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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2013-00405-02

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2013-00405-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°. Confírmase la sentencia de 20 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda (sala segunda de decisión), que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Jhon Bayron Castaño Romero contra el Aeropuerto Internacional Matecaña, por las razones expuestas en la parte motiva. 2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2013-00405-02

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

23 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 66001-23-33-000-2013-00405-02 (2226-2020)
Demandante : Jhon Bayron Castaño Romero
Demandado : Aeropuerto Internacional Matecaña
Tema : Contrato realidad

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 20 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo Risaralda (sala segunda de decisión), que negó las súplicas de
la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 1 a 8 c.1). El señor Jhon Bayron Castaño Romero,
por conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el Aeropuerto
Internacional Matecaña, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de los oficios de 18 de junio de 2013 y
de 19 de julio siguiente, a través de los cuales la gerencia del Aeropuerto
Internacional Matecaña negó la existencia de una relación laboral con el
demandante.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la accionada (i) «[…]
proceda al reintegro del [actor] al cargo que venía desempeñando, con
retroactividad al día 01 de Enero de 2013» (sic); (ii) pagar las respectivas
prestaciones sociales, «[…] lo correspondiente al porcentaje que como
empleador debió cancelar por concepto de aportes para la Seguridad Social en
pensión y salud en el periodo comprendido entre el 12 de Enero de 1999 y el
31 de diciembre de 2012 […]» (sic) y las sumas que se causen por los mismos
conceptos desde el 1° de enero de 2013 hasta cuando sea reincorporado al
empleo; (iii) «[…] reintegrar […] el valor de los dineros que debió sufragar

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Jhon Bayron Castaño Romero contra el Aeropuerto Internacional
Matecaña

por concepto de publicaciones de los contratos de prestación de servicios ante
la Gaceta del ÁREA METROPOLITANA […]» (sic). Lo anterior, junto con la
actualización de los montos adeudados.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que prestó servicios personales y
remunerados a «partir del día 12 de Enero del año 1999 […] en su condición
de Profesional de Ciencias del Deporte y la Recreación, con el objeto de
diseñar, programar, continuar y ejecutar el programa de acondicionamiento
físico para el personal que labora al servicio del mismo AEROPUERTO, más
específicamente para el personal de Bomberos Aeroportuarios allí ubicados,
servicios que fueron prestados hasta el día 31 de Diciembre de 2012» (sic), a
través de contratos de prestación de servicios, bajo continua subordinación y
dependencia, con una jornada laboral de 4 horas diarias, por más de 12 años.

Que el 29 de mayo de 2013 presentó reclamación con el fin de ser reintegrado
al cargo y que se reconocieran sus prestaciones sociales, lo que le fue negado
con los actos acusados.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 4, 13, 25, 29,
48, 53, 121, 122, 123, 125 y 209 de la Constitución Política y 32 de la Ley 80
de 1993.

Asevera que «[…] la prestación de sus servicios personales fue sujeta a una
subordinación y dependencia, pues recibía órdenes y rendía informes de sus
actividades de manera permanente. Su actividad como Coordinador del
Programa de Acondicionamiento Físico tanto del cuerpo de Bomberos
Aeroportuarios como a los del personal de planta y administrativos del
Aeropuerto Internacional Matecaña no eran de carácter transitorio o
pasajeras, sino que […] son de la esencia misma de la función pública en lo
que hace referencia a los bomberos aeronáuticos para lograr el normal
funcionamiento del mencionado Aeropuerto so pena que se cause el cierre del
mismo» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 174 a 184 vuelto c.1). El ente accionado,
por conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda; frente a
los hechos dice que unos son ciertos, algunos de manera parcial, otros no y los
demás se deben probar; y formuló las excepciones denominadas «inepta
demanda», «ausencia de vínculo laboral con el aeropuerto», «carencia de
prestación continua del servicio» «existencia de varios contratos de prestación
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de servicios independientes y autónomos», «prescripción» y «buena fe».

Arguye que los contratos de prestación de servicios se adecuaron a lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y correspondían a la necesidad
de contratar actividades que requerían conocimientos especializados, con
autonomía e independencia en su desarrollo, pues en la planta de personal de
ese ente no existen profesionales que puedan realizar reacondicionamiento
físico del personal.

