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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00466-03

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2015-00466-03

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra el señor Pedro Nel Ramírez Toro. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. 16 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 17 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» 15 Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021) Demandante: UGPP Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2015-00466-03

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

1 de diciembre de 2022

1
Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., primero (1.°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Demandado: PEDRO NEL RAMÍREZ TORO

Temas: Lesividad. Reliquidación pensión de jubilación con
inclusión del 100 % de la bonificación por servicios.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-206-2022

ASUNTO

La Subsección A decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, formuló en
síntesis las siguientes:

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por
la autoridad demandante:

• Resolución 2128 del 31 de enero de 2008 que reconoció una pensión
de vejez a favor del señor Pedro Nel Ramírez Toro, en una cuantía
inicial de $6.128.665,31 efectiva a partir del 7 de noviembre de 2007,
condicionada al retiro definitivo del servicio oficial.

1
En adelante UGPP.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
3
Índice 2 del registro de SAMAI.

2
Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

• Resolución 29750 del 4 de julio de 2008 por medio de la cual se dio
cumplimiento a un fallo de tutela proferido el 29 de febrero de 2008 por
el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, que ordenó la
reliquidación de la pensión del demandado, cuya cuantía fue elevada
a una suma de $11.203.019,69 con efectos fiscales desde el 1.° de
abril de 2008 y condicionada al retiro definitivo del servicio oficial.

• Resolución PAP032349 del 30 de diciembre de 2010 a través de la cual
se reliquidó el beneficio pensional del señor Ramírez Toro con la
inclusión del 100 % de la bonificación por servicios prestados, para una
cuantía final de la prestación de $11.537.500 efectiva a partir del 1.° de
abril de 2008; ello en acatamiento de un fallo de tutela proferido por el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento
del derecho se ordene al señor Pedro Nel Ramírez Toro reintegrar a favor
de la UGPP la totalidad de las sumas pagadas por concepto de
reliquidación pensional en la que se incluyó el 100 % de la bonificación por
servicios. Valores que deberán ser indexados desde el momento de su
causación y hasta la fecha en que se haga efectivo el desembolso.

3. Declarar que al demandado no le asiste el derecho de que la UGPP
reconozca la pensión de jubilación de la referencia, al no tener competencia
para ello.

Supuestos fácticos relevantes4

1. El señor Pedro Nel Ramírez Toro nació el 28 de junio de 1951 y prestó sus
servicios a la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación en un período
comprendido entre el 5 de abril de 1976 y el 31 de marzo de 2009. Su último
cargo desempeñado fue el de magistrado de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Pereira.

2. Mediante Resolución 2128 del 31 de enero de 2009, la extinta Cajanal
ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor del
demandado, en una cuantía de $6.128.665,31, efectiva a partir del 7 de
noviembre de 2007 y su goce quedó supeditado al retiro definitivo del
servicio oficial.

3. De manera posterior, fue expedida la Resolución 29750 del 4 de julio de
2008 que dio cumplimiento al fallo de tutela emitido por el Juzgado Trece
Laboral del Circuito de Bogotá del 29 de febrero de la citada anualidad, en
el sentido de reliquidar la prestación del demandado, cuya cuantía se elevó
a una suma de $11.203.019,69, efectiva desde el 1.° de abril de 2008 y
condicionada al retiro definitivo del servicio.

4. La Resolución 08073 del 23 de febrero de 2009 negó la reliquidación de la
pensión en los términos instados por la parte pasiva, en punto a que se
tuviera en cuenta el 100 % de la bonificación por servicios devengada
durante el último año de labor.

5. Fue emitida la Resolución PAP032349 del 30 de diciembre de 2010 que
ordenó el recalculo de la pensión de vejez en cumplimiento de un fallo de
4
Ibidem.

3
Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

tutela del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, con la inclusión
de la totalidad de los factores salariales devengados, así como el 100 % de
la bonificación por servicios, para un monto total de la mesada pensional
de $11.537.500.

