Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2016-00135-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2016-00135-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-33-000-2016-00135-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
2 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 2 de agosto de 2024
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00135-01 (62090)
Demandante: Consorcio CYA 2013
Demandada: Universidad Tecnológica de Pereira
Referencia: Controversias contractuales
Temas: controversias contractuales – contrato de régimen especial derecho privado
acta de liquidación no es un acto administrativo no existe desequilibrio en contratos de
derecho privado carga de la prueba de los incumplimientos
Síntesis: Un contratista solicitó la nulidad del acto de liquidación, así como la declaratoria
de incumplimiento del contrato de obra y la ruptura de su equilibrio económico, como
consecuencia de la indebida planeación por parte de la entidad contratante.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida el 31 de mayo de 2018 por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda1, que negó las
pretensiones de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.3. Sentencia de primera instancia. 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 66001-23-33-000-2016-00135-01 (62090)
Demandante: Consorcio CYA 2013
Demandada: Universidad Tecnológica de Pereira
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
1. El Consorcio CYA 2013 (en adelante el Consorcio) presentó
demanda2, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, en contra de la Universidad Tecnológica de Pereira, con las
siguientes pretensiones (se trascribe):
(…)
PRIMERA. Que se declare la existencia del Contrato de Obra no. 5784
del 27 de diciembre de 2013 celebrado entre la Universidad Tecnológica
de Pereira y el Consorcio C&A 2013.
SEGUNDA. Que se declare el incumplimiento del Contrato de Obra no.
5784 de 2013 por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira.
TERCERA. Que se declare que en la ejecución del Contrato de Obra no.
5784 del 27 de diciembre 2013, se presentó un rompimiento de la
ecuación económica o desequilibrio económico del contrato a favor
del contratista, por el incumplimiento y por las acciones y omisiones de
la parte demandante – Universidad Tecnológica de Pereira, durante la
etapa previa (planeación) a la adjudicación del contrato, al igual que
durante su ejecución; y también, como consecuencia de hechos y
circunstancias imprevistas e imprevisibles y por lo mismo, ajenas a la
conducta contractual del contratista; pero que afectaron sus legítimos
intereses económicos, ocasionándole como consecuencia un
detrimento patrimonial injustificado.
CUARTA. Que se declare la Nulidad parcial de la Resolución no. 083 del
26 de enero de 2015, proferida por el Rector de la Universidad
Tecnológica de Pereira, por medio de la cual se dispuso la Liquidación
Unilateral del Contrato de Obra no. 5784 de 2013; al no reconocer la
mayor cantidad de obra en la que incurrió el Consorcio C&A 2013.
QUINTA. Que se declare la Nulidad parcial de la Resolución no. 965 del
22 de abril de 2015, proferida por el Rector de la Universidad Tecnológica
de Pereira, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición; al
no reconocer la totalidad de mayor cantidad de obra en la que incurrió
el Consorcio C&A 2013, tanto por el pago del personal obrero como del
personal administrativo.
SEXTA. Que en consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad
parcial, se declare que la Universidad Tecnológica de Pereira es
responsable de todos los mayores valores y gastos adicionales en los que
incurrió el Consorcio, en virtud del desequilibrio económico del citado
contrato de obra; y en consecuencia, se le condene a pagar al
Consorcio C&A 2013 y/o cada uno de sus integrantes, las sumas que se
prueben en el proceso y las que a continuación relaciono por los
siguientes conceptos:
1. PERJUICIOS MATERIALES. Se deben pagar al Consorcio C&A 2013 y/o
cada uno de sus integrantes, por concepto de perjuicios materiales, los
siguientes valores:
2 El 3 de marzo de 2016, folios 1 a 60 del cuaderno 3.
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Demandante: Consorcio CYA 2013
Demandada: Universidad Tecnológica de Pereira
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
A. La suma de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($32.191.769) M/CTE, por concepto
de [los] 1,33 meses de mayor permanencia en la obra del Personal
Administrativo.
B. La suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CEINTO (sic)
VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($175.123.482)
M/CTE, por concepto de mayor permanencia en la obra del Personal
Obrero.
C. La suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($11.826.246) M/CTE, por concepto
del pago del retiro y el traslado temporal de los sobrantes de portería de
Medicina.
2. POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Se debe pagar al Consorcio
C&A 2013 y/o cada uno de sus integrantes, por concepto de
incumplimiento del contrato, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
PESOS ($377.976.184) M/CTE., correspondientes al valor de la cláusula
penal pecuniaria del Contrato de Obra no. 5784 de 2013.
SÉPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. Que se declare que la
Universidad Tecnológica de Pereira dará cumplimiento a la sentencia
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su ejecutoria, de
acuerdo a lo ordenado en el artículo 192 del CPACA.
OCTAVA: INDEXACIÓN DE VALORES. Que al momento de proferirse la
sentencia se indexen los valores reconocidos.
NOVENA: INTERESES. Que se condene a la Universidad Tecnológica de
Pereira al pago del valor correspondiente a los intereses que se causen
a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad
con los artículos 192 y 195 numeral 4° del CPACA.
DÉCIMA: COSTAS. Que se condene a la parte demandada en costas,
en los términos del Código General del Proceso, de conformidad con el
artículo 188 del CPACA”
2. La parte demandante basó sus pretensiones, en síntesis, en los
siguientes hechos:
3. 1) La Universidad y el Consorcio celebraron, el 27 de diciembre de
2013, el Contrato de obra 5784, que tuvo por objeto la “construcción de
control de accesos vehiculares y peatonales de la UTP de acuerdo a los
requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación
Pública 23 de 2013”.
4. 2) Durante la ejecución del Contrato se celebraron 3 modificaciones
“que generaron un desequilibrio económico del contrato para el
contratista”. En el primer otrosí se adicionó el valor en $265.912.931 y se
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prorrogó el contrato en 30 días, para ejecutar las labores en horarios no
laborales con el propósito de no causar molestias. En el segundo otrosí se
prorrogó el contrato por 60 días, para hacer frente a las lluvias, por el mayor
tiempo requerido para realizar algunas actividades, cambios en los diseños
y planos, y la mayor cantidad de obra y mayor permanencia en obra del
personal del Consorcio. En el tercer otrosí, las partes acordaron prorrogar el
contrato por un plazo de 60 días.
5. 3) El 27 de septiembre de 2014, las partes suscribieron el Acta de recibo
y terminación de la obra. El Consorcio, antes de la liquidación, presentó
reclamaciones económicas causadas por el rompimiento del equilibrio
económico del contrato y el incumplimiento en la planeación.
6. 4) La Universidad negó la reclamación económica del Contratista
mediante oficio 5784-28, en el cual afirmó que la Universidad había
cumplido con todas las obligaciones propias de la etapa de planeación y
que hubo negligencia del contratista en la planeación de los suministros.
7. 5) El 26 de enero de 2015, mediante la Resolución 83, la Universidad
liquidó unilateralmente el Contrato de obra 5784 de 2013, con fundamento
en los artículos 56 y 57 de su Estatuto de Contratación. La Universidad
ordenó el pago de $236.833.105 a favor del Consorcio por obras
ejecutadas.
8. 6) El Consorcio interpuso recurso de reposición, que fue resuelto
mediante la Resolución 865 de 22 de abril de 2015, que modificó la suma
para adicionar $41.986.380 por concepto de 2 meses de mayor
permanencia en la obra del personal administrativo.
1.2. Posición de la parte demandada
9. La Universidad contestó la demanda3 y solicitó que se negaran las
pretensiones. Los argumentos pueden resumirse de la siguiente manera:
3 Folios 82-160 del cuaderno 2.
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10. Las exigencias del pliego eran claras y precisas, además, el contratista
elaboró su propuesta con base en ellos. Sobre el particular puso de
presente jurisprudencia de esta Corporación sobre el conocimiento previo
por parte del oferente de los estudios y diseños. Particularmente indicó que
“si el futuro contratista consideraba que existía complejidad del
cumplimiento acerca de ciertos ítems, así debió haberlo manifestado
mediante observaciones al pliego de condiciones, por lo que es inadmisible
la controversia hoy generada (…) No puede alegar su propia culpa”.
