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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2012-00109-01

Cesantias: sanción moratoria

Fecha
24 de enero de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2012-00109-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 31 de julio de 2013, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- RECONOCER personería al abogado Juan Alejandro Reyes, como apoderado del Municipio de Pereira para los efectos del poder que obra a folio 195. TERCERO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2012-00109-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

24 de enero de 2019

CESANTIAS - Sanción moratoria / CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS DE NIVEL TERRITORIAL - Recuento normativo / SANCION MORATORIA REGIMEN ANUALIZADO - Un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías / AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DEL AHORRO - No se aplica sanción moratoria regulada por el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 / SANCION MORATORIA - Por ser afiliado al fondo nacional del ahorro no procede su reconocimiento

En el caso del régimen anualizado de cesantías de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, su artículo 1 remitió al numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 que prevé una sanción para el empleador que consigne fuera de los términos legales el auxilio de cesantía del trabajador en el fondo que éste escoja, consistente en un día de salario por cada día de retardo para “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías” a los empleados del nivel territorial afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no se les aplica la sanción moratoria regulada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues así lo dispone el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998. El régimen de liquidación y pago de cesantías de los servidores del nivel territorial que se hayan afiliado al Fondo Nacional del Ahorro es el contenido en la Ley 432 de 1998, sin que se pueda acudir al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que exclusivamente comprende a los afiliados a los fondos privados de cesantías. Se precisa que los actos administrativos demandados no están viciados de nulidad, porque el accionante como afiliado al Fondo Nacional del Ahorro no es beneficiario del pago de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, norma que tampoco incluye en su ámbito de aplicación la reliquidación posterior de la cesantía con ocasión de un reajuste salarial.

FUENTE FORMAL: LEY 50 DE 1990 / LEY 423 DE 1998

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "B"

Consejero ponente: CESAR PALOMINO CORTES

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 66001-23-33-000-2012-00109-01(3869-13)

Actor: SERAFIN CAMACHO DUARTE

Demandado: MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LEY 1437 DE 2011. SANCIÓN MORATORIA DE LA LEY 50 DE 1900 NO SE APLICA A AFILIADOS DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 31 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

El señor Serafín Camacho Duarte, mediante apoderado, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos proferidos por la Secretaría de Educación de la Alcaldía Municipal del Pereira:

• Oficio 8153 del 15 de abril de 2011, que respondió el derecho de petición presentado por el actor.

• Resolución 3014 del 20 de junio de 2011, que al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el referido oficio, decidió confirmarlo.

• Acto presunto negativo que se configuró al no responderse el recurso de apelación incoado contra el oficio del 15 de abril de 2011.

A título de restablecimiento del derecho la parte demandante pidió que se ordene la consignación al Fondo Nacional del Ahorro del retroactivo de las cesantías reconocidas y pagadas como resultado del proceso de homologación y nivelación salarial, realizado en el Municipio de Pereira, y el pago de la sanción moratoria regulada en la Ley 50 de 1990, desde el 2 de febrero de 2007 hasta que se verifique la satisfacción de la obligación.

Requirió que los valores reclamados en la demanda sean indexados y que la sentencia se cumpla en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

El señor Serafín Camacho Duarte actualmente está vinculado laboralmente con el Municipio de Pereira y el Fondo Nacional del Ahorro administra sus cesantías.

Relató que los Decretos 1129 y 1130 del 13 de marzo de 2007 homologaron y nivelaron salarialmente los cargos administrativos de los establecimientos educativos y de la planta central de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

Explicó que como el salario del actor fue modificado en virtud del proceso de homologación y nivelación salarial, en consecuencia, el Municipio de Pereira tenía la obligación de reliquidar sus cesantías y girar el valor del retroactivo al fondo al cual estaba afiliado.

