Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2015-00027-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2015-00027-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2015-00027-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
28 de agosto de 2025
1
Radicación núm.: 66001233300020150002701
Demandante: Jessica Patricia Manrique Barreto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá DC., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos
Radicación núm.: 66001233300020150002701
Demandante: Jessica Patricia Manrique Barreto
Demandados: Municipio de Pereira- CARDER y otros.
ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuesto por el señor
Javier Elías Arias Idárraga contra la sentencia del 28 de octubre de 2021
emitida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, previo recuento de los siguientes antecedentes.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En el sector -corredor vial Crucero de Combia- ubicado en la ciudad de Pereira-
Risaralda funcionan establecimientos de comercio para el expendio de licores,
bares y hospedajes.
Señala el actor que la falta control de las actividades y sus horarios, la ausencia
de control en los niveles de ruido, la producción y mal manejo de los residuos,
la invasión al espacio público, y la falta de control en el uso del suelo de
acuerdo al PBOT hacen que la Policía Nacional, el Municipio de Pereira y la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda vulneren los derechos colectivos
al uso del espacio público, el goce de un ambiente sano y la seguridad,
tranquilidad y salubridad pública.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
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Demandante: Jessica Patricia Manrique Barreto
«1. DECLARAR vulnerados los derechos colectivos en el Crucero de Combia
por los establecimientos de comercio relacionados o que llegaren a existir
como también de “Villa Mónaco", al goce del espacio público, medio ambiente,
a la salubridad pública y locomoción, vulnerados por la NACIÓN-MINISTERIO
DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL-COMANDO DE POLICÍA DE LA ESTACIÓN DE
COMBIA PEREIRA, el MUNICIPIO DE PEREIRA RISARALDA, Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -CARDER y el Instituto Municipal de Tránsito
de Pereira.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ORDENE la reubicación de
los establecimientos de comercio que no cumplan con los requisitos de ley,
excedan los límites de ruido y horarios regulados, y los trasladen a un lugar
en donde el POT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) del municipio de
Pereira permita su relocalización. En su defecto, que los mencionados entes
obliguen a los establecimientos comerciales relacionados en los hechos, así
mismo, a los que pudiesen existir, a tomar real y efectivamente las medidas
necesarias de revestimiento acústico y encerramiento, ordenadas por las
normas vigentes Colombianas, para evitar la filtración de ruidos que perturben
los derechos colectivos de residentes, feligreses, usuarios centro de salud,
niños del sector, del colegio ubicados en el Crucero de Combia y transeúntes.
3. Se ORDENE al municipio de Pereira y el Instituto Municipal de Tránsito de
Pereira, que garantice en el Crucero de Combia el uso del espacio público, la
libre locomoción de peatones y automotores, evitando la violación de las
normas de tránsito, por ende, que obligue a los dueños de los establecimientos
del crucero (relacionados previamente) o que llegasen a existir, a la
adecuación de sitios de parqueo idóneos para los clientes, adicionalmente, que
haya presencia constante y continua de los guardas de tránsito, para poder
ejercer un verdadero control y vigilancia del lugar, además, el levantamiento
andenes necesarios y se construya la respectiva glorieta o roundpoint,
proyectada en el POT del municipio de Pereira para la intersección del crucero.
De igual manera, que establezca las medidas correctivas y preventivas
necesarias para la protección del medio ambiente frente a la contaminación
por olores y bacterias (factores generadores de enfermedades) que se
dispersan en la atmosfera con el tránsito de los vehículos que llevan basura al
relleno sanitario, específicamente, en la intersección del Crucero de Combia y
en toda la vía que va desde la ciudad de Pereira al lugar donde depositan estos
desechos tóxicos.
4. Se ORDENE a la Policía Nacional que ejerza un control inmediato y
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preventivo, para que se cumplan las normas ambientales y de locomoción de
manera correctivas de acuerdo con las funciones a ellos dadas por la
Constitución, la Ley y por los Códigos de Policía, con la implementación de
planes de acción continuados para el mantenimiento de los derechos colectivos
vulnerados.