6. Por su parte, la Resolución RDP003229 del 29 de mayo de 2012 negó una
nueva solicitud de reliquidación pensional, al considerar que al demandado
no le asiste el derecho de devengar una pensión de vejez que exceda los
25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 24 de enero de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

« Procede el Despacho a efectuar el análisis previsto en el numeral 6o del artículo
180 del C.P.A.C.A en consonancia con el canon 100 del C.G.P, atendiendo que el
apoderado del vinculado formuló las excepciones de «caducidad», «prescripción»,
«acto de ejecución no sujeto a control judicial», «carencia del agotamiento del
procedimiento previo, solicitud de autorización del beneficiario para revocar el
acto», «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, ausencia de
conciliación prejudicial», bajo la premisa de la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal, y que indudablemente no es la denominación que le asigne la parte
vinculada la que caracteriza una excepción, sino los elementos que la identifican
como tal, de ahí que la excepción de «acto de ejecución no sujeto a control judicial»
sí sea una verdadera excepción previa, como es la de ineptitud de la demanda
prevista en los artículos 100 numeral 5odel CGP y 169 numeral 3odel la Ley 1437
de 2011, por lo tanto es este el momento procesal para resolverla.

2.1. Respecto a la excepción de «caducidad», se precisa que la misma no tiene
vocación de prosperidad pues de acuerdo con el artículo 164 del CPACA numeral
1 literal c, la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija
contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas, y como quiera que en el presente asunto se pretende la declaratoria de
nulidad del acto por medio del cual se reliquida una pensión de vejez, se entiende
que la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo, de lo que se concluye
que no hay caducidad de la acción como lo expone el vinculado.

4
Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

En ese sentido no comparte el suscrito Magistrado, el término de caducidad que
propone el apoderado judicial del tercero vinculado, por cuanto los actos
administrativos acusados, de manera general, dispusieron el reconocimiento y la
reliquidación de la pensión de vejez reconocida a favor del señor Pedro Nel
Ramírez Toro, es decir, el estudio comprende pretensiones de tracto sucesivo, que
recaen sobre derechos inciertos y discutibles, por lo tanto las mismas se causan
conforme el paso del tiempo y corresponde en esta oportunidad al Tribunal estudiar
los fundamentos legales que motivaron su expedición y si las mismas deben o no
permanecer en el mundo jurídico.
[…]

2.2. Frente a la excepción de «prescripción» […] la actitud que asume el Despacho
no es otra que darle aplicación al reciente pronunciamiento del Consejo de Estado
citado en precedencia, y a los principios de celeridad, economía procesal y eficacia
en la aplicación de justicia en los que se cimenta nuestro ordenamiento jurídico
vigente, y en consecuencia, se diferirá para el fallo el pronunciamiento respecto a
la excepción de prescripción conforme lo dispone el artículo 187 inciso 2 de la Ley
1437 de 2011
[…]

2.3. Respecto de la excepción de fondo que el vinculado denominó «acto de
ejecución no sujeto a control judicial», considera el Despacho que por su contenido
debe ser analizado en esta etapa procesal:
[…]

«Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en
cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en
que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante,
es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos
fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las
demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la
legalidad o no. De allí que si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de
acto de ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden
fue impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de
la acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho. En esas condiciones, la Entidad
solamente contaba con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para
controvertir la legalidad del acto que ella misma expidió, y al haber rechazado la
demanda con el argumento de que el acto administrativo no es demandable,
vulneró los derechos de la entidad demandante, cercenándole la oportunidad de
controvertir en sede judicial la legalidad del acto que ella misma expidió».

Por las razones expuestas, la excepción «acto de ejecución no sujeto a control
judicial», tampoco está llamada a prosperar.

2.4. El vinculado propuso además las que denominó: «carencia del agotamiento
de procedimiento previo, solicitud de autorización del beneficiario para revocar el
acto» e «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, ausencia de
conciliación prejudicial»;
[…]

Ahora, si bien el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en su inciso 2o, indica que si
el titular «niega» su consentimiento y la autoridad considera que el acto es
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, es lo cierto que no es necesario aducir en la demanda
en forma expresa la negación del consentimiento del titular del derecho o de la
situación jurídica, pues tal requisito no está establecido legalmente, amén que no
procede una interpretación simplemente literal de ese dispositivo normativo sino

5
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Demandante: UGPP

que esa negación es equivalente a la no obtención del referido consentimiento, ya
que de ser así la posibilidad de demandar el propio acto por parte de una entidad
pública quedaría sujeta a la voluntad del administrado y se perdería el efecto útil
de esta norma.

Argumentos que se tornan suficientes para declarar no probadas las excepciones
propuestas.

