Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00052-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00052-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2015-00052-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de septiembre de 2024
Radicación: 66001233300020150005202 (5711-2022)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2015-00052-02 (5711-2022)
Demandante: Jairo Castaño
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios-instructor. Reconstrucción expediente. CONFIRMA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Jairo Castaño instauró demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en contra
del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio 2-2014-002535 del 4 de julio de 2014, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la relación laboral y el pago de las
prestaciones dejadas de percibir.
Que se declare que existió un vínculo laboral entre las partes desde el 1 de julio
de 1998 hasta el 16 de diciembre de 2011 y, se condene a la entidad a pagar las
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prestaciones sociales.
Que cancelen las diferencias correspondientes al ingreso base de cotización en
pensiones, teniendo en cuenta el salario, las prestaciones y el tiempo laborado
en la entidad.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios al SENA como instructor, del 1 de julio de 1998 al 30
de junio de 2011, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado, COTRASER
CTA, como trabajador en misión y, posteriormente, entre el 14 de julio y el 16 de
diciembre de 2011, mediante un contrato de prestación de servicios suscrito
directamente con la entidad.
Que ejecutó sus labores bajo continua subordinación, debía cumplir un horario,
usar un delantal y carné distintivos, asistir a reuniones, elaborar las guías de
aprendizaje, cronogramas de labores e informes de actividades.
Que representó a la entidad en eventos puntuales como ferias de
emprendimiento y comités de alianzas productivas. Y sus actividades eran
similares a las de los funcionarios vinculadas a la planta.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 3 de mayo de 2016 se admitió la demanda y, se notificó a la entidad
demandada, quien argumentó que no tuvo ningún vínculo laboral con el
demandante. Que este, probablemente, era socio cooperado de COTRASER y,
en virtud de algunos contratos que la entidad suscribió con la asociación, pudo
ser enviado a desarrollar tareas de instrucción.
Que la entidad no contrataba de manera directa a los instructores, sino que lo
hacía a través de COTRASER, quien participaba en un proceso de licitación
pública y, luego de adjudicado el contrato, enviaba a sus trabajadores asociados
en misión, con el propósito de desempeñar algunas labores, entre esas, la de
instrucción en confecciones.
Que el contrato era global y la contratista enviaba a su personal idóneo para que
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prestara sus servicios, sin que se configurara una relación laboral entre el
enviado en misión y el contratante.
Que no ejerció ningún tipo de subordinación, vigilancia o control sobre el actor,
pues se entendía directamente con la cooperativa y le exigía el cumplimiento de
las obligaciones contractuales, que, algo distinto era la labor de coordinación con
las personas asignadas para el desarrollo de la formación. Que tampoco
reconoció ninguna remuneración o salario al demandante.
Que, aunque desconoce las condiciones bajo las cuales el demandante se
vinculó a la cooperativa, hay prescripción de los derechos laborales, al no
haberse reclamado dentro del plazo previsto en la jurisprudencia, proponiendo
esta como excepción, además de la de cobro de lo no debido.
Se celebró audiencia inicial y de pruebas el 19 de agosto de 2021, en la cual se
fijó el litigio, se surtió la etapa conciliatoria y se practicaron las pruebas
decretadas. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro
del término oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del treinta y uno (31)
de marzo de dos mil veintidós (2022), negó las pretensiones, considerando que
el demandante no acreditó que la cooperativa COTRASER fungió como
instrumento de intermediación laboral entre aquel y el SENA durante el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1998 y el 30 de junio de 2011.
Que no aportó ninguna que diera certeza de su vinculación a través de la
empresa asociativa en los lapsos que indicó en la demanda y, que, durante estos
haya prestado sus servicios como instructor del SENA. Que la certificación
allegada con los alegatos de conclusión no podía ser valorada, al no haberse
presentado o solicitado su decreto en las etapas procesales pertinentes.
Que solo obraban los contratos suscritos entre la entidad y COTRASER de los
años 2000 a 2011 para proveer personal que brindara formación profesional y
los comprobantes y facturas de venta expedidas por la segunda en algunos
meses de los años enunciados, en los cuales se incluyó al demandante, con la
especificación del número de horas ejecutadas.
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Que los testimonios tampoco dan cuenta de esa situación, porque, aunque
algunos indicaron que el actor prestó sus servicios al SENA a través de la
cooperativa de trabajo asociado, estos no concretaron los extremos temporales
ni se refirieron a la vinculación de él como contratista de la entidad.
