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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00119-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00119-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, que reconoció la sustitución de pensión de gracia en favor de la señora Josefa Nolasco, en porcentaje del 100%. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO (Ausente con excusa) 28 Número Interno: 0891-2020 Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco. Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 29

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2014-00119-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 66001-23-33-000-2014-00119-01 (Acumulado con el
expediente 66001-33-33-003-2014-00127-00) (891-
2020)1
Demandante : María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco (Litis
Consorte Necesario).
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Sustitución pensión gracia esposa y compañera
permanente
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la señora María Irma
Flórez Jaramillo y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia del
Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, que reconoció la sustitución
de pensión de gracia en favor de la señora Josefa Nolasco en porcentaje del 100%.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda2

1.1.1 Pretensiones

• Expediente 2014-00119-003

1
Expediente hibrido.
2
El expediente 66001-23-33-000-2014-00119-01 (Acumulado con el expediente 66001-33-33-003-2014-00127-00), consta
de cuatro cuadernos físicos, así: 2014-00119-00 en un (1) cuaderno, 2014-00127-00 en dos (2) cuaderno y el cuaderno de la
Corporación.
3
Demandante María Irma Flórez Jaramillo. Cuaderno 1, folios 2-5.

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

1. La señora María Irma Flórez Jaramillo, acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución RDP 037436 de Catorce
(14) agosto de Dos Mil Trece (2013), mediante el cual, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), negó el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia a favor
de la actora, en calidad de cónyuge supérstite del causante Rodrigo González Parra.

2. Asimismo, deprecó la nulidad de la Resolución 042233 de Once (11) de
septiembre de Dos Mil Trece (2013), por la cual, se resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la anterior decisión administrativa, sosteniéndola en su integridad
y, de la Resolución 042550 de Trece (13) de septiembre de Dos Mil Trece (2013),
que resolvió la apelación contra la actuación inicial.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento y pago de la
sustitución de la pensión gracia a favor de la demandante, en calidad de cónyuge
sobreviviente del señor Rodrigo González Parra, a partir del Ocho (8) de febrero de
Dos Mil Trece (2013), teniendo en cuenta los incrementos de ley y el retroactivo
pensional; (ii) la indexación de los valores reconocidos, los intereses moratorios
desde la fecha de exigibilidad del derecho y, que se dé cumplimiento a la sentencia
en los términos del artículo 192 del CPACA y (iii) se condene en costas y agencias
en derecho.

• Expediente 2014-00127-004

4. La señora Josefa Nolasco, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de obtener la nulidad de la Resolución RDP 037436 de Catorce
(14) agosto de Dos Mil Trece (2013), y la Resolución RDP 042233 de Once (11) de
septiembre de Dos Mil Trece (2013), mediante las cuales, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), negó el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracia a favor

4
Demandante Josefa Nolasco. Cuaderno 2, folio 18.

2

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

de la señora Josefa Nolasco, en calidad de compañera permanente del causante
Rodrigo González Parra, y dejó sin efectos la Resolución RDP 0480802 de Tres (3)
de Septiembre de Dos Mil Trece (2013), por la cual se había reconocido en un cien
por ciento (100%) la sustitución de la pensión gracia a su favor.

5. A título de restablecimiento del derecho, reclama (i) el reconocimiento y pago de
la sustitución de la pensión gracia a favor de la señora Nolasco, en calidad de
compañera permanente del señor Rodrigo González Parra, debidamente indexada
y con efectos desde el Siete (7) de febrero de Dos mil Trece (2013); (ii) se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA y (iii) se
condene en costas y agencias en derecho si se causaren.

1.1.2 Hechos

• Expediente 2014-00119-005

6. Se indica en la demanda, que el Cinco (5) de marzo de Mil Novecientos (1977),
la señora María Irma Flórez Jaramillo contrajo matrimonio con el señor Rodrigo
González Parra, sociedad conyugal que sigue vigente; de cuyo vinculo se procreó
a Ana Milena González (mayor de edad).

7. El Seis (6) de junio de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) se divorciaron ante
el Juzgado Promiscuo de La Virginia, Risaralda. Luego, «aproximadamente a los 8
años», la demandante volvió a convivir con el señor González Parra.

8. El señor Rodrigo González Parra, gozaba de una «pensión de vejez» (Resolución
16880 de Diecinueve (19) de abril de Dos Mil Seis (2006) de la Caja Nacional de
Previsión Social Cajanal E.I.C.E), pensión que fue reliquidada mediante la
Resolución 51007 de Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Siete (2007).

9. El Siete (7) de febrero de Dos mil Trece (2013), el señor Rodrigo González Parra
falleció en la ciudad de Pereira, Risaralda. Se afirma en el libelo, que para la «fecha
del fallecimiento, la señora María Irma Flórez Jaramillo convivía con el causante Rodrigo González
Parra».

5
Demandante María Irma Flórez Jaramillo. Cuaderno 1, folios 5-7
3

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

10. La actora solicitó el Diecisiete (17) de mayo de Dos Mil Trece (2013) ante la
entidad demandada, la sustitución de la pensión gracia que disfrutaba el causante,
la cual, fue denegada mediante los actos administrativos que se demandan.

• Expediente 2014-00127-006

11. Ante el fallecimiento del causante, su compañera permanente Josefa Nolasco
solicitó el Diecisiete (17) de mayo de Dos Mil Trece (2013) la sustitución de la
pensión gracia reconocida a su compañero, mediante la Resolución No. 16880 del
Diecinueve (19) de abril de Dos Mil Seis (2006) por parte de la Caja Nacional de
Previsión Social EICE

12. De manera concomitante, la señora María Irma Flórez Jaramillo, exesposa del
causante Rodrigo González Parra «de quien se encontraba legalmente separada desde hacía
más de veinticinco (25) años», alegó tener derecho al reconocimiento del 50% o la

totalidad de la prestación social (pensión gracia), bajo el supuesto de haber
convivido con el causante durante los últimos quince (15) años; Sin embargo, dicho
planteamiento no fue acogido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

13. Reclamaciones que fueron despachas desfavorablemente, a través de los actos
administrativos que se demandan.

14. Refiere que, a la señora Josefa Nolasco mediante Resolución No. 0456 de
Diecinueve 19 de noviembre de Dos mil Trece (2013) la Secretaría de Educación
de Risaralda, le fue reconocida la sustitución de la pensión vitalicia de jubilación que
gozaba el señor Rodrigo González Parra; así como, el auxilio funerario y las
cesantías definitivas.

15. Se asevera que, a la señora Josefa Nolasco le asiste el derecho a ser
beneficiaria de la sustitución pensional reclamada, ya que, al momento del
fallecimiento del señor Rodrigo González Parra, «la accionante llevaba conviviendo más
de veinticinco años de manera ininterrumpida, y que la otra reclamante se encontraba legalmente

6
Demandante Josefa Nolasco. Cuaderno 2, folio 19.

4

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

separada conforme al divorcio o cesación de los efectos jurídicos del matrimonio católico.»
También, se indica en la demanda que, la convivencia (unión marital de hecho) entre
los señores Rodrigo González Parra y Josefa Nolasco fue ininterrumpida desde el
Cinco (5) de noviembre de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985) y el Siete (7) de
febrero de Dos Mil Trece (2013) (fecha del deceso del causante).

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

• Expediente 2014-00119-007

16. La parte actora invocó como normas violadas: los artículos: 4, 13, 48, 53 y 58,
de la Constitución Política; las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933; artículos
los 1 y 3 de la ley 33 de 1973, 1 y 5 de la ley 12 de 1975, 2 y 3 de la Ley 44 de 1980,
1 parágrafo 1 de la Ley 113 de 1985, 20 de la Ley 71 de 1988, 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003 y el 81 de la Ley 812 de
2003

17. Sostuvo que, la decisión del ente demandado viola el mandato del artículo 2 de
la Constitución Política, al ser la pensión de sobreviviente un derecho derivado de
una relación «sentimental, amorosa, de ayuda, de apoyo, colaboración en calidad de cónyuge o
en su defecto compañeros permanentes por varios años.»