2.5. Igualmente, el vinculado formuló la excepción «presunción de legalidad»,
respecto de la cual, estima el Despacho que dicho medio de defensa no constituye
excepción que tenga el carácter de previa, de las señaladas en el artículo 100
C.G.P. ni en el 180 numeral 6 de la Ley 1437 de 2011, lo anterior sin perjuicio del
pronunciamiento que este medio exceptivo amerite en la sentencia. […]». (Índice
2 del registro de SAMAI).

Se notificó la decisión en estrados y la parte demandada interpuso recurso de
apelación el cual fue concedido en audiencia inicial, cuyo conocimiento le
correspondió al Despacho del presente magistrado ponente, el cual mediante
auto del 4 de mayo de 20205 resolvió confirmar la providencia impugnada en
cuanto declaró no probadas las excepciones propuestas por el señor Ramírez
Toro.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

En el presente asunto no hubo fijación del litigio por cuanto no se reanudó el
trámite de la audiencia inicial, ello en aplicación del artículo 13 del Decreto
Legislativo 806 de 2020, ello con el fin de correr traslado para alegar de
conclusión y proferir sentencia anticipada por tratarse de un litigio de pleno
derecho sin pruebas pendientes para practicar, según se advierte en
providencia del 19 de noviembre de 2020, visible a índice 2 del registro de
SAMAI.

SENTENCIA APELADA6

El a quo profirió sentencia escrita el 16 de diciembre de 2020, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la entidad demandante con
fundamento en las siguientes consideraciones:

Inicialmente hizo referencia al proceso de creación y liquidación tanto del
extinto ISS (hoy Colpensiones) como de Cajanal (hoy UGPP), específicamente
en punto a la asunción del reconocimiento de pensiones. Luego de ello,
concluyó que los afiliados que estuvieren realizando sus cotizaciones ante la
entidad libelista al 1.° de julio de 2009 debían ser trasladados al ISS para que
fuese dicha administradora la que continuara con la obligación a cargo, no
obstante, respecto de quienes ya hubiesen causado su derecho, es decir, que
cumplieron con los presupuestos de edad y tiempo de servicio para obtener la
pensión de jubilación, sería la UGPP quien asumiría la carga del otorgamiento
del derecho económico.

De otro lado, se remitió a la Ley 100 de 1993 a fin de exponer la integración
del sistema de seguridad social en pensiones que se llevó a cabo con la
expedición de dicha normativa. En este punto resaltó que el Régimen de Prima

5
Índice 2 del registro de SAMAI.
6
Ibidem.

6
Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

Media con Prestación Definida es un único fondo de naturaleza pública
administrado por Colpensiones, en virtud del cual el Estado es el garante de
los beneficios pensionales.

Acto seguido, procedió a efectuar un análisis de las pruebas arrimadas al
plenario para determinar que, al margen de que el señor Ramírez Toro hubiere
efectuado sus aportes con destino a pensión en sendas cajas de previsión
social, tales como Cajanal, Colpatria, BBVA Horizonte y el ISS, lo cierto es que
cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 aquel se encontraba afiliado al
RPMPD. Agregó que es obligación de las entidades administradoras transferir
los recursos correspondientes a la UGPP o contribuir con esta en la proporción
que sea pertinente para la financiación de la pensión de jubilación del
demandado.

Bajo dicha intelección, sostuvo que el derecho fundamental del demandado no
se puede ver afectado por la falta de coordinación de la información y demás
posibles razones por las cuales le fue reconocida la pensión de jubilación a
cargo de la UGPP, por lo que estimó que no tenía vocación de prosperidad
esta pretensión formulada en la demanda, aunado el hecho de que el mentado
ente de previsión cuenta con las herramientas jurídicas y administrativas para
adelantar las gestiones necesarias para reclamar los aportes efectuados por
el pensionado ante otras AFP.

Ahora bien, el a quo se remitió al Decreto 546 de 1971 que en su artículo 6.°
previó el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público. Ello para señalar
más adelante que la Sección Segunda del Consejo de Estado definió la forma
de calcularse el ingreso base de liquidación de la pensión, en el sentido de
aclarar que las prestaciones anuales se liquidarían por doceavas partes más
no teniendo en cuenta el 100 % del valor devengado.

