Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00320-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00320-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2014-00320-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de septiembre de 2024
Radicación: 66001233300020140032002 (2985-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00320-02 (2985-2020)
Demandante: Diana Marcela Serna Pérez
Demandado: Municipio de La Virginia
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Instructora de
gimnasio. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020)
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Diana Marcela Serna Pérez instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del municipio de La Virginia, con el fin de que se acceda
a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del oficio CO 1443 SSA 320 del 22 de mayo de 2013,
por medio de la cual se negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago
de las prestaciones dejadas de percibir.
Que se declare que existió un vínculo laboral desde el 3 de abril de 2006 hasta
el 21 de febrero de 2013 y, se condene a la entidad a pagar las prestaciones
sociales y los recargos por el trabajo complementario.
Que cancele los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y
riesgos profesionales.
Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 178 del
CPACA y que se condene en costas y agencias en derecho a la parte
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Radicación: 66001233300020140032002 (2985-2020)
demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios en el gimnasio del municipio de La Virginia del 3 de abril
de 2006 al 21 de febrero de 2013, sin suscribir ningún acuerdo escrito con la
entidad territorial, por lo que debe tratarse como un contrato de trabajo verbal a
término indefinido.
Que la remuneración que percibía provenía de los ingresos que generaba el
gimnasio y, muchas veces no alcanzaba el salario mínimo mensual legal vigente
ni para cubrir las prestaciones sociales.
Que cumplía un horario de lunes a viernes de más de trece horas y los sábados
de cuatro horas.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 2 de diciembre de 2013 se admitió la demanda y, se notificó a la entidad
demandada, quien manifestó que los hechos expuestos no eran ciertos, porque
no vinculó a la demandante en ningún cargo o empleo en la planta de personal.
Que está obligada a suscribir contratos escritos y solemnes y tiene prohibido
pactar cualquier asunto de manera verbal con la ciudadanía.
Que el secretario de deportes del municipio no despidió a la demandante, la única
actuación del funcionario que la involucró fue la recuperación del gimnasio que
estaba ocupado por particulares.
Que la actora era una trabajadora independiente y no acreditó la configuración
de los elementos de una relación laboral, de manera que no podría declararse
probada.
Propuso como excepciones, la ineptitud sustantiva de la demanda, caducidad,
inexistencia de un contrato de trabajo, inexistencia de causa para demandar,
cobro de lo no debido, indeterminación de los periodos laborales, buena fe,
prescripción y genérica.
El 4 de agosto de 2014 el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira celebró
audiencia inicial, en la cual se declaró la falta de competencia y ordenó remitir al
competente.
El 12 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo de Risaralda llevó a cabo la
audiencia inicial, en la cual declaró no probadas las excepciones de ineptitud
sustantiva de la demanda, prescripción y caducidad, decisión que fue apelada
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por la entidad y confirmada mediante auto del 24 de octubre de 2018 proferido
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
El 30 de mayo de 2019 se reanudó la audiencia, se fijó el litigio, se surtió la etapa
conciliatoria, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó la audiencia
para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada
dentro del término oportuno por las partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del diecinueve (19)
de marzo de dos mil veinte (2020), negó las pretensiones, afirmando que el
contrato estatal debe constar por escrito y, que, en el caso, no se acreditó la
formalización de la prestación de servicios deprecada por la actora.
Que la prueba testimonial no ofrecía convicción sobre el cumplimiento de un
horario, pues, aunque algunos declarantes indicaron que la demandante
laboraba toda la semana de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., el encargado del gimnasio
afirmó que los horarios variaban según la época del año; además, no existía otro
soporte que corroborara la exigibilidad o las consecuencias derivadas de su
incumplimiento. Que podía concluirse que la demandante contaba con libertad
en el manejo del tiempo.
Que tampoco evidenciaba que la demandante recibía una remuneración
proveniente de la entidad, porque los testigos expusieron que con las
mensualidades recolectadas se le pagaba y realizaba el mantenimiento del
gimnasio.
