RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2016-00443-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00443-02

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00443-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 17 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca] 8 Radicación: 66001-23-33-000-2016-00443-02 (3724-2021) Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00443-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 66001 23 33 000 2016 00443 02 (3724-2021)
Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional y otros)
Tema: Intereses moratorios por homologación y nivelación
salarial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia expedida el 12 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya que la
referida providencia será confirmada.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La accionante instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación (Ministerio
de Educación Nacional) y la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, con
el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución No. 511 del 18 de enero de 2016,
mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses de mora por el pago
tardío del retroactivo que surgió a causa de la nivelación y homologación salarial.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar los referidos intereses moratorios e imponer las costas
procesales y agencias de derecho que se llegaren a ocasionar en el presente proceso.

Contestación de la demanda.

3. La Secretaría de Educación del departamento de Risaralda se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, solicitando sean desestimadas bajo la consideración
según la cual el trámite de nivelación y homologación salarial, dependía del Ministerio de
Educación. Propuso las excepciones de ineptitud de la demanda, falta de competencia
de la entidad territorial, inexistencia de valores adeudados, prescripción y la genérica.

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00443-02 (3724-2021)
Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes

II. SENTENCIA APELADA.

4. El Tribunal Administrativo de Risaralda negó las pretensiones de la demanda
señalando que si bien los pagos que surgieron como consecuencia de la homologación
y nivelación salarial fueron tardíos, ello no configura la mora, máxime cuando fueron
indexados, con lo cual la entidad asumió la carga que le correspondía por no pagarlos
oportunamente; además dicho ajuste de valor es incompatible con el reconocimiento de
intereses. En tal sentido, concluyó que la actuación de la administración estuvo ajustada
a la ley y que no se desvirtuó la legalidad de los actos acusados.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

5. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
señalando que el Tribunal no accedió al reconocimiento de los intereses pretendidos bajo
la consideración de que la actuación de la entidad derivó de las múltiples etapas
necesarias para el pago y bajo esa óptica no hubo retraso en ello, argumento que
desconoce el evidente retraso que se produjo y que es atribuible exclusivamente a la
administración pues debió recibir las diferencias salariales en forma inmediata al
momento en que se produjo la homologación y no 15 años después.

6. Agregó que se deben aplicar los antecedentes de la Corte Constitucional que
predican el reconocimiento de intereses cuando se incurre en tardanza en el pago de
obligaciones laborales y que no es aceptable el argumento que adujo el Tribunal
relacionado con la incompatibilidad entre indexación e intereses, menos aun cuando se
invocan antecedentes jurisprudenciales inaplicables. En todo caso, al haber transcurrido
un lapso semejante, lo que debió hacer la entidad fue reconocer los intereses moratorios
y no la indexación de las sumas debidas.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

7. Mediante auto proferido el 17 de febrero de 2022 se admitió el recurso de apelación
y se notificó por estado del 4 de marzo del mismo año1.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

8. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de

1 Folios 4 y 8 de Samai.

2

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00443-02 (3724-2021)
Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes

Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico.

9. De conformidad con los reparos concretos planteados en la alzada, le corresponde
a la Sala determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
intereses comerciales y/o moratorios respecto de las sumas otorgadas por concepto de
retroactivo, producto de la homologación y nivelación salarial.

Marco normativo y jurisprudencial.

Sobre la homologación y nivelación salarial

10. La Ley 43 de 1975 dispuso «nacionalizar la educación primaria y secundaria que
oficialmente venían prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los
municipios, las intendencias y comisarias […]»; no obstante, el artículo 356 de la
Constitución Política de 1991, estableció que el Gobierno Nacional fijaría los servicios
que serían prestados por la Nación y las entidades territoriales y determinaría el situado
fiscal,2 recursos que serían destinados para financiar la educación preescolar, primaria,
secundaria y media, así como la salud, en los niveles que la ley señale.

11. Para regular lo relativo a la distribución de tales recursos se expidió la Ley 60 de
1993, en la que también se dispuso la descentralización del sector educativo, es decir
que con ello empezó a desarticularse el proceso de nacionalización que imperaba para
la prestación de ese servicio. Para tal efecto, el parágrafo 1 del artículo 5 ibidem
determinó que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos,
municipios y distritos; asimismo, se dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.

