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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00261-01

Supernumerarios de la dian: régimen jurídico

Fecha
30 de mayo de 2019
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00261-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 30 de octubre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora María Lency Restrepo contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – D.I.A.N., por la cual se negaron las pretensiones de la demanda, salvo el numeral 2 de la parte resolutiva, el cual quedará de la siguiente manera: SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Por la Secretaría de la Sección Segunda devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo de Risaralda y déjense las constancias de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2015-00261-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

30 de mayo de 2019

SUPERNUMERARIOS DE LA DIAN - Régimen jurídico / SUPERNUMERARIOS DE LA DIAN - No desnaturalización

Se tiene que al examinar la Ley 223 del 20 de diciembre de 1995 y el Decreto 1072 de 1992 tal normatividad establece que la vinculación del personal supernumerario en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tuvo por finalidad atender las necesidades del servicio, como en este caso, para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, atender actividades transitorias, como una figura de carácter excepcional que le permitiera al referido órgano de la administración vincular personal en forma temporal a efectos de garantizar la consecución de sus fines. (…)Conforme lo expuesto, observa la Sala que la vinculación de la demandante como empleada supernumerario fue para llevar a cabo actividades meramente temporales. En ese orden, la temporalidad que caracteriza esta modalidad de vinculación – supernumerario - y el paso del tiempo, no tiene la capacidad de cambiar la forma de aquella. En tal virtud, no es admisible acudir a principios como la «prevalencia de la realidad sobre las formas», pues aunque no existe duda sobre su aplicación inmediata en asuntos en los que se encuentran cumplidos los supuestos para ello, en el sub examine, se debe dar prevalencia a la relación que de acuerdo con la ley se estableció entre la demandante y la administración, es decir, la de supernumerario, por lo tanto, contrario a lo afirmado por la recurrente, no se observa que dicho modo excepcional de vinculación laboral se haya desnaturalizado en la medida que las actividades ejecutadas corresponden a aquellas para las cuales se produjo su vinculación.

FUENTE FORMAL : DECRETO 1647 DE 1991 / DECRETO 1648 DE 1991 / DECRETO 2117 DE 1992 / DECRETO 1693 DE 1997

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 66001-23-33-000-2015-00261-01(3712-16)

Actor: MARÍA LENCY RESTREPO

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Asunto: Supernumerario no tiene derecho a los incentivos de que tratan los artículos 4, 5 y 6 del Decreto 1268 de 1999.
Decisión: Confirma sentencia que negó pretensiones.

ASUNTO.

La Sala decide el recurso de apelación que la parte demandante presentó contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda que adelantó la señora María Lency Restrepo contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

A N T E C E D E N T E S

La señora María Lency Restrepo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – D.I.A.N., con la finalidad de que en la sentencia se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

Que se proceda la inaplicación por inconstitucionalidad e ilegalidad de las frases o disposiciones discriminatorias de las normas, decretos y actos administrativos demandados en relación con el tipo de vinculación de los supernumerarios con la DIAN, toda vez que desempeñaron roles y funciones del personal de planta.

Que se declare la nulidad del acto administrativo N° 100 00020200837 de fecha 5 de junio de 2013, por medio del cual la entidad demandada negó la petición tendiente a obtener el reconocimiento, liquidación y pago de los emolumentos, reajuste, nivelación y reliquidación del salario, incentivo por desempeño nacional, factor grupal, fiscalización, prima técnica y el incentivo grupal del 26% como salario que se reconoce a favor de los funcionarios de planta de la U.A.E. DIAN y a los que se refiere el Decreto 1268 de 1999, según el tiempo de servicio prestado por la demandante.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se declare la existencia de un contrato realidad o de hecho y se tenga a la actora como funcionaria de planta desde el mismo momento en que se efectuó su ingreso a la entidad demandada.

Que se declare que entre el 13 de febrero de 1995 y el 31 de diciembre de 2011 la demandante se desempeñó como funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en el cargo de Facilitador III Código 103 Grado 03, cumpliendo las funciones y las metas establecidas por el nivel central de esa entidad para los funcionarios de planta.

Que se condene al reconocimiento, nivelación, reliquidación y pago con su respectiva indexación de los incentivos a que tienen derecho los funcionarios de planta de la DIAN, en los términos de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 1268 de 1999 y demás emolumentos y prestaciones sociales.

Los hechos

La situación fáctica que presenta la demanda, se sintetiza en lo siguiente:

Manifestó la demandante que prestó sus servicios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – D.I.A.N., en calidad de supernumerario, desde el 24 de febrero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2011, vinculada en los siguientes períodos, sin solución de continuidad, así:

CARGO
TIEMPO
RESOLUCIÓN
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01
Desde el (24-02-1995) Hasta el (31-12-1996)
Res. No. 0486, R.P. 7541 y 3295 A.B $189.100
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 grado 01
Desde el (11-02-1998) Hasta el (31-12-1998)
Res. No. 0538, R.P. 5975 A.B. $432.478.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 grado 01
Desde el (21-01-1999) Hasta el (31-12-1999).
Res. No. 0260 y RP 5635 A.B. $506.000.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01
Desde el (02-02-2000) Hasta el (31-12-2000).
Res. No. 0578 R.P. 6966 Y 8806 A.B. $522.704.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (18-02-201) Hasta el (31-12-2001).
Res. No. 0291 R.P. 1276, 5218 Y 9521 A.B. $566.522.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (11-01-2002) Hasta el (31-12-2002).
Res. No. 056 R.P. 6094, 9606 Y 11488 A.B. $632.737.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (22-01-2003) Hasta el (31-12-2003).
Res. No. 0293 R.P. 05287, 09692 A.B. $673.676.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (16-01-2004) Hasta el (31-12-2004).
Res. No. 0144 R.P. 07679, A.B. %710.594.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (24-01-2005) Hasta el (30-11-2005).
Res No. 002 R.P. 5535, 08917 A.B. $749.677.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (01-12-2005) Hasta el (31-12-2006).
Res No. 11346 R.P. 08351 A.B. $787.161.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (02-01-2007) Hasta el (31-12-2007).
Res. No. 001 R.P. 07508 A.B. $822.584.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (02-01-2008) Hasta el (31-12-2008).
Res. No. 001 R.P. 2058, 3866, 5727, 6988, 10576 Y 0207 A.B. $869.390.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (02-01-2009) Hasta el (31-12-2009).
Res. No. 001 R.P. 6849, 12909 A.B. $1.291.401.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (04-01-2010) Hasta el (31-12-2010).
Res. No. 002 R.P. 6295, 7383, 8705, 10098, 10293 A.B. $1.317.230.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (06-01-2011) Hasta el (02-01-2012).
Res. No. 037 R.P. 13525 A.B. $1.358.987.
Facilitador III Código 103 Grado 03 1 Código 301 Grado 01.
Desde el (03-01-2012) Hasta el (31-012-2014).
Res. No. 003 R.P. 10432 A.B. $1.796.708.

