 000 2010 01166 01. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
Tal como se deriva de lo previsto en el artículo 2º de la Ley 472 de 1998.
Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 15 de julio de 2004, Expediente AP 1834; y Sección Primera, Sentencia de 28 de octubre de 2010. M.P. María Elizabeth García González. Rad. Núm. 2005-01449-01(AP).
Exp nro. 2015-02548-01(AP), sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), Consejera ponente: María Elizabeth García González.

Sentencia T-235/11. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
Exp. nro 2011-00031-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala y reiterado en Exp nro. 2015-02548-01(AP), sentencia del diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), Consejera ponente: María Elizabeth García González.

Ley 1523 de 2012. Artículo 1°. De igual forma, el artículo 11.
Supra nota 1. Artículo 2.
Supra nota 1. Artículo 9.
Supra nota 1. Artículo 14.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.”
Esta interpretación normativa fue expuesta por la Sala en sentencia de 15 de septiembre de 2016 (Expediente nro. 2014-00052-02. Consejera ponente María Elizabeth García González.) y reiterada en Sentencia de 2 de junio de 2017 (Expediente nro. 2014-00026-02. Consejera ponente María Elizabeth García González.).
Expediente 2002-00654-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Entre otras, ver las sentencias de 25 de octubre de 2001 (exp. 2000-0512-01, C.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo) y 24 de octubre de 2002 (exp. 2001-0904-01, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade).
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de18 de marzo de 2010, exp nro. 2004-00307-01(AP), C. P. Marco Antonio Velilla Moreno.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 25 de octubre de 2001, exp nro. AP-0512. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 5 de septiembre de 2002, expediente AP-00303.
Supra nota 4. Artículo 9.
Supra nota 4. Artículo 13.
Supra nota 7.
Exp. Nro. 2011-00850-01(AP), sentencia del quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección de Medio Ambiente
Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.
“por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”
Sistema Nacional Ambiental.
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”
Corte Constitucional. Sentencia de 4 de octubre de 2001. Expediente D-3469. Actor Orlando Posada Ruiz.

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