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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2013-00098-02

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2013-00098-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2015, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Risaralda negaron las pretensiones de la demanda instaurada por el señor José Lino Arce Nemgarabe en contra del Hospital San Vicente de Paul de Mistrató E.S.E. SEGUNDO. ORDENAR que, por Secretaría de esta Corporación, se oficie a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) para que, con carácter urgente e inmediato, adelante el trámite de reconocimiento de la pensión de jubilación a que tiene derecho el señor José Lino Arce Nemgarabe conforme al régimen de transición de la Ley 33 de 1985 y al Decreto 4937 de 2009, contando el término de prescripción de las mesadas causadas a partir de la fecha de radicación de la demanda que dio lugar al presente proceso. TERCERO. CONDENAR en costas al demandante en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2013-00098-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 66001 23 33 000 2013 00098 02 (2428-2016)
Demandante : José Lino Arce Nemgarabe
Demandada : Hospital San Vicente de Paul de Mistrató E.S.E.
Tema : Pensión de jubilación. Régimen de transición de la Ley 33 de
1985. Competencia de Colpensiones para el reconocimiento
conforme al Decreto 4937 de 2009
Decisión : Confirma la sentencia apelada, en tanto a partir del Decreto
4937 de 2009 corresponde a Colpensiones y no a la entidad
empleadora reconocer la pensión con el régimen de transición
de la Ley 33 de 1985.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por José Lino Arce Nemgarabe contra
la sentencia del 5 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda instaurada contra
el Hospital San Vicente de Paul de Mistrató E.S.E.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. José Lino Arce Nemgarabe presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio del 16 de julio de 2012,
mediante el cual el Hospital San Vicente de Paul de Mistrató E.S.E. negó el
reconocimiento de su pensión de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: la declaratoria de beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993; el reconocimiento de una pensión de
jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, a partir del 7 de mayo de 2009, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados durante el último
año de servicio; la indexación de la primera mesada pensional; el pago de intereses de
mora conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993 incluidas las mesadas adicionales
de junio y diciembre; el pago de los aportes a pensión desde el 7 de mayo de 2009 hasta
que cumpliera los requisitos para acceder a la pensión de vejez del régimen de prima
media; y la condena en costas y agencias en derecho.

Radicación: 66001 23 33 000 2013 00098 02 (2428-2016)
Demandante: José Lino Arce Nemgarabe

3. El demandante nació el 7 de mayo de 1954 y contaba con más de 40 años de edad al
30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones para
los servidores públicos del orden territorial, lo que a su juicio, lo hace beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Se desempeñó como
empleado público en el Hospital San Vicente de Paul de Mistrató en el cargo de promotor
rural desde el 1 de marzo de 1978 hasta el 15 de abril de 2002 (24 años, 1 mes y 15
días), período durante el cual fue afiliado por el empleador al Instituto de Seguros
Sociales desde el 10 de marzo de 1978, con cotizaciones al régimen de prima media
durante toda la relación laboral.

4. El 7 de mayo de 2009 cumplió 55 años de edad. Días después presentó solicitud de
reconocimiento pensional ante el ISS invocando el régimen de transición de la Ley 100
de 1993 y la aplicación de la Ley 33 de 1985. El ISS negó la solicitud mediante Resolución
6578 del 3 de junio de 2009, con el argumento de que el Decreto 758 de 1990 exigía 60
años para el reconocimiento de la pensión. El recurso de reposición interpuesto fue
resuelto negativamente mediante Resolución 12915 del 17 de noviembre de 2009.

5. Agotada esa vía, el demandante acudió a la jurisdicción ordinaria laboral. El Juzgado
Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y el Tribunal
Superior de Pereira negaron sus pretensiones en sentencias del 15 de julio y del 21 de
octubre de 2011, respectivamente, al considerar que la obligación pensional correspondía
al empleador con fundamento en el artículo 5 del Decreto 813 de 1994.

