Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2016-00176-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2016-00176-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-33-000-2016-00176-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
19 de junio de 2025
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00176-01
Demandante: BIOTECH TRADING S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00176-01
Demandante: BIOTECH TRADING S.A.S.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
• DIAN
Tesis: No son nulos los actos administrativos por medio de los
cuales se ordenó el decomiso de una mercancía bajo las
causales previstas en los numerales 1.28 y 1.6 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, toda vez que no
se evidenció la violación al debido proceso de la
demandante.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN1 contra la sentencia de 23 de
junio de 2017, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Cuarta de Decisión, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por la
sociedad Biotech Trading SAS.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Biotech Trading SAS, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad
1
En adelante DIAN
2
Demanda radicada el 18 de marzo de 2016. Folios 1 a 15 del cuaderno núm. 1 de primera instancia, el cual
se encuentra digitalizado en el índice núm. 27 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI.
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Demandante: BIOTECH TRADING S.A.S.
y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011, en contra de la DIAN, en la cual formuló las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“1.- Declarar nula la resolución No. 1.16.238.457.06.36-679 del día 05 del
mes de junio del año 2015 expedida por la División de Gestión de Fiscalización
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira de la U.A.E.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante la cual se
ordenó el decomiso de mercancías aprehendidas con acta No. 1600555POLFA
del 11-03-15 dentro del expediente administrativo No. PF2015 2015 581
Adelantado a nombre de mi representada.
2.- Declarar nula la resolución No. 1472 del día 19 del mes de noviembre del
año 2015 expedida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira de la U.A.E. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante la cual se confirmó la
resolución No. 679 del 05 de junio de 2015 con la cual se ordenó el decomiso
de mercancías aprehendidas con acta No. 1600555P0LFA del 11-03-15 dentro
del expediente administrativo No. PF2015 2015 581 Adelantado a nombre de
mi representada.
3. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento, se
ordene a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, devolver a mi
representada en el estado en que se encontraban, las mercancías
aprehendidas mediante Acta No. 1600555P0LFA del 11 de marzo de 2015 o
en su defecto, la suma sobre las cuales se declararon las mercancías en la
declaración de importación de autoadhesivo bancario No. 23030018987188
de fecha 03 de marzo de 2015, esto es la suma de SEISCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y UN MIL PESOS. ($688.974.531,00).
4. Que se condene a la entidad U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira al pago
del lucro cesante y el daño emergente ocasionado con la aprehensión
suscitada a las mercancías de mi representada, así como de los gastos
ocasionados por la presentación judicial en este proceso, valorados así:
-Lucro Cesante; ocasionado por la imposibilidad de comercializar las
mercancías importadas, se estiman en la suma de: $46.518.800, lo cual se
prueba con las facturas de venta en el mercado nacional para producto
similar.
-Gastos incurridos por los honorarios cancelados al apoderado judicial de la
empresa demandante, en la suma de: $84.000.000, los cuales se prueban
con el anexo del contrato de servicios prestado.
5.- Que se condene en costas a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira, relativo
a todos los gastos en que se haya incurrido dentro del presente proceso
contencioso.”
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1.1.2 Hechos
1.1.2.1. La sociedad Biotech Trading SAS introdujo al territorio aduanero
nacional bajo la modalidad de importación ordinaria 249,82 toneladas de
fertilizante orgánico Tencom Azofast, empacadas en 5.000 sacos. La
mercancía se embarcó con destino al País el 5 de febrero de 2015 e
ingresó el 1 de marzo del mismo año por el puerto de Buenaventura, de
acuerdo con el conocimiento de embarque núm. MSCULS123408 y el
manifiesto de carga núm. 116575005933707.
1.1.2.2. La demandante presentó la declaración de importación con
autoadhesivo núm. 23030018987188 de 3 de marzo de 2015 a través de
la Agencia de Aduana SERVADE SAS Nivel 1 y la demandada concedió la
autorización de levante de las mercancías a la que le correspondió el
consecutivo núm. 352015000063020 de 4 de marzo de 2015.
1.1.2.3. Con la autorización del levante, la demandante procedió a su
retiro de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, para lo cual
despachó inicialmente 1.360 sacos de 50 kilogramos de la mercancía con
el fin de depositarlos en las bodegas de almacenamiento en Funza, previo
a su comercialización.
1.1.2.4. En el trayecto del desplazamiento, funcionarios de la División de
Gestión Control Operativo de la Seccional de Impuestos y Aduanas de
Pereira inmovilizaron el tracto camión que trasportaba la mercancía para
el ejercicio de control posterior. Como resultado de dicha actuación, los
funcionarios determinaron que los 680 sacos inspeccionados no contaban
con rótulo o leyenda que los singularizara, por lo que incumplieron con el
reglamento de etiquetado, y que no correspondían con la descripción
declarada. En consecuencia, a través del acta núm. 1600555POLFA de 11
de marzo de 2015, ordenaron la aprehensión de la mercancía avaluada
en $465.188.000, con fundamento en los numerales 1.6 y 1.28 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
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1.1.2.5. El mismo día en el que se efectuó la aprehensión, funcionarios
de la demandada remitieron dos muestras de la mercancía a la oficina de
Coordinación del Servicio de Arancel de la Subdirección Técnica Aduanera
en el Nivel Central, con el fin de que se efectuara un análisis de laboratorio
para establecer de qué mercancía se trataba.
1.1.2.6. La demandante presentó objeciones a la aprehensión con
sustento en pruebas como el análisis bromatológico del laboratorio LAB
2000 Srl, practicada a las mercancías en el puerto de origen, y en el
estudio bromatológico efectuado por el laboratorio AVALQUÍMICO SAS.
1.1.2.7. Mediante Resolución 1.16.238.457.06.36-6793 de 5 de junio de
2015 la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira ordenó el
decomiso de las mercancías aprehendidas con fundamento en las causales
previstas en los numerales 1.6 y 1.28 del artículo 502 del Decreto 2685
de 1999.
1.1.2.8. La parte accionante presentó recurso de reconsideración en
contra de la anterior decisión, con el cual solicitó la práctica de pruebas
que fueron decretadas a través del auto núm. 1689 de 30 de julio de
2015.
1.1.2.9. El recurso fue decidido en la Resolución 1472 de 19 de noviembre
de 2015 en el sentido de confirmar la decisión de decomiso.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte demandante indicó como vulneradas las siguientes normas: los
artículos 2, 4, 29, 58 y 83 de la Constitución Política; los artículos 2, 504,
505-1, 502 numeral 1.6. y 511 del Decreto 2685 de 1999, y el artículo
164 del Código General del Proceso. Fundamentó el concepto de la
violación a partir de los siguientes argumentos:
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En adelante, Resolución 679.
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1.1.3.1. Puso de presente que el artículo 504 del Decreto 2685 de 1999
indica que el proceso administrativo de definición jurídica de mercancías
inicia con el acta de aprehensión y que el artículo 511 ibidem señala que,
luego de la presentación de objeciones a la aprehensión, habrá lugar al
decreto de pruebas, decisión que se adoptará a través de auto motivado.
En ese contexto, señaló que la DIAN desconoció el debido proceso porque
decretó y practicó una prueba fuera de la oportunidad señalada en la
norma, en tanto solicitó el análisis por parte del laboratorio de la entidad
sin que hubiera iniciado la investigación y no adoptó esa decisión a través
de un acto administrativo debidamente motivado, lo que impidió que las
partes pudieran objetar o consentir la prueba.
En ese sentido, resaltó que, tanto el acta de aprehensión, como el oficio
por el cual se solicita al nivel central el concepto de laboratorio, tienen
fecha de 11 de marzo de 2011, y agregó que este último no fue suscrito
por el funcionario competente de la División de Gestión de Fiscalización -
director de la instrucción-, sino que lo firmó un funcionario de la División
de Control Operativo de la Dirección seccional, esto es, una dependencia
que no tiene que ver con el proceso administrativo de definición de la
situación jurídica de las mercancías.
En el mismo sentido, indicó que existió una irregularidad en la actuación
administrativa pues, mediante el auto 2417 de 4 de noviembre de 2015,
la DIAN ordenó dar traslado a la demandante del informe técnico antes
referido, pero dicho acto se fundó en una disposición derogada por el
Código General del Proceso, esto es, el artículo 238 del Código de
Procedimiento Civil. Por ello, dijo que el acto con el que se pretendió
legalizar la prueba que no fue decretada en el proceso es nulo ya que en
él se siguió un procedimiento que ya no se encuentra vigente.
1.1.3.2. Advirtió que en el acta de aprehensión se señaló que la mercancía
no correspondía con la descripción declarada en tanto aquella no tenía
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rótulos ni leyendas que la identifiquen y ello hacía imposible su
comparación con la descripción consignada en la declaración de
importación núm. 352015000076244-3. De ello coligió que era claro que
los funcionarios no sabían qué tipo de producto era el empacado en los
sacos que inspeccionaban, pues no tenían conocimiento básico ni técnico
para verificar si la mercancía correspondía a “fertilizante orgánico
TENCOM AZOFAST, ORIGEN ORGÁNICO, MINERAL, GRADO 14-0-0
COMPOSICIÓN PORCENTUAL: NITRÓGENO TOTAL 14.2% NITROGENO
AMINIACAL 0,7%”.
En ese orden, dijo que no había lugar a aprehender la mercancía bajo la
causal 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 pues dicha norma se refiere
al supuesto en el que la mercancía no está amparada en una declaración
de importación, o supera las cantidades declaradas, o se trata de
mercancía diferente; es decir, la norma no admite la aprehensión en el
evento en el que el funcionario desconozca de qué tipo de mercancía se
trata. Así, cuestionó que, a pesar de que se señaló que era imposible
comparar la mercancía con la descripción de la declaración de
importación, la demandada concluyera que se trataba de una mercancía
diferente y aplicara la causal del numeral 1.6. A su juicio, la aprehensión
efectuada en esas condiciones implica una extralimitación de funciones.
