Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2012-00054-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2012-00054-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-33-000-2012-00054-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
El objeto de la controversia tiene por fin determinar si procede la declaratoria de
responsabilidad de la E.S.E. demandada por adjudicar una convocatoria pública a un
proponente distinto de la sociedad actora, quien considera que sí cumplió con todos
los requerimientos del pliego de condiciones.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 2 de septiembre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, en la cual se negó la totalidad de las pretensiones
aducidas en la demanda. El anterior proveído resolvió la demanda presentada el 16
de agosto de 20121 por GES Compañía Ltda., cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos
principales y (iii) fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
2. En ejercicio del medio de control de controversias contractuales, el actor solicitó
que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe conforme
obra, incluso con eventuales errores):
1 Folio 21 del cuaderno 1.
Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
“1. Que se declare la nulidad del acta No. 19 del comité de contratación de la
E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS de fecha 23 de junio
de 2.011, mediante la cual, se descarta y excluye a la empresa GES del proceso
de selección y se otorgó un puntaje de 100 puntos a la FUNDACION SALUD Y
BIENESTAR, por falsa motivación.
“2. Se declare por falsa motivación la NULIDAD de la Resolución No. 147 del 28
de junio de 2011, por la cual se adjudica el contrato de la solicitud pública de
ofertas No. 14 de 2.011, expedida por el Gerente de la E.S.E. HOSPITAL
SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS … donde adjudica el contrato de
COMPRAVENTA DE SERVICIOS, cuyo objeto es …
“Como pretensión principal, solicito se declare la nulidad del contrato de
COMPRAVENTA DE SERVICIOS DE PERSONAL EN LAS DIFERENTES
AREAS MEDICO ASISTENCIALES DE LA E.S.E. No. 034 de 2.011 y se
condene a la E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS DE
RISARALDA, a pagar a la demandante a título de indemnización de perjuicios, la
suma de $380.000.000.oo por concepto de la utilidad que dejó de percibir por no
haber celebrado el contrato con la E.S.E., suma ésta que deberá ser actualizada
y pagada con intereses”2.
Hechos principales
3. Como supuestos fácticos, la parte actora indicó que, mediante aviso de
convocatoria 14 de 2011, la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas elevó
una invitación pública para contratar con una persona jurídica la prestación de
servicios de personal para las diferentes áreas médico asistenciales de la entidad,
por un plazo de 4 meses o hasta agotar el presupuesto oficial.
4. Al cierre de la convocatoria, el 23 de junio de 2011, se presentaron las propuestas
de la Fundación Salud y Bienestar y de GES Compañía Ltda. En la misma fecha, el
Comité de Contratación examinó tales ofrecimientos y rechazó la propuesta de GES
Compañía Ltda. por no haber aportado los documentos de constitución de la
sociedad, requeridos en el capítulo IV de la aludida convocatoria.
5. Aseveró que, GES Compañía Ltda. sí presentó los documentos que acreditaban
su constitución, a saber: el certificado expedido por la Cámara de Comercio de
Pereira, la Resolución 412 de 2005, por medio de la cual el Ministerio de Protección
Social autorizó el funcionamiento de la referida sociedad, y la escritura pública 66 del
19 de octubre de 2006, en la que consta que por medio de la escritura pública 1911
del 1 de junio de 2005 fue constituida GES Compañía Ltda.
6. Afirmó, respecto a los documentos presentados por la Fundación Salud y
Bienestar, que dicha persona jurídica no cumplió con los requisitos del proceso de
selección, pues: a) en su certificado de existencia y representación legal se advierte
que es una fundación sin ánimo de lucro, cuyo objeto no corresponde al requerido en
la convocatoria; b) no presentó la aprobación por parte del Ministerio de Protección
Social para desarrollar el objeto contractual; c) allegó un concepto del referido
2 Folios 13 y 14 del cuaderno 1.
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
Ministerio donde consta que no está instituida para prestar servicios de salud; y, d)
su objeto social difiere sustancialmente del solicitado en la convocatoria.
Fundamentos de derecho
7. Aseveró que se desconoció el artículo 209 de la Carta Política y los artículos 24,
25, 26, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993. El concepto de la violación lo concretó, así3:
8. Sostuvo que, aunque la demandada se rige por el derecho privado, la ley ha
establecido que, en todo caso, debe ceñirse a los principios constitucionales y
legales de la contratación estatal, vulnerados en esta convocatoria puesto que luego
de la valoración de los requisitos jurídicos, el Comité de Contratación prescindió de la
calificación de los demás ítems de la propuesta de GES Compañía Ltda., en
contravía de los principios de igualdad y transparencia.
9. Indicó que el proceso fue adjudicado en detrimento del principio de imparcialidad,
comoquiera que el adjudicatario no reunió los requisitos previstos en la convocatoria.
Contestación de la demanda
10. La E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas se opuso a las pretensiones
de la demanda, al considerar, en primer lugar, que la actora ejerció un medio de
control improcedente, toda vez que el debate del acta 19 de 2011 y de la Resolución
147 de ese mismo año debía realizarse a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y no el de controversias contractuales.
11. Adujo que se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad, pues los cuatro
meses para formular demanda contra actos precontractuales fenecieron el 10 de
noviembre de 2011.
12. Asimismo, sostuvo que la demandante no argumentó el cargo de falsa
motivación, ni enunció los motivos que vician la contratación realizada, de modo que
tales afirmaciones generales y abstractas no desvirtúan la presunción de legalidad de
los actos demandados; además, si la actora no estaba conforme con la metodología
de evaluación o con el régimen de los requisitos habilitantes, debió presentar
observaciones en la etapa de aclaración del pliego y, por el contrario, no manifestó
inconformidad alguna, sólo hasta el momento en que su propuesta fue rechazada.
