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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00408-02

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00408-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIMAR la sentencia de fecha nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve (2019), por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, presentada por el señor Diego Fernando Cataño Bedoya y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO.- Sin condena en costas. TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2014-00408-02

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 66001-23-33-000-2014-00408-02
N° interno: 2645-2020

Demandante: DIEGO FERNANDO CATAÑO BEDOYA

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

TEMA: APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PRIMACÍA DE
LA REALIDAD SOBRE LA FORMALIDAD EN LAS RELACIONES LABORALES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
SEGUNDA INSTANCIA - LEY 1437 DE 2011.

Se desata los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve (2019) por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda, accedió a las pretensiones de la
demanda promovida por el señor Diego Fernando Cataño Bedoya en contra del
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

Diego Fernando Cataño Bedoya, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
demandó al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con el fin que se declare la
nulidad del Oficio No 2-2014.001320 del 24 de abril de 2014, por medio de la cual
la entidad demandada negó la prestación elevada el 07 de abril de 2014.

Que se declare la existencia de una relación de carácter laboral entre el
demandante y la entidad, como quiera que prestó de manera subordinada los
servicios al SENA entre el 16 de julio de 2002 hasta el 30 de junio de 2011.

2
Número interno: 2645- 2020
Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Que se condene al SENA regional Risaralda, a reconocer y pagar a título de
restablecimiento la diferencia de la totalidad de los salarios y prestaciones sociales
(salarios, bonificación, percibidas entre el demandante y los trabajadores de
planta, durante los periodos que se declaren probados, sumas que deben ser
actualizadas.

Que se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar al respectivo fondo
de pensiones las sumas correspondientes al IBC que se declare en sentencia. Por
último, que se condene en costas a la entidad.

1.2. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda1, son los siguientes:

El señor Diego Fernando Cataño Bedoya prestó sus servicios al SENA, en calidad
de instructor, entre el 16 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2011, a través de una
Cooperativa de Trabajo Asociado – COTRASER, mediante el cual ocupaba
personal en labores misionales y permanentes de la entidad.

Afirmó que el SENA a través del Director del Centro, ejercía poder
subordinadamente que solo se predica de un contrato de trabajo, debiendo esté
obediencia y fidelidad.

Indicó que, en las actividades que desarrollaba se encontraban las de asistir a
reuniones conjuntas dirigidas tanto a instructores de planta como a contratistas y
asociados en las que se impartían instrucciones de la programación a cumplir;
realizar las formaciones y capacitaciones correspondientes a los cursos
asignados, llevar a cabo las interventorías en nombre del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA a procesos que se adelantaban en otras entidades y
supervisar convenios; elaborar guías de aprendizaje, cronograma de labores, acta,
informes y relación de pago de proyectos de producción en cumplimiento de los
ordenado por los jefes inmediatos; representar a la institución en ferias de
emprendimiento y comités directivos de alianza productivas.

1
fl.21 - 14

3
Número interno: 2645- 2020
Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Manifestó en cuanto a la remuneración, que el SENA pagaba a la cooperativa la
factura mensual por los servicios prestados de acuerdo al grado de instrucción de
cada cooperado o los cursos que se asignaban, de conformidad con la planilla de
horas trabajadas, presentadas ante el supervisor para que autorizara el pago por
la cooperativa COTRASER al demandante.

Señaló que, se reclama la diferencia resultante entre lo pagado por el SENA
mediante la Cooperativa de Trabajo Asociado COTRASER al demandante, el
salario básico mensual, subsidio de alimentación, subvención por vehículo, auxilio
de transporte intermunicipal, prima de servicios, bonificación por tiempos
cumplidos, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, servicios médicos
extralegales, viáticos permanentes, auxilios educativos, los denominados,
cesantías e intereses a las cesantías.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

Los artículos de la Constitución Política: 13 y 53; Ley 80 de 1993 numeral 3 del
artículo 32; Ley 50 de 1990, artículo 71; Decreto 4588 de 2006, artículo 17.

Sostuvo que, el acto administrativo demandando, al no reconocer las prestaciones
solicitados desconoce los postulados en los cuales se soporta el Estado Social de
Derecho y que protegen el trabajo humano subordinado, que de conformidad con lo
previsto en el artículo 1 superior, es concebido como una directriz hacia la cual se
deben orientar todas las políticas públicas que en últimas propugnan por garantizar
unas condiciones dignas y justas en el ejercicio de cualquier profesión u oficio.

2. Contestación de la demanda

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA2 por intermedio de apoderada judicial,
se opuso a la declaratoria de nulidad del acto administrativo, por cuanto la entidad
actúo en cumplimiento de la Ley y normatividad que rige estos casos.

Indicó que, en el presente caso existió una relación contractual entre el SENA y la
Cooperativa Cotraser, quien tenía una relación directamente con el demandante,
2
Fls 49 a 87

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Número interno: 2645- 2020
Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

donde se relacionan tareas que cumplió como contratista y por los cuales recibía
un pago de honorarios, por parte Cotraser, por lo que no se cumplen los requisitos
exigidos en la ley para que se configure el contrato realidad.

Señaló que, el accionante nunca prestó los servicios personales subordinados a
favor del SENA, en calidad de instructor durante el periodo señalado, puesto que
nunca contrató con el señor Diego Fernando Cataño Bedoya, ya que quienes
celebraron contratos de prestación de servicios fueron el SENA y la Cooperativa
de Trabajo Asociado Cotraser, con el objeto que dicha cooperativa atendiera
procesos de formación profesional requeridos, seleccionando de manera directa
los socios cooperados que enviaría en misión al SENA.

Afirmó que, no puede predicarse la subordinación y remuneración de los servicios
como lo pretende el actor, pues entre ambas partes no ha existido vínculo
contractual alguno, toda vez, que la relación jurídica siempre ha sido entre el
SENA y la Cooperativa COTRASER, por lo que a esta última es a quien le
corresponde las responsabilidades con el demandante, en los términos y plazos
pactados.

Manifestó que, para hacer parte de la planta de cargos del Servicios Nacional de
Aprendizaje – SENA, como instructor, esta entidad debe efectuar un concurso en
el que los participantes deben realizar una serie de pruebas y poseer una serie de
condiciones, que de acuerdo a la Resolución No 000986 del 25 de mayo de 2007;
por lo que todos los cargos de las entidades públicas deben estar sometidas a las
reglas establecidas por la Comisión Nacional de Servicio Civil, sin que pueda
equipararse un contratista con un funcionario público por el solo hecho de tener un
contrato, menos aun cuando no fue suscrito con el ente demandado. Propuso las
excepciones de prescripción y cobro de lo no debido.

Propuso las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Risaralda a través de la sentencia del 9 de agosto de
20193, Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción trienal, causados

3
folios 246 -258

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Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

con anterioridad al 31 de agosto de 2003, salvo las cotizaciones adeudadas del
sistema de seguridad social en salud y pensiones. De igual forma, accedió a las
pretensiones de la demanda, y a título de restablecimiento del derecho le ordenó al
SENA, a pagar las diferencias prestacionales entre lo que se reconoció y pagó a
favor del señor Diego Fernando Cataño Bedoya, y las devengadas por el personal
de planta con cargo similar, en el periodo del 1 de marzo de 2003 hasta el 30 de
junio de 2011.

Que se condene a la demandada a pagar las diferencias que surjan por virtud de
los derechos prestacionales que aquí se ordenan, y que impliquen variación del
ingreso base para cotización de los aportes a la seguridad social en pensión y
salud. Además, se computará el tiempo laborado para efectos pensionales. Sin
condena en costas.