5. Se ordene a la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda), que
proceda a desarrollar las políticas necesarias para el cumplimiento de los
lineamientos ambientales, implementando los mapas de ruido ambiental y la
mitigación de los mismos, en el sector del Crucero de Combia y en la ciudad
de Pereira, igualmente un plan de contingencia para reglamentar la prevención
a la contaminación y deterioro del medio ambiente por los olores, bacterias,
virus, que dejan a su paso los vehículos de la basura que van al relleno
sanitario.
6. Que se condene en costas a las entidades demandadas.»”1
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
II.1. Mediante auto del 27 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de
Risaralda admitió la demanda, ordenó notificar al Director General de la Policía
Nacional, al Director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER, al Alcalde de Pereira, a la Directora General del Instituto Municipal de
Tránsito de Pereira, al Defensor Regional del Pueblo y al Ministerio Publico.2
II.2. Mediante auto del cinco de agosto de 2016, el señor Javier Elías Arias
Idárraga fue aceptado como coadyuvante dentro de la acción.3
II.3. La Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional
contestó la demanda. Manifestó que no tenía legitimación para ser
demandada, porque no estaban a su cargo las obligaciones en el control de los
niveles de emisión de ruido generados en los establecimientos públicos que
funcionaban en el sector del Crucero de Combia. Señaló que era
responsabilidad de las autoridades ambientales ejercer el control del ruido
como agente contaminante del ambiente conforme a la Ley 99 de 1993, Ley
1333 de 2009 y Decreto 948 de 1995.
Señaló que su función es de apoyo a las autoridades ambientales, en los
1
Fls. Fls. 50 y 51 del C. Principal. SAMAI Gestión otros Despachos. Tribunal Administrativo de Risaralda.
2
Fl. 66 y reverso C. Principal. SAMAI. Gestión otros Despachos. Tribunal Administrativo de Risaralda.
3
Fls. 268 del C. Principal. Gestión otros Despachos. Tribunal Administrativo de Risaralda.
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términos del artículo 71 del Decreto 948 de 1995. En cuanto a la salubridad
pública dijo que era función del Municipio de Pereira y de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda CARDER ejercer el control, y finalmente, en
cuanto a la ocupación del espacio público por carros y motocicletas, así como
la ubicación de ventas ambulantes manifestó que la vigilancia y control de esas
actividades le corresponde al Municipio de Pereira a través de la Secretaría de
Gobierno y el Instituto Municipal de Tránsito, conforme a las reglas
establecidas en el Manual de Convivencia Ciudadana para Risaralda.4
En relación con el derecho colectivo a la seguridad pública, indicó que la parte
actora no había hecho referencia específica a hechos o situaciones concretas,
sino que se refirió de manera genérica y por tanto las afirmaciones no tenían
un sustento fáctico y probatorio que demostraran la vulneración del derecho.
(ojo cita)
II.4. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda contestó la
demanda. Manifestó que el control de la contaminación ambiental por ruido le
correspondía al Municipio de Pereira conforme a la Ley 232 de 1995 y la
Ordenanza 014 de 2006 y el Decreto 948 de 1995, según los cuales, se regula
la contaminación ambiental por el ruido que trasciende las esferas de los
inmuebles generadores, cuando se tratara de establecimientos de comercio.
Señaló que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda no estaba
legitimada para ser demandada porque no le correspondía el ejercicio de las
funciones de policía administrativa en relación con los establecimientos de
comercio como estanquillos, restaurantes, cafeterías, discotecas, bares y
ningún otro de carácter comercial. Así mismo, argumentó que no se le podía
imputar la vulneración sino que la misma debía atribuírsele al Municipio de
Pereira.5
II.5. El Municipio de Pereira contestó la demanda. Indicó que de acuerdo
con sus funciones había realizado procedimientos administrativos en los
términos de la Ley 232 de 1995, en establecimientos como el Hostal Villa Mafe,
la Carnicería la Y, la Taberna Show Billares Combia, la Carreta Club Estadero,
Estanquillo El Calidoso. Seguido. Dijo que no había omisión por parte del
Municipio de Pereira y concluyó que no tenían legitimación en la causa por
pasiva para ser accionados.6
II.6. El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira en la contestación de
4
Fls. 97 y Ss C. Principal. SAMAI. Gestión otros Despachos. Tribunal Administrativo de Risaralda.
