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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00025-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00025-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVO CAR la sentencia del 27 de julio de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , q ue accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por la señora OLGA RAMÍREZ HORTA y, en su lugar, SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante conforme lo dispuesto en la parte considerativa de esta sentencia. 22 « 4 . Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias » 23 « 8 . S o l o h a b r á l u g a r a c o s t a s c u a n d o e n e l e x p e d i e n t e a p a r e z c a q u e s e c a u s a r o n y e n l a medida de su comprobación». 22 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7-65 - Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 66001 2333 000 2016 00025 01 (1078-2019) Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA CUARTO: En firm e esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de orige n y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00025-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

26 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación : 66001 23 33 000 2016 00025 01 (1078-2018)
Demandante : OLGA RAMÍREZ HO RTA
Demandado: MUNICIPIO DE PEREI RA
Tema: Contrato realidad - existencia de la relación laboral

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA / LEY 1437 DE 2011

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide los recurso s de apelación interpuesto s por las partes contra
la sentencia del 27 de julio de 20 18 , proferida por el Tribunal
Administrativo de Risa ralda que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 1

La señora OLGA RAMÍREZ HORTA , f ormuló demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 1 38 del Código de Pro cedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra el
Municipio de Pe reira , para lo cual formuló las siguientes
pretensiones:

1
Fs 10 A 24 del expediente

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 2333 000 2016 00025 01 (1078-2019)
Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

La nulidad del acto administrativo No 21534 de 3 de junio de 2015
expedido por la secretaría de Educación del Municipio de Pereira ,
que le negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral
y el consecuente pago de los derechos laborales derivados de esta .

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se (i) decla re
la existencia de una relación laboral entre las partes, sin solución
de continuidad por el período comprendido entre el 5 de junio de
2002 hasta la fecha de la sentencia, en el evento en que continúe
laborando , y (ii) ordene el reconocimiento de prestaciones sociales .

1.2. Fundamentos fácticos

La señora OLGA RAMÍREZ HORTA relató que suscrib ió contrato s
de prestación de servicios desde el 5 de junio de 2002 en diferentes
instituciones educativas del municipio de Pereira como auxiliar de
servicios generales y aseo.

Las funciones desarrolladas eran prestar los se rvicios de aseo a las
instalaciones, mueble s, planta física y dar apoyo operativo y
asistencial.

Mediante Oficio No. 21534 de 3 de junio de 2015 el secretario de
Educación del municipio de Pereira negó la reclamación con
fundamento en la inexistencia de una relación laboral.

1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación.

La demandante invocó como normas violadas los artícu los 1, 2, 4,
25, 48, 53 y 209 de la Constitución Política ; los Decre tos 3135 de
1968, 3148 de 1968 y 1045 de 1978 ; y la Ley 6 de 1945 y demás
normas concordantes.

Al exponer el concepto de violación aseveró que la entidad
accionada desconoc ió la reiterada jurisprudencia d e la Corte
2
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 2333 000 2016 00025 01 (1078-2019)
Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

Constitucional 2 y de esta Corporación 3 y con ello la primacía de la
realidad sobre las formas, pues desdibujó una verdadera relación
laboral al pactar, mediante órdenes de prestación de servicios, la
ejecución permanente de funciones propias de un a empleada de
planta.

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA

El municipio de Pereira 4 se opuso a las pretensio nes de la
demanda con sustento en las siguientes razones de defensa :

Sostuvo que, entre la demandante y ese ente territorial , existieron
unos contratos de prestación de servicios para ejecutar labores de
aseo y servicios generales en las instituciones educativas
asignadas, en los cuales, no hubo subordinación ni continuidad, en
el entendido que siempre concurrió interrupción entre estos.
Tampoco se le pagó un salario sino lo s honorarios correspondientes
al contrato y no tuvo jefes inmed iatos, se realizaron intervenciones
y coordinaciones por los rectores para verificar el cumplimiento de
las obligaciones contraídas.

Formuló como excepciones las de (i) inexistencia de causa para
demandar y cobro de lo no debido, toda vez que no se adeuda
ninguna acreencia que tenga como causa un vínculo laboral y (ii)
prescripción de las prestaciones reclamadas, porque transcurrie ron
más de tres añ os desde la suscripción de los contratos hasta la
reclamación en sede administrativa.