Señaló que cumplió con las funciones asignadas por la DIAN en las resoluciones de nombramiento acordes con los Decretos 1647 de 1991, 1648 de esa misma anualidad y 1072 de 1999, prestando sus servicios por más de dieciocho (18) años para la entidad, desarrollando una jornada laboral de 44 horas semanales, al igual que los trabajadores de planta.

Afirmó que la demandada paga una prima técnica e incentivos grupales por metas cumplidas a todos los empleados de planta, pero que se excluyó a los supernumerarios, pese a que reciben valoraciones individuales de desempeño y cumplimiento de metas.

Normas violadas y concepto de la violación.

3. Invocó como normas quebrantadas los artículos 1, 4, 13, 25, 53, 93, 122, 152 y 209 de la Constitución Política; artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 1661 de 1964, artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, artículo 3 del Decreto 1792, artículo 143 del Decreto 2164 de 1991, sentencia C-401 de 1998, sentencia C- 725 de 2000 y sentencia T 556 de 2011.

Señaló que se desconoció el contenido del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 y los principios de igualdad y primacía de la realidad sobre las formas, al nombrar supernumerarios de manera indefinida con asignación de roles y funciones que conllevan a desempeñar actividades diferentes para las cuales fue concebida su vinculación, al ser vinculada como supernumeraria para desarrollar funciones misionales de la DIAN cumpliendo horario y metas en igualdad de condiciones que los funcionarios de planta, pero recibiendo una remuneración inferior a la de aquellos.

Alego que si bien el Decreto 1072 de 1999 facultó a la DIAN para vincular personal supernumerario, no podía perderse de vista el espíritu de dicha norma, el cual era «suplir o atender necesidades del servicio transitorias».

La oposición a la demanda.

5. La Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, manifestó que en cumplimiento de la regulación prevista en el Decreto 1072 de 1999, el servicio de la actora se requirió y se estableció un término de duración, asignación mensual de acuerdo con la nomenclatura y escala salarial de la entidad y se reconocieron prestaciones sociales por los servicios prestados, todo de acuerdo con la ley.

6. Señaló que a partir de la vigencia del artículo 26 del Decreto 765 de 2005, la vinculación del personal de la entidad está sujeta a los nombramientos ordinarios, en período de prueba, provisional, en periodo de prueba en ascenso y que para la provisión definitiva de los cargos del sistema específico de carrera es obligatorio adelantar el concurso de ascenso. Además, en este caso, no se acreditó haber participado en los procesos de selección y que la vinculación de la actora fue como supernumerario.

7. Argumentó que los incentivos al desempeño se otorgan a los funcionarios de planta, y que por ello, existen diferencias no solo en cuanto a la forma de vinculación del supernumerario y de un empleado de carrera sino que se trata de dos regímenes independientes, por lo que el hecho de existir diferencias en cuanto al régimen salarial, dice, no vulnera el principio de igualdad.

8. Indicó que durante el tiempo de vinculación de la demandante se le cancelaron todos los conceptos salariales a los cuales tenía derecho, esto es, las mismas de los empleados de la institución, con excepción de los incentivos que fueron creados exclusivamente para los funcionarios de planta, lo que no se extendieron a los supernumerarios.

La sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia el 30 de octubre de 2015, a través de la cual decidió negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no era procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad reclamada por la demandante, ya que en los casos de los supernumerarios, se está frente a una situación de carácter excepcional, no excluyente, a la cual la administración pública puede acudir con la finalidad de vincular temporalmente a determinado grupo de personas, para que cumplan unas funciones de naturaleza transitoria y con fines de apoyo que no pueden ser atendidas por los trabajadores de planta de la entidad, en la medida que las actividades que llevarían a acabo no hacen parte de las ordinarias del ente.

10. En cuanto al incentivo por desempeño laboral previsto por el artículo 5° del Decreto 1268 de 1999, señaló que tiene como destinatarios los servidores de la contribución que ocupan cargos de la planta personal de la entidad y que como resultado de su gestión hayan logrado las metas tributarias, aduaneras y cambiarias que se establezcan conforme a los planes y objetivos trazados para la respectiva área nacional, regional, local y delegada, personal que tienen derecho al reconocimiento mensual de un incentivo que no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de la asignación básica mensual más la prima de dirección y la diferencia remuneratoria por designación de jefatura que se devengue, de manera que, al encontrar que la demandante se vinculó bajo la modalidad de supernumerario a la DIAN, no la hace acreedora del derecho a los incentivos, por cuanto constitucional y legalmente se encuentra autorizada la distinción entre los servidores de la contribución y los supernumerarios.

El recurso de apelación.

11. La parte demandante adujo que el aquo no tuvo en cuenta que «los múltiples contratos» suscritos por las partes no son sinónimo de temporalidad, excepcionalidad o transitoriedad, como quiera que entre uno y otro no existió una ruptura superior a los 15 días que exige el inciso tercero del artículo 45 del Decreto 1042 de 1978. Aunado a ello, alega que al habérsele pagado sus prestaciones sociales, prima o bonificación de antigüedad por la totalidad del año calendario y al cumplir funciones propias del objeto misional lo que surge es un contrato realidad, puesto que no se le puede discriminar por razón de la forma de su vinculación.

12. Arguye que el aquo dejó de pronunciarse respecto de la pretensión de inaplicación por ilegalidad de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 1268 de 1999, los cuales, en su sentir, contienen una discriminación al consagrar los incentivos por desempeño grupal, en fiscalización y cobranzas, y nacional sin carácter salarial, así como también, que el fallo recurrido desconoce los requisitos y finalidades expuestas en la sentencias C-401 de 1998, C-715 /2000, C-422 2012.

Alegatos de Conclusión.

13. La entidad demandada señaló que cuenta con un régimen especial y específico de vinculación de personal supernumerario como es el Decreto Ley 1072 de 1999, razón por la cual, su vinculación no se efectuó con el procedimiento previsto por la Ley 909 de 2004, de manera que, quien se vincule bajo esa modalidad no son titulares de derechos propios del estatus de empleado público perteneciente al sistema de carrera administrativa y por ende, no les otorga una estabilidad laboral alguna debido a la naturaleza jurídica de temporalidad y acceso.