Que, además, no acreditó la subordinación y, tal elemento no podía presumirse
por la ejecución de la actividad de formación a cargo del actor, pues era
necesario demostrar las circunstancias en que desarrolló la función en el periodo
invocado y desvirtuar la autonomía e independencia en la prestación del servicio,
lo cual no ocurrió.
No condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que, aunque la
certificación de COTRASER se presentó de forma extemporánea, debió
apreciarse, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y conjuntamente con los
demás medios de prueba.
Que, en ese sentido, los documentos y testimonios recaudados sí demostraban
de manera fehaciente y conducente los extremos temporales de la vinculación,
por lo menos la prestación del servicio entre el 2000 y el 2011 por medio de
COTRASER y a través de un contrato de prestación de servicios suscrito con la
entidad. Que también sus afirmaciones desvirtuaron la autonomía e
independencia en la ejecución de sus actividades.
Que los testigos Diego Fernando Cataño Bedoya y Jhon Giraldo Cardona
indicaron que laboró como instructor para el SENA en el área de comercio
durante varios años (2000-2011), bajo las órdenes de la coordinación y la
subdirección de la entidad y, de acuerdo con los parámetros e imposiciones de
esta. Que asistía a reuniones obligatorias, cumplió un horario y usaba elementos
como delantales o carne con logos de identificación de la entidad y de la
cooperativa y formatos y documentos físicos de la primera de estas.
Que la prueba testimonial debe valorarse teniendo en cuenta la condición social,
educativa y la edad de los deponentes; asimismo, el tiempo transcurrido entre
los hechos y la fecha de la audiencia.
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Que probó la actuación fraudulenta de la entidad al hacer uso de la
intermediación laboral y sacar provecho de su posición dominante.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 2 de noviembre de 2022 fue admitido el recurso de apelación y en dicha
providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a
Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara
a despacho para fallo.
PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.
Cuestión previa.
Una vez el Despacho se percató que no tenía acceso a la audiencia de pruebas
celebrada el 19 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
se requirió al mismo y este informó que tampoco contaba con la grabación, por
lo que el Magistrado sustanciador, mediante auto del 29 de mayo de 2024 citó a
audiencia de reconstrucción parcial del expediente.
En la diligencia, las partes manifestaron no contar con la copia de la grabación
de audio y video faltante, por lo que, el 2 de julio de 2024, se declaró no
reconstruido el expediente y, se dispuso continuar con el trámite, con la
prescindencia de esa prueba.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, la
parte demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones
dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
Finalmente, se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda
instancia.
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Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre la actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que
expresa claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación
de servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
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consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede
tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente
sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que
se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución
de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para
la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho
al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación
de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
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«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones
de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su
poder disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto
que se manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o
imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica,
necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente, que
la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un
horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto
contractual convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar.
Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento
de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
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con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas
frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio,
la existencia del contrato de prestación de servicios sí exige que las
funciones del contratista sean desarrolladas con un alto grado de autonomía,
sin perjuicio de la necesidad de coordinación con la entidad contratante que,
en ningún caso, puede servir de justificación para ejercer comportamientos
propios de la subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en
esta donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar
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y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible»
para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por
el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este
debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente
que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
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trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran
los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Cooperativas de trabajo asociado
De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006, las
cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de
la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes
a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades
económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir
bienes en común, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las
necesidades de los asociados y de la comunidad en general.
Frente a las cooperativas de trabajo asociado la corporación 2 ha sostenido que
a aquellas les está prohibido disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en
misión y permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de
subordinación o dependencia con los contratantes.
Resolución al caso concreto
De conformidad con las pruebas, se puede establecer lo siguiente:
Que el SENA suscribió múltiples contratos de prestación de servicios de trabajo
asociado con la Cooperativa de Trabajo Asociados de Servicios, COTRASER,
1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 66001233300020120015301 (2277-
2016) y del 30 de junio de 2022, expediente 66001233300020140040301.
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Radicación: 66001233300020150005202 (5711-2022)
entre 2003 y 2011, con varios objetos, entre esos: (i) el apoyo en los procesos
de formación profesional en diferentes subprogramas, cursos cortos, programas
especiales, modalidades presenciales y virtuales y enfoques; (ii) proveer el
personal que demande la formación profesional integral; (iii) el funcionamiento
de los Centros de Comercio, Servicios y Procesos Industriales, Atención del
Sector Agropecuario; (iv) funcionamiento y prestación del Servicio Médico
Asistencial y (v) el apoyo en labores de aseo y servicios de apoyo secretariales
y administrativos.