Señaló que, aunque se reclama la relación laboral desde el 16 de julio de 2002 hasta
el 30 de junio de 2011, solo se encontró acreditado de acuerdo a las pruebas
relacionadas, su iniciación desde el 1 de marzo de 2003 hasta el 30 de junio de
2011.

Así las cosas, es claro que el demandante prestó sus servicios como contratista en
misión asociado de la Cooperativa de Trabajo Asociado – Cotraser al servicio del
SENA, en el área de informática del Centro de Comercio y Servicios, que
desarrollaban funciones propias de los instructores de planta, dar clases a los grupos
asignados por el coordinador, le entregaban los materiales y elementos para dictar
las clases, utilizaba carnet, uniforme de la entidad, registraba la información en la
plataforma Sofiaplus, hacía uso del correo institucional, recibía instrucciones y
órdenes por el Coordinador, las cuales se daban en las reuniones y capacitaciones,
cumplía con un horario.

Sostuvo que, existió una verdadera relación laboral entre las partes, durante los
siguientes periodos que estuvo vigente la vinculación con la Cooperativa
COTRASER, desde el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2003, 31 de diciembre de
2003 al 28 de diciembre de 2007, el 21 de febrero al 22 de diciembre de 2008, 4 de
febrero al 31 de diciembre de 2009, el 27 de enero al 12 de diciembre de 2010, y el 7
de febrero al 30 de junio de 2011, para desarrollar funciones propias de la entidad,

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Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

en la que concurrieron los tres elementos esenciales propios de la relación laboral,
desvirtuando la defensa de la entidad.

4. Fundamento del recurso de apelación

4.1. Por la entidad demandada

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA presentó recurso de apelación4, en
contra de la sentencia de primera instancia, porque en la providencia se hace
alusión a la señora Luz Estella Arias Piedrahita (sic), cuando se va analizar si se
cumple con los requisitos del reconocimiento de una relación laboral y por ende el
pago de las prestaciones sociales, de conformidad con la jurisprudencia.

Señaló que, en el caso que no ocupa el demandante es el señor Diego Fernando
Cataño Bedoya, y mal haría el Tribunal en tener en cuenta y fallar de acuerdo a
otras pruebas que no corresponden al proceso, ya que no son pertinentes ni
conducentes en el presente diligenciamiento judicial, por lo que la sentencia
estaría sin sustento probatorio, violando el principio de congruencia del fallo.

Así mimo, indicó que si por el contrario fue un error de transcripción, sería del
caso corregir, subsanar o aclarar lo pertinente.

Manifestó que, no se demostró probatoriamente, la continuidad en la prestación
del servicio, debido a la solución de continuidad en los contratos, por lo que se
debe estudiar en cada contrato la prescripción de los derechos reclamados, y
porque considera que en la mayoría de los contratos debería declararse la
prescripción.

4.2. Parte Demandante

El demandante mediante apoderada, interpuso recurso de apelación parcial, al
considerar que se debe acceder a la diferencia salarial entre lo devengado por el
actor y lo que corresponde a un empleado público del SENA, puesto que sería

4
folio 349

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Número interno: 2645- 2020
Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
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consecuente con la declaratoria de la existencia de la relación laboral, haciendo
efectiva la garantía constitucional del artículo 53 del Constitución5.

Señaló que, no comparte la decisión en cuanto al reconocimiento debe hacerse
desde los honorarios como el salario base pactado, con la finalidad de desconocer
la reliquidación salarial, vulnerando los derechos mínimos fundamentales del
trabajador, quien ostenta la calidad de parte débil de la relación de trabajo.

También, hace referencia al desacuerdo en el extremo temporal declarado de la
sentencia desde el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2003, 31 de diciembre de 2003
al 28 de diciembre de 2007, el 21 de febrero al 22 de diciembre de 2008, 4 de
febrero al 31 de diciembre de 2009, el 27 de enero al 12 de diciembre de 2010, y el 7
de febrero al 30 de junio de 2011, pues contradice los testimonios y las pruebas
obrantes en el proceso; por lo que debe reformarse la sentencia reconociendo desde
el 16 de julio de 2002 hasta el 30 de junio de 2011, porque se evidencia que no se
aportó la totalidad de los contratos que suscribió el demandante y la Cooperativa
COTRASER, la información suministrada al SENA es inexacta y falta a la verdad.

De otro lado, solicitó el estudio de la sanción moratoria por la no consignación
oportuna de la cesantías, por cuanto el A quo guardo silencio frente al tema y que
se establezca cuáles son las prestaciones legales y la cuantía que corresponde a
cada una de ellas, estableciendo una condena en concreto y no en abstracto, que
a futuro permita establecer un título ejecutivo si al él hubiera lugar.

Por último, que se revoque la exoneración en costas a la parte demandada, para
que sea condenado el SENA no para reponer los gastos del proceso, sino lo que
corresponde a agencias en derecho.

Así las cosas, solicita que se revoque parcialmente y se modifiquen los aspectos
relacionados anteriormente.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 29 de abril de 2021, se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto de fondo6.

5
350 a 355

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Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

5.1. Por la entidad demandada

La entidad reitera los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en cuanto
en el fallo de primera instancia se realizó el análisis del material probatorio de la
señora luz Estela Arias Piedrahita, y considera que se falló avalando las pruebas
de la misma en el respectivo proceso, que el trámite que nos ocupa pertenece a la
demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho del señor Diego
Fernando Cataño Bedoya y, que no se demostró probatoriamente, la continuidad
en la prestación del servicio, por los múltiples interregnos en los contratos, por lo
que considera que se evaluar en cada caso en concreto el lapso de la prescripción
de los derechos reclamados ello, dado que como antes se ha expuesto se ha
considerado que hubo solución de continuidad de los contratos, y de ellos la
mayoría debería declararse su prescripción7.

5.2. Parte demandante

La apoderada ratificó los argumentos presentados en el recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia, manifestando el desacuerdo y solicitando
que se revoque parcialmente la sentencia y adicionarla en los aspectos
sustanciales señalados8.

El Agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
estado, vencido el término para presentar alegatos de conclusión en el curso de la
segunda instancia, guardaron silencio9.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

6
Folios 373
7
memorial visible en SAMAI índice 14
8
Memorial visible en SAMAI índice 16
9
374.
10
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se

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Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si al demandante le asiste el derecho o no para
reclamar del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el pago de las
prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que
permaneció vinculado como instructor, en aplicación del principio de primacía de
la realidad sobre formalidades, o, por el contrario, si los contratos de prestación
de servicios que celebró con dicha entidad territorial se ajustan a la normativa
legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y
continua dependencia que alega, propios de una relación laboral.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de la sentencia del 9 de agosto
de 2019, accedió a las pretensiones.

2.3. Marco legal y jurisprudencial en materia de contrato realidad

2.3.1. En cuanto a la Ley 80 de 1993 y el principio de Primacía de la Realidad

La Ley 80 de 1993 que en su artículo 32, numeral 3, dispone:

“Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
(…)

3 Contratos de prestación de servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no pueden
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso, estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

El artículo 22 del C.S.T. define el contrato de trabajo, en los siguientes
términos:

“1. (…) Es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal u otra
persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y
mediante una remuneración.

conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.

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Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
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2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la
remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.”

El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 123 consagra los elementos
esenciales para que se configure un contrato de trabajo, como son:

a.) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo.
b.) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a
éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos en
concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a
la materia obliguen al país, y
c.) Un salario como retribución del servicio.