Que no se allegó ningún elemento probatorio que diera cuenta del control por
parte del Instituto Municipal de Deporte o de las autoridades municipales, a través
de reuniones, visitas a la sede deportiva o de cualquier otra situación relativa a
la subordinación o dependencia, elemento característico de un vínculo laboral.
Que no se acreditó la permanencia en la labor o que la actividad fuera inherente
a la entidad, la existencia o similitud de las funciones con un cargo de la planta
del municipio o, cualquier otra evidencia de la existencia de la relación laboral.
No condenó en costas.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación expresando que el
Tribunal valoró de manera equivocada las pruebas allegadas, porque, a partir de
estas sí acreditó los elementos de la relación laboral.
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Que el Oficio CO 0095 del 29 de marzo de 2012 emanado del secretario de
deporte, recreación y actividad física del municipio de La Virginia da cuenta del
control de la administración municipal sobre el gimnasio, se solicita información
sobre los beneficiarios y programas ofrecidos en el espacio deportivo.
Que, a partir de ese documento, se comprueba la existencia de un horario de
atención, el control sobre las personas afiliadas y los pagos recibidos por
mensualidades y el interés de la administración por conocer a las personas que
tenía laborando en el gimnasio.
Que los testigos y la declaración rendida en el proceso evidenciaron el
cumplimiento de un horario, la subordinación a la entidad territorial y la
remuneración. Que debía permanecer en su lugar de trabajo y tenía varias
funciones asignadas, entre ellas, secretaría, instructora, aseadora, mecánica
para arreglos de maquinaria y locativos.
Que recibió una remuneración, correspondiente a un salario mínimo mensual
legal vigente, pero en ocasiones no alcanzaba el dinero recaudado en el gimnasio
para pagarle todo el valor.
Que la administración era quien daba las órdenes de cómo debía trabajar, a
quienes debían atender y en qué horario debía abrirse el gimnasio.
Que no podía hablarse de regentes o de alquiler de las instalaciones del gimnasio
para explotación económica de un tercero y menos de un contrato de comodato,
porque ninguna de esas situaciones fue acreditada por la entidad demandada.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021), se admitió el recurso
y de conformidad con el art. 247 de la ley 1437 de 2011, se dio traslado por el
término de 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión y,
posteriormente se corrió el mismo término para el Ministerio Público.
Pronunciamiento de las partes
La demandante reiteró los argumentos tendientes a demostrar que se configuró
una relación laboral encubierta y la suficiencia de las pruebas para demostrar los
elementos de esta.
Añadió que no pueden exigirse requisitos adicionales para demostrar la relación
laboral.
La parte demandada guardó silencio y el Ministerio Público no presentó
concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Conforme con el recurso de apelación, la Sala deberá determinar si entre las
partes, existió una verdadera relación laboral y, si como consecuencia de ello, la
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas
de percibir con ocasión de esa relación.
Asimismo, si hay lugar o no a la condena en costas en segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre la actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
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consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
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disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
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cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
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derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
La parte demandante, en el recurso de apelación, señaló que, aunque no
suscribió con el municipio de La Virginia un contrato escrito se configuró una
relación laboral encubierta.
Al respecto, la Subsección aclara que, como lo ha expuesto en otras
oportunidades2, para establecer el posible encubrimiento de una relación laboral
no es estrictamente necesario haberse realizado un contrato de manera escrita,
porque lo que debe procurarse es la demostración de los elementos de la relación
de trabajo, esto es, la subordinación, la prestación personal del servicio y la
remuneración; lo que no supone que deba existir un contrato.
1
Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2
Sentencia del 30 de noviembre de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00036-01 (0701-
2020).
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Aclarado lo anterior, se procede a analizar si de los medios probatorios
existentes, se puede predicar efectivamente la existencia de tal relación.
En el folio 5 del expediente obra el oficio CO.095-SDRAF.390 del 29 de marzo
de 2012, suscrito por el secretario de deporte, recreación y actividad física de La
Virginia y dirigido al «GIMNASIO MUNICIPAL», en el que solicita información
acerca de: horario de atención al público, cantidad de personas afiliadas, valor
de la mensualidad y cantidad de personas subsidiadas por algún tipo de
programa o convenio, el personal que labora en el espacio, estudios y
conocimientos referentes a los servicios ofrecidos. Además, solicita copia de las
llaves del gimnasio.