3. AUDIENCI A INI CIAL

El 19 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo d e Risaralda
celebró audiencia inicial 5 en la que se declaró saneado el proceso

2
Sentencia C-154 de 1997.
3
Sentencias de 25 de enero de 2001, expediente 1654 -2000, y 18 de noviembre de 2009,
expediente J0039, ambas del C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda; 7 de septiembre de 2006,
expediente 05001-23-31-000-2000-04732-01 (7979-05), C. P. Alberto Arango Mantilla; 16 de
octubre de 2008, expediente 4085, C. P. Alfonso Vargas Rincón; y 19 de febrero de 2009,
expediente 73001-23-31-000-2000-03449-01 (3074-05), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
4
Folio 64
5
Folios 217 a 220
3
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 2333 000 2016 00025 01 (1078-2019)
Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

y delimitó el litigio , en los siguientes términos :

«[ …] se encuent r an dem ost r ados los elem ent os de subor dinación o
dependenc ia, pr est ación per sona l de l ser vicio y r em une r ación,
com o pr esupuest os de la exist enc ia de l a pr esunt a r elación l abor al
ent r e el dem andant e ( sic) y la ent id a d dem andada, enc ubier t a
pr esunt am ent e a t ravés de la suscr ipción de los cont r at os de
pr est ación de ser vic ios . »

4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió fa llo el 27 de julio
de 2018, en el cual declaró la nulidad del oficio demandado y
ordenó al municipio de Pereira a reconocer a la demandante las
prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho
tomando como base los honorarios contractuales derivados de las
órdenes de prestación de servicios correspondientes al período
comprendido entre el 5 de junio de 2002 al 19 de diciembre de 2009
y del 1 de agosto de 2011 al 31 de octubre de 2015 .

De igual manera condenó al ente territorial a pagar las cotizaciones
correspondientes a pensión y salud durante el lapso referido y le
ordenó tener en cuenta todo el tiempo laborado por la señora OLGA
RAMÍREZ HORTA en el municipio de Pereira bajo la m odalidad de
contratista, para efectos pensionales , y negó las demás
pretensiones de la demanda.

Adicionalmente ordenó al municipio el pago compensatorio en
dinero a la demandante de las dotaciones de vestido y calzado de
labor causados entre el 5 de junio de 2002 al 9 de diciembre de
2002: 2 dotaciones del 29 de enero de 2003 al 12 de diciembre de
2003: 3 dotaciones del 3 de marzo de 2004 al 19 de diciembre de
2004, 2 dotaciones del 3 de febrero del 2005 al 15 de diciembre del
2005: 3 dotaciones del 1 de febrero de 2006 al 31 de agosto de
2006: 2 dotaciones del 1 de febrero del 2007 al 30 de noviembr e

Fs. 292 a 304 del expediente
4
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Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

del 2007 : 2 dotaciones del 21 de diciembre del 2008 al 30 diciembre
del 2008 , 3 dotaciones del 19 de enero del 2009 al 19 diciembre del
2009, 3 dotaciones del 1 de agosto del 2011 al 15 de diciembre del
2011: 1 dotación del 6 de enero del 2 0 12 al 1 de diciembre del 201 2:
3 dotaciones del 14 de enero del 2003 al 31 de noviembre del 2013 :
2 dotaciones del 13 de enero del 2014 al 30 de noviembre del 2014 :
2 dotaciones del 16 de enero del 2015 al 18 de abril del 201 5 y del
22 de junio del 2015 al 31 de octubre del 2015 2 dotaciones .

Como fundamento de la decisión, aseguró que de los contratos de
prestación aportados al expediente quedó demostrado que la
demandante laboró como auxiliar d e servicios generales , como
quiera que realizó las labores de aseos de las in stalaciones,
muebles y utensilios de la institución asignada por el municipio de
Pereira en los lapsos relacionados anteriormente .

La demandante tenía la obligación de cumplir con un horario laboral
convencional para desempeñar sus funciones , así mismo precisó
que de los oficios desempeñados por esta no se pueden predicar
algún grado de autonomía , por cuanto tales funciones deben ser
continúas ante la limpieza de áreas educativas de la institución.

En ese orden de ideas, resaltó que las activid ades de la
demandante obedecían al cumplimiento de las órdenes impartidas
por el director del centro educativo en el que laboró, de tal manera
que «en el presente caso existió un a verdadera relación laboral
durante el tiempo de vigencia de los contratos u órdenes de
prestación de servicios en la que concurría n como elementos
esenciales la prest ación personal del servicio, la subordinación y la
remuneración como contraprestación del servicio de auxiliar de
servicios generales y/o operativos.

