Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00449-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2014-00449-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2014-00449-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2014-00449-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de marzo de 2024
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2014-00449-02 (3185-2021)
Demandante: Virgilio de Jesús Hernández Martínez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Tema: Relación laboral encubierta. Cooperativas de trabajo
asociado-Instructor. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el nueve (9) de abril de dos mi veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Virgilio de Jesús Hernández Martínez instauró demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio 2-2014-001628 del 13 de mayo de 2014, por
medio del cual se negó la existencia de una relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales derivadas de esta.
A título de restablecimiento del derecho, que se declare que existió una relación
laboral subordinada entre el 12 de marzo de 2002 y el 30 de junio de 2011 y,
como consecuencia, que la demandada está obligada a pagarle la diferencia
entre los salarios percibidos y lo devengado por un instructor de planta de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
entidad y las prestaciones sociales, bonificaciones, auxilios y subsidios a los que
tiene derecho.
Que se reconozca y cancele al respectivo fondo de pensiones las sumas
correspondientes al Ingreso Base de Cotización, junto con los intereses
moratorios, de acuerdo con los períodos laborados. También que ajuste la
condena y cumpla la decisión, en los términos previstos en el artículo 176 del
Código Contencioso Administrativo.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios al SENA como instructor entre el 12 de marzo de 2002
y el 30 de junio de 2011, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado,
denominada COTRASER CTA, asociación con la que el SENA suscribió varios
contratos de prestación de servicios.
Que desarrolló labores permanentes y relacionadas con la misionalidad de la
entidad y siempre estuvo subordinado a las directrices y órdenes de la entidad,
quien actuó como un empleador en el marco de un contrato de trabajo.
Que recibió órdenes del director del centro de formación y dentro de sus
funciones estaban: (i) asistir a reuniones conjuntas dirigidas a todos los
instructores, en las que recibía la programación y las guías de desarrollo; (ii)
desarrollar las capacitaciones y formaciones en los cursos asignados; (iii) realizar
interventorías, (iv) elaborar guías de aprendizaje, cronogramas de labores,
actas, informes y relación de pagos; (v) representar a la institución en algunos
eventos.
Que se pactó una remuneración habitual, por horas de capacitación, de acuerdo
con los cursos asignados en cada periodo.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 18 de febrero de 2016 y notificada
a la entidad demandada, quien argumentó que no tuvo ningún vínculo legal,
reglamentario o contractual con el demandante y que su relación contractual fue
con la Cooperativa de Trabajo Asociado COTRASER, quien, probablemente,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
vinculó al demandante y lo remuneró por el desarrollo de tareas de carácter
académico.
Que no ejerció ningún tipo de subordinación, vigilancia o control sobre el actor,
pues se entendía directamente con la cooperativa y le exigía el cumplimiento de
las obligaciones contractuales, algo distinto era la labor de coordinación con las
personas asignadas por la segunda para el desarrollo de la formación.
Propuso como excepciones, la prescripción y cobro de lo no debido.
El Tribunal, mediante auto del 19 de enero de 2021, prescindió de la audiencia
inicial, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y programó audiencia
para su práctica. Surtido el periodo probatorio se dio traslado a las partes para
que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del
término oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 12 de marzo de
2.021, negó las pretensiones considerando que el demandante no probó el
vínculo asociativo con la cooperativa COTRASER y menos que prestó sus
servicios como trabajador asociado entre 2002 y 2011 en el SENA, Regional
Risaralda, lo que constituía el sustento de la reclamación laboral.
Que solo acreditó que el SENA y la cooperativa mencionada suscribieron varios
contratos para la provisión de personal requerida y, a partir de las pruebas
documentales, podía inferirse que el actor participó en la ejecución de algunos
de esos acuerdos, pues COTRASER emitió algunas facturas de venta con pagos
mensuales por las horas ejecutadas por este.
Que, si bien, en el escrito inicial, enlistó como prueba una certificación de los
tiempos de servicios prestados al SENA a través de la cooperativa, no allegó ese
documento.
Que los testimonios dieron cuenta de la prestación del servicio del demandante
al SENA a través de la cooperativa, como instructor del Centro de Formación
Agrícola, pero no ofrecían información precisa en cuanto a las fechas y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la vinculación.
Que las declaraciones fueron generales y no permitían estructurar los elementos
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
propios de una relación laboral.