14. En cuanto a los incentivos a que hace referencia los artículos 5, 6, y 7 del Decreto 1268 de 1999, consagran el incremento por desempeño grupal, incentivos al desempeño en fiscalización y cobranza de incentivo por desempeño nacional para los servidores de la contribución que ocupen cargos de la planta de personal de la entidad, de manera que es la propia ley la que limita el pago de los mencionados incentivos a los funcionarios de planta de la DIAN.

15. Por su parte, la demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de recurso de apelación.
C O N S I D E R A C I O N E S

16. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el saneamiento del proceso por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:

Problema jurídico

17. Corresponde a la Sala determinar si la labor desarrollada por la señora María Lency Restrepo como supernumeraria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, desconoce los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en las sentencias C-401/1988, C-725/2000, C-422/2012 y en esa medida, establecer si con base en el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, tiene derecho al reconocimiento y pago de los incentivos que se reconocen al personal de planta de la misma entidad regidos por los artículos 5, 6, y 7 del Decreto 1268 de 199, teniendo en cuenta los postulados de los convenios 95, 100, 111 y 132 de la OIT.

18. Para la resolución del problema jurídico que se ha planteado, se desarrollará la siguiente metodología: En primer lugar se estudiará el régimen jurídico que regula a los supernumerarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para posteriormente, resolver el caso concreto de la actora.

Régimen Jurídico de los Supernumerarios de la DIAN.

19. La posibilidad con la que cuenta la administración para vincular personal supernumerario deviene directamente de la Constitución Política cuando señala en su artículo 125 que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto, los de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley, pudiendo ésta última precisar, qué empleos no son de carrera, entre los que se encuentran los nombramientos temporales con las restricciones que imponen las leyes de carrera administrativa, dentro de los cuales pueden ubicarse los supernumerarios.

20. Esta clase de nombramiento fue prevista por el Decreto Extraordinario 1042 de 1978, que señaló el sistema de nomenclatura y clasificación y fijó las correspondientes escalas de remuneración de los empleos, entre otros, de las Unidades Administrativas Especiales. Al respecto, el artículo 83 previó que:

«[…] De los supernumerarios. Para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario.
También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio
En ningún caso la vinculación de un supernumerario excederá el término de tres meses, salvo autorización especial del gobierno cuanto se trate de actividades que por su naturaleza requieran personal transitorio por períodos superiores.
La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo con las escalas de remuneración establecidas en el presente Decreto, según las funciones que deban desarrollarse.
Cuando la vinculación de personal supernumerario no exceda el término de tres meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, las entidades deberán suministrar al personal supernumerario atención médica en caso de enfermedad o accidente de trabajo.
La vinculación de supernumerarios se hará mediante resolución administrativa, en la cual deberá constar expresamente el término durante el cual se prestarán los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse […]».

21. Ahora bien, en lo que respecta a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales, el Decreto 1647 de 1991, «Por el cual se establece el régimen de personal, la carrera tributaria, el régimen prestacional de los funcionarios de la Dirección de Impuestos Nacionales, se crea el fondo de cuestión tributaria y se dictan otras disposiciones»; en su artículo 14, indicó la posibilidad de vincular personal supernumerario, de la siguiente manera:

«[…] Para suplir las necesidades del servicio podrá vincularse personal supernumerario que desarrolle actividades de carácter transitorio. En ningún caso, la vinculación excederá de seis (6) meses, salvo autorización especial del Ministro de Hacienda y Crédito Público, cuando se trate de actividades a ejecutarse en un período superior a dicho término.

Cuando la vinculación de este personal no exceda de seis (6) meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales; sin embargo, la Dirección de Impuestos Nacionales deberá suministrar la atención médica en caso de enfermedad o accidente de trabajo.

Su vinculación se hará mediante resolución y allí se dejará constancia del término de duración de la prestación de los servicios y la asignación mensual. […]»

22. Conforme a la normativa precitada, la vinculación de personal supernumerario por parte de la DIAN puede realizarse para el desarrollo de actividades de carácter transitorio que no deben exceder de seis meses, excepto cuando la administración requiriera de un término superior, caso en el cual, debe contar con autorización especial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

23. A su turno, el artículo 14 del Decreto 1648 de 1991 «por el cual se establece el régimen de personal, la carrera aduanera, el régimen prestacional de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, se crea el fondo de gestión aduanera y se dictan otras disposiciones», consagró la posibilidad de vincular personal supernumerario, en los siguientes términos:

«[…] SUPERNUMERARIOS. Sin perjuicio de las disposiciones vigentes, podrá vincularse personal supernumerario para suplir las vacantes temporales de los funcionarios aduaneros o para desarrollar actividades de carácter transitorio.
La vinculación de este personal no dará lugar al reconocimiento de prestaciones sociales, sin embargo, se deberá suministrar la atención médica requerida en caso de enfermedad o accidente de trabajo.
Su vinculación se hará mediante resolución, proferida por la autoridad competente y allí se dejará constancia del término de duración de la prestación de los servicios y la asignación mensual, la cual se fijará de acuerdo con la escala de remuneración establecida para los funcionarios aduaneros, según las funciones que deban desarrollarse.
Los supernumerarios al tomar posesión del cargo, quedan investidos de las facultades, obligaciones, prohibiciones e inhabilidades que corresponden a los funcionarios aduaneros, para desempeñar las actividades para las cuales han sido nombrados y sujetos al régimen disciplinario establecido en la Dirección General de Aduanas […]»

24. Mediante el Decreto 2117 de 1992 se fusionó la Unidad Administrativa Especial de Impuestos con la Unidad Administrativa Especial de Aduanas, creándose la DIAN. Respecto de la administración de personal, el artículo 112 señaló lo siguiente:

«[…] El régimen de personal, la carrera administrativa especial, el sistema de planta y el régimen prestacional de los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, será el establecido en el Decreto ley 1647 de 1991, y el artículo 106 de la Ley 6 de 1992 con las siguientes precisiones:
Al factor plural de que trata el artículo 66 literal B del Decreto 1647 de 1991, tendrán derecho los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Los funcionarios que sean vinculados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante nombramiento temporal o en cargos de libre nombramiento y remoción tendrán derecho a la prima de productividad contemplada en los artículos 65 y 66 del Decreto 1647 de 1991.
La vinculación, permanencia y retiro del personal supernumerario se regulará por el artículo 14 del Decreto 1648.
Respecto del sistema nomenclatura, clasificación, remuneración, requisitos mínimos para el ejercicio de los empleos, requisitos para ejercer funciones de jefatura por designación así como los porcentajes a reconocer como prima de dirección, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se regirá por las normas del Decreto 1865 de 1992, correlacionándolos con las denominaciones y dependencias que se establecen en el presente Decreto. […]»

25. Posteriormente, el Decreto 1693 de 1997, «Por el cual se separa funcionalmente la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales», advirtió en su artículo 29 que la vinculación, permanencia y retiro del personal Supernumerario se sujetaría a lo previsto en el artículo 14 del Decreto 1648 de 1991, ya transcrito, en concordancia con la Ley 223 de 1995.