Puntualizó q ue no operó la figura d e la prescripción, comoquiera
que los contratos celebrados desde el año 200 2 al 2015, no

5
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Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

presentaron interrupciones significativas en la prestación del
servicio , toda vez que el período laborado entre el 18 de enero de
2010 a 31 de julio de 2011 , fue a través de la empresa
SERVITEMPORALES, y la reclamación presentada al ente territorial
fue el 29 de mayo de 2015.

En cuanto a la indemnización por sanción moratoria, manifestó que
la obligación de pago surge con este proveído a través del cual se
efectuará el reconocimiento de la relación laboral existe nte entre el
demandante y el ente territorial, motivo por el cual, a partir de su
ejecutoria empieza a corre r los términ os para reclamar los derechos
que esta genera.

Así mismo, ordenó pagar a la demandante los porcentajes de
cotización corresp ondientes a pensión y salud que debió traslad ar
a los fondos respectivos, durante el período acreditado en que
prestó sus servicios.

Sobre la pretensión de reconocimiento y pago de dotación, aseguró
que si bien la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia del 11 de mayo d e 2017, en un caso similar
señaló que no había lugar a esta p orque no era una prestación
social sino laboral, lo cierto es que se apartaba de esa decisión,
toda vez que según lo previsto e n el artículo 1 d el Decreto
Reglamentario 1978 de 1989, el artículo 1 de la Ley 70 de 1988 y
la sentencia C -995 de 2000 de la Corte Constitucional, «a los
empleados del sector oficial que laboran al servicio d e los entes
públicos, les asist e el derecho a que se les suminist re cada cuatro
meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor,
siempre y cuando la remuneración sea inferior a dos veces el
salario mínimo legal vigente» 7.

En cuanto a las demás solicitudes de la demanda afirmó que (i) no

7
Fol. 148 del expediente.
6
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Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

se probó la causación de horas extras, dominicales, festivos,
recargos nocturnos y compensatorios, (ii) la prima de servicios no
era aplicable a funcionarios del orden territorial co nforme l a
sentencia C -402 de 2013 expedida por la Corte Constit ucional, (iii)
no había lugar a la indemnización de las cotizaciones efectuadas a
la Caja de Compensación Familiar, toda vez que no existía
constancia que se hubieren realizado efectivamente y (iv) el
reembolso de la retención en la fuente es una cuestión tributaria
ajena al objeto del litigio.

Condenó en costas a la parte demandada.

5. RECURSO S DE APELACIÓN .

5.1. La parte dema ndante 8 presentó recurso de apelación contra la
decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, pues consideró
que el reconocimiento de la relación laboral debió hacerse hasta el
3 de diciembre de 2016, fecha en que terminó la relación laboral.
Así mismo, solicit ó que se acceda a la pretensión de la sanción
moratoria.

5.2. El municipio de Pereira (Risaralda) 9 solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia, pues resaltó que del acervo
probatorio no se puede inferir la subordinación de la demandante
por el despliegue de las labores pro pias del contrato que celebró,
respecto del cual resulta lógico que la entidad contratante regulara
su cumplimiento bajo la supervisión de la entidad territorial.

En ese orden de ideas, aseguró que no se configuró el vínculo
laboral entre la se ñora OLGA RAMÍREZ HORTA con el municipio,
porque su situación obedeció a la suscripción de contratos de
prestación de servicios y no se cumplió con la carga de probar el
elemento de subordinación de toda relación laboral.

8
Folios 140 A 149 del expediente.
9
Folios 126 a 129 del expediente.
7
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Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA I NSTANCIA

6.1. La parte demandante reiteró lo s argumentos indicados en el
recurso de apelación.

6.2. La parte demandada insistió en las tesis expuestas en el
recurso de alzada.

6.2 El ministerio público en el co ncepto fiscal, solicitó que la
sentencia fuera confirmada, como quiera que se logró d emostrar la
relación laboral en tre la demandante y el ente territo rial. ( fl 175 a
178)

II. CONSIDERACI ONES

1. Competencia

Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso del
epígrafe, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 50 del
CPACA 10. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 328 11
del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior reso lverá sin rest riccio nes

10
CPACA, art. 150: «Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instanci a por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por
parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que cor responda, o no se
concedan los extraordinari os de revisión o de unificación de jurisprudencia […]».
11
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda i nstancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embar go,
cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelaci ón no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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Radicación: 66001 2333 000 2016 00025 01 (1078-2019)
Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, el problema jurídico se contrae a resolver el siguiente
interrogante :

➢ ¿Se configuraron los elementos que la ley y la jurisprud encia
exigen para que se declare la existencia de la relación laboral
entre las partes?