Citó sendos apartes jurisprudenciales a fin de soportar la tesis sostenida, y
adicionalmente recordó que el artículo 12 del Decreto 717 de 1978 consagró
cuáles serían los factores de salario además de la asignación básica. En estos
términos, concluyó que aquellos emolumentos causados anualmente o en
períodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva
inclusión en el cálculo de la pensión; caso de la bonificación por servicios
prestados que corresponde a un concepto que remunera la acumulación del
tiempo de servicio del empleado y que se causa cada vez que cumple un año
de labor.

En estos términos, consideró la decisión de tutela que resolvió que la
bonificación por servicios prestados debía computarse en una cuantía de un
100 %, ha sido catalogada por el Consejo de Estado como un defecto
sustantivo por errónea interpretación de la norma jurídica, postura la cual
guarda asidero jurídico en el artículo 45 del Decreto 1042 de 1978.

En consonancia con lo expuesto, estimó procedente la declaratoria de nulidad
de la Resolución PAP032349 del 30 de diciembre de 2010 en cuanto la misma
resulta contraria al ordenamiento jurídico respecto de la forma como fue
liquidada la bonificación por servicios, además que no podría predicarse la
existencia de un derecho adquirido o situación jurídica consolidada por cuanto
el reconocimiento de la prestación tuvo en cuenta el 100 % del emolumento
en mención.

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Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

Finalmente, precisó que no procedía el reintegro de las sumas pagadas en
exceso inicialmente al señor Ramírez Toro al considerar que no se demostró
que aquel hubiera incurrido en comportamientos deshonestos, en actos
dolosos o de mala fe para obtener el derecho pretendido; si además se tiene
en cuenta que la reliquidación de su pensión se generó con ocasión de la
interpretación errónea por parte del juez de tutela, lo que de ninguna manera
denota una actuación maliciosa o temeraria por parte del titular del derecho.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente manera: i)
declaró la nulidad de la Resolución PAP032349 del 30 de diciembre de 2010
que reliquidó la pensión de jubilación de Pedro Nel Ramírez Toro; ii) a título de
restablecimiento del derecho, declaró que al demandado no le asiste el
derecho al reconocimiento de la bonificación por servicios liquidada en un 100
% sino en una doceava parte, como factor salarial para determinar el IBL de la
prestación, y; iii) denegó las demás pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN7

La parte demandada presentó recurso de apelación contra el fallo de primera
instancia y solicitó que este sea recovado al plantear que desde la creación de
la bonificación por servicios prestados para los servidores de la Rama Judicial,
al igual que según los Decretos 247 de 1997 y 1042 de 1978, no se determinó
el monto que debe tenerse en cuenta para la inclusión del mismo en la
liquidación de las pensiones. De ello que para lo propio se ha acudido a la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de los tribunales contenciosos
administrativos que ha permitido el cálculo del 100 % de dicho factor salarial
para efectos prestacionales.

De otro lado, sostuvo que si de las diversas interpretaciones que se derivan
de una disposición legal por parte del juez de tutela, este asume una
intelección que favorece al pensionado, dicha decisión no puede catalogarse
como violatoria de la norma, al tratarse de un juicio concreto en el que se
confronta el contenido de un precepto legal con una situación material.

Continuó su razonamiento al esbozar que el alcance del contexto
constitucional que fija la Corte Constitucional y el juez de tutela sobre los
derechos, como en el caso de marras, debe extenderse hacia los procesos
“contenciosos ordinarios”, dado que no existe motivo que justifique un trato
diferente en la interpretación de la norma.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

UGPP8: manifestó que si bien es cierto que el señor Ramírez Toro al 1.° de
abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y más de 20 años de
servicio, motivo por el cual se hizo beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también lo es que tan solo cotizó a la extinta
Cajanal desde el 5 de abril de 1976 al 7 de septiembre de 1998 y que de
manera posterior se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad,

7
Ibidem.
8
Índice 20 del registro de SAMAI.

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Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

por lo que, de conformidad con los artículos 4 y 34 del Decreto 692 de 1994,
perdió la oportunidad de regresar como afiliado a la entidad libelista.

Continuó su argumentación al citar sendos apartes normativos y
jurisprudenciales respecto a la naturaleza de la bonificación por servicios
prestados, para ilustrar que esta únicamente puede ser incluida en una
doceava parte para efectos prestacionales.