1.1.3.3. Agregó que al momento de la aprehensión se les suministraron
a los funcionarios los documentos soporte de la declaración de
importación e incluso se presentó el resultado del examen de laboratorio
efectuado por la firma LAB2000 Srl de 29 de enero de 2015 en el país de
origen. A su juicio, lo anterior demuestra que en el momento de la
aprehensión los empleados de la DIAN sí tenían elementos probatorios
para determinar qué clase de mercancía era la inspeccionada. Con todo,
desconocieron el principio de buena fe previsto en el artículo 83
constitucional al no tener en cuenta los referidos documentos.
1.1.3.4. Refirió que, con el escrito de objeciones formulado en contra de
la aprehensión, la demandante presentó dos análisis de laboratorio: el
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primero, expedido en el país de origen por la compañía LAB2000 Srl, y el
segundo, emitido por la firma Aval Químicos SAS. Explicó que el resultado
del primero coincidía con la descripción de la mercancía consignada en la
declaración de importación, y que el segundo contenía unas conclusiones
diferentes. Sin embargo, resaltó que el dictamen elaborado por Aval
Químicos SAS no tenía firma ni sello, de manera que no podía
considerarse como prueba para sustentar el decomiso de la mercancía.
Pese a ello, la DIAN soportó la decisión censurada en los resultados de
este último dictamen.
Asimismo, reprochó que en la decisión se tuvo en cuenta un análisis de
laboratorio proveniente de la Universidad del Valle que la demandante
aportó el 4 de mayo de 2015, esto es, cuando ya había vencido el término
previsto en el artículo 505-1 para la presentación de pruebas, que corrió
hasta el 1 de abril de 2015.
1.1.3.5. Por otra parte, puso de presente que, al resolver el recurso de
reconsideración, la demandada valoró indebidamente el dictamen
elaborado por Aval Químicos SAS en que se concluyó que lo analizado
correspondía a un abono orgánico de naturaleza proteica y de origen
animal. En ese sentido, censuró que en ese momento de la actuación la
DIAN planteó que la controversia giraba en torno al cambio de naturaleza
de la mercancía, cuando lo cierto es que ese no fue el argumento por el
cual la División de Gestión de Fiscalización adoptó la decisión de
decomiso, con lo cual, a su juicio, desconoció una vez más su derecho al
debido proceso. En ese punto, expuso que el decomiso se fundamentó en
la diferencia de la composición porcentual pues, luego de comparar los
datos porcentuales señalados en la declaración de importación frente a
los del concepto técnico, la demandada concluyó que la descripción del
producto objeto del presente proceso no correspondía a la declarada en
la declaración de importación núm. 23030018987188.
De lo anterior evidenció que la decisión de decomiso se fundamentó en el
error en la descripción del producto dadas sus diferencias porcentuales,
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mientras que el acto que resolvió el recurso de reconsideración se cimentó
en el argumento sobre el cambio de naturaleza de la mercancía, por lo
que afirmó que la entidad le impidió defender sus intereses al haber
variado sus consideraciones al momento de resolver el recurso.
Añadió que, en todo caso, la División de Gestión Jurídica se equivocó al
considerar que se trataba de una mercancía diferente pues, de acuerdo
con la definición que al respecto trae el Decreto 993 de 2015, ello se
presenta cuando se verifica que corresponde a otro producto. Dijo que un
abono o fertilizante de origen mineral es de igual naturaleza a otro abono
o fertilizante de origen animal, al punto en el que solo difieren en cuanto
a su origen. Así, mientras la demandante declaró el producto como de
origen orgánico mineral, el laboratorio de la demandada lo individualizó
como de origen animal, para lo cual utilizó el término “de naturaleza
animal”, y a partir de ello fue que la DIAN estimó que la mercancía tenía
una naturaleza diferente, sin tener en cuenta que dicha expresión no se
utilizó para individualizar el producto sino su origen. Así las cosas, resaltó
que la naturaleza del producto es la de “abono” y que lo que difiere es su
origen, de manera que no es cierto que hubiera un cambio en la
naturaleza de las mercancías.
1.1.3.6. Seguidamente, la accionante indicó que, a pesar de que presentó
como prueba documental una constancia en la que el proveedor Ten Com
Gruop SRL admitió que por error no etiquetó la mercancía antes de su
despacho, la resolución que ordenó el decomiso no consideró dicho
documento. Del mismo modo, la demandada tampoco se pronunció sobre
la solicitud de aplicación por favorabilidad del Decreto 993 de 2015, que
establece directrices más laxas en los conflictos originados a partir de la
aprehensión de mercancías, en comparación con las establecidas en el
Decreto 2685 de 1999.
En esa línea, manifestó que el hecho de que los sacos no tengan etiqueta
no implica que la mercancía no corresponda con la descripción declarada,
si se tiene en cuenta que la declaración de importación plasma en la casilla
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correspondiente todos los elementos que la individualizan y singularizan,
según la Resolución 25 de 2013. Destacó que el producto cuenta con
etiqueta aprobada por la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos
Agrícolas del ICA. A su juicio, todo ello evidencia que la demandante no
tenía ningún interés en defraudar al Estado ni ejercer operaciones de
contrabando y que el error de no etiquetar la mercancía en el exterior no
genera ningún daño a la administración, ya que la mercancía está exenta
de tributos aduaneros, de manera que no habría lugar a sancionar dicha
omisión.
Finalmente, expuso que la facultad prevista en el numeral 1.28 del
artículo 502 del Decreto 2685, que habilita a aprehender la mercancía que
carezca de etiqueta determinada por los reglamentos técnicos, no es
absoluta, pues se reserva a los eventos en los que la mercancía se
pretenda comercializar sin tener la etiqueta respectiva. En ese orden, la
DIAN solo puede ejercer esa facultad al momento de la comercialización;
sin embargo, en el asunto examinado se retuvo la mercancía cuando no
se encontraba en comercialización, pues su destino era una bodega del
mismo importador en la que aquella sería adecuada antes de su venta.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. La demanda fue admitida a través de auto de 1 de julio de 2016 en
el que se ordenó su notificación a la DIAN, al agente del Ministerio Público
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. La DIAN contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con
fundamento en los siguientes argumentos:
Inicialmente se refirió al artículo 36 del Decreto 4048 de 2008, en el que
se establecen las funciones de la Subdirección de Gestión Operativa
Policial, y al artículo 14 de la Resolución 0009 de 2008, por el cual se
sustituyó la División de Gestión de Policía Fiscal Aduanera por la División
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de Control Operativo y se le asignó entre sus funciones la de aprehender
las mercancías. Adicionalmente, trajo a colación los artículos 469 y 470
del Decreto 2685 de 1999, así como los artículos 429 y 430 de la
Resolución 4240 de 2 de junio de 2000, para señalar que, a través del
auto núm. 000723 de 3 de marzo de 2015, el Jefe de la División de Control
Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira
comisionó debidamente a unos funcionarios para practicar la diligencia de
control y aprehensión de la mercancía durante los días 4 a 10 de marzo
de 2010.
Agregó que los funcionarios quedaron facultados para adelantar las
diligencias necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas
aduaneras y levantar pruebas, tal como lo admite el artículo 470 del
Decreto 2685 de 1999 y los artículos 429, 430 y 431 de la Resolución
4240 de 2000. Por ello, los funcionarios inspeccionaron las mercancías de
Biotech Trading SAS y tomaron muestras para determinar el tipo de
sustancia que se encontraba al interior de los sacos, las cuales fueron
remitidas a la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera el 11 de marzo
de 2015.
En ese contexto, recordó que los funcionarios efectuaron la aprehensión
de la mercancía el 11 de marzo de 2015, a través de acta núm. 1600555
POLFA, que fue notificada por aviso fijado el 13 de marzo de 2015 y
desfijado el 17 del mismo mes y año. Por lo anterior afirmó que la solicitud
del análisis de la mercancía se hizo por el funcionario competente de la
División de Control Operativo de la Seccional de Pereira, en la etapa previa
de verificación de las obligaciones aduaneras. Así, destacó que la anotada
actuación se consigna en el acta de hechos que registra los resultados de
la operación de control, y que no se surtió en la etapa de definición de la
situación jurídica de la mercancía, como equivocadamente lo entiende la
parte demandante.
Luego, adujo que en el asunto no se decretaron pruebas, sino que se
reiteró el resultado del análisis inicial con el fin de resolver la situación
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jurídica de la mercancía, por lo que no era aplicable el artículo 511 del
Decreto 2685. Por lo mismo, dijo que no hubo violación del artículo 29 de
la Constitución Política.
Por otra parte, afirmó que en el asunto sí era aplicable la causal de
aprehensión establecida en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto
2685, toda vez que está claro que se trata de una mercancía de
procedencia extranjera que debía cumplir con la normativa aduanera. De
manera que, como se advirtió que con los documentos aportados no se
podía determinar que la mercancía se encontraba efectivamente
amparada porque carecía de elementos que permitieran su plena
identificación, había lugar a imponer la medida cautelar de aprehensión.
Así, recordó que en este caso no existían elementos que identificaran
plenamente la mercancía, como lo sería el nombre, la marca, número de
lote, origen, tipo de mercancía, los cuales habrían permitido cotejarla con
la descripción contenida en la declaración de importación. Además, indicó
que, al momento de la inspección, el conductor del vehículo que
transportaba la mercancía solo presentó la declaración de importación
núm. 352015000076244-3, el B/L MSCULS123408 y la lista de empaque,
pero no suministró el resultado del examen de laboratorio efectuado por
la sociedad LAB2000 SRL de 20 de enero de 2015, de manera que
tampoco es cierto lo que en ese punto dijo la demandante.
Admitió que la demandante presentó oportunamente objeciones a la
aprehensión, aportó como pruebas el análisis bromatológico de los
laboratorios LAB 2000 Srl y AVALQUÍMICO, y anunció que una muestra
del producto estaba siendo analizada en el laboratorio de la Universidad
del Valle, la cual sería aportada a la División de Gestión de Fiscalización
tan pronto fuera entregada a la demandante. Así, reconoció que este
último documento fue allegado al proceso por fuera del término antes
señalado, pero, teniendo en cuenta que la demandante anunció dicha
prueba en la oportunidad pertinente con el fin de que se valorara,
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concluyó que se había garantizado el derecho de defensa de la sociedad
Biotech Trading SAS.