Precisó que el Municipio de Pereira en la orden de pago del retroactivo salarial “realizó los respectivos descuentos de aportes a las cesantías e intereses a las cesantías reconocidas de forma retroactiva”, sin embargo, omitió el deber de depositar oportunamente dichos aportes al Fondo cesantías del demandante, desde la fecha en que el Ministerio de Educación Nacional reconoció la deuda a la referida entidad territorial.

Expuso que el Municipio de Pereira no ha consignado el valor de las cesantías a que tiene derecho como consecuencia de la nivelación y homologación salarial durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Indicó que el 9 de noviembre de 2010 presentó un derecho de petición ante la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, para obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de los auxilios de cesantías. Sin embargo, adujo que su solicitud fue negada en el oficio del 15 de abril de 2011 y la Resolución 3014 del mismo año.

1.2 Normas violadas y concepto de violación

En la demanda se citan como vulneradas las Leyes 50 de 1990 y 432 de 1998.

En el concepto de la violación la parte accionante sostuvo que como resultado del incumplimiento de la entidad demandada de consignar las cesantías a que tenía derecho en razón de la nivelación salarial, se causó a su favor la sanción moratoria regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Manifestó que, según el artículo 6 de la Ley 432 de 1998, las entidades públicas empleadoras deben transferir al Fondo Nacional del Ahorro una doceava parte de los factores de salario que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior por los servidores públicos.

Afirmó que el Municipio de Pereira tiene la obligación de consignar el retroactivo de las cesantías de los años 2007 a 2011, generadas como consecuencia del proceso de nivelación y homologación salarial, y que por no haberlo hecho está sujeto a la imposición de la sanción establecida en la Ley 50 de 1990.

Aseveró que los referidos valores retroactivos de cesantías debieron ser consignados una vez el Ministerio de Educación Nacional certificó el estudio técnico y la deuda del Municipio.

3. Contestación de la demanda

El Municipio de Pereira se opuso a las pretensiones de la demanda.

Precisó que el actor fue incluido en el proceso de homologación y nivelación salarial dispuesto por los Decretos 1129 y 1130 de 2007 y, en consecuencia, tenía derecho al reajuste de sus cesantías de los años 2003, 2004, 2005 y 2006, como lo ordenaron las Resoluciones 2330 del 16 de mayo de 2007 y 7226 del 7 de diciembre de 2007.

Advirtió que a partir del año 2007 los aportes de cesantías del demandante se realizaron conforme a su nuevo salario y en las fechas establecidas por la ley.

Señaló que la sanción regulada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no se aplica en el asunto bajo estudio, porque las cesantías fueron ajustadas en virtud de un proceso de homologación y nivelación salarial de las vigencias de los años 2003, 2004, 2005 y 2006.

Destacó que como el accionante está afiliado al Fondo Nacional del Ahorro el Municipio de Pereira ha depositado allí las doceavas de sus cesantías de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, conforme lo dispone el artículo 6 de la Ley 432 de 1998, por lo tanto, no tiene derecho al pago de la sanción por las anualidades reclamadas en la demanda.

Relató que, a través de la Resolución 2872 del 26 de agosto de 2009, se ordenó pagar los aportes al Fondo Nacional del Ahorro, para las vigencias de los años 2003, 2004, 2005 y 2006, como resultado del proceso de homologación y nivelación salarial.

Resaltó que dicho proceso, realizado ante el Ministerio de Educación, retardó el reconocimiento de las prestaciones, porque se efectuó un estudio técnico de los cargos y la planta de personal.

Precisó que el proceso de homologación comprendió las vigencias 2003 a 2006, sin embargo, el actor solicita los valores retroactivos de los años 2007 a 2011, anualidades que no fueron incluidas en la referida nivelación salarial.

Propuso las excepciones que denominó: cobro de lo no debido e inobservancia del principio procesal de la carga de la prueba.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 31 de julio de 2013, (i) declaró probada la excepción de cobro de lo no debido; (ii) negó las pretensiones de la demanda; y (iii) condenó en costas a la parte demandante.