Estos tres elementos, son constitutivos de una relación contractual del trabajador
oficial, diferentes de las exigencias previstas para las relaciones legales. Distinta es
la situación del contrato de prestación de servicios, al cual la administración por
disposición legal puede celebrar con personas naturales, cuando la planta de
personal no alcance para atender eficazmente el funcionamiento normal y
adicionalmente, cuando se requieran conocimientos especializados.

Como vimos líneas atrás, la Ley 80 de 1993 contempla que quienes celebren
contratos bajo la modalidad de prestación de servicios, no tienen derecho al
reconocimiento y pago de prestaciones sociales por cuanto el propósito de dichos
contratos es desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad, a fin de satisfacer las necesidades en beneficio del
interés público.

Sin embargo, tal situación podría variar cuando se logre demostrar que mediante el
contrato de prestación de servicios se pretenda desnaturalizar el contrato de
trabajo, relación propia de los trabajadores oficiales que en las entidades públicas
distintas a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las de
Economía Mixta, se dediquen a las labores de construcción y mantenimiento de
obras públicas, cuya relación es estrictamente contractual, regida por contrato
laboral, así sea que las formalidades indiquen un contrato de prestación de
servicios. O en el caso de los empleados públicos, cuando se desnaturalice el
propio vínculo laboral.

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Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
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Así mismo la H. Corte Constitucional en sentencia C-154 de 1997,11 estableció las
diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios, así:

“3. Características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el
contrato de trabajo.

El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, se celebra por
el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada
por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos
especializados, para lo cual se establecen las siguientes características:

a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores
en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en
determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al
funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la
cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de prestación de servicios tener
también por objeto funciones administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de
acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la
Constitución Política, según el cual “... Los particulares pueden cumplir funciones
administrativas en las condiciones que señale la ley.”.

b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico,
constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un
amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual
dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal
perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos
previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de
planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de
la modalidad del contrato de prestación de servicios.

c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado
y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las
actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su
carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que
la respectiva entidad adopte las medidas y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal
cumplimiento a lo previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que
el empleo público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en
el presupuesto correspondiente.

Por último, teniendo en cuenta el grado de autonomía e independencia del contrato de
prestación de servicios de que trata el precepto acusado y la naturaleza de las funciones
desarrolladas, no es posible admitir confusión alguna con otras formas contractuales y mucho
menos con los elementos configurativos de la relación laboral, razón por la cual no es
procedente en aquellos eventos el reconocimiento de los derechos derivados de la
subordinación y del contrato de trabajo en general, pues es claro que si se acredita la existencia
de las características esenciales de éste quedará desvirtuada la presunción establecida en el
precepto acusado y surgirá entonces el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas en las
relaciones de trabajo.

11 Sentencia del 19 de marzo de 1997, Expediente: D-1430, M.P. Hernando Herrera Vergara.

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“(...) Como bien es sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación
de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere de la
existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la
remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación
de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona
jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir ordenes en la ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales- contrato de prestación de
servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera
que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles
tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia
del con trato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esa naturaleza, como el previsto en la norma
acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente, sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio
con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horarios de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho a
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al
contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de
un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más
bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo. (Negrilla del
Despacho).

En este orden de ideas, se puede colegir que el contrato de prestación de
servicios puede ser desnaturalizado siempre y cuando sea evidente la
subordinación o dependencia respecto del empleador, lo cual conlleva el derecho
al pago de prestaciones sociales o indemnización a título de restablecimiento del
derecho, según sea el caso.

Para desvirtuar el contrato de prestación de servicios se deben acreditar tres
elementos característicos de toda relación laboral, así lo manifestó el H. Consejo
de Estado en la providencia del 23 de junio de 2005, Expediente No. 0245,
Consejero Ponente Dr. Jesús María Lemos Bustamante.:

“De acuerdo con lo anterior, en un plano teórico y general, cuando existe un contrato de
prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de
los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación
personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que,
en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional.
(...)
La Sala reconocerá la existencia de una relación laboral por la existencia de una relación de
subordinación entre la entidad contratante y la contratista, según se desprende de las cláusulas

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Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

que a continuación se transcriben, además del ejercicio por parte de ésta de labores propias de
un funcionario público:
(…)
Las estipulaciones anteriores permiten concluir que cuando el demandante desarrolló su
actividad bajo la figura de contratos u órdenes de prestación de servicios lo hizo para cumplir
una relación de tipo laboral, pues el cumplimiento de labores encomendadas se llevó a efecto
en desarrollo de instrucciones impartidas por sus superiores y debía reportar a estos el
desarrollo de la actividad, (…)”

Y en igual sentido misma Corporación12 posteriormente sobre los elementos que
desvirtúan la existencia de un contrato de prestación de servicios expuso:

“No existe discusión en cuanto a que para ostentar la calidad de empleado público es necesario
cumplir las previsiones del artículo 122 de la Constitución, como son que el empleo se
encuentre contemplado en la respectiva planta, que tenga asignadas funciones y previstos sus
emolumentos en el presupuesto correspondiente. Adicionalmente se deben cumplir los
presupuestos de ley: Nombramiento y Posesión. El fundamento según el cual el contratista que
desvirtúa su situación no se convierte automáticamente en empleado público, no restringe la
posibilidad de que precisamente luego de probar la subordinación se acceda a la reparación del
daño, que desde luego no podrá consistir en un restablecimiento del derecho como el reintegro,
ni el pago de los emolumentos dejados de percibir, pues evidentemente el cargo no existe en la
planta de personal, pero sí el pago de la totalidad de las prestaciones sociales que nunca
fueron sufragadas.
(…)
“El artículo 53 de la Constitución que establece la prevalencia de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no puede ser
escindido, si no concordado con la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales”, por lo que una vez declarada la situación irregular del contrato de prestación
de servicios, la lógica jurídica y la interpretación gramatical de la norma superior no debe ser
otra que reconocer las garantías establecidas en las normas jurídicas.
(…)
La tesis que actualmente maneja esta Corporación al momento de indemnizar este tipo de
controversias, se limita a condenar al pago de las prestaciones sociales ordinarias que devenga
un empleado público en similar situación, pero liquidadas conforme se pactó en el contrato de
prestación de servicios. Dicho argumento es justificado, en que como quien pretende demostrar
el contrato realidad, no ostenta la calidad legal de empleado público, carece del derecho al
pago de todas las prestaciones sociales a las que tendría derecho un servidor en estas
condiciones (…)

De conformidad con las normas trascritas y la jurisprudencia citada en
precedencia, se puede arribar a dos conclusiones: la primera, que para que haya
una vinculación laboral se requiere que concurran tres elementos, a saber: a) La
actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, b) Continua
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta
a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, dependencia que
debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y c) Un salario
como retribución del servicio, y la segunda, que el contrato de prestación de
servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestre la subordinación o

12 Consejo de Estado, sentencia del 19 de febrero de 2009, C.P. Doctora: Bertha Lucía Ramírez de Páez.

14
Número interno: 2645- 2020
Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

dependencia del empleado respecto del empleador, evento en el cual surgirá no la
declaratoria de una relación legal y reglamentaria, puesto que la calidad de
empleado público requiere el cumplimiento de ciertos requisitos tanto
constitucionales como legales, sino el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en virtud del principio de prevalencia de la realidad sobre las
formalidades en las relaciones laborales.