26. Esta última normativa, por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones, señaló en su artículo 154, la posibilidad de vincular personal supernumerario en el plan de choque contra la evasión fiscal, en los siguientes términos:

«[…] Artículo 154. Financiación del plan. El Gobierno propondrá al Congreso de la República en el proyecto de ley de presupuesto, una apropiación específica denominada "Financiación Plan Anual Antievasión" por una cuantía equivalente a no menos del 10% del monto del recaudo esperado por dicho plan. Estos recursos adicionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán clasificados como inversión.
Con estos recursos, la administración tributaria podrá contratar supernumerarios, ampliar la planta y reclasificar internamente sus funcionarios. Igualmente se podrán destinar los recursos adicionales a la capacitación, compra de equipo, sistematización, programas de cómputo y en general todos los gastos necesarios para poder cumplir cabalmente con lo estatuido en el presente capítulo.
Para 1996 el gobierno propondrá la modificación presupuestal, según fuera del caso, para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley […]»

27. Por su parte, el Decreto 1072 de 1999, «por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera de los servidores públicos de la contribución y se crea el programa de promoción e incentivos al desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN», en su artículo 22, en relación con la vinculación del personal supernumerario, indicó:

«[…] Vinculación de personal supernumerario. El personal supernumerario es aquel que se vincula con el fin de suplir o atender necesidades del servicio, para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, para el ejercicio de actividades transitorias, y para vincular personas a procesos de selección dentro de los concursos abiertos cuando estos se realicen bajo la modalidad de concurso-curso.
La resolución por medio de la cual se produzca esta modalidad de vinculación deberá establecer el término de duración. La asignación mensual se fijará de acuerdo a lo establecido en la nomenclatura y escala salarial vigente para la Entidad. Durante este tiempo, la persona así nombrada tendrá derecho a percibir las prestaciones sociales existentes para los servidores de la contribución.
[…]
No obstante la existencia del término de vinculación, el nominador por necesidades del servicio, podrá desvincular en cualquier momento el personal supernumerario a que se refiere el presente artículo […]»

28. La Corte Constitucional declaró exequible la norma anterior, mediante sentencia C-725 de 21 de junio de 2000, bajo el entendido de que la vinculación del personal supernumerario requiere una previa delimitación de esta planta de personal, el señalamiento de las actividades a que se dedicará, las cuales deben corresponder a necesidades extraordinarias, el tiempo de la vinculación transitoria, y la previa apropiación y disponibilidad presupuestal de sus salarios y prestaciones sociales. Al respecto, expresó la Corte Constitucional lo siguiente:
«[…] no resulta contrario a la Carta que la vinculación de personal supernumerario a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se lleve a cabo sin sujeción a las normas propias de la carrera administrativa, pues, como en la propia norma acusada se indica, ello sólo es posible cuando las actividades a desarrollar sean transitorias, o cuando con ese carácter temporal se vincule al servicio a quienes, posteriormente podrían llegar a ser funcionarios de carrera previa su participación en un "concurso-curso".

Se observa al efecto que el artículo 125 de la Constitución permite que no sean "de carrera", entre otros, los empleos "que determine la ley", que es, precisamente, lo que sucede en este caso, determinación que no resulta razonable, desproporcionada o ilegítima, supuesta como está por la propia disposición acusada que lo sea de manera coyuntural, efímera, transitoria, para atender necesidades del servicio, o para reclutar de esta manera personal que participe en un "concurso-curso", de entre quienes se seleccionará luego a empleados que ingresarán de esa manera a la carrera administrativa especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. […]»

29. De lo anterior se colige que por regla general, los empleos de la planta de personal de la DIAN, tienen el carácter de empleos del sistema específico de carrera, lo que no obsta para que existan empleos de libre nombramiento y remoción, al igual que personal supernumerario y, éstos, conforme el artículo 22 del Decreto 1072 de 1999, pueden ser vinculados: i) con el propósito de suplir o atender las necesidades del servicio; ii) apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando; iii), atender actividades transitorias y iv) para vincular personas a procesos de selección dentro de los concursos abiertos cuando estos se realicen bajo la modalidad del concurso-curso.

El caso concreto

30. Arguye la demandante que la labor desarrollada como supernumeraria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, desconoce los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en las sentencias C 401/1988, C 725/2000, C 422/2012. Al respecto, se procede al análisis de cada una de las sentencias de constitucionalidad que alega la actora fueron desconocidas por el fallo recurrido.

31. Encuentra la Sala que la Corte Constitucional a través de la sentencia C- 401 de 1998, resolvió la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 y en la cual, sostuvo que la utilización de la figura de supernumerario no desconoce los derechos de quienes están en carrera administrativa. Esto sostuvo la referida corporación:

«[…] la vinculación de servidores supernumerarios llamados a prestar servicios temporales en la Administración Pública, no desconoce los derechos de quienes se hallan inscritos en la carrera administrativa. Así mismo, indicó que las labores que se adelantan por dichos funcionarios supernumerarios son, justamente, aquellas que transitoriamente no pueden ser atendidas por el titular ausente, o aquellas que nadie cumple dentro de la organización por no formar parte del rol ordinario de actividades, por tratarse también de actividades temporales. En ese sentido, señaló que «las labores que se adelantan por dichos funcionarios supernumerarios son, justamente, aquellas que transitoriamente no pueden ser atendidas por el titular ausente, o aquellas que nadie cumple dentro de la organización por no formar parte del rol ordinario de actividades, por tratarse también de actividades temporales.»