13. Concluyó que no obra soporte respecto de las sumas de dinero pedidas a título
de indemnización, de manera que las pretensiones económicas son improcedentes.
14. La Fundación Salud y Bienestar, al contestar la demanda se opuso a todas las
súplicas de la misma. Aseguró que GES Compañía Ltda., al ser una empresa
3 La Sala precisa que si bien en las pretensiones de la demanda la actora, de manera expresa, afirmó que los
actos demandados adolecen de falsa motivación, lo cierto es que no argumentó en específico dicho cargo, las
razones jurídicas en que basó su demanda se cimentaron en otros motivos, como se lee en el acápite de
“fundamentos de derecho”.
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
temporal, estaba inhabilitada para contratar el objeto de la convocatoria realizada por
la ESE.
15. Aseveró que entre las actividades que son parte de su objeto se encuentra “la
ejecución de contratos o convenios suscritos por la fundación con los empleados del
sector salud”, razón por la cual estaba autorizada para celebrar contratos a término
inferior o igual a un año, o por término indefinido, mientras que las empresas
temporales sólo pueden contratar licencias o vacaciones del personal médico y
paramédico; por ende, GES Compañía Ltda. no podía proveer la continuidad que
requería la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.
Alegatos en primera instancia
16. En el curso de la audiencia inicial, celebrada el 2 de septiembre de 2015 4, el a
quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes se pronunciaron
reiterando sus argumentos de ataque y defensa.
17. Por su parte, el Ministerio Público afirmó que no hay lugar a que se acceda a las
pretensiones formuladas.
Fundamentos de la providencia recurrida
18. El Tribunal Administrativo de Risaralda, dictó sentencia5 negando las
pretensiones de la demanda. Consideró que el medio de control de controversias
contractuales sí era procedente y que no se configuró la caducidad en el sub
examine.
19. A su vez, señaló que la sociedad actora no cumplió con los requisitos de
habilitación establecidos en el pliego de condiciones, en particular con el aporte de
los documentos que acreditaban la constitución y representación de la empresa,
debidamente aprobados por el Ministerio de Protección Social, por lo que no podía
ser valorada la propuesta de GES Compañía Ltda., en sus aspectos técnicos y
financieros.
20. Indicó que no procede la declaratoria de nulidad del acto de adjudicación y, por
ende, el reconocimiento de la indemnización pedida y sostuvo que, si en gracia de
discusión, se afirmara que la propuesta de la actora sí era la mejor dentro del
proceso de selección, “tampoco sería procedente el reconocimiento de alguna
indemnización por cuanto el contrato fue adjudicado el 28 de junio de 2011 y la
demanda fue presentada el 16 de agosto de 2012, es decir, vencidos los 4 meses
siguientes a la adjudicación”6.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
4 Folio 463 y 464 del cuaderno principal.
5 Folios 458 a 482 del cuaderno principal.
6 Folio 480 del cuaderno principal.
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
Síntesis del recurso de apelación:
21. El demandante formuló recurso de alzada, con el fin de que sea revocada la
sentencia apelada. Adujo que el material probatorio demuestra que la propuesta de
GES Compañía Ltda. sí reunía todos los requerimientos establecidos en el pliego de
condiciones, entre ellos, la capacidad para ejecutar el contrato, razón por la cual le
correspondía la adjudicación del contrato.
22. Aseguró que sí adjuntó la escritura pública de su constitución y el certificado de la
Cámara de Comercio donde consta su objeto social. Señaló que, de existir duda
sobre los documentos de conformación de la empresa, el Comité Evaluador debió
solicitar las pruebas que requería para dilucidar dicho aspecto; no obstante, la
demandada no actuó de dicha forma y, en cambio, descartó de manera inmediata la
propuesta de GES Compañía Ltda. y le adjudicó el negocio jurídico a una fundación
que no estaba constituida para realizar la actividad a contratar.
Trámite de segunda instancia
23. El 22 de septiembre de 2015, el Tribunal de primera instancia concedió el recurso
de apelación7 y esta Corporación, en proveído del 20 de enero de 2016, lo admitió 8;
luego, el 6 de abril siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera concepto 9, oportunidad en la cual dichos
sujetos procesales guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
24. Vistos los reparos esgrimidos en el recurso de alzada, la Sala debe discernir
preliminarmente sobre el régimen aplicable a los actos y contratos de la empresa
demandada con miras a precisar la naturaleza de los actos precontractuales y, con
esto, determinar el medio de control procedente para, así, examinar en el marco del
régimen de responsabilidad pertinente, los reproches formulados por el recurrente.
(i) Régimen jurídico aplicable a los actos y contratos de la empresa demandada
25. La Constitución Política de 1991 armonizó la finalidad social del Estado de
garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, con el
establecimiento de una amplia gama de prestadores, con el propósito, entre otros, de
ofrecer mejor calidad y mayor cobertura de aquellos servicios que tengan la
connotación de públicos. Para ello, conforme al artículo 365 10 , el Constituyente
7 Folios 497 y 498 del cuaderno principal.
8 Folio 507 del cuaderno principal.
9 Folio 509 del cuaderno principal.
10 “ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
“Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la
5
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Demandante: GES Compañía Ltda.
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encargó al Legislador la tarea de determinar, de cara a tan diverso espectro de
servicios públicos, la expedición de una normatividad especial que responda a tal
objetivo, lo que implica la adopción de un régimen propio e integral en orden a la
materia regulada y sus procedimientos, y, con ello, al desarrollo de modelos de
contratación adecuados para el logro de tales fines.
