Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00429-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00429-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2014-00429-02
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de noviembre de 2022
1
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Demandado: FERNEY DE JESÚS MONCADA CARO
Temas: Lesividad. Reliquidación pensión de jubilación con
inclusión del 100% de la bonificación por servicios.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-197-2022
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, formuló en
síntesis las siguientes:
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad de la Resolución 57672 del 17 de diciembre de 2007
proferida por la extinta Cajanal EICE, por medio de la cual reliquidó la
pensión de vejez del señor Ferney de Jesús Moncada Caro en
cumplimiento de un fallo de tutela.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento
del derecho se ordene al demandado reintegrar a favor de la UGPP la
totalidad de las sumas pagadas por concepto de reliquidación pensional en
la que se incluyó el 100 % de la bonificación por servicios. Valores que
deberán ser indexados desde el momento de su causación y hasta la fecha
en que se haga efectivo el desembolso.
1
En adelante UGPP.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
3
Índice 2 del registro de SAMAI.
2
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
3. Condenar al pago de los intereses comerciales y moratorios a que haya
lugar en caso de que no se realice el pago de manera oportuna.
Supuestos fácticos relevantes4
1. El señor Ferney de Jesús Moncada Caro laboró como profesor en el
Colegio Jesús María Ormaza desde el 9 de marzo de 1970 hasta el 30 de
enero de 1971.
2. Luego, prestó sus servicios en la Rama Judicial desde el 1.° de febrero de
1976 hasta el 30 de octubre de 2005, para un total de 27 años, 4 meses y
25 días laborados. Su último cargo desempeñado fue el de magistrado de
la Sala de Familia del Tribunal Administrativo Superior de Pereira.
3. Mediante Resolución 22217 del 10 de mayo de 2006, la extinta Cajanal
EICE ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor
del señor Moncada Caro, en una cuantía de $6.791.514,77, efectiva a partir
del 1.° de noviembre de 2005. Para el efecto, se tuvo en cuenta el 75 % del
promedio de los salarios devengados durante los últimos diez años de
servicios.
4. De manera posterior, fue expedida la Resolución 51495 del 2 de octubre
de 2006 que dio cumplimiento al fallo de tutela emitido por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de reliquidar la
prestación del demandado en un monto del 75 % de la asignación mensual
más elevada en el último año de servicio, cuya cuantía se elevó a una suma
de $11.017.059,62.
5. La Resolución 48671 del 19 de octubre de 2007 negó la reliquidación de la
pensión en los términos instados por la parte pasiva, en punto a que se
tuviera en cuenta el 100 % de la bonificación por servicios devengada
durante el último año de labor.
6. Fue emitida la Resolución 57672 del 17 de diciembre de 2007 que ordenó
el recalculo de la pensión de vejez en cumplimiento de un fallo de tutela del
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en una cuantía del 75 %
de la asignación básica más elevada y con la inclusión de la totalidad de
los factores salariales devengados, así como el 100 % de la bonificación
por servicios, para un monto total de la mesada pensional de
$11.516.098,88.
7. El anterior acto administrativo fue modificado por la Resolución 2601 del
26 de enero de 2009 que aclaró que el valor de la pensión sería de
$12.153.450,38, debido a que cotizó de manera simultánea como
trabajador de la Rama Judicial y de la Universidad Libre de Colombia.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
4
Ibidem.
3
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 18 de octubre de 2017.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«Respecto a la excepción de «caducidad», se precisa que la misma no tiene
vocación de prosperidad pues de acuerdo con el artículo 164 del CPACA numeral
1 literal c, la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija
contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, y como quiera que en el presente asunto se pretende la declaratoria de
nulidad del acto por medio del cual se reliquida una pensión de vejez, se entiende
que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo, de lo que se concluye
que no hay caducidad de la acción como lo expone el vinculado.
[…]
En ese orden de cosas, la naturaleza del asunto que aquí se tramita, no se
encuentra sujeta a los efectos de la caducidad, por lo tanto el medio exceptivo no
está llamado a prosperar.