5
Fls. 157 y Ss. C. Principal. SAMAI. Gestión en otros Despachos. Tribunal Administrativo de Risaralda.
6
Fls. 204 y Ss del Principal. Gestión en otros Despachos. Tribunal Administrativo de Risaralda.
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la demanda dijo que no estaba legitimado para ser demandado, porque no
había lesionado ningún derecho, en la medida que venía realizando operativos
y revistas frecuentes con los agentes de tránsito para mejorar el tráfico en la
zona, con un grupo de agentes presentes y encargados de regular el tráfico,
de sancionar y realizar control de la zona. Indicó que realizaba campañas
informativas y pedagógicas con los comerciantes y residentes para difundir la
normatividad relacionada con espacio público y normas de tránsito7.
II.7. Por medio de auto del 5 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo
de Risaralda fijó la fecha para realizar la audiencia de pacto de cumplimiento,
la cual fue declarada fallida el 28 de septiembre de 2016.
II. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la
demanda. A continuación, se transcribe la parte resolutiva:
“1. Se declaran no probadas las excepciones propuestas por las entidades
demandadas, así como por el tercero vinculado, por las razones expuestas en
esta providencia.
2. NIÉGANSE las suplicas de la demanda, de acuerdo con la parte motiva.
3. Sin costas por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
4. En firme esta decisión, archívese el expediente.”8
Para declarar vulnerados los derechos solicitados, el Tribunal consideró que
con las pruebas del proceso se demostró que el Municipio de Pereira
reglamentó los horarios de funcionamiento de los establecimientos que
expedían y donde se consumían bebidas alcohólicas; y que la Policía Nacional
señaló las actividades que realizaba para controlar el cumplimiento de los
horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio; también, que
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER mostró las
actividades que realizaba, las visitas y operativos para prevenir, controlar y
solucionar la ocupación de los espacios públicos por parte de los vendedores
informales en sus distintas modalidades – ambulante, semi estacionaria o
estacionaria.
7
Fls. Fls. 182 y Ss C. Principal. Gestión en otros Despachos. Tribunal Administrativo de Risaralda.
8
Cuaderno de la apelación. Índice de SAMAI 00002. 4ED_SENTENCIA
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Así mismo, encontró demostrado que la Policía Nacional- Comandante de la
Estación de Policía Ciudadela del Café realizó visitas a los establecimientos de
comercio ubicados en el sector Combia y constató que al momento de la visita
no contaminaban el medio ambiente porque tenían insonorización.
Señaló que se acreditó que la Subdirección de Movilidad del Instituto Municipal
de Tránsito de Pereira impuso 473 órdenes de comparendo elaboradas por
infracciones a normas de tránsito. Así como, que el Municipio de Pereira y la
CARDER celebraron el convenio interadministrativo No 3535 del 10 de
diciembre de 2014 para aunar esfuerzos y apoyar las acciones de control y
seguimiento a las fuentes de emisión del ruido en el Municipio de Pereira.
En cuanto a la contaminación con emisiones de ruido dijo que, frente a las
quejas de la comunidad, la Policía Nacional demostró que hicieron los
respectivos llamados de atención y la CARDER y acreditó los mapas de ruido
ambiental actualizados para el año 2015; por otra parte, en lo referente a las
afectaciones al tránsito, señaló que el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira
realizó actas de programaciones de servicio en el sector del Crucero de Combia
en los años 2015 y 2016.
Igualmente, encontró probado que la Secretaría de Gobierno Municipal-
Dirección Operativa de Control y Vigilancia realizó la caracterización del ruido
en el sector Crucero de Combia en los meses de julio y noviembre de 2016,
con la finalidad de verificar las adecuaciones físicas de los establecimientos y
la ubicación de los equipos de sonido, así como el CARDER –en desarrollo del
convenio interadministrativo 3535 del 10 de diciembre de 2014-realizó
pruebas técnicas de emisión de ruido a establecimientos de comercio.