➢ En caso afirmativo , será necesario establecer si operó o no la
prescripción.

Para resolver lo a nterior, la Sala se referirá al marco jurídico y
jurisprudencial del contrato realidad y al caso concreto.

3. Marco normativ o y jurisprudenci al

3.1 Del contrato realidad

En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta Corporación 12 en la que ha considerado que
el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subo rdinación laboral, de lo que
surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalid ades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Co nstitución Política, con el que
se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
25 de agosto de 2016, expediente 0088-2015, magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
9
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 2333 000 2016 00025 01 (1078-2019)
Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

De acuerdo con lo anterior, para a creditar la existen cia de una
relación laboral es necesario prob ar los tres elementos referidos,
especialmente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en condiciones de subordinación y dependencia
continuada.

A Contrario sensu , se constituye una relación contractu al, que se
rige por la Ley 8 0 de 1993, cuando se pacta la pre stación de
servicios relacionados con la administración o funcionamiento de la
entidad pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios
por los servicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con personal de planta o requiere conocimientos
especializados.

Es de resaltar que en la sentencia C – 154 de 1997 13, la Corte
Constitucional declaró la const itucio nalidad pura y simple y no
condicionada de la expresión «cuando no puedan realizarse con
personal de planta» del artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, motivo
por el cual la diferencia entre una y otra forma de vinculación se
encontrará en la continuada dependencia del servidor p úblico, en
los términos del literal b del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pero lo anterior no quiere decir que las actividades
«relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad» no se puedan adelantar a través de contratistas puesto
que precisamente la suprema guardiana de la Constitución Política
declaró ajustada al ordenamiento la mencionada expresión.

En ese orden de ideas, cuando se logra desvirtuar el contrato de
prestación de servicios, inexorablemente se impone el
reconocimiento de las prestaciones so ciales generadas, atendiendo
a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho
restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se
ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.

13
Corte Constitucional, sentencia C – 154 de 19 de marzo de 1997, magistrado ponente:
Hernando Herrera Vergara.
10
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 2333 000 2016 00025 01 (1078-2019)
Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

Ello en apl icación de los principios de igualdad y de
irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados
respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
figura indemnizatoria c omo resarcimiento de los derechos laborales
conculcados 14.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su jurisprudencia y
señaló que el pago de las prestacio nes que se reconocen como
consecuencia de la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia de la relación laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como reparación integral del
daño. Al efecto, expresó lo siguiente:

«Fr ent e al ant er ior panor am a j ur ispr udenc ia l, r esult a imper ios o
unif icar e l pr ecedent e con el f i n últ im o d e acoger el cr it er i o qu e sea
m ás f avor able a los ciudadanos que acuden ant e la just icia
cont encioso - adm in is t r at iva en busca de obt ener el r econoci m ient o
de los der echos qu e er an inher ent es a una r elación labor al per o
que la Adm inist r aci ón disf r azó con la suscr ipción de un cont r at o
est at al, par a lo cual ha de adver t ir se que el r est ablecim ien t o del
der echo es una consecuencia lóg ica de la nulidad que se decr et a,
ya que una vez ej ecut or iada la se nt enc i a que así lo declar a, el act o
adm inist r at ivo desa par ece del m undo j ur í dico, por lo que los
der echos y sit uacion es af ect ados deben volver a su est ado inicia l,
es decir , que en las cont r over sias de cont r at o r ealidad hay l ugar a
r econocer las pr est acion es que e l cont r a t ist a dej ó de deveng ar y el
t iem po de ser vicio s con f ines pens io nales, pues su s it uació n
j ur í dica f ue m ediant e un cont r at o est at al, per o que en su ej ecució n
se dier on l os elem e nt os const it ut ivos d e una r elac ión la bor al, que
en caso de hab er si do vincu lado com o em pleado púb l ico h ubiese
t enido der echo a las m ism as pr est acione s que deveng an l os dem ás
ser vidor es de plant a de la r espect iva ent idad.

Por consigu ient e, no resul t a proceden t e condenar a l a agenci a
est at al demandada al pago de l as pre st aci ones a l as qu e t ení a
derecho el cont rat ist a - t rabaj ador a tí tul o de reparaci ón int egral
de perj ui ci os, dado que est as se reconocen como ef ect o de l a
anul aci ón del act o que l as negó , pese a su der echo a ser tr at ado

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
17 de abril de 2008, expediente 2776-05, magistrado ponente: Jaime Moreno García.
11
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en igua ldad de con dicio nes que a lo s dem ás em pleados p úblic os
vincul ados a t r avés de una r elación lega l y r eglam ent ar ia, est o es,
a pesar de t ener un a r em uner ación con st it uida por los hon or ar ios
pact ados, le f ue cer cenado su der echo a r ecibir las pr est acione s
que le hubier e cor r espondido si la Adm in ist r ación no hubiese usado
la m odalid ad de cont r at ación est at al para esconder en la pr áct ica
una r elación de t r ab aj o» 15.

En cuanto a los derechos prestacionales derivados del contrato
realidad, otrora esta Sección concluyó que no prescriben, debi do a
que su exigibilida d es imposible antes de que se produzca la
sentencia, porque la decisión judicial al declarar la existencia de la
relación laboral t ie ne carácter constit utivo; es decir, que es a partir
del fallo que nace a la vida jurídica el derech o laboral reclamado y
por tanto no podía operar en estos casos el fenómeno procesal
extintivo 16.

Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque es
cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las
prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el
particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción
de los derechos qu e pretende; lo que significa que debe solicita r la
declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 17.

De igual manera, sobre este punto referido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de un contrato realidad, la Sección
Segunda de esta Corporación, en la referida sentenci a de
unificación de 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo t ant o, si qu ien pr et ende e l r econocim ient o de la r elaci ón
labor al con e l Est ad o, se excede de los t r es años, cont ados a par t ir
de la t er m inación de su ví nculo cont r act ual, par a r eclam ar los
der echos en apl icac i ón del pr inc ip io de l a “ …pr im ací a de l a r ealid ad

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -2015, magistrado ponente: Carmelo
Perdomo Cuéter.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
6 de abril de 2008, expediente 2152-06, magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia
de 9 de abril de 2014, expediente 131 -13, magistrado ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
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sobr e las f or m alid ades est ableci das por los sujet os de las
r elacion es labor ales ” ( art í culo 53 constit uciona l) , se ext ingue el
der echo a solicit ar la s pr est aciones que se der iven de aquella, pues
dicha sit uació n se t r aducir í a en su desint er és, qu e no puede
sopor t ar el Est ado, en su condició n de em pleador .

Per o en aquell os cont r at os de pr est ación de ser vicios, pact ados por
un int er r egno det er m inado y que la ej ecución ent r e uno y ot ro t iene
un lapso de int er r upción, f r ent e a cada uno de el los hab r á de
anal izar se la pr escr ipció n a par t ir de sus f echas de f inaliz ación,
puest o que uno de los f undam ent os de la exist encia de l c ont r at o
r ealida d es pr ecis am ent e la vocació n de per m anencia en el
ser vicio. Por consi guient e, le cor r esponder á al j uez ver if icar si
exist ió o no la cit ada int er r upción cont r act ual, que ser á exclui da de
r econocim ient o y exam inada en det alle en cada caso part icular , en
ar as de pr ot eger los der echos de los t r abaj ador es, que han sido
bur lados por las aut or idades adm i ni st r at ivas al encub r ir una
r elación labor al baj o cont r at os de pr est ación de ser vici os. »

Asimismo, dicha providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no
opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta la
condición periódica del derecho pensional que lo hac e
imprescriptible.

Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia SUJ-025-CE -S2-2021 de 9 de septiembre
de 2021 18 estableció las siguientes pautas de unificación frente a
varios aspectos del contrato realida d como son: i) el sentido y
alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de
continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios
que ocultaron la e xistencia de una re lación laboral que se declara,
a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii)
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencio so Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
9 de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco
Suárez Vargas.

13
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Al efecto señaló la Sección Segunda:

«[ …]

( i ) La pri mera regl a def ine que el concept o de «t ér m ino
est r ict am ent e indis pensable » , al que alude e l num er al 3 . º del
ar t í culo 32 de la Le y 80 de 1993, es el señalado en los es t udios
pr evios y en el obj et o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de planeac ión, t iene que est ar just if icado en la necesida d
de la pr est ación del ser vicio a f avor de l a Adm inist r ación, de f orm a
esencia lm ent e t em por al y, de ningu na m aner a, con ánim o de
per m anencia.

( i i ) La segunda regl a est ablece un p er í odo de t r eint a ( 30) dí as
hábi les, ent r e la f i naliz ación de un c ont r at o y la ej ecuc ión de l
sigui ent e, com o t érm ino de l a no so luc i ón de cont inu idad, el cual,
en los casos que se exceda, podr á f lexibil izar se en at enció n a las
especia les cir cunst ancias que el j uez encuent r e pr obadas dent r o
del exped ient e.

( i i i) La t ercera regl a det erm ina que frent e a la no af iliación a l
sist em a de la Se gur idad Soc ial e n salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es im pr ocedent e la devoluci ón de los valor es que
el cont r at ist a hubie se asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on
com o r ecur sos de nat ur aleza par af iscal ».

En esta misma providencia expre samente se puso de presente que
«aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato
de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre l as formalidades, por lo que, en ningún caso,
será posible darle la categoría de empleado público a quien prest ó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

3. 2 La utilización de intermedia rios para enmas carar las
relaciones laborales.

Respect o de la ut il iz ación de int er m ediar ios par a esconder una r elación
labor al, est a cor por ación ha seña lado:

«En la pr áct ica, el t r abaj o asociado en algunos casos se ha
ut iliz ado com o inst r um ent o par a escapar a la legislac ión la bor al y
así eludir las ob lig a ciones par a con los t r abaj ador es dependient es
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o subor dinad os. Por ello, e l Legis lador consagr ó la pr oh ibic ió n d e
que las C ooper at iva s de Tr abaj o Asocia do act úen com o em pr esas
de int er m ediac ión la bor al, dispo ngan de l t r abaj o de los asoc iados
par a sum inist r ar m ano de obr a t em por al a usuar ios o t e r cer os
benef iciar ios, r em it an a los as ociad os co m o t r abaj ador es en m i sión
con la f inalidad de que at iendan labor e s pr opias de un usuar io o
t er cer o benef iciar io del ser vic io, o per m it an que r espect o de lo s
asociados se gener en r elaciones de su bor dinac ión o depen dencia
con t er cer os contr atant es; y com o consecuencia, est ablec i ó que el
asociado que acuda a est as pr áct icas se consider ar á t r abaj ador
dependi ent e de la per sona nat ur al o j urí dica que se benef icie con
su t r abaj o. De t al m aner a que el t er cer o cont r at ant e, la Coope r at iva
y sus dir ect ivos ser án soli dar iam en t e r esponsable s p or las
obli gacio nes econó m icas gener adas a f avor del t r abaj ador
asociado. S in per j u icio d e que que de n incur sas en cau sal de
disol ución y liq uida ción y que les sea cancelada la per soner í a
j ur í dica» 19.
Por su par t e, la Cor t e Const it uciona l, en la sent enc ia C – 855 de 2009
af ir m ó:
«…Si por conduct o de la Cooper at iva de Tr abaj o Asociado llega a
suscit ar se una r elación labor al de un t rabaj ador asociado con la
cooper at iva, par a prest ar le ser vicios a un t er cer o - con element os
de subor din ación, h or ar io y r em un er aci ón pr opios del c ont r at o de
t r abaj o - , est a rel aci ón l aboral preval ece sobre el ac uerdo
cooperat i vo, y en t al caso apl i can t odas l as regul aci ones
l aboral es, incluye ndo, por supuest o, la pr ot ección la bor al
r ef or zada a las m ujer es em bar azadas o lact ant es ( T- 177/ 03, T -
291/ 05, T - 873/ 05, T- 063/ 06, T - 195/ 07, T - 531/ 07) , a las personas
en est ado de debili d ad m anif iest a ( T - 1219/ 05, T - 002/ 06) , o a los
discapac it ados o d ism inui dos f í sicos ( T - 504/ 08, T - 962/ 08, T -
1119/ 08) . De com probar se la exist enci a de un cont r at o labor al
par alel o o concom it ant e con la r elac ión de í ndole cooper at i va, la
Cor t e t am bién ha im puest o el cum plim ient o de las ob lig ac ione s
r elacion adas con lo s apor t es al sist em a de salud ( T - 413/ 0 4) , al
sist em a de r iesgos pr of esionales ( T - 6 32/ 04) , o incluso l a m uy
elem ent al de r econocer los salar ios pact ados con el t r abaj ador ( T -
353/ 08) . Cuando l os hechos del caso l o ameri t an, l a Cort e ha
ordenado, no a l a Cooperat i va, si no al t ercero que se benef i ci a
de l a l abor del t rabaj ador asoci ado, que responda po r l as
obl i gaci ones l aboral es omi t i das (T - 471/ 08) , más aún si el
ví ncul o ent re el t rabaj ador y l a cooperat i va ya no pasa por l a
prest aci ón de servi ci os a un t ercero, si no que se t rat a de una
rel aci ón l aboral ordi nari a ent re aquel y ést a (T - 900/ 04) » 20.
A partir de lo anterior, resulta claro que es posible condenar a quien
se beneficia de los servicios de los trabajadores asociados a una
cooperativa cuando se pretende esconder una relación laboral, en
especial cuando se trata de funciones misionales.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
27 de abril de 2016, expediente 2525-2014, magistrado ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
20
Corte Constitucional, sentencia C – 855 de 25 de noviembre de 2009, magistrado ponente:
Mauricio González Cuervo.
15
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4. Análisis del caso concreto.