Frente a la excepción de «prescripción», observa el Despacho que si bien en
reiteradas oportunidades se ha considerado que el momento procesal para decidir
sobre la misma es la audiencia inicial conforme lo dispone el contenido del numeral
6 de artículo 180 de Ley 1437 de 2011, lo cierto es que en torno a la oportunidad
para su resolución el Consejo de Estado ha establecido recientemente la
improcedencia de resolver en la audiencia inicial excepciones que tienen por
finalidad atacar el derecho sustancial debatido en el proceso, o sea que dicha
excepción debe ser analizada en la sentencia y no en la audiencia de que trata la
disposición en cita.
[…]
Respecto de la excepción de fondo que el vinculado denominó «acto de ejecución
no sujeto a control judicial» (fl. 251 C.1-1), considera el Despacho que por su
contenido debe ser analizado en esta etapa procesal:
[…]
Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en
cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en
que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante,
es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos
fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las
demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la
legalidad o no. De allí que si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de
acto de ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden
fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de
la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción
4
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
de nulidad y restablecimiento del derecho. En esas condiciones, la Entidad
solamente contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir la legalidad del acto que ella misma expidió, y al haber rechazado la
demanda con el argumento de que el acto administrativo no es demandable,
vulneró los derechos de la entidad demandante, cercenándole la oportunidad de
controvertir en sede judicial la legalidad del acto que ella misma expidió.
Por las razones expuestas, la excepción «acto de ejecución no sujeto a control
judicial», tampoco está llamada a prosperar.
El vinculado propuso además las que denominó: “ausencia del agotamiento de
procedimiento previo”, «solicitud de autorización del beneficiario para revocar el
acto» e «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales» y «ausencia de
conciliación prejudicial»
[…]
Ahora, si bien el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en su inciso 2o, indica que sí
el titular «niega» su consentimiento y la autoridad considera que el acto es
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, es lo cierto que no es necesario aducir en la demanda
en forma expresa la negación del consentimiento del titular del derecho o de la
situación jurídica, pues tal requisito no está establecido legalmente, amén que no
procede una interpretación simplemente literal de ese dispositivo normativo sino
que esa negación es equivalente a la no obtención del referido consentimiento, ya
que de ser así la posibilidad de demandar el propio acto por parte de una entidad
pública quedaría sujeta a la voluntad del administrado y se perdería el efecto útil
de esta norma.
Argumentos que se tornan suficientes para declarar no probadas la excepciones
propuestas.» (Índice 2 del registro de SAMAI).
Se notificó la decisión en estrados y la parte demandada interpuso recurso de
apelación el cual fue concedido en audiencia inicial, cuyo conocimiento le
correspondió al Despacho del presente magistrado ponente, el cual mediante
auto del 2 de abril de 20205 resolvió declarar fallida la alzada frente de las
excepciones de acto de ejecución no sujeto a control judicial e ineptitud de la
demanda por falta de requisitos formales, así como confirmó la providencia
que declaró no probadas las excepciones de caducidad y la relacionada con
la solicitud de autorización para revocar el acto como requisito previo para
demandar.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
En el presente asunto no hubo fijación del litigio por cuanto no se reanudó el
trámite de la audiencia inicial, ello en aplicación del artículo 13 del Decreto
Legislativo 806 de 2020, ello con el fin de correr traslado para alegar de
conclusión y proferir sentencia anticipada por tratarse de un litigio de pleno
derecho sin pruebas pendientes para practicar, según se advierte en
providencia del 19 de noviembre de 2020, visible a índice 2 del registro de
SAMAI.
SENTENCIA APELADA6
5
Índice 2 del registro de SAMAI.
6
Ibidem.