Que, aunque el desarrollo de la labor de docencia lleva implícito el elemento de
subordinación y dependencia del servidor, tal situación no releva a la parte
demandante de ejercer una mínima actividad probatoria en relación con las
circunstancias en que desarrollaba sus funciones, lo cual no ocurrió en el caso.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que indicó que
aportaba una certificación de COTRASER.
Que la valoración probatoria fue equivocada, pues contrario a la conclusión del
juez de primera instancia, los testigos fueron honestos al explicar que les
constaba su vinculación al SENA desde el 2002 hasta el 2011 y que estaba
sujeto a las imposiciones de la entidad en el desarrollo de sus actividades.
Que, estaba obligado a asistir a reuniones del área agropecuaria y cumplía con
un horario y las órdenes impuestas por la entidad y, a pesar de que desconocían
los detalles de la ejecución de las funciones, coincidieron en las manifestaciones
generales.
Que, además, debía considerarse la edad y la condición social de los
deponentes, así como el transcurso del tiempo.
Que el SENA incurrió en una tercerización laboral ilegal, en la que se valió de la
cooperativa COTRASER para vincularlo como trabajador en misión, a pesar de
que debió hacerlo bajo la figura de empleo temporal o nombramiento en
provisionalidad. Que la consecuencia jurídica del uso indebido de esa figura
debió ser la declaración de la existencia de la relación laboral encubierta con la
entidad y, el reconocimiento de las pretensiones a título de restablecimiento del
derecho.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2.021), se
admitió el recurso de apelación interpuesto y, al no haber pruebas que decretar,
no se hizo necesario otorgar el término de traslado para alegar, de conformidad
con lo establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5 que
modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, el
actor tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de
percibir con ocasión de esa relación.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que
expresa claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación
de servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos
diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto,
para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación
personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la
remuneración como contraprestación del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica
con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o
dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -
contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene
que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de
ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen
inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza
y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra
un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada,
no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo
subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de
la administración contratante de impartir órdenes a quien presta
el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así
como la fijación de horario de trabajo para la prestación del
servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo,
sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad
del mandato respectivo». (Negrillas para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador
para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle
jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la
subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del
servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se
consolida- ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas
circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se
destacan las siguientes:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades
permitidas para los empleados de planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o
imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica,
necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente,
que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales
y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá
ser valorada en función del objeto contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de
órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,3 la dirección y control efectivo
de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más
relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es
su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de
su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga
una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte
de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de
coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio
claro de subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan
a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y
cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en
el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a
los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los
que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese
orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación
personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia
de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el
representante de la entidad contratante o la persona que él designe,
ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias
y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor
desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal
(como en este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia
de una relación laboral, pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación de
servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas
con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de
coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso, puede
servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios
cuando las actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad no puedan realizarse con personal de
planta o requieran conocimientos especializados, es esencialmente
temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se suscriben con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en el
tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable»,
al que alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual,
pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del
objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que
estima «imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la
vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar
el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio
de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia
las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato
de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de
ejecución de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas
situaciones imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos
casos, el tiempo estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a
la necesidad», puede resultar insuficiente. En cualquier caso, las
mismas razones que en su momento justificaron la planeación del
contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios del
plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados
estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del
«término estrictamente indispensable» como aquel que aparece
expresamente estipulado en la minuta del contrato de prestación
de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos
en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se
espera que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del
contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de
las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar,
que en la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios
de una relación laboral como son: una actividad personal, un salario y
la subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo
de Estado en varias oportunidades:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción
que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando
se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga
de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando
se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares
frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente
la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es
inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto
es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación
continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como
retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un
contrato de trabajo.» 1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran
los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer:
Que el SENA suscribió múltiples contratos de prestación de servicios de trabajo
asociado con la Cooperativa de Trabajo Asociados de Servicios, COTRASER,
entre 2003 y 2011, con el siguiente objeto:
1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
• “La prestación de servicios de trabajo asociado relacionados con el
funcionamiento del Centro de Industria, Instrumentación y Control de Proceso
del SENA Regional Risaralda, para tal efecto COTRASER suministrará personal
idóneo que realice acciones como: a) Formación profesional de los alumnos y su
seguimiento de procesos educativos, investigación aplicada para la formación,
diseño curricular, diseño y administración de programas web, para todas las
especialidades del centro; b) Capacitación para el centro del SENA, ó procesos
de capacitación para su mejoramiento continuo y de actividades relacionadas
con el bienestar y la formación integral del alumno en las áreas Automotriz,
Industrial, Metalmecánica, Refrigeración y Aire Acondicionado, Electricidad
Industrial, Mantenimiento Electrónico, Motos, Soldadura, Construcción,
Instrumentación Industrial y Virtual, Instalaciones de Redes a Gas,
Mantenimiento de Maquinas de Confección, Maderas, Calzado, informática
Básica y Aplicada, además de todas la materias relacionadas y/o transversales
en las formación profesional.
