Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00432-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00432-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2015-00432-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
30 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho.
Radicación: 66001-23-33-000-2015-00432-01 (754-2018)
Demandante: Carlos Artu ro Grisales Montenegro
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Naci ón y la
Fiduprevisora S.A.
Tema: Prima de riesgo
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia del 30 de octubre de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , que negó las
pretensiones de la demanda .
II. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 1
El señor Carlos Arturo Grisales Mont enegro en ejercicio del medio
de control de nulid ad y restablecimie nto del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las
1 Folios8 a 22.
2 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
en adelante CPACA
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 23 33 000 2015 00432 01 (754-2018)
Demandante: Carlos Arturo Grisales Montenegro
siguientes:
Pretensiones
Declarar la nulidad del Oficio E-2310,18-201406712 del 16 de abril
de 2014, proferid o por la Subdirectora de Talento Humano del
Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante DAS) , por
medio del cual se negó el reconocimiento de la prima de riesgo
como factor salarial de liquidación de las prestaciones sociales .
Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó condenar a la demandada a reliquidar todas las
primas legales y e xtralegales, tales como, vacaciones, primas de
servicio, vacaciones y navidad; cesantías e intereses a l as
cesantías, causadas desde el nacimiento del derecho, así como el
reajuste de los aportes a la segurid ad social con inclusión de la
prima de riesgo.
También pidió el pago de las diferencias debidame nte indexadas,
el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos de la
Ley 1437 de 2011, y la condena en costas y agencias en derecho.
Fundamentos fácticos
El demandante relató que (i) prestó sus servicios al De partamento
Administrativo de Seguridad , Seccional Risa ralda, desde el 13 de
noviembre de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha en la
que ocupaba el cargo de Detective Profesional 207 -09; (ii) en el
interregno referenciado deveng ó mensualmente la prima de riesgo
de que trata el De creto 1933 de 1989 , modificado por los Decretos
132, 1137 y 2646 de 1994, en valor equivalente al 35% de su
asignación básica; (iii) por Resolución 3433 del 29 de diciembre de
2011, fue incorporado, de forma directa, a la planta de personal de
la Fiscalí a General de la Nación, en la plaza de Investigador
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Criminalíst ico I ; (iv) solicitó del DAS la reliquidación de sus
prestaciones definitivas con inclusión de la aludida prima y el pago
de las diferencias generadas y (v) po r medio del Oficio enjuiciado
E-2310,18-201406712 del 16 de abril de 2014 , la administración
negó su reclamación .
Normas violadas y concepto de violación
El actor invocó como disposiciones vulneradas las siguientes: los
artículo s 1, 2, 4, 25, 53 y 58 de la Constitución Política ; 1 de la Ley
54 de 1992 y 14 de la Ley 50 de 1990 .
Al desarrollar el concepto de viol ación expresó que el oficio
cuestionado desconoció que el concepto de salario involucra todas
aquellas sumas que se pagan con ocasión de la relación laboral,
independientemente de la denominación que reciban, tal y como lo
sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia SU -995 de 1999, en
la cual tuvo en cuenta lo consagrado por el Convenio 85 de la
Organización Internacional del Trabajo, rati ficado por la Ley 54 de
1992.
Afirmo que lo procedente en este caso era inaplicar por
inconstitucional el artículo 4 del Decreto 2646 de 1994, en cuanto
excluye el carácter salarial de la prima de riesgo, en cumplimiento
del mandato impuesto por el artícu lo 4 de la Carta Política. De esta
manera, manifestó que se debía atender el principio de prevalencia
de la realidad sobre las formas pactadas por las partes de la
relación laboral, se gún lo dispuesto por el artículo 53 ejusdem.