Sobre el elemento de la subordinación o dependencia, punto álgido en el caso de
autos, en el mismo pronunciamiento la Corte Constitucional13 expuso lo siguiente:

“Subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador en el contrato de
trabajo.

(…)

7. Esta corporación ha señalado que la relación de subordinación del trabajador es
determinante de la relación laboral, que el poder subordinante del empleador comprende de
modo general la dirección de las actividades de aquel, la imposición de reglamentos y la función
disciplinaria y que el empleador está sujeto en su ejercicio a los límites constitucionales que
imponen el respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales que en ella se
sustentan y a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, así:

‘La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato
de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la doctrina y la
jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para
dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe
realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al
cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos.
Se destaca dentro del elemento subordinación, no solamente el poder de dirección, que
condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre éste para asegurar un comportamiento y una disciplina acordes con los propósitos
de la organización empresarial y el respeto por la dignidad y los derechos de aquél’”.

De lo anteriormente expuesto, se colige que es imprescindible la acreditación de
los elementos descritos para desvirtuar la existencia de un contrato de prestación
de servicios, contrario sensu, evidenciar la relación laboral, que de demostrarse
acarreará el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en aplicación del
artículo 53 de la Constitución Política, que establece el principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales, en aras de proteger
los derechos mínimos de las personas, contemplados en normas que regulan la
materia.

13 Sentencia C-154 de 1997.

15
Número interno: 2645- 2020
Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Ahora bien, de acuerdo a la sentencia del 9 de septiembre de 2021 de la Sección
Segunda de esta Corporación, se unificó el criterio en relación a la no afiliación a
las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración, la
improcedente del reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de
más por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal y la no
solución de continuidad, en los siguientes términos:

“(…)
3.4. Síntesis de las reglas objeto de unificación
167. La primera regla define que el «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el
objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado
en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal u ocasional y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

168. La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización
de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad,
el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales
circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del plenario.

169. La tercera regla determina que frente a la no afiliación a las contingencias de salud y
riesgos laborales por parte de la Administración, es improcedente el reembolso de los aportes
que el contratista hubiese realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de
naturaleza parafiscal.

4. Análisis del caso concreto. Resolución de los problemas jurídicos a partir de las materias
objeto de unificación
(…)”

3.- De la intermediación

3.1.- Empresas de Servicios temporales

En el ordenamiento jurídico, por efecto de normas, entre estas, el artículo 77 de la
Ley 50 de 1990; la empresa de servicios temporales, como persona jurídica
contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar
temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada
por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios
temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador. La
intermediación laboral, ha sido entendida por el artículo 1º del Decreto 2025 de
201114 como, el envío de trabajadores en misión para prestar servicios a
empresas o instituciones, usuarias.

14
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.Artículo 1°. Para los
efectos de los incisos 1° y 3° del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, cuando se hace mención a intermediación laboral, se
entenderá como el envío de trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones.

16
Número interno: 2645- 2020
Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
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La Corte Constitucional, en relación a las empresas de Servicios Temporales y su
régimen jurídico, ha precisado:

«[…]3.2.1. El marco jurídico de las empresas de servicios temporales está
contenido en la Ley 50 de 1990,[81] que regula la relación de estas con la
empresa usuaria y el régimen laboral de los trabajadores a ellas vinculados, a fin
de proteger las partes de la relación laboral.[82]
…
3.2.7. En esta línea se ha sostenido que cuando el usuario obtiene del trabajador
sus servicios de manera permanente, la figura del “usuario” se puede tornar
ficticia, toda vez que se genera “una contratación fraudulenta, por recaer en
casos distintos para los cuales se permite la vinculación de trabajadores en
misión por los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 13 del Decreto Reglamentario
24 de 1998, o también cuando se presenta desconocimiento en el plazo
máximo permitido en estos preceptos, caso en el cuál sólo se puede
catalogar a la empresa de servicios temporales como un empleador
aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los
términos del artículo 35-2 del C.S.T., lo que determina necesariamente
que el usuario sea ficticio y por ende deba tenerse como verdadero
empleador”[93] (subrayado y resaltado propio).
…
3.2.9. De conformidad con lo expuesto en precedencia, esta Sala concluye que:
(i).Las Empresas de Servicios Temporales, por regla general, ostentan la
condición de empleador respecto a los trabajadores en misión.
(ii).Los trabajadores en misión únicamente pueden prestar sus servicios en las
Empresas Usuarias por un periodo de 6 meses, prorrogable por un máximo de 6
meses más.
(iii).Sus funciones se pueden contratar (a) cuando se trate de las labores
ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código
Sustantivo del Trabajo[97]; (b) cuando se requiere reemplazar personal en
vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; y,
(c) para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de
productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la
prestación de servicios.
(iv) Cuando la Empresa Usuaria requiera los servicios que presta un trabajador
en misión, de manera permanente, debe acudir a otra modalidad de contratación
en procura del respeto de los derechos laborales y prestacionales.
(v).El incumplimiento del límite temporal puede implicar el desconocimiento de
estos derechos; y,
(vi).Ante este escenario se ha reconocido por parte de la Corte Constitucional[98],
la Corte Suprema de Justicia [99]y el Consejo de Estado[100], que a la Empresa
Usuaria le pueden asistir deberes laborales frente al trabajador.[…]»15

La Corte Suprema de Justicia, sobre el tópico ha considerado que:

« […] La vinculación de trabajadores en misión tiene como objetivo la prestación
de servicios transitorios a la empresa usuaria por razones excepcionales,
conforme las previsiones establecidas en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990,
pero cuando ello no ocurre, el usuario para (sic) ser el verdadero empleador y la
empresa de servicios temporales una mera intermediaria, quien además
responde solidariamente. Al efecto se trae a colación la sentencia CSJ SL271-
2019, cuyo texto dice lo siguiente:…
[…]
Igualmente, la jurisprudencia de esta Sala ha sido constante en el sentido de

15
Corte Constitucional. providencia T-284-19

17
Número interno: 2645- 2020
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declarar a la empresa beneficiaria como verdadera empleadora en aquellos
casos en los que la vinculación del personal a través de las EST se hace para
realizar o cumplir necesidades o funciones permanentes de la entidad usuaria y
no para desarrollar aquellas de que trata el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.
Sobre el particular se citan apartes de la sentencia SL467-2019, los que
literalmente dicen lo que sigue:
"Pues bien, en lo que concierne a este punto, la Corte debe recordar que las
empresas de servicios temporales no pueden ser instrumentalizadas para cubrir
necesidades permanentes de la usuaria o sustituir personal permanente, sino
para cumplir las actividades excepcionales y temporales previstas en el artículo
77 de la Ley 50 de 1990, que pueden o no ser del giro habitual de sus negocios.
[...] En torno al punto, la doctrina más extendida ha estipulado que “si bien [las
empresas de servicios temporales] se ubican dentro de los mecanismos de
flexibilidad organizativa, no pueden considerarse estrictamente como una
manifestación de la descentralización porque en principio no pueden cubrir
necesidades permanentes de la empresa, no pueden sustituir personal
permanente. La empresa usuaria o cliente no descentraliza actividades, sino
que, al contrario, contrata con una empresa de trabajo temporal el suministro de
personal temporal para actividades excepcionales o para un incremento
excepcional de su actividad ordinaria”.
…
La empresa de servicios temporales puede ser utilizada para cumplir las
actividades excepcionales y temporales previstas en el artículo 77 de la Ley 50
de 1990, sean o no del giro habitual de sus negocios, pero no para cubrir
necesidades permanentes de la empresa usuaria o sustituir personal
permanente.
[…]»16