Señaló que, a partir del material probatorio recaudado en el proceso, se acreditó que el actor fue beneficiario de la homologación, donde se nivelaron los cargos de la Secretaría de Educación con los de otras dependencias municipales. Por lo tanto, la Alcaldía Municipal realizó la nivelación salarial de los empleos de la Secretaría de Educación para los años 2003 a 2007.

Relató que también se demostró que la Secretaría de Educación Municipal consignó en el Fondo Nacional del Ahorro las cesantías del accionante, correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Explicó que el régimen aplicable al demandante es el previsto en la Ley 432 de 1998, que regula el Fondo Nacional del Ahorro, “y no el descrito en la Ley 50 de 1990, lo que se traduce en la imposibilidad de aplicar la sanción contemplada en el artículo 90 de la última legislación, toda vez que existe norma especial aplicable a su situación”.

Expresó que, en todo caso, aunque la sanción de la Ley 50 de 1990 pudiera aplicarse, lo cierto es que el pago de la diferencia de las cesantías ocasionado por una nivelación salarial no encaja en el supuesto de hecho que permite la imposición de la sanción moratoria.

Indicó, respecto del retroactivo de las cesantías, que presuntamente es resultado del proceso de homologación y nivelación salarial, que “conforme al material probatorio allegado al expediente, al igual que analizados los pronunciamientos de las partes, encuentra que no hay lugar a declarar la sanción moratoria por el no pago del excedente en cesantías, debido a que las mismas, se reitera, fueron pagadas por parte del ente territorial”.

5. El recurso de apelación

La parte actora solicita que se revoque la sentencia de primera instancia.

Sostuvo que la no consignación oportuna de sus cesantías es un hecho demostrado en el proceso, por lo tanto, tiene derecho al pago de la sanción moratoria.

Precisó que aunque esté afiliado al Fondo Nacional del Ahorro tiene derecho a la cancelación de la sanción, en aplicación del derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, ya que los afiliados a los fondos privados son beneficiarios de aquélla.

Afirmó que, mediante la Resolución 903 del 27 de marzo de 2012, se autorizó el pago de los aportes de cesantías correspondientes a la nivelación salarial, por consiguiente, se causó la sanción moratoria desde el año 2007 ya que desde esta fecha la obligación era efectiva y el Municipio recibió los recursos por parte del Ministerio de Educación.

6. Alegatos de conclusión

Las partes no presentaron alegatos de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante procede revocar la sentencia de primera instancia que negó sus pretensiones, pues en criterio del demandante al estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro tiene derecho al pago de la sanción moratoria por el retardo en la consignación de sus auxilios de cesantías, regulada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Con el fin de abordar el problema jurídico se tratarán los siguientes aspectos 2.1) Marco normativo y jurisprudencial; 2.2) Hechos probados; y 2.3) Solución al caso concreto.

2.1 Marco normativo y jurisprudencial

2.1.1 Cesantías para los empleados públicos del nivel territorial

Acorde con la sentencia del 12 de octubre de 2016 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado “ El auxilio de cesantía es una prestación social de creación legal que debe pagar el empleador al trabajador por los servicios prestados en el evento en que llegare a quedar cesante, con la finalidad de que atienda sus necesidades básicas (cesantías definitivas); o durante la vigencia del vínculo laboral (cesantías parciales), siempre que se cumplan determinados requisitos para su reconocimiento relacionados con educación, mejoramiento o compra de vivienda” .

Ahora bien, en cuanto al régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos territoriales en providencia del 17 de noviembre de 2016 de la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación señaló:

“La Ley 6ª de 1945, en el artículo 17, dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente, gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantías, a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado con posterioridad al 1.º de enero de 1942.
Mediante Decreto 2767 de 1945 se determinaron las prestaciones sociales de los empleados departamentales y municipales, y el artículo 1.° les hizo extensivas las prestaciones consagradas por el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, lo cual incluyó el auxilio de cesantías. Y en el artículo 6.° se señalaron las situaciones que se tendrían como despido para efectos de la liquidación del auxilio.
Por su parte, la Ley 65 de 20 de diciembre de 1946 modificó las disposiciones sobre cesantías y en el artículo 1.° extendió dicho beneficio a los trabajadores de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios, y el Decreto 2567 de 31 de agosto de 1946 dictó normas sobre prestaciones a favor de los empleados oficiales, y definió los parámetros para la liquidación de las cesantías.
Posteriormente, el Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 estableció el mismo derecho para los empleados al servicio de la Nación de cualquiera de las ramas del poder público, sin importar si se encontraban inscritos en carrera administrativa o no, y sea cual fuere la causa de su retiro.
A su vez, la Ley 344 de 27 de diciembre de 1996, en el artículo 13 dispuso que a partir de su publicación, las personas que se vinculen a las Entidades del Estado, tendrían un régimen anualizado de cesantías, en virtud del cual, la liquidación definitiva de las mismas debe realizarse el 31 de diciembre de cada año.
Subsiguientemente, se expidió el Decreto 1582 de 5 de agosto de 1998, reglamentario de la anterior, que hizo extensivo el régimen anualizado de cesantías para los empleados públicos de nivel territorial, y dispuso que el régimen de los vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se hubieren afiliado a un fondo de cesantías, sería el establecido en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.
(…)
Por su parte, el Decreto 1252 de 30 de junio de 2000, en el artículo 2.º, conservó el régimen de cesantías retroactivas para los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000 lo venían disfrutando, hasta la terminación de la vinculación laboral con la entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.
En el mismo sentido, el Decreto 1919 de 27 de agosto de 2002, que extendió el régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional a los servidores del orden territorial, en el artículo 3º previó: «Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000” .

Igualmente, ha precisado esta Corporación que existen tres sistemas diferentes de cesantías para los servidores públicos del nivel territorial, así:

“(...) Sistema retroactivo, donde las cesantías se liquidan con base en el último sueldo devengado, sin lugar a intereses. Se rige por la ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la modifican y reglamentan y es aplicable a los servidores públicos vinculados antes del 30 de diciembre de 1996; De liquidación definitiva anual y manejo e inversión a través de los llamados fondos de cesantías creados por la ley 50 de 1990, el cual incluye el pago de intereses al trabajador por parte del empleador y cobija a las personas vinculadas a estos a partir del 31 de diciembre de 1996, en los términos del decreto 1582 de 1998; y por último el Sistema del Fondo Nacional de Ahorro el cual rige para los servidores que a él se afilien y contempla la liquidación anual de cesantías, pago de intereses por parte del Fondo, protección contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y, además, contribuye a la solución del problema de vivienda y educación”.

2.1.2 Sistema de liquidación de cesantías del Fondo Nacional de Ahorro y la sanción moratoria del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
El Fondo Nacional del Ahorro fue creado como establecimiento público mediante el Decreto Ley 3118 de 1968, y mediante la Ley 432 de 1998 se transformó en Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente.

La Ley 432 de 1998 reorganizó el Fondo Nacional del Ahorro y estableció en el artículo 5 que los empleados del nivel territorial también podían afiliarse, este artículo fue reglamentado por el Decreto 1582 de 1998 que señaló:

“Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998”. (Texto resaltado por la Sala).

El artículo 6 de la Ley 432 de 1998 disponía que “las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior para los servidores públicos afiliados”, y que “[e]l incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora”. Esta norma fue modificada por el artículo 193 del Decreto 019 de 2012, así:

“ARTICULO 193. TRANSFERENCIA DE CESANTIAS. El artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3701" \l "6" 6 de Ley 432 de 1998, quedará así:
"Artículo 6. Transferencia de cesantías. Durante el transcurso del mes de febrero las entidades empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías, teniéndose en cuenta los dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago.
Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.
Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario vigente.
En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender las cesantías de la respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación por parte de la autoridad correspondiente.
Parágrafo.
Las fechas estipuladas en este artículo para el cumplimiento de la obligación de transferencia no serán aplicables a las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, el régimen establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las fechas de transferencia de cesantías, y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan”.
A partir de las normas anteriores, esta Sala en sentencia del 27 de abril de 2017 explicó las diferencias entre el régimen de cesantía del Fondo Nacional del Ahorro y el anualizado que administran los fondos privados creados por la Ley 50 de 1990, exponiendo para el efecto el siguiente cuadro:

Régimen anualizado
(fondos privados de cesantías)
Fondo Nacional del Ahorro
Beneficiarios
Servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías
Servidores públicos del nivel territorial que se afilien al FNA
Liquidación
Definitiva por la anualidad o fracción correspondiente el 31 de diciembre de cada año.
El empleador deberá transferir al FNA 1/12 parte de los factores de salario que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.
Oportunidad
Consignación antes del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se cause el auxilio de cesantías en la cuenta individual del fondo elegido por el empleado.
Transferencia durante el transcurso del mes de febrero, con excepción de las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, a las cuales no se les aplica dicho término.
Intereses
Intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción respecto de la suma liquidada.
Interés equivalente al 60% de la variación anual del IPC sobre las cesantías liquidadas por la entidad, correspondientes al año y protección contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.
En caso de incumplimiento del empleador
A favor del servidor público: Sanción de un día de salario por cada día de retardo.
Los funcionarios competentes incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario vigente.

Ahora bien, en el caso del régimen anualizado de cesantías de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, su artículo 1 remitió al numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 que prevé una sanción para el empleador que consigne fuera de los términos legales el auxilio de cesantía del trabajador en el fondo que éste escoja, consistente en un día de salario por cada día de retardo para “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías”. En efecto dice la norma:

“ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”. (Subrayado y resaltado fuera de texto).

De lo anterior, se colige que a los empleados del nivel territorial afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no se les aplica la sanción moratoria regulada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues así lo dispone el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
PARÁGRAFO.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998”.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del artículo 6 (entre otros) de la Ley 432 de 1998, en la sentencia C-625 del 4 de noviembre de 1998 consideró que no se vulnera el derecho a la igualdad de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro respecto de los beneficiarios de los fondos privados, porque en aquél sí se genera una sanción ante el incumplimiento en la consignación oportuna de la cesantías, pero a favor del Fondo, lo cual está en armonía con sus objetivos sociales. En efecto dijo la Corte:

“El demandante considera que estos artículos consagran una situación que desfavorece a los afiliados del Fondo Nacional de Ahorro frente a las sociedades administradoras de fondos de cesantía, pues, mientras, en este último caso, la sanción por mora en que incurre el empleador al consignar tardíamente las cesantías de su empleado, corresponde a un día de salario a favor del trabajador, en el caso de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, la sanción es el doble del interés bancario corriente, y se causa a favor del Fondo y no del trabajador.

La Corte considera que el presente examen de constitucionalidad, debe avocarse no sobre las circunstancias secundarias del asunto, sino sobre lo que constituye su núcleo esencial, es decir, determinar si las consecuencias del mismo hecho generador, presenta diferencias sustanciales o no.

Para tal efecto, se tiene que el hecho generador consiste en el incumplimiento del empleador de consignar oportunamente las cesantías de sus trabajadores.

En la ley 432 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se establecen sanciones drásticas para dicho incumplimiento, con el propósito de desestimular tal omisión.

La diferencia se encuentra en el monto de la sanción, es decir, en el aspecto pecuniario del tema. Este aspecto, no sólo corresponde a un asunto adjetivo, sobre el que no existen elementos que le permita a la Corte determinar cuál monto es mayor o menor, sino que la explicación de la diferencia radica en que se está en presencia de dos regímenes legales diferentes. En el caso de las administradoras de cesantías, la sanción se rige por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y para el Fondo, en la legislación que le es propia, la Ley 432 de 1998.