4.1. Hechos demostrados .

a). La prestación personal del servicio

De las pruebas que reposan en el expediente se desprende que la
señora OLGA RAMÍREZ HORTA celeb ró con el municipio de Pereira
contrato s estatales de prestación de servicios, como auxiliar de
servicios generales.

❖ A folio 2 obra constancia expedida por la secretaria de
educación, en l a que se indica que el demandante prestó sus
servicios con el municipio de Pereira desde el 5 de junio de
2002 hasta el 30 de noviembre de 2014.

❖ Se allegaron las siguientes órdenes de servicio :

No. contrato Fechas Valor Objeto
SN (fl 12) 5-06-2002 a 28-06- $347.339 Prestar los
2002. servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 18 días
SN (fl 13) 13-07-2002 a 9-12- $347.339 Prestar los
2002. servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 49 días
SN (fl 14) 29-01-2003 a 11-04- $347.339 Prestar los
2003. servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 9 días
Sn (fl 15, 16) 21-04-2003 a 4-07- $347.339 Prestar los
2003. servicios de

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auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 16 días
SN (17, 18, 19, 21-07-2003 a 12-12- $347.339 Prestar los
20) 2003. servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 3
meses
SN (fl 21, 22) 03-03-2004 a 30-06- $371.653 Prestar los
2004 servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 20 días
SN (fl 23, 24) 21-07-2004 a 19-12- $371.653 Prestar los
2004 servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 1 mes y
2 días
SN (fl 25, 26, 28) 03-02-2005 a 30-06- $505.027 Prestar los
2005 servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 17 días
SN (fl 29, 30, 31, 18-07-2005 a 15-12- $757.540 Prestar los
2005 servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 1 mes y
15 días
SN (fl 33, 34, 35, 01-02-2006 a 31-08- $505.027 Prestar los
36. 2006 servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 5
meses

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381 (fl 37, 38, 39, 01-02-2007 A 30-11- $530.278 Prestar los
40, 41, 42, 43 2007. servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 1 mes y
20 días
501 (44) 21-01-2008 a 19-02- $565.329 Prestar los
2008 servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 12 días
1372 (fl 45 04-03-2008 a 30-12- $5.577.912 Prestar los
2009 servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
TRABAJÓ EN
SERVITEMPORALES
Del 18 de enero de
2010 al 31 de julio de
2 0 1 1 . 21

453 (fl 48 01-08-2011 a 15-12- $1.159.649 Prestar los
2011
servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 1 mes
567 (fl 52) 16-01-2012 a 15-03- $1.592.000 Prestar los
2012
servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 17 días
848 Fl 74 03-04-2012 a 01-12- $796.000 Prestar los
2012
servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 1 mes
415 Fl 59 a 69) 14-01-2013 a 31-11- $2.049.700 Prestar los
2013
servicios de
auxiliar de

21 C e r t i f i c a c i ó n laboral expedida por SERVITEMPORALES, visible a folio 83
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servicios
generales.
Suspensión 1 mes y
12 días
11100601 (fl 70) 13-01-2014 a 30-11- $2.268.335 Prestar los
2014
servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 1 mes y
15 días
11100586 (fl 74) 16-01-2015 a 18-04- $2.533.428 Prestar los
2015
servicios de
auxiliar de
servicios
generales.
Suspensión 2
meses y 21 días
11101915 (fl 75) 22-06-2015 a 31-10- $3.800.142 Prestar los
2015
servicios de
auxiliar de
servicios
generales.

Como se observa de los contratos de prestación de servicio
relacionados en el cuadro anterior, el objeto de estos era el
siguiente , “prestar lo s servicios de auxilia r de servicios generales ”.

b) Certificación: La empresa SERVITEMPORALES certific ó que la
señora OLGA RAMÍREZ HORTA laboró como trabajador a en misión
en la Alcaldía de Pereira – Secretaría de Educación, en calidad de
auxiliar operativo del 18 de enero de 2010 a 31 de julio de 2011 . (fl
83).

c) A folios 76 y siguientes, se encuentran los desprendibles de
pago, realizados a la demandante .

d) En la audienci a de pruebas , realizada el 17 de mayo de 2017,
el apoderado de la parte demandante desistió de los testimonios,
desistimiento que fue aceptado por el despacho sustanciador. (cd
104).

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5. Análisis sustancial

De acuerdo con el anterior contexto normativo y probatorio, se
colige que la señora OLGA RAMÍREZ HORTA prestó sus servicios
de auxiliar de servicios generales y/o operativos en varias
instituciones educativas del municipio de Pereira como se pudo
colegir d e las órdenes de servicios anteriormente referenciad as.

Análisis de los elementos de la relación laboral:

✓ La prestación personal del servicio:

En ese sentido, se observa que el objeto común de los contratos
consistió en que l a contratista, en virtud de sus condiciones
personales, se comprometió para con el municipio de Pereira a
prestar los servicios auxiliares de servicios generales , cuyo objeto
era suministrar los servicios de auxiliar de servicios generales y
operativo, realizan do la limpieza de las zonas educativas de la
institución, como aulas, baños, zona recreativa, etc .

✓ Remuneración por el servicio prestado

En lo que se refiere a este elemento de la relación laboral no es
objeto de debate, toda vez que las partes coinciden en que durante
el tiempo en que la señora OLGA RAMÍREZ HORTA prestó sus
servicios en las distintas instituciones educativas, asignadas par a
ello por parte del municipio de Pereira, percibió las sumas pactadas
en los contratos por concepto de honorarios .

✓ Subordinación y dependencia

Ahora bien, en el asunto sub judice no se evidencia que se haya
demostrado la subordinación, pues si bien es cierto se allegan los
diferentes contratos de prestación de servicio, en donde se denotan
los objetos de los mismos , no se observa con claridad dicho
elemento .
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En esa medida, a diferencia de lo resuelto por el a quo, la Sala de
Decisión conside ra que no se acreditó la subordinación p uesto que
además de los contratos de prestación de servicios, no existe otra
prueba en el expediente que demuestre que la señora OLGA
RAMÍREZ HORT A estuvo sometida de forma permanente y
continuada a las órdenes de un superior.

En ese sentido , no es suficiente que en el objeto de los contrato s
se determinaran labores de limpieza en las instalaciones
educativas, en la planta fisca, en los muebles , baños, utensilios y
zonas recreativas , sino que era necesario tener certeza sobre las
condiciones de lugar, tiempo y modo en que se desarrollaron las
funciones asignadas.

En ese orden de ideas, aunque se aceptara que en las instituciones
educativas se realiza ban las labores d e limpieza y aseo , y que estas
eran ejecutadas por la demandante , no se tiene certeza de la forma
en que recibía las órdenes, de la persona que las impartía , del
horario al que estaba supeditada y del grado de autonomí a que
tenía, es decir, son varios los cuestionamientos que existen en
relación con la manera en que prestó el servicio, de ahí que la Sala
no llega a la convicción sobre la configuración de la subordinación.

Así las cosas, a diferencia de lo concluido por el Tribunal
Administrativo de Risaralda , para esta Sala no es posible establecer
la subordinación , sobre todo cuando no se allegaron más pruebas
al expediente diferentes a los contratos de prestación de servi cio,
por consiguiente , la sentencia de primera instancia será revocada
para, en su lugar, negar las pretensiones del medio de control.

5. Condena en costas

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
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incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios para t raslad o de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justic ia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior
en caso de apelación.

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en
los numerales 4 22 y 8 23 del artículo 36 5 del Código General del
Proceso la Sala condenará en costas a la parte demandante, toda
vez que se revoca rá totalmente la sentencia del inferior y la parte
contraria intervin o activamente en el curso del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVO CAR la sentencia del 27 de julio de 2018 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda , q ue accedió
parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentado por la señora OLGA
RAMÍREZ HORTA y, en su lugar,

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante conforme
lo dispuesto en la parte considerativa de esta sentencia.

22 « 4 . Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias »
23 « 8 . S o l o h a b r á l u g a r a c o s t a s c u a n d o e n e l e x p e d i e n t e a p a r e z c a q u e s e c a u s a r o n y e n l a

medida de su comprobación».
22
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 2333 000 2016 00025 01 (1078-2019)
Demandante: OLGA RAMÍREZ HORTA

CUARTO: En firm e esta decisión devuélvase el expediente al
Tribunal de orige n y efectúese las anotaciones en el programa
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la
presente sesión.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

23
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