Sobre el análisis efectuado por el laboratorio AVALQUÍMICO el 30 de
marzo de 2015 dijo que en la parte inferior del documento original se
observa un sello con la leyenda “AVALQUIMICO EL LABORATORIO ALIADO
DE SU EMPRESA” y firmado “Gerente Técnico – P/M-3Cz y Director
Técnico P/Pérez”.
De otra parte, explicó que la mercancía se introdujo amparada en el
autoadesivo núm. 23030018987188 y su número de aceptación
352015000076244 de 3 de marzo de 2015, el que se describió así:
“PRODUCTO: FERTILIZANTE ORGANICO, TEN COM AZOFAST. ORIGEN:
ORGANICO, MINERAL: GRADO:14-0-0 COMPOSICION PORCENTUAL:
NITROGENO TOTAL:14.2%, NITROGENO 0.7%, NITROGENO ORGANICO 13.5%,
CARBONO ORGANICO TOTAL:27.9%, HUMEDAD 3.18%, CENIZAS 30.3% (...)
FERTILIZANTE ORGANICO PARA LA APLICACIÓN AL SUELO. USO PARA
CULTIVOS DE ARROZ, MAIZ, BANANO Y FRUTALES MARCA AZOFAST”. Por su
parte, en el acta de aprehensión núm. 1600555P POLFA de 11 de marzo
de 2015 se registró lo siguiente como descripción de la mercancía:
“Sustancia sólida en polvo de color café embalada en sacos de 50 Kg sin
ningún tipo de rotulo, etiqueta o leyenda que identifique el contenido del
mismo, según declaración de importación aportada 352015000076244-3
dice ser fertilizante orgánico".
Precisó que, por un lado, en la declaración de importación núm.
352015000076244-3 se registró como datos de composición porcentual
del fertilizante AZOFAST la información del informe efectuado por el
laboratorio LAB 2000 Srt., y por el otro, que los análisis realizados por los
laboratorios AVALQUÍMICOS SAS y de la Universidad del Valle sobre el
fertilizante arrojaron resultados de composición diferente a la registrada
en la declaración de importación. De ello concluyó que la descripción de
la mercancía examinada no correspondía con la consignada en la
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declaración de importación, por lo que su conducta se encontraba incursa
en la causal del numeral 1.6 del artículo 502.
Manifestó que la demandante recurrió el acto por el cual se decomisó la
mercancía aprehendida y solicitó, entre otras pruebas, copia del análisis
practicado por el laboratorio central de la DIAN. La demandada accedió a
la solicitud y ordenó correr traslado del dictamen a través del auto núm.
2417 de 4 de noviembre de 2015 que la actora acusa de ilegal. Sobre ese
punto dijo que la DIAN cumplió con lo previsto en el artículo 228 del
Código General del Proceso, de manera que el interesado contó con tres
días para oponerse al dictamen o solicitar la práctica de uno nuevo. Es
decir, que, en aplicación del principio de prevalencia de lo sustancial sobre
lo formal, lo cierto es que se garantizó el derecho de contradicción y
defensa de la demandante.
Adujo que no es cierto que, al resolver el recurso de reconsideración, se
hubieran replanteado los argumentos sobre los cuales la demandante
ejerció su defensa, pues fue en respuesta a lo propuesto en el recurso
que la DIAN tomó en consideración el análisis del laboratorio de la entidad
para evaluar la correspondencia entre las características fisicoquímicas
del bien objeto de decomiso frente al descrito en la declaración de
importación. Por ello, en la Resolución 1472 se trascribió la composición
porcentual del dictamen y se comparó con los porcentajes de la
declaración de importación, tal como se hizo en la Resolución que ordenó
el decomiso, y se hizo referencia a las características propias del producto
a la luz de los tres dictámenes aportados por la demandante.
Dijo que, en todo caso, la naturaleza del producto es diferente porque,
mientras “en la declaración de importación describe subpartida
arancelaria "3102109000", fertilizante orgánico mineral, en el análisis
de laboratorio "(...) se establece que las dos muestras corresponden a
"bono (sic) orgánico de naturaleza proteica y origen animal"4.
4
Página 74 del del cuaderno núm. 1 de primera instancia, el cual se encuentra digitalizado en el índice núm.
27 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI.
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Añadió que, de acuerdo con las muestras de la mercancía, esta
corresponde arancelariamente a “los demás abonos de origen animal”
comprendidos en la subpartida 3101.00.90.00, según las reglas
interpretativas 1 y 6 de la nomenclatura arancelaria del Decreto 4927 de
2011. Con ello, manifestó que quedó demostrado que la mercancía
decomisada es diferente a la amparada con la declaración e importación
y que no es cierto que el término “naturaleza” se hubiere utilizado para
individualizar el origen y no el producto en sí mismo.
Frente al alegato de indebida inaplicación del principio de favorabilidad,
respondió que la Circular 13 de 2015 dispuso los lineamientos para la
aplicación del citado principio a raíz de la expedición del Decreto 993 de
2015 y señaló que ello será procedente frente a “Las aprehensiones o
decomisos directos efectuados con anterioridad al 30 de junio de 2015
donde se haya invocado únicamente la causal 1.6 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999 por error u omisiones que se enmarquen dentro
de la definición de descripción parcial o incompleta”. Por ello, dijo que en
el asunto no se cumplen los presupuestos para la aplicación de esa norma,
pues se trata de una mercancía que no corresponde con la descripción
declarada, y no de un evento de error u omisión en la descripción de
aquella.
Resaltó que la DIAN tiene la obligación de verificar que los productos
objeto de importación cumplan con los requisitos de etiquetado
establecidos en el reglamento técnico que, para el caso de los fertilizantes
y acondicionadores de suelos, corresponde a la Resolución núm. 00150
de 21 de enero de 2003. Trajo a colación los artículos 2 y 4 para decir
que los funcionarios aplicaron debidamente la causal del numeral 1.28 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 al encontrar que la mercancía no
contaba con el reglamento técnico determinado en dichas disposiciones.
Por todo lo anterior, expresó que no hubo violación al debido proceso.
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Finalmente, solicitó que se niegue la pretensión de pago de lucro cesante
y daño emergente, pues, en su criterio, el valor señalado carece de
sustento y soporte documental que lo justifique.
2.3. La audiencia inicial y de alegaciones y juzgamiento
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011,
el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Risaralda celebró
audiencia inicial el 21 de junio de 2017 a la cual asistieron las partes
demandante y demandada, así como la representante del Ministerio
Público. Agotadas las etapas de saneamiento y decisión de excepciones
previas, el despacho fijó el litigio en el siguiente sentido:
“De acuerdo con la demanda y su contestación, se considera que el objeto de
litigio se concreta al estudio de la legalidad de los actos demandados, contraído
dicho análisis a los argumentos de los cargos de nulidad formulados por la parte
demandante, quien aduce violación al debido proceso por parte de la Dirección
de Impuestos y Aduanas de Pereira, en sus actuaciones administrativas con
ocasión al decomiso de la mercancía de su propiedad dentro de la investigación
seguida en su contra, por obviarse la etapa probatoria dentro de la misma; aplicar
de manera errónea las causales de aprehensión de mercancías, no existir
fundamento probatorio para ordenar el decomiso y no resolverse la totalidad de
los aspectos impugnados en el recurso de reconsideración, frente a lo cual la
entidad demandada se opone al considerar que los actos fueron expedidos
conforme a derecho.”
Seguidamente se surtieron las etapas de intento de conciliación, se
decidió sobre las solicitudes probatorias de las partes, se recibieron los
alegatos de conclusión de las partes. Finalmente, se anunció el sentido de
la sentencia en la que se accedió a las pretensiones de la demanda.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia de 23 de junio de 2017 el Tribunal Administrativo de
Risaralda declaró la nulidad de los actos demandados, a título de
restablecimiento del derecho le ordenó a la DIAN tener como declarada la
mercancía amparada en la Declaración de Importación núm.
352015000076244-3 de 3 de marzo de 2015 y la obligó a pagar la suma
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de $465.188.00 debidamente indexada, condenó en costas a la
demandada y negó las demás súplicas de la demanda.
Para fundamentar la decisión adoptada, el a quo se refirió a las
actuaciones surtidas en el trámite administrativo. De ello resaltó que la
demandante presentó objeción a la aprehensión de su mercancía y en
dicho documento solicitó la práctica de pruebas frente a las cuales la DIAN
guardó silencio, incluso a pesar de que el interesado advirtió que aportaría
un informe de laboratorio industrial de la Universidad del Valle.
Seguidamente, trajo a colación el artículo 511 del Decreto 2685 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que el decreto de la
prueba es requisito sine qua non para que aquella pueda entenderse
debidamente incorporada al expediente. Sin embargo, advirtió que en el
asunto examinado el jefe de la División de Gestión de Control Operativo
de la DIAN solicitó el análisis de la muestra recaudada para identificar la
mercancía aprehendida, el cual fue allegado al expediente administrativo
el 25 de junio de 2015 sin haber sido decretado como prueba en la etapa
correspondiente.
Sobre lo anterior evidenció que, estando pendiente de resolver el recurso
de reconsideración formulado en contra de la resolución de decomiso, se
dictó el auto 1689 de 30 de julio de 2015, en el que se dispuso “allegar”
como prueba el anterior documento. Sin embargo, advirtió que lo cierto
es que la DIAN obvió decretarlo como prueba en los términos de ley, de
manera que aquella se practicó antes de haber sido decretada, al punto
en que no fue tenida en cuenta para adoptar la decisión de decomiso, y
en cambio sí fue valorada para decidir el recurso de reconsideración en
contra de la primera decisión.
En el mismo sentido, advirtió que la DIAN ordenó el decomiso de la
mercancía teniendo en cuenta, además de las pruebas documentales
debidamente aportadas, el análisis del laboratorio de la Universidad del
Valle que fue aportado posteriormente y no fue decretado como prueba.
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Luego, hizo un recuento de los argumentos expuestos por la demandante
en el recurso de reconsideración y la respuesta que frente a ellos emitió
la DIAN a través de la Resolución núm. 1472 de 19 de noviembre de 2015.