12. Con base en lo anterior, las plantas de personal entrarían a hacer parte de la
respectiva entidad territorial para lo cual era necesario que los docentes que tenían la
condición de nacionales o nacionalizados fueran incorporados a los departamentos,
municipios o distritos. En cuanto al régimen prestacional, tanto de los docentes
incorporados como los que se vincularan con posterioridad, sería el establecido en la Ley
91 de 1989.3 Ahora bien, la dirección y administración de los servicios educativos
estatales estarían a cargo de la Nación y de las entidades territoriales conforme a lo
dispuesto en el artículo 147 de la Ley 115 de 1994 y la financiación de la educación
estatal se haría «con los recursos del situado fiscal, con los demás recursos públicos

2 Según el texto original de la norma citada, el situado fiscal corresponde «[al] porcentaje de los ingresos

corrientes de la Nación que ser[í]a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales
de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los municipios, de los
servicios que se les asignen».
3 Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993.

3

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00443-02 (3724-2021)
Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes

nacionales dispuestos en la ley, más el aporte de los departamentos, los distritos y los
municipios, según lo dispuesto en la Ley 60 de 1993»4.

13. A través del artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2001 se modificó el artículo 356 de
la Constitución Política y se creó el Sistema General de Participaciones, cuyo propósito
radicó en «atender los servicios a cargo de [la Nación, los departamentos, los distritos y
los municipios] y a proveer los recursos para financiar adecuadamente» la prestación de
servicio a la educación, entre otros.

14. Con el fin de organizar la prestación de dicho servicio, la Ley 715 de 2001 fijó las
competencias tanto de la Nación como de las entidades territoriales y a la primera de
ellas le asignó la de distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones. Por
su parte, el artículo 37 y siguientes establecieron el procedimiento para incorporar a las
entidades territoriales las plantas de personal financiadas con recursos del Sistema
General de Participaciones.

15. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado5 consideró
que dicho proceso de incorporación «suponía, de un lado, que los departamentos debían
reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir
con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía
tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado
que podían y pueden diferir, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza
de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con
sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la
remuneración».

16. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional emitió la Directiva 10 del 30 de
junio de 2005, dirigida a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación, en la cual
absolvió las inquietudes formuladas sobre la viabilidad de la homologación de los
funcionarios administrativos del sector educativo y la consecuente nivelación salarial que
se podía generar en las respectivas entidades territoriales, también fijó las directrices a
tener en cuenta para llevar a cabo ese proceso. En relación con la manera como se
debía determinar la deuda retroactiva por concepto de la homologación y nivelación
salarial, se consideró que esta se reconocería siempre y cuando el derecho no hubiera
prescrito, según lo consagrado en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969 y 151
del Código Procesal Laboral.

Sobre los intereses comerciales y/o moratorios

17. El interés legal es un porcentaje fijado por el legislador para calcular el monto de
la indemnización en casos de mora. Existen normas especiales que rigen la materia, entre
otras, las siguientes: el artículo 1617 del Código Civil fijó un 6% anual; el artículo 884 del

4 Artículo 173 de la «Ley General de la Educación».
5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, M.P.

Flavio Augusto Rodríguez Arce.

4

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00443-02 (3724-2021)
Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes

Código de Comercio estableció el interés comercial equivalente a una y media veces el
interés bancario corriente, que debe ser empleado cuando no se hubiere hecho ninguna
estipulación convencional al respecto; el artículo 365 del Estatuto Tributario fijó un interés
moratorio correspondiente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para el mes de mora; el artículo 192 del CPACA estableció los
intereses moratorios que se causan respecto de «las cantidades líquidas reconocidas en
providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación» y
el artículo 195 ibidem, identificó la tasa con la que estos se liquidan.

18. En cuanto a la indexación, constituye «la forma de actualización monetaria con
base en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la tardanza en
la cancelación del saldo»6 y esta Subsección ha considerado que tanto el reconocimiento
de intereses moratorios como el de la indexación tienen el propósito de «cubrir los efectos
adversos del paso del tiempo sin que se haya solucionado efectivamente una obligación
dineraria»7.

Caso concreto.

19. A efecto de resolver el problema jurídico, se debe señalar que la pretensión de la
recurrente está orientada a que se reconozcan a su favor los intereses moratorios,
generados a causa del pago tardío de las sumas concedidas por concepto de nivelación
salarial, como resultado de la homologación de que fue objeto, pues no está de acuerdo
con que el Tribunal los hubiera negado bajo la consideración de que las sumas
adeudadas fueron indexadas.

20. Sobre ese particular, es preciso indicar que la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado8 se refirió al desarrollo que se surtió con ocasión del mencionado
proceso de homologación, así:

«1. Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso de descentralización del
servicio educativo, previa la homologación de los cargos previstos en las plantas de
personal nacional y departamentales en lo relacionado con la clasificación, funciones,
requisitos, responsabilidades y remuneración, etc. de los empleos, incorporan en iguales
o equivalentes condiciones el personal administrativo que reciban en virtud de la
certificación.

2. En virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del Acto Legislativo No. 1 de 2001, que
modificó el artículo 357 de la Constitución, el Sistema General de Participaciones debió
comprender en la base inicial, a 1º de noviembre de 2000, los costos provenientes de la
homologación e incorporación del personal administrativo realizada por las entidades
territoriales con fundamento en la ley 60 de 1993. Si así no se hizo y los mayores costos
por los conceptos mencionados provienen de homologaciones realizadas conforme a la

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de agosto de 2021, radicado 17001

23 33 000 2018 00553 01, número interno: 2288-2020, M.P. William Hernández Gómez.
7 Ibidem.
8 Concepto 1607 de 2004, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.

5

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00443-02 (3724-2021)
Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes

normatividad aplicable para la adopción de las plantas, la Nación debe asumirlos; de lo
contrario, serán de cargo de los departamentos.

3. En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de homologación en
virtud de los dispuesto en la ley 715 de 2001, si el proceso se cumplió conforme a derecho
y existe disponibilidad, debe asumirlos el SGP; si no existe disponibilidad, serán de cargo
de la Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal administrativo
contrariando el orden jurídico, responderá con sus recursos propios».

21. En concreto, para el caso de la homologación y nivelación salarial del personal
administrativo que pasó a hacer parte de la Secretaría de Educación de departamento de
Risaralda, este tuvo ocurrencia en el año 2005, producto del Decreto 0258 del 2 de marzo
de 2005 «Por medio del cual se homologa y se nivela salarialmente los cargos
administrativos de la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento de Risaralda
pagados con recursos del sistema general de participaciones»9 pero en el expediente no
está demostrada la fecha exacta en que se produjo el pago de las diferencias salariales
que resultaron a favor de la demandante producto del aludido proceso, sólo se señala
que fue cancelado en enero de 201310.

22. Posteriormente, como consecuencia del estudio técnico presentado por la
Secretaría de Educación del departamento de Risaralda, se produjo un ajuste a la
homologación y nivelación salarial inicial, el cual se materializó a través del Decreto 986
del 31 de agosto de 2010 «Por medio del cual se modifica el Decreto 0258 del 02 de
marzo de 2005 “Por medio del cual se homologa y se nivela salarialmente los cargos
administrativos de la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento de Risaralda
pagados con recursos del sistema general de participaciones”», previa aprobación por
parte del Ministerio de Educación.

23. En cuanto al reconocimiento de las sumas que se originaron como resultado de la
homologación y nivelación salarial aludido, se efectuó a través de la Resolución 1853 del
31 de diciembre de 201211 a favor de la demandante, producto de la cual se canceló «la
suma de (29.458.287 de los años 1996 a 2002), dicha liquidación se llevó a cabo el ajuste
a todos los factores salariales y se efectuaron los correspondientes descuentos de ley»12.

24. En el proceso que se examina, la parte demandante solicitó los intereses
moratorios «por la falta de pago oportuno del retroactivo por Homologación y Nivelación
Salarial», desde el momento en que se hicieron exigibles hasta cuando se hizo efectivo
el correspondiente pago, liquidados mes por mes conforme a la tasa corriente bancaria
de cada año. La parte demandada respondió de manera negativa la anterior solicitud, a
través del Oficio 000401-511 del 18 de enero de 201613.

9
Según índice 2 de SAMAI, expediente digital, páginas 194 a 201.
10 Según índice 2 de SAMAI, expediente digital, página 55
11
Según índice 2 de SAMAI, expediente digital, página 256.
12 La transcripción contiene los posibles errores del texto original.

13
Según índice 2 de SAMAI, expediente digital, páginas 39 a 42

6

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00443-02 (3724-2021)
Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes

25. Sobre dicha pretensión es oportuno indicar que esta Subsección ya ha tenido
oportunidad de pronunciarse en forma contraria a la pretensión dirigida a obtener el
reconocimiento de intereses moratorios en procesos con identidad fáctica a la planteada
en el sub examine, así:

«[…] tal como lo ha señalado la Subsección en asuntos similares14 no puede concluirse
que por el hecho de no haberse «pactado» el pago de un interés, deba acudirse en
subsidio a la regla que trae el artículo 1617 del Código Civil,15 pues en estricto sentido
no se está hablando de un asunto negocial, en el cual las partes involucradas puedan pactar
a su arbitrio cláusulas contractuales; como ya se expuso, el reconocimiento de las sumas
de dinero obedecieron a la homologación y nivelación que debió realizarse para que las
plantas de personal administrativo, se ajustaran a la nueva reglamentación en cuanto a
clasificación, nomenclatura, funciones y requisitos de los empleos del nivel territorial.

Finalmente, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios16 en el presente
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos,
en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo nada al
respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco hay
norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.

Se debe precisar que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben estar
consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte el cobro
de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, o estar
claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho, supuestos, que no se
evidencian en el presente asunto.» [Se destaca]

26. Bajo el anterior lineamiento, no es viable ordenar los intereses moratorios
reclamados con base en lo dispuesto en el artículo 1617 del Código Civil, comoquiera
que no se trata de un negocio entre particulares en el que las partes hubieran omitido
pactar cláusulas sobre esa materia, tampoco proceden los intereses por mora, ya que

14 La cita corresponde al texto original: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de diciembre de 2017, Consejero ponente William Hernández
Gómez, número interno 0905-2015; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2017, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra
Vélez, número interno: 2077-2015.»
15 La cita corresponde al texto original «ARTICULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE

DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora
está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o
empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las
disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal
se fija en seis por ciento anual. […]»
16 Cita propia del texto transcrito: «Señala el artículo 884 del Código de Comercio Modificado por el Art.

111, Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que
se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el
interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase
cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 72, Ley 45 de 1990»

7

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00443-02 (3724-2021)
Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes

estos tienen origen sancionatorio y deben estar expresamente establecidos en una norma
que los autorice, lo que no se demostró en el sub lite.

27. El anterior escenario impide acceder a las pretensiones de la demanda, pues las
normas invocadas no constituyen fuente legal para el reconocimiento pretendido, razón
suficiente para confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala debe precisar que aunque es cierto que
el Tribunal se refirió a la actualización o indexación que realizó la entidad respecto de las
sumas reconocidas a la demandante, tal consideración consistió en hacer notar que la
entidad asumió la carga que consideró pertinente para evitar que esta recibiera una suma
devaluada para el momento del pago; en ese sentido, los reparos que formuló el
recurrente en torno a la incompatibilidad entre dicha indexación y el reconocimiento de
intereses no será objeto de análisis en esta providencia, pues con lo ya descrito se pudo
establecer que estos no eran procedentes en el caso examinado, lo que hace inane
cualquier pronunciamiento acerca de la mencionada incompatibilidad.

Condena en Costas.

28. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021,
establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código
General del Proceso)17 y que, en todo caso, la condena al respecto se impondrá «cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

29. Al revisar el caso concreto, se considera que el recurso de apelación no se aprecia
como huérfano de fundamento jurídico por lo que resulta improcedente la condena en
costas en segunda instancia.

30. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 12 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

17 Al respecto, el artículo 365 de la norma citada establece: «1. Se condenará en costas a la parte vencida

en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto.» [Se destaca]

8

Radicación: 66001-23-33-000-2016-00443-02 (3724-2021)
Demandante: Ofelia Hincapié de Reyes

SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.