Añadió que la prima de rie sgo «fue inicialmente concebida,
establecida y dispuesta para un determinado grupo de funcionarios ,
la que mediante el desarrollo normativo posterior, fue ampliada
hasta llegar a beneficiar a todos los funcionarios del Departamento
Administrativo de Seguri dad, la cual fue cancelada en forma
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habitual y periódica y como contraprestación directa de las labores
de alto riesgo que desempeñaban, como efectivamente la reconoció
la entidad demandada durante la relación laboral» .
Insistió en que l os Decretos 132, 1137 y 2046 de 1994 «al excluir
expresamente la prima de riesgo como factor salaria l, están en
contravía del principio constitucional de los derechos adquiridos
contenidos en el Art. 58 de la Constitución [...], dado que en los
términos del a rtículo 31 de la Constitución de 1886, vigente al
nacimiento de la prima de riesgo mencionada -Decreto 1933 de
1989, con carácter ya indicado (constitutiva de salario), configuró
un derecho adquirido prolongado a la actualidad a la luz del Art. 58
de la Co nstitución de 1991 [...]».
Que los Decretos 132, 1137 y 2046 de 1994 son violatorios de
normas superiores, «en cuanto a los princip ios de primacía de la
realidad sobre las formas, de la inviolabilidad de los Derechos
laborales adquirid os, establecidos en los artículos 53 y 58 de la
C.P.».
Adujo que las normas que manifiesten que la prima de riesgo no
constituye factor salarial deben inaplicarse «en los términos del
artículo 4º de la C.P. y, consecuencialmente, deben ser acogidas
las pretensiones de la dem anda, disponiéndose los reajustes
correspondientes [...]» .
Trámite
La ponente de primera instancia, por proveído de 29 de julio de
2016 3, ordenó notificar de la demanda a la Fiduprevisora S.A.
2. AUDIENCIA INI CI AL 4
3 Folios 190 y 191.
4 Folios 280 a 283.
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El Tribunal Administrativo de Risaralda, en diligencia del 30 de
octubre de 2019, (a) determinó que no existe ninguna irregularidad
que generara nulidad; (b) declaró que no se configuran los medios
exceptivos propuestos y (c) f ijó el litigio , en los siguientes términos :
«Si ef ect ivam ent e al dem andant e le asist e el der e cho al
r econocim ient o de l a pr im a de r iesgo com o f act or salar ial par a
liqu idar las pr est aciones sociales, en los t érm inos solicit ad os en el
acápit e de pr et ensio nes cont enido en la dem a nda».
3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 5
El Tribunal Administrativo de Risaralda , en sentencia del 30 de
octubre de 2017, negó las súplicas de la demanda , con sustento en
las siguientes consideraciones:
La prima de riesgo «que ostentaban algunos servidores del extinto
Departamento Administrativo de Seguridad DAS goza de una
naturaleza salarial intrínseca, que según lo explicó el máximo
Tribunal, solo se aplica para el ingreso base de cotización y
liquidación [...] pensional , es decir, solo fue atribuid a para ser
tenida como ingreso base de liquidación de una prestación
pensional y no para la liquidación de los restantes emolumentos
derivados del salario, tal como se pretende en la demanda ».
Pese a que el demandante «recibió de manera habitual y periódica
la multicitada prima de riesgo, de lo analizado previamente, es claro
que el factor salarial se debe tener en cuenta como ingreso base
de liquidación de una prestación pensional y no para la
reliquidación de las prestaciones sociales devengadas como
empleados del DAS, con base en el carácter salarial de la prima de
riesgo. Es decir, e n este caso nada se dijo sobre la pro cedencia o
no de efectuar un nuevo cálculo del ingreso base de liquidación
5 Folios 305 a 311.
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pensional».
Que no es procedente la inaplicación del artículo 4º del Decreto
2646 de 1994, «pues no es posible advertir que se estén
desatendiendo los valores constitucio nales, principios y derechos a
la igualdad , la remuneración mínima y proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, a la irrenunciabilid ad a los beneficios mínimos y
a la primacía de la realidad sobre las formas, en tanto, si bien la
prima de riesgo constituye factor salarial para la liquidación
pensional, no es posible deprecar dicha calidad frente a la
reliquidación de las prestacion es sociales reconocidas al
demandante y, por ende , no existe incompatibilidad de normas
dentro del presente asunto».