32. De otra parte, el mismo proveído indicó que por tratarse de un medio excepcional de vinculación- supernumerario- , este se desnaturaliza cuando es empleado para cubrir necesidades distintas de aquellas para las que fue concebida. En ese sentido, dispuso que:

«Como estatuto excepcional que es, se desnaturaliza cuando es empleado para cubrir necesidades distintas de aquellas para las que fue concebido. De esta manera, cuando la Administración, recurre a esta forma de vinculación de personal para cubrir necesidades permanentes de servicio, desconoce de facto los principios de rango constitucional que gobiernan la carrera administrativa, afectando en primer lugar a los servidores así vinculados, quienes no verán respetada la garantía de estabilidad en el cargo, y desconociendo también el derecho de acceso de los ciudadanos a la Administración Pública, de acuerdo con los méritos y capacidades de los aspirantes, todo lo cual va en detrimento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad y honestidad que, por mandato superior, deben regir la función pública».

33. La aludida corporación consideró que del estudio realizado a la normatividad acusada, no encontró norma que fijara un límite temporal para la vinculación de personal transitorio a la administración pública. Sobre el particular, sostuvo lo siguiente:

«[…] No encuentra la Corte que las normas constitucionales impongan límite temporal alguno para la vinculación de personal transitorio a la administración Pública. Bien puede entonces producirse esta vinculación por períodos que sean inferiores o que superen los tres meses de que habla la norma sub examine.»

34. Por su parte, en la sentencia C- 725 de 2000, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 22 del Decreto 1072 de 1999, bajo el entendido que la vinculación del personal supernumerario requiere una previa delimitación de esta planta de personal, el señalamiento de las actividades a que se dedicará, las cuales deben corresponder a necesidades extraordinarias, el tiempo de la vinculación transitoria, y la previa apropiación y disponibilidad presupuestal de sus salarios y prestaciones sociales. Al respecto, expresó la Corte Constitucional lo siguiente:

«[…] no resulta contrario a la Carta que la vinculación de personal supernumerario a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se lleve a cabo sin sujeción a las normas propias de la carrera administrativa, pues, como en la propia norma acusada se indica, ello sólo es posible cuando las actividades a desarrollar sean transitorias, o cuando con ese carácter temporal se vincule al servicio a quienes, posteriormente podrían llegar a ser funcionarios de carrera previa su participación en un "concurso-curso".

Se observa al efecto que el artículo 125 de la Constitución permite que no sean "de carrera", entre otros, los empleos "que determine la ley", que es, precisamente, lo que sucede en este caso, determinación que no resulta razonable, desproporcionada o ilegítima, supuesta como está por la propia disposición acusada que lo sea de manera coyuntural, efímera, transitoria, para atender necesidades del servicio, o para reclutar de esta manera personal que participe en un "concurso-curso", de entre quienes se seleccionará luego a empleados que ingresarán de esa manera a la carrera administrativa especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. […]»

35. De otra arista, la Corte Constitucional en la sentencia C- 422 de 2012 a través de la cual resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º inciso primero (parcial) y el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, estimó que el mismo fue contrastado con el artículo 122 Constitucional en la sentencia C-401 de 1998, providencia en la cual expuso los lineamientos que debe tener en cuenta el Gobierno al vincular personal supernumerario y en esa medida, consideró que el análisis de constitucionalidad realizado a la norma acusada lo hizo a la luz de las normas constitucionales que regulan la función pública, y en especial, contrastó la norma de rango legal con el artículo 122 Constitucional, por manera que, la objeción por inconstitucionalidad planteada por el accionante fue expresamente atendida en la sentencia C-401 de 1998.

36. Del estudio realizado a las sentencias de constitucionalidad que alega la actora fueron desconocidas por el fallo apelado, se obtiene que, i) la vinculación de empleados supernumerarios para llevar a cabo actividades meramente temporales, constituye un modo excepcional de vinculación laboral con la Administración Pública; ii). Que la modalidad de vinculación como supernumerario se desnaturaliza cuando es empleado para cubrir necesidades distintas de aquellas para las que fue concebido y, iii) la vinculación de personal transitorio a la administración Pública puede producirse por períodos que superen los tres meses.

37. De acuerdo con lo anterior, se tiene que al examinar la Ley 223 del 20 de diciembre de 1995 y el Decreto 1072 de 1992 tal normatividad establece que la vinculación del personal supernumerario en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tuvo por finalidad atender las necesidades del servicio, como en este caso, para apoyar la lucha contra la evasión y el contrabando, atender actividades transitorias, como una figura de carácter excepcional que le permitiera al referido órgano de la administración vincular personal en forma temporal a efectos de garantizar la consecución de sus fines.

38. En ese sentido, encuentra la Sala que la demandante se vinculó con la DIAN en distintos períodos, tal como lo acredita la prueba que se puede consultar a los folios 12 al 38 del plenario, observando que su ingreso a la entidad tuvo por finalidad la atención de las necesidades del servicio en calidad de supernumerario, para ejercer actividades de apoyo de la lucha contra la evasión y el contrabando, por tanto, esta forma de vinculación podía ser extendida siempre y cuando existiera la necesidad o el motivo para ello, es decir, su vinculación desde el inicio se realizó en virtud del artículo 154 de la Ley 223 de 1995, según consta en las diversas resoluciones de nombramiento y prórroga, para atender necesidades del servicio en las diferentes dependencias y apoyo para el plan de lucha contra la evasión y el contrabando, las cuales desarrolló de forma temporal o excepcional, bajo diferentes vinculaciones por periodos de tiempo previamente señalados por la entidad demandada.

39. Conforme lo expuesto, observa la Sala que la vinculación de la demandante como empleada supernumerario fue para llevar a cabo actividades meramente temporales. En ese orden, la temporalidad que caracteriza esta modalidad de vinculación – supernumerario - y el paso del tiempo, no tiene la capacidad de cambiar la forma de aquella. En tal virtud, no es admisible acudir a principios como la «prevalencia de la realidad sobre las formas», pues aunque no existe duda sobre su aplicación inmediata en asuntos en los que se encuentran cumplidos los supuestos para ello, en el sub examine, se debe dar prevalencia a la relación que de acuerdo con la ley se estableció entre la demandante y la administración, es decir, la de supernumerario, por lo tanto, contrario a lo afirmado por la recurrente, no se observa que dicho modo excepcional de vinculación laboral se haya desnaturalizado en la medida que las actividades ejecutadas corresponden a aquellas para las cuales se produjo su vinculación.

40. Aunado a lo anterior, se observa que al proceso se allegó prueba que indican las funciones que desempeñó la demandante en su condición de supernumeraria, en los cargos de Auxiliar II Nivel 11 grado 06, Auxiliar III Nivel 12 grado 07, Auxiliar de Ingresos Públicos III 12-07, Facilitador III 103 grado 03, percibiendo una asignación mensual de acuerdo con la escala salarial vigente para la entidad y devengando las prestaciones sociales existentes para los funcionarios de la rama ejecutiva del orden nacional, con lo cual se cumplió con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1072 de 1999.