26. En punto al servicio de salud, el artículo 49 de la Carta Política prescribe que éste
constituye un servicio público a cargo del Estado, consagración normativa que se
integra con el ya mencionado artículo 365 superior, que determina como deber a
cargo del Estado la garantía en la prestación del servicio de salud a todos los
habitantes del territorio nacional, ya sea que éste sea prestado por el Estado de
forma directa o indirecta, según lo defina el legislador al desplegar su labor de
creación normativa.
27. En este contexto, se expidió la Ley 100 de 1993, que constituyó un nuevo
paradigma de la administración de lo público11, al cambiar el modelo de prestación
del servicio de salud por parte de las instituciones públicas, mediante la aplicación
conjunta de criterios económicos de competitividad y rentabilidad con principios como
la universalidad, solidaridad y eficiencia, en garantía de la prestación de los servicios
de seguridad social como servicios públicos para la población del país.
28. De cara a sus prestadores, la mencionada Ley 100 consagró que en los casos en
que el servicio de salud se preste de forma directa por la Nación o las entidades
territoriales, éste debe ejecutarse a través de las que denominó Empresas Sociales
del Estado –E.S.E.-, las cuales, en términos del artículo 194 ídem, corresponden a
empresas públicas descentralizadas12, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, cuyo objetivo específico, en virtud de su creación legal, es
la prestación de los servicios de salud.
29. En cuanto a la definición de su régimen jurídico, el artículo 195 de la citada ley,
estableció que en materia contractual dichas empresas se rigen por el derecho
privado, pero podrán “discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas
en el estatuto general de contratación de la administración pública”.
Al lado de lo cual, y conforme a la prescripción del artículo 13 de la Ley 1150 de 2007
que regula que las actuaciones de las entidades públicas que aplican un régimen
distinto al del Estatuto General de Contratación Pública, su actividad contractual
debe ajustarse a los principios de la función administrativa y de gestión fiscal fijados
en los artículos 209 y 267 constitucionales, así como someterse al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal.
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado,
mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a
las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.
11 Sentencia C- 171 de 2012 de la Corte Constitucional.
12 Distan en su naturaleza de los establecimientos públicos, dado que su principal propósito es la prestación del
servicio de salud y no el cumplimiento de funciones administrativas en un sentido general.
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Asunto: Controversias contractuales
30. En esa medida, en atención al marco normativo y constitucional aludido, los actos
jurídicos precontractuales y contractuales de las empresas sociales del Estado se
rigen por las normas del derecho común, lo cual no obsta para que orienten su
actuación con los principios que rigen la función administrativa, y que, además, bajo
la especial previsión anotada, puedan hacer uso de las cláusulas excepcionales.
31. Todo lo anterior permite advertir que, en el presente asunto, dado que se
controvierte la actividad precontractual de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas, entidad que, de conformidad con la Ley 100 de 1993 se rige en
materia contractual por las normas de derecho privado, el estudio de los actos
jurídicos de la convocatoria pública que acá se analiza deba hacerse bajo la óptica
del régimen del derecho común, como pasa a verse.
(ii) Naturaleza de los actos objeto de debate
32. Con la precisión antes anotada, la Sala indica, como primer eslabón de análisis,
que los actos jurídicos demandados no se inscriben en el catálogo que define los
actos administrativos, pues, como ya lo ha explicado esta Corporación, los actos
precontractuales proferidos por entidades públicas cuyos procesos de selección
deban adelantarse con sujeción al derecho privado, no tienen la naturaleza jurídica
de actos administrativos, justamente porque esta categoría escapa al régimen legal
atribuido por ley; al respecto, entre otros pronunciamientos, se ha indicado lo
siguiente:
“Se ha dicho, también, desde otra orilla de la jurisprudencia que tales actos, en
cuanto son el resultado del ejercicio de la autonomía negocial, se subsumen
dentro de la categoría de acto jurídico regulado por el derecho privado, y que si
se les señala como causa de daño antijurídico a quien se halla en el otro
extremo de la potencial relación negocial, debe el juez contencioso adelantar el
juicio de imputación con fundamento en la debida observancia del principio de
la buena fe, de conformidad con los artículos 90 y 83 de la Constitución Política
y el artículo 863 del CCO. (…)
“Pues bien, en el caso sub examine, el acto que el actor indica como causante
de la lesión que pretende le sea reparada (acta de terminación) fue producto de
la autonomía que le reconocía la ley (art. 40 Ley 1450 de 2011) al
administrador del fondo para que determinara las formas para la construcción y
expresión de la voluntad negocial y para que concertara su contenido. Por
tanto, las decisiones que esa entidad administradora adoptó en tales ámbitos
no pueden decirse ejecutorias de una norma obligatoria, no puede predicarse
de aquellas que gocen de fuerza vinculante heterónoma o de presunción de
legalidad”13.
33. En el mismo sentido, en sentencia del 19 de junio de 2019 se expuso el anterior
criterio y, además, se mencionaron varias providencias que lo soportan:
“Que el régimen aplicable al caso en estudio, para los actos y los contratos, sea
el derecho privado, conlleva importantes consecuencias, siendo la más obvia,
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 11 de mayo de
2020, radicación: 25000-23-36-000-2016-00627-01 (58562), Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez
Navas.