Ministerio público9: la Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de
Estado emitió concepto a través del cual solicitó confirmar la sentencia
impugnada en cuanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
al argumentar que, de conformidad con las normativas y materia
jurisprudencial que regula la bonificación por servicios prestados, esta debe
ser incluida en una doceava parte para efectos de liquidar la pensión de
jubilación y no sobre el 100 %, habida cuenta de que este es un concepto que
se percibe de manera anual.

La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal de conformidad
con la constancia secretarial visible a índice 22 del registro de SAMAI.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
planteamientos expuestos en el recurso de apelación, el cual en el presente
caso únicamente fue interpuesto por la parte demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en la siguiente pregunta:

¿El señor Pedro Nel Ramírez Toro, en su calidad de ex empleado de la Rama
Judicial y Fiscalía General de la Nación, tiene derecho a que se reliquide su
pensión de jubilación con el cómputo del 100 % de lo devengado por concepto
bonificación por servicios prestados?

Al respecto, la Subsección sostendrá como tesis: al demandado no le asiste el
derecho a la inclusión de la bonificación por servicios prestados en un 100 %
de su valor para calcular su pensión, por cuanto ésta debe computarse en una
doceava parte, con base en los argumentos que proceden a explicarse:

Bonificación por servicios prestados

El Decreto Ley 1042 de 1978 por medio del cual se fijó el régimen salarial de
los empleados del orden nacional (Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades
9
Índice 21 del registro de SAMAI.

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Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

Administrativas Especiales) creó la bonificación por servicios en los siguientes
términos:

«[…] Artículo 45. A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación
por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1.º.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un
año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un
funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1.º de
este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos
del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de
continuidad en el servicio. Se entenderá que hay solución de continuidad si entre
el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días
hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.

Artículo 46. De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La
bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que
trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1.º de este decreto, será
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación
básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que
correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla,
siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación
básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos
($100.750).

Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de
salario señalados en el inciso anterior.

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio10.
[…]».

Por su parte, el Decreto 247 de 1997, consagró la bonificación por servicios
para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en los siguientes
términos:

«[…] Artículo 1. Créase la bonificación por servicios prestados para los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía
General de la Nación, Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial,
Consejos Seccionales de la Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y
la Justicia Penal Militar, en los mismos términos establecidos en los artículos 45 y
siguientes del Decreto-ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o
adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997.

La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de
determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de
vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones. […]».

Asimismo, respecto a la bonificación por servicios prestados para los
funcionarios de la Rama Judicial, esta Sección Segunda ha señalado11:

10
Modificado por el Decreto 10 de 1989 en el sentido de suprimir el último inciso para desarrollarlo en
un artículo denominado «Del cómputo del tiempo para la bonificación por servicios prestados»
11
i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 6 de febrero de 2008, número interno 0640-2008; ii) Consejo de Estado, Sala de lo

10
Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

i) La bonificación por servicios prestados constituye factor salarial para efectos
pensionales;

ii) Se causa cada vez que el servidor cumple un año continuo de labor en una
misma entidad oficial;

iii) Pero ello no quiere decir que sea por el valor total porque el monto de la
pensión se calcula en mesadas;

iv) Una vez se determinan los factores salariales devengados se calcula el
valor mensual de cada uno (doceavas), a efectos de determinar la mesada
pensional.

Conforme a las disposiciones normativas y jurisprudenciales precitadas que
abarcan la materia, es dable afirmar que para efectos pensionales el cómputo
de bonificación por servicios debe realizarse como se computan los demás
rubros, esto es, en una doceava, por tanto, los factores salariales devengados,
son calculados en esta misma proporción.

La anterior tesis ha sido sostenida por el Consejo de Estado en la sentencia
que reafirmó el reconocimiento de la referida prestación en una doceava parte
así12:

«[…] Sea la oportunidad para mencionar, que el factor de bonificación por servicios
se reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un año continuo de labor
en una misma entidad oficial, es decir que el derecho a su reconocimiento se causa
cada vez que aquél cumple un año de servicios y, por lo tanto, el cómputo de este
factor para efectos de determinar la cuantía de la pensión debe hacerse en una
doceava parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago se hace de
manera anual. […]».