11. El Contratista no alegó una verdadera circunstancia de desequilibrio
económico, ni la demostró. Adicionalmente, indicó que las adiciones en
tiempo y valor fueron suscritas a petición del contratista, con lo cual no es
de recibo que ahora reclame judicialmente que no estuvo de acuerdo con
su suscripción, o con los efectos en ellas consignados.
12. Con base en lo anterior, la Universidad propuso las excepciones de:
“reconocimiento y pago de mayores cantidades de obra y de la
reclamación de mayor permanencia en obra”, en donde arguyó que todo
había quedado zanjado con las adiciones solicitadas por el contratista;
“inexistencia de desequilibrio económico”, pues los “presupuestos
esenciales para la configuración de un desequilibrio no han acaecido”;
“ausencia de daños o perjuicios indemnizables”, pues la permanencia en
la obra era atribuible al propio contratista; “enriquecimiento sin causa”,
pues la cláusula penal solamente podía cobrarse a favor de la entidad y
no a su cargo.
1.3. Sentencia recurrida
13. El 31 de mayo de 2018, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda profirió Sentencia4, en la cual negó las
pretensiones. La decisión fue adoptada, en síntesis, con base en los
siguientes argumentos:
4 Folios 432-453 del cuaderno principal.
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14. A partir del hecho de que el contratista pudo conocer los diseños y
que las modificaciones no dan cuenta de una falta al deber de
planeación, pues “de ningún estudio previo es predicable la infalibilidad y
menos si se trata de cambios menores”, el Tribunal concluyó que no fue
posible evidenciar ningún incumplimiento, ni una alteración al equilibrio
económico del contrato, que no hubiera sido reconocido en dinero y
tiempo por la Universidad. Al contrario, agregó el Tribunal, “se evidencia en
las actuaciones antedichas la voluntad de la entidad contratante de
finalizar en buen término el contrato de obra y de remover para tal efecto
los inconvenientes”.
15. A continuación, se puede leer la parte resolutiva de la Sentencia
recurrida (se trascribe):
“1. NIÉGANSE las súplicas de la demanda por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
2. Se condena en costas en esta instancia a la parte demandante
vencida. Liquídanse por Secretaría.
3. Expídanse a costa de la parte interesada las copias que sean
solicitadas.
3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de la cuota
de gastos si a ello hubiere lugar, y archívese el expediente.
1.4. Recurso de apelación
16. La parte demandante presentó recurso de apelación5 en contra de
la Sentencia de primera instancia. Los argumentos, en síntesis, fueron:
17. El Tribunal no tuvo en consideración que los cambios en los planos y
diseños generaron sobrecostos y que los planos tenían muchas
inconsistencias que requirieron modificaciones. Igualmente, puso de
presente un dictamen pericial en el cual se indicó que los planos iniciales
no fueron los planos que finalmente sirvieron de base para la ejecución del
proyecto.
18. Las lluvias fueron anormales en el mes de abril, lo que debe llevar al
reconocimiento de costos extra por parte de la Universidad.
5 El 20 de julio de 2018, folios 455-469.
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19. Hubo mayor permanencia en obra, pese a lo cual el Tribunal sostuvo
que no se generó un desequilibrio para el contratista, lo que es contrario a
lo probado en el proceso.
20. Hubo reclamaciones económicas durante el desarrollo de la obra;
además, la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre reclamaciones
previas a la celebración de negocios jurídicos contractuales no existía para
ese momento.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo. 2.2. Sobre la condena en costas.
2.1. Análisis sustantivo
21. La Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
por razones distintas a las expuestas en la Sentencia de primera instancia.
En síntesis, el régimen jurídico del contrato era, en principio, el derecho
privado y, en consecuencia, el acto de liquidación no era un acto
administrativo, para el contrato no aplicaban las normas sobre equilibrio
económico del contrato, y no se demostraron los presuntos incumplimientos
de la Universidad.
2.1.1. Del particular régimen contractual de las Universidades Públicas
22. Antes de entrar en el análisis del caso, es necesario determinar el
régimen contractual de las Universidades Públicas, pues de ello depende
la virtual prosperidad de las pretensiones de nulidad del acto de liquidación
y de restablecimiento del equilibrio económico del contrato. En este asunto,
el punto de partida es el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, que preceptúa:
ARTÍCULO 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los
contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las
universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho
privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales,
según la naturaleza de los contratos.
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PARÁGRAFO. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito,
los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto
222 de 1983 y demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o
sustituyan.
23. El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como
otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el
derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la
presente Ley”. Por ello, para integrar el régimen jurídico completo de los
contratos de las Universidades Públicas es necesario hacer una revisión
general de la Ley 30 de 1992 con el propósito de determinar tales
excepciones, entre las cuales se encuentran las del parágrafo del artículo
93 y el artículo 94. Adicionalmente, en esta materia llama particularmente
la atención el artículo 61 de ese mismo instrumento normativo que
prescribe:
ARTÍCULO 61. Las disposiciones de la presente Ley relativas a las
instituciones estatales u oficiales de Educación Superior, constituyen el
estatuto básico u orgánico y las normas que deben aplicarse para su
creación, reorganización y funcionamiento. A ellas deberán ajustarse el
estatuto general y los reglamentos internos que debe expedir cada
institución.
Aquellos establecerán cuáles de sus actos son administrativos y
señalarán los recursos que proceden contra los mismos.
24. Así las cosas, de conformidad con esta disposición, los reglamentos
internos de las Universidades, dentro de los cuales esta Sala entiende se
encuentra incluido el Estatuto de Contratación de la Universidad, pueden
establecer, por expresa habilitación legal, cuáles de sus actos son
administrativos.
25. En la cláusula vigésima cuarta del Contrato, las partes pactaron que
“el presente contrato se regirá por las normas del derecho privado y en
especial por el Estatuto de Contratación de la Universidad Tecnológica de
Pereira (Acuerdo 05 de 2009 y sus modificaciones)”. Revisado el
expediente, no fue posible encontrar el Estatuto de Contratación de la
Universidad, que hacía parte integral del régimen del contrato, y que
podía, según el artículo 61 de la Ley 30 de 1992, haber determinado cuáles
de los actos de la Universidad eran actos administrativos. Tal falencia
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probatoria se corroboró con la revisión de las pruebas documentales
aportadas en la demanda y la contestación por cada una de las partes, y
el auto de prueba del Tribunal6.
2.1.2. El acto de liquidación no es un acto administrativo
26. Así las cosas, el contrato tiene un régimen de derecho privado y, ante
la imposibilidad de verificar las excepciones establecidas en los
Reglamentos, para el caso del acto de liquidación no existen excepciones
en la Ley. Por lo tanto, la Sala confirmará la regla general de origen legal,
según la cual el régimen de los contratos es el derecho privado, lo cual
implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto
contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo.
27. Sobre el punto, la Sala advierte que si la parte actora pretendía la
anulación del acto de liquidación como acto administrativo, debió
descargar su deber probatorio de conformidad con lo ordenado por el
artículo 167 del CGP, y demostrar que tenía esa naturaleza jurídica.
28. En ese orden de ideas, no puede declararse la nulidad del acto de
liquidación, como si se tratara de un acto administrativo, pues según lo
demostrado en este proceso no tiene tal naturaleza.
29. Si se analiza la liquidación como un acto unilateral contractual debe
realizarse un estudio del incumplimiento contractual en que pudo haber
incurrido la Universidad al desobedecer los términos en que tal liquidación
debía darse. Sin embargo, ante la falta de prueba sobre los elementos que
debía tener la Universidad al momento de liquidar, pues la facultad
también estaba contenida en el Estatuto de Contratación que se echa de
menos, tampoco resulta posible verificar si el ejercicio de la facultad
unilateral se ajustó o no a lo pactado contractualmente. Así las cosas,
tampoco puede declararse un incumplimiento por el ejercicio indebido de
la facultad de liquidar unilateralmente. Por lo tanto, se confirmará la
6 Folio 232-240 del cuaderno 2.
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negatoria de las pretensiones cuarta y quinta de la demanda, así como de
la sexta, que fue presentada como consecuencial de aquellas.
30. No obstante, precisamente porque no se demostró que los actos de
liquidación no tuvieron naturaleza de actos administrativos, se puede
proceder al estudio de las demás pretensiones, ya que no existe la
presunción de legalidad de un acto administrativo que lo impida.