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
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Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
natural y significativa (aunque muchas veces olvidada), el que, en efecto, los
actos se rijan por ese derecho, y no por el derecho público. La anterior
conclusión, que se erige como una de las consecuencias más evidentes, en
ocasiones inadvertida, en todo caso no ha sido ajena a los pronunciamientos de
esta Corporación; por el contrario, ya desde la citada providencia S-701 de 23
de septiembre de 1997, se señaló que ‘los actos de las empresas de servicios
públicos domiciliarios son, por regla general, actos privados (32), salvo los
enunciados en el antecitado inc. 1 del art. 154, que serán materialmente actos
administrativos (...)”14
“106. Debe retomarse y dársele valor real al mensaje del legislador de 1994,
esto es, debe tomarse en serio el régimen jurídico aplicable. Si ello es así, una
de las primeras consecuencias necesarias viene dada por evidenciar que, actos
como los expedidos por la EAAY, en los que se terminó el contrato, no son, en
realidad, actos administrativos, en otras palabras, no son actuaciones que
concreten una función administrativa a través del ejercicio legítimo del poder”15.
34. Así las cosas y ante el reconocimiento del régimen negocial al que estaba
sometida la demandada, en el cual, por su configuración, las partes se encuentran en
escenarios comerciales regidos por normas de derecho privado, resulta coherente
estimar que los actos jurídicos que se cuestionan comparten la categoría que tienen
en las negociaciones comerciales, dado que carecen de las notas distintivas que dan
lugar a la expedición de actos administrativos de orden precontractual.
(iii) Medio de control procedente para tramitar la presente controversia
35. La parte actora instauró el medio de control de que trata el artículo 141 del
CPACA, con el objeto de obtener la declaración de nulidad del contrato 34 de 2011,
celebrado entre la Fundación Salud y Bienestar y la E.S.E. Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas, con sustento en la petición de declaratoria de ilegalidad (i) del acta
19 del 23 de junio de 2011, suscrita por el Comité de Contratación y (ii) de la
Resolución 147 del 28 de junio de ese año. Lo anterior, bajo el entendido de que
estas últimas decisiones eran actos administrativos, razonamiento que también
compartió el a quo al reconocerles dicha connotación16 y, con sustento en ello,
resolvió el litigio que fue puesto bajo su conocimiento.
36. En este punto, la Sala debe subrayar que la correcta escogencia del medio de
control no resulta un tema de menor envergadura, sino un aspecto cuya verificación
ineludible no puede ser fruto del arbitrio o libre querer del extremo demandante, pues
cada uno de los medios de control previstos en el CPACA fueron creados por el
legislador con un propósito y objeto específico, que depende del motivo o causa que
dio origen a la demanda.
37. Dentro de este contexto, si la causa de los perjuicios que se reclaman proviene
de una decisión de la administración que, en ejercicio de una prerrogativa de poder
14 Nota original: “Otra consecuencia de la actual configuración, que había sido identificada con anterioridad, es
que la disciplina actual, unida al juez de conocimiento que se ha decidido, lleva a algunas perplejidades, como la
verificación de casos que se rigen en su integridad por el derecho privado, cuyo conocimiento terminará siendo
enteramente por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 19 de
junio de 2019, exp. 39800.
16 Folios 460 a 462 del cuaderno principal.
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público crea, modifica o extingue una relación jurídica particular y concreta, es decir,
un acto administrativo, el medio de control procedente es el de nulidad y
restablecimiento del derecho; si la fuente del daño se configuró en el marco de un
contrato estatal, el medio idóneo es el de controversias contractuales; y en los
eventos en la que la causa del daño es un hecho, una omisión, una operación
administrativa, la ocupación de un inmueble, o cualquier otra causa imputable a una
entidad pública, el medio de control procedente es el de reparación directa.
38. En esa medida y ante el hecho de que en el sub examine la causa que da origen
a la demanda no se cimienta en un acto administrativo, sino en unas actuaciones
negociales situadas en la esfera precontractual regida por el derecho privado, el
medio de control procedente es el de reparación directa, conforme a la hipótesis final
del artículo 140 del CPACA, que prevé que por esta vía se demandan los daños
generados por “cualquier otra causa imputable a una entidad pública”.
39. La consideración anotada, tiene perfecta identidad con la situación fáctica
analizada por esta Corporación cuando, al unificar la jurisprudencia sobre la acción
por la cual deben tramitarse las controversias relativas a actos precontractuales de
prestadores de servicios públicos domiciliarios, manifestó lo siguiente:
“82. En efecto, reciente Auto de 11 de mayo de 2020 de la Subsección C, con
ponencia del Consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas (exp.
58562)17, indicó que las pretensiones relativas a determinar la invalidez de los
actos que se rigen por el derecho privado deben encauzarse por el medio de
control de reparación directa.
“83. Dicha idea, además, se refuerza cuando se observa que una parte importante
de la doctrina encuadra la responsabilidad precontractual dentro de la categoría
de la responsabilidad extracontractual 18. Ello, en la medida en que esta
responsabilidad se configura cuando el contrato aún no se ha celebrado y puede,
incluso, nunca perfeccionarse. La referida tesis también fue adoptada, de tiempo
atrás, por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la pretensión
declarativa de responsabilidad por culpa in contrahendo tiene fundamento en la
responsabilidad extracontractual19.
“84. Esta tesis es coherente con la actual postura jurisprudencial, referida
previamente, según la cual los actos precontractuales emitidos por los prestadores
de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos. Además, esta
lógica se vincula con la naturaleza de la reparación directa, que, históricamente,
fue concebida como una acción integradora para la reparación de daños, cuya
fuente no fuera un contrato o un acto administrativo”20 (se subraya).
40. Sin perjuicio de lo anterior, dada la ausencia de un criterio uniforme para la época
de interposición de la demanda sobre la determinación de la naturaleza jurídica de
17 Nota original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto
de 11 de mayo de 2020, exp. 58562”.