1.6 La providencia apelada (ff. 219 a 302 vuelto c.2). El Tribunal
Administrativo de Risaralda (sala segunda de decisión), en sentencia de 20 de
septiembre de 2019, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que «[…] no se encuentra acreditado el elemento de la
subordinación y dependencia continuada que se precisa para la configuración
de una relación de carácter laboral, en cuanto a lo probado en el sub examine
dista de la intensidad de ocho horas diarias, cuarenta semanales y ciento
sesenta mensuales que corresponden a una relación laboral, por el contrario,
los períodos acreditados y relacionados anteriormente, evidencian que el
demandante acreditó labores en horarios flexibles acordados con el personal
objeto de acondicionamiento físico, y no existe prueba de la imposición de
horarios y sujeción a los mismos, ya que los horarios de las actividades
deportivas a su cargo debían coordinarse con el grupo asignado. De otro lado,
el demandante era quien elaboraba el plan o rutina de ejercicios e incluso […]
cuando […] no se encontraba en las instalaciones del aeropuerto, dejaba la
rutina escrita en un tablero, la cual modulaba a su arbitrio como partidos de
futbol, rutina de cardioresistencia o pesas» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 304 y 305 c.2). El actor, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación, pues, a su juicio, «[…] NO ES
CIERTO que no se haya logrado demostrar los elementos de la relación
Laboral surgida […] máxime si se tiene en cuenta tanto las pruebas
documentales aportadas con la demanda y, la prueba testimonial […] dan
plena cuenta que en efecto existió una relación de carácter administrativa, toda
vez que se presentan los elementos de características de la misma, ya que el
aquí demandante debía de cumplir y desarrollar sus funciones como un
empleado público»; y «[…] el personal de Bomberos debe realizar jornadas
diarias de acondicionamiento físico, pues en caso contrario, se dispone del
cierre de actividades en el Aeropuerto» (sic para toda la cita).

Sostiene que «[…] el Aeropuerto Internacional de Matecaña procedió con
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Jhon Bayron Castaño Romero contra el Aeropuerto Internacional
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fecha del 29 de Agosto del año 2000 a registrar en el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Municipal, el proyecto número 731 que se le había
titulado como PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL, precisamente para
darle cabal cumplimiento a la exigencia de la AERONÁUTICA CIVIL,
programa en el cual se hace mención sobre la necesidad de contar con los
servicios personales de un Profesional en Ciencias de la Educación, de ahí por
el cual se contó por más de trece (13) años con los servicios personales del
[actor] y, en desarrollo de ese contrato la tal autonomía del contratista se quedó
en el papel ya que éste señor estaba sujeto a darle cumplimiento a unos horarios
que el Aeropuerto Internacional de Matecaña le señalaba, además que se vio
obligado a acatar todas las órdenes y tareas que por lo general eran asignadas
por la médica del Aeropuerto […]» (sic), por lo que se hace necesario revocar
la sentencia impugnada y acceder a las pretensiones de la demanda.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 31 de enero de
2020 (f. 307 c.2) y admitido por esta Corporación a través de auto de 30 de
noviembre de 2021 (f. 316 c.2), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 24 de marzo de 2022 (f. 318 c.2), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las
primeras1.

2.1.1 Parte demandante. El actor, a través de apoderado, expresa que «[…] no
contaba con autonomía para realizar sus labores para el acondicionamiento
físico del personal que labora en el Aeropuerto, en especial para con el
personal del CUERPO DE BOMBEROS AERONÁUTICOS, en el entendido que
todos los Aeropuertos como en este caso el de la ciudad de Pereira que se
encuentra sometido a control de las autoridades, y más concretamente por así
exigirlo la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL OACI,
deben contar con Cuerpos de Bomberos Aeronáuticos debidamente formados y
especializados en dar pronta respuesta a las emergencias que se llegaren a
presentar, no solamente con respecto a las aeronaves que utilizan la terminal

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Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Jhon Bayron Castaño Romero contra el Aeropuerto Internacional
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área, sino también a toda parte de la edificación que hace parte del Aeropuerto,
como es del caso, restaurantes y demás establecimientos de comercio que por
lo general allí se instalan, a parte claro está de la misma población que allí
labora como el personal que visita esas instalaciones, así como a los tanques
de combustibles que son ubicados en el mismo Aeropuerto» (sic); que en «[…]
estas condiciones, la OACI le exige a las autoridades del Aeropuerto que el
personal vinculado al Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, por reglamentación
internacional, que deben estar preparados y debidamente equipados para
emergencias que se llegaren a presentar en circunstancia difíciles, por lo que,
[…] el personal de Bomberos Aeronáuticos deben contar con una preparación
suficiente para entrar a responder ante las probables emergencias y poder
controlarlas de manera tal que se pueda permitir que ese servicio de
transportes se pueda cumplir sin tropiezo alguno» (sic).