4. EL RECURSO DE APELACIÓN
El demandante 6 solicitó revocar la anterior decisión y acceder a
sus pretensiones . Insistió en que «tiene derecho a que le sea
reconocida la prima de riesgo como factor salarial, lo q ue lleva a la
reliquidación de su s prestaciones sociales, de allí que la decisión
de primera instancia deba ser revocada» .
Enfatizó que «la disposición normativa contenida en el artículo 4 º
del Decreto 2646 de 1994 es abiertamente inconstitucional, toda
vez que va en contravía de postulaciones de orden constitucional
como lo es el artículo 53 de la C.P., en los términos
jurisprudenciales antes referidos , con siderando que [...] la decisión
a adoptar debe estar precedida por la materialización de la
excepción de inconstituc ionalidad» .
5. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
6 Folios 313 a 329.
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El ponente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.º del
artículo 2 47 del CPACA, corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para alegar de conclusión y presentar el respectivo
concepto 7.
5.1 El actor 8 reiteró los argumentos de la alzada .
5.2 La Fiscalía General de la Nación 9 insistió en que «no puede
ser considerada como sucesora procesal del DAS y, en
consecuencia, debió ser desvinculada del proceso [...]».
Precisó que los procesos adelantados contra el extinto DAS
deberán ser asumidos por el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.
5.3 El agente del Ministerio Públic o guardó silencio.
III. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
7 Folio 342.
8 Folio 349 a 355.
9 Folios 372 a 375.
10« E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de l os recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
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Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 11 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.
2. Cuestión previa
La Sala en sentencia del 23 de enero de 2020 12, respecto de la
sucesión procesal del DAS, señaló:
[ . . .] la subsección concluye que por ex pr esa disposic ión le gal la
Fidupr ev isor a S. A. en su calidad de vocer a del Pat rim onio
Aut ónom o const it uid o par a la def ensa de la ent idad ext i ngui d a es la
sucesor a pr ocesal del supr im i do Dep a r t am ent o Adm inist r at ivo de
Segur idad y, en con secuencia, t ien e le g it im ación en la caus a por
pasiva par a conocer de los pr ocesos que no guar dan r elaci ón con
aquel las f uncion es t r asladadas a ot r as ent idades de l a Ram a
Ej ecut iva, m ot ivo por el que se r equier e su vinculaci ón a la pr esent e
cont r over sia.
En ese sent ido, la Cor por ación advie r t e que a f olio 300 del
expedient e obr a po der suscr it o por la apoder ada gener a l de la
Fidupr ev isor a S. A. par a ser r epr esent ada en el pr esent e pr oceso
com o vocer a del pat r im onio P AP, en e l qu e se cit a com o benef iciar i o
a la Agencia N acion al de Def ensa Jur í dica del Est ado. Razón por la
cual se desvincular á del pr oceso a est a últ im a por cuant o según lo
dispuest o en el ar t í culo 238 de la Ley 1753 de 2015, es el patr im onio
aut ónom o quien t ien e la com pet encia pa r a conocer y at ender de las
r eclam a ciones no asignadas lega l m ent e a ot r a aut or idad
adm inist r at iva com o ocur r e en el caso de las ob ligac iones lab or ales
y pr est acionales de los ex em pleados de l ext int o DAS.
11« A R T Í C U L O 328. COMPETEN CIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hay an apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
12 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e l 2 3 d e
enero de 2020, radicado 08001233300020130061001 (0886 -2015), M.P.
William Hernández Gómez.