En consecuencia, por este aspecto, no existe la vulneración del principio de igualdad que manifiesta el demandante, pues ante el mismo hecho generador de la sanción, es decir, el incumplimiento en la consignación oportuna del valor de las cesantías liquidadas al afiliado, se impone sanción de carácter pecuniario, si bien es verdad que a favor del Fondo en el caso de sus afiliados, o del trabajador, en el de las administradoras, distinción que se justifica, en virtud de los distintos objetivos sociales y de régimen legal que tienen cada uno”.

2.2 Hechos probados

Proceso de homologación y nivelación salarial

• Copia del Decreto 1129 del 13 de marzo de 2007, expedido por el Alcalde del Municipio de Pereira, por medio del cual se homologan y nivelan salarialmente los cargos administrativos de los establecimientos educativos y de la planta central de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

• Copia del Decreto 1130 del 13 de marzo de 2007, dictado por el Alcalde del Municipio de Pereira, que determinó la denominación del código, grado y asignación salarial de la planta de cargos homologada del sector educativo financiado con recursos del Sistema General de Participaciones. Este decreto en el artículo primero relacionó los empleados cuyos cargos se homologaron y nivelaron salarialmente, entre ellos, el actor, precisando que la nueva denominación del empleo es celador, código 477, grado 02 con una asignación de $595.484.

Solicitud del demandante

• Reclamación administrativa del mes de noviembre de 2010, presentada por el apoderado del actor ante el Alcalde del Municipio de Pereira, para que consignara el “retroactivo de las cesantías reconocidas y pagadas con ocasión del proceso de homologación y nivelación salarial llevado a cabo por el Municipio de Pereira”, y el “pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, (…) por la no consignación oportuna de las cesantías retroactivas en el Fondo Nacional del Ahorro, desde el año 2007, fecha en la cual el Ministerio de Educación Nacional reconoció la deuda al Municipio de Pereira, y de los años 2008, 2009, 2010 y años subsiguientes, hasta que se verifique el pago total de la obligación”.

Consignación de las cesantías del actor en el Fondo Nacional del Ahorro

• Mediante oficio del 17 de junio de 2013, el Fondo Nacional del Ahorro informó que la Secretaría de Educación de Pereira realizó los aportes de cesantías del demandante para las vigencias 2003 a 2012 y “un traslado de vigencias fiscales anteriores”.

• Mediante oficio del 25 de junio de 2013, el Fondo Nacional del Ahorro remitió al proceso el extracto del demandante, donde aparecen depositadas las cesantías de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, y un traslado de vigencias anteriores por $407.437.

• Oficio 6825 del 17 de junio de 2013 de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, en el que se indican cuáles fueron los depósitos realizados al Fondo Nacional del Ahorro a favor del actor:

Año
Aporte
2007
1.164.350
2008
1.223.277
2009
1.260.538
2010
1.328.948
2011
1.677.117

Actos administrativos demandados

• Copia del Oficio del 15 de abril de 2011, firmado por la Directora Administrativa de Prestación del Servicio de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, que en respuesta a la petición del demandante señaló:

“Por otro lado, la consignación del auxilio de cesantías fue recibido por los diferentes fondos pensionales (sic) respecto de los cuales no se recibió rechazo alguno, y por el contrario fueron recepcionados e ingresados en la cuenta individual de cada empleado, razón por la cual no puede esta territorial reconocer el pago de sanciones moratorias. Máxime cuando existieron razones de fuerza mayor para la administración municipal como el proceso de homologación y nivelación, así como situaciones dilatorias de tipo individual con cada fondo de pensiones y cesantías. Por ende, la Secretaría de Educación procede a despachar desfavorablemente las solicitudes elevadas por usted”.

• Copia de la Resolución 3014 del 20 de junio de 2011, expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el actor contra el oficio del 15 de abril de 2011, y decidió confirmarlo.

-Acto ficto que se configuró por el silencio de la administración frente al recurso de apelación presentado por el demandante contra el oficio del 15 de abril de 2011.