18 Nota original: “Javier Tamayo Jaramillo, Tratado de Responsabilidad Civil, 2ª ed., Legis, Colombia, 2010, pp. 70
y ss”.
19 Notaoriginal: “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 28 de junio de 1989. Ver
también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto de 11
de mayo de 2020, exp. 58562”.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 3
de septiembre de 2020, radicación: 25000-23-26-000-2009-00131-01 (42003), Consejero Ponente: Alberto
Montaña Plata.
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
actos como los aquí demandados y que el mismo Tribunal tramitó este asunto en el
entendido de que sí procedía el medio de control de controversias contractuales, la
Sala, en garantía del derecho al efectivo acceso a la administración de justicia 21, y
reconociendo que la indicación errada de la vía procesal en la que pueda incurrir el
demandante no es óbice para impedir el trámite de su demanda, dado que es deber
del juez adecuarla al medio de control procedente y continuar con el asunto, a menos
que se identifique la ausencia de algún presupuesto procesal (artículo 171 del
CPACA), lo que no ocurre en este caso, estudiará de fondo los reparos esbozados.
No sobra advertir, que la adecuación del medio de control se proyecta, a su vez, en
el alcance y forma de abordar el análisis de las pretensiones planteadas e insistidas
en sede de apelación.
41. En este punto, vale aclarar que, si bien no se desconoce que la demandante
pidió la nulidad de un contrato estatal, lo cierto es que dicha solicitud se fundamentó
en la declaratoria de ilegalidad de sus actos previos. En esa medida y al observar
que la petición de nulidad de los actos previos es improcedente por cuanto no
ostentan el carácter de administrativos, no hay lugar a tramitar la solicitud de nulidad
del negocio jurídico, cuyo fundamento estuvo referido únicamente a la supuesta
ilegalidad de aquellos, con proyección en la celebración del contrato; de manera que
el examen judicial de los actos precontractuales demandados, se sitúa en el
escenario de la responsabilidad in contrahendo, conforme al régimen de derecho
privado que así lo prescribe.
(iv) Solución del caso concreto
42.En virtud de lo planteado por la recurrente, pasa la Sala a analizar si con la
expedición del acta 19 del 23 de junio de 2011 y la Resolución 147 del 28 de ese
mismo mes y año, la demandada incurrió en responsabilidad precontractual o in
contrahendo, al no adjudicar a GES Compañía Ltda. el contrato. De existir a su cargo
la aludida responsabilidad precontractual, se examinará si le corresponde o no el
pago de $380’000.000, pedido a título de la utilidad esperada.
Asimismo, se aclara que, con el fin de elaborar una argumentación precisa y libre de
confusión o error respecto de los actos que se analizan, se nombrarán las decisiones
discutidas con el mismo término de denominación indicado por E.S.E. Hospital Santa
21 Sobre este aspecto, la Sección Tercera de esta Colegiatura, mediante sentencia de unificación jurisprudencial
del 3 de septiembre de 2020, radicación 25000-23-26-000-2009-00131-01 (42003), concluyó que las
controversias relativas a los actos previos de las entidades que se rigen por el derecho privado deben tramitarse
a través del medio de control de reparación directa; no obstante, también reconoció que ante la ausencia de
uniformidad jurisprudencial respecto de la determinación de la naturaleza jurídica de tales actos demandados y,
sobre todo, respecto de la acción procedente para demandar este tipo de actos ante esta jurisdicción, era
necesario unificar la jurisprudencia en el sentido de establecer que procede el estudio del fondo de litigio, aun
cuando la demanda se hubiere ejercido a través de un medio de control distinto al de reparación directa, así:
“Como garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, el juzgador de
conocimiento de este tipo de controversias, en relación con las demandas presentadas antes de
la notificación de esta providencia, resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya
empleado la acción (medio de control) que corresponda, en el marco del régimen jurídico
aplicable a este tipo de actos” (se resalta).
10
Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
Mónica de Dosquebradas, a saber, Resolución y acta del Comité de Contratación, sin
que esos títulos impliquen, por sí solos, desconocer que tales manifestaciones de
voluntad no constituyen actos administrativos, sino actos jurídicos regulados por el
derecho privado.
43. Examinado el expediente, el 16 de junio de 2011 la E.S.E. Hospital Santa Mónica
de Dosquebradas emitió el aviso de convocatoria 14 de 2011, para “contratar con
una persona jurídica, que esté en capacidad legal de ofertar la prestación de
servicios de personal, mediante la modalidad de operador externo, en las diferentes
áreas médico asistenciales de la E.S.E. HOSPITAL SANTA MÓNICA DE
DOSQUEBRADAS, en el horario requerido, de acuerdo a los parámetros de calidad
señalados en la ley y en los reglamentos internos de la ESE”; en el artículo 5 del
pliego de condiciones se indicó que a dicho proceso de contratación le eran
aplicables las disposiciones del derecho privado, con base en el artículo 195 de la
Ley 100 de 1993, y el Acuerdo 12 de 2006, proferido por la Junta Directiva –Manual
de Contratación22-.
44. A su vez, señaló que podían participar en la mencionada convocatoria las
personas jurídicas autorizadas por la ley colombiana, que tuvieran capacidad legal
para contratar servicios de personal y con domicilio principal, de preferencia, en el
Departamento de Risaralda –capítulo III, artículo 1–. Igualmente, y en los términos
del capítulo IV, artículo 1, la propuesta debía contener, entre otros, los siguientes
documentos esenciales:
“1.4.- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:
Expedido por la Cámara de Comercio o el documento exigido por la ley para
demostrar su existencia y representación, en el cual conste el nombre y
facultades de su representante legal, el objeto social y su razón social. El
certificado debe tener una vigencia no superior a 30 días calendario.