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En vir t ud de lo aq uí analizad o, y de acuer do con la s ucesión
pr ocesal t r as la des apa r ició n del De par t am ent o Adm inist r at ivo de
Segur idad se consid er ar á com o par t e dem andada a la Fidupr evisor a
S. A. com o «vocer a del Pat r im on io Aut ónom o Públ ic o PAP
Fidupr ev isor a S. A. Def ensa Jur í dica del ext i nt o Depar t am ent o
Adm inist r at ivo DA S y su Fondo Rot a t or io».
En este punto, resulta pertinente denotar que el Tribunal
Administrativo de Risaralda, por auto del 23 de mayo de 2017, negó
la solicitud de nulidad propuesta por la Fiscalía Ge neral de la
Nación por indebida notificación del auto admisorio. En d icho
pronunciamiento se indicó que la vinculación de esa entidad se dio
«por expresa voluntad de la parte demandante, por lo tanto será en
la debida oportunidad procesal y como consecuencia de la
prosperidad del medio exceptivo idóneo, que se resuelva si e n
efecto la misma se encuentra legitimada por pasiva para
comparecer al presente asunto» 13.
Por las razones que anteceden, se desvinculará del proceso a la
Fiscalía General de la Nación por cuanto según lo dispuesto en el
artículo 238 de la Ley 1753 de 20 15, es el patrimonio autónomo
quien tiene la competencia para conocer y atender las
reclamaciones no asignadas legalmente a otra autoridad
administrativa como ocurre en el caso de las obligaciones laborales
y prestacionales de los ex empleados del extinto DAS.
3. Problema jurídico
¿El señor Carlos Arturo Grisales Mont enegro tiene derecho a que
la prima de riesgo, que devengó en su condición de detective del
DAS, sea incluida en la liquidación de las prestaciones sociales,
tales como : vacaciones; primas d e servicios, vaca ciones y
13 Folios 269 y 270.
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navidad; cesantías e intereses ; y bonificación por servicios,
entre otros?
Para resolver el anterior interrogante , se desarrollará el siguiente
orden metodológico: (i) régimen prestacional aplicable a los
empleados del extinto DAS ; (ii ) sentencia de Unificación SUJ -027-
CE-S2-2022 del 12 de mayo de 2022 y (iii) análisis del caso
concreto.
3.1 Régimen prestacional aplicable a los empleados del extinto
Departamento Administrativo de S eguridad
El Gobierno Nacio nal expidió el Decreto 1933 del 28 de agosto de
1989, por medio del cual definió e l régimen prestacional especial
para los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.
En el artículo 1.°, indicó que los empleados de esa entidad tienen
derecho a las prestaciones sociales previstas para la s entidades
públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3.º y en los que los
adicionan, modifican, reforman o complementan, así como las
reguladas particularmente por el mismo decreto, algunas de estas
son: prima de orden público (art ículo 2); prima de clima (art ículo 3);
prima de riesgo (artículo 4) y prim a de instalación (art ículo 5).
Igualmente, tienen derecho a las bonificaciones especiales po r
comisión de estudios (art. 6) y por comisión especial de servicios
(art. 7).
Así, el Decreto 1933 de 1989 señaló los emolumentos que se deben
tener en cuenta para la liquidación de las prestacio nes de los
servidores del DAS , como se expone a continuació n:
Prestación Factores de liquidación de la prestación
Prima de navidad a) La asignación básica mensual señalada para el
(art.16) respectivo cargo;
b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios prestados;
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d) La prima de servicio;
e) La prima de vacaciones;
f) El subsidio de alimentación;
g) El auxilio de transporte;
h) Los gastos de representación.
Vacaciones y a) La asignación básica mensual señalada para el
prima de respectivo cargo;
vacaciones (art. b) Los incrementos por antigüedad;
17) c) La bonificación por servicios prestados;
d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) Los gastos de representación.
Cesantía y a) La asignación básica mensual señalada para el
pensiones (art. 18) respectivo cargo;
b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios prestados;
d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) La prima de navidad;
h) Los gastos de representación;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión,
dentro o fuera del país, cuando se hayan percibido por
un término no inferior a ciento ochenta (18 0) días en el
último año de servicio;
j) La prima de vacaciones.