3.2.- Cooperativas de trabajo asociado

Ley 79 de 198817 y el Decreto 468 de 1990, fijan el marco jurídico de las
cooperativas, y la define como, persona jurídica, empresa asociativa sin ánimo de
lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el
objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Todos
16
Radicación: 74413 providencia: Sl3933-2019, 18 de septiembre de 2019.
17
«Del régimen de trabajo. Artículo 58. Los asociados de las cooperativas podrán prestar a éstas, en las etapas iniciales de
su funcionamiento, o en períodos de grave crisis económica, servicios personales a modo de colaboración solidaria o con
carácter gratuito o convencionalmente retribuido. En estos casos el ofrecimiento del asociado deberá constar por escrito,
especificándose el tiempo y la excepcionalidad del servicio.
El ofrecimiento del trabajo solidario es revocable por el asociado en cualquier momento.
Artículo 59. En las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes de capital son al mismo tiempo los trabajadores y
gestores de la empresa, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, será establecido en los
estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la
legislación laboral aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que surjan, se someterán al procedimiento
arbitral previsto en el Título XXXIII del Código de Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos, se
deberá tener en cuenta las normas estatutarias, como fuente de derecho.
Las compensaciones por el trabajo aportado y el retorno de los excedentes previstos en el artículo 54 numeral 3º. de la
presente Ley, se hará teniendo en cuenta la función del trabajo, la especialidad, el rendimiento y la cantidad de trabajo
aportado.
Sólo en forma excepcional y debidamente justificada, las cooperativas de trabajo no asociado podrán vincular trabajadores
ocasionales o permanentes no asociados; en tales casos, estas relaciones, se rigen por las normas de la legislación laboral
vigente.
En las cooperativas que no sean de trabajo asociado, el régimen laboral ordinario se aplicará totalmente a los trabajadores
dependientes y a los trabajadores que a la vez sean asociados.»

18
Número interno: 2645- 2020
Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado,
además de participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga
la Cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma transitoria u ocasional se
les permite contratar trabajadores no asociados. Pueden ser asociados, personas
naturales y personas jurídicas. También prevé las clases de cooperativas y del
régimen laboral de los asociados y de trabajados no asociados contratados
ocasionalmente.

El artículo 7 de la Ley 1233 de 2008, previó que las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado; no podrán actuar como empresas de
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar
mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión. El
numeral 3 del artículo en comento, dispuso:

«3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las
cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente
responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado
y las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán incursas en
las causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del
debido proceso, y les será cancelada la personería jurídica.»

En relación con esta clase de organizaciones, la Corte Constitucional18 al analizar
la exequibilidad del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, expresó que:

«Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de
un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo
sus propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos
internos. Dado que los socios son los mismos trabajadores, éstos pueden pactar
las reglas que han de gobernar las relaciones laborales, al margen del código
que regula esa materia. Todos los asociados tienen derecho a recibir una
compensación por el trabajo aportado, además de participar en la distribución
equitativa de los excedentes que obtenga la Cooperativa. Sólo en casos
excepcionales y en forma transitoria u ocasional se les permite contratar
trabajadores no asociados, quienes se regirán por la legislación laboral vigente.»

La misma Alta Corporación en la sentencia T-442 de 13 de julio 201719, señaló:

«[…] si durante la ejecución del contrato de trabajo asociado, la cooperativa
de trabajo asociado infringe la prohibición consistente en que estas
organizaciones solidarias no pueden actuar como empresas de
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados para
suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que respecto de
sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial porque

18
C-211 de 2000.
19
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

19
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Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

bajo estas hipótesis confluyen elementos esenciales que dan lugar a la
existencia de un contrato de trabajo simulado por el contrato cooperativo[…]
»20.

El Consejo de Estado, en la sentencia del 25 de noviembre de 2021, enseñó:

«[…]Así las cosas, se concluye que se defrauda la finalidad con la que se
creó este tipo de asociaciones cuando, a través del funcionamiento de una
cooperativa de trabajo asociado, se encubre el desarrollo de relaciones de
labor dependiente, es decir, cuando el cooperado presta sus servicios con el
propósito de atender funciones propias de un tercero beneficiario bajo los
tres elementos del contrato de trabajo, cuales son: (i) prestación de un
trabajo o una labor en forma personal, (ii) subordinación y (iii)
contraprestación por la función desarrollada[…].»21

El artículo 2º del Decreto 002025 de 2011, previó que «a partir de la entrada en
vigencia del artículo 63 de la Ley 1429 de 201022, las instituciones o empresas
públicas y/o privadas no podrán contratar procesos o actividades misionales
permanentes con Cooperativas o Precooperativas de Trabajo Asociado.»

4. Del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA

Ahora bien, la Ley 119 de 1994 “Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras
disposiciones.”, establece:

20
Ver, entre otras, las sentencias: T-286 de 2003, T-445 de 2006, T-504 y 962 de 2008, T-484 de 2013 y T-531 de 2015.
21
Radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20)
22
Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.
Artículo 63.Contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado. El personal requerido en toda institución
y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a
través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de
vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales
vigentes.
Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las
Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por la ley tengan
trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, impondrá multas hasta de cinco mil (5.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con las
disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al
incumplir lo establecido en la presente ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que
hagan intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave.
Parágrafo transitorio.Esta disposición entrará en vigencia a partir del primero (1°) de julio de 2013.
Artículo 65.Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y promulgación y deroga o
modifica las disposiciones que le sean contrarias.

Parágrafo 1°. Los beneficios de progresividad de que tratan el artículo 5° y 7° de la presente ley tendrán vigencia hasta el 31
de diciembre del año dos mil catorce (2014).

Parágrafo 2°. Registro Comité Paritario de Salud Ocupacional. Suprímase el literal f) del artículo 21 del Decreto-ley 1295 de
1994.
Parágrafo 3°. Derogatorias del Código Sustantivo del Trabajo. Deróguese las siguientes disposiciones y artículos del Código
Sustantivo del Trabajo: 72, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124 y 125.
Parágrafo 4°. En lo que hace a los artículos 5° y 7° de la presente ley, el Gobierno Nacional reglamentará su
implementación dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación de la presente ley. Diario Oficial. Año CXLV. N.
47937. 29, Diciembre, 2010. Pag. 189.

20
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Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

ARTÍCULO 2o. MISIÓN. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de
cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del país.

Por su parte, el Decreto 1424 de 1998 publicado en el Diario Oficial No. 43.349 de
29 de julio de 1998 “Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por
méritos para los Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena”, definió
la Educación con el siguiente tenor literal:

“ARTICULO 22. EDUCACION. Se entiende por educación el desarrollo de facultades
físicas, intelectuales o morales mediante la aplicación de una serie de contenidos
académicos realizados en establecimientos o instituciones educativas, públicas o privadas,
oficialmente reconocidas y aprobadas, que conduzcan a la obtención de certificados,
títulos o grados.” (Resaltado y Subrayado fuera del texto).

El artículo 2 del Decreto 1426 de 1998 “Por el cual se establece el sistema de
nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos públicos del Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA.”, publicado en el Diario Oficial No. 43.349 de 29 de
julio de 1998, clasifica el cargo de Instructor conforme con las siguientes funciones:

“Comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional, desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada.” (Negrita del Despacho)

La normatividad que regula al personal de Instructores del SENA, establece
que dicha entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y
profesional certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos
que se desarrollan; define la educación como todos aquellos procesos
especializados tendientes a la obtención de certificados, títulos o grados; e
indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta actividades académicas.
La Ley 115 de 1994 en su artículo 1º y 2, consagra que:

“Artículo 1. OBJETO DE LA LEY. La educación es un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las
personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución
Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica

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Número interno: 2645- 2020
Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
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(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad
escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas,
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran
rehabilitación social.
La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley.”