2.1.2 Ente accionado. Mediante apoderado, asegura que «[e]l demandante era
un verdadero contratista de prestación de servicios que ejecutaba sus alcances
contractuales con total autonomía y de conformidad a la prueba recaudada, no
quedaron demostrados los elementos que permiten declarar que en el presente
asunto operó el principio de la PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS
FORMALIDADES y en consecuencia solicit[a] se nieguen las pretensiones del
medio de control ya que este tópico jurídico fue objeto de análisis por parte del
CONSEJO DE ESTADO en Sentencia de Unificación No. 2013- 01143
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con la
configuración del contrato realidad» (sic).

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problemas jurídicos. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica
o no para reclamar del Aeropuerto Internacional Matecaña el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que
permaneció vinculado como contratista, en aplicación del principio de
«primacía de la realidad sobre formalidades»; o, por el contrario, si los
contratos de prestación de servicios que celebró con dicho ente estatal se ajustan
a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuró una relación laboral,
como lo concluyó el a quo.

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Matecaña

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución de los problemas jurídicos
planteados en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.

En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el
de carácter laboral, así:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
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servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, pues en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no
puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en
caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a
la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato
respectivo.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 2, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente
que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.

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Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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Matecaña

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un
trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y
no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a
sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos
de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones
de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una
medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se
oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se
desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de
servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional,
concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la
entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de
planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera,
despliega los principios constitucionales de la función pública en las
relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de
funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con
el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la
administración mediante el concurso de méritos.

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
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propios de la actividad misional del ente estatal contratante, para ejecutarlos
en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales3.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda 4
recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se
exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento,
en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y
la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a
quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de
empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los
presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) El accionante prestó sus servicios profesionales para el programa de
acondicionamiento físico de los empleados del Aeropuerto Internacional
Matecaña, en virtud de los siguientes contratos de prestación de servicios (ff.
77 a 156 c.1):

3
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
4
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-
33-000-2012-00020-01 (316-2014).
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Matecaña

Contrato Inicio Finalización
1 12-99 12/01/1999 31/12/1999
2 18-2000 17/01/2000 14/12/2000
3 17-2001 16/04/2001 14/12/2001
4 13-2002 04/03/2002 13/12/2002
5 11-2003 28/04/2003 15/12/2003
6 14-2004 23/02/2004 31/12/2004
7 31-2005 21/02/2005 21/01/2006
8 28-2006 01/02/2006 31/12/2006
9 14-2007 15/01/2007 31/12/2007
10 14-2008 01/02/2008 31/12/2008
11 46-2009 30/03/2009 31/12/2009
12 13-2010 13/01/2010 31/12/2010
13 13-2011 19/01/2011 31/12/2011
14 15-2012 30/11/2012 31/12/2012

El objeto contractual consistió en «DISEÑAR, PROGRAMAR, CONTINUAR Y
EJECUTAR EL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA
FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO MATECAÑA Y OTROS SERVIDORES
Y TRABAJADORES QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA
CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL AEROPUERTO» (sic),
y como funciones del contratista se encontraban, entre otras, las de: «1) Diseñar
y ejecutar un programa específico de acondicionamiento físico para los
Bomberos Aeronáuticos del Aeropuerto Internacional Matecaña. 2) Realizar
las evaluaciones de las condiciones físicas tanto de ingreso como periódicas,
del personal que labora en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios
de la entidad. 3) Diseñar y ejecutar un programa específico de
acondicionamiento físico para los funcionarios del Aeropuerto Internacional
Matecaña. 4) Diseñar y ejecutar programas de prevención, detección y control
de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo. 5) Diseñar y
ejecutar programas para la prevención y control de enfermedades generadas
por riesgos psicosociales. 6) Dirigir y promover actividades de recreación y
deporte para los funcionarios de la entidad. 7) Llevar todos los registros de las
actividades ejecutadas. 8) Cumplir con el reglamento del gimnasio que por
disposiciones administrativas y de seguridad aeroportuaria se ha
implementado» (sic)