“1.5.- DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN. El proponente deberá acreditar la
conformación de la empresa, por medio de los documentos (sic) estatutos de
constitución debidamente aprobados por el Ministerio de Protección Social y
escritura de constitución”23.
45. Sumado a lo anterior, se estableció como metodología de análisis de las
propuestas –capítulo VII-, que la evaluación jurídica consistía en la verificación de los
requisitos legales de los ofrecimientos y de los proponentes, y que la misma no
otorgaba puntaje, pero resultaba necesaria para que las propuestas pudiesen ser
consideradas en sus aspectos técnicos y financieros (criterios de selección que sí
concedían puntuación).
46. Se observa que a la convocatoria pública se presentaron dos propuestas24, la de
GES Compañía Ltda. y la de la Fundación Salud y Bienestar. Luego, el 23 de junio
de 2011, como consta en el acta 19, el Comité de Contratación concluyó otorgarle la
22 Las partes no aportaron este documento al expediente, ni aparece publicado en la página web oficial de la
entidad demandada.
23 Folio 61 del cuaderno 1.
24 Folio 86 del cuaderno 1.
11
Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
puntuación máxima de 100 a la Fundación Salud y Bienestar y abstenerse de
calificar los criterios que daban puntaje respecto del ofrecimiento de GES Compañía
Ltda., por cuanto no se ajustó a los requerimientos de la evaluación jurídica 25. Como
fundamento de la aludida determinación en relación con la sociedad actora, en la
verificación de los documentos esenciales de la propuesta, sostuvo26:
DOCUMENTOS ESENCIALES DE LA PROPUESTA FUNDACIÓN SALUD Y GES LTDA
BIENESTAR
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y Cumple – folios 58-63 fecha 17 Cumple folios 29-32 junio
REPRESENTACIÓN LEGAL Expedido por la Cámara de junio de 2011 20 de 2011
de Comercio, o el documento exigido por la ley para
demostrar su existencia y representación legal…
DOCUMENTOS DE CONSTITUCIÓN. El proponente Acta de constitución – Estatuto Aporta la Resolución 412
deberá acreditar la conformación de la empresa, por Folios 67-84 de octubre 6 de 2005 con el
medio de los documentos (sic) estatutos de certificado de (sic) póliza
constitución debidamente aprobados por el Ministerio otorgado por el Ministerio
de Protección Social y escritura de constitución. de Protección Social –folios
34 a 39- Claramente el
oferente no adoso (sic) las
escrituras públicas No 1911
de 01 de junio de 2005 y la
3422 del 3 de octubre de
2005 de la Notaría 5º de
Pereira. Requisito
indispensable para la
evaluación de la oferta. Por
ser documento esencial es
insubsanable y causal de
rechazo de la oferta. Aporta
la escritura pública Nº 66 de
octubre de 2006 de la
notaría 7º de Pereira folio
40 a 45, correspondiente a
venta de cuotas y reforma
los estatutos, no se
evidencia registro de la
reforma de estatutos ante el
Ministerio de la Protección
Social.
47. Posteriormente, mediante la Resolución 147 del 28 de junio de 2011, la E.S.E.
adjudicó a la Fundación Salud y Bienestar el contrato objeto de la convocatoria
pública 14 de 2011; para el efecto, argumentó lo siguiente:
“Quienes presentaron las ofertas para el llamado No. 14 de 2011 sin haber
hecho salvedad previa, solicitud de aclaración o petición alguna, aceptaron de
manera expresa el clausulado y las exigencias contenidas en los miso (sic) y se
sujetaron a sus bordes contractuales, y en razón a ello tanto el pliego de
condiciones, la oferta y el contrato son una integralidad o una masa contractual
única, La empresa Ges Compañía Ltda. no adoso (sic) a su oferta la escritura de
constitución de dicha empresa, estos documentos se encuentran en el acta de
Comité de Contratación determinan sin equivocación alguna que incumplieron lo
ordenado en el pliego, siendo este ley para las partes al presentarse al llamado
de oferta aceptaron esta condición. Por lo anterior esta propuesta ha sido
rechazada y sobre esta decisión contenida en el acta del Comité de
Contratación, que es un acto trámite, no procede recurso alguno en sede
gubernativa y en razón a ello el representante legal de la E.S.E. Hospital Santa
Mónica, no le queda camino distinto a adjudicarle el contrato a la Fundación
Salud y Bienestar, ya que al ser calificada por el Comité de Contratación de la
25 Folio 94 del cuaderno 1.
26 Folios 98 y 99 del cuaderno 1.
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
Ese Santa Mónica y no encontrar causal de rechazo se debe celebrara (sic)
dicho contrao (sic)”27.
48. Examinado lo acontecido en la convocatoria pública 14 de 2011, considera la
Sala que la ESE no transgredió el principio de buena fe en el ámbito negocial, puesto
que la sola presentación de la propuesta no le confería derecho alguno a GES
Compañía Ltda. de ser adjudicataria del contrato, dado que le correspondía a la
entidad examinar el ofrecimiento realizado a la luz de los requerimientos establecidos
y compararlo con las demás propuestas recibidas, con el fin de elegir la que
considerara mejor calificada para la ejecución del objeto contractual.
49. Además, la sociedad demandante conoció desde un inicio las condiciones de la
referida convocatoria pública, entre ellas, la comprobación primigenia de los
requisitos jurídicos, como son los documentos de constitución, en los términos
precisados por la entidad. De modo que al aceptar participar en dicha convocatoria
consintió tales condicionamientos en su intervención, sin que, además, hubiera
manifestado observación o reparo alguno en el cumplimiento de tal requisito.