En suma, el Tribunal Administrativo de Risaralda describió la demostración del
cumplimiento de las funciones de las entidades accionadas, mientras que, en
relación con la carga y demostración de los hechos de la accionante hizo
énfasis en la falta de prueba.
En esa vía, destacó que el Tribunal Administrativo de Risaralda que -ante la
falta de proactividad de la actora popular, - por medio de los oficios No 3444
del 9 de noviembre de 2016 y 23 del 16 de enero de 2017 solicitó al Rector de
la Universidad Tecnológica de Pereira que informara sobre los profesionales
idóneos para rendir el dictamen pericial solicitado por la parte actora. Describió
que, mediante auto del 9 de marzo de 2018, el Despacho del magistrado
sustanciador dispuso poner en conocimiento de la parte actora, por ser esta
quien solicitó la prueba, para que especificara cuáles eran los profesionales
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requeridos para la demostración de sus hechos. Y que mediante auto del 4 de
junio de 2021 dispuso oficiar a la Universidad del Valle para designar el perito
que analizara y determinara los aspectos ambientales y estructurales para el
sector el Crucero de Combia y cada uno de los establecimientos de comercio
que funcionan en el sector, pero la accionante manifestó que desistía de la
prueba pericial dada su inconformidad con la carga procesal de sufragar los
gastos. Finalmente, la prueba fue desistida.
III. RECURSOS DE APELACIÓN
III.I El señor Javier Elías Arias Idárraga- coadyuvante- presentó recurso de
apelación. En el recurso señaló textualmente lo siguiente:
“Javier arias, apelo amparado art 357 CPC
LA CARGA D E (sic) LA PRUEBA LE CORRESPONDE AL ACCIONADO, PUES ES
QUIEND EBE (sic) PROBAR QUE NO VIOLA DERECHOS COLECTIVOS YA QUE
ES UNA CARGA TECNICA, TECNICA, se invierte la carga d elo (sic) actuado en
la accioncita que tardo 6 años y nada ampara pido es de aplicación art 84 ley
472 de 1998
Nulidad art 121 cgp. (…)”9
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
IV.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
proferido por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para
conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las
sentencias emitidas por los Tribunales Administrativos en los medios de control
de defensa de intereses y derechos colectivos.
IV.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia.
Según lo dispuesto en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala
establecer si la carga probatoria del demandante se invierte, cuando existe la
solicitud de una prueba técnica, para que el demandado demuestre que no
vulneró los derechos colectivos.
9
Correo electrónico. 38_036APELACIONCOADYUVANTE. Gestión en otros Despachos. Tribunal Administrativo de
Risaralda.
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VI.3. Caso concreto
El recurso de apelación señala que no le correspondía a la parte actora probar
la vulneración de los derechos colectivo, porque al solicitar una prueba técnica-
dictamen pericial- se invertía la carga de la prueba para que los demandados
demostraran que no había tal vulneración.
El artículo 30 de la ley 472 de 1998 dispone:
ARTÍCULO 30.- Carga de la Prueba. La carga de la prueba corresponderá al
demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si
dicha carga no pudiere se cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias
para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables
para proferir un fallo de mérito, solicitando dichas experticias probatorios a la
entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate y con
cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en
virtud de lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica
con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.
La Corte Constitucional, en relación con la carga de la prueba en el estudio de
constitucionalidad del artículo 30 de la ley 472 de 1998 dijo que:
“(…) De otro lado, en cuanto se refiere al cargo formulado en concreto contra
el artículo 30, y teniendo en cuenta la naturaleza de la acción popular, para la
Corte resulta admisible, lógico y necesario que la demostración de los
perjuicios sufridos por una persona en uno de sus derechos e intereses
colectivos, le corresponda al afectado. En todo caso, el debido proceso queda
a salvo, pues el mismo precepto establece que si por razones económicas o
técnicas el demandante no puede acreditar las pruebas, el juez deba impartir
las órdenes necesarias para suplir la deficiencia probatoria, para lo cual puede
solicitar a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de
debate, dichas experticias probatorios y así obtener los elementos
indispensables para adoptar un fallo de mérito.