6. Con ese antecedente, el 30 de enero de 2012 el demandante requirió al Hospital el
reconocimiento de su pensión de jubilación acreditando ser beneficiario del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tener más de 55 años de
edad y haber laborado como empleado público por más de 20 años. La entidad negó la
solicitud mediante el Oficio del 16 de julio de 2012 sin indicar los recursos procedentes,
razón por la cual, afirmó, no se interpuso recurso alguno en vía gubernativa.

Contestación de la demanda

7. El Hospital San Vicente de Paul de Mistrató E.S.E. se opuso a la totalidad de las
pretensiones. Sostuvo que desde el inicio de la relación laboral cumplió con su obligación
de afiliar al demandante al ISS y de realizar los aportes correspondientes durante toda la
vinculación, razón por la cual no tiene pasivos pensionales. Precisó que el retiro del señor
Arce Nemgarabe obedeció a la supresión del cargo de promotor de salud mediante
Acuerdo 001 de 3 de abril de 2002, en el marco de un proceso de reestructuración
institucional promovido por el Ministerio de Salud, por lo cual se le reconoció y pagó una
indemnización y sus prestaciones sociales por valor de $24.165.368.

8. En cuanto al fondo del asunto, argumentó que el demandante, por ser servidor público
del orden territorial afiliado al ISS, no podía acceder al régimen de la Ley 33 de 1985
(aplicable a los empleados del orden nacional afiliados a Cajanal), sino al régimen del
ISS, esto es, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que

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Radicación: 66001 23 33 000 2013 00098 02 (2428-2016)
Demandante: José Lino Arce Nemgarabe

exigía 60 años de edad para el reconocimiento de la pensión de vejez. Añadió que el
hospital no es una entidad de seguridad social con objeto pensional y que la obligación
de reconocer la pensión corresponde al ISS, hoy Colpensiones, como administradora de
todos los aportes efectuados durante la relación laboral. Señaló además que cuando al
demandante le fue suprimido el cargo en 2002, le faltaban siete años para cumplir los 55
años de edad y que si no continuó cotizando como independiente hasta completar los
requisitos del régimen de prima media, ello es de su exclusiva responsabilidad.

9. Concluyó que el Decreto 4937 de 2009, invocado por el Tribunal Superior de Pereira
en el proceso ordinario laboral como fundamento para radicar la obligación pensional en
el empleador no era aplicable al momento en que el demandante cumplió los requisitos
(7 de mayo de 2009), pues dicho decreto entró en vigencia el 18 de diciembre de ese
año. Con ese argumento sostuvo que las pretensiones de la demanda debían negarse
en su totalidad.

II. SENTENCIA APELADA

10. El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda. Para
fundamentar su decisión examinó el alcance del Decreto 4937 de 2009, que modificó el
artículo 45 del Decreto 1748 de 1995 y estableció que las pensiones de jubilación con
régimen de transición de los servidores públicos afiliados al ISS serían reconocidas por
esa administradora (o quien haga sus veces) mediante la emisión de un bono especial
tipo T, sin que la entidad empleadora tuviera que asumir transitoriamente ese pago.

11. El Tribunal consideró que, pese a que el demandante adquirió su derecho pensional
el 7 de mayo de 2009 (antes de la entrada en vigencia del Decreto 4937, ocurrida el 18
de diciembre de ese año), la Corte Constitucional en sentencia T-879 de 2010 dispuso la
aplicación de dicha norma incluso a derechos adquiridos con anterioridad a su
promulgación, interpretación que fue fundamentada en los artículos 52 de la Ley 100 de
1993, 6 del Decreto 692 de 1994 y 1 y 2 del Decreto 1088 de 1994.

12. Con ese fundamento, concluyó que Colpensiones (como sucesora del ISS) es la
entidad obligada a reconocer la pensión de jubilación del demandante, y no el Hospital
San Vicente de Paul de Mistrató E.S.E. en su condición de empleador. Por tal razón, negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante como parte vencida,
con fundamento en el artículo 365 del CGP, aplicado por remisión del artículo 188 del
CPACA.