Que COTRASER liquidó algunos pagos a favor de terceros por varios meses en
los años 2004 a 2011, documentos en los que se identifican los ítems de
contratistas, horas ejecutadas, el valor total y otros conceptos discriminados,
algunas en las que se incluyó al actor. Además, obran las facturas de cobro de
la cooperativa remitidas al SENA, para el pago periódico del concepto «mano de
obra trabajo asociado» de algunos meses de las anualidades mencionadas.
Que el demandante celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 281 del
14 de julio de 2011, con el siguiente objeto: «Prestación de servicios personales
como instructor contratista por periodo fijo, para la ejecución de acciones de
formación profesional, presencial, en el área de mercadeo del Centro de
Atención Sector Agropecuario del SENA Regional Risaralda, con el fin de apoyar
el desarrollo de las actividades de formación, formulación de proyectos y diseño
de actividades de aprendizaje». El plazo de ejecución fue de cinco meses y dos
días, desde el 14 de julio hasta el 16 de diciembre de 2011. El valor total del
contrato fue de $ 13.098.854.
Las anteriores pruebas dan cuenta que el SENA suscribió múltiples contratos
con COTRASER para, entre otras cosas, proveer personal para la formación en
los diferentes centros de la regional Risaralda. En segundo término, que el
demandante prestó sus servicios como instructor en la entidad mencionada entre
el 14 de julio y el 16 de diciembre de 2011, a través de un contrato de prestación
de servicios.
Sin embargo, a partir de los documentos descritos, no logra determinarse cuál
fue la relación que se suscitó entre el demandante con el SENA ni con la
cooperativa de trabajo asociado antes citada, en los extremos temporales
referidos en el escrito inicial, esto es, desde el 1 de julio de 1998 y el 30 de junio
de 2011. Se desconoce el vínculo asociativo, contractual o laboral entre el señor
Castaño y la empresa asociativa y, por tanto, la forma a través de la cual
presuntamente se presentó su vinculación con la entidad demandada.
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Nótese que, aunque esta corporación en múltiples oportunidades 3 ha abordado
el estudio de la relación laboral encubierta frente a entidades estatales cuando
aquellas acuden a la intermediación laboral, concretamente, a través de
cooperativas de trabajo asociado, entendiendo que existe un vínculo y un
sometimiento subordinado y, que aquel, ocurre con el tercero contratante de la
labor, en el presente asunto, no logró probarse algo distinto al acuerdo bilateral
entre la entidad y la empresa de trabajo asociado para el suministro de personal
y, que, el demandante recibió algunos pagos de la asociación por la ejecución
de un número determinado de horas de formación.
Las liquidaciones de pagos de algunos períodos por parte de la cooperativa que
incluyen al demandante no ofrecen información al respecto ni muestran la
existencia de una relación con el SENA. Tampoco existen otras pruebas que
permitan determinar con certeza los periodos de dichas vinculaciones y las
circunstancias en que se desarrollaron.
Sobre el reparo del apelante relativo a la valoración de la certificación expedida
por COTRASER, se destaca que ese documento fue allegado fuera de las
oportunidades probatorias, de manera que, como lo concluyó el juez de primera
instancia, no es posible analizar su contenido o valorarse, de manera conjunta
con los demás medios de pruebas, como lo pretende.
En cuanto a los testigos, aunque no se tuvo acceso a la audiencia de pruebas,
debido a la indisponibilidad de la grabación y la ausencia de una copia de
respaldo, el resumen de las declaraciones en la sentencia de primera instancia
permite a la Sala concluir que estos no aportaron mayor información sobre las
circunstancias en que se suscitó la vinculación del demandante a la entidad a
través de la cooperativa de trabajo asociado.
Según se lee, los deponentes únicamente se refirieron a que la asociación
cancelaba unas sumas de dinero al actor, según el reporte de horas de formación
recibido; asimismo, que el SENA entre 2000 a 2011 suscribió varios contratos
con COTRASER, para proveer personal que impartiera instrucción.
En suma, del resumen realizado por el Tribunal, se logra determinar que sus
manifestaciones son generales y no ofrecen insumos para establecer los
extremos temporales de la vinculación, así fuera de manera relativa, teniendo en
3 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 2012-00153-01 (2277-2016); del 28
de abril de 2022, expediente 2014-00384-01 (2728-2021) y del 27 de abril de 2016, expediente 2012-00241
(2525-2014).