Además, el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en
el artículo 29 superior es aplicable a todos los poderes públicos y a las personas
en general, razón por la cual trasladar la carga de la prueba al demandado
como lo pretende el actor, equivaldría a presumir desde un comienzo, con la
sola presentación de la demanda, su responsabilidad.
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Por lo anterior, no encuentra la Corte, que el artículo 30 demandado quebrante
precepto constitucional alguno. (…).10
En esa vía, esta Corporación ha establecido que:
(…) Sea lo primero manifestar que según el artículo 30 de la Ley 472, en
materia de acciones populares, la carga de la prueba la tiene la parte actora,
pues no basta con indicar que determinados hechos violan los derechos e
intereses colectivos para que se tenga por cierta su afectación o vulneración,
ya que el demandante tiene la carga procesal de demostrar los supuestos
fácticos de sus alegaciones.
Al respecto, esta Sección ha reiterado que la acción popular no está diseñada
para acudir a ella ante cualquier violación de la ley, irregularidad o disfunción
que se presente ya sea en el ámbito público o privado, pues tiene un papel
preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses colectivos,
cuando quiera que éstos se ven amenazados o están siendo vulnerados, pero
en uno y otro evento, tanto la amenaza como la vulneración, según el caso,
deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, concretas y actuales,
de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del
derecho colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser
debidamente demostrados por la parte actora(…).11
En el caso concreto, vistas las actuaciones procesales, las mismas dan cuenta
de lo siguiente:
• Por auto del siete de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Risaralda
ofició a la Universidad Libre de Pereira, para que designara un ingeniero
ambiental que analizara, evaluara y determinara la materia del dictamen
pericial solicitado por la parte accionante, esto es, en resumen, la capacidad
de producción de sonido y el alcance de los amplificadores con pruebas de
sonómetros o equipos idóneos, con el fin de determinar los niveles de ruido;
si la estructura de los establecimientos es abierta o cerrada; la ubicación del
sonido de los sitios y la exposición del sonido hacia la parte externa; los lugares
de ubicación de los parqueaderos para atender las actividades y la relación con
el Plan de Ordenamiento Territorial; la existencia de señales de tránsito y la
estructura vial y su aptitud para el flujo vehicular, la existencia o proyección
10
Sentencia C-215- 1999. Corte Constitucional. M.P MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO.
11
CONSEJO DE ESTADO.SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. sentencia del veintitrés (23) de enero dos mil veinte (2020).
Radicación número: 15001-23-33-000-2015-00316-01(AP)
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Demandante: Jessica Patricia Manrique Barreto
de una glorieta para solucionar el problema vehicular, la distancia de los
establecimientos públicos materia de la acción en relación con centros de
salud, colegios e instituciones religiosas; el nivel de ocupación con viviendas
en el sector y la afectación de viviendas de acuerdo con las condiciones
ambientales y de movilidad en la intersección del Crucero de Combia.12
• Ante la respuesta de la Universidad Libre de Pereira, según la cual manifestó
que no contaba con un profesional que pudiera rendir el dictamen pericial; el
Tribunal Administrativo de Risaralda por auto del 1 de julio de 2020 y 31 de
agosto de 2020 ofició a las Universidades del Quindío, a la Universidad de
Caldas, la Universidad Nacional de Colombia- Sede Manizales y a la
Universidad del Valle, informaran si contaban con un profesional idóneo para
rendir el dictamen pericial.13
• Mediante respuesta del 9 de octubre de 2020, la Universidad del Valle informó
que contaba con profesionales afines para la práctica de la prueba.14
• Por medio de auto del 9 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Risaralda puso en conocimiento de la respuesta de la Universidad del Valle y
le solicitó a la parte actora, de acuerdo con la respuesta, informar que
profesional de los relacionados en la respuesta se ajusta al perfil para
perfeccionar la prueba de dictamen pericial solicitada. Así mismo, le indicó a
la parte actora que una vez designado el perito debería pagar los gastos y
honorarios que se causaran con la práctica de la prueba.15
• Por memorial del 16 de diciembre del 2020, la parte actora solicitó que se
prorrogara la práctica de la prueba, porque por la pandemia no tenía mayor
sentido realizarla sin atender a las condiciones reales, por el cerramiento y la
inactividad de algunos establecimientos de comercio.16
• Por memorial del 11 de junio de 2021, la accionante presentó recurso de
reposición contra el auto del 4 de junio de 2021 por medio de cual se impuso
la carga de cubrir los gastos y honorarios del dictamen pericial, comoquiera
que según su criterio no debía asumirlos por tratarse de un mecanismo
constitucional que busca defender los derechos colectivos. En el recurso, la
accionante manifestó que en caso de insistir en que debía cubrir los gastos y
honorarios desistía la prueba, porque además no tenía la capacidad económica
12
Fl. 767 del C. Principal. Gestión en otros Despachos. Tribunal Administrativo de Risaralda.