b) El accionante aportó, entre otros documentos, pólizas de cumplimiento y
constancias de pago de los contratos referidos en la letra anterior y
certificaciones de afiliación a salud, pensión y riesgos profesionales, de las
cuales se observa que en diferentes lapsos desde 2000 hasta 2013 cotizó como
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Matecaña

dependiente de diferentes empresas (ff. 29 a 76 c.1).

c) Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores
Jhon Alexánder Acevedo Muñoz y Fernando Gómez Ospina, quienes relataron
acerca de las circunstancias concernientes a la prestación de servicios del
accionante como instructor del área de acondicionamiento físico del Aeropuerto
Internacional Matecaña, de lo que se destaca que cumplía un horario de 3:30 a
7:30 p. m. de lunes a viernes (ff. 276 a 280, que contiene un CD).

d) Mediante escrito de 29 de mayo de 2013 (ff. 15 a 17 c.1), el actor reclamó
del Aeropuerto Internacional Matecaña el reintegro al cargo de coordinador del
programa de acondicionamiento físico, el reconocimiento de una relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social
entre 1999 y 2012 y desde el 1° de enero de 2013 hasta cuando se haga efectiva
su restitución al mencionado empleo.

e) A través de oficio 18 de junio de 2013 (ff. 18 y 19 c.1), el ente estatal
accionado negó lo solicitado en la letra anterior, para lo cual adujo que los
contratos celebrados con el actor eran de prestación de servicios y no generan
el reconocimiento de las prestaciones sociales que ahora depreca, decisión que
fue objeto de recurso de reposición (f. 20 c.1) y confirmada con oficio de 19 de
julio siguiente, en el que se adujo que la relación contractual estuvo regida por
la Ley 80 de 1993 (ff. 21 y 22 c.1).

De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que (i) el demandante
prestó sus servicios profesionales, como instructor deportivo, con una jornada
de 3:30 a 7:30 p. m., para el programa de acondicionamiento físico de los
empleados del Aeropuerto Internacional Matecaña desde el 12 de enero de 1999
hasta el 31 de diciembre de 2012; y (ii) el 29 de mayo de 2013 reclamó de dicho
ente estatal el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales y los aportes a seguridad social entre 1999 y 2012 y desde
el 1° de enero de 2013 hasta cuando se haga efectivo su restitución al
mencionado empleo, lo que le fue negado con los actos administrativos
demandados.

Asimismo, resulta oportuno precisar que, de acuerdo con los referidos contratos
de prestación de servicios, su objeto fue «DISEÑAR, PROGRAMAR,
CONTINUAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO
FÍSICO PARA FUNCIONARIOS DEL AEROPUERTO MATECAÑA Y OTROS
SERVIDORES Y TRABAJADORES QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA O
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Expediente 66001-23-33-000-2013-00405-02 (2226-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jhon Bayron Castaño Romero contra el Aeropuerto Internacional
Matecaña

INDIRECTA CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL
AEROPUERTO» (sic).

De igual modo, se encuentra demostrada, con la copia de los contratos de
prestación de servicios y los testimonios recaudados, la existencia de dos de los
elementos de la relación laboral, por un lado, (i) la prestación personal del
servicio, por cuanto efectivamente el demandante fue contratado por el ente
aeroportuario como instructor físico, según el objeto contractual ya relatado, lo
que implica que fue quien prestó el servicio; por otro, (ii) la remuneración por
el trabajo cumplido, comoquiera que en dichos contratos de prestación de
servicios se estipuló un «valor del contrato y forma de pago» con cargo a los
recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía
derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que comporta la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario), que le era pagada de manera mensual,
según el monto acordado. Sin embargo, cabe anotar que, pese a que no se aportó
prueba de los pagos recibidos, el ente demandado no lo controvirtió ni se opuso
a ello, razón por la cual ha de entenderse que sí los efectuó, al cumplir sus
obligaciones contractuales.

En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por el actor en el ente demandado y su verdadero alcance, con el
fin de establecer si existió o no.