De ello coligió que, a pesar de que la irregularidad relativa a la falta de
decreto de las pruebas fue advertida por la demandante en el recurso de
reconsideración, la DIAN omitió pronunciarse al respecto, con lo cual violó
el artículo 80 del CPACA, que impone a la administración el deber de
resolver sobre todas las peticiones que se planteen oportunamente, así
como los artículos 29 de la Constitución Política y 3 del CPACA.
Concluyó que la DIAN violó el debido proceso de la demandante al omitir
el decreto de pruebas y el pronunciamiento respecto de uno de los
aspectos del recurso de reconsideración, lo que devino en que la decisión
de la actuación administrativa carezca de fundamento probatorio.
Por esa razón, encontró probada la causal de nulidad alegada y estimó
innecesario abordar los demás argumentos de la demanda. En
consecuencia, condenó a la DIAN a pagar la suma consignada como valor
de la mercancía aprehendida en el acta de aprehensión y negó las
pretensiones de reconocimiento de perjuicios por daño emergente y lucro
cesante, tras advertir que no fueron demostrados en el proceso.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
La apoderada de la DIAN interpuso oportunamente recurso de apelación
contra la sentencia de 23 de junio de 2017 en el que solicitó que se
revoque la decisión adoptada.
Para fundamentar su petición, en primer lugar, describió que el motivo
por el cual se declaró la nulidad de los actos acusados corresponde a que
“la entidad incurrió en violación al debido proceso al trasgredir la
disposición legal contenida en el artículo 232-1 del Decreto 2685 de 199
en concordancia con el artículo 153 de la resolución 4240 del 2 de junio
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de 2000, modificado por el artículo 49 de la resolución 7002 de 2001” 5.
Bajo la anterior premisa, se refirió a las actuaciones adelantadas por la
DIAN en el trámite administrativo con el fin de demostrar que aquellas se
ajustaron a las normas aduaneras, así:
Dijo que en la Resolución 679 de 5 de junio de 2015 se trascribieron los
tres exámenes de laboratorio allegados por el objetante, a saber, los dos
iniciales que aportó con el memorial de objeción de los laboratorios LAB
2000 Srl. 29-01-2015 y AVALQUIMICO SAS, así como también el análisis
del laboratorio de la Universidad del Valle de fecha 22 de abril de 2015,
al cual hace alusión la sentencia apelada.
Al respecto, destacó que la demandante aportó los tres análisis de
laboratorio y solicitó su valoración en el escrito de objeciones, por lo que
la DIAN comparó la descripción contenida en la declaración de importación
frente a aquellos. De ello se obtuvo que: (i) los datos porcentuales de los
tres exámenes de laboratorio difieren, a pesar de haber sido practicados
sobre la misma sustancia; (ii) los datos de composición porcentual del
informe de laboratorio LAB 2000 Srt. sobre el fertilizante AZOFAST son
los que fueron registrados en la declaración de importación; (iii) los
análisis de laboratorio de AVALQUIMICOS S.A.S y de la Universidad del
Valle arrojaron una composición diferente a la registrada en la declaración
de importación. Por ello, en el acto de decomiso -Resolución 679- se
concluyó que la mercancía no correspondía con la declaración de
importación y que dicha conducta se encontraba incursa en la causal de
aprehensión del numeral 1.6 del artículo 502 del estatuto aduanero.
Resaltó que en el acto de decomiso se confirmó la causal de aprehensión
y se valoraron las pruebas hasta entonces suministradas por la
recurrente, que hacían parte del memorial por el cual se presentó el
recurso. Explicó que no se decretaron pruebas de oficio porque no se
consideraron necesarias y que tampoco se negaron la solicitadas.
5
Pág. 113 del cuaderno núm. 1 de primera instancia.
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Refirió que en la actuación administrativa Biotech Trading SAS aportó
pruebas con las que pretendía la devolución de la mercancía aprehendida
y relacionó expresamente los tres análisis de laboratorio a los que se ha
hecho referencia, con la advertencia de que allegaría uno de ellos
posteriormente, lo cual en definitiva ocurrió el 4 de marzo de 2015. Así,
indicó que en el asunto se valoraron todas las pruebas en conjunto, que
“no fue necesario decretar de oficio nuevas pruebas, como tampoco el
objetante las solicitó”, y que las pruebas allegadas con el memorial de
objeciones “fueron motivo de análisis y soporte para definir la situación
jurídica de decomiso contenida en la Resolución 679 de 5 de junio de
2017”6.
Dijo que en la etapa de la actuación a la que se refiere el artículo 511 del
Decreto 2685 no se decretó ninguna prueba, “simplemente se instó sobre
el resultado del análisis con el fin de resolver la situación jurídica y su
incidencia como lo pretendió́ el demandante quien allegó los tres (3)
análisis de laboratorio”7. Por ello, afirmó que no hubo violación de esa
norma, ni del artículo 29 de la Constitución Política.
En esa línea, insistió en que en el recurso de reconsideración la
demandante solicitó conocer el análisis practicado por el laboratorio
central de la DIAN y que la División de Gestión Jurídica lo decretó como
prueba a través del auto núm. 1689 de 30 de julio de 2015 y ordenó
correr traslado de dicho documento a través de auto 2417 de 4 de
noviembre de 2015, todo ello con el fin de garantizar su derecho de
contradicción y de defensa.
Explicó que, en virtud de los artículos 429 y 430 de la Resolución 4240 de
2 de junio de 2000 y 470 del Decreto 2685 de 1999, los funcionarios
podían adelantar las diligencias necesarias para asegurar el efectivo
cumplimiento de las normas aduaneras y levantar pruebas. Fue por ello
6
Ibidem.
7
Folio 115 del cuaderno de primera instancia.
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por lo que se tomaron muestras de la mercancía que fueron remitidas a
la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera mediante oficio de 11 de
marzo de 2015. Con ello, reiteró que la solicitud de análisis de la
mercancía se hizo en la etapa previa a la verificación del cumplimiento de
obligaciones aduaneras y no en la etapa de definición de la situación
jurídica de la mercancía.
Seguidamente se refirió a la configuración de las causales de los
numerales 1.6 y 1.28 del artículo 502 del Decreto 2685 y manifestó que
el reglamento de etiquetado contenido en la Resolución 00150 de 21 de
enero de 2003, exigido específicamente para fertilizantes y
acondicionadores de suelos en Colombia, no se cumplió respecto de la
mercancía aprehendida, y por la misma razón no fue posible compararla
con el contenido de la declaración de importación con la que se pretendía
ampararla. Del mismo modo, recalcó que la naturaleza del producto es
diferente porque, mientras en la declaración de importación describe
subpartida arancelaria "3102109000", fertilizante orgánico mineral, en el
análisis de laboratorio se estableció que las muestras correspondían a
abono orgánico de naturaleza proteica y origen animal.
Finalmente, con relación a la condena en costas, expresó que la revisión
al expediente evidenciaba que no existía elemento de prueba que
demostrara las erogaciones por tal concepto, ni que hubiere mediado
temeridad o mala fe. Por ello, solicitó que se revoque la condena
impuesta.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El 23 de agosto de 2017 el despacho sustanciador del Tribunal a quo
celebró la audiencia de conciliación de que trata el artículo 192 del CPACA
y, ante la ausencia de acuerdo conciliatorio, concedió el recurso de
apelación. Tras ser repartido entre los despachos de la Sección Primera,
el recurso fue admitido a través de proveído de 12 de febrero de 2018.
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5.2. Mediante auto de 15 de marzo de 2018 el despacho sustanciador de
la Sección Primera corrió traslado a las partes por el término de diez días
para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto. En dicha etapa se obtuvo lo siguiente:
5.2.1. La parte demandante8 reiteró la tesis que expuso en la demanda
y advirtió que en el recurso de apelación la demandada tampoco
manifestó ningún argumento con relación a la valoración de la prueba que
se le ha reprochado.
5.2.2. La DIAN9 presentó escrito de alegatos en el que, además de
reiterar los planteamientos de la contestación de la demanda y en el
recurso de apelación, insistió en que la operación en la que se extrajo una
muestra para realizar el análisis por parte del laboratorio de la DIAN se
adelantó en una etapa preliminar del proceso de definición de situación
jurídica de la mercancía, con el fin de identificarla. Por ello, afirmó que el
resultado de esa actuación no se debía decretar como prueba ni correr
traslado a la contraparte.
Con todo, “como el dictamen no pudo ser parte del acto con el cual se
inicia el proceso administrativo dado que este fue remitido con
posterioridad a la Resolución por la cual se Decomisa la Mercancía que
data de 5 de junio de 2015, esto es el 15 julio de 2015, el recurrente era
el competente para solicitar que dicha prueba hiciera parte del proceso
como efectivamente ocurrió́ con el escrito de recurso de
reconsideración”10. En ese sentido, se refirió al artículo 515-1 del Decreto
2685 de 1999 sobre el período probatorio en el recurso de
reconsideración, con lo cual indicó que el dictamen rendido por el
laboratorio de la DIAN fue pedido, decretado y allegado legal y
8
Páginas 57 a 60 del Índice 27 del Sistema de gestión Documental SAMAI – archivo denominado CUADERNO
PRINCIPAL 2(.pdf) NroActua 27
9
Páginas 65 a 74 del Índice 27 del Sistema de gestión Documental SAMAI – archivo denominado CUADERNO
PRINCIPAL 2(.pdf) NroActua 27
10
Página 66 ibidem.
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oportunamente al proceso, de lo que se desprende que la demandada no
vulneró el debido proceso.
En el mismo sentido, aseveró que no hubo vulneración al debido proceso
por el hecho de que no se hubieren decretado mediante auto las pruebas
aportadas con el recurso de reconsideración, pues aquellos documentos
demuestran la operación de comercio exterior con la que se realizó la
importación de la mercancía y de conformidad con el artículo 87 del
Decreto 2685 son documentos que deben ser conservados por el obligado
aduanero y puestos a disposición de la autoridad aduanera, “luego su
decreto como prueba en el acto administrativo separado no es necesario
ya que como se mencionó es una obligación del obligado presentarlos por
lo tanto no se vulneró el debido proceso”.