18. Se encuentra acreditado que, la señora María Irma Flórez Jaramillo es
beneficiaria del derecho a la sustitución de la pensión gracia devengada por el
causante, en tanto, pese a la disolución de la sociedad conyugal por causa de
muerte, esta nunca fue liquidada, lo que preserva su vocación como cónyuge
supérstite. A ello, se suma que, demostró una convivencia real y efectiva superior a
cinco (5) años, caracterizada por la «cohabitación, ayuda mutua, afecto y comunidad de vida,
vigente hasta el fallecimiento», incluso tras el divorcio formal, toda vez que, la relación

se restableció y se mantuvo hasta el deceso.

19. Concluyó que, la demandante cumple los requisitos legales para el
reconocimiento sustitución de la pensión gracia, por lo que, la negativa de la entidad
demandada se sustenta en una falsa motivación, derivada de una errónea

7
Demandante María Irma Flórez Jaramillo. Cuaderno 1, folios 7-13
5

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

interpretación normativa y el desconocimiento de los precedentes constitucionales,
configurándose así la causal de nulidad de los actos administrativos acusados y el
consecuente derecho al reconocimiento de la prestación reclamada.

• Expediente 2014-00127-008

20. Invocó, como normas violadas: El Preámbulo y artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53,
54, 58, 83, 90, 209 de la Constitución Nacional; la Ley 114 de 1913, la Ley 4 de
1966 y el Decreto 01 de 1984.

21. Adujo que, la actuación administrativa cuestionada, vulnera los fines esenciales
del Estado, previstos en el artículo 2° de la Constitución Política, así como, los
principios que rigen la función administrativa (art. 209), al desconocer el derecho
sustancial de la demandante, y que, las actuaciones acusadas se apartan de los
principios de igualdad, eficacia, buena fe y prevalencia del derecho material.

1.2 Contestación de la demanda

• Expediente 2014-00119-009

22. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), tras oponerse a las pretensiones del
libelo, adujo que, la señora María Irma Flórez Jaramillo no reúne los requisitos
legales para acceder a la sustitución pensional; en ese orden, considera que, la
entidad actuó conforme a la ley al mantener en suspenso el reconocimiento de la
prestación, en espera de que la jurisdicción ordinaria dirima el conflicto suscitado
entre las posibles beneficiarias.

• Expediente 2014-00127-0010

23. Igualmente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), se opuso a las
declaraciones y condenas de la demanda, bajo el sustento que la entidad
demandada actuó conforme a la ley al mantener en suspenso el reconocimiento

8
Demandante Josefa Nolasco. Cuaderno 2, folio 20.
9
Demandante María Irma Flórez Jaramillo. Cuaderno 1, folios 148-155
10
Demandante Josefa Nolasco. Cuaderno 2, folios 36-39
6

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

pretendido, hasta tanto la «jurisdicción ordinaria» resuelva el conflicto entre las señoras
Josefa Nolasco y María Irma Flórez Jaramillo.

1.3. La sentencia de primera instancia11

24. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante
sentencia de Treinta (30) de septiembre de Dos mil Diecinueve (2019), dispuso lo
siguiente:

«1. Se declara la nulidad parcial de la resolución No. RDP 042233 del 11 de septiembre
de 2013 y Resolución RDP 042550 del 13 de septiembre de 2013, expedidas por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, que dejaron sin efectos legales la Resolución No. RDP 040802 del
3 de septiembre de 2013 y negaron la sustitución pensional de gracia a la demandante
Josefa Nolasco, por las consideraciones expuestas en esta sentencia.

«2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP, que reconozca y pague la sustitución de
pensión de jubilación de gracia, a la señora Josefa Nolasco, en su condición de
compañera permanente en un 100% de la mesada pensional, causada a partir del día
siguiente del fallecimiento del señor Rodrigo González Parra, esto es el 8 de febrero de
2013, conforme lo dispone el artículo 6º del Decreto 1160 de 1989 reglamentario de la
Ley 71 de 1988.

3. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A., para lo cual se observará
lo señalado en la parte motiva de este fallo.»

25. Como sustento de su decisión el Tribunal indicó que, los testimonios allegados
por la señora María Irma Flórez Jaramillo, con miras a acreditar la convivencia con
el señor Rodrigo González Parra en los años anteriores a su deceso, carecen de
coherencia interna y resultan insuficientes para demostrar una relación estable,
continua y permanente bajo un mismo techo, y, ante la ausencia de otros medios
de convicción que suplan dicha deficiencia probatoria, no es procedente reconocerle
la calidad de beneficiaria de la sustitución pensional en concurrencia con la señora
Josefa Nolasco.

26. Por el contrario, encontró debidamente acreditado que la señora Josefa Nolasco
mantuvo convivencia efectiva con el causante durante los últimos cinco (5) años de
su vida, lo que le otorga el derecho al reconocimiento del cien por ciento (100%) de
la sustitución pensional reclamada. Advirtió que, la entidad demandada carecía de

11
Cuaderno 4, folios 258-279.
7

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

competencia para revocar unilateralmente el acto administrativo que inicialmente
reconoció de dicha prestación, al no contar con el consentimiento expreso de la
beneficiaria, en contravía de las normas que regulan la revocatoria directa de actos
administrativos de carácter particular y concretos.

1.4. Recursos de apelación

27. María Irma Flórez Jaramillo apeló la decisión12, arguyendo que, de la valoración
de los elementos probatorios que militan en el dosier, se revela que, el causante
mantuvo una relación concomitante con las reclamantes de la sustitución pensional,
y que, tras el divorcio, continuó en convivencia con ella, manteniendo entre ambos
una relación estable, solidaria y de mutuo apoyo.

28. Adujo que, con posterioridad al divorcio, el causante alternaba su permanencia
entre ambos hogares, configurándose dos relaciones simultáneas, con estabilidad,
permanencia y apoyo mutuo, sin que ello implique una única convivencia continua,
lo que da cuenta de una relación permanente con la señora Flórez Jaramillo quien
además le brindó asistencia en su etapa final de enfermedad, con lo cual se
demuestra una convivencia efectiva, y, con vocación de permanencia entre el
causante y la señora María Irma Flórez Jaramillo.

29. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)13, recurrió el fallo,
alegando que, de las declaraciones rendidas por los testigos de la señora Josefa
Nolasco no se acredita con claridad y precisión el cumplimiento del requisito de
convivencia durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante,
previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y, si bien los deponentes refieren
una relación de aproximadamente veintiocho (28) años, no se precisan los extremos
temporales de dicha convivencia, en particular su continuidad e ininterrupción en el
quinquenio inmediatamente anterior al deceso.

1.3 Trámite de segunda instancia

12
Cuaderno 4, folios 281-293
13
Cuaderno 4, folios 294-297.
8

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

30. Por auto del Primero (1) de septiembre de Dos Mil veinte (2020)14, se admitió el
recurso de apelación interpuesto por la demandante María Irma Flórez Jaramillo y se
rechazó el interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por considerarlo
extemporáneo; posteriormente, en providencia del Veinticinco (25) de abril de Dos Mil
Veinticuatro (2024)15, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la UGPP,
contra la anterior decisión, reponiendo el numeral segundo de dicha actuación, para
admitir el recuro de apelación incoado por la entidad accionada.

31. Ejecutoriado el auto admisorio del recurso de apelación interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), y, sin mediar solicitud de práctica de pruebas en segunda
instancia, el Despacho por auto del Siete (7) de Abril de Dos Mil Veintiséis
(2026) 16 prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el
artículo 247 (numeral 4) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 623 del Código
General del Proceso (CGP) y dispuso correr traslado a las partes durante el término
de Diez (10) días, para que presenten sus alegatos de conclusión.

1.5 Alegatos de conclusión en segunda instancia

32. El apoderado de la señora Josefa Nolasco17, en sus alegatos de conclusión,
solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, Por su parte, la
apelante insistió en que, se encuentra acreditado que, «hasta el último momento del
fallecimiento, el señor González Parra convivió con mi representada aportando la manutención
requerida a su núcleo familiar». Por último, la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)18 reiteró los
argumentos de su apelación.