Otras a) La asignación básica mensual señalada para el
prestaciones: respectivo cargo;
auxilios por b) Los incrementos por antigüedad:
enfermedad y c) La bonificación por servicios prestados;
maternidad, d) La prima de servicio;
indemnización por e) El subsidio de alimentación;
accidente de f) El auxilio de transporte;
trabajo y por g) La prima de vacaciones;
enfermedad h) Los gastos de representación.
profesional;
seguro por muerte
de que tratan los
decretos, 3135 de
1968, 1848 de
1969 y la
compensación en
caso de muerte
(art. 19)
De la anterior relación de factores dispuesta por el legislador
extraordinario, se advierte que ninguno de ellos incluyó la prima de
riesgo para efectos del cálculo de las demás prestaciones sociales.
Además, es posible identificar que no todas las prestaciones se
liquidan con idénticos factores, por ejemplo: los viáticos no se
toman en cuenta para calcular la p rima de navidad, las vacaciones,
la prima de vacaciones y otras prest aciones, al tiempo que sí se
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incluyen para las cesantías. Igualmente, para definir el valor de
algunas prestaciones se computan otras prestaciones, es así como
para las cesantías se computan las primas d e vaca ciones y de
navidad.
Así pues y de acuerdo con lo se ñalado en la sentencia de
unificación del 12 de mayo de 2022 14, se infiere que el legislador
reguló lo concerniente a la liquidación de prestaciones sociales, de
acuerdo con la contingencia que bus ca proteger, sin que exista un
único crite rio que limite su facultad e n esta materia, pues para el
efecto, no solamente integra factores salariales sino también puede
hacerlo con factores prestacionales. Esta decisión puede
concebirse como razonable y cong ruente con la pretensión de
brindar ese piso mínimo de protección a la seguridad social que
alude la jurisprudencia constitucional 15.
Igualmente, se colige que no es solo el concepto de salario
(entendido como todas las sumas que se devengan habitual y
periódicamente como contraprestación del servicio ) el que
determina los valores que se deben tomar para este efecto, pues
aquel resultaría excluyente, si se tiene en cuenta que también se
toman otros emolumentos que no remuneran la labor, sino que
tienen el propósito de ayudar a sufragar otras contingencias que se
pueden presentar durante la vinculación laboral.
Posteriormente, por disposición del Decreto 4057 del 31 de octubre
de 2011 16 se suprimió el DAS y sus funciones fueron asignadas a la
Unidad Adminis trativa Especial Mig ración Colombia, adscrita al
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la
Nación, al Ministe rio de Defensa Nacional -Policía Nacional y a la
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ -027-CE-
S2-2022 del 12 de mayo de 2022, radicado 05001 -33-33-000-2013-01009-
01(2263-2018), M.P. William Hernández Gómez.
15 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C - 2 4 4 d e 2 0 1 3 .
16 « P o r e l c u a l s e s u p r i m e e l D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o d e S e g u r i d a d ( D A S ) ,
se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones»
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Demandante: Carlos Arturo Grisales Montenegro
Unidad Administrativa denominada Unidad Nacional de Protección.
En consecuencia, se ordenó la incorporación de sus servidores a
estas últimas entidades, quienes quedaron cobijados por el régimen
salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal
que rija en el organismo receptor, con excepción de los que s e
vincularan al Min isterio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en
este caso su régimen salarial y prestacional sería el fijado por el
presidente de la República en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales (art ículo 7).