Se aportaron también las liquidaciones de pago de COTRASER a terceros
durante varios meses de los años 2006 a 2011, con los ítems de identificación
de los contratistas, horas ejecutadas, el valor total y otros conceptos
discriminados, algunas en las que se incluyó al actor. Además, las facturas de
cobro de la cooperativa remitidas al SENA, para el pago periódico del concepto
«mano de obra trabajo asociado»
Sin embargo, a partir de estos documentos no logra determinarse cuál fue la
relación entre el demandante con el SENA ni con la cooperativa de trabajo
asociado antes citada, se desconoce el vínculo asociativo, contractual o laboral
entre el demandante y la empresa de trabajo asociado y, por tanto, la forma a
través de la cual se suscitó su vinculación con la entidad demandada.
Las liquidaciones de pagos de algunos períodos por parte de la cooperativa que
incluyen al demandante no ofrecen información al respecto ni muestran la
existencia de una relación laboral con el SENA.
Tampoco existen otras pruebas documentales que permitan establecer las
circunstancias en que se desarrollaron dichas vinculaciones o los periodos en
que se llevaron a cabo las mismas.
Por otra parte, se cuenta con las declaraciones de los señores Rómulo Marino
Gómez, José Rodrigo Correa González y María Amparo Montoya Morales. El
primero señaló que conoció al demandante en el 2002 cuando ingresó a la
cooperativa COTRASER, para desempeñar oficios como instructor en el SENA,
en la especialidad de acuicultura e impartió varios cursos, entre esos, cría de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
peces y construcción de estancos en diferentes municipios del departamento de
Risaralda.
Que no laboraron en el mismo centro de formación, debido a las diferencias de
sus especialidades y, por eso, no coincidieron nunca en su actividad ni el sitio de
trabajo, pero conocía aspectos generales de la labor de los instructores y se
enteraba de situaciones en las reuniones del consejo de administración de la
cooperativa, al que perteneció por varios años.
Que todos los instructores de la entidad, incluido el demandante, recibían
instrucciones y la programación de actividades de parte del coordinador del
respectivo centro de formación; no tenía un horario fijo sino variable, el cual
dependía de las necesidades del servicio, asistían a reuniones obligatorias y
debían promocionar la oferta institucional en las veredas y municipios de la
región y participar en el diseño de guías de aprendizaje.
Que la relación con la cooperativa era para temas administrativos, como, el pago
mensual de salarios y descuentos de aportes al Sistema de Seguridad Social; la
liquidación de los pagos mensuales dependía de las horas reportadas para cada
instructor por el supervisor del SENA, la cooperativa radicaba la factura de cobro
periódicamente y cancelaba las sumas correspondientes a cada asociado.
El segundo testigo indicó que fue compañero del actor entre 2004 y 2011 en el
SENA y sabía que se desempeñó como instructor del área de piscicultura. Que
los instructores de la entidad debían dictar los cursos asignados, programar las
actividades, desarrollar las guías de aprendizaje, desplazarse a los municipios y
concertar los cursos y el lugar en donde se impartirían, por lo que los horarios
eran entregados unas veces por la coordinación académica del centro y, otras,
acordados con la comunidad a la que se dirigía el curso o programa asignado.
Luego, se refirió a su jornada de trabajo y las condiciones particulares de su
vinculación. Afirmó que desconocía cuál era la jornada o actividades puntuales
ejecutadas por el demandante, porque coincidían solo en algunos municipios y
en las reuniones periódicas llevadas al cabo en el Centro Agropecuario del
SENA, pero se desempeñaban en diferentes áreas.