50. Es claro que quienes participaron en la mencionada convocatoria, en ejercicio de
su autonomía negocial, se acogieron a los términos que desde un comienzo estipuló
la E.S.E., entre ellos, las disposiciones del capítulo IV o “documentos esenciales de
la propuesta” que contenía el deber del proponente de “acreditar la conformación de
la empresa, por medio de los documentos estatutos de constitución debidamente
aprobados por el Ministerio de Protección Social y escritura de constitución”.
51. Pues bien, para acreditar su constitución, GES Compañía Ltda. aportó en su
propuesta: (i) la Resolución 412 de 2005, proferida por el Ministerio de Protección
Social, por medio de la cual autorizó “el funcionamiento como Empresa de Servicios
Temporales (sic) GES Compañía Ltda.”28 y (ii) la escritura pública 66 del 19 de
octubre de 200629, otorgada ante la Notaría Séptima del Círculo de Pereira, a través
de la cual se protocolizó la venta de las cuotas sociales que tenían los señores Stella
Flórez Agudelo y James Gutiérrez en la citada sociedad, a favor de Gloria González
Carmona y Daniel Grisales García.
52. Para la sociedad actora, los documentos aportados se ajustaron a los
requerimientos del capítulo IV del pliego de condiciones, ya aludidos; en particular,
indicó que en la escritura pública 66 aparece consignado el instrumento a través del
cual se constituyó dicha sociedad, por cuanto allí se precisó que “por medio de la
Escritura Pública MIL NOVECIENTOS ONCE (1911) de fecha primero (01) de junio
de dos mil cinco (2005), debidamente registrada en la Cámara de Comercio de
Pereira Risaralda, constituyeron SOCIEDAD DE COMPAÑÍA LIMITADA, denominada
‘GES COMPAÑÍA LIMITADA’, identificada con el NIT No. 900.036.168-9 …”30.
27 Folio 121 del cuaderno 1.
28 Folio 148 del cuaderno 1.
29 Folios 150 a 152 del cuaderno 1.
30 Folio 151 del cuaderno 1.
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
53. No obstante, la Sala no comparte el criterio de la demandante, toda vez que la
sola mención de la escritura pública de constitución de la sociedad no se
corresponde con el requisito pedido en las condiciones del proceso de selección,
pues, con esa única mención, no se acreditan aspectos que la entidad determinó que
constataría con el aporte de la escritura de constitución, no con las subsiguientes.
En efecto, en la escritura pública de constitución se plasman las estipulaciones del
contrato social en virtud del cual los asociados crean una nueva persona jurídica –
sociedad-, de manera que contiene todas las reglas que conforman los estatutos
sociales, como lo son, según el artículo 110 del Código de Comercio, la identificación
de las personas otorgantes, la clase de sociedad que se constituye, su domicilio, el
objeto social –con una enunciación clara de las actividades principales-, el capital
social, la forma de administración, las atribuciones de los administradores, facultades
que se reservan a las asambleas de socios y juntas directivas, plazos para convocar
las asambleas y las juntas de socios, así como la manera de tomar las
determinaciones, la indicación de la forma de repartición de utilidades y de las
reservas, la duración de la persona jurídica, las causales de su disolución, la forma
de realizar su liquidación, los mecanismos para resolver las controversias suscitadas
entre los asociados o con la sociedad, el alcance de las facultades y obligaciones del
revisor fiscal cuando la sociedad lo requiera, así como los demás pactos específicos
acordados, en atención del tipo societario constituido.
54. Ahora, si bien el artículo 117 del Código de Comercio consagra que la existencia
de la sociedad se prueba a través de la certificación que expida la Cámara de
Comercio correspondiente, lo cierto es que este documento no equivale o, en otras
palabras, no suple toda la información que contiene la escritura de constitución, pues
pese a que da cuenta de aspectos relevantes de la misma como su domicilio, fecha y
notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, su plazo de
vigencia, el objeto social, el nombre del representante legal y la constancia de que la
sociedad no esté disuelta, ello no abarca todo el clausulado que rige el
funcionamiento de dicha persona jurídica.
55. Asimismo, la escritura 66 del 19 de octubre de 2006, aportada por GES
Compañía Ltda., sólo contiene una reforma al contrato social, referente a la cesión
de cuotas de unos de sus asociados, aspecto que permite a la entidad conocer qué
personas reemplazaron a los cedentes en su posición contractual, sin que signifique
que con esta información y con la indicación de la fecha y notaría de la escritura de
constitución, se tenga por cumplido el objeto que la E.S.E. buscaba al solicitar el
aporte de esta última escritura –la de constitución-, que no es otro que conocer todas
las estipulaciones que dieron lugar al contrato social, aspectos que para la entidad
resultaban de interés bajo dicha convocatoria, y que el hoy demandante insiste en
haber aportado, sin que ello haya sucedido; pero, además, sin que se hubiese
opuesto u observado en relación con su entrega, lo que evidencia que asintió en
participar y en entregar los documentos que se pedían en la convocatoria.
56. En esa medida, el aporte de la aludida escritura pública de constitución no se
aprecia como una mera condición formal, sino como un requerimiento en virtud del
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
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Asunto: Controversias contractuales
cual la entidad planteó como requisito conocer la realidad del funcionamiento y
limitaciones de la sociedad proponente, requerimiento que, como se vio, no fue
cumplido por GES Compañía Ltda. con el solo aporte de la escritura 66 de 2006,
contentiva de una reforma social.