5.2.3. El Ministerio Público no emitió pronunciamiento.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Los actos administrativos acusados
6.2.1. Resolución 1.16.238.457.06-36 679 de 5 de junio de 201511.
Por medio de la cual la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira ordenó el decomiso de la
mercancía importada por la demandante, aprehendida mediante Acta
11
Páginas 143 a 152 del Índice 27 del Sistema de gestión Documental SAMAI – archivo denominado
CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua 27
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núm. 1600555 POLFA, consistente en fertilizante orgánico, avaluada en
la suma de $465.188.000, tras concluir que se encontraba incursa en la
causal de aprehensión establecida en los numerales 1.6. y 1.28 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
6.2.2. Resolución 1472 de 19 de noviembre de 201512. Mediante la
cual el jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Pereira resolvió el recurso de reconsideración
formulado por la demandante en contra del anterior acto, en el sentido
de confirmarlo en todas sus partes.
6.3. Planteamiento del asunto y problema jurídico a resolver
De conformidad con los fundamentos del fallo de primera instancia y en
atención a lo alegado en el recurso de apelación, la Sala advierte que
existe discrepancia en torno a la legalidad de la actuación administrativa
que culminó con la decisión de decomiso de la mercancía de propiedad de
la demandante. En efecto, la sentencia de primera instancia concluyó que
la demandada violó el debido proceso de la demandante al adoptar la
decisión de decomiso con fundamento en unas pruebas que no fueron
decretadas oportunamente y al haber omitido pronunciarse sobre dicha
irregularidad en la instancia de resolución del recurso de reconsideración.
Por su parte, la recurrente afirma: (i) que fue la demandante quien aportó
y solicitó la valoración de las pruebas que finalmente fueron evaluadas en
el acto que ordenó el decomiso; (ii) que para resolver el recurso de
reconsideración se tuvo en cuenta una prueba solicitada por la misma
demandante en esa etapa de la actuación y que fue decretada y
practicada debidamente; (iii) que, en todo caso, las referidas pruebas
arrojaron una información sobre las características de la mercancía
aprehendida divergente entre sí, lo que llevó a concluir que la mercancía
no correspondía con la declarada, a lo que se agrega que tampoco se
cumplió con el reglamento de etiquetado aplicable; y (iv) que, como el
12
Páginas 259 a 273 Ibidem
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importador está obligado a conservar los documentos que demuestran la
operación de comercio exterior, no era necesario que aquellos fueran
decretados como prueba mediante acto administrativo separado.
A la luz de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si en el asunto
bajo examen se desconoció el debido proceso de la demandante en tanto
la decisión de decomisar la mercancía aprehendida se sustentó en
pruebas que, por un lado, fueron aportadas por la demandante con el
escrito de objeción frente a la aprehensión, pero no fueron decretadas
formalmente a través de auto; y por el otro, fueron allegadas a la
actuación administrativa en la etapa de resolución del recurso de
reconsideración contra el acto que ordenó el decomiso. De acuerdo con la
respuesta a ese interrogante, corresponderá decidir si son nulos, por
infracción de normas superiores, los actos mediante los cuales se ordenó
el decomiso de una mercancía con fundamento en que esta no
correspondía con la descrita en la declaración de importación presentada
por la demandante y, por ende, no se encontraba amparada por el citado
documento, y tras advertir que la mercancía no contaba con las etiquetas
requeridas en los reglamentos técnicos aplicables.
6.4. Análisis del asunto
6.4.1. En orden a absolver el problema jurídico formulado conviene
referirse a las actuaciones surtidas en el trámite administrativo producto
del cual se ordenó el decomiso de la mercancía. En el expediente
administrativo consta lo siguiente:
1. Inicio del trámite administrativo
• Actas de hechos números 1777 de 7 de marzo de 2015 y 1778 de
8 de marzo de 2015 en las que se indicó que, verificada la mercancía
transportada en el vehículo de placas SZW886, en el que según
declaración de importación se trasportaba fertilizantes orgánicos,
se evidenció que los bultos de embalaje no tenían rótulo o leyenda
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que identifique o singularice el producto, por lo que resultaba
imposible analizar lo encontrado físicamente frente a lo
declarado. A ello se agregó “es de anotar que la mercancía
verificada no corresponde con la descripción declarada infringiendo
así la causal de aprehensión 1-6 Decreto 2685/99, artículo 502” 13.
• Acta de hechos núm. 1804 de 10 de marzo de 2015, en el que se
señaló: “una vez inspeccionado el 100% de la carga se determina
que 680 bultos de mercancía consistente al parecer en "fertilizante
orgánico" según declaración de importación aportada No
352015000076244-3; infringe el decreto 2685/99 artículo 502,
causal 1,6 ya que la mercancía no corresponde con la descripción
declarada, toda vez que los sacos de embalaje no cuentan con
ningún tipo de rotulo o leyenda que identifique o singularice la
misma, siendo así imposible realizar el análisis en cuanto a lo
encontrado físicamente y lo declarado en los documentos
soportes presentados; por lo anterior se realizará la medida
cautelar de aprehensión, así mismo se procederá a una toma
de muestra para ser enviada a la ciudad de Bogotá D.C. en
aras de determinar el tipo de sustancia que se encuentra al
interior de los sacos”14.
• Acta de Aprehensión núm. 1600555 POLFA de 11 de marzo de 2015
en la que se explicó lo siguiente sobre la causal de aprehensión:
“Decreto 2685/99 Art. 502, causal 1.6: “la mercancía no
corresponde con la descripción declarada toda vez que la
mercancía física no presenta etiqueta rótulo ni leyenda
alguna que la identifique siendo imposible compararla con la
descripción declarada en declaración de importación
aportada 352015000076244-3”. Causal 1.28 “la mercancía no
13
Página 13 del cuaderno núm. 2 digitalizado, archivo “CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua 27”, que obra
en el índice núm. 27 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI.
14
Página 17 ibidem.
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25
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cuenta con el reglamento técnico determinado en las disposiciones
legales vigentes”15.
• Documento de Ingreso, Inventario y Avalúo de Mercancías
aprehendidas núm. 39161108703 de 11 de marzo de 2015, en el
que se identificó la mercancía aprehendida así: “sustancia sólida en
polvo de color café embalado en sacos de 50 kg sin ningún tipo de
rótulo etiqueta o leyenda que identifique el contenido del mismo
según declaración de importación aportada 352015000076244-3
dice ser fertilizante orgánico”16. La mercancía fue avaluada en
$465.188.000.
• Oficio 116201249-116 de 11 de marzo de 2015 a través del cual el
jefe de la División de Gestión de Control Operativo le solicitó al jefe
de la coordinación del servicio de arancel de la Subdirección de
Gestión Técnica Aduanera que efectuara el análisis sobre una
muestra con el fin de determinar el tipo de sustancia, ante la falta
de información en el empaque que identificara la mercancía17.
• Auto de apertura núm. 581 de 24 de marzo de 2015 por el cual se
ordenó iniciar la investigación con el fin de definir la situación
jurídica de la mercancía aprehendida mediante acta de aprehensión
núm. 1600555 POLFA18.
• Memorial de objeción al acta de aprehensión suscrito por el
representante legal de Biotech Trading SAS y radicado el 30 de
marzo de 2015 bajo el número 003759. En el acápite de pruebas
de dicho documento se indicó lo siguiente:
“4. PRUEBAS
15
Página 33 ibidem.
16
Página 34 ibidem.
17
Página 35 ibidem.
18
Página 45 ibidem.
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Con base en el artículo 505-1 del Estatuto Aduanero, adicionado por el
artículo 14 del Decreto 4431 de 2004, solicito que se valoren los
siguientes documentos que se adjuntan:
• Certificado original de existencia y representación legal de la sociedad
BIOTECH TRADING S.A.S. expedido por la Cámara de Comercio.
• Factura Comercial N° 28/2015 del 27 de enero de 2015, Lista de
Empaque 27/01/15 y Certificado de Origen de Ten Com Group SRL.
• Análisis bromatológico del laboratorio de calidad del producto
realizada el 29 de enero de 2015 por LAB 2000 Srl, en el puerto de
origen.
• Copia del documento de Transporte N° MSCULS123408 del 2 de febrero
de 2015 de Mediterranean Shipping Company S. A.
• Etiqueta para el fertilizante Tencom Azofast aprobada el 18 de agosto de
2011 por la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas del ICA.
• Registro de Importación N° 21475558-28112014 aprobado por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
• Visto Bueno 1CA Fe-0013561-14 del 2014-12-02 aprobado por el ICA.
• Mandato Aduanero formalizado con la Agencia de Aduanas Servade S.A.
Nivel 1.
• Declaración de Importación, tipo inicial, autoadhesivo N°
23030018987188 del 3 de marzo de 2015.
• Declaración Andina de Valor formulario N° 56020150022120003501.
• Original de la constancia que nos remitió el proveedor Ten Com Group
SR respecto del error involuntario de no haber etiquetado la mercancía
antes de su despacho debidamente firmado y apostillado.
• Original del resultado del análisis bromatológico del laboratorio
AvalQuimico S.A.S. laboratorio especializado en el análisis de
muestras industriales (www.avalquimico.com), respecto de la
composición de la mercancía.
• Posteriormente estaré aportando el informe del laboratorio
Análisis Industrial de la Universidad del Valle respecto de la
composición de la mercancía.”19
o Documento en cuyo encabezado consta el logo “L2 LAB 2000 Srl”,
que da cuenta de un análisis de laboratorio efectuado sobre una
muestra descrita como “TENCOM AZOFAST – BK 1084”, extraída el
27 de enero de 2015, sobre los contenedores números:
MSCU480571/4 —TGHU453484/5 —MSCUS01079/6 —
TTNU405770/1 — MSCU475114/0 —MSCU580604/2 —
rfNU453927/8 —MSCU505249/3 —MSCU574141/9 —
19
Páginas 53 a 62 ibidem.
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WM1547201/4. El documento aparece con firma y sello del analista
y del gerente del laboratorio Dr. A.Cuohi20.
o Documento con el logo “AVALQUÍMICO El laboratorio Aliado de su
empresa Nit.900.072.693-7”, de fecha 30 de mayo de 2015. En él
se reseña como cliente la sociedad Biotech Trading SAS y se
identifica la muestra así: “TENCOM AZOFAST LOTE 1084 FECHA DE
VENCIMIENTO ENERO – 2017”; “condición de la muestra polvo
seco”; “muestreado por el cliente”; “fecha de recepción:
015/03/18”. El documento informa que el análisis se realizó el 30
de marzo de 2015 y en cuanto a los hallazgos obtenidos y la autoría
del estudio se indica lo siguiente21:
• Memorial de fecha 30 de abril de 2015, y en manuscrito la fecha
05-05-2015, mediante el cual el representante legal de la sociedad
Biotech Trading SAS indicó adjuntar el certificado original del
20
Página 88 ibidem.
21
Página 106 ibidem.
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análisis expedido por la Universidad del Valle, dando alcance a la
radicación núm. 003759 de 30 de marzo de 201522.
• Certificado de Análisis de Laboratorio firmado por el jefe del
laboratorio de análisis industriales y la tecnóloga química del
Departamento de Química de la Universidad del Valle, efectuado
sobre la muestra denominada “fertilizante TENCOM AZOFERT Lote
1084”23. En cuanto a la composición de la muestra se consignaron
los siguientes resultados:
• Impresión del correo electrónico remitido por una funcionaria de la
Coordinación de Servicios de Laboratorios de Aduanas de la DIAN, al
jefe de la Coordinación de servicio de arancel de la entidad, de fecha
25 de junio de 2015, por medio del cual envío el Oficio 100227343-
0231 de 25 de junio de 2015, que corresponde al reporte de análisis
fisicoquímico efectuado sobre las muestras de la mercancía recaudadas
por la DIAN24.
2. Orden de Decomiso: Resolución 1.16.238.457.06-36 679 de
5 de junio de 2015
22
Página 113 ibídem.
23
Página 115 ibídem.
24
Páginas 122 a 123 ibidem
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Por medio de la anterior resolución la División de Gestión de Fiscalización
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira ordenó el
decomiso de la mercancía importada por la demandante tras concluir que
se encontraba incursa en la causal de aprehensión establecida en los
numerales 1.6. y 1.28 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999,
argumentando lo siguiente:
“Del análisis de las normas en mención, se concluye para el presente caso, que
la sociedad BIOTECH TRADING S.A.S., con NIT 900.387.128-1, en calidad de
importador, es responsable de la obligación de acreditar ante la autoridad
aduanera la legal introducción y permanencia en el país de la mercancía
aprehendida y el cumplimiento de la normatividad aduanera en la realización de
la operación de comercio exterior fiscalizada, mediante la presentación de la
declaración de importación que así lo demuestre, así como también de la
obligación de cumplir con las exigencias, condiciones y requisitos establecidos en
las normas correspondientes.
Con el fin de esclarecer el tipo de mercancía aprehendida, el usuario aportó al
proceso análisis químicos realizados por tres (3) laboratorios diferentes con los
siguientes resultados:
Comparada la descripción de la declaración de importación aportada en la
diligencia de aprehensión, con los datos anteriores se tiene:
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30
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De los anteriores cuadros comparativos se desprende que:
• Se tienen tres (3) informes de laboratorio que difieren en los porcentajes de
composición del producto analizado.
• Los datos de composición porcentual del informe de laboratorio LAB 2000 SRL
de fecha 29/01/2015, del fertilizante denominado AZOFAST, Lote N° 1084, fueron
los registrados en la casilla de descripción de la mercancía, de la declaración de
importación N' 23030018987188 de fecha 03-03-2015 del importador BIOTECH
TRADING S.A.S., NIT 900.387.128-1.
• La sociedad BIOTECH TRADING S.A.S., NIT 900.387.128-1, allegó al proceso
los informes de laboratorio de AVALQUIMICO S.A.S. del 30/03/2015 y de la
UNIVERSIDAD DEL VALLE del 22/04/2015, del fertilizante denominado AZOFAST,
del Lote N' 1084, los cuales dan cuenta de composición porcentual diferente a la
registrada en la declaración de importación N'23030018987188 de fecha 03-03-
2015, tal como se observa en los cuadros precedentes.
• En consecuencia, el despacho concluye que la descripción del producto objeto
del presente proceso, no corresponde a la declarada en la declaración de
importación N° 23030018987188 de fecha 03-03-2015.”25
3. Trámite posterior a la decisión de declarar el decomiso de la
mercancía
• Oficio del 10 de julio de 201526 del Jefe de la Coordinación del
Servicio de Arancel, mediante el cual entrega el pronunciamiento
técnico y/o análisis fisicoquímico relacionada con el oficio núm.
116201249-116 del 11 de marzo de 2015, que fue entregado el 15
del mismo mes y año en la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Pereira
• Recurso de reconsideración27 presentado el 6 de julio de 2015 por
el demandante mediante el cual además de presentar los
argumentos en contra de la resolución que ordeno el decomiso,
realizó las siguientes solicitudes probatorias.
“PRUEBAS
Solicito que se tomen para esta decisión las siguientes pruebas:
1. Análisis del laboratorio practicado por el laboratorio central de
la DIAN, para determinar la correspondencia entre las
características fisicoquímicas del bien aprehendido y el descrito en
la declaración de importación, así como para determinar la
naturaleza y especificaciones del objeto material sobre la que pesa
la medida de aprehensión.
25
Páginas 149 a 149 del Índice 27 del Sistema de gestión Documental SAMAI – archivo denominado
CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua 27
26
Páginas 198 a 199 Ibidem
27
Páginas 156 a 171 Ibidem
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31
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2. Verificación del inventario contable de la sociedad para establecer que
a la fecha de la medida cautelar los bienes comprometidos en tal diligencia
no habían sido materia de transacción comercial alguna, razón por la que
no es exigible la medida de etiquetado.
3. Verificar con la Sociedad ZELSA que la identificación de los
tractocamiones que transportaban la mercancía aprehendida corresponde
a los despachados desde puerto, dando certeza que dicha mercancía
guarda relación con la descrita en la declaración de importación.
4. Certificado de constitución y representación legal de la sociedad
BIOTECH TRADING S.A.S. para comprobar mi calidad representante legal,
importador y comercializador.
5. Registro de importación No.21475558-28112014
6. Declaración de importación No. 23030018987188
7. Factura comercial No. 28/2015 de 27-01-2015
8. Lista de embarque
9. Declaración Andina del valor Formulario No. 56020150022120003501.
10. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de representante legal.
11. Declaraciones de importación de fertilizantes de otros importadores
Nos. 0715728110582 y 23029012906720.” (negrillas de la Sala)
• Auto núm. 1689 del 30 de julio de 201528, “POR MEDIO DEL CUAL
SE DECRETA LA PRÁCTICA DE UNAS PRUEBAS” y en su artículo
segundo señaló que: “ALLEGAR como prueba dentro de la
investigación el análisis practicado por el laboratorio central de la
DIAN, radicado en esta Seccional el día 15 de julio de 2015 (folios
150 a 153).”
• Auto núm. 2417 del 4 de noviembre de 201529, “POR MEDIO DEL
CUAL SE DA TRASLADO DE UN DICTAMEN TECNICO”
correspondiente al dictamen técnico físico químico No. 100227342-
0899 del 10/07/2015, emitido por la Coordinación de los servicios
de laboratorio de Aduanas y la Coordinación del servicio de Arancel.
4. Recurso de Reconsideración: Resolución 1472 de 19 de
noviembre de 2015.
Por medio de la anterior resolución el Jefe de la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira,
confirmó en todas sus partes la resolución que ordenó el decomiso de la
mercancía, argumentando lo siguiente:
28
Páginas 200 a 203 Ibidem
29
Páginas 252 a 253 Ibidem
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“(…) Ahora bien, teniendo en cuenta que el análisis físico químico se allegó en
fecha posterior a la Resolución de Decomiso, en aras de garantizar el derecho de
contradicción y defensa que le asiste al investigado, este despacho con auto No.
2417 del 04 de noviembre de 2015, ordenó el traslado al recurrente por el término
de tres (3) de conformidad con el Artículo 238 del C.P.C., del dictamen técnico
emitido con oficio No. 100227342-0899, suscrito por el Jefe de la Coordinación
del Servicio de Arancel, auto que se fijó por estado el día 5 de noviembre y se
desfijó el día 9 del mismo mes y año.
Dentro del término de traslado, no se presentó objeción alguna, es por ello que
en esta etapa procesal por solicitud del recurrente y cumplidas las etapas
procesales, se procede a dar valor probatorio al análisis practicado por el
laboratorio central de la DIAN, para determinar la correspondencia entre las
características fisicoquímicas del bien objeto de decomiso frente al descrito en la
declaración de importación con formulario N° 23030018987188 con fecha de
levante del 04 de marzo de 2015, a fin de determinar la naturaleza y
especificaciones, toda vez que dicha prueba no pudo ser valorada en su
oportunidad, al ser recepcionada el día 15 de julio de 2015, fecha en la que ya se
había proferido la Resolución de decomiso No. 679 del 5 de junio de 2015 (…).
(…)
Planteada la inquietud del recurrente sobre la naturaleza de la mercancía para la
aplicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2015, en el sentido que la causal
de aprehensión, procede en el evento que se configure un cambio de naturaleza
para la aplicación del numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1989 y
como lo afirma igualmente que siendo el producto decomisado un fertilizante,
independiente de su composición, no implica un cambio de subpartida, como se
evidencia en el comparativo y análisis, es cierto que en el dictamen del laboratorio
de la DIAN, especifica que la mercancía físicamente aprehendida motivo de
estudio es un abono como lo define la declaración de importación, pero cambia
su naturaleza ya que el abono aprehendido es de naturaleza "... orgánicos de
naturaleza proteica y origen animal", diferente al que ampara la declaración de
importación la que acoge un abono pero de naturaleza "minerales o químicos
nitrogenados...Los demás".