3.2 Sentencia de Unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del 12 de
mayo de 2022 17
La Sala de Sección concluyó que «las normas que han regulado el
carácter salarial d e la prima de rie sgo han evolucionado en la
ampliación de la seguridad social de sus beneficiarios. Es de
resaltar que, a partir del Decreto 1933 de 1989, aquella no fue
prevista en la base de liquidación de prestaciones sociales. Esta
exclusión se hizo expresa en los Decretos 1137 y 2646 de 1994. El
último de los mencionados decretos extendió el personal que
recibía este emolumento y, en principio, se encuentra enmarcado
en el literal j) del a rtículo 2 de la Ley 4 de 1992. Frente a esta norma
se mantiene la presunción de que su regulación se ha d esarrollado
de manera progresiva y gradual, en la medida de las p osibilidades
económicas que procuran los recursos públicos, dentro de los
parámetros de la misma Ley 4 de 1992, pues ello no se ha
desvirtuado».
Fijó la siguiente re gla de unificación:
17 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , s e n t e n c i a d e u n i f i c a c i ó n S U J - 0 2 7 - C E -
S2-2022 del 12 de mayo de 2022, radicado 05001 -33-33-000-2013-01009-
01(2263-2018), M.P. William Hernández Gómez.
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Radicación: 66001 23 33 000 2015 00432 01 (754-2018)
Demandante: Carlos Arturo Grisales Montenegro
De conf or m idad con lo dispuest o por los Decr et os 1137 y 2646 de
1994, la pr im a de r iesgo no es f act or salar ia l par a ef ect os de
liqu idar pr est acio ne s social es dif er ent e s a pensió n, en f avo r de los
ser vidor es que se desem peñar on en el Depar t am ent o Adm inist r at ivo
de Segur idad, DAS, hast a su supr esión, or denada por el Decr et o
4057 del 31 d e oct ubr e de 2011. Dic ho valor const it uye f act or
salar ia l par a t odos los ef ect os legales a par t ir de la incor por ación
de los ser vidor es del DAS a otr as ent idades u or ganism os
r ecept or es, com o consecuencia de lo pr evist o por el ar t í cul o 7 del
Decr et o 4057 del 31 de oct ubr e de 2011.
Y aclaró que «la expresión “diferente s a pensión” contenida en la
anterior regla obedece a que en esta providencia se estudia [la]
incidencia [de la prima de riesgo] en prestaciones sociales tales
como: cesantías, bo nificación por servicios prestados, prima de
navidad, prima de vacaciones, entre otras, salvo la p ensión. Lo
anterior, por cuanto dicha prestación amerita consideraciones
especiales y no fue objeto de discusión en el presente caso».
3.3. Caso concreto
En el caso del señor Carlos Art uro Grisales Mon tenegro se
encuentra acreditado lo siguiente:
➢ Por Resolución 643 del 25 de junio de 2008, la Directora del
Departamento Administrativo de Seguridad DAS ascendió al
demandante al cargo de Detective Especializado 206-13 de la
Planta Global – Área Operativa 18.
➢ A través de la Resolución 73 del 26 de enero de 2011, el
Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS
confirió una comisión especial de se rvicio al actor del 31 de
enero al 3 de febrero de 2011 para que viaje a la ciudad de
Panamá y participe en una mesa de trabajo 19.
18 Folios 165 a 168.
19 Folios 169 y 170.
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Demandante: Carlos Arturo Grisales Montenegro
➢ Mediante Resolución 3433 del 29 de diciembre de 2011, la
Fiscalía General de la Nación incorporó a varios servidores
públicos del DAS a su planta de personal, entre ellos, al
accionante al empleo de Investigador Criminalístico I d el CTI
Pereira 20.
➢ Por medio de la Resolución 469 del 1º de abril de 2014, la
Fiscalía General de la Nación incorporó a varios empleados a
la nueva planta de cargos de la entidad, entre ellos, al
demandante a la plaza de Técnico Investigador II del CTI
Risaralda 21.
➢ A través del O ficio E-2310,18 -201406712 del 16 de abril de
2014, el Subdirector de Talento Humano del DAS en Proceso
de Sucesión no reconoció la prima de riesgo como factor
salarial en la liquidación de las prestaciones legales de sus
funcionarios 22.