“Artículo 2º. SERVICIO EDUCATIVO. El servicio educativo comprende el conjunto de
normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación
no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales
(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos
humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados
en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.” (Destacado y
subrayado extratexto)

Ahora bien, de acuerdo a lo expresado, la función prestada por el SENA a través
de los Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral
certificando a sus estudiantes, así que por estas características y su naturaleza se
clasifica dentro de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su
categoría pues no hace parte de los niveles propios de educación formal ni se
cataloga dentro de la definición de educación informal, regulándose de esta
manera por las normas generales del Servicio Público de Educación.

3. De lo probado en el proceso

• A folios 15 a 17, obra derecho de petición formulado ante COTRASER en
liquidación, para la expedición de reporte mensual de horas realizadas, facturas
mensuales que COTRASER expedía al SENA con el soporte de las horas
trabajadas por los cooperados, un certificado de- tiempo de servicios.

• Derecho de petición formulado ante el Director Regional del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, para la expedición de reporte de horas realizadas, facturas
mensuales con el soporte de horas trabajadas con destino a la Cooperativa de
Trabajo Asociado COTRASER, y certificados de asistencia a cursos de formación
integral impartidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (fls. 18 a 22).

-Oficio No. 2-2014-001320 del 24 de abril de 2014, mediante el cual se da
respuesta al demandante de reclamación administrativa radicada el 7 de abril de
2014, en la que se solicita el reconocimiento de una relación laboral y el pago de
las diferencias que resulten por concepto de salarios y prestaciones sociales
pagados a instructores de planta del Servicio Nacional de Aprendizaje SENÁ y lo
pagado a través de COTRASER (fls. 31 a 35, 89 a 95).

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Demandada: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

• A folio 96, obra CD contentivo de contratos de prestación de servicios celebrados
entre la cooperativa de trabajadores asociados de servicios - COTRASER y el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centros de Industria, Agropecuario y
Comercio y Servicios.

• Relación de horas y valores ejecutados por contratos expedidos por COTRASER
con destino al SENA como soporte de cobro (fls. 97 a 141).

• Oficio No. 2-2018-005467 del 24 de diciembre de 2018, suscrito por el Director
Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (fls. 285, 288 y 269 cd. 1-1),
por medio el cual anexa certificación de contratos de prestación de servicios
desde el año 2003 a 2011 prestados por el demandante como contratista en
misión asociado a la Cooperativa de Trabajo Asociado COTRASER (fls. 290 a 293
ib.).

• Oficio No. 2-2018-005385 del 18 de diciembre de 2018, suscrito por el Director
Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por medio del cual da
respuesta a solicitud de información relacionada con los reportes de horas
laboradas por el demandante por medio de COTRASER (fls. 294 y 295 ib)

Dentro de este proceso judicial se recaudaron los testimonios de los señores
Diego Jaramillo Ramos y Jairo Castaño, quienes dan cuenta de las condiciones
bajo las cuales prestaba el servicio en el SENA regional Risaralda. (fl. Audiencia
de pruebas del 12 de junio de 2019 - fls 301 y s.s. cd. 1-1):

El señor Diego Jaramillo Ramos indicó que laboró en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
entre 2001 al 2011, inició como instructor de cálculo y dibujo técnico, física y por último de
informática, básica y avanzada. Señala que conoce al demandante quien también era instructor de
informática, y coincidió con él en el Centro de Comercio y Servicios, porque les correspondía los
mismos horarios desde las 7 de la mañana hasta 8 horas seguidas, el cual debía cumplirse porque
de lo contrario lo desvinculaban.
Afirma que recibían instrucciones de Jaime Navia, quien era el coordinador académico del Centro de
Comercio y Servicios del SENA, daba órdenes y realizaba la asignación de las tareas, de grupos y
de horarios, presenció las dirigidas al demandante. Indicó que reportaban las horas trabajadas de
acuerdo con el horario académico, programación que les daba el coordinador. Manifiesta que la
cooperativa COTRASER era quien realizaba el pago, cuando se enviaba al SENA la relación de las
horas trabajadas, a la que estuvo vinculado el demandante junto con otros instructores y a donde
eran enviados por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Sostuvo que el SENA les facilitaba
uniformes o delantales, carnets donde se leía "SENA instructor", borradores, marcadores y video
beam, que debían usar por obligación el correo institucional y la plataforma de "Sofíaplus" y
"Blackboard". Igualmente, refiere que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA exigía asistir a
cursos virtuales o presenciales, capacitaciones permanentes o reuniones que se hacían cada 15

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días los lunes a las 7:00 am con todos los instructores. Agrega que en COTRASER también tenían
reuniones periódicas.
Manifiesta que en el SENA existían instructores de planta que desarrollaban las mismas actividades
de ellos como contratistas, sin diferencia alguna. Respecto del pago, precisa que debían pasar una
relación de horas dictadas con planillas dé asistencia de los grupos asignados y COTRASER les
pagaba luego de enviar informe al SENA, dicha cooperativa descontaba del sueldo lo
correspondiente a la seguridad social). Manifiesta que era imposible trabajar en otro lugar, porque
laboraban de tiempo completo.
La cooperativa descontaba del sueldo para pagar lo relacionado a salud y pensión, por orden del
convenio de la junta de la Cooperativa. Por último, señaló el declarante que también tiene demanda
en curso, por hechos similares.

El testigo Jairo Castaño manifestó que tuvo una relación laboral con el SENA desde 1998 hasta el
año 2011. Señaló que conoce al demandante cuando ingresó al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA en el año 2002 aproximadamente, en el área de informática básica en sistemas, manifestó
que se veían constantemente en reuniones donde les repartían los horarios de trabajo, que lo veía
trabajar desde las 7 a.m. porque había mucha demanda en esa área; y que el señor Diego Fernando
trabajó hasta junio de 2011, fecha en la que estaban vinculados a la cooperativa la Cooperativa de
Trabajo Asociado COTRASER.
Que el demandante laboraba mañana, tarde y noche, muchas veces más de 8 horas y hasta 10
horas diarias, porque había mucha demanda de los profesores en esa área y le consta tal situación
porque también tenía horarios en esas jornadas. Indica que tanto contratistas como empleados de
planta recibían órdenes directas de los Coordinadores de planta del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, quienes les asignaban las horas e instrucciones sobre calificaciones y casos de
los estudiantes.

Señala que para el pago debían pasar la relación de horas en diferentes plataformas como el "Sofía
plus" y aplicativos donde subían lo que tenía que hacer y lo revisaban los coordinadores, y al final de
mes entregaban las planillas y en el Centro de Comercio liquidaban las horas y se las pasaban a la
Cooperativa de Trabajo Asociado COTRASER para que les pagaran y ésta descontaba lo
correspondiente a seguridad social. Indicó que debían asistir a todas las capacitaciones y a las
fiestas de fin de año. Señaló que los contratistas realizaban las mismas funciones que los
funcionarios de planta, y los primeros tenían mayor carga laboral. También cumplían el reglamento
de la entidad.