III. RECURSOS DE APELACIÓN

13. El demandante apeló la sentencia y solicitó su revocatoria. Argumentó que el Tribunal
erró al aplicar el Decreto 4937 de 2009 para radicar en Colpensiones la obligación de
reconocer su pensión, pues dicha norma entró en vigencia el 18 de diciembre de 2009
(con posterioridad al 7 de mayo de ese año, fecha en que cumplió los requisitos de la Ley
33 de 1985), de modo que, conforme al principio de irretroactividad de la ley, no podía

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Radicación: 66001 23 33 000 2013 00098 02 (2428-2016)
Demandante: José Lino Arce Nemgarabe

aplicársele una disposición que no estaba vigente al momento de consolidarse su
derecho.

14. Sostuvo que su situación se rige por el artículo 45 original del Decreto 1748 de 1995,
en concordancia con el artículo 5 del Decreto 813 de 1994, normas bajo las cuales el
empleador público afiliado al ISS estaba obligado a reconocer la pensión de jubilación
cuando el trabajador cumpliera los requisitos del régimen anterior que le era aplicable,
continuar cotizando al ISS hasta que este pudiera asumir la pensión de vejez y responder
únicamente por el mayor valor entre ambas prestaciones. En ese esquema, era el
Hospital San Vicente de Paul de Mistrató el obligado a reconocer y pagar la pensión
desde el 7 de mayo de 2009 hasta que Colpensiones asumiera el pago, momento a partir
del cual el hospital solo respondería por la diferencia si la hubiere.

15. Concluyó que aplicar el Decreto 4937 de 2009 a un derecho adquirido antes de su
vigencia no solo desconoce el principio de irretroactividad, sino que priva al demandante
de las mesadas causadas entre el 7 de mayo de 2009 y la fecha en que Colpensiones
asuma el pago (período durante el cual ninguna entidad le habría reconocido la
prestación), lo que hace más gravosa su situación pensional. Solicitó que se revocara la
sentencia apelada y se accediera a la totalidad de las pretensiones de la demanda.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

16. Mediante auto proferido el 17 de mayo de 2018 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte la demandante. La entidad demandada y el Ministerio Público
guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código
General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

18. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Risaralda erró al
concluir que la obligación de reconocer la pensión de jubilación de José Lino Arce
Nemgarabe, beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, corresponde a
Colpensiones conforme al Decreto 4937 de 2009, o si, por el contrario, dicha obligación
radicaba en el Hospital San Vicente de Paul de Mistrató E.S.E. en su condición de
empleador, bajo el esquema de compartibilidad pensional previsto en el artículo 45 del

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Demandante: José Lino Arce Nemgarabe

Decreto 1748 de 1995 y el artículo 5 del Decreto 813 de 1994, dado que el derecho se
consolidó el 7 de mayo de 2009, antes de la entrada en vigencia del citado Decreto 4937.

Análisis

19. La Sala confirmará la sentencia apelada. El Tribunal concluyó acertadamente que la
obligación de reconocer la pensión de jubilación del señor Arce Nemgarabe corresponde
a Colpensiones y no al Hospital San Vicente de Paul de Mistrató E.S.E., pues el Decreto
4937 de 2009 es la disposición aplicable para definir la entidad competente para el
reconocimiento pensional, sin que ello implique desconocer que el actor consolidó el
derecho bajo el régimen de transición de la Ley 33 de 1985. En efecto, esa norma no
altera el contenido sustancial del derecho pensional adquirido, sino que regula la forma
en que debe asumirse su reconocimiento y financiación dentro del sistema.

20. Por tanto, no es de recibo el argumento del apelante según el cual el decreto no podía
aplicársele por haber consolidado su derecho antes de su entrada en vigencia, pues esa
norma no opera sobre el contenido del derecho pensional sino sobre la entidad
competente para reconocerlo.