Finalmente, la señora Montoya Morales manifestó que laboró con el demandante
en el SENA, desde el 2002 hasta el 2017 o 2018, que él era docente en el área
de piscicultura en los municipios del departamento de Risaralda. Que, a pesar
de que cada uno tenía actividades diferentes, coincidían en las reuniones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
obligatorias citadas los lunes por el coordinador del Centro de Formación y, en
aquellas, se fijaban los lugares y sitios para desarrollar la formación y emitían
instrucciones, entre otras cosas, sobre capacitaciones de gestión de calidad.
Que todos los contratistas tenían un horario y ejecutaban un número de horas a
la semana, pero no tenía claridad sobre la jornada del actor o los lugares donde
las desarrollaba, pues eran diferentes e individuales para cada instructor de
acuerdo con las áreas de formación. Que recibían órdenes e indicaciones sobre
la formación del coordinador del centro, debían reportarle las actividades y, con
ese reporte, solicitaban el pago de las horas a la cooperativa COTRASER.
Analizadas las declaraciones rendidas se logra determinar que el demandante
se desempeñó como instructor del SENA, pero no se obtienen referencias sobre
los períodos concretos ni las condiciones de la vinculación, imposibilitándose, de
esta forma, el análisis de si existió o no alguna clase de intermediación o
tercerización laboral, en los términos pretendidos en el proceso.
En ese sentido, aunque los señores Rómulo, José Rodrigo y María Amparo
coinciden en que el demandante prestó sus servicios a la entidad y que estuvo
asociado a la cooperativa de trabajo COTRASER, no puntualizaron los tiempos
en que se suscitó esa relación ni las condiciones concretas en las que se
presentó la misma.
Además, se observan diferencias en cuanto a los extremos temporales en los
que el demandante prestó sus servicios, pues el primer testigo señaló que lo
conoció desde el 2002 y no se refirió a un lapso de terminación de esa
vinculación; el segundo, afirmó que fue su compañero de trabajo entre el 2004 y
el 2011 y, la tercera, que laboraron desde el 2002 hasta el 2017 como
contratistas del SENA.
Así, al realizar una valoración integral de los medios de prueba, se advierte que,
si bien es claro que el actor prestó sus servicios al SENA, no se tiene certeza de
las condiciones en que desarrolló esa labor o de las circunstancias y términos en
que se suscitaron los diferentes vínculos con la compañía de trabajo asociado.
Es pertinente resaltar que si bien la parte demandante con el escrito de
impugnación adjuntó una certificación de COTRASER, tal documento no puede
tenerse en cuenta, porque, primero, el recurso de apelación no es la etapa
procesal adecuada para incorporar pruebas y, segundo, tampoco se solicitó por
la parte interesada su práctica en segunda instancia bajos las razones previstas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
en el artículo 214 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, situaciones que impiden valorarla.
La Subsección advierte que aunque en otras oportunidades 2 ha abordado el
estudio de la relación laboral encubierta frente a entidades estatales cuando
aquellas acuden a la intermediación laboral, concretamente, a través de
cooperativas de trabajo asociado, entendiendo que existe un vínculo y
sometimiento subordinado y, que aquel, ocurre con el tercero contratante de la
labor, en el presente asunto, a partir de las pruebas no logra demostrarse algo
más allá del vínculo existente entre el demandante y la cooperativa y el
demandante y el SENA, pero no se tiene mayores elementos para determinar
las circunstancias en que se desarrollaron dichas vinculaciones ni los periodos
en que se llevó a cabo.
Igualmente, a partir de las pruebas allegadas, puede determinarse que la
cooperativa realizó unos pagos a favor del demandante, sin embargo, no se
cuenta con detalles de los conceptos a los que corresponden, siendo imposible
de esta forma, realizar un análisis de aquellos y, ante una eventual condena, no
incurrir en un doble pago.
Por lo anterior, confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo
valorativo consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en
toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración
fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena
en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.
2 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 2012-00153-01 (2277-2016); del 28
de abril de 2022, expediente 2014-00384-01 (2728-2021) y del 27 de abril de 2016, expediente 2012-00241
(2525-2014).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 66001233300020140044902 (3185-2021)
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se
deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si
se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado
en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida en su
escrito expuso argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del nueve (9) de abril de dos mi veintiuno
(2021) por el Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de
la demanda.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.