33. El Ministerio Público, guardó silencio.19

II. CONSIDERACIONES

14
Cuaderno 4, folios 315 .
15
Samai - índice 11.
16
Samai índice 41
17
Samai índice 46. Demandante Josefa Nolasco.
18
Samai índice 48
19
Samai índice 49
9

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

2.1. Competencia

34. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo20, el Consejo de Estado es competente para
resolver los recursos de apelación interpuestos.

2.2 . Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿Le asiste el derecho a la sustitución pensional reclamada por la señora María
Irma Flórez Jaramillo, quien, en su condición de cónyuge divorciada del causante,
manifiesta haber convivido de manera real y efectiva con el señor Rodrigo González
Parra por más de cinco (5) años antes de su fallecimiento?

ii) ¿Las señoras María Irma Flórez Jaramillo (cónyuge) y Josefa Nolasco
(compañera permanente), acreditaron en grado de certeza, el requisito de
convivencia con el señor Rodrigo González Parra, acorde con lo establecido en
el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, para acceder al reconocimiento de la sustitución pensional?

iii) ¿Debe revocarse la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, el Treinta (30) de Septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), por medio de la cual, negó las pretensiones de la señora María
Irma Flórez Jaramillo y concedió el derecho pensional correspondiente al 100% de
la sustitución pensional a la señora Josefa Nolasco como compañera permanente,
con ocasión del fallecimiento del señor Rodrigo González Parra, por haberse
demostrado una convivencia efectiva por cinco (5) años antes de su fallecimiento
entre el causante y la señora Josefa Nolasco?

36. Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1 marco normativo y jurisprudencial sobre la sustitución pensional.

20
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.
10

Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

2.2.2 antecedentes jurisprudenciales de la sustitución pensional de cónyuge
supérstite, separada de hecho y con sociedad conyugal disuelta; 2.2.3 excepción
al requisito de convivencia de la cónyuge supérstite separada; 2.2.4 hechos
probados y 2.2.5 caso concreto.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la sustitución pensional en
docentes

37. Tal como lo sentado esta Sala21, la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues, al desaparecer en forma definitiva la persona
que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de que sus
integrantes queden desamparados y en peligro para poder subsistir, por ello, se
concibió la sustitución pensional con el fin de evitar un cambio sustancial en las
condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.

38. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala efectuará el análisis
normativo pertinente, con el fin de determinar la solución jurídicamente correcta para
el caso concreto. Lo anterior, en consideración a que el señor Rodrigo González
Parra falleció el Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013)22. En ese orden de
ideas, y, en relación a la ley aplicable al reconocimiento de la sustitución pensional,
esta Sala ha sostenido de manera reiterada que proceden las disposiciones
vigentes al momento del fallecimiento del causante, por cuanto es a partir de dicho
hito temporal que surge el derecho de los beneficiarios del pensionado, criterio que
fue adoptado en sentencia de unificación por parte de la Sección Segunda23, así:

«En consecuencia, contrario a lo alegado por el recurrente relativo a que en la condición de
cónyuge supérstite sólo debe acreditar el vínculo matrimonial o la convivencia al momento del
fallecimiento, en los términos de la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de
1989, se responde que como el fallecimiento de la causante ocurrió en vigencia de la Ley 100
de 1993, la norma aplicable sobre los requisitos que debe acreditar el accionante para ser
beneficiario de la sustitución pensional, son los contenidos en el artículo 47 ídem,
modificada por la Ley 797 de 2003».

39. En consecuencia, resulta aplicable el régimen general previsto en la Ley 100 de
1993. En ese sentido, el artículo 46 de dicha normativa, «por la cual se crea el sistema
de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones» , establece los requisitos para el

21
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre de
2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve
22
Certificado de defunción, cuaderno 1 folio 53.
23
Consejo de estado, Sección segunda, SUJ-029-CE-S2 de 2022 del 11 de agosto de 2022
11

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reconocimiento de la sustitución pensional, disposición que fue posteriormente
modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, «por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales».

40. Por su parte, el artículo 47 de la mencionada legislación, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, consagró el orden de los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, de la siguiente forma:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia
se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos con anterioridad a su muerte.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).”

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que
tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as)
en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo 24.
Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay
una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar
una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente (…)»

41. De acuerdo con la norma transcrita, en lo que respecta al cónyuge y al
compañero o compañera permanente, debe precisarse que, si a la fecha del
fallecimiento del causante el beneficiario tiene más de treinta (30) años de edad, la
pensión de sobrevivientes se reconoce de manera vitalicia; en caso contrario, esto
es, si es menor de dicha edad y no existen hijos con el causante, la prestación se

24
La Corte Constitucional, por sentencia C-1035 de 2008 declaró exequible este apartado, en el entendido que además de la
esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido
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otorga de forma temporal por un término de veinte (20) años. En todo caso, el
cónyuge o el compañero o compañera permanente debe acreditar que hizo vida
marital con el causante hasta su muerte, así como, una convivencia no inferior a
cinco (5) años continuos con anterioridad al deceso.

42. Ahora bien, cuando exista únicamente cónyuge, la pensión corresponderá a
éste; si no hay cónyuge, pero sí compañero o compañera permanente, el derecho
recaerá en este último.25

43. De otra parte, es preciso señalar que, como lo determinó esta Sala, si bien el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 exige que el requisito de los cinco (5) años de
convivencia sean «continuo[s] con anterioridad a la muerte del causante», cuando se
está ante el supuesto de coexistencia entre un compañero permanente y una
sociedad conyugal vigente respecto del causante, dicho requisito no puede ser
examinado de manera estrictamente literal frente al cónyuge supérstite. Ello, por
cuanto una interpretación en ese sentido se apartaría de la finalidad perseguida por
el legislador, orientada a la protección de la esposa o esposo supérstite con quien
el causante únicamente tuvo una separación de hecho, por lo que, en este caso, la
convivencia puede existir en cualquier tiempo. Esta postura ha sido reiterada por la
Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia SU-453 de 2019.26

Requisito de convivencia cuando se reclame la sustitución pensional de
cónyuge supérstite, separada de hecho y con sociedad conyugal disuelta.

44. En sentencia del nueve (9) de mayo de Dos Mil veinticuatro (2024), la Sección
Segunda, Subsección “A”27, respecto del requisito de convivencia de cinco (5) años
para la sustitución pensional de la cónyuge supérstite separada de hecho y sociedad
conyugal disuelta, señaló:

«La Corporación ha sostenido que el derecho a la pensión de sobrevivientes requiere que la
sociedad conyugal esté vigente, pues la liquidación podría implicar la pérdida del derecho,
incluso cuando el vínculo matrimonial permaneciere activo. Ello se explica porque una vez
realizada la separación de bienes, los haberes del pensionado o afiliado dejan de ser parte de
la masa patrimonial. Sin embargo, también se ha admitido que es posible acceder al

25
La Corte Constitucional, en sentencia C- 1035 de 2008 declaró exequible en forma condicional en el entendido de que
además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se
dividirá entre ellos Expediente C-1035-2008 MP Jaime Córdoba Triviño
26
Radicado 17001-23-33-000-2017-00386-01 (3285-2023), demandante Angelica María Martínez Agudelo
27
SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Bogotá, D. C., Nueve (9) De Mayo De Dos
Mil Veinticuatro (2024) Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 68001-23-33-000-2014
00559-02 (5658-2023
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reconocimiento, siempre que se pruebe la convivencia con el causante durante los 5 años
anteriores al fallecimiento, considerando que tal escenario 28, no impide que la vida en común
continúe.29

El criterio expuesto deja ver que la exigencia de la cohabitación es fundamental en el análisis
del cumplimiento de los requisitos respecto al cónyuge supérstite que reclama la prestación,
cuando concurre la disolución de la sociedad patrimonial, la vigencia del vínculo conyugal y la
separación de hecho. Lo cual, se precisa, no excluye el estudio de otras condiciones
relevantes para decidir lo propio en cada asunto.»