2.4.1. Caso concreto

Para arribar a la solución del problema jurídico planteado, partiendo del marco
teórico previamente expuesto, lo primero que debemos determinar es si
efectivamente la relación que se mantuvo entre las partes trató de ocultar una
verdadera relación laboral. Para ello, la parte demandante tendrá que demostrar
en el debate probatorio la concurrencia de los elementos sustanciales de la
relación laboral como son: la prestación personal del servicio, la remuneración
como contraprestación o pago por los servicios prestados y la subordinación, este
último se constituye como el elemento esencial de la relación laboral.

En el trámite de primera instancia se logró demostrar la prestación personal del
servicio en el Servicios Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Risaralda a

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Número interno: 2645- 2020
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través de intermediación de la Cooperativa COTRASER y las funciones
desempeñadas del demandante, como instructor docente en el área de
informática.

Respecto a la contraprestación económica, de acuerdo a la certificación
expedida por el SENA, se observa que el demandante percibió una remuneración
por ejecutar la función de “instructor” en las instalaciones del SENA o donde la
entidad a bien tuviere que enviarlo a ejecutar esta función. Se desprende de los
testimonios que la entidad pagaba la totalidad del valor pactado a la Cooperativa y
ésta a su vez le pagaba y/o hacía la transferencia al demandante.

Respecto de la subordinación y dependencia, se cumplió este elemento por
cuanto desarrollo las funciones idénticas, a las asignadas a los instructores de
planta, que permiten exponer a todas luces, el interés de la administración por
emplear de modo permanente los servicios del demandante, desconociendo los
emolumentos correspondientes, toda vez, que no tenía autonomía ni
independencia para desarrollar las actividades, pues sus labores fueron
ejecutadas de manera personal, como se colige del acervo probatorio obrante en
el proceso.

Así las cosas, prestó sus servicios al SENA Regional Risaralda en calidad de
instructor de informática, brindando capacitación a los beneficiarios de esos
programas, que a su turno le eran expresamente asignados por los Coordinadores
Académicos, según los planes docentes previamente definidos por la entidad.

Ahora bien, en lo que respecta a que desarrollo funciones idénticas a las
establecidas para los docentes de planta, del material probatorio de los
testimonios recepcionados, quien en calidad de instructores señalaron, que en el
SENA Regional Risaralda no existía ninguna diferencia entre los formadores
contratistas y los de planta, por cuanto prestaban los mismos servicios y cumplían
las mismas funciones, atender las directrices impartidas para el desarrollo de la
labor encomendada, recibían órdenes de los coordinadores, portar el uniforme y
carnet, con la asignación de horarios similares, cargar la información pertinente en
las plataformas sofiaplus, utilizar las instalaciones de la entidad, por lo cual no era
una actividad independiente ni autónoma porque se encontraba gobernada por los
Coordinadores Académicos del SENA.

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Todo lo anterior corrobora que el actor, en su condición de contratista del SENA,
no sólo cumplía un horario de trabajo, sino que se encontraba bajo la supervisión
de un jefe, y su labor no difería de la desarrollada por el personal de la planta de la
entidad.

Ahora bien, en cuanto al recurso de apelación de la entidad demandada,
manifiesta esta Sala de decisión que después de verificar las pruebas
relacionadas, todas corresponde al presente caso y lo ocurrido en la providencia
de primera instancia a folio 13, fue un error mecanográfico, no se cambió el
nombre por el del actor Diego Fernando Cataño Bedoya, ya que en ese momento
el A quo iniciaba el estudio pertinente si el actor cumplía los requisitos para el
reconocimiento de la relación laboral.

En el siguiente cuadro se encuentran los periodos de ejecución contractual, que
en algunos casos coinciden entre sí, por lo que se tendrán en cuenta los extremos
en los cuales se hayan desarrollado, por lo que está acreditado que la cooperativa
fue intermediaria laboral entre el señor Diego Cataño y el SENA, en los siguientes
periodos:

Del 1 de marzo al 31 de agosto de 2003
Del 31 de diciembre de 2003 al 28 de diciembre de 2007
Del 21 de febrero al 22 de diciembre de 2008
Del 4 de febrero a 31 de diciembre de 2009
Del 27 de enero a 12 diciembre de 2010
Del 7 de febrero al 2 de julio de 2011

Contrato Período Días/horas Mes Horas Pagos
ejecución contratados ejecutadas Realizados
marzo -- $661.926
025 1 de marzo al abril -- $654.968
de 2003 31 de agosto de Sin información mayo -- $926.774
2003 junio -- $138.968
julio -- $611.296
agosto -- $817.608
052 de 31 de diciembre 103 días/ 504 enero 100 $1.161.800
2003 de horas
2003 a marzo de febrero 124 $2.602.432
2004
marzo 180 $2.091.240
abril 106 $1.231.508
013 de 2004 20 de abril de 80d / 484 h mayo 136 $1.580.048
2004 a julio 2004
junio 110 $1.277.980
julio 132 $ 1.533.576
agosto 146 $1.696.228

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5 de agosto al 17 532 h septiembre 159 $ 1.812.408
025 de 2004 de diciembre de octubre 150 $ 1.742.700
2004
diciembre 80 $929.440
27 de diciembre
047 de 2004 al 9 de mayo de Sin información marzo -- $2.958.176
2005
27 de abril de 28 mayo 40 $617.600
012 de 2005 de septiembre de 185 h agosto 40 $720.000
2005
septiembre 80 $1.440.00
013 de 2005 5 de mayo al 2 mayo 160 $2.275.520
de septiembre de 435 h Junio 91 $1.312.402
2005 Julio 108 $.1557.756
agosto 76 $.1096.972
037 de 2005 22 de agosto al agosto 60 $856.800
19 de diciembre 302 h
de 2005 setiembre 172 $2.456.160
octubre 70 $999.600
13 de octubre al octubre 114 $1.627.920
048 de 2005 26 de septiembre 114 h
de 2005
24 de octubre al noviembre 20 $341.860
050 de 2005 27 de diciembre 40 h
de 2005 diciembre 20 $341.860

25 de noviembre
055 de 2005 al 27 de marzo 40 enero 40 $720.000
de 2006
24 de octubre de
050 de 2005 2005 al 27 de 40 febrero 40 $683.720
marzo de 2006
25 de enero al 30 febrero 20 $301.520
005 de 2006 junio de 2006 526 h marzo 158 $2.382.008
mayo 244 $3.678.544
junio 104 $1.567.904
27 de enero al 24 abril 40 $721.440
002 de 2006 septiembre 2006 160h
Junio 40 $721.440
noviembre 80 $1.367.360
004 de 2006 6 de enero al 30 76h julio 44 $633.344
junio 2006 agosto 32 $482.432
10 julio a 10 de Julio 12 $180.912
0011 de 2006 octubre 2006 182 agosto 28 $422.128
septiembre 74 $1.115.624
octubre 68 $1.025.168
julio 20 $301.520
24 de enero a 24 agosto 15 $241.200
003 de 2006 diciembre 2006 247h septiembre 4 60.304
octubre 64 $964.864
noviembre 64 $964.864
nov- dic 80 $1.440.000
017 de 2006 26 septiembre al
26 diciembre 12h septiembre 12 $180.912
2006
021 de 2007 28 de noviembre 120 $1.782.720
2006 al 11 enero 45 días enero
2007 febrero 192 $2.852.352
022 de 2007 19 diciembre marzo 188 $2.792.928
2006 al 19 marzo 3 meses