2.3 Solución al caso concreto

En la demanda se solicita la nulidad de los actos administrativos de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira que le negaron al accionante el pago de la sanción moratoria presuntamente causada por el incumplimiento de la entidad territorial en la consignación del monto retroactivo de las cesantías que se reliquidaron como consecuencia del proceso de homologación y nivelación salarial.

El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el interesado siendo afiliado al Fondo Nacional del Ahorro tiene un régimen regulado por la Ley 432 de 1998, que impide la aplicación de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

La parte actora pide que se revoque la sentencia de primera instancia, como quiera que al estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, en plano de igualdad respecto de los beneficiarios de los fondos privados, sí tiene derecho al pago de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990.

El recurrente también alega que se probó el incumplimiento de la entidad demandada en la consignación de las cesantías retroactivas causadas en razón de la homologación y reliquidación salarial.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que en el proceso está probado que el señor Serafín Camacho Duarte labora para la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, y que su cargo de celador fue homologado y nivelado salarialmente, por disposición de los Decretos 1129 y 1130 del 13 de marzo de 2007.

También está acreditado en el expediente que la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira le consignó las cesantías al actor en el Fondo Nacional del Ahorro, correspondientes a los años 2003 a 2012; por consiguiente, el régimen de cesantías del cual es beneficiario se encuentra en la Ley 432 de 1998, que contiene la normativa aplicable al Fondo Nacional del Ahorro.

Ahora bien, se observa que el demandante reclama la aplicación del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 que regula la sanción moratoria por el retardo en la consignación de los auxilios de cesantías, en los siguientes términos:

“Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
(…)
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo”.

Igualmente, se destaca que el accionante está afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, por consiguiente, su régimen de cesantías está regulado en la Ley 432 de 1998, que en el artículo sexto dispone que en el transcurso del mes de febrero “las entidades empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías”; y en el inciso dos señala que éstas mensualmente enviarán a dicho fondo una certificación que contenga el valor de los factores salariales que constituyan la base para liquidar las cesantías, devengados en el mes anterior.

Y, en caso de incumplimiento de la entidad empleadora, el artículo sexto ídem indica que el funcionario competente que no haga oportunamente la consignación de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías, incurrirá el falta disciplinaria; y el artículo séptimo ibídem preceptúa que “Corresponde al Fondo Nacional de Ahorro adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones de las entidades empleadoras, en conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional”.

Así las cosas, el régimen de liquidación y pago de cesantías de los servidores del nivel territorial que se hayan afiliado al Fondo Nacional del Ahorro es el contenido en la Ley 432 de 1998, sin que se pueda acudir al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que exclusivamente comprende a los afiliados a los fondos privados de cesantías.

En este sentido se consideró en la sentencia del 27 de abril de 2017 de esta Subsección que “los servidores públicos territoriales afiliados al Fondo Nacional del Ahorro se sujetan al sistema de liquidación y consignación previsto en la Ley 432 de 1998; por consiguiente, no tienen derecho al pago de la sanción prevista en el artículo 99 de la ley 50 de 1990 en caso de mora en la consignación del auxilio de cesantía, toda vez que su naturaleza jurídica está constituida a modo de correctivo pecuniario respecto del empleador que incurra en la conducta descrita en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a fin precisamente de proteger una prerrogativa, esto es, la prestación social - cesantías-, sin que pueda ordenarse su aplicación a un régimen diferente sin que ello conlleve al desconocimiento del principio de inescindibilidad de la ley”.

En este orden de ideas, la Sala considera que, acorde con la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, los empleados del nivel territorial afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no son beneficiarios de la sanción moratoria regulada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues así lo prevé el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, el cual solo regula la remisión a esta sanción para los “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantía”.

Por tanto, no asiste la razón al recurrente, ya que la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en torno a que el régimen del Fondo Nacional del Ahorro previsto en la Ley 432 de 1998 no prevé la sanción moratoria por el retardo en la consignación de los auxilios de cesantías.