13
Fl. 771 y Ss del C. Principal. Gestión en otros Despachos. Tribunal Administrativo de Risaralda.
14
Del expediente digital. 11_007RESPUESTAUNIVALLE. Gestión en otros Despachos.
15
Del expediente digital. 13_009AUTOPONECONOCIMIENTO. Gestión en otros Despachos. Tribunal Administrativo
de Risaralda.
16
Del expediente digital. 16_013SOLICITAPRORROGAPRUEBA. Gestión en otros Despachos. Tribunal Administrativo
de Risaralda.
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para sufragarlos.17
• Mediante auto del 9 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Risaralda insistió en que la carga de sufragar los gastos y honorarios era de la
parte accionante y que en todo caso no se observó que hubiera acudido bajo
las circunstancias económicas descritas al Fondo para la Defensa de los
Derechos Colectivos, institución creada para los eventos en que no se tuvieran
los recursos. Decidió no reponer la decisión y aceptó el desistimiento de la
prueba pericial.18
Vistas las actuaciones procesales y de la lectura tanto del marco legal como
de las referencias jurisprudenciales, no le asiste razón al apelante para alegar
una inversión de la carga de la prueba.
Como de antaño se ha establecido, la naturaleza de la prueba – técnica- no
releva de la carga que le asiste a la parte accionante de demostrar los
supuestos de hecho que pretende hacer valer en el proceso; además que, la
prueba solicitada fue desistida, lo que demuestra con mayor rigor que se
incumplió la carga que le correspondía.
En suma, la naturaleza técnica - en los términos del artículo 30 de la ley 472
de 1998- no invierte la carga de la prueba, sino que habilita al juez para
impartir las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito -
solicitando dichas experticias probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté
referido al tema materia de debate, sin que, como se ha sostenido que estos
poderes del juez sustituyan el ejercicio probatorio de quien demanda, porque
de lo contrario, bastaría con indicar que determinados hechos violan los
derechos e intereses colectivos para que se tenga por cierta su afectación o
vulneración.
De tal suerte que, conforme a las actuaciones procesales descritas, el Tribunal
Administrativo de Risaralda cumplió con lo que a su cargo le correspondía y
obtuvo como respuesta el desistimiento de la prueba, sin que la parte actora
hubiera promovido las herramientas de las que disponía para procurar la
prueba en interés de los derechos colectivos reclamados.
En esa vía, fue acertada la valoración probatoria del Tribunal, el cual concluyó
17
Del expediente digital. 21_018RECURSOREPOSICION. Gestión en otros Despachos. Tribunal Administrativo de
Risaralda.
18
Del expediente digital. 26_023AUTODECIDEELRECURSOTRASLADOALEGAR. Gestión en otros Despachos. Tribunal
Administrativo de Risaralda.
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Radicación núm.: 66001233300020150002701
Demandante: Jessica Patricia Manrique Barreto
que mientras las entidades accionadas se ocuparon de acreditar las actividades
realizadas en el marco de sus funciones para demostrar que no habían
vulnerado los derechos colectivos reclamados, la parte actora no demostró la
vulneración de los derechos colectivos solicitados en el amparo y eso produjo
la sentencia de fondo denegatoria de las pretensiones. Bajo estos
razonamientos, será confirmada la sentencia de primera instancia.