A folio 3 se encuentra un oficio sin número del 20 de febrero de 2013, donde el
funcionario antes referenciado solicita a la actora y al señor Diego Alejandro
García Escobar la entrega del gimnasio, afirmando que: «la ley no permite que
establecimientos públicos, en este caso, deportivos, se encuentren regentados
por particulares».
Los documentos anteriores no ofrecen sustento frente a la configuración de la
relación laboral, contrario a lo expuesto por la recurrente, a partir de esto no se
puede concluir que prestó sus servicios personales como instructora del gimnasio
municipal y que fue sometida a un control o algún tipo de direccionamiento sobre
cómo ejercer esa actividad.
El oficio que menciona en el recurso, referente al CO 0095 del 29 de marzo de
2012, no se dirigió a la demandante en concreto, de modo que, de ninguna
manera, puede entenderse como un direccionamiento escrito por el que la
entidad reconoce el vínculo con la demandante y manifiesta su poder
subordinante.
En el comunicado, el secretario de deporte, solicitó información sobre el
funcionamiento del escenario deportivo, pero no da ningún tipo de orden o
instrucción sobre el horario de prestación del servicio o cómo deben atenderse a
los usuarios, como afirma la recurrente.
El documento del 20 de febrero de 2013 tampoco puede entenderse como
despido o terminación de un vínculo laboral o contractual, porque de su contenido
se desprende que la administración municipal solicitó a determinados particulares
la entrega inmediata de un inmueble de su propiedad, ante la imposibilidad
jurídica de que fuera administrado o explotado por estos.
Por otra parte, frente a la prueba testimonial, el testigo Diego Alejandro García
Escobar señaló que, inicialmente, fue compañero de trabajo de la demandante
desde 2006 hasta 2013 y, posteriormente, fueron compañeros sentimentales
durante seis años, en esa época.
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Radicación: 66001233300020140032002 (2985-2020)
Que tenía un horario, llevaba la parte contable del gimnasio, recibía las
mensualidades y el control del dinero recaudado; realizaba el aseo y, luego de
algunos años, ejerció como instructora y diseñaba planes de entrenamiento para
personas.
Que ella tenía un contrato verbal con el Instituto Municipal de Deporte y
Recreación-IMDER, entidad encargada para la época de los hechos de todo lo
relacionado con el deporte. Que él estaba a cargo del gimnasio, pero el respaldo
por parte del municipio de La Virginia era el director del instituto mencionado, a
quien le rendía cuentas. Que informaban de sus ausencias y presentaban
informes.
Que la remuneración de la actora provenía de los ingresos del gimnasio, pues
del pago de las membresías se sacaban los gastos de mantenimiento, aseo y los
salarios, los cuales variaban dependiendo de los clientes y de la temporada,
muchas veces eran menores al salario mínimo mensual.
Que las maquinas e implementos deportivos eran del municipio y, el
mantenimiento era realizado a veces por mecánicos, otras por ellos mismos.
Que, de vez en cuando, aparecían coordinadores de la secretaria de Deportes o
el director del IMDER. Que la administración municipal les solicitó el préstamo
del espacio deportivo para preparar algunos entrenamientos para campeonatos
o competencias.
Que la administración municipal en 2013 les solicitó el establecimiento y estuvo
cerrado por aproximadamente tres años.
En segundo lugar, la señora Paula Andrea Serna Pérez, hermana de la actora,
señaló que inició a trabajar en 2006, inicialmente, como secretaria y, luego, como
instructora. Que también debía hacer el aseo del lugar. Que estuvo vinculada
hasta el 2013.
Que laboraba todo el día, desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. Que la
remuneración era variable, pues dependía de las mensualidades del gimnasio.
Que le rendía cuentas al señor Alejandro, encargado por ser el más antiguo. Que
el coordinador del IMDER era quien les daba órdenes y asignaba funciones.
Por su parte, la señora María Daneris Carvajal Grisales, usuaria del gimnasio
desde el 2006 hasta 2013, afirmó que asistía todos los días una hora en la
mañana. Que durante su asistencia advirtió que la demandante se desempeñaba
como secretaria e instructora.