5
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Demandante: UGPP
El a quo profirió sentencia escrita el 9 de diciembre de 2020, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la entidad demandante con
fundamento en las siguientes consideraciones:
Inicialmente se remitió al Decreto 546 de 1971 que en su artículo 6.° previó el
régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de
la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público. Ello para señalar más adelante
que la Sección Segunda del Consejo de Estado definió la forma de calcularse
el ingreso base de liquidación de la pensión, en el sentido de aclarar que las
prestaciones anuales se liquidarían por doceavas partes más no teniendo en
cuenta el 100 % del valor devengado.
Citó sendos apartes jurisprudenciales a fin de soportar la tesis sostenida, y
adicionalmente recordó que el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 consagró
cuáles serían los factores de salario además de la asignación básica. En estos
términos, concluyó que aquellos emolumentos causados anualmente o en
períodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva
inclusión en el cálculo de la pensión; caso de la bonificación por servicios
prestados que corresponde a un concepto que remunera la acumulación del
tiempo de servicio del empleado y que se causa cada vez que cumple un año
de labor.
Bajo dicha intelección, procedió a efectuar un análisis de las pruebas
arrimadas al plenario para determinar que la decisión de tutela que se adoptó
mediante fallo del 10 de julio de 2008, en cuanto resolvió que la acreencia en
mención debía computarse en una cuantía de un 100 %, ha sido catalogada
por el Consejo de Estado como un defecto sustantivo por errónea
interpretación de la norma jurídica, postura la cual guarda asidero jurídico en
el artículo 45 del Decreto 1042 de 1978.
En consonancia con lo expuesto, aclaró que al margen de que la entidad
libelista únicamente hubiese ejercido el presente medio de control contra la
Resolución 57672 del 17 de diciembre de 2007 que reliquidó la pensión de
vejez del demandado en virtud del 100 % de la bonificación por servicios, en
el plenario se advierte que esta decisión fue modificada por la Resolución 2601
del 26 de enero de 2009 que ordenó un nuevo cálculo del derecho económico
en virtud de todos los salarios devengados en el último año de servicio. Por
consiguiente, estimó que debía declararse la nulidad parcial de ambos actos
administrativos por resultar contrarios al ordenamiento legal.
Finalmente, precisó que no procedía el reintegro de las sumas pagadas en
exceso inicialmente al señor Moncada Caro al considerar que no se demostró
que aquel hubiera incurrido en comportamientos deshonestos, en actos
dolosos o de mala fe para obtener el derecho pretendido; si además se tiene
en cuenta que la reliquidación de su pensión se generó con ocasión de la
interpretación errónea por parte del juez de tutela, lo que de ninguna manera
denota una actuación maliciosa o temeraria por parte del titular del derecho.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente manera: i)
declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 57672 del 17 de diciembre de
2007 y 2601 del 26 de enero de 2009, que reliquidaron la pensión de vejez del
señor Moncada Cano; ii) a título de restablecimiento del derecho, declaró que
al señor Ferney de Jesús Moncada Cano no le asiste el derecho al
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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
reconocimiento de la bonificación por servicios liquidada en un 100 % sino en
una doceava parte, como factor salarial para determinar el IBL de la
prestación, y; iii) denegó la pretensión relativa a la devolución de dineros
percibidos en exceso por el demandado.
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandada presentó recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia y solicitó que este sea recovado al plantear que desde la creación de
la bonificación por servicios prestados para los servidores de la Rama Judicial,
al igual que según los Decretos 247 de 1997 y 1042 de 1978, no se determinó
el monto que debe tenerse en cuenta para la inclusión del mismo en la
liquidación de las pensiones. De ello que para lo propio se ha acudido a la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de los tribunales contenciosos
administrativos que ha permitido el cálculo del 100 % de dicho factor salarial
para efectos prestacionales.
De otro lado, sostuvo que si de las diversas interpretaciones que se derivan
de una disposición legal por parte del juez de tutela, este asume una
intelección que favorece al pensionado, dicha decisión no puede catalogarse
como violatoria de la norma, al tratarse de un juicio concreto en el que se
confronta el contenido de un precepto legal con una situación material.