Ahora, en cuanto a la afirmación de la configuración de la nulidad estipulada
en el artículo 121 del C.G.P; en primer lugar, la Sala advierte que los
argumentos planteados por el recurrente no atacan el sentido de la decisión
adoptada por el Tribunal sino el trámite surtido.
En segundo lugar, la Sala ha reiterado en otras oportunidades que el recurso
de apelación no es el mecanismo para impugnar presuntas irregularidades que
ocurrieron durante el trámite de la acción. Por ejemplo, en sentencia proferida
el 15 de septiembre de 2016, la Sala, al examinar un recurso de apelación en
el cual se pedía, entre otros asuntos, declarar la nulidad por una indebida
notificación de la sentencia de primera instancia, se expuso lo siguiente:
«Alega el recurrente que el trámite de la acción popular se encuentra viciado,
por no haberse realizado correctamente la notificación a las personas
indeterminadas de conformidad con los establecido en el artículo 21 de la Ley
472 de 1998, también por no habérsele notificado, en debida forma, la
sentencia de primera instancia y por no vincularse al proceso al dueño del
inmueble donde se encuentra ubicada la Registraduría Nacional del Servicio
Civil. Sobre el particular, la Sala pone de relieve, que ésta no es la etapa
procesal pertinente para impugnar las presuntas irregularidades que se
presentaron en el trámite de la acción popular. Ciertamente, si el actor popular
consideraba que se había configurado un vicio en el trámite del proceso, debió
formular, en su debida oportunidad, un incidente de nulidad y no utilizar el
recurso de alzada para revivir términos y etapas precluidas.
Sobre ese tema vale la pena citar la providencia de 26 de septiembre de 2013,
proferida por la Sección Cuarta de la Corporación, en la que se indicó: “[…]
La potestad-deber del Juez de sanear el proceso en cada etapa procesal se
funda en la regla contenida en el artículo 25 de la Ley 1285, según la cual
“agotada cada etapa del proceso, el Juez ejercerá el control de legalidad para
sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo
que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas
siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas”, salvo aquellas
otras irregularidades que “comporten una grave afectación del núcleo
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esencial de las garantías constitucionales de las cuales son titulares
los sujetos procesales”, de acuerdo con la sentencia C-713 de 2008 que
declaró exequible el artículo 25 de la Ley 1285 […]”19.20 (Resaltado por fuera
del texto original)
En este mismo sentido, la Sala en sentencia proferida el 1º de marzo de 201821
, reiteró que el recurso de apelación no es la etapa procesal pertinente para
impugnar las presuntas irregularidades que se presentaron en el trámite de la
acción popular. En este caso, si el actor popular consideraba que se había
configurado una nulidad en el proceso, debió formular, en su debida
oportunidad, un incidente de nulidad y no utilizar el recurso de alzada para
tales fines.
Como en el presente caso se trata de una presunta nulidad basada en la
pérdida de competencia por un factor temporal consagrada en el CGP, el
razonamiento es extensible, porque no comporta una grave afectación del
núcleo esencial de las garantías constitucionales de las cuales son titulares los
sujetos procesales, en este caso del accionante, quien estuvo durante todo el
proceso, participó de todas las etapas procesales, ha tenido todas las garantías
procesales existentes y de aceptarse cualquier razonamiento en ese sentido,
representaría una dilación injustificada del proceso.
Ahora, en gracia de discusión, en cuanto a la causal de nulidad, la Sala ha de
recordar que mediante la sentencia C-443 de 2019, la Corte Constitucional
determinó la constitucionalidad de la expresión «de pleno derecho» contenida
en el artículo 121 del CGP, con ocasión de la duración sobre los procesos que
se surten ante la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil.