Por otra parte, la Sala considera que el legislador no previó, dentro de los supuestos de hecho que generan la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, que ante la falta de pago de las diferencias de las cesantías, ocasionada por una nivelación salarial, se cause dicha sanción, puesto que en tratándose de derecho sancionatorio impera la aplicación del principio de taxatividad y legalidad, de modo que no cabe la interpretación extensiva a presupuestos no establecidos en la normativa.

En este mismo sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección A en la sentencia del 5 de abril de 2018:

“Ahora, en atención a ese reajuste reconocido, la demandante pretende se le ordene a la entidad el pago de la sanción moratoria tanto por la no consignación como por el no pago oportuno de esas diferencias, esta Corporación considera que dicha situación no se enmarca dentro de los presupuestos que regulan las normas atrás indicadas, pues es claro que éstas no traen esa sanción como consecuencia del no pago de diferencias salariales o incrementos según el IPC.

Debe anotarse que la posición de la Subsección es que el pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y seguridad social, pero es importante precisar que dicha garantía no puede ampliarse a presupuestos no contemplados en la norma, como en el caso de reajustes salariales, los cuales, para la época en que se hizo el correspondiente pago oportuno no constituían situaciones consolidadas para la beneficiaria, como ocurrió en el presente asunto, que solo luego del pronunciamiento judicial se ordenó el reajuste y el pago correspondiente de las diferencias”.

Así las cosas, se precisa que los actos administrativos demandados no están viciados de nulidad, porque el accionante como afiliado al Fondo Nacional del Ahorro no es beneficiario del pago de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, norma que tampoco incluye en su ámbito de aplicación la reliquidación posterior de la cesantía con ocasión de un reajuste salarial.

Aunado a lo anterior, en el proceso la entidad demandada demostró que realizó las consignaciones de las anualidades 2003 a 2012, por concepto de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, por lo tanto, no tiene razón el accionante al señalar que no se le había consignado el valor retroactivo de las cesantías causadas por el proceso de homologación y nivelación salarial, tal como lo advirtió el Tribunal.

III. DECISIÓN

En atención a estas consideraciones, la Sala desestima el recurso de apelación presentado por el accionante y, por ende, confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 31 de julio de 2013, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- RECONOCER personería al abogado Juan Alejandro Reyes, como apoderado del Municipio de Pereira para los efectos del poder que obra a folio 195.

TERCERO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 20-26
Folios 39-50
Folios 154-161
Folios 164-167
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 08001-23-31-000-2011-00874-01 y número interno 1325-16.
ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942. […]
«Artículo 1°. Con las solas excepciones previstas en el presente decreto, los empleados y obreros al servicio de un Departamento, Intendencia, Comisaría o Municipio tiene derecho a la totalidad de las prestaciones señaladas en el artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, y el artículo 11 del Decreto 1600 del mismo año para los empleados y obreros de la Nación. A la entidad que alegue estar comprendida en uno de los casos de excepción, de corresponderá probarlo.»
El auxilio de cesantía a que tengan derecho los empleados y obreros al servicio de la Nación, los Departamentos y los Municipios, se liquidará de conformidad con el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses, o en todo el tiempo de servicio, si éste fuero menor de doce meses.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, proceso con radicado 08001-23-31-000-2012-00244-01 y número interno 1381-15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Jaime Moreno García, sentencia del 19 de julio de 2007, proceso con radicado 15001-23-31-000-2000-02033-01 y número interno 9228-05
“Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 66001-23-33-000-2013-00442-01 y número interno 1389-2015
M.P. Alfredo Beltrán Sierra
Folios 127-133
Folios 115-125
Folios 2-4
Folios 99-101
Folios 134-144
Folio 98
Folios 5-8
Folios 10-13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 66001-23-33-000-2013-00442-01 (1389-15)
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 5 de abril de 2018, proceso con radicado 08001-23-33-000-2014-00335-01 (4881-15).

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