45. En consideración a lo expuesto en el antecedente jurisprudencial, es claro que,
para el reconocimiento de la sustitución pensional, la cónyuge supérstite separada
de hecho y sociedad conyugal disuelta, debe acreditar la convivencia plena con el
causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento.

Excepción al requisito de convivencia de la cónyuge supérstite separada.

46. La Corte Constitucional30, en ciertos casos ha sido flexible al requisito de
convivencia de los 5 años previos a la muerte para el reconocimiento de la pensión
de sustitución y en sentencia T-334 del 12 de agosto de 2024, señaló:

«En lo que respecta a la exigencia legal de la convivencia mínima de 5 años entre cónyuges
y compañeros permanentes previos a la muerte del causante, la Corte Constitucional ha
establecido que se sustenta por una parte en la vocación de estabilidad y permanencia de la
relación de pareja y por otra en la búsqueda de asegurar la subsistencia frente a la muerte de
quien dependían económicamente31. También es importante advertir que la Corte
Constitucional ha admitido como excepción a este requisito, la configuración de una
causa justificada. Así en diversas oportunidades ha aceptado que es posible interrumpir
la cohabitación sin perder el derecho, por motivos de salud, de trabajo y otras
circunstancias particulares como la violencia intrafamiliar, que deberán ser evaluadas
en el caso concreto, para considerar la separación aparente de cuerpos y que no
conducen a que desaparezca la vida en comunidad o la voluntad de convivir juntos”32 »
(destaca la Sala)

47. Ante el escenario de flexibilidad de la convivencia para la sustitución pensional,
la interpretación de la norma cede en los casos donde se interrumpe la vida en
común sin perder este derecho, por motivos de salud, trabajo y en casos de violencia
intrafamiliar.

28
Ver, entre otras, SU-108 de 2020. M.P. Carlos Bernal Pulido. A.V. Alejandro Linares Cantillo. A.V. Antonio JoséLizarazo
Ocampo; T-245 de 2017. M.P. (E) José Antonio Cepeda Amaris y T-197 de 2010. M.P. María Victoria CalleCorrea
29
SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCIÓN “A” C. P. Gabriel Valbuena Hernández. Providencia del 17 de marzo de 2022.
30
SENTENCIA T-228 DE 2023 Expediente: T-9.169.014 Acción de tutela interpuesta por Mercedes Robles de Rodríguez en
contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL Magistrada ponente: PAOLA ANDREA MENESES
MOSQUERA. “la interrupción de la convivencia por causas imputables al causante, o por cualquier otra justa causa, no supone
una pérdida del derecho a la sustitución (…). En concreto, en aquellos casos en los que la cónyuge supérstite y el causante
se separaron de hecho o de cuerpos por el abandono e incumplimiento de las obligaciones maritales del causante”.
31
Sentencia T-251 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger
32
Ver, entre otras, SU-108 de 2020. M.P. Carlos Bernal Pulido. A.V. Alejandro Linares Cantillo. A.V. Antonio José Lizarazo
Ocampo; T-245 de 2017. M.P. (E) José Antonio Cepeda Amaris y T-197 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
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47.1 Por otro lado, en eventos en los que, existe cónyuge con sociedad conyugal
vigente, pero separado de hecho, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que, la exigencia de convivencia, no puede interpretarse de manera rígida, pues,
subsisten efectos jurídicos y patrimoniales derivados del vínculo matrimonial, que
justifican un tratamiento diferenciado frente al compañero permanente.

47.2. Posteriormente, la Corte Constitucional33, reiteró esta posición al indicar que,
el cónyuge separado de hecho, con sociedad conyugal vigente se encuentra en una
situación jurídica distinta, a aquel cuya sociedad conyugal ha sido disuelta, pues, en
este último evento, desaparecen los vínculos económicos y patrimoniales que
podrían justificar el acceso a la sustitución pensional.

47.3. En efecto, dicha Corporación precisó que, «el cónyuge separado de hecho
con sociedad conyugal disuelta […] no se encuentra en el mismo plano jurídico y fáctico que
el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente» 34, en la medida en que, la

disolución extingue los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, incluidos
aquellos relacionados con derechos pensionales.

47.4. De lo anterior se desprende que, si bien la convivencia constituye el criterio
material determinante para acceder a la sustitución pensional, su exigencia debe
analizarse de manera diferenciada según la situación jurídica del vínculo,
especialmente, en aquellos casos, en los que subsiste o no la sociedad conyugal.

47.5. Ahora bien, en relación con la interpretación del requisito de convivencia, esta
Sala ha advertido que, no existe una uniformidad absoluta entre las distintas
jurisdicciones, particularmente entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado, en lo que respecta al alcance de la convivencia, en escenarios de

33 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-515 de 2019.

34 Ibidem.

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separación de hecho o disolución de la sociedad conyugal, lo cual, ha sido objeto
de análisis en pronunciamientos recientes de esta Corporación.

47.6. En tal sentido, el Consejo de Estado35, ha sostenido que, la existencia de una
sociedad conyugal disuelta, constituye un elemento relevante para efectos de
excluir el reconocimiento de la sustitución pensional al cónyuge, cuando no se
acredita convivencia efectiva en los términos exigidos por la ley, sin que resulte
suficiente la sola existencia histórica del vínculo matrimonial.

47.7. De manera concordante, esta Sala ha reiterado que, la finalidad de la pensión
de sobrevivientes, es la protección del núcleo familiar real y efectivo, por lo que, la
valoración de la convivencia debe atender a criterios materiales —esto es, apoyo
mutuo, solidaridad y comunidad de vida— y no meramente formales; en
consecuencia, el análisis del requisito de convivencia, exige una valoración integral
del contexto fáctico y jurídico de cada caso, en el que deben ponderarse tanto la
existencia del vínculo jurídico como la realidad de la relación, evitando
interpretaciones automáticas o abstractas que desconozcan la finalidad protectora
del sistema pensional.

47.8. Aunado a lo expuesto, vale la pena anotar que, esta Sala de Subsección, en
la sentencia del Tres (3) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024)36, dentro del
Rad. 2017-02571(02), recordó que, «a efectos de determinar si el o la cónyuge es beneficiaria
del derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional se requiere que la sociedad
conyugal esté vigente, pues su liquidación y disolución implicaría, en principio, la pérdida del
derecho, incluso aun cuando el vínculo matrimonial permaneciera activo, porque una vez realizada
la separación de bienes, los haberes del pensionado o afiliado dejan de ser parte de la masa
patrimonial que alguna vez conformaron. No obstante, se ha admitido la posibilidad de reconocer el
derecho, pese a la liquidación y disolución de la sociedad conyugal, siempre que se pruebe la
convivencia con el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento, considerando que tal
escenario, no impide que la vida en común continúe.»

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero
de 2020, Radicado: 13001-23- 33-000-2014-00028-01(0791-18), consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

36 Así lo ha dicho a partir de la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida dentro del proceso con radicado 05001-23-33-
000-2017-02571-02 (1545-2023

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47.9. En la misma providencia, se sostuvo que, la disolución de la sociedad
conyugal es una circunstancia determinante para que se pierda el derecho que
otorga la Ley 100 de 1993, «a menos de que se demuestre el apoyo mutuo, la convivencia
efectiva, la comprensión y la vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del pensionado»37

48. En ese orden de ideas, a la luz de los lineamientos legales y jurisprudenciales
previamente expuestos, se abordará el análisis del caso objeto de controversia.

