Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00596-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00596-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00596-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022)
Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento de
Risaralda
Temas: Intereses moratorios o legales por homologación y nivelación
salarial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Sandra Yaneth Espinosa Correa formuló
demanda, en orden a que se declare la nulidad del Oficio 23570 del 17 de diciembre
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022)
Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
de 2015, expedido por la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda,
mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses de mora por el
pago tardío del retroactivo que surgió a causa de la nivelación y homologación
salarial.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) condenar al Ministerio de Educación Nacional, departamento de Risaralda,
Secretaría de Educación departamental, a reconocer y pagar los intereses
moratorios por el desembolso tardío de la homologación y nivelación salarial, los
cuales deben ser liquidados a la tasa del interés bancario corriente, por períodos de
treinta días, una vez ocurrido el incumplimiento; ii) liquidar y pagar los intereses
reclamados con base en el capital neto cancelado, sin incluir el valor que se
reconoció por concepto de indexación salarial; iii) ordenar el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; iv) disponer el pago de los
intereses moratorios en los términos ordenados por el artículo 192 ibidem; y v)
condenar en costas a la entidad demandada, en caso de que presente oposición a
las pretensiones de la demanda.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Sandra Yaneth Espinosa Correa prestó sus servicios en la Secretaría
de Educación del departamento de Risaralda, en calidad de personal administrativo.
ii) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 2480 del 12 de julio de
1995, con miras a dar cumplimiento a la Ley 60 de 1993, en el sentido de certificar
al departamento de Risaralda, para la administración del servicio educativo.
iii) Producto de lo anterior, se transfirió el personal administrativo del servicio
educativo nacional, a las plantas de personal de las entidades territoriales, con
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Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
iguales cargos, códigos y salarios que traían desde la Nación; sin embargo, no se
tuvo en cuenta que, en la mayoría de los casos, el personal administrativo del orden
territorial tenía un nivel salarial superior al personal del orden nacional.
iv) A partir de lo antes indicado, se generó la obligación en las entidades del orden
nacional, que entregó el personal, y del orden territorial, que lo recibió, de realizar
la homologación de cargos y la nivelación salarial correspondiente, desde el
momento en que se produjo el traslado y, por ende, desde esa fecha, la demandante
debió recibir la diferencia salarial correspondiente.
v) Pese a lo expuesto, al momento en que se produjo el traslado, el personal
administrativo incorporado no fue homologado y nivelado salarialmente, respecto
de los cