RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2016-00083-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00083-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00083-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 13 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, 22 Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017) Demandante: Idalba Franco Arcila que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora Idalba Franco Arcila contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa como apoderado de la parte accionada en los términos y para los efectos del poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00083-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

24 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 13 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Idalba Franco Arcila, por conducto
de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
siguientes Resoluciones: i) RDP 035493 del 31 de agosto de 2015, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP 048330 del 20 de noviembre de

1 Folios 2 a 8.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

2015, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y
la confirmó. Los mencionados actos fueron proferidos por la UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP, a lo siguiente: i) reconocer la pensión
gracia de jubilación, en cuantía del 75% de los factores salariales, incluyendo las
primas de navidad y vacaciones, efectiva a partir del 25 de septiembre de 2007,
fecha de adquisición del estatus pensional; ii) cumplir la condena en los términos
de los artículos 192 y siguientes del CPACA; y iii) pagar las costas procesales.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) Del 19 de enero de 1971 al 25 de abril de 1979, la señora Idalba Franco Arcila
se vinculó como docente en la Escuela Eladia Mejía del municipio de
Dosquebradas, en virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto 2206
del 18 de diciembre de 1970, expedido por el alcalde de dicho ente territorial.

ii) Del 26 de abril de 1979 al 12 de enero de 2014, la accionante laboró como
educadora en el Instituto Tecnológico del municipio de Santa Rosa de Cabal.

iii) Respecto de la anterior vinculación, se destaca que el Gobernador de
Risaralda, por Decreto 0018 del 2 de enero de 1996, incorporó a la estructura
orgánica del departamento la planta de personal docente y directivo docente del
mencionado instituto, incluyendo a la demandante, «por lo que desde esa fecha
recuperó el carácter de docente departamental».

iv) La interesada acredita más de 20 años de servicio como docente territorial,2
cuenta con más de 50 años de edad y ha observado buena conducta en su
ejercicio docente.

2 La actora sostuvo que el tiempo de servicio territorial se contaba «desde el 19 de enero de 1971 hasta el 25 de abril de

1979, son 8 años, 3 meses y 17 días, y desde el 2 de enero de 1996, fecha en que recuperó la calidad de docente

2

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

v) La actora solicitó ante la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia; sin
embargo, esta petición fue negada mediante las decisiones administrativas
enjuiciadas.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 15 de la Ley 91 de 1989; y la Ley 114 de
1913.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso lo
siguiente:

i) La señora Idalba Franco Arcila cumple con todos los requisitos previstos por el
legislador para acceder a la pensión gracia, por cuanto tuvo buena conducta en el
desempeño como educadora; cuenta con más de 50 años de edad; ha prestado
sus servicios como docente territorial por más de 20 años y se vinculó en tal
condición antes del 31 de diciembre de 1980.

ii) La accionante fue designada inicialmente por una autoridad del orden territorial
y «luego sí la nombró la nación, pero al asumir el departamento de Risaralda la
planta de personal docente del Instituto Tecnológico, recuperó el carácter de
docente departamental».

1.2. Contestación de la demanda

La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:3

departamental, hasta el 25 de septiembre del año 2007 son 11 años, 8 meses y 23 días para un total de 20 años de
servicio».
3 Folios 93 a 101.

3

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

i) El hecho de que la actora hubiera sido incorporada a la planta de personal del
departamento de Risaralda no muta automáticamente su carácter de docente
nacional a departamental.

ii) La Secretaría de Educación de Risaralda y el Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio certificaron que la demandante tuvo una vinculación nacional desde
el 19 de enero de 1971.

iii) El Consejo de Estado ha afirmado que no tienen derecho a la pensión gracia
los docentes cuyos salarios fueron financiados por el Situado Fiscal o el Sistema
General de Participaciones, como ocurre en el presente asunto.

iv) La pensión gracia solamente puede otorgarse a los educadores que prestaron
sus servicios en entidades territoriales, pero la accionante no acreditó tal
presupuesto; por el contrario, se desempeñó como profesora del orden nacional.

v) Se proponen las siguientes excepciones: 1) inexistencia de la obligación y cobro
de lo no debido; 2) buena fe; 3) prescripción; y 4) genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 13 de julio de
2017, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:4

i) La señora Idalba Franco Arcila prestó sus servicios como docente nacionalizada
del 19 de enero de 1971 al 25 de abril de 1979; sin embargo, desde el 26 de abril
de 1976 fue vinculada por el Ministerio de Educación Nacional al Instituto Técnico
Industrial Nacional de Santa Rosa de Cabal, es decir, que su vinculación mutó a
Nacional y, por lo tanto, el tiempo laborado desde ese momento no puede
computarse para decretar la pensión gracia reclamada.

4 Folios 112 a 119.

4

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

ii) La incorporación que hizo el Decreto 0018 de 1996 en nada modificó el tipo de
vinculación nacional bajo la cual venía laborando la actora; por el contrario,
conforme a las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, el personal incorporado adquirió
la condición de nacional, ya que sus salarios se financiarían con recursos del
situado fiscal, esto es, con ingresos corrientes de la Nación.

iii) El mencionado decreto fue expedido por una autoridad territorial, pero no para
administrar su personal, sino en virtud de las facultades que le confirió el legislador
para nombrar, remover y regular las situaciones administrativas de los educadores
nacionales.

1.4. El recurso de apelación

La actora interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en
los siguientes argumentos:5

i) El tiempo en que la demandante laboró como docente nacional no es válido para
acceder a la pensión gracia; sin embargo, ella recuperó el carácter de docente
departamental, en virtud del Decreto 0018 de 2 de enero de 1996, por el cual el
gobernador de Risaralda incorporó a los docentes del Instituto Técnico Industrial
Nacional de Santa Rosa de Cabal a la planta de personal adscrita a la Secretaría
de Educación de ese ente territorial.

ii) El anterior razonamiento fue esbozado en anterior oportunidad por el Tribunal
Administrativo de Caldas, para lo cual se fundó en un concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

iii) La jurisprudencia ha explicado que los docentes territoriales no pierden tal
condición por el solo hecho de que sus salarios sean pagados con recursos del
situado fiscal o del sistema general de participaciones.

5 Folios 121 a 126.

5

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La accionante guardó silencio6 y la UGPP reiteró los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.7

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en
la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19289 y 37 de 193310 consagraron la posibilidad de

6 Según constancia secretarial obrante en el folio 149.
7 Folios 147 a 148.
8 Según constancia secretarial obrante en el folio 149.
9 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen

derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el

6

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 11

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».12

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».13

computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza
primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
10 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,

quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
11 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,

radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
12 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo
necesario para su sostenimiento.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii)
Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii)
Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar
sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

7

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,

8

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,14 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,
a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».15

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo

14 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).

9

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:16

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que
la condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».17

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes
territoriales y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con
antelación al 31 de diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir
respetando el régimen pensional que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron
tanto los derechos adquiridos como las expectativas de completar los requisitos
para obtener el derecho pensional, pues las normas seguirían proyectando sus
efectos en el tiempo para los servidores vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura
posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de
dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó
antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
17 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-

01 (AC).

10

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,18 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:19

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales
para atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez
ingresaban a los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los
entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a
través de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene
que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-

2013-04683-01 (3805-2014).
19 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

11

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».20

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al registro civil de nacimiento, la señora Idalba Franco Arcila nació el
20 de enero de 1952.21

• El 18 de diciembre de 1970, por Decreto 2206, el gobernador de Risaralda
efectuó nombramientos y traslados «en el personal docente del Departamento».
La demandante fue designada como «seccional de la Escuela Heladia (sic) Mejía
en Dosquebradas municipio de Santa Rosa de Cabal, plaza nueva». 22 La posesión
se surtió el 19 de enero de 1971.23

• El 26 de abril de 1979, mediante Acta 038, la actora tomó posesión del cargo de
profesora de enseñanza secundaria en el Instituto Técnico Industrial de Santa

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-

2013-04683-01 (3805-2014).
21 Este documento reposa en el expediente administrativo que fue aportado en medio magnético (folio 92A).
22 Folio 174.
23 Folio 175.

12

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

Rosa de Cabal, «para el cual fue designada por el Ministerio de Educación
Nacional, mediante Resolución No. 4857 de fecha marz.28/79».24

• El 2 de enero de 1996, por Decreto 0018, el gobernador de Risaralda incorporó
«la planta de personal directivo docente, docente y administrativo del municipio de
Santa Rosa de Cabal al departamento», incluyendo a la accionante, de la
siguiente forma:25

INSTITUTO DOCENTE TÉCNICO INDUSTRIAL NACIONAL

DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES NACIONALES
[…]
DOCENTES
[…]
Idalba Franco Arcila C.C. #25.152.446 Grado 13

• El 28 de enero de 2002, el área de Recursos Humanos de la Secretaría de
Educación Departamental y Cultura de Risaralda certificó que la demandante
«prestó sus servicios al Departamento como DOCENTE DE ENSEÑANZA PRIMARIA,
NACIONALIZADA desde el 19 de enero de 1971» y «laboró en continuidad hasta el 25

de abril de 1979».26

• Los días 12 y 18 de marzo de 2015, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG expidió certificado de historia laboral de la actora en el que
consta que prestó sus servicios como docente en la Secretaría de Educación de
Risaralda, desde el 19 de enero de 1971 hasta el 12 de enero de 2014, con una
vinculación nacionalizada y un régimen de pensiones nacional. Textualmente se
especificó lo siguiente: 27

24 Folio 180.
25 Folios 21 a 24 y 181 a 221.
26 Folio 223. Este documento también reposa en el expediente administrativo que fue aportado en medio magnético

(folio 92A). Esta información fue reiterada el 29 de marzo de 2006, por la Secretaría de Educación de Risaralda (folio
224).
27 Folios 19 a 20. Este documento también reposa en el expediente administrativo que fue aportado en medio

magnético (folio 92A).

13

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

14

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

• El 11 de diciembre de 2017, en cumplimiento del requerimiento probatorio
efectuado por esta Subsección,28 la Gobernación de Risaralda hizo constar lo
siguiente:29

1. […] la señora IDALBA FRANCO ARCILA inició labores como docente el 19 de enero
de 1971 y terminó el 12 de enero de 2014. La naturaleza de las plazas ocupada era
nacional, por ser financiadas con recursos de la Nación y que se financian con
recursos del situado fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993,
derogada por el artículo 113, Ley 715 de 2001 y reglamentada parcialmente por el
Decreto Nacional 1168 de 1996. (Se anexa certificado)

2. Fue designada como docente oficial, ya que el nombramiento se efectuó por el
gobernador de la entidad territorial, mediante el Decreto 2206 del 18 de diciembre
del año 1970, posesionada mediante acta No. 5421 del 19 enero de 1971,
manteniendo en virtud de ese decreto la vinculación de manera ininterrumpida hasta
el 26 de abril de 1979, fecha en que renunció al cargo, aceptándose su renuncia
mediante Decreto 429 del 11 de mayo del mismo año. (Anexo copias de decreto y
actas de posesión)

Esta entidad territorial confirma lo dicho por la accionante, en sede administrativa y
judicial, que, con posterioridad a esa primera designación, fue nombrada por el
Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 4857 del 28 de marzo de

28 Auto del 18 de mayo de 2023 (folios 160 a 161).
29 Folio 163.

15

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

1979 y posesionada por la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal, con acta de
Posesión No 038 del 26 de abril de 1979 e incorporada por decreto 018 del 2 de
enero de 1996 a la planta directivo, docente y administrativo del municipio de Santa
Rosa de Cabal al departamento de Risaralda. (Adjunto acta de posesión y decreto)
[…]
5. […] Los recursos para el pago de salarios de la docente FRANCO ARCILA
identificada […] fueron las transferencias del Sistema General de Participaciones
SGP, hechas por la Nación al Departamento de Risaralda.

• La Procuraduría General de la Nación30 y la Secretaría de Educación y Cultura
de Risaralda31 certificaron que la accionante no registraba antecedentes
disciplinarios.

➢ Actuación administrativa

• El 24 de abril de 2015, la demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia.32

• El 31 de agosto de 2015, la UGPP profirió la Resolución RDP 035493 y negó la
referida solicitud, toda vez que la peticionaria tuvo una vinculación como docente
del orden nacional.33

• El 20 de noviembre de 2015, por Resolución RDP 048330, la UGPP resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.34

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.

30 Folio 25.
31 Este documento reposa en el expediente administrativo que fue aportado en medio magnético (folio 92A).
32 Este documento reposa en el expediente administrativo que fue aportado en medio magnético (folio 92A).
33 Folios 9 a 13.
34 Folios 15 a 17.

16

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

2.4.1. Primer período. Del 19 de enero de 1971 al 25 de abril de 1979

En este lapso la señora Idalba Franco Arcila laboró como profesora de primaria en
la Escuela Eladia Mejía de Dosquebradas, en virtud de la designación efectuada
por el gobernador de Risaralda, mediante el Decreto 2206 del 18 de diciembre de
1970. A su vez, en el encabezado de dicho acto se indicó que tenía como finalidad
realizar nombramientos y traslados «en el personal docente del Departamento».

Por su parte, la Secretaría de Educación de Risaralda en varias ocasiones certificó
que durante este período la demandante tuvo una vinculación como docente
nacionalizada. La Sala acogerá esta afirmación, por cuanto el nombramiento
provino de una autoridad del orden territorial.

Además, el carácter nacionalizado de la aludida designación encuentra respaldo
en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1
de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 43 de 1975». En similar sentido, la Corte Constitucional,
mediante Sentencia C-085 de 2002, indicó que los «docentes nacionalizados» son
«los vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades territoriales»,
conforme ocurrió en el sub lite.

Se aclara que estas directrices normativas y jurisprudenciales operan en el
presente asunto, por cuanto las pruebas aportadas son suficientes para ratificar la
vinculación nacionalizada de la actora; sin embargo, en cada caso concreto
deberá analizarse si existen otros elementos de juicio que conduzcan a establecer
una conclusión distinta.

De otro lado, es pertinente resaltar que en la última certificación expedida por la
Secretaría de Educación de Risaralda se afirmó que en este lapso la demandante
tuvo una vinculación nacional en razón a que sus salarios fueron pagados con

17

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

recursos del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones; sin
embargo, conforme se expuso en acápites precedentes, esta corporación unificó
su criterio en el sentido de indicar que tal argumento no podía oponerse para
reconocer la pensión gracia, toda vez que esos dineros «le pertenecía[n] de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad
de rentas endógenas y exógenas».35

De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación».

Bajo este hilo argumentativo, debe desestimarse la última certificación en la que
se indicó que, entre el 19 de enero de 1971 al 25 de abril de 1979, la accionante
fungió como docente del orden nacional, pues tal afirmación es contraevidente con
las demás pruebas aportadas al plenario, la normativa y la jurisprudencia antes
estudiadas; además, se funda en un único razonamiento que fue recogido por la
Sección Segunda de esta corporación en sede de unificación.

También llama la atención que la entidad territorial definió que la plaza era
nacional por el origen de los recursos, pero con la constancia anexó una
certificación en la que ratificó que en este período la accionante «prestó sus
servicios en el nivel Básica Primaria, vinculación: En Propiedad, como
Nacionalizado en forma continua».36

Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho
a la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 8 años, 3 meses y 7 días; sin
embargo, no sería suficiente para decretar la prestación, por lo que deberá
revisarse la vinculación restante.

2.4.2. Segundo período. Del 26 de abril de 1979 al 12 de enero de 2014

35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-

2013-04683-01 (3805-2014).
36 Folio 224.

18

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

En este segundo lapso la señora Idalba Franco Arcila laboró como profesora en el
Instituto Docente Técnico Industrial Nacional, en virtud de la designación
efectuada por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 4857
del 28 de marzo de 1979.

Lo anterior significa que la actora perdió la condición de docente nacionalizada
que tuvo cuando prestó sus servicios en la Escuela Eladia Mejía de
Dosquebradas, teniendo en cuenta que presentó renuncia al cargo y le fue
aceptada por Decreto 429 de 1979.

En este orden de ideas, la accionante culminó tal vinculación e inició otra como
docente de la Nación, por cuanto el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 dispone que se
entiende por personal nacional aquellos «docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional», conforme ocurrió en este caso con la designación
efectuada por la Resolución 4857 de 1979.

Por su parte, la demandante refiere que sí tuvo la condición de docente nacional
entre el 26 de abril de 1979 y el 1 de enero de 1996, pero que recuperó la
condición territorial en razón a la incorporación decretada por el gobernador de
Risaralda, mediante el Decreto 0018 del 2 de enero de 1996.

Sin embargo, esta corporación, en casos con contornos similares al presente, ha
sostenido que la incorporación de un docente nacional a una planta de personal
departamental o distrital, al amparo de la Ley 60 de 1993, no muta el vínculo
nacional con el que venía laborando el educador, pues lo relevante es el
nombramiento efectuado inicialmente por el Ministerio de Educación Nacional, el
cual le determina su régimen salarial y prestacional de ahí en adelante. Esta
conclusión se ha fundado en los siguientes razonamientos:37

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de mayo de 2019, radicado 66001-23-33-000-

2016-00087-01 (3998-17). En igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias: i) del 30 de marzo de 2023,
radicado 66001-23-33-000-2016-00084-01 (1985–2018); ii) del 19 de enero de 2023, radicado 66001-23-33-000-2016-
00248-01 (4036-2017); y iii) del 28 de enero de 2021, radicado 17001-23-33-000-2015-00285-01 (363-2018).

19

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

Ahora, frente a la incorporación de la panta de personal directivo docente, docente y
administrativo del Municipio de Pereira al Departamento de Risaralda, efectuada el 2
de enero de 1996 por el Gobernador de Risaralda con el decreto 020, efectivamente
se observa que el demandante era directivo docente nacional, y tal como se
concluyó en las consideraciones de esta providencia, los docentes, directivos
docentes nacionales, que se incorporaron sin solución de continuidad -tal como
ocurre en este caso- a la planta departamental en virtud de la Ley 60 de 1993,
tendrán como régimen prestacional, el establecido en la Ley 91 de 1989, este es, el
previsto para los empleados públicos nacionales, razón por la que le podría
corresponder una pensión ordinaria de jubilación y no la pensión gracia creada para
los maestros territoriales.

Lo anterior, porque se ha evidenciado que el demandante laboró de forma
ininterrumpida desde el 5 de septiembre de 1975 como directivo docente nacional,
en planteles educativos de dicho orden.

Entonces, si lo preponderante es la plaza ocupada, no cabe duda que desde sus
inicios, la ocupada por el demandante a partir de 1996 estuvo definida como
nacional, razón que refuerza el mantenimiento del régimen prestacional que traía en
virtud de la Ley 91 de 1989, y que por definición impide que sea tenido en cuenta
para efectos de la pensión gracia.

De acuerdo con el anterior criterio interpretativo los docentes nacionales que se
incorporaron en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley 60 de 1993 no
recuperan la condición de territoriales, pues lo que buscó el legislador fue asignar
competencias a los departamentos y distritos para administrar el servicio
educativo; no obstante, en el artículo 6 ibidem aclaró que «[e]l régimen
prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y
las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las
prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o
cualesquiera otra clase de remuneraciones».

En virtud de la anterior previsión normativa, la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha concluido que los docentes nacionales incorporados en las anotadas
condiciones mantienen el régimen salarial y prestacional que los venía cobijando,
esto es, el nacional y, por lo tanto, no es viable reconocerles la pensión gracia
debido a que el tiempo así laborado no es computable para esos efectos, pues

20

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

únicamente pueden acceder a este beneficio los profesores territoriales o
nacionalizados.38

Aunado a lo anterior, se destaca que en este caso el decreto de incorporación tuvo
especial cuidado de identificar la naturaleza de los docentes incorporados, por lo
que respecto de cada uno diferenció si era nacional, nacionalizado o cofinanciado,
con lo que también se advierte el interés de la entidad territorial de mantener las
condiciones laborales con las que venía el personal antes de la incorporación.

En esta línea de intelección se concluye que la decisión del a quo debe ser
confirmada, ya que el segundo período laborado por la actora, comprendido entre
el 26 de abril de 1979 al 12 de enero de 2014, corresponde a una vinculación del
orden nacional que le impide acceder a la pensión especial pretendida.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,39
en la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de mayo de 2023, radicado 20001-23-33-000-

2012-00231-01 (2855–2015).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor:

José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

21

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

«[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la
sustentación jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es
procedente o no imponer costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la
convicción de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron
pruebas y se apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas en segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular de la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 13 de julio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda,

22

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por la señora
Idalba Franco Arcila contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Reconocer personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa como
apoderado de la parte accionada en los términos y para los efectos del poder que
obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

cgg

23

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00083-01 (3953-2017)
Demandante: Idalba Franco Arcila

24

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.