Conclusión la mercancía que se encuentra aprehendida motivo de definición
jurídica en este acto administrativo, no está amparada en la declaración de
importación allegada por el recurrente en esta investigación, razón suficiente para
afirmar que el recurrente en esta instancia no desvirtuó la causal de aprehensión
1.6 del artículo 502 de Decreto 2685 de 1999.”30
6.4.2. Teniendo presente todas las actuaciones realizadas dentro del
procedimiento administrativo, la Sala procederá a determinar si, como lo
manifestó la actora, existió una violación al debido proceso, por cuanto,
en su consideración, la DIAN (i) no se pronunció sobre el decreto de las
pruebas documentales aportadas por la parte investigada con el escrito
de objeción al decomiso, (ii) las tuvo en cuenta al momento de dictar la
resolución de decomiso, y (iii) en el recurso de reconsideración se
30
Páginas 268 a 270 Ibidem
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fundamentó en una prueba que no fue decretada dentro de la actuación
administrativa.
6.4.2.1. Ahora bien, en primer lugar, se analizará las actuaciones
realizadas por la DIAN para expedir la resolución que ordenó el decomiso
de la mercancía, con el fin de determinar si existió una violación al debido
proceso y derecho de contradicción y defensa de la actora.
Luego de revisados los antecedentes administrativos se advierte que
efectivamente la DIAN no dictó un auto de pruebas previo a la expedición
de la resolución que ordenó el decomiso; no obstante, este hecho no
implica una violación al debido proceso de la actora, como lo consideró en
tribunal de primera instancia, en atención a que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 511 del Decreto 2685 de 199931, únicamente
la entidad aduanera tendrá que dictar un auto previo cuando se deba
practicar una prueba o cuando se niegue el decreto de algún medio
probatorio solicitado.
Por lo anterior, es claro que a la DIAN no le asistía en esa etapa procesal
la obligación de dictar un auto de pruebas, puesto que, como quedo visto
de la revisión del escrito de objeción, la parte actora no solicitó ninguna
prueba que requiriera ser practicada, por cuanto únicamente aportó
pruebas documentales que, en su consideración, lograban probar que la
mercancía aprehendida coincidía con la declaración de importación.
31
Artículo 511.Período probatorio. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta al
Requerimiento Especial Aduanero o del Documento de Objeción a la Aprehensión, se decretará mediante
auto motivado la práctica de las pruebas solicitadas que sean conducentes, eficaces, pertinentes y
necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación, se denegarán las que no lo
fueren y se ordenará de oficio la práctica de las que se consideren pertinentes y necesarias, distintas a las
relacionadas en el Requerimiento Especial Aduanero o en el Acta de Aprehensión.
En el mismo auto se ordenará la nueva práctica o el perfeccionamiento de las pruebas allegadas en el Acta de
Aprehensión o relacionadas en el Requerimiento Especial Aduanero, cuando no se hubieren practicado en
debida forma o requieran su perfeccionamiento.
El auto que decrete las pruebas se deberá notificar por estado conforme a lo establecido en el artículo 566 del
presente Decreto. Cuando se denieguen pruebas procederá el recurso de reposición, el cual deberá
interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación y resolverse dentro de los tres (3) días
siguientes a su interposición.
El término para la práctica de las pruebas será de dos (2) meses si es en el país, y de tres (3) meses cuando
deban practicarse en el exterior, y correrá a partir de la ejecutoria del acto que las decretó.
Parágrafo. Cuando se hubiere denegado la garantía en reemplazo de la aprehensión y la práctica de las pruebas
solicitadas, las dos actuaciones se resolverán en un solo acto administrativo contra el cual procederá el recurso
de reposición”.
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Adicionalmente a lo anterior, se advierte que la DIAN, al momento de
proferir el auto que ordenó el decomiso, se pronunció sobre todas y cada
una de las pruebas documentales aportadas por la actora, garantizando
de esta manera el debido proceso y su derecho de contradicción y defensa
y, en esa medida, bajo esos supuestos fácticos no se podría considerar
que la entidad aduanera haya sorprendido a la demandante al momento
de dictar la resolución enjuiciada. Por otra parte, es conveniente señalar
que las pruebas documentales estudiadas por la DIAN corresponden a las
mismas que fueron aportadas por la actora en el escrito de objeción.
6.4.2.2. En segundo lugar, se abordarán las actuaciones realizadas por la
DIAN, previo a expedir la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, con el propósito de establecer si existió una violación de
la garantía al debido proceso a la actora por el hecho de no haberse
pronunciado frente a las pruebas solicitadas con el recurso.
Para resolver lo anterior, debemos traer a colación lo establecido por el
artículo 515-1 del 2685 de 1999, vigente para la época de los hechos, así:
“ARTÍCULO 515-1. PERÍODO PROBATORIO EN EL RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN.
<Artículo adicionado por el artículo 1 del Decreto 3329 de 2009. El nuevo texto
es el siguiente:> Dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del Recurso
de Reconsideración o a la fecha de su recibo, cuando el signatario lo haya
presentado en un lugar distinto al del competente para decidir de acuerdo con lo
establecido en el inciso segundo del artículo 516 del presente decreto, mediante
auto motivado se decretará la práctica de las pruebas solicitadas en el
memorial del recurso, que sean conducentes, eficaces, pertinentes y
necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de discusión, se
denegarán las que no lo fueren y se ordenará de oficio la práctica de las que
se consideren pertinentes y necesarias, distintas a las relacionadas en el
requerimiento especial aduanero, en el acta de aprehensión o a las decretadas
en el auto de pruebas proferido dentro del trámite para decidir de fondo.
El auto que decrete las pruebas se deberá notificar por estado conforme a lo
establecido en el artículo 566 del presente decreto. Cuando se denieguen pruebas
procederá el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación y resolverse dentro de los tres (3) días
siguientes a su interposición.
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El término para la práctica de las pruebas será de dos (2) meses si es en el país
y de tres (3) meses, cuando deban practicarse en el exterior y correrá a partir de
la ejecutoria del acto que las decretó.”
Ahora bien, dentro de las actuaciones administrativas se advierte que la
DIAN expidió el auto núm. 1689 del 30 de junio de 2015, mediante el cual
se pronunció sobre las pruebas que debían ser practicadas así:
“ARTICULO SEGUNDO: ALLEGAR como prueba dentro de la investigación el
análisis practicado por el laboratorio central de la DIAN, radicado en esta
Seccional el día 15 de julio de 2015 (folios 150 a 153).
ARTICULO TERCERO: DECRETAR la práctica de las siguientes pruebas:
1. Requerir a la sociedad BIOTECHG TRADING S.A.S.: para que dispense copia
del inventario contable, sobre los bienes comprometidos en esta investigación y
que hace referencia al Acta de Aprehensión No. 1600555 del 11 de marzo de
2015, debidamente rubricada por contador público y/o revisor fiscal, así como de
los documentos soportes contables del caso, como facturas si existieren, de lo
cual dará fe.
2.Requerir a la Agencia Aduanera SERVADE S.A. NIVEL 1 en calidad de declarante
y a la autoridad portuaria de Buenaventura para que alleguen los documentos
soportes del traslado de la mercancía comprometida en la investigación y
relacionada con el Acta de Aprehensión No. 1600555 del 11 de marzo de 2015
desde su origen Buenaventura hasta Bogotá D.C. por la Sociedad ZELSA,
identificando número de contenedores y documentos de transporte.”32
De lo anterior, es claro que la DIAN dictó el correspondiente auto de
pruebas, por cuanto éstas debían ser practicadas de conformidad con la
normatividad aduanera citada supra y, en suma, se advierte que dicho
acto fue notificado al apoderado de la actora, sin que realizara
pronunciamiento alguno.
Posteriormente, la DIAN dictó el auto núm. 241733 del 4 de noviembre
2015, mediante el cual corrió el traslado del dictamen técnico físico
químico núm. 100227342- 0899 del 10/07/2015 al apoderado de la
sociedad BIOTECH TRADING S.A.S., el cual fue notificado por estado el
04 de noviembre de 201534, sin que la parte actora realizará
pronunciamiento alguno frente al mismo. Al respecto es importante
32
Páginas 202 a 203 del Índice 27 del Sistema de gestión Documental SAMAI – archivo denominado
CUADERNO TRIBUNAL 2(.pdf) NroActua 27
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Página 256 ibidem
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señalar que, luego de la revisión del contenido del auto que corrió el
traslado del dictamen, se pudo evidenciar que la DIAN hizo referencia a
el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil35, el cual no se
encontraba vigente para la fecha de dicho traslado, en atención a que,
para ese momento, el artículo que regía era el artículo 228 del Código
General del Proceso36; no obstante lo anterior, este hecho no tiene la
entidad suficiente para viciar el trámite administrativo, como lo pretende
la actora, por cuanto dichas disposiciones guardan identidad en lo
sustancial, puesto que ambas señalaban que dentro de los tres (3) días
siguientes a la notificación de la providencia que ponga en conocimiento
el dictamen, la contraparte se podía pronunciar frente a su contenido.
35
<Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero
de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 110
del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Para la contradicción de la pericia se procederá
así: 1. Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se
complemente o aclare, u objetarlo por error grave. 2. Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y fijará a los
peritos un término prudencial para ello, que no podrá exceder de diez días. 3. Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen, y además se le objeta, no se
dará curso a la objeción sino después de producidas aquéllas, si fueren ordenadas. 4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán
objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado
los peritos o porque el error se haya originado en éstas. 5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquél se dará
traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán
éstas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error,
y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no
es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare. 6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el
dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar
la objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará
traslado para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare. 7. Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez, como
alegaciones de ellas. 36
La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la
audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado
del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera
necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo
juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien
haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si
lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el
perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el juez
recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señalará
antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes. El perito
solo podrá excusarse una vez. Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los tres (3) días siguientes a la
audiencia, solo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, si ya se hubiere proferido sentencia. Si el proceso fuera de única instancia, se fijará por una sola vez nueva fecha y hora para realizar el
interrogatorio del perito. En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. PARÁGRAFO.
En los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental absoluta e inhabilitación por
discapacidad mental relativa, el dictamen podrá rendirse por escrito. En estos casos, se correrá traslado del dictamen por tres (3) días, término dentro del cual se podrá solicitar la
aclaración, complementación o la práctica de uno nuevo, a costa del interesado, mediante solicitud
debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen deberán precisarse los errores que se estiman presentes
en el primer dictamen.