21. Para comprender el alcance de esa conclusión es necesario examinar el tránsito
normativo que condujo a la creación del mecanismo del bono tipo T. El Instituto de
Seguros Sociales fue creado con el propósito de asumir progresivamente las
prestaciones propias del sistema de seguridad social, para lo cual se establecieron
mecanismos de transición ordenada de las obligaciones pensionales que anteriormente
correspondían a los empleadores1. En ese contexto surgió la figura de la compartibilidad
pensional, conforme a la cual los empleadores reconocían la pensión cuando el
trabajador cumplía los requisitos de un régimen más favorable que el del ISS,
continuaban cotizando a esa entidad hasta que el trabajador cumpliera los requisitos del
régimen de prima media y respondían únicamente por el mayor valor entre ambas
prestaciones una vez el ISS asumía el pago.

22. El Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de ese año, desarrolló esas
reglas para el sector privado2. Posteriormente, el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995

1
Teniendo en cuenta su finalidad, en lo que corresponde al riesgo de vejez, se destaca que el artículo 76
de la citada Ley 90 estableció que la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior
para que el instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a
la presente ley el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes. Las personas,
entidades o empresas que de conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer
pensiones de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de tales
normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles, hasta que el instituto
convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales en ningún caso las condiciones del
seguro de vejez para aquellos empleados y obreros en el momento de la subrogación lleven a lo menos
diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o empresas que se trate de subrogar en
dicho riesgo, serán menos favorables que las establecidas para ellos por la legislación sobre jubilación
anterior a la presente ley
2
El artículo 12 dispuso de unos requisitos para acceder a la pensión de vejez, consistentes en Sesenta
(60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, Un
mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores

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Demandante: José Lino Arce Nemgarabe

extendió ese esquema al sector público al disponer que los empleadores públicos
afiliados al ISS se asimilaban a los empleadores privados y, por tanto, les era aplicable
el artículo 5 del Decreto 813 de 19943, sin que hubiera lugar a la expedición de bono tipo
B. Bajo esa normatividad, cuando un servidor público beneficiario del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985 cumplía los requisitos pensionales, era el empleador
quien debía reconocer y pagar la pensión transitoriamente, continuar cotizando al ISS y
responder por el mayor valor una vez esa entidad asumiera el pago de la vejez.

23. Sin embargo, ese modelo generó dificultades prácticas notorias: los empleadores se
resistían a asumir el pago transitorio y los servidores quedaban sin protección pensional
efectiva mientras se resolvían los conflictos entre el fondo y el empleador. Para zanjar
esas dificultades, el Decreto 4937 del 18 de diciembre de 2009 modificó el artículo 45 del
Decreto 1748 de 1995 y creó el bono pensional tipo T, con el propósito de que
Colpensiones (como sucesora del ISS) reconociera directamente la pensión de jubilación
con régimen de transición de los servidores públicos afiliados a dicha administradora, a
la edad prevista en el régimen público (55 años), sin que la entidad empleadora tuviera
que asumir transitoriamente ese pago. A cambio, el empleador queda obligado a expedir
el bono tipo T, que cubre la diferencia entre el valor de la prestación reconocida por
Colpensiones conforme al régimen del ISS y el valor que corresponde al servidor bajo la
Ley 33 de 1985.