Dicha posición fue reiterada por esta Sección Segunda en sentencia del 10 de
mayo de 2018, en la que se sostuvo13:

«[…] En virtud de lo expuesto, se encuentra claramente establecido que la
bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe hacerse en
una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido por ese concepto, en
consideración a que su pago se hace de manera anual y la mesada pensional se
calcula con la proporción mensual de todos los factores salariales devengados en
el último año, conforme lo señala el artículo 12 del Decreto 717 de 1978. […]».

De acuerdo con lo anterior, es pacífica la jurisprudencia en el sentido de
asociar la noción de factor de salario al ingreso base de liquidación pensional,
de tal forma que se contempló además que aquellos causados anualmente, o
en periodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva
inclusión; caso de la bonificación por servicios prestados14, que corresponde

Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2014,
número interno 1896-2013.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia de 7 de
febrero de 2013, radicación: 05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12), demandante: Martha Lucía
López Mora.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A. Radicación número: 05001-23-33-000-2012-
00767-02(2525-17).
14
Ver Decreto 1042 de 1978 y Decreto 247 de 1997.

11
Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

a una prestación que remunera la acumulación del tiempo de servicio del
empleado, y que se causa cada vez que cumple un año de labores.

En este sentido, es viable afirmar que un acto administrativo adolece de
ilegalidad, entre otras, por infringir las normas en que debía fundarse,
entendida la norma no sólo como el enunciado contenido en una ley, sino
también su debida interpretación autorizada por el máximo órgano judicial de
cierre a través de una línea hermenéutica consistente expresada por medio de
sus proveídos, tal como se precisó anteriormente.

De conformidad con el marco legal y jurisprudencial de la referencia, la Sala
advierte que en atención al material probatorio recaudado y practicado a lo
largo del proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:

• Constancia emitida el 28 de junio de 2006 por la Dirección Ejecutiva del
Consejo Superior de la Judicatura, del cual se desprende que el
demandado devengó los siguientes emolumentos entre las vigencias 1994
a 2006: sueldo básico, prima especial de servicios, gastos de
representación, bonificación por compensación, bonificación por gestión
judicial, prima de nivelación, prima de servicios, vacaciones, prima de
vacaciones, prima de navidad y bonificación por servicios prestados (índice
2 del registro de SAMAI).

• Resolución 02128 del 31 de enero de 2008 proferida por la extinta Cajanal
EICE (hoy UGPP) que ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación a favor del señor Pedro Nel Ramírez Toro, al haberse hecho
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y en aplicación del Decreto 546 de 1971; ello en una cuantía de
$6.128.665,31, efectiva a partir del 17 de noviembre de 2007, cuyo goce
quedó supeditado al retiro definitivo del servicio.

Para el efecto, tuvo en cuenta los siguientes factores salariales al momento
de la liquidación: asignación básica, bonificación por servicios, bonificación
por gestión judicial, prima especial, bonificación por compensación, prima
de nivelación (ibidem).

• Resolución 29750 del 4 de julio de 2008 que dio cumplimiento al fallo de
tutela del 15 de mayo de la misma anualidad proferido por el Juzgado Trece
Laboral del Circuito de Bogotá, a través de la cual se ordenó una nueva
reliquidación de la pensión de jubilación del demandado, teniendo en
cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último
año de servicio. La cuantía de la prestación se elevó a la suma de
$11.203.019,69 efectiva desde el 1.° de abril de 2008, condicionada al
retiro definitivo del servicio (ibidem).

• Fue expedida la Resolución 08073 del 23 de febrero de 2009 que desató
de manera negativa una solicitud de reliquidación pensional con inclusión
del 100 % de la bonificación por servicios prestados presentada por la parte
pasiva del litigio (ibidem).

• A través de la Resolución PAP032349 del 30 de diciembre de 2010 se dio
cumplimiento al fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2009 por el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, en cuanto ordenó la reliquidación
de la pensión del señor Ramírez Toro en virtud del 100 % de la bonificación

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Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

por servicios prestados devengada en el último año de servicio, en los
siguientes términos:

«[…] Que laboró un total de: 11433 días.

[…]

Que adquirió el status jurídico el 26 de junio de 2006.