El Aeropuerto Internacional Matecaña es un establecimiento público que tiene
como misión «[…] contribuir con el mejoramiento del servicio aeroportuario y
satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios y la comunidad Pereirana
elevando los factores de competitividad de la región, bajo los pilares de la
seguridad operacional y la modernidad en sus instalaciones»5 y como funciones,
las de «[p]restar a los usuarios del servicio de transporte aéreo las facilidades
necesarias para ello» (sic) y «[p]restar a las aeronaves las facilidades
necesarias para su operación en el Aeropuerto»6, motivo por el cual las tareas
que desempeñó el accionante no hacen parte del giro o funcionamiento ordinario
del ente demandado, puesto que están directamente relacionadas con el
acondicionamiento físico del personal aeroportuario, por tanto, resulta relevante
determinar si las labores del contratista se desarrollaron bajo coordinación u

5
https://aeromate.gov.co/transparencia/informacion-de-la-entidad/
6
Ibidem.
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Expediente 66001-23-33-000-2013-00405-02 (2226-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jhon Bayron Castaño Romero contra el Aeropuerto Internacional
Matecaña

órdenes directas, pues la continuidad en la prestación del servicio (13 años) no
constituye por sí sola una relación laboral.

En el caso sub examine lo primero que da cuenta de las tareas del accionante es
el contenido de los contratos de prestación de servicios, en los que al explicar el
alcance del objeto, le asignaron, entre otras, las siguientes actividades: «1)
Diseñar y ejecutar un programa específico de acondicionamiento físico para los
Bomberos Aeronáuticos del Aeropuerto Internacional Matecaña. 2) Realizar las
evaluaciones de las condiciones físicas tanto de ingreso como periódicas, del
personal que labora en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la
entidad. 3) Diseñar y ejecutar un programa específico de acondicionamiento
físico para los funcionarios del Aeropuerto Internacional Matecaña. 4) Diseñar
y ejecutar programas de prevención, detección y control de enfermedades
relacionadas o agravadas por el trabajo. 5) Diseñar y ejecutar programas para
la prevención y control de enfermedades generadas por riesgos psicosociales. 6)
Dirigir y promover actividades de recreación y deporte para los funcionarios de
la entidad. 7) Llevar todos los registros de las actividades ejecutadas. 8) Cumplir
con el reglamento del gimnasio que por disposiciones administrativas y de
seguridad aeroportuaria se ha implementado» (sic).

Sumado a esta prueba documental, fueron atendidos en audiencia de pruebas
los testimonios de los señores Jhon Alexánder Acevedo Muñoz y Fernando
Gómez Ospina, los cuales no convencen acerca de la dependencia a la que
supuestamente estaba sometido el accionante, dado que lo único que relataron
fue que el actor ejercía funciones de instructor del área de acondicionamiento
físico del Aeropuerto en un horario específico que él adecuaba según las
funciones del cuerpo de bomberos, de lunes a viernes de 3:30 a 7:30 p. m.; sus
actividades específicas consistían en valorar la resistencia física del personal
y determinar el acondicionamiento físico para adecuarlo a las labores que
debían cumplir los bomberos aeroportuarios; que no existía un cargo de planta
similar en la entidad y era autónomo en el desarrollo de los programas que él
mismo proponía.

Aunado a lo anterior, como el demandante solo prestaba servicios por 4 horas
al día, en horarios que él mismo ajustaba de acuerdo con la disponibilidad que
la entidad le ofrecía, no le implicaba exclusividad y ello le permitía tener otro
tipo de empleos o contratos, como efectivamente lo muestran las constancias de
afiliación a salud y pensión que dan cuenta de que en diferentes lapsos desde
2000 hasta 2013 cotizó como dependiente de diferentes empresas, por lo que el
análisis probatorio que realizó el a quo se encuentra ajustado a derecho.
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Expediente 66001-23-33-000-2013-00405-02 (2226-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jhon Bayron Castaño Romero contra el Aeropuerto Internacional
Matecaña

Resulta oportuno recordar que, según el marco jurídico que antecede, la
previsión normativa del artículo 32 (inciso 3º) de la Ley 80 de 1993 se trata de
una presunción que debe ser desvirtuada y, por ende, analizado el material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, esta Corporación concluye
que no le asiste razón al actor en reclamar la existencia de una relación laboral
con el Aeropuerto Internacional Matecaña, toda vez que no se probó la
configuración del elemento de la subordinación, por la ausencia de la potestad
de imponer cantidad de trabajo y de órdenes en el desarrollo directo de sus
actividades, circunstancias estas connaturales a dicho elemento7, sino que, por
el contrario, cumplió el objeto contractual pactado.

Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación
de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución
eficiente y eficaz, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, sin embargo,
en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte,
respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto
suscrito.

Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista
ningún tipo de independencia.

Por consiguiente, en el presente caso puede hablarse de coordinación, habida
cuenta de que el desempeño de las funciones por parte del actor no estaba sujeto
a la imposición de medidas y/o órdenes del demandado sin tener la posibilidad
de disponer del trabajo de aquel, lo que demuestra, se insiste, la ausencia del
elemento de la subordinación.

Así las cosas, actividades como presentar informes mensuales respecto de la
ejecución del contrato y otras funciones de índole administrativo dentro de la
organización de una dependencia no pueden considerarse, per se, como

7
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 11 de mayo de 2020, expediente 20001-23-
31-000-2011-00341-01 (2001-13).
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Expediente 66001-23-33-000-2013-00405-02 (2226-2020)
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Jhon Bayron Castaño Romero contra el Aeropuerto Internacional
Matecaña

circunstancias que comportan el elemento de la subordinación, en la medida en
que hacen parte de la ejecución y de las relaciones de coordinación propias de
los contratos de prestación de servicios, a la luz de lo previsto en el artículo 32
de la Ley 80 de 1993, norma que también prevé una presunción iuris tantum,
tal como lo ha determinado esta Corporación8:

Dicha normatividad contempló una presunción iuris tantum, al establecer
que en ningún caso estos contratos- entiéndase contratos de prestación de
servicios- generan relación laboral ni reconocimiento de prestaciones
sociales.

Las presunciones generan una de dos situaciones: quien alega la
presunción para fundar su derecho desplaza la carga de la prueba en cabeza
de su adversario o bien que quien alega la presunción le niegue a su
adversario por entero la facultad de acudir a prueba alguna que demuestre
la no existencia del hecho decisivo.

De esta suerte, las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos
a favor de quienes operan. Una vez demostrado aquello sobre lo cual se
apoyan, ya no es preciso mostrar valiéndose de otros medios de prueba lo
presumido por la ley. En ese orden, el artículo 166 del Código General del
Proceso aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011,
regula las presunciones establecidas por ley señalando que “… el hecho
legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en
contrario cuando la ley lo autorice.”

Así las cosas, la presunción contenida en el artículo transcrito al no tener
el carácter de ser iuris et de iure, es decir, de pleno derecho, puede ser
controvertida y desvirtuada, de tal manera que, en asuntos como el
presente, quien pretenda la declaratoria de existencia de una relación
laboral que subyace de la ejecución de contratos de prestación de servicio,
con base en el principio consagrado en el artículo 53 de la Carta Superior
de la primacía de la realidad sobre las formas, tiene el deber de acreditar
los elementos configurativos de la relación laboral en especial, la
subordinación a fin de poder quebrantar la presunción que sobre esta
modalidad de contrato estatal recae.

A guisa de corolario de lo que se deja consignado, se tiene que el accionante,
en su condición de contratista, no logró acreditar las condiciones para la
existencia del denominado «contrato realidad» que invoca, pues no demostró
que a través de los contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos se
desdibujaron las características propias de este tipo de vínculo, para convertirse
en una relación laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su

8 Sección segunda, subsección B, sentencia de 25 de mayo de 2017, expediente 66001-23-33-000-2013-00468-
01 (2093-15).
15

Expediente 66001-23-33-000-2013-00405-02 (2226-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Jhon Bayron Castaño Romero contra el Aeropuerto Internacional
Matecaña

ejecución y la correspondiente subordinación.

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará el fallo de primera instancia, que negó las
pretensiones, toda vez que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de
que están revestidos los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°. Confírmase la sentencia de 20 de septiembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda (sala segunda de decisión), que negó las
súplicas de la demanda incoada por el señor Jhon Bayron Castaño Romero
contra el Aeropuerto Internacional Matecaña, por las razones expuestas en la
parte motiva.

2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

16

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