Continuó su razonamiento al esbozar que el alcance del contexto
constitucional que fija la Corte Constitucional y el juez de tutela sobre los
derechos, como en el caso de marras, debe extenderse hacia los procesos
“contenciosos ordinarios”, dado que no existe motivo que justifique un trato
diferente en la interpretación de la norma.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
UGPP8: en primera medida sostuvo que el caso sub examine no se enmarca
dentro del fenómeno jurídico de la cosa juzgada, de derechos adquiridos o
actos de ejecución, pues el acto administrativo sometido a control judicial
surgió a la vida jurídica como consecuencia de una acción de tutela cuya
naturaleza es distinta a la que se debate en esta instancia.
Seguidamente, manifestó que la Resolución 57672 del 17 de diciembre de
2007 se encuentra viciada por falsa motivación e infracción de las normas en
las que debía fundarse, habida cuenta que para el cálculo de la pensión de
vejez debe tenerse en cuenta una doceava parte de la bonificación por
servicios prestados y no el 100 % del factor salarial, en consideración a que
su pago se efectúa de manera anual.
La parte demandada9: reprodujo en su totalidad los argumentos esbozados
en el recurso de apelación.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal de conformidad
con la constancia secretarial visible a índice 20 del registro de SAMAI.
CONSIDERACIONES
7
Ibidem.
8
Índice 17 del registro de SAMAI.
9
Índices 18 y 19 del registro de SAMAI.
7
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
planteamientos expuestos en el recurso de apelación, el cual en el presente
caso únicamente fue interpuesto por la parte demandada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:
¿El señor Ferney de Jesús Moncada Caro, en su calidad de ex empleado de
la Rama Judicial, tiene derecho a que se reliquide su pensión de jubilación con
el cómputo del 100 % de lo devengado por concepto bonificación por servicios
prestados?
Al respecto, la Subsección sostendrá como tesis: al demandado no le asiste el
derecho a la inclusión de la bonificación por servicios prestados en un 100%
de su valor para calcular su pensión, por cuanto ésta debe computarse en una
doceava parte, con base en los argumentos que proceden a explicarse:
Bonificación por servicios prestados
El Decreto Ley 1042 de 1978 por medio del cual se fijó el régimen salarial de
los empleados del orden nacional (Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades
Administrativas Especiales) creó la bonificación por servicios en los siguientes
términos:
«[…] Artículo 45. A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación
por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1.º.
Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un
año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un
funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1.º de
este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos
del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de
continuidad en el servicio. Se entenderá que hay solución de continuidad si entre
el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días
hábiles.
La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.
Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La
bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que
trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1.º de este decreto, será
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación
básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que
correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla,
siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación
8
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos
($100.750).
Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de
salario señalados en el inciso anterior.
Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio10.
[…]».
Por su parte, el Decreto 247 de 1997, consagró la bonificación por servicios
para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en los siguientes
términos:
«[…] Artículo 1. Créase la bonificación por servicios prestados para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía
General de la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial,
Consejos Seccionales de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y
la Justicia Penal Militar, en los mismos términos establecidos en los artículos 45 y
siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o
adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997.
La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de
determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de
vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones. […]».
Asimismo, respecto a la bonificación por servicios prestados para los
funcionarios de la Rama Judicial, esta Sección Segunda ha señalado11:
i) La bonificación por servicios prestados constituye factor salarial para efectos
pensionales;
ii) Se causa cada vez que el servidor cumple un año continuo de labor en una
misma entidad oficial;
iii) Pero ello no quiere decir que sea por el valor total porque el monto de la
pensión se calcula en mesadas;
iv) Una vez se determinan los factores salariales devengados se calcula el
valor mensual de cada uno (doceavas), a efectos de determinar la mesada
pensional.
Conforme a las disposiciones normativas y jurisprudenciales precitadas que
abarcan la materia, es dable afirmar que para efectos pensionales el cómputo
de bonificación por servicios debe realizarse como se computan los demás
rubros, esto es, en una doceava, por tanto, los factores salariales devengados,
son calculados en esta misma proporción.