57. Sumado a lo anterior, no le correspondía a la E.S.E. solicitar las pruebas
necesarias para dilucidar lo relativo a la constitución de GES Compañía Ltda, pues,
en los términos del artículo 6 del capítulo II del pliego de condiciones, la entidad
podía “solicitar por escrito una vez cerrada la solicitud de ofertas, las aclaraciones y
explicaciones que se estimen pertinentes sobre los puntos dudosos de las
propuestas”31, más no pedir que se aporten los documentos que debían entregarse y
que fueron catalogados en el artículo 1, capítulo IV del pliego, como “documentos
esenciales” para la entidad que adelantaba dicho proceso de selección.
58. En este orden de ideas, ubicados en el contexto negocial que imperó la
convocatoria pública en estudio, para la Sala la determinación de la E.S.E. de
rechazar la propuesta de GES Compañía Ltda. no se cataloga como desleal,
incorrecta o contraria a la buena fe objetiva, toda vez que los proponentes
conocieron y aceptaron desde el inicio las condiciones de participación de la referida
empresa, en la que se precisaron los documentos esenciales que debía observar
cada propuesta; como se evidenció, la acá actora simplemente dejó de aportar su
escritura pública de constitución, documento expresamente solicitado en los
lineamientos de la convocatoria.
59. Por otra parte y contrario a lo manifestado por la actora en su demanda, la E.S.E.
no transgredió los principios de igualdad, transparencia e imparcialidad, aplicables a
los regímenes especiales como el de la entidad demandada, en virtud de lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y en atención a un adecuado
entendimiento del núcleo esencial de cada principio en consonancia con el
reconocimiento de la especialidad del régimen sobre el cual se aplica, dado que, la
medida de no otorgar puntaje a la propuesta que no cumpliera con la verificación de
los aspectos jurídicos –que incluían los documentos esenciales- estaba contemplada
desde el comienzo de la fase precontractual, la cual aconteció bajo los lineamientos
inicialmente fijados, de manera que no se sorprendió a GES Compañía Ltda. con la
decisión de adjudicar el contrato a otro proponente, ni se le impuso una
determinación sesgada, pues el otro proponente se ajustó a los requerimientos del
pliego de condiciones, fijados en equivalentes términos para todos los interesados en
participar en el proceso de selección.
60. En la misma medida, considera la Sala que las condiciones impuestas no
ubicaron a los participantes en planos de desigualdad, pues los documentos
requeridos dan cuenta de la constitución de cualquier persona jurídica; además, todo
interesado pudo conocer con anticipación las condiciones a las cuales se acogía en
caso de presentar propuesta y no se observó alguna preferencia en la constatación
jurídica de los ofrecimientos formulados, máxime que este requisito no ofrece
31 Folio 60 del cuaderno 1.
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
ninguna dificultad para ser obtenido o aportado, a menos que se decida no
entregarlo, como ocurrió en el sub examine, o simplemente se trate de una omisión u
olvido, situación que en todo caso no es de cargo de la entidad convocante.
61. Así las cosas, es posible concluir que la demandada no transgredió la buena fe
del actor, ni vulneró los principios de la función administrativa bajo la óptica del
régimen especial, dado que, se reitera, la medida de no calificar la propuesta por
falta de cumplimiento de los requisitos jurídicos, se contempló desde el comienzo de
la fase precontractual, y así fue tramitado, razón por la cual la decisión de no
adjudicar dicha convocatoria a GES Compañía Ltda. no resultó en abrupta o
injustificada, toda vez que se ajustó a los términos consagrados por la E.S.E., los
cuales fueron conocidos y aceptados por la propia actora.
62. Finalmente y ante la observancia de que la sociedad demandante no cumplió
siquiera con los requisitos de verificación, que daban paso a la calificación de su
propuesta en los aspectos técnicos, financieros y económicos, se releva a la Sala de
estudiar el reproche que esgrimió sobre la supuesta carencia de capacidad para
contratar de la Fundación Salud y Bienestar –adjudicataria-, al aducir que su objeto
estaturio no correspondía con el objeto de contratación, dado que una elucidación
sobre esta materia, ya sea en sentido de compartir o no el criterio de la parte actora,
en nada modifica las conclusiones arriba anotadas, esto es, que la propuesta de
GES Compañía Ltda. no se ajustó a la cabalidad de requisitos jurídicos fijados en los
lineamientos del proceso, situación que impedía que ésta fuese calificada en sus
demás aspectos y, por ende, resultara adjudicataria de la convocatoria pública 14 de
2011.
63. Por consiguiente y al advertir que la accionada no quebrantó la buena fe, ni
demás deberes inherentes a tal premisa de conducta, no existen motivos para activar
una responsabilidad in contrahendo, como la que sustancialmente se ha reclamado,
por lo que carecen de vocación de prosperidad las súplicas esgrimidas por el censor
en este asunto y, en consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada, pero por
las razones aquí expuestas.
Costas
64. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que “se condenará
en costas a la parte vencida o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”.
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal
que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 366 del Código General del Proceso.
65. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en
la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3’800.000) a
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Radicación: 66001233300020120005401 (55.731)
Demandante: GES Compañía Ltda.
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Asunto: Controversias contractuales
favor de la parte demandada, cifra que no supera el 5% sobre las pretensiones que
fueron formuladas en este proceso (la suma de $380’000.000), límite máximo para la
tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo 1887 de
2003.
IV. PARTE RESOLUTIVA
66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2015, por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por esta instancia, a la demandante, en favor de
la parte demandada por la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($3’800.000).
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE32
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
32 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
17
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