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A pesar de lo anterior, dentro del expediente administrativo no se observa
que la parte actora hubiere presentado alguna objeción al contenido del
dictamen y, en ese sentido, la Sala no advierte la vulneración del debido
proceso, por cuanto la DIAN, al momento de correr el traslado, garantizó
el derecho de contradicción y defensa de la demandante.
En este punto es importante señalar que la parte actora manifiesta que la
anterior prueba (dictamen pericial) fue realizada por la DIAN sin que
existiera un acto administrativo que la decretara. Al respecto es
importante destacar que ese dictamen pericial fue solicitado en el
desarrollo del acta de aprehensión núm. 1600555 del 11 de marzo de
201137, tal y como quedó constancia en el acta de hechos 1833 de la
misma fecha38, así:
“En cumplimiento a las facultades que me confiere el mismo procedo a realizar
medida cautelar de aprehensión a mercancía consistente en mediante fertilizante
orgánico según declaración de importación No 352015000076244-3 , trasladado
a nuestra bodega en 02 tractocamiones actas hechos No 1777 de fecha
07/03/2015 y 1778 de fecha 08/03/2015, por funcionarios de la División de
Gestión de Control No Operativo Pereira, del puesto de control aduanero en la
Uribe - Valle del Cauca, e inspeccionada en la bodega mediante actas de hechos
mercancía 1804 y 1805 de fecha 10/03/2015. La aprehensión se realiza en base
al Decreto 2685 de 1999, artículo 502, numeral 1,6" ..Cuando la no corresponde
con la descripción declarada, toda vez que los bultos físicamente no presentan
etiquetas, rótulos o leyenda alguna que los identifique, siendo imposible
compararla con la descripción declarada en la declaración de importación
aportada No 352015000076244-3.." y causal 1.28.." la mercancía no cuenta con
el reglamento técnico determinado en las disposiciones legales es de anotar que
mediante oficio No 116 de fecha 11/03/2015 se solicitó el análisis de
una muestra, a fin de determinar el tipo de sustancia. contenida en los
bultos. Los datos de los responsables b titulares de la mercancía aprehendida se
tomaron de las declaraciones de mercancía importación presentadas y del rut, así
mismo se deja constancia que se realizó una sola aprehensión, toda vez que se
vela de una misma y que en ambos procedimientos presentaron la misma
documentación donde evidenciamos el mismo importador (BIOTECH TRADING
S.A.S). los cuales serán notificados por ESTADO. La mercancía aprehendida
queda bajo custodia del depósito habilitado por la DIAN Almagrario S.A -
Dosquebradas en las mismas condiciones de calidad (buena) y cantidad en la que
llegó del puesto de control, Anexos siendo valorada Acta mediante base de
precios DIAN según resolución 2201/05, consecutivo articulo No: 2621031 de
fecha 11/030015 de aprehensión No. 1600555 POLEA del 11-03-2015 en 02
folios, actas de hechos No 1777, 17778, 1804 y 1805 en 04 B/L folios, en 03 auto
comisorios No. 000723, 000719 y 000772 en 05 folios. declaración de
importación en 01 folio, lista de empaque en 01 folio, análisis de folios, muestra
37
Páginas 32 a 33 Ibidem
38
Página 23 Ibidem
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rut en 01 folio, copias actas de toma de muestras en 02 folios, copia rotulo para
muestras en 01 folio, copia oficio solicitud en 01 folio y base de precios en 01
folio.”
Como se puede observar, la anterior solicitud se realizó en virtud de las
facultades de fiscalización y control con que cuenta la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, en especial la establecida en literal b)
del artículo 470 del Decreto 2685 de 1999, que establecía que la entidad
aduanera podrá “Adelantar las investigaciones que estime convenientes
para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones
aduaneras, no declaradas”; en esa medida, dicha solicitud de análisis de
la mercancía no requería de la expedición de un acto administrativo
independiente que la decretara como prueba.
Ahora bien, se advierte que la parte actora, en el escrito de objeción a la
aprehensión de la mercancía, no presentó reparo alguno a la petición de
análisis de la muestra solicitada por la DIAN, y más aún, se debe tener
en cuenta que es la misma actora la que, en al momento de presentar el
recurso de reconsideración, solicitó de manera expresa que se tuviera
como prueba dicho análisis, el cual, como quedó visto, fue incorporado en
legal forma al proceso administrativo.
Teniendo presente lo anterior la Sala advierte que la DIAN cumplió con la
normatividad aduanera, garantizando en todo momento el debido proceso
y al derecho de contradicción y defensa de la sociedad investigada.
6.4.2.3. En conclusión, frente al cargo de violación al debido proceso, la
Sala observa que la DIAN, dentro del procedimiento administrativo, se
pronunció sobre las pruebas documentales aportadas por el demandante
con el escrito de objeción garantizándole de esta manera su derecho de
contradicción y defensa.
De igual manera, se advierte que la demandada garantizó el debido
proceso de la actora al momento de resolver el recurso de
reconsideración, puesto que, en esa etapa procesal (i) dictó el auto
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mediante el cual decretó la práctica de las pruebas solicitadas por el
demandante, (ii) corrió el traslado del dictamen incorporado, sin que se
presentaran objeciones y, (iii) finalmente cumplidas las etapas previas
procedió a resolver el correspondiente recurso.
En esa medida, se advierte por la Sala que, contrario a lo sustentado por
el Tribunal en la sentencia de primera instancia apelada, en el presente
caso no existió una violación al debido proceso de la actora.
Visto así el asunto, ante la prosperidad de los planteamientos presentados
en el recurso de apelación habrá que revocar la sentencia de primera
instancia.
6.5. Devolución del proceso al tribunal de origen
Luego de revisado la demanda, su contestación y el fallo de primera
instancia, se puede advertir que el a quo resolvió únicamente la acusación
referente a la violación al debido proceso y se abstuvo de analizar los
demás cargos planteados en la demanda.
En ese orden, atendiendo a la tesis expuesta por esta Sección, entre
otras, en las sentencias de 12 de diciembre de 201939 y de 13 de agosto
de 202040, resulta procedente devolver el expediente al Tribunal de origen
para garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y a la
segunda instancia, así como al principio de congruencia frente a los cargos
que no fueron estudiados.
Para tal efecto, se dispondrá la devolución del proceso al Tribunal de
origen para que estudie los reproches no analizados. Ahora bien, la
decisión deberá emitirse, conjuntamente, con la orden de obedecimiento,
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez,
sentencia de 12 de diciembre de 2019, radicación número: 25000-23-24-000-2006-00115-01.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez,
sentencia de 13 de agosto de 2020, radicación número: 25000-23-24-000-2003-00330-01.
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dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha en que el expediente
ingrese al despacho para tal fin.
6.6. Condena en costas
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, “Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, (…)”
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las
agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En este asunto, el recurso fue resuelto de manera favorable a quien lo
propuso y, comoquiera que no está acreditada la causación de gastos
procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por otra
parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se
advierte que la intervención de la demandada en segunda instancia con la
radicación del memorial de alegatos de conclusión por parte de su
apoderado41.
Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 1° del
artículo 366 del CGP42, se condenará en costas a la sociedad BIOTECH
TRADING S.A.S., por concepto de agencias en derecho, al pago de la
suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Lo
41
Páginas 65 a 74 del Índice 27 del Sistema de gestión Documental SAMAI – archivo denominado CUADERNO
PRINCIPAL 2(.pdf) NroActua 27
42
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.”
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anterior en aplicación de lo previsto en el capítulo III, artículo sexto, del
Acuerdo núm. 1887 de 27 de agosto de 2003 (aplicable para la fecha de
presentación de la demanda)43, sobre las tarifas de las agencias en
derecho para los procesos Contencioso Administrativos44.
6.7. Otros pronunciamientos
6.7.1. En consideración al memorial que obra en la anotación núm. 22 del
historial de actuaciones del proceso disponible en SAMAI, se tendrá por
debidamente presentada la renuncia presentada por la abogada Tatiana
Orozco Cuervo al poder que le fue conferido para representar a la DIAN
en el presente trámite, teniendo en cuenta que cumple con el requisito
del inciso 4º del artículo 76 del CGP.
6.7.2. De otra parte, se reconocerá a la abogada María Consuelo De Arcos
León como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines del
poder a ella conferido, visible la anotación núm. 23 del historial de
actuaciones del proceso disponible en SAMAI.
6.7.3. De otra parte, se reconocerá al abogado Jorge Alirio Freyre
Cárdenas como apoderada de la sociedad BIOTECH TRADING S.A.S, en
los términos y para los fines del poder a él conferido, visible la anotación
núm. 23 del historial de actuaciones del proceso disponible en SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
43
Demanda radicada el 18 de marzo de 2016.
44
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […]
III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]
3.1.3. Segunda instancia.
[…]
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”
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FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 23 de junio de 2017 por
el Tribunal Administrativo de Risaralda Sala Cuarta de Decisión, que
accedió parcialmente a las pretensiones a las pretensiones de la
demanda, según las razones analizadas en la parte considerativa.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de
que se pronuncie de fondo respecto de los demás cargos que no analizó
en primera instancia. La decisión de fondo deberá proferirse,
conjuntamente, con el auto de obedecimiento dentro de los cuarenta (40)
días siguientes a la fecha en que el expediente ingrese al despacho para
tal fin.
TERCERO: CONDENAR en costas a la sociedad BIOTECH TRADING
S.A.S, por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la
DIAN.
CUARTO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada Tatiana
Orozco Cuervo al poder que le fue conferido para representar a la DIAN
en el presente trámite, teniendo en cuenta que cumple con el requisito
del inciso 4º del artículo 76 del CGP.
QUINTO: RECONOCER personería a la abogada María Consuelo De Arcos
León como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a ella conferido.
SEXTO: RECONOCER personería al abogado Jorge Alirio Freyre Cárdenas
como apoderada de la sociedad BIOTECH TRADING S.A.S, en los términos
y para los fines establecidos en el poder judicial a él conferido.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Salvamento parcial de voto
Aclaración de voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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