10
Modificado por el Decreto 10 de 1989 en el sentido de suprimir el último inciso para desarrollarlo en
un artículo denominado «Del cómputo del tiempo para la bonificación por servicios prestados»
11
i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 6 de febrero de 2008, número interno 0640-2008; ii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2014,
número interno 1896-2013.
9
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
La anterior tesis ha sido sostenida por el Consejo de Estado en la sentencia
que reafirmó el reconocimiento de la referida prestación en una doceava parte
así12:
«[…] Sea la oportunidad para mencionar, que el factor de bonificación por servicios
se reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un año continuo de labor
en una misma entidad oficial, es decir que el derecho a su reconocimiento se causa
cada vez que aquél cumple un año de servicios y, por lo tanto, el cómputo de este
factor para efectos de determinar la cuantía de la pensión debe hacerse en una
doceava parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago se hace de
manera anual. […]».
Dicha posición fue reiterada por esta Sección Segunda en sentencia del 10 de
mayo de 2018, en la que se sostuvo13:
«[…] En virtud de lo expuesto, se encuentra claramente establecido que la
bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe hacerse en
una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido por ese concepto, en
consideración a que su pago se hace de manera anual y la mesada pensional se
calcula con la proporción mensual de todos los factores salariales devengados en
el último año, conforme lo señala el artículo 12 del Decreto 717 de 1978. […]».
De acuerdo con lo anterior, es pacífica la jurisprudencia en el sentido de
asociar la noción de factor de salario al ingreso base de liquidación pensional,
de tal forma que se contempló además que aquellos causados anualmente, o
en periodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva
inclusión; caso de la bonificación por servicios prestados14, que corresponde
a una prestación que remunera la acumulación del tiempo de servicio del
empleado, y que se causa cada vez que cumple un año de labores.
En este sentido, es viable afirmar que un acto administrativo adolece de
ilegalidad, entre otras, por infringir las normas en que debía fundarse,
entendida la norma no sólo como el enunciado contenido en una ley, sino
también su debida interpretación autorizada por el máximo órgano judicial de
cierre a través de una línea hermenéutica consistente expresada por medio de
sus proveídos, tal como se precisó anteriormente.
De conformidad con el marco legal y jurisprudencial de la referencia, la Sala
advierte que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo
largo del proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
• Certificado suscrito por los jefes de la Sección de Recursos Humanos y
Responsable de Nómina y Personal el 8 de junio de 2005, por medio del
cual informaron que el señor Ferney de Jesús Moncada Cano prestó sus
servicios a la Rama Judicial desde el 1.° de febrero de 1976 y hasta al
menos la fecha de expedición del documento, cuyo último cargo ocupado
fue el de magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de
Pereira (índice 2 del registro de SAMAI).
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia de 7 de
febrero de 2013, radicación: 05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12), demandante: Martha Lucía
López Mora.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A. Radicación número: 05001-23-33-000-2012-
00767-02(2525-17).
14
Ver Decreto 1042 de 1978 y Decreto 247 de 1997.
10
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
• Constancia emitida el 29 de agosto de 2008 por la Dirección Ejecutiva del
Consejo Superior de la Judicatura, del cual se desprende que el
demandado devengó los siguientes emolumentos entre las vigencias 2004
y 2005: sueldo básico, bonificación por compensación, prima de servicios,
bonificación por gestión judicial, bonificación por servicios prestados, prima
de navidad, prima de vacaciones y vacaciones (ibidem).
• Resolución 22217 del 10 de mayo de 2006 proferida por la extinta Cajanal
EICE (hoy UGPP) que ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación a favor del señor Moncada Cano, al haberse hecho beneficiario
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en
aplicación del Decreto 546 de 1971; ello en una cuantía de $6.791.514,77,
efectiva a partir del 1.° de noviembre de 2005.
Para el efecto, tuvo en cuenta los siguientes factores salariales al momento
de la liquidación: asignación básica, gastos de representación, sobresueldo
“I.S.S.”, prima especial, bonificación por servicios prestados, prima de
nivelación (ibidem).