➢ Vía certificación del 27 de febrero de 2015, el Archivo
General de la Nación hizo constar qu e el actor laboró en el DAS
«desde el 13 de noviembre de 1992 hasta el 31 de diciembre
de 2011, desempeñando como último cargo DETECTIVE
PROFESIONAL 207-09, asignad o a la Seccional Risaralda , en
calidad de EMPLEADO PÚLICO [...] Igualmente devengó una
Prima Especial de Riesgo del 35% sobre la Asignación Básica
Mensual, según el Artículo 1º del Decreto 2646 del 29 de
noviembre de 1994» 23.
El demandante solicitó que se revoque la decisión del a quo para,
en su lugar, acceder a las pretensiones . Afirmó que «tiene derecho
a que le sea reconocida la prima de riesgo como factor salarial ».
20 Folios 171 a 173.
21 Folios 174 a 177.
22 Folios 4 y 5,
23 Folio 55.
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Radicación: 66001 23 33 000 2015 00432 01 (754-2018)
Demandante: Carlos Arturo Grisales Montenegro
De conformidad con lo expuesto y en aplicación de la reg la de
unificación fijada e n la sentencia del 12 de mayo de 2022 , se tiene
que la prima de rie sgo no constituye factor salaria l para liquidar las
prestaciones sociales de los servidores que se desempeñaron en el
DAS antes de su supresión.
Como se dijo en d icho pronunciamiento , el ejecutivo tenía la
potestad de disponer que algún factor en particular no sea incluido
en la liquidación de las prestaciones sociales, a través de los actos
que los regulan. Este entendimiento fue avalado por la Corte
Constituciona l, la cual destacó que por ese solo h echo no se
pueden entender vulnerados los derechos de sus destinatarios.
Adicionalmente, la disposición contenida en la norma cuya
inaplicación se pre tende mantiene la presunción de legalidad y con
ello es plausible co ncluir que no se ha desvirtuado hasta el
momento que aquella se expidió de acuerdo con los principios y
criterios señalados por la Ley 4 de 1992 que incluyen el de la
sujeción al marco de la política macroeconómica y fiscal, así como
la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad.
Así las cosas , la noción de salario no limita esta facultad reguladora
del Gobierno ni es admisible sost ener que este concepto se
desconoce en su ejercicio cuando señala que determinado
emolumento esté excluido d el cómputo de la liquidación de
prestaciones sociales. Este entendimiento se acompasa con la
interpretación que el Consejo de Estado ha venido impartiendo al
estudiar la inciden cia prestacional de los emolumentos que reciben
los servidores públicos 24.
24 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 28 de agosto de 2018, radicación: 52001 -23-33-000-2012-00143-01.
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Radicación: 66001 23 33 000 2015 00432 01 (754-2018)
Demandante: Carlos Arturo Grisales Montenegro
Por lo expuesto, resulta claro que el señor Carlos A rturo Grisales
Montenegro no tiene derecho a que la prima de riesgo sea incluida
en la liquidación de las prestaciones sociales .
En esa medida, se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda .
4. Condena en costas de segunda instancia
No se condenará en costas en esta instancia, toda vez que la
decisión que aquí se adopta es fruto de lo dispuesto en la regla
jurisprudencial tra zada en las sentencias de unif icació n del 1 2 de
mayo de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.
F A L L A:
PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 30 de octubre de 2017,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, qu e negó las
pretensiones de la demanda presentada por el señor Ca rlos Artu ro
Montenegro contra la Fiduprevisora S.A., de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente
sentencia.
SEGUNDO. Desvincular de la p resente actuación judicial a la
Fiscalía General d e la Nación, de acuerdo con lo señalado en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO. NO CO NDENAR en costas al demandante .
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Demandante: Carlos Arturo Grisales Montenegro
CUARTO. En firme esta decisión devolver el expediente al Tribunal
de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el programa
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha .
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAE L FRANCIS CO SUÁREZ V ARGAS
Consejero de Estado
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