41. En esa medida, tal como lo aseveró la actora en su recurso de alzada y como se aprecia de las pruebas obrantes en el expediente, le fue liquidado y cancelado como supernumerario las siguientes prestaciones: auxilio de cesantía, autorización para el disfrute de vacaciones, permisos, prima de vacaciones, el reconocimiento y pago de horas extras y tiempo compensatorio, licencias no remuneradas o se le concedió el descanso legal, así como todos los beneficios del régimen de seguridad en salud y pensiones, de manera que, fue tratada en igualdad de condiciones que al resto del personal supernumerario, de ahí que no aparezca que se le haya puesto en condición de desigualdad con sus iguales.

42. Lo antes reseñado le permite a Sala aseverar que la relación laboral de la demandante con la DIAN, la cual se dio mediante vinculación como supernumerario, no se desnaturalizó ni desconoció los lineamientos fijados en las sentencias de constitucionalidad que adujo desconocidas por el fallo recurrido.

43. De otra parte, arguye la recurrente que la sentencia apelada dejó de pronunciarse respecto de la pretensión de inaplicación por inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto 1268 de 1999, pues en su sentir, el gobierno excedió la facultad legislativa al consagrar unos incentivos económicos sin carácter salarial.

44. Revisado el fallo apelado, encuentra la Sala que el aquo sobre la aludida pretensión sostuvo lo siguiente:

« Frente a tal argumento, estima la Sala de Decisión que no le asiste razón a la parte actora y consecuencialmente, resulta improcedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad por cuanto no se observa prima facie una situación de exclusión o discriminación de los derechos de la atora en su condición de supernumeraria…
Los servidores de la contribución están incursos en un régimen de carrera administrativa propio soportado en un sistema técnico que se constituye en el fundamento de la administración de personal de dicha entidad, el cual ofrece igualdad de oportunidades para vincularse a la entidad, ascender y permanecer en la misma, capacitarse a efectos de garantizar una prestación debida del servicio suministrado por dicha entidad específicamente para alcanzar el logro de resultados efectivos en la gestión tributaria, aduanera y cambiaria. Por su parte, en el caso de los supernumerarios, los mismo se encuentran supeditados a que el acto administrativo que establece su vinculación a la plantan de personal de la entidad demandada, establezca el termino de duración de la vinculación de acuerdo a la necesidad específica y su asignación mensual corresponde o se determina conforme a lo establecido en la nomenclatura y escala salarial vigente para la entidad, estableciéndose que durante el tiempo en que desempeñen dicho cargo, tendrán derecho a percibir las prestaciones sociales existentes para los servidores de la contribución o empelados de la planta de personal, como se evidencia en el presente caso.

45. Como puede observarse, contrario a lo manifestado por la demandante, el tribunal de instancia emitió pronunciamiento desfavorable respecto de la pretensión de inaplicación por inconstitucionalidad o ilegalidad de las expresiones discriminatorias contenidas en el Decreto 1268 de 1999, al considerar que para el caso de los supernumerarios la disposición contiene una situación de carácter excepcional pero no discriminatorio o excluyente, medio de vinculación a la cual puede acudir la administración con el fin de vincular temporalmente a un determinado grupo de personas para que cumplan funciones de naturaleza transitoria. En esa medida, el cargo de apelación alegado por la recurrente no está llamado a prosperar.

46. Ahora, en aras de ahondar en mayores razones que desestiman el argumento de la actora, al aducir que el gobierno excedió su facultad legislativa el consagrar sin carácter salarial los incentivos creados para algunos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, señala la Sala que el Decreto 1268 del 13 de julio de 1999 es una norma dictado por el Ejecutivo en desarrollo de la Ley 4 de 1992, precepto legal marco que consagró las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos allí enlistados.

47. Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Sala que en sentencia de fecha 14/02/2002 esta corporación al pronunciarse sobre la legalidad del artículo 5 del Decreto 1268 del 13 de julio de 1999, dijo que la Constitución de 1991 en el artículo 150 numeral 19 le dio al Gobierno Nacional la potestad de definir el régimen salarial de los empleados públicos, con sujeción a los objetivos y criterios generales que fije el Congreso de la República mediante una ley general.

La aludida providencia sostuvo lo siguiente:

«[…] Estas leyes marco que fueron introducidas en nuestro ordenamiento constitucional en la reforma de 1968 y reiteradas en la Carta Política de 1991, implican un cambio en las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, pues a diferencia de las leyes ordinarias que simplemente deben ser ejecutadas por el Gobierno, en estas leyes cuadro o marco, el legislativo fija las pautas generales y las directrices que debe seguir la regulación de una materia determinada, y el ejecutivo es el encargado de precisar y de completar la regulación de tales asuntos. Por esa razón, puede aseverarse que determinadas materias, en razón al trámite expedito que requieren, exigen la colaboración del ejecutivo y del legislativo.

Según el demandante, el Gobierno no tenía competencia para proferir el decreto acusado, argumento que resulta equivocado, pues la Constitución de 1991 en el artículo 150 numeral 19 le dio al Gobierno Nacional la potestad de definir el régimen salarial de los empleados públicos, con sujeción a los objetivos y criterios generales que fije el Congreso de la República mediante una ley general.
Dentro de este nuevo reparto de competencias, el Congreso dictó la Ley 4ª de 1992, de carácter general, y el gobierno quedó habilitado para fijar, mediante decreto, el régimen salarial de los empleados públicos, asunto del que precisamente se ocupó en el decreto acusado…»

48. Es claro entonces, que a la luz del artículo 150 numeral 19 el Gobierno Nacional goza de competencia para definir el régimen salarial de los empleados públicos, con sujeción a los objetivos y criterios generales que fije el Congreso de la República mediante una ley general, de manera que, la pretensión de inaplicación por inconstitucionalidad o ilegalidad del Decreto 1268 de 1999 resultaba improcedente en la medida que en materia de política salarial estatal el ejecutivo goza de un margen de razonabilidad para establecer cuál es el tipo de remuneración para cada cargo, y más en este caso en que le fija un máximo a un incentivo temporal. Así lo ha señalado la Corte Constitucional en reiterados fallos en los cuales ha juzgado la constitucionalidad de algunos preceptos de la Ley 4 de 1992.