2.2.2 Hechos probados38

49. Respecto del causante Rodrigo González Parra:

a) Resolución No. 16880 del Diecinueve (19) de abril de Dos Mil Seis (2006),
mediante la cual, la Caja Nacional de Previsión Social EICE reconoció y ordenó una
pensión vitalicia de gracia, al señor Rodrigo González Parra.39

b) Del registro civil de defunción se establece que falleció el Siete (7) de febrero de
Dos Mil Trece (2013).40

50. Respecto de la cónyuge María Irma Flórez Jaramillo.

c) El Cinco (5) de marzo de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), contrajo
matrimonio católico la señora Villegas Rivera con Rodrigo González Parra, según
consta en el registro civil de matrimonio del Treinta (30) de junio de Mil Novecientos
Setenta y Siete (1977) de la Notaria Única de la Virginia, Risaralda, con la siguiente
nota marginal. 41

«Que en el presente registro civil, existe una nota marginal que dice: NOTA: según oficio No.
669 del 06 de Junio de 1996, según conciliación en el Juzgado Promiscuo de Familia de La
Virginia, se decretó: La Cesación de los efectos civiles del matrimonio católico entre Rodrigo
González Parra y María Irma Flórez Jaramillo. (audiencia 6 de Junio de 1996) y el divorcio.»

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 28 de octubre de 2016, radicado: 2014-019-0501 (2650-2015); del
27 de septiembre de 2018, radicado: 2013-00618-01 (3232-2017; del 19 de marzo de 2020, radicado: 2014-03649-01
38
Samai del tribunal de origen, índice 23
39
CD Expediente administrativo, cuaderno 2, folio 35
40
Certificado de defunción, cuaderno 1 folio 53.
41
Registro Civil de matrimonio, cuaderno 1 folio 56.
17

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d) Certificación de la Notaria Única de la Virginia, Risaralda del Veintitrés (23)
de marzo del Dos Mil Trece (2013), «Que después de haber buscado cuidadosamente en los
libros de Protocolo que se lleva en este Despacho a partir del año 1996 hasta 1998, no se halló
constancia de la Escritura de Liquidación de la Sociedad Conyugal entre los señores RODRIGO
GONZALEZ PARRA Y MARIA IRMA FLOREZ JARAMILLO.»42

e) Dentro de la referida unión, fue procreada Ana Milena González Flórez,
según consta en el registro civil de nacimiento 383533043

f) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante resolución No. 037436 del
Catorce (14) de agosto de Dos Mil Trece (2013), negó la sustitución de pensión
gracia causada por el fallecimiento del docente Rodrigo González Parra, a la señora
Flórez Jaramillo, en la cual se consignó lo siguiente44:

«Ahora bien, respecto de la señora MARIA IRMA FLOREZ JARAMILLO, debe negarse la
pensión de sobrevivientes, por cuanto como ya se dijo el Registro Civil de Matrimonio indica
que la misma se encuentra divorciada del causante desde el año 1996, por lo tanto, no acredita
el requisito de convivencia, por lo tanto, no estuvo con el causante hasta el momento de su
fallecimiento, de acuerdo a lo reglado por la Ley 797 de 2003 articulo 13 Literal A.»

g) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), mediante resolución No. 042550 del
Trece (13) de septiembre de Dos Mil Trece (2013), confirmó la resolución No.
037436 del Catorce (14) de agosto de Dos Mil Trece (2013).45

h) Testimonios recepcionados en la audiencia de pruebas.46

Identificación Declaración
María Nanci López Arroyave La declarante manifiesta que, la demandante convivió con el
causante por un lapso superior a doce (12) años hasta su
(audiencia de pruebas) fallecimiento, relación de la cual nació una hija, sin tener
conocimiento de vínculos del causante con persona distinta.
Le consta dicha convivencia por su calidad de vecina del
lugar de residencia de la accionante, el cual ubica en la
avenida del Rio 41-10 Santa Elena Alta. Destaca que, el
señor Rodrigo González Parra cumplió de manera
permanente sus deberes como compañero y padre, sin
ausentarse del hogar. Indicó que, la señora María Irma Flórez
Jaramillo tuvo otros tres hijos con persona distinta; afirmó no
conocer a la señora Josefa Nolasco ni las condiciones de

42
Certificación, cuaderno 1 folio 57
43
registro civil de nacimiento, cuaderno 1 folio 58.
44
Resolución No. 037436, cuaderno 1 folio 58.
45
Resolución No. 037436, cuaderno 1 folio 30-33.
46
CD prueba trasladada cuaderno 3 folio 252.
18

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salud del causante, y refiere que las exequias se realizaron
en la funeraria La Paz de la ciudad de Pereira.

María Lucelly Flórez Jaramillo La deponente (hermana de la demandante) afirmó que el
causante mantuvo comunicación permanente con la actora,
(audiencia de pruebas) incluso hasta su fallecimiento, relación de la cual nació Ana
Milena. Indica que en 1996 la pareja se divorció por motivos
de conveniencia asociados a un negocio del causante, no
liquidaron la sociedad conyugal y continuaron manteniendo
vínculos afectivos con posterioridad al divorcio, siguieron
compartiendo espacios bajo un mismo techo y lecho de
manera no constante, pues el causante visitaba
frecuentemente a la señora María Irma, circunstancia que le
consta por haberlo visto en varias ocasiones en la residencia
de su hermana, aunque, sin certeza sobre la continuidad de
dicha convivencia. Indica que, el causante sostenía una
convivencia simultánea con la señora Josefa de modo que la
relación con su hermana pudo verse intermitentemente
afectada; no obstante, asegura que el señor Rodrigo
González Parra continuó visitando a su hermana hasta antes
de su fallecimiento.

María Lucelly Flórez Jaramillo La deponente (hermana de la demandante) afirma que el
causante mantuvo comunicación permanente con la actora,
(audiencia de pruebas) incluso hasta su fallecimiento, relación de la cual nació Ana
Milena. Indica que en 1996 la pareja se divorció por motivos
de conveniencia asociados a un negocio del causante, no
liquidaron la sociedad conyugal y continuaron manteniendo
vínculos afectivos con posterioridad al divorcio, siguieron
compartiendo espacios bajo un mismo techo y lecho de
manera no constante, pues el causante visitaba
frecuentemente a la señora María Irma, circunstancia que le
consta por haberlo visto en varias ocasiones en la residencia
de su hermana, aunque, sin certeza sobre la continuidad de
dicha convivencia. Indica que, el causante sostenía una
convivencia simultánea con la señora Josefa de modo que la
relación con su hermana pudo verse intermitentemente
afectada; no obstante, asegura que el señor Rodrigo
González Parra continuó visitando a su hermana hasta antes
de su fallecimiento.
Ana Milena González Flórez La testigo (hija de la actora y el causante) refiere que su
padre pese al divorcio continuó visitando a su mamá y
(audiencia de pruebas) mantuvo vínculo con ella hasta su fallecimiento, aunque sin
convivencia permanente debido al distanciamiento familiar y
al traslado del señor Rodrigo al municipio de La Virginia.
Aseveró que, por problemas en el trato se apartó del núcleo
familiar, reconoce que, las visitas del causante a la residencia
materna eran esporádicas. Tiene conocimiento de la
existencia de una relación paralela de su difunto padre con
otra persona, de la cual nació otra hija.

51. Respecto de la supuesta compañera permanente Josefa Nolasco:

h) Resolución No. 037436 del Catorce (14) de agosto de Dos Mil Trece (2013),
mediante la cual la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), negó la sustitución de
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pensión gracia causada por el fallecimiento de Rodrigo González Parra, en la cual
se consignó lo siguiente47:

«Que teniendo en cuenta lo anterior se pudo evidenciar que las declaraciones extra juicio
aportadas por la peticionaria JOSEFA NOLASCO y los terceros no mencionan, con suficiente
claridad, que la misma hubiese convivido los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante requisito indispensable para obtener el derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes de conformidad con el artículo 13 de la ley 797 de 2003 antes mencionado,
toda vez, que dichas declaraciones solo mencionan que convivio durante 28 años, pero en
ningún momento se establecen los extremos de convivencia, por lo tanto, se procederá a
negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora JOSEFA
NOLASCO.»

i) Resolución No. 042550 del Trece (13) de septiembre de Dos Mil Trece
(2013), por medio de la cual, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), confirmó la
resolución No. 037436 del Catorce (14) de agosto de Dos Mil Trece (2013).48

j) Fallo de divorcio de Rodrigo González Parra y María Irma Flórez, del seis
(6) de junio de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), del Juzgado Promiscuo del
Familia de la Virgina Risaralda, donde se dispuso, lo siguiente.49

«PRIMERO: se acepta en cada una de las partes la conciliación a que han llegado los señores
RODRIGO GONZALEZ PARRA y MARIA IRMA FLOREZ JARAMILLO.