• Resolución 51495 del 2 de octubre de 2006 que dio cumplimiento al fallo
de tutela del 20 de junio de la misma anualidad proferido por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Bogotá, a través de la cual se ordenó una
nueva reliquidación de la pensión de jubilación del demandado, teniendo
en cuenta la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en
el último año de servicio, en los términos del Decreto 546 de 1971. La
cuantía de la prestación se elevó a la suma de $11.017.059,62, efectiva a
partir del 1.° de septiembre de 2006 (ibidem).
• Fue expedida la Resolución 48671 del 5 de octubre de 2007 que desató de
manera negativa una solicitud de reliquidación pensional con inclusión del
100 % de la bonificación por servicios prestados presentada por la parte
pasiva del litigio (ibidem).
• A través de la Resolución 57672 del 17 de diciembre de 2007 se revocó la
precitada decisión administrativa y se dio cumplimiento al fallo de tutela
proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 3 de julio
de la citada anualidad, en cuanto ordenó la reliquidación de la pensión del
señor Moncada Cano en virtud del 100 % de la bonificación por servicios
prestados devengada en el último año de servicio, en los siguientes
términos:
«[…] Antes de incursionar en el caso que nos ocupa, este despacho observa que
mediante Resolución No. 48671 del 5 de octubre de 2007, se negó la solicitud de
reliquidación de la pensión de vejez antes referenciada, sin observar que el fallo
de tutela con incidente de desacato No. 2007-494 proferido por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Pereira, ordenaba efectuar la liquidación dando
aplicación al Decreto 546 de 1971 pero teniendo en cuenta el 100% de la
bonificación por servicios prestados, motivo suficiente para que se proceda a
REVOCAR en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 48671 del 5 de
octubre de 2007.
[…]
RESUELVE
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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
ARTICULO PRIMERO: REVOCAR en todas y cada una de sus partes la
Resolución No. 48671 del 5 de octubre de 2007, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Dar cumplimiento al Fallo de tutela con incidente de
desacato No. 2007-494, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Pereira mediante providencia del 03 de julio de 2007.
ARTICULO TERCERO: Reliquidar la pensión mensual vitalicia por vejez a favor
del señor FERNEY DE JESUS MONCADA CANO ya identificado, elevando la
cuantío a ¡a suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL
NOVENTA Y.OCHO PESOS CON 88/100 M/CTE ($11.516.098,88), efectiva a
partir del 28 de diciembre de 2006, condicionado a demostrar retiro definitivo del
servicio para su disfrute. […]» (ibidem).
• La Resolución 02601 del 26 de enero de 2009 modificó el acto
administrativo que data del 17 de diciembre de 2007, en cuanto indicó que
la cuantía de la mesada pensional del demandado sería de
$12.153.450,38, efectiva a partir del 28 de noviembre de 2006 y su pago
condicionado a la demostración del retiro definitivo del servicio (ibidem).
De conformidad con la anterior relación probatoria, se encuentra probado que
la Resolución 57672 del 17 de diciembre de 2007, acto administrativo objeto
de control judicial en esta oportunidad, fue expedida en cumplimiento de un
fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira
el 3 de julio de 2007, el cual conminaba a la extinta Cajanal (hoy UGPP)
reliquidar la pensión de jubilación del señor Ferney de Jesús Moncada Cano
con la inclusión del 100 % de la bonificación por servicios prestados que aquel
devengó durante su último año de servicio.
Asimismo, la Resolución 02601 del 26 de enero de 2009 modificó la referida
decisión administrativa, en cuanto al monto definitivo a pagar por concepto de
mesada pensional y confirmó que esta sería efectiva hasta la demostración del
retiro definitivo del servicio oficial por parte del titular del derecho.