En la providencia mencionada, la Corte Constitucional estimó que la expresión
atacada conllevaba la declaratoria de nulidad de todos los actos que realizara
el juez o magistrado que perdiera la competencia para emitir la respectiva
providencia, como consecuencia del vencimiento del término previsto en la
norma para hacerlo.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta Consejero ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013). Radicación número: 08001-
23-333-004-2012-00173-01(20135). Actor: Sociedad DORMIMUNDO LTDA. Demandado: Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN. Auto
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CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente:
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil dieciséis (2016),
Radicación número: 17001-23-31-000-2012-00320- 02(AP), Actor: JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA, Demandado:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
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CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, CONSEJERO PONENTE:
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil dieciocho (2018), Radicación: 66001-
23-31-000-2010-00356-02 (AP), Actor: Javier Elías Arias Idárraga, Demandados: Municipio de Risaralda, Municipio
de Pereira, Instituto Nacional de Vías (IVÍAS) y el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Vinculada: Sociedad
Autopistas del Café S.A.
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Así mismo, dijo que la nulidad de las actuaciones procesales que se surten con
posterioridad a la pérdida automática de la competencia truncaba el desarrollo
de los trámites adelantados en la administración de justicia y el
funcionamiento del sistema judicial, porque hay distintas circunstancias que
se deben valorar para la aplicación de esta disposición, pues la pérdida de
competencia no puede operar de manera automática.
En ese sentido, concluyó que la expresión sometida a juicio de
constitucionalidad resultaba incompatible con la Constitución porque una
presunción de derecho no dejaba ver otros factores que justificaban la mora
judicial. Por lo que declaró la inexequibilidad de la expresión «de pleno
derecho» y la exequiblidad condicionada del resto del inciso, bajo el entendido
que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia,
y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del
Código General del Proceso.
De tal suerte que, la nulidad alegada no tiene cabida, por cuanto los artículos
34 y 37 de la ley 472 de 1998- ley especial para el presente medio de control-
no dispone la consecuencia jurídica de pérdida de competencia por un factor
temporal tal como quedó establecida en el artículo 121 del Código General del
Proceso como quedó explicado por la Corte Constitucional sino es propia de la
jurisdicción ordinaria y para los procesos especiales que se adelantan ante esa
jurisdicción.
La anterior posición ha sido expresada por esta Corporación. Es así como, por
ejemplo, en la providencia del 16 de diciembre de 2020 se aclaró que:
“(...)Sobre la aplicación del artículo 121 en los procesos tramitados ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación en
providencia de 6 de agosto de 201422, consideró lo siguiente:
“(...) En efecto, el precepto citado no resulta aplicable en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, toda vez que tanto el C.C.A como el CPACA
contienen normas especiales sobre la duración de los procesos ordinarios
y especiales que se adelantan ante esta jurisdicción; por consiguiente, el
artículo 121 del C.G.P. se trata de una reproducción de la disposición
contenida en el artículo 9 de la ley 1395 de 2010 que era única y
exclusivamente aplicable a la Jurisdicción Ordinaria Civil. A contrario
sensu, se itera, los artículos 179 y siguientes del CPACA establecen las
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente Enrique Gil
Botero, providencia de 6 de agosto de 2014, expediente 2014-00003-01.
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etapas, los términos, y las competencias para surtir el proceso ordinario
contencioso administrativo, circunstancia por la que no puede ser
traspolado ese término de un año y seis meses de prórroga a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se insiste, tiene sus propias
normas sobre duración y competencia dentro del proceso.”23
Es decir, aun cuando no corresponde un pronunciamiento de fondo sobre este
argumento, el mismo no estaría llamado a prosperar por las razones
recordadas.
V.5. De la condena en costas.
Según lo previsto en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019, en
donde se estableció que “[…] En cualquiera de los eventos en que cabe el
reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y
gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor
popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las
reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de
forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme
con lo previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso […]”.
No obstante, en el caso concreto no están probados los gastos del proceso ni
agencias en derecho, en que hubiera tenido que incurrir las accionadas en esta
instancia, razón por la cual no habrá condena en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia del 28 de octubre de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
SEGUNDO. - SIN CONDENA en costas de segunda instancia.
TERCERO. - Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de Origen.
23 Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. 16 de diciembre de 2020. Consejera Ponente Nubia
Margoth Peña Garzón. Radicación Número: 17001233300020140016402 (AP) A
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase,
NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZON ACOSTA
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
OSWALDO GIRALDO GERMÁN EDUARDO OSORIO
LÓPEZ CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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