al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo. En cuanto a la compartibilidad, el artículo 16 señaló que los
trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse en el Instituto de Seguros Sociales contra los
riesgos de invalidez, vejez y muerte, lleven 10 años o más de servicios continuos o discontinuos en una
misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000.00) moneda corriente o superior,
ingresarán al seguro obligatorio como afiliados para el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Al cumplirse el
tiempo de servicios y la edad exigidos por la ley para las pensiones plenas o especiales en ella
consagradas, podrán exigir la jubilación a cargo del patrono y éste estará obligado a pagar dicha pensión
de jubilación, pero el patrono continuará cotizando en este seguro hasta cuando el trabajador cumpla con
los requisitos mínimos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez, y en este momento, el
Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo
hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado. A su turno, el
artículo 18 estableció que los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que
otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto
colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán
cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los
requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá
a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la
pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.
3
El citado artículo 5 dispuso que los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de
la fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados
pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o
voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los
asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de Vejez y en este
momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor
valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono.
La obligación de seguir cotizando al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata este artículo, sólo
rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales.
Parágrafo 1°Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva Convención Colectiva,
Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las
pensiones en ellos reconocidas no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.

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Demandante: José Lino Arce Nemgarabe

24. El apelante sostiene que ese decreto no le es aplicable porque su derecho se
consolidó el 7 de mayo de 2009, antes de su entrada en vigencia, y que aplicarlo
retroactivamente desconoce el principio de irretroactividad de la ley. Este argumento
parte de una premisa inexacta: confunde la irretroactividad sobre el contenido del derecho
pensional con la determinación de la entidad competente para reconocerlo.

25. La irretroactividad protege el derecho adquirido en su contenido sustancial (la
pensión bajo la Ley 33 de 1985, con tasa de reemplazo del 75% sobre el promedio salarial
del último año de servicio, a partir de los 55 años). Ese contenido permanece intacto y no
puede ser modificado por normas posteriores. Sin embargo, el Decreto 4937 de 2009 no
altera ese contenido: no modifica la edad de acceso, ni el tiempo de servicio requerido,
ni el monto de la prestación. Lo que regula es exclusivamente la competencia para el
reconocimiento y la financiación de la pensión, aspectos organizativos del sistema que
pueden ser modificados por el legislador sin afectar el derecho adquirido.

26. En ese sentido, esta corporación4 ha precisado que la aplicación del Decreto 4937
de 2009 para definir la competencia de reconocimiento de Colpensiones no vulnera
situaciones jurídicas consolidadas, pues el decreto actúa sobre la estructura operativa
del sistema pensional y no sobre el contenido del derecho. Cuando el proceso judicial se
adelanta bajo la vigencia de esa norma, el juez contencioso debe aplicarla para
determinar cuál es la entidad obligada al reconocimiento, con independencia de la fecha
en que se consolidaron los requisitos pensionales, siempre que el derecho sustancial
reconocido corresponda íntegramente al régimen anterior más favorable.

27. En el presente caso, el señor Arce Nemgarabe acredita los presupuestos para ser
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993: tenía más de
40 años de edad al 30 de junio de 1995 (fecha de entrada en vigencia del sistema general
de pensiones para el sector público territorial) y laboró como empleado público en el
Hospital San Vicente de Paul de Mistrató durante 24 años, 1 mes y 15 días, con aportes
al ISS durante toda la relación laboral. El 7 de mayo de 2009 cumplió 55 años de edad,
con lo cual reunió los requisitos de la Ley 33 de 1985: más de 20 años de servicio a una
entidad pública y la edad exigida.

28. Verificados esos presupuestos, la competencia para el reconocimiento corresponde
a Colpensiones, conforme al Decreto 4937 de 2009, norma que se encontraba vigente al
momento de expedición del acto demandado (el Oficio del 16 de julio de 2012), mediante
el cual el Hospital negó la solicitud pensional y que, por tanto, era la disposición aplicable
para determinar la entidad obligada al reconocimiento.

29. La entidad empleadora, por su parte, queda obligada a expedir el bono pensional tipo
T que garantice la financiación de la diferencia entre la prestación que reconoce
Colpensiones conforme al régimen del ISS y el valor que corresponde al demandante

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 23 de mayo
de 2013, Rad. No. 11001-03-25000-2010-00291-00(2390-10). C.P. Alfonso Vargas Rincón. Demanda de
nulidad donde se analizó si la norma contrariaba el Acto Legislativo 01 de 2005.