Que dando cumplimiento al fallo proferido por el JUZGADO CUARTO LABORAL
DEL CIRCUITO, se reliquidará la pensión de vejez de el peticionario, en cuantía
equivalente al 75% del salario más alto devengado durante el último año de
servicios, con las doceavas partes de las primas de servicios, de vacaciones,
navidad y el 100% de la Bonificación por servicios prestados […]

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Dar cumplimiento a un fallo de tutela, proferido por el
JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO y en consecuencia reliquidar la
pensión de vejez del señor PEDRO NEL RAMÍREZ TORO ya identificado,
elevando la cuantía de la misma a la suma de ($11.537.500) ONCE MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS M/CTE, efectiva a partir del
1 de abril de 2008. […]» (ibidem).

De conformidad con la anterior relación probatoria, se encuentra demostrado
que la Resolución PAP032349 del 30 de diciembre de 2010 fue expedida en
cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Pereira el 6 de julio de 2009, el cual conminaba a la extinta Cajanal
(hoy UGPP) a reliquidar la pensión de jubilación del señor Pedro Nel Ramírez
Toro con la inclusión del 100 % de la bonificación por servicios prestados que
aquel devengó durante su último año de servicio.

Pues bien, en atención a que la UGPP acató la orden contenida en la sentencia
de tutela respecto a la inclusión de la bonificación por servicios prestados en
un 100 % para el cálculo de la pensión, es dable estimar que el acto
administrativo de la referencia adolece de nulidad pues, según el marco legal
que regula la materia y la jurisprudencia vigente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, resulta ostensible que la reliquidación pensional con el
cómputo de la bonificación por servicios prestados en su valor total va en
contravía del ordenamiento jurídico.

Lo anterior justamente porque, como se ha sostenido líneas atrás, la
bonificación por servicios al momento del cálculo de la pensión debe ser
incluida en una doceava parte y no sobre el 100 % de la suma percibida por
dicho concepto, en consideración a que su pago se realiza de manera anual,
conforme lo señala el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, y el cálculo de la
pensión de jubilación se efectúa sobre el promedio mensual de lo percibido.

Bajo dicha intelección, se observa que de manera injustificada se ordenó la
inclusión total de la bonificación por servicios prestados que había devengado
el señor Ramírez Toro dentro del promedio salarial percibido durante el último
año de servicio, cuando por la naturaleza y causación de tal factor, debió
fraccionarse en una doceava parte.

Adicionalmente, en consideración a que con la expedición del acto
administrativo demandado se adjudicó un derecho económico de carácter

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Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

pensional que genera una afectación significativa al patrimonio público, por
existir contradicción entre lo ordenado por la resolución cuestionada y lo
preceptuado tanto en las normas como la jurisprudencia que se invocan como
vulneradas en el libelo introductor, se advierte la configuración de una
situación irregular que enerva la presunción de legalidad de dicha decisión y
trae consigo su nulidad, esto al menos parcialmente, como se declaró en
primera instancia.

Por consiguiente, esta Subsección considera que el a quo no incurrió en
ningún desacierto interpretativo al momento de estudiar la tesis de la demanda
y acceder parcialmente a las pretensiones de la misma, en punto a declarar la
nulidad de los actos administrativos que ordenaron la reliquidación de la
pensión de jubilación del demandado con la inclusión del 100 % de la
bonificación por servicios prestados, pues aquella únicamente puede ser
tenida en cuenta en una doceava parte para los efectos prestacionales,
conforme quedó expuesto en precedencia.

En conclusión: el señor Pedro Nel Ramírez Toro no tiene derecho a que su
pensión de jubilación sea liquidada con el cómputo del 100 % del valor de la
bonificación por servicios prestados, toda vez que este factor debe ser
calculado e incluido en una doceava parte por su percepción anual y en razón
a que el beneficio pensional en comento se determina con base en un ingreso
promedio mensual; no como se ordenó en la Resolución PAP032349 del 30
de diciembre de 2010, al margen de que esta se hubiese emitido en
cumplimiento de un fallo de tutela.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden, se confirmará la sentencia proferida el 16 de
diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera
de Decisión, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
habida cuenta de que no prosperaron los argumentos del recurso de apelación
interpuesto por el demandado.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201615, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente

15
Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

14
Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP16, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público17, tal como
acontece en el presente caso en el que una entidad estatal promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad con el fin de proteger el erario, por lo que no hay lugar a que esta
condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad
de lesividad promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, contra el señor
Pedro Nel Ramírez Toro.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

16
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
17
Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

15
Radicado: 66001-23-33-000-2015-00466-03 (1869-2021)
Demandante: UGPP

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión

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