SEGUNDO: Como consecuencia de loa anterior se decreta el divorcio de mutuo acuerdo, cese
de los efectos civiles del matrimonio religioso que celebraron los señores Rodrigo González
Parra y María Irma Flórez Jaramillo el 5 de marzo de 1977.

TERCERO: Se declara disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal que se formó
entre los cónyuges GONZALEZ - FLOREZ por las nupcias, la que se liquidará, a través de
escritura pública en la Notaria Única de este Círculo.

CUARTO: Cada uno de los cónyuges velará por su propia subsistencia y tendrán residencias
separadas.

QUINTO: La menor ANA MILENA GONZALÉZ FLÓREZ quedará bajo la guarda y cuidado
personal de la señora MARIA IRMA FLÓREZ, conservando ambos padres la patria potestad
sobre la menor.

SEXTO: El señor RODRIGO GONZALEZ PARRA suministrará a su hija la misma suma que
hoy se le descuenta como empleado de la docencia y que: recibe la mencionada menor en el
Juzgado Promiscuo Municipal de Apía Rda, y su señora madre le aportará a la menor ANA
MILENA GONZALEZ FLOREZ la suma de ochenta mil pesos mensuales ($80.000).

SEPTIMO: El señor RODRIGO GONZALEZ PARRA podrá visitar a su hija ANA MILENA
GONZALEZ FLÓREZ, cuando lo crea conveniente sin que para esto se le ponga obstáculo
alguno. (...)

47
Resolución No. 037436, cuaderno 1 folio 58.
48
Resolución No. 037436, cuaderno 1 folio 30-33.
49
Demandante Josefa Nolasco. Cuaderno 2, folios 12-13
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Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

En este estado pide la palabra el señor RODRIGO GONZALEZ PARRA y concedida
MANIFESTÓ: Quiero anexar los certificados de nacimiento de HERNAN ANDRES
ECHEVERRY FLOREZ, JORGE DIDIER ECHEVERRY FLOREZ Y JHON ALEXANDER
ECHEVERRY FLOREZ, quienes fueron nacidos dentro del matrimonio con la señora MARIA
IRMA, pero que son hijos solamente de ésta y del señor JAIRO ANTONIO ECHEVERRY, que
no son hijos míos.

Seguidamente se adiciona a la decisión del acuerdo en el sentido de que se ordena librar oficio
al funcionario competente a fin de que inscriba esta decisión en los registros civiles de
nacimiento de las partes y de matrimonio y en el libro de varios.»

k) Registro civil de matrimonio de Rodrigo González Parra y María Irma Flórez
Jaramillo, con nota marginal, «según oficio No. 669 del 06 de Junio de 1996, según conciliación
en el Juzgado Promiscuo de Familia de La Virginia, se decretó: La Cesación de los efectos civiles
del matrimonio católico entre Rodrigo González Parra y María Irma Flórez Jaramillo. (audiencia 6 de
Junio de 1 1996)»50

l) Desprendibles de pago de la pensión gracia, reconocida al señor Rodrigo
González Parra. 51

m) Testimonios practicados en la audiencia de pruebas.52

Identificación Declaración
Oliva González Parra La declarante (hermana del causante) quien reside en
Alemania, pero viaja anualmente a Colombia, mantenía una
(audiencia de pruebas) relación cercana con su hermano, a quien apoyó durante su
divorcio, especialmente mientras vivió en el país entre 1984 y
1998. Afirmó que, su hermano, estuvo casado con María Irma
Flórez desde el 5 de marzo de 1977, unión que duró cerca de
dos años, con posterior separación de cuerpos antes de 1979,
sin contacto posterior, divorcio que se adelantó por iniciativa
de María Irma Flórez.
Aseveró que, «desde 1985 y hasta su fallecimiento el 7 de
febrero de 2013», su hermano convivió de manera continua y
exclusiva con Josefa Nolasco, quien fue su compañera
permanente, compartiendo techo y lecho. Negó de forma
categórica, la existencia de convivencia simultánea con María
Irma Flórez, así como cualquier vínculo posterior a la
separación, aseverando que la «única relación estable y
asistencial fue con Josefa Nolasco» y que, tuvo conocimiento
directo y permanente de la vida del causante a través de la
señora Nolasco, reiterando que, por más de 28 años, aquel
conformó un único hogar con la señora Josefa Nolasco, sin
doble convivencia.
Ana María Zuluaga Flórez Declaró que labora para la oficina del abogado que tramitó los
asuntos pensionales del causante Rodrigo González Parra y
(audiencia de pruebas) de la señora Josefa Nolasco, incluyendo el reconocimiento y
reliquidación de la pensión ordinaria y de gracia, la sustitución
pensional, las cesantías definitivas, el seguro por muerte y el
auxilio funerario, afirmó que, durante aproximadamente 12

50
Demandante Josefa Nolasco. Cuaderno 2, folios 14
51
Demandante Josefa Nolasco. Cuaderno 2, folios 1-3
52
CD prueba trasladada cuaderno 3 folio 252.
21

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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

años, los compañeros permanentes acudieron de manera
conjunta a dicha oficina y evidenciaba una la relación estable
y pública existente entre ellos.
Myriam Holguín Lodoño Atestiguó que, tanto la señora Josefa Nolasco como el
causante se desempeñaban como docentes y residieron en el
(audiencia de pruebas) municipio de Balboa. Que desde que conoce a la señora
Nolasco, ésta mantuvo una relación permanente con Rodrigo
González Parra, lo cual le consta, por sus visitas al hogar de
la pareja evidenciando convivencia y apoyo mutuo,
especialmente después de sus jornadas laborales.

Fabiola Peña Villegas Manifestó que no conoce a la señora María Irma Flórez, pero
sí a la señora Josefa Nolasco, de quien afirma mantuvo
(audiencia de pruebas) convivencia real y permanente con Rodrigo González Parra,
que le consta dicha relación, toda vez que, en sus visitas al
hogar ellos convivían como pareja. Afirmó que cuando el
causante y la señora Nolasco viajaban por vacaciones a
Bogotá, se alojaban en su residencia.

52. Dentro de las reclamaciones administrativas presentadas ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), se aportaron las siguientes declaraciones extraproceso:

Identificación Declaración
Josefa Nolasco (...) SEGUNDO: Declaro que soy de estado civil soltera, pero
conviví en unión libre y conviví bajo el mismo techo en forma
Rendida el día 28 de agosto de permanente e ininterrumpida durante 28 años, compartiendo
2013 en la Notaria Primera del techo, lecho y mesa desde el día 05 de noviembre del año de
Círculo de Soacha. 1985, hasta el momento de su fallecimiento con el señor
RODRIGO GONZALEZ PARRA, quien en vida se identificó
con la cedula de ciudadanía número 4351019 expedida en
Apia; el falleció el día 07 de febrero del año 2013; era
divorciado, y luego convivio conmigo de nuestra unión
procrearon a LUZ MARINA GONZALEZ NOLASCO de 24
años de edad en la actualidad, quien es estudiante y dependía
económicamente de su padre; así mismo declaro que los
últimos cinco años que empezó nuestra convivencia nunca nos
separamos por lo tanto esos últimos cinco años de vida de mi
compañero, estuvo bajo el mismo techo; esto lo puedo
certificar con la historia laboral que presentamos anualmente
ante Secretaria de Educación de Risaralda; mi compañero no
dejo hijos menores de edad, que la menor de 25 años que
estaba estudiando esta LUZ MARINA, tampoco dejo hijos
discapacitados; por lo tanto no conozco la existencia de otras
personas herederas con mejor o igual derecho a reclamar la
pensión que yo (...)
Oliva González (...) SEGUNDO: Declaro que conocí de vista, trato y
comunicación de toda la vida por ser mi hermano al señor
Rendida, el día 29 de agosto de RODRIGO GONZALEZ PARRA, quien en vida se identificó
2013 en la Notaria Primera del con la cedula de ciudadanía número 4351019 expedida en
Círculo de Soacha. Apia; el falleció el día 07 de febrero del año 2013; era
divorciado, pero convivio en unión libre y bajo el mismo techo
en forma permanente e ininterrumpida durante 28 años
compartiendo techo, lecho y mesa desde el día 05 de
noviembre del año 1985, hasta el momento de su fallecimiento
con la señora JOSEFA NOLASCO, identificada con la cedula
de ciudadanía N° 1.088.018.256 expedida en Dosquebradas;
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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