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2007 abril 40 $594.240
marzo 20 $311.960
abril 20 $311.960
009 de 2007 23 de marzo al 465 h mayo 98 $1.528.604
23 julio 2007
junio 140 $2.183.720
julio 78 $1.216.644
agosto 92 $1.435.019
septiembre 17 $265.166
mayo 100 $373.220
007 de 2007 9 de marzo 192 h agosto 20 $373.220
diciembre de octubre 100 $1.866.100
2007 noviembre 72 $2.239.320
14 de marzo al26
003 de 2007 agosto 2006 120h abril 120 $2.239.320
17 de septiembre septiembre 67 $1.045.066
015 de 2007 al 17 diciembre 3 meses
2007
octubre 4 $56.464

25 septiembre al
013 de 2007 28 diciembre 20h noviembre 20 $311.960
2007
25 septiembre al
085 de 2007 15 diciembre 80 h diciembre 80 $1.471.040
2007
21 de febrero 21 mayo 80 $1.567.600
06 de 2008 diciembre 2008 160 h agosto 52 $1.018.957
diciembre 28 $548.660
junio 68 $1.113.704
07 de 2008 22 febrero al 22 260 h julio 64 $1.048.192
diciembre 2008 agosto 80 $1.310.240
septiembre 48 $786.144
045 de 2009 4 febrero a 31 $1.240.512
diciembre 2009 -- abril 78
marzo 16 $254.464
abril 16 $254.464
065 de 2009 12 febrero al 31 346 h mayo 32 $508.928
diciembre 2009 junio 64 $1.017.856
julio 16 $254..44
agosto 60 $954.240
octubre 76 $1.208.704
noviembre 66 $1.049.664
mayo 32 $508.928
junio 24 $381.696
117 de 2009 14 febrero al 31 julio 98 $1.558.592
diciembre 2009 278h agosto 90 $477.120
septiembre 40 $636.160
octubre 40 $636.160
noviembre 38 $604.352
091 de 2010 27 enero a 12 julio 140 $2.350.166
diciembre de -- agosto 140 $2.541.00
2010 septiembre 133 $2.232.658
febrero 24 --
marzo 80 $1.533.777
007 de 2011 7 de febrero al 341 h abril 72 $1.380.400
2 julio 2011 mayo 29
junio 68 $1.792.883
marzo 68 $1.308.713

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Respecto de la continuidad, observa la Sala que el actor prestó sus servicios del 1
de marzo de 2003 hasta el 30 de junio de 2011, con la salvedad que se encuentra
prescrita el periodo con anterioridad al 31 de agosto de 2003, no obstante tiene
derecho a que la entidad realice las cotizaciones a salud y pensión, por dicho
tiempo, por tratarse de una prestación imprescriptible, tal como lo declaró el A quo.
Así las cosas, respecto del periodo restante, si bien se presentaron interrupciones
superiores a los 30 días hábiles, las mismas fueron justificadas por el receso de
actividad académica en los periodos de vacaciones de fin de año; por lo anterior,
la entidad en los diferentes contratos vinculó como instructor del SENA al señor
Diego Fernando Cataño Bedoya en los meses de febrero a diciembre, situación
que duró por más de 7 años, sin que la entidad tuviera el ánimo de emplear de
modo permanente y continuo los servicios del demandante.

Respecto de la prescripción, la parte demandante presentó reclamación ante la
entidad el 7 de abril de 2014, desde el vencimiento del vínculo (30 de junio de
2011) hasta la petición trascurrieron alrededor de 2 años, 9 meses y 7 días; por
ende, le asiste derecho a que le sean reconocidos los emolumentos
prestacionales derivados de todos los contratos desde el 1 de marzo de 2003
hasta el 30 de junio de 2011, atendiendo la prescripción trienal.

En cuanto al recurso de apelación formulado por la parte demandante, que se
acceda a las pretensiones relacionadas con la diferencia salarial, reconocimiento
desde el salario de un similar y no desde los honorarios, la sanción moratoria, esta
Sala las negara, por las siguientes razones:

No le asiste el derecho al reconocimiento de las diferencias salariales que
podrían existir entre los servidores de planta que prestaban el servicio de
instructor y lo por el devengado (cualquiera que haya sido su vinculación, esto
es, prestación de servicios con el ente demandado o contrato laboral con
COTRASER CTA), como quiera que las prestaciones sociales reconocidas en
esta sentencia se liquidan con base en el valor pactado como honorarios,
porque, de lo contrario, sería otorgarle a la demandante la calidad de empleado
público, de la cual carece y, por ende, no es beneficiario de todas las
condiciones salariales a las que tendría derecho un servidor de planta.

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Demandante: DIEGO FERNADO CATAÑO BEDOYA
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Frente al reconocimiento de la sanción moratoria cuando se declara la existencia
de una relación laboral que subyace de la relación contractual estatal bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios, en cuanto que, el
reconocimiento y pago de las cesantías, surge sólo con ocasión de la declaratoria
de la relación laboral, por lo que, no podría reclamarse la sanción moratoria como
quiera que apenas con ocasión de la sentencia que declara la primacía de la
realidad sobre las formalidades surge la obligación a cargo de la administración de
reconocer y pagar el aludido auxilio.

En otras palabras, la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
sólo es viable en tanto las cesantías hayan sido reconocidas, y no cuando está en
litigio la declaración del derecho a percibirlas, es decir, cuando está en discusión
el derecho al reconocimiento y pago del aludido auxilio de cesantías, en
consecuencia, al no acreditarse el presupuesto necesario para que se genere la
sanción como es la mora, resulta improcedente su reconocimiento.

Ahora bien, en cuanto al desacuerdo respecto de los extremos temporales definidos
por el A quo, considera la parte demandante que se debe tener en cuenta como
fecha de inicio el 16 de julio de 2002, pero tal como quedó demostrado la prestación
de los servicios al SENA a través de intermediación de la Cooperativa Cotraser,
fueron desde el 1 de marzo del 2003 hasta el 30 de junio de 2011. Señala que las
entidades no allegaron toda la información y pruebas de los contratos, donde se
corroborara que inició a laborar en dicha fecha y además, se le recuerda a la
apoderada de la parte actora que la carga de la prueba le correspondía a ellos para
demostrar los hechos de la demanda, si bien el señor Jairo Cataño dice que
conoció al demandante desde aproximadamente desde el 2002, no hay prueba
que soporte la afirmación.

En relación con la condena en costas, no se impondrá a la parte demandada en
razón a que no basta ser vencida en el proceso sino que se deben acreditar éstas;
de ahí, que la Sala precise que para la imposición de aquélla el operador judicial
deberá tener en cuenta los siguientes elementos que la Sección Segunda de esta
Corporación ha trazado, a saber: “i) objetivo en cuanto a que toda sentencia
decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente
o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez
debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con

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Número interno: 2645- 2020
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la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso.”23.

Debido a lo expuesto, esta Sala confirmará con modificación la sentencia proferida
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIMAR la sentencia de fecha nueve (9) de agosto de dos mil
diecinueve (2019), por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda,
que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, presentada por el señor
Diego Fernando Cataño Bedoya y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de
acuerdo a las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

23
Sentencia del 26 de octubre de 2017, Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, Magistrado ponente César
Palomino Cortés, radicación 52001-23-33-000-2014-00216-01(2215-15). Ver además las sentencias del 22 de febrero y 8 de
marzo de 2018, Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección B, Magistrados ponentes Sandra Lisset Ibarra Vélez y
Carmelo Perdomo Cuéter, radicados 25000-23-42-000-2015-00790-01(0525-17) y 18001-23-33-000-2013-00081-01 (3553-14)

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