Pues bien, en atención a que la UGPP acató la orden contenida en la sentencia
de tutela respecto a la inclusión de la bonificación por servicios prestados en
un 100 % para el cálculo de la pensión, es dable estimar que los actos
administrativos de la referencia adolecen de nulidad pues, según el marco
legal que regula la materia y la jurisprudencia vigente de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, resulta ostensible que la reliquidación pensional con el
cómputo de la bonificación por servicios prestados en su valor total va en
contravía del ordenamiento jurídico.
Lo anterior justamente porque, como se ha sostenido líneas atrás, la
bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe ser
incluida en una doceava parte y no sobre el 100 % de la suma percibida por
dicho concepto, en consideración a que su pago se realiza de manera anual,
conforme lo señala el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, y el cálculo de la
pensión de jubilación se efectúa sobre el promedio mensual de lo percibido.
Bajo dicha intelección, se observa que de manera injustificada se ordenó la
inclusión total de la bonificación por servicios prestados que había devengado
el señor Moncada Cano dentro del promedio salarial percibido durante el
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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
último año de servicio, cuando por la naturaleza y causación de tal factor, debió
fraccionarse en una doceava parte.
Adicionalmente, en consideración a que con la expedición del acto
administrativo demandado se adjudicó un derecho económico de carácter
pensional que genera una afectación significativa al patrimonio público, por
existir contradicción entre lo ordenado por la resolución cuestionada y lo
preceptuado tanto en las normas como la jurisprudencia que se invocan como
vulneradas en el libelo introductor, se advierte la configuración de una
situación irregular que enerva la presunción de legalidad de dicha decisión y
trae consigo su nulidad, esto al menos parcialmente, como se declaró en
primera instancia.
Por consiguiente, esta Subsección considera que el a quo no incurrió en
ningún desacierto interpretativo al momento de estudiar la tesis de la demanda
y acceder parcialmente a las pretensiones de la misma, en punto a declarar la
nulidad de los actos administrativos que ordenaron la reliquidación de la
pensión de jubilación del demandado con la inclusión del 100 % de la
bonificación por servicios prestados, pues aquella únicamente puede ser
tenida en cuenta en una doceava parte para los efectos prestacionales,
conforme quedó expuesto en precedencia.
Sea pertinente aclarar que, si bien en el sub lite no fue objeto de control judicial
la Resolución 02601 del 26 de enero de 2009 que modificó la Resolución
57672 del 17 de diciembre de 2007 en lo referente a la cuantía que le sería
pagada al señor Moncada Cano por concepto de pensión de jubilación, el
tribunal de primera instancia declaró la nulidad de esta al haber surgido a la
vida jurídica con ocasión de un recurso de apelación interpuesto contra la
última decisión administrativa en cita.
Ello se acompasa con lo previsto en el artículo 163 del CPACA que
textualmente en su inciso primero consagró: «Cuando se pretenda la nulidad de
un acto administrativo este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue
objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que
los resolvieron.». En estos términos, se impone confirmar la sentencia
impugnada en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En conclusión: el señor Ferney de Jesús Moncada Cano no tiene derecho a
que su pensión de jubilación sea liquidada con el cómputo del 100 % del valor
de la bonificación por servicios prestados, toda vez que este factor debe ser
calculado e incluido en una doceava parte por su percepción anual y en razón
a que el beneficio pensional en comento se determina con base en un ingreso
promedio mensual; no como se ordenó en las Resoluciones 57672 del 17 de
diciembre de 2007 y 02601 del 26 de enero de 2009, al margen de que esta
primera se hubiese emitido en cumplimiento de un fallo de tutela.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden, se confirmará la sentencia proferida el 9 de
diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera
de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
habida cuenta de que no prosperaron los argumentos del recurso de apelación
interpuesto por el demandado.
De la condena en costas
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Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201615, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP16, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público17, tal como
acontece en el presente caso en el que una entidad estatal promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad con el fin de proteger el erario, por lo que no hay lugar a que esta
condena en costas.
15
Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
16
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
17
Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
14
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00429-02 (1783-2021)
Demandante: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad
de lesividad promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra el señor
Ferney de Jesús Moncada Cano.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Sigue leyendo
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