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Radicación: 66001 23 33 000 2013 00098 02 (2428-2016)
Demandante: José Lino Arce Nemgarabe

bajo la Ley 33 de 1985. Esa obligación no desaparece por el hecho de que el hospital
haya cumplido con sus aportes durante la relación laboral, pues el bono tipo T es
precisamente el mecanismo que el ordenamiento diseñó para cubrir ese diferencial una
vez Colpensiones asume el reconocimiento.

30. En este sentido, el Tribunal aplicó en debida forma las normas para concluir que, si
bien el demandante reúne los requisitos para pensionarse con el régimen de transición
de la Ley 33 de 1985, conforme al Decreto 4937 de 2009 la competencia para el
reconocimiento de esa pensión corresponde a Colpensiones y no al Hospital San Vicente
de Paul de Mistrató E.S.E., razón por la cual se confirmará el fallo apelado.

31. No obstante lo anterior, la confirmación de la sentencia apelada no agota el análisis
del caso. El señor José Lino Arce Nemgarabe acredita un derecho pensional consolidado
desde el 7 de mayo de 2009 y ha reclamado su reconocimiento de manera persistente:
primero ante el ISS, que lo negó; luego ante la jurisdicción ordinaria laboral, que declaró
competente al empleador; y finalmente ante este último, que también lo negó, dando
origen al presente proceso. En ninguno de esos escenarios ha obtenido el reconocimiento
efectivo de una prestación a la que tiene derecho desde hace más de dieciséis años. Esa
situación compromete el principio de coordinación que debe regir la actuación de las
entidades públicas en la garantía de los derechos de los administrados, consagrado en
el numeral 10 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, conforme al cual las autoridades
deben concertar sus actividades para el cumplimiento de sus cometidos y la prestación
del servicio, evitando que la indefinición de competencias entre ellas se traduzca en la
negación material de un derecho reconocido por el ordenamiento. En consecuencia, sin
perjuicio de lo resuelto sobre las pretensiones de la demanda, la Sala impartirá una orden
dirigida a garantizar que Colpensiones asuma con carácter urgente el trámite de
reconocimiento pensional que le corresponde.

32. Para efectos de la prescripción de las mesadas pensionales causadas, el término se
contará a partir de la radicación de la demanda que dio lugar al presente proceso, habida
cuenta de que desde esa fecha quedó inequívocamente acreditada la reclamación formal
del derecho por parte del señor Arce Nemgarabe y la negativa de la entidad empleadora
a reconocerlo, circunstancias que no pueden operar en perjuicio del pensionado ante la
indefinición interinstitucional de competencias.

Condena en costas

30. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

31. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento

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Radicación: 66001 23 33 000 2013 00098 02 (2428-2016)
Demandante: José Lino Arce Nemgarabe

legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así una excepción
a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
32. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso.

33. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

34. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto se negó
totalmente la petición del respectivo recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2015, por medio
de la cual, el Tribunal Administrativo de Risaralda negaron las pretensiones de la
demanda instaurada por el señor José Lino Arce Nemgarabe en contra del Hospital San
Vicente de Paul de Mistrató E.S.E.

SEGUNDO. ORDENAR que, por Secretaría de esta Corporación, se oficie a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) para que, con carácter urgente
e inmediato, adelante el trámite de reconocimiento de la pensión de jubilación a que tiene
derecho el señor José Lino Arce Nemgarabe conforme al régimen de transición de la Ley
33 de 1985 y al Decreto 4937 de 2009, contando el término de prescripción de las
mesadas causadas a partir de la fecha de radicación de la demanda que dio lugar al
presente proceso.

TERCERO. CONDENAR en costas al demandante en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicación: 66001 23 33 000 2013 00098 02 (2428-2016)
Demandante: José Lino Arce Nemgarabe

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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