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cuenta las posibles circunstancias personales y temporales que pudieran
dificultar a los testigos dar fechas precisas, las condiciones de modo y lugar, las
condiciones contractuales o las derivadas del presunto vínculo asociativo.
Todo lo expuesto, imposibilita el análisis de si existió o no alguna clase de
intermediación o tercerización laboral, en los términos pretendidos en el proceso.
En cuanto a la vinculación del actor, por medio del Contrato de Prestación de
Servicios No. 281 del 14 de julio de 2011, se advierte que este se suscribió con
el propósito de impartir formación en el área de mercadeo del Centro de Atención
Sector Agropecuario de la regional Risaralda. Siendo así, la Subsección
evidencia que la relación contractual atendió la temporalidad propia de esta clase
de vinculación, pues, según las estipulaciones contractuales, el actor se ocupó
de una actividad específica por un periodo corto de cinco meses.
Tampoco logra identificarse elementos que desnaturalicen el contrato de
prestación de servicios y evidencien el encubrimiento de una relación laboral
entre el demandante y el SENA.
Obran en los antecedentes contractuales 4 la póliza de garantía de cumplimiento,
el certificado de idoneidad del contratista, los pagos de seguridad social, las
actas de inicio y de liquidación y los informes de supervisión y/o interventoría, en
los que se certifica que el demandante cumplió satisfactoriamente las
actividades.
Se aportaron los informes de actividades del contratista, en los cuales enlistó las
actividades realizadas en el periodo respectivo, los grupos atendidos y las horas
de formación en cursos cortos o específicos, como planes de negocios rurales,
de artesanías y otros. Y las planillas de asistencia y de reporte de horas
mensuales de instrucción variables los cinco meses.
Para la Sala, ninguna de las pruebas documentales descritas demuestra la
influencia de la entidad sobre las condiciones en que cumplió con las labores
contratadas, la inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario, la
actividad de control, vigilancia, imposición y seguimiento sobre la manera en que
desarrolló sus actividades, que se alejen de un ejercicio normal de coordinación.
4 Índice 11 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Risaralda. Archivo:
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En ese sentido, se observa que dentro de las obligaciones definidas en los
contratos estaban comprendidas la presentación de informes mensuales y
soportes de ejecución de actividades, el reporte y utilización de aplicativos de
gestión del centro de formación, entre otras, las cuales estuvieron encaminadas
a satisfacer la intencionalidad contractual, sin que se evidencien componentes
adicionales o diferentes a los necesarios para la ejecución efectiva de la labor.
De esta manera, si bien en el proceso existen soportes documentales
relacionados con planillas de control de horas de formación y reportes de
actividades ejecutadas por parte del contratista, estos no conllevan a un
convencimiento sobre la configuración del elemento de subordinación.
En efecto, a partir de los documentos referenciados antes, puede advertirse que
el demandante atendió unas actividades y tareas y, que, entregó algunos
informes durante la ejecución contractual; sin embargo, ninguna de esas
situaciones significa por sí misma, que se presentó una relación laboral, porque
en el desarrollo de las actividades en un contrato de prestación de servicios debe
existir una relación de coordinación entre contratante y contratista.
La Sala observa que los testigos de la parte demandante, Diego Fernando
Cataño Bedoya y Jhon Giraldo Cardona, según puede extraerse a partir del
resumen realizado por el juez de primera instancia, concordaron en que el
demandante prestó sus servicios al SENA como instructor y que se encontraban
en las reuniones generales mensuales convocadas por la coordinación
académica. Que cumplían un horario, el cual era fijado por la entidad, y, las
órdenes y directrices de la dependencia mencionada.
Manifestaron, de manera general, que el demandante fue contratista del SENA
y atendió procesos de formación del área de mercadeo y tenía ciertas
obligaciones. Ninguno hizo referencia concreta sobre el direccionamiento de la
demandada en cuanto a la ejecución de las actividades contratadas, únicamente,
uno de ellos indicó que el actor recibía unos formatos o guías metodológicas
para la formación, lo que, por sí solo no es suficiente para concluir que la entidad
impuso la forma, método, contenido o las actividades para impartir la formación
o brindar el asesoramiento.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia.
De la condena en costas
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Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo
valorativo consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en
toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración
fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena
en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a
lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida expuso
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia,
no se impondrá condena en costas en ninguna de las instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del treinta y uno (31) de marzo de dos mil
veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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