49. Finalmente, encuentra la Sala que la accionante aduce que el tribunal de instancia desconoció lo dispuesto en los convenios 095, 100, 111 y 132 de la organización internacional del trabajo, en la medida que, en su sentir, no existe razón suficiente que justifique el trato desigual y discriminatorio dado a los supernumerio respecto de los incentivos consagrados en el Decreto 1268 de 1998.

50. Sobre el particular, debe señalarse que esta subsección en sentencia de fecha 19 de febrero de 2018 dentro del proceso de nulidad simple promovido por las señoras Zoila María Salazar Carreño y Luz Hermelina Castrillón de Amaya, en el que solicitaron la nulidad parcial de los artículos 4, 5 y 6 del Decreto 1268 de 1999, la Sala de decisión consideró que al ser inconstitucional la concesión de estímulos económicos a los empleados públicos por el desempeño de sus funciones y, teniendo en cuenta que los incentivos regulados en los artículos 5 y 6 del Decreto 1268 de 1999 no son permanentes, pues están condicionados al cumplimiento de unas metas, que para el caso son fijadas por la respectiva área, se establece que no tienen carácter salarial. En consecuencia, el aludido proveído sostuvo que «el incentivo por desempeño grupal y el incentivo al desempeño en fiscalización y cobranzas, establecidos en los artículos 5 y 6 del Decreto 1268 de 1999 no constituyen factor salarial, razón por la cual se mantendrán incólumes las disposiciones demandadas en los apartes estudiados».

51. Entonces, si bien el Convenio 095 de 1949 de la OIT, propende por la protección del salario al consagrar en su articulado que el término «salario» significa «la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar», también lo es que, los incentivos económicos «por desempeño grupal» y por «desempeño en fiscalización y cobranzas» fueron estatuidos en el Decreto 1268 de 1999 como estímulos económicos, cuya finalidad era promover la eficiencia y eficacia de los empleados públicos de la DIAN y estaban condicionados al cumplimiento de unas metas, de manera que, no eran permanentes.

52. En efecto, esta corporación en la sentencia ibídem señaló que «aun cuando la norma los establezca como un «reconocimiento mensual», están condicionados a que el servidor cumpla metas tributarias, aduaneras y cambiarias, según el caso, o de fiscalización y cobranza». De manera que, el reconocimiento y pago de tal incentivo se encontraba condicionado al cumplimiento de las metas fijadas a fin de que el empleado se hiciera acreedor a ella, de suerte que, al estar sometido a dicha condición, no se predica la habitualidad o permanencia, razones que llevó a esta sección a considerar que el reconocimiento y pago de los aludidos incentivos no constituyen salario de conformidad con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Y respecto de los convenios 100 de 1951 referido a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor y el 111 de 1958 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación y 132 de 1970 alusivo a las vacaciones anuales pagadas, citados por la recurrente como desconocidos por el aquo, se observa que en el recurso de alzada no formula de forma suficiente un cargo concreto respecto del marco de protección que consagran tales convenios que permita establecer por qué considera la parte accionante que el presunto carácter remunerativo de las primas o los incentivos previstos en los decretos demandados desconocen tal normativa.

53. No obstante lo anterior, la Sala precisa que de la historia laboral de la demandante aportada al expediente, se observa que en ella reposan copias de actos administrativos a través de los cuales le fue concedido el auxilio de cesantía, autorización para el disfrute de vacaciones, permisos, prima de vacaciones, el reconocimiento y pago de horas extras y tiempo compensatorio, licencias no remuneradas, de manera que la DIAN cumplió con sus obligaciones patronales protegidas por los convenios antes citados, toda vez que se encuentra acreditado que a la actora le fue autorizado el disfrute de sus vacaciones tal como lo protege el convenio 132 de 1970 y le fue reconocidas las prestaciones salariales y sociales a las que tenía derecho en su condición de supernumeraria.

Por las razones que anteceden, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda.

Las costas

54. En el presente caso, la Sala observa que el tribunal de primera instancia condenó en costas a la parte demandante, de conformidad con los artículos 188 de la Ley 1437 de 2014, sin que para el efecto hubiese comprobado que las mismas tuvieron ocurrencia y se encontraran probadas en el proceso. Es decir, no se hizo ningún análisis que tuviera relación a si las costas se causaron, pues solo se refirió a la norma que las consagra sin ocuparse en establecer si se causaron o no, y que estuviesen probadas; o que la parte vencida hubiese desplegado una conducta temeraria o de mala fe frente al trámite del proceso y a las pretensiones solicitadas por la actora.

55. En el sub lite, la Sala al revisar el proceso con la intención de comprobar la causación de las costas, no halló prueba alguna que las demuestre, como tampoco que la demandante hubiese actuado con temeridad o mala fe en el devenir procesal, por tanto, se revocará el numeral 2º de la sentencia del 30 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en cuanto condenó en costas a la parte actora que resultó vencida en este proceso.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 30 de octubre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora María Lency Restrepo contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – D.I.A.N., por la cual se negaron las pretensiones de la demanda, salvo el numeral 2 de la parte resolutiva, el cual quedará de la siguiente manera:

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Por la Secretaría de la Sección Segunda devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo de Risaralda y déjense las constancias de rigor.

Notifíquese y cúmplase

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

El proceso ingresó al Despacho el 3 de marzo de 2017 (folio 301).
por el cual se establece el Régimen de Personal, la carrera tributaria, sistema de planta y el régimen prestacional de los funcionarios de la Dirección de Impuestos Nacionales, se crea el Fondo de Gestión Tributaria y se dictan otras disposiciones.
por el cual se establece el régimen de personal, la carrera aduanera, el régimen prestacional de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, se crea el Fondo de Gestión Aduanera y se dictan otras disposiciones.

Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera de los servidores públicos de la contribución y se crea el Programa de Promoción e Incentivos al Desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Folios. 231 al 245 del expediente principal. Folios. 248 al 257 del expediente principal.
transcripción literal del escrito de recurso. Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por cl resto del período para el cual este fue elegido.
“Artículo 83.-Para suplir las vacancias temporales de los empleados públicos en caso de licencia o vacaciones, podrá vincularse personal supernumerario. También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio. En ningún caso la vinculación de un supernumerario excederá el término de tres meses, salvo autorización especial del gobierno cuando se trate de actividades que por su naturaleza requieran personal transitorio por períodos superiores. La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo con las escalas de remuneración establecidas en el presente decreto, según las funciones que deben desarrollarse. Cuando la vinculación de personal supernumerario no exceda el término de tres meses, no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, las entidades deberán suministrar al personal supernumerario atención médica en caso de enfermedad o accidente de trabajo. La vinculación de supernumerarios se hará mediante resolución administrativa en la cual deberá constar expresamente el término durante el cual se prestarán los servicios y la asignación que vaya a pagarse”.
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones»
Por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan otras disposiciones
Por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera de los servidores públicos de la contribución y se crea el Programa de Promoción e Incentivos al Desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Ver liquidación de cesantías a folio 394 del cuaderno 1B, liquidación de cesantías a folio 479 del cuaderno 1 C, liquidación de cesantías a folio 641 del cuaderno 1 D, liquidación de cesantías a folio 690 del cuaderno 1 D; liquidación de cesantías a folio 754 del cuaderno 1D, liquidación de cesantías a folio 793 del cuaderno 1D.

Ver Resolución 0059 del 5 de mayo de 1999, Resolución 1168 del 27 de abril de 2001, Resolución 0277 del 26 de febrero de 2003, Resolución 1994 del 24 de septiembre de 2004, Resolución 0036 del 12 de junio de 2006, Resolución 0040 del 31 de julio de 2009, Resolución 0062 del 30 de septiembre de 2009, Resolución 13489 del 29 de diciembre de 2011, Resolución 0033 del 9 de abril de 2012,
Ver Resolución 1436 del 22 de julio de 2002, Resolución 0057 del 2 de agosto de 2005, Resolución 0013 del 20 de febrero de 2006, Resolución 0076 del 20 de octubre de 2006,
Ver Resolución 1177 del 30 de abril de 2001,
Ver Resolución 0040 del 29 de junio de 2006, Resolución 0047 del 29 de julio de 2006, Resolución 0055 del 30 d agosto de 2006, Resolución 0087 del 30 de noviembre de 2006, Resolución 0020 del 30 de marzo de 2007, Resolución 0027 del 30 de abril de 2007,
Ver Resolución 2128 del 29 de octubre de 2002, Resolución 0058 del 2 de agosto de 2005, Resolución 0072 del 12 de octubre de 2006, Resolución 0089 del 30 de novi8embre de 2006, Resolución 0098 del 30 de diciembre de 2006, Resolución 0032 del 9 de mayo de 2007,
Ver Resolución 5937 de 8 de noviembre de 2008, Resolución 5990 del 15 de noviembre de 2000, Resolución 1449 del 22 de agosto de 2003, Resolución 2646 del 25 de julio de 2001, Resolución 1603 del 5 de agosto de 2004, 011 del 9 de febrero de 2006. Sentencia de la sección segunda que resolvió demanda de nulidad simple contra el artículo 5 del Decreto 1268 del 13 de julio de 1999, M.P. ANA MARGARITA OLAYA FORERO. En efecto, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C-312 de 1997, lo siguiente:

" La determinación de la remuneración de los servidores del Estado tiene hondas implicaciones en la política económica.

En efecto, de los niveles de los salarios depende en buena medida el equilibrio fiscal. Y, como es sabido, la situación de las finanzas públicas afecta fundamentalmente el estado de la economía en general.

De ahí que sea congruente que al Presidente, que, como se ha visto, tiene una responsabilidad destacada en materia de política económica, se le asigne también la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, y la de determinar el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales (CP, art. 150, num. 19, literales e) y f.

Convenio relativo a la protección del salario (Entrada en vigor: 24 septiembre 1952) Adopción: Ginebra, 32ª reunión CIT (01 julio 1949) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).El Convenio puede ser denunciado: 24 septiembre 2022 - 24 septiembre 2023. Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Entrada en vigor: 23 mayo 1953)
Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 junio 1960) Adopción: Ginebra, 42ª reunión CIT (25 junio 1958) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).El Convenio puede ser denunciado: 15 junio 2020 - 15 junio 2021. Convenio relativo a las vacaciones anuales pagadas (revisado en 1970) (Entrada en vigor: 30 junio 1973) Adopción: Ginebra, 54ª reunión CIT (24 junio 1970) - Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).El Convenio puede ser denunciado: 30 junio 2023 - 30 junio 2024. Consejo de Estado, subsección B sentencia de fecha 19 de febrero de 2019, M.P. DR. CÉSAR PALOMINO CORTÉS
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la contribución de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales»
Artículo 128. Pagos que no constituyen salarios. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad. Ver cuaderno 1 A que contiene los anexos de la historia laboral de la demandante.

Ver liquidación de cesantías a folio 394 del cuaderno 1B, liquidación de cesantías a folio 479 del cuaderno 1 C, liquidación de cesantías a folio 641 del cuaderno 1 D, liquidación de cesantías a folio 690 del cuaderno 1 D; liquidación de cesantías a folio 754 del cuaderno 1D, liquidación de cesantías a folio 793 del cuaderno 1D
Ver Resolución 0059 del 5 de mayo de 1999, Resolución 1168 del 27 de abril de 2001, Resolución 0277 del 26 de febrero de 2003, Resolución 1994 del 24 de septiembre de 2004, Resolución 0036 del 12 de junio de 2006, Resolución 0040 del 31 de julio de 2009, Resolución 0062 del 30 de septiembre de 2009, Resolución 13489 del 29 de diciembre de 2011, Resolución 0033 del 9 de abril de 2012,
Ver Resolución 1436 del 22 de julio de 2002, Resolución 0057 del 2 de agosto de 2005, Resolución 0013 del 20 de febrero de 2006, Resolución 0076 del 20 de octubre de 2006,
Ver Resolución 1177 del 30 de abril de 2001,
Ver Resolución 0040 del 29 de junio de 2006, Resolución 0047 del 29 de julio de 2006, Resolución 0055 del 30 d agosto de 2006, Resolución 0087 del 30 de noviembre de 2006, Resolución 0020 del 30 de marzo de 2007, Resolución 0027 del 30 de abril de 2007,
Ver Resolución 2128 del 29 de octubre de 2002, Resolución 0058 del 2 de agosto de 2005, Resolución 0072 del 12 de octubre de 2006, Resolución 0089 del 30 de novi8embre de 2006, Resolución 0098 del 30 de diciembre de 2006, Resolución 0032 del 9 de mayo de 2007,
Ver Resolución 5937 de 8 de noviembre de 2008, Resolución 5990 del 15 de noviembre de 2000, Resolución 1449 del 22 de agosto de 2003, Resolución 2646 del 25 de julio de 2001, Resolución 1603 del 5 de agosto de 2004, 011 del 9 de febrero de 2006.

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