Que la demandante recibía un grupo de la tercera edad y estudiantes, por eso,
presumía que recibía órdenes del IMDER.
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Que no conocía la clase de vinculación que tenía la actora ni la remuneración
que percibía.
En el interrogatorio, la demandante manifestó que se vinculó verbalmente al
municipio de La Virginia, para realizar actividades en el gimnasio municipal.
Recibía una remuneración variable y el pago lo hacía el IMDER.
Que la supervisión del contrato la ejercía varios funcionarios del municipio, unas
veces, asistía el alcalde o el director del IMDER de turno, los coordinadores de la
secretaría de Deportes y los demás instructores.
Que no recibió llamados de atención y recibía instrucciones acerca de los
servicios, tales como, la atención a ciertas personas o grupos remitidos por la
alcaldía del municipio de La Virginia.
La Subsección advierte que la prueba testimonial tampoco da cuenta de la
estructuración de los elementos de la relación laboral, pues, los deponentes
exponen que la señora Serna Pérez no recibía una remuneración directa del
municipio de La Virginia, todos indican que la contraprestación por las actividades
que realizaba provenía de los ingresos del gimnasio, que de las mensualidades
de los usuarios se sacaba para el pago del mantenimiento de las instalaciones y
el excedente para la manutención de los otros instructores.
Adicional a esas afirmaciones no obra una prueba adicional que dé cuenta de
esa situación y a cuánto equivalía el ingreso de la actora, por lo que no puede
entenderse acreditado lo atinente a la contraprestación económica.
Igual pasa con respecto a la prestación de los servicios y la subordinación,
porque, aunque la actora y los testigos indicaron que esta laboró en el gimnasio
del municipio de La Virginia, sus afirmaciones no ofrecen elementos claros y
certeros frente a la forma en que se vinculó, la actividad para la que
presuntamente fue contratada, los extremos temporales en que se suscitó la
relación laboral y las circunstancias, por lo menos generales, que rodearon la
misma.
Nótese que solo indican que pactó el inicio de sus actividades con un presunto
funcionario del IMDER y, que se encargaba de varias labores tanto secretariales,
contables, de servicios generales o como instructora deportiva del gimnasio sin
especificar por cuanto tiempo.
En la demanda solo se señaló que ingresó en el 2006 como instructora del ente
deportivo y, en el interrogatorio, no especificó cual fue el supuesto objeto
contractual, solo mencionó que fue vinculada para prestar sus servicios en varias
labores del gimnasio municipal.
Ninguno de los testigos especifica la época en que se prestaron estos servicios,
solo señalan que fue desde el 2006 y hasta 2013; además, ninguno hace
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referencia específica al tipo de órdenes o de instrucciones que recibía la
demandante por parte de la entidad territorial y, por el contrario, la declaración
del señor Diego Alejando García Escobar da cuenta de una situación diferente,
pues, afirmó que él era el encargado del gimnasio, que le pagaba a la
demandante y se entendía personal y exclusivamente con el director del IMDER.
Igualmente, las manifestaciones de las dos testigos corresponden a situaciones
que percibían por algunos lapsos cortos, una, cuando visitaba a su familiar en el
gimnasio y, la otra, cuando entrenaba. De manera que, ninguna tenía pleno
conocimiento de que efectivamente le fuera impuesto un horario, le dieran
órdenes, solicitara permisos para ausentarse o sobre las condiciones
permanentes y concretas en que cumplía sus actividades.
Por lo tanto, la Sala no encuentra medios de prueba con la suficiente entidad que
permitan aseverar que la demandante recibía órdenes e instrucciones sobre la
forma en que debía prestar sus servicios ni mucho menos que estas eran
relativas a las funciones de instructora de gimnasio.
En suma, no se logró demostrarse la relación laboral encubierta, tal como se
afirmó en la sentencia de primera instancia y por tanto se confirmará la misma.
De la condena en costas en segunda instancia.
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a
lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida expuso
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia,
no se impondrá condena en costas en esta instancia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte
(2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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