2.1.3. El desequilibrio económico del contrato no está contemplado en el
régimen especial de las Universidades Públicas, pues el contrato estaba
sometido al derecho privado
31. Como lo ha señalado en diversas oportunidades esta corporación7, a
los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado no les
resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del
contrato, pues estas fueron establecidas por el legislador para los contratos
estatales sometidos al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública. En consecuencia, la negatoria de la pretensión
tercera relacionada con la ruptura del equilibrio económico debe ser
confirmada.
32. Ahora bien, si se analizan las pretensiones con base en las normas
propias del derecho privado, podría darse aplicación al artículo 868 del
Código de Comercio sobre excesiva onerosidad sobrevenida. Sin
embargo, así analizadas las pretensiones de la demanda también deben
ser negadas, puesto que la disposición de derecho privado solamente
permite el examen de prestaciones de futuro cumplimiento. Sobre este
asunto esta Subsección ha explicado (se trascribe):
“67. La excesiva onerosidad sobrevenida tiene una lógica distinta al
desequilibrio económico, pues pretende remover, a futuro, las dificultades
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 25 de mayo de 2023, Exp. 66661; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 23 de noviembre de 2022, Exp. 66661; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 16 de agosto de 2022, Exp. 63489; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2022, Exp. 63168; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de 8 de septiembre de 2021, Exp: 58235; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 28 de abril de 2021, Exp. 48962; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de febrero de 2021, Exp.
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que se le presenten a una de las partes de un contrato durante su ejecución.
Por esto, el artículo 868 del Código de Comercio exige que las circunstancias
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del
contrato, deben alterar una “prestación de futuro cumplimiento a cargo de
una de las partes”. Esto guarda coherencia con las potestades que otorga al
juez el inciso segundo de ese artículo, pues este autoriza a ordenar el reajuste
o la terminación del contrato; órdenes que no tendrían sentido en relación
con una prestación ejecutada o un contrato terminado.
68. Respecto de esta norma, Hinestrosa sostuvo: “se concluye que quien ya
pagó, logró sortear las dificultades que se le oponían y, por lo mismo, no
cuenta con razones valederas para volver sobre hechos cumplidos. (…) de
modo que si la demanda de reajuste o terminación se introduce luego de
ejecutada la prestación devenida más onerosa, ya no existe sujeta materia
para la actividad judicial, pues no hay contrato que cambiar, u obligación
que reajustar, pues todo concluyó por cumplimiento-pago”.
69. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha señalado “[b]ien se advierte
del factum normativo, que la revisión versa sobre «la prestación de futuro
cumplimiento a cargo de una de las partes», esto es, no cumplida ni
extinguida. La vigencia del contrato y la pendencia de la prestación,
conforman condiciones ineludibles. Menester el vigor del contrato, y que la
obligación no sea exigible, haya cumplido, ejecutado o agotado” 8.
33. En el contrato que dio lugar a las reclamaciones no existen
prestaciones de futuro cumplimiento que puedan ser objeto de revisión, ni
el contrato sería susceptible de terminación judicial en aplicación del
artículo 868 del Código de Comercio.
2.1.4. No se presentaron reparos concretos sobre la decisión del Tribunal de
no declarar el incumplimiento, ni se elevaron razones que llevaran a la
conclusión de que hubo un incumplimiento del contrato de obra
34. En último lugar, debe analizarse la pretensión segunda relativa al
incumplimiento del Contrato por parte de la Universidad. Sobre esta
materia, se pone de presente que el Tribunal decidió que las
modificaciones a los estudios, planos y diseños originales durante la
ejecución del contrato no eran suficientes para demostrar el
incumplimiento del contrato por parte de la Universidad, pues “de ningún
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de septiembre de 2021, Exp: 58235.
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Decisión: Confirma la Sentencia
estudio previo es predicable la infalibilidad y menos si se trata de cambios
menores”.
35. Pese a lo anterior, el recurrente concentró sus esfuerzos, una vez más,
en demostrar las variaciones entre los estudios, planos y diseños originales y
aquellos definitivos con base en los cuales se realizó la ejecución de la obra.
En ese sentido, en lectura de los artículos 320 y 328 del CGP, no se
presentaron motivos concretos de inconformidad frente a la decisión de
primera instancia, y este juez de segunda instancia no tiene competencia
para revisar, de oficio, la decisión del Tribunal.
36. No obstante, esta Sala advierte que los ajustes a los planos, estudios y
diseños realizados durante la fase de ejecución no son suficientes para
demostrar los defectos de planeación del contratante. Como se dijo en
otra ocasión:
Lo anterior es especialmente cierto en contratos que, como este, se conocen
en la teoría económica como contratos incompletos9 por la imposibilidad de
prever todas las contingencias que pueden surgir durante su ejecución. Por
ello, a efectos de demostrar un incumplimiento por defectos en la información
suministrada, resultaba indispensable contar con una prueba que permitiera
diferenciar los cambios derivados de las contingencias no previstas de los
verdaderos defectos de planeación. Estos últimos serían aquellos que
resultarían jurídicamente atribuibles a la entidad10.
37. En resumen, el recurrente no planteó inconformidades concretas sobre
el fundamento del Tribunal para negar el incumplimiento del contrato y,
además, se comparte el raciocino del juez de primera instancia en el
sentido de que no bastan las variaciones de lo planeado durante la
ejecución, pues ello es propio de los contratos denominados incompletos,
y resulta fundamental diferenciar las modificaciones causadas por
contingencias connaturales a este tipo de contrato, de aquellas otras
derivadas de una indebida planeación.
9 Eggleston, Karen, Eric A. Posner, and Richard Zeckhauser. "The design and interpretation of contracts: why
complexity matters." Nw. UL Rev. 95 (2000): 91.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 23 de noviembre de 2022, Exp: 66661.
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Radicación: 66001-23-33-000-2016-00135-01 (62090)
Demandante: Consorcio CYA 2013
Demandada: Universidad Tecnológica de Pereira
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
38. En adición, en el expediente obra un dictamen pericial elaborado por
la Universidad Nacional de Colombia que da cuenta de los cambios
realizados durante la ejecución del contrato; sin embargo, no demuestra
una indebida planeación. Adicionalmente, el impacto del cambio de
diseño sobre la permanencia y los costos señaló (se trascribe) “no se
deberían dar, si se hizo el pago de lo realmente ejecutado”. Con lo cual,
tampoco se demostró el presunto daño o desequilibrio generado por los
cambios de diseño.
39. Para abundar en argumentos, se pone de presente que las
modificaciones, denominadas otrosí 1, 2 y 3, alteraron el plazo y el valor del
contrato para hacer frente a las contingencias de las variaciones de
diseño, y las lluvias, sin que pueda establecerse, se haya alegado o
demostrado que existieron variaciones de diseños o periodos de lluvias
diferentes a los ya superadas con esos acuerdos. Es cierto que la Sentencia
de Unificación de la Sección Tercera relacionada con los efectos de los
negocios jurídicos celebrados durante la ejecución del contrato11 no se
refiere a contratos sometidos a regímenes especiales. Sin embargo, la teoría
general del negocio jurídico y las particularidades sobre los efectos que
producen sobre lo acordado no tienen variación alguna en derecho
privado, por lo que, también por esta razón, era procedente negar las
pretensiones de la demanda. Lo anterior, pues, en términos de la Sentencia
de Unificación citada, “el acuerdo de las partes y su alcance” era
precisamente superar las dificultades que dieron lugar a las reclamaciones
presentadas en primera instancia ante el Tribunal de Risaralda.
2.2. Sobre la condena en costas
40. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 3 del
artículo 365 del CGP, se condenará en esta instancia en costas a la parte
demandante. Estas deberán ser tasadas y liquidadas por el Tribunal de
acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 27 de julio de 2023, Exp: 39121.
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Radicación: 66001-23-33-000-2016-00135-01 (62090)
Demandante: Consorcio CYA 2013
Demandada: Universidad Tecnológica de Pereira
Referencia: Controversias contractuales
Decisión: Confirma la Sentencia
3. DECISIÓN
41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 31 de mayo de 2018 por la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al Consorcio CYA 2013 a favor de la
Universidad Tecnológica de Pereira. Estas deberán ser tasadas y liquidadas
por el Tribunal de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP.
Por Secretaría, una vez ejecutoriada la presente providencia, DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto Salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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