de dicha unión procrearon a LUZ MARINA GONZALEZ
NOLASCO de 24 años de edad en la actualidad, quien es
estudiante y dependía económicamente de su padre; así
mismo declaro que los últimos cinco años y desde que empezó
la convivencia de mi hermano con mi cuñada JOSEFA nunca
se separaron por lo tanto los últimos cinco años de vida de mi
hermano, estuvo bajo el mismo techo con JOSEFA.
También declaro que mi hermano no dejo hijos menores de
edad, que la menor de 25 años de edad que estudia es LUZ
MARINA; tampoco dejo hijos discapacitados; por lo tanto, no
conozco la existencia de otras personas herederas con mejor
o igual derecho a reclamar la pensión que su compañera
JOSEFA NOLASCO (...)
Ana María Zuluaga Flórez SEXTO. DECLARO Qué conocí de vista, trato y comunicación
por espacio de diez (10) años a quien en vida respondía, al
Rendida el día 17 de abril de nombre de RODRIGO GONZALEZ PARRA fallecido en
2013 en la Notaria Quinta del PEREIRA RISARALDA el día siete (07) de febrero del año dos
Círculo de Pereira. mil trece (2013), quien se identificaba con cédula de
ciudadanía número 4351019 expedida en Apia. SEPTIMO. Por
este conocimiento personal y directo puedo decir que hasta el
momento de su fallecimiento vivió en unión marital de hecho
compartiendo el mismo techo, mesa y lecho con la señora
JOSEFA NOLASCO, identificada con cédula de ciudadanía
número 1088018256 expedida en DOSQUEBRADAS, de
dicha unión procrearon una (01) hija de nombre LUZ MARINA
GONZALEZ NOLASCO identificada con cédula de ciudadanía
número 1088266216 expedida en PEREIRA. OCTAVO. Se y
me consta que la señora JOSEFA NOLASCO estuvo al lado
de su compañero permanente conviviendo y compartiendo
techo, mesa y lecho durante veintiocho (28) años sin
interrupción y hasta el día de su fallecimiento. NOVENO. Es
entonces la señora JOSEFA NOLASCO, la única persona
llamada a reclamar, ya que no conozco la existencia de más
interesados, herederos o beneficiarios, ni descendientes
adoptivos o por reconocer, ni extramatrimoniales con igual o
mejor derecho del que ella pueda tener.
Miryam Holguin Londoño SEXTO. DECLARO Que conocí de vista; trato Y comunicación
por más de veinte (20) años a quien en vida respondía al
Rendida en la Notaría Quinta del nombre de RODRIGO GONZALEZ PARRA fallecido en
Círculo de Pereira el día 17 de PEREIRA RISARALDA el día siete (07) de febrero del año dos
abril de 2013 mil trece (2013), quien se identificaba con "cédula de
ciudadanía número 4351019 expedida en Apia.
SEPTIMO. Por este conocimiento personal y directo puedo
decir que hasta el momento de su fallecimiento vivió en unión
marital de hecho compartiendo el mismo techo, mesa y lecho
con la señora JOSEFA NOLASCO, identificada con cédula de
ciudadanía número 1088018256: expedida en
DOSQUEBRADAS, de dicha unión procrearon una (01) hija de
nombre LUZ MARINA GONZALEZ NOLASCO identificada con
cédula de ciudadanía número 1088266216 expedida en
PEREIRA. OCTAVO. Se y me consta que la señora JOSEFA
NOLASCO estuvo al lado de su compañero permanente
conviviendo y compartiendo techo, mesa y lecho durante
veintiocho (28) años sin interrupción y hasta el día de su
fallecimiento. NOVENO. Es entonces la señora JOSEFA
NOLASCO, la única persona llamada a reclamar, ya que no
conozco la existencia de más interesados, herederos o
beneficiarios, ni descendientes adoptivos o por reconocer, ni
extramatrimoniales con igual o mejor derecho del que ella
pueda tener.

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Número Interno: 0891-2020
Demandante: María Irma Flórez Jaramillo y Josefa Nolasco.
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Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

José Javier Arredondo PRIMERO: Declaramos que conocimos por 15 años de vista
Melchor y María Nancy López trato y comunicación directa al señor RODRIGO GONZALEZ
Arroyave PARRA, quien en vida se identificó con la cédula de
ciudadanía No. 4.351.019 de Apia, fallecido el día 07 de
Rendida en la Notaria Tercera febrero de 2013; En razón de lo anterior es cierto y nos consta
del Círculo de Pereira que fue casado y convivió por 10 años bajo mismo techo y
lecho en forma permanente y hasta el momento de su
fallecimiento, con la señora MARIA IRMA FLOREZ
JARAMILLO, identificada con la cédula de ciudadanía N°
24.411.723 expedida en Apia; y de cuya unión procrearon una
hija que responde al nombre de ANA MILENA GONZALEZ
FLOREZ.
SEGUNDO: igualmente declaramos que no conocemos la
existencia de más personas herederas que tuvieran igual o
más derecho que la mencionada.

53. Respecto a la valoración de declaraciones extrajuicio, esta misma Subsección
se pronunció de la siguiente forma:53

“En efecto, en sentencia del 6 de noviembre de 2025, la Sala, con fundamento en la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, explicó que cuando las
declaraciones extrajuicio no son practicadas con la participación de la parte contra la que se
pretenden aducir, ni son ratificadas en el respectivo proceso, lo cierto es que, al haber sido
puestas en conocimiento de la parte contraria, ésta tuvo la posibilidad de pronunciarse frente
a las mismas y ejercer el derecho de defensa y contradicción, solicitando su respectiva
ratificación. En dicha providencia se indicó:

«En ésta misma línea la Sección Segunda del Consejo de Estado también se
ha pronunciado considerando que hay lugar a otorgar valor probatorio a las
declaraciones extrajuicio sin ratificar, siempre que la contraparte haya tenido
pleno conocimiento de las mismas, bien fuera durante el trámite
administrativo o judicial correspondiente:

“Aun cuando se ha predicado que la validez de las declaraciones extrajuicio
allegadas dentro de un proceso judicial se encuentra sujeta a la citación de
la parte contraria, a la posterior ratificación de las mismas o a aquellos casos
en los que exclusivamente la ley les habilita como prueba sumaria -como
garantía procesal que milita a favor de la parte contraria en virtud del derecho
de contradicción y de defensa-, éstas pueden ser tenidas en cuenta, en los
eventos en que hayan sido de pleno conocimiento de la parte demandada,
ya sea desde el agotamiento de la vía gubernativa, o en el debate judicial
mismo”.

La Jurisprudencia constitucional también se ha orientado a otorgar validez
a las declaraciones extrajuicio que no hayan sido ratificadas en un proceso
judicial, acogiendo por una parte la posición de la Corte Suprema de Justicia
quien, ha considerado tales declaraciones como documentos de contenido
declarativo, cuya contradicción no está sometida a la ratificación:

“En este mismo fallo, la Corte suprema precisó que "(...) si bien, para la
ratificación del testimonio, el artículo 229 del CPC exige que se repita el
interrogatorio inicialmente practicado, ello no implica que se haga en los

53
Sentencia del 23 de abril de 2026, Rad.2429-2025. C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
24

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mismos términos, sino que basta que verse sobre el mismo asunto (...). En tal
medida, el juez (...) cuenta con facultades amplias para hacer las preguntas
pertinentes que sean necesarias para aclarar el tema sobre el que versa la
prueba, sin que por ello pueda aducirse una invalidez."

De manera que la jurisprudencia autorizada en cuanto a la ratificación de
testimonios y su valoración dentro del proceso, determina que frente a la
ausencia de esta el juez bien puede: (i) darles el tratamiento de documentos
declarativos provenientes de terceros -artículo 277 del C.P.C.-; o bien, (ii)
ordenar oficiosamente la ratificación que establece el artículo 229 del C.P.C.
al considerar que resulta necesario el esclarecimiento de elementos de juicio
en el proceso y para garantizar los derechos de defensa y contradicción de
la parte contraria, con lo cual se constituyen en testimonios válidos dentro
del proceso. Ambas medidas se acompasan del respeto de los derechos y
garantías de las partes. Su real distanciamiento surge de las
particularidades de cada caso concreto, en virtud de las cuales el juez
deberá determinar cuál es la medida idónea para valorar la prueba, en el
marco de la sana crítica».

Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que cuando las
declaraciones extraproceso no se someten a ratificación, pero han estado a
disposición de la parte contra las que se aducen, a efectos de que se ejerza
la debida defensa y contradicción, puede concedérseles el valor probatorio
que corresponda».

1. Teniendo en cuenta lo anterior, se valoran las declaraciones extrajuicio que fueron
ratificadas en este proceso, así como las que no fueron objeto de ratificación.»

54. En el caso concreto, las declaraciones extraprocesales no fueron objeto de
ratificación, pero, la parte contra la cual se aducen tuvo pleno conocimiento de ellas
y, en tales circunstancias, hay lugar a imprimirles el valor probatorio respectivo,

2.2.3 Caso concreto

55. En el presente asunto, la señora María Irma Flórez Jaramillo sostiene que, en el
proceso quedó acreditado el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a
la sustitución pensional (pensión gracia), con ocasión del fallecimiento del señor
Rodrigo González Parra: (i) por cónyuge sobreviviente; (ii) haber demostrado una
convivencia permanente, hasta el Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece (2013),
«fecha de deceso», y (iii) no haberse liquidado la sociedad conyugal.

56. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), disiente del fallo
primigenio, por considerar que, la señora Josefa Nolasco no demostró con claridad
el requisito de convivencia durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del
causante, previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

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57. Ahora bien, del material probatorio recaudado, se establece respecto de la
señora María Irma Flórez Jaramillo, lo siguiente: (i) que el señor Rodrigo González
Parra, estuvo casado por el ritual católico con ella, desde el Cinco (5) de marzo de
Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), hasta el Seis (6) de junio de Mil Novecientos
Noventa y Seis (1996), (ii) convivieron por más de diecinueve (19) años, tres (3)
meses y un (1) día, periodo durante el cual, constituyeron un hogar y procrearon
una hija, (iii) que el matrimonió quedó extinguido de común acuerdo y cesaron los
efectos civiles del matrimonio religioso; (iv) que, se acordó que cada uno de los
cónyuges velará por su propia subsistencia y tendrá residencias separadas.

58. Del análisis conjunto de las declaraciones extrajuicio aportadas al proceso, y de
los testimonios recepcionados en audiencia, se identifican dos grupos probatorios
que relatan hechos parcialmente divergentes en relación con la vida personal del
causante.

59. De un lado, se encuentra la declaración rendida por José Javier Arredondo
Melchor, el testimonio vecinal de María Nancy López Arroyave y de María Lucy
Flórez Jaramillo, quienes afirmaron la existencia de una convivencia efectiva,
pública y exclusiva, entre el causante y María Irma Flórez Jaramillo, concretamente,
la testigo María Nancy López Arroyave los ubica en el barrio Santa Elena del
municipio de Pereira, «durante más de 12 años hasta el momento del fallecimiento». Estas
declaraciones provienen de personas con cercanía espacial y temporal a los
hechos, y, describen actos cotidianos que, en principio, podrían ser indicativos de
una comunidad de vida.

60. En contraste, obra un bloque probatorio conformado por la hija y la hermana del
causante, quienes coincidieron en afirmar que, entre María Irma Flórez Jaramillo y
Rodrigo González Parra, no existió una verdadera relación afectiva o sentimental
después de la separación, la hija de ellos, reconoció la presunta convivencia como
visitas «no frecuentes» de su padre en el lugar de domicilio de su madre, tenía
conocimiento que su papá mantenía una relación sentimental con otra persona y,
no estuvo presente al momento del fallecimiento.

61. Por su parte, la hermana del causante, negó cualquier vínculo sentimental entre
María Irma Flórez Jaramillo y Rodrigo González Parra después del divorcio, y
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reconoció abiertamente a la señora Josefa Nolasco como la compañera permanente
de su hermano, desde el año 1985, hasta el Siete (7) de febrero de Dos Mil Trece
(2013) fecha de su deceso, manifestación que fue acompañada por los testigos Ana
María Zuluaga Flórez, Myrian Holguín Lodoño y Fabiola Peña Villegas quienes
coincidieron en afirmar que, el vínculo sentimental con Josefa Nolasco se mantuvo
vigente hasta el fallecimiento del señor González Parra, señalaron no haber tenido
conocimiento directo de una convivencia paralela con María Irma Flórez Jaramillo.

62. Así las cosas, como lo determinó el A-quo, si bien algunos testigos afirmaron
que el señor Rodrigo González Parra, convivía con María Irma Flórez Jaramillo
hasta el momento de su muerte, dichas declaraciones no resultan plenamente
confiables, al ser contrastadas con otros medios de prueba, que reconocen a Josefa
Nolasco como su compañera permanente. En ese sentido, la Sala precisa que, los
testimonios rendidos por la hija del causante y su hermana fueron valorados con
rigurosidad y se apreciaron en conjunto con los demás medios de prueba, bajo la
regla de la sana critica.

63. A su vez, existe un requisito esencial para acceder a la sustitución pensional,
que es la convivencia. En el caso concreto, del acta de conciliación suscrita entre el
causante y María Irma Flórez Jaramillo y el consecuente divorcio, se desprende
que, entre el Cinco (5) de marzo de Mil Novecientos Setenta y Siete (1977), hasta
el Seis (6) de junio de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), mantuvieron una
convivencia permanente como esposos; sin embargo, dicho vinculo fue disuelto por
voluntad mutua y refrendado en sede judicial con las consecuencias ya conocidas,
lo que demuestra que, al momento del fallecimiento del causante « Siete (7) de febrero
de Dos Mil Trece (2013)» no se encontraba vigente. Ello, implica que, el requisito de

convivencia previsto en el artículo 47, literal b) de la Ley 797 de 2003, no se cumplió
en este caso concreto.

64. En consecuencia, al no acreditarse la convivencia hasta el fallecimiento del
causante, se confirmará la decisión del tribunal que negó la sustitución pensional a
la María Irma Flórez Jaramillo y accedió a las pretensiones de la señora Josefa
Nolasco, quien acreditó los requisitos exigidos en el artículo 47, literal a) de la Ley
100 de 1993.

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Condena en costas

65. El criterio mayoritario de esta Sala, acerca de la procedencia de condena en costas
y agencias en derecho, se orienta a establecer que, esta solo resulta necesario si se
encuentran reunidos los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, en concordancia con el artículo 365 del Código General del Proceso.

66. En el caso de autos, no se observa que dichos presupuestos se encuentren
reunidos en ninguna de las instancias, toda vez que, la conducta procesal de las partes
refleja el ejercicio de sus derechos dentro de la controversia, en orden a exponer y
sostener las tesis que, cada una de ellas promueve, conforme con lo anterior, no se
condenará en costas en esta instancia.

67- En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el Treinta
(30) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, que reconoció la sustitución de pensión de
gracia en favor de la señora Josefa Nolasco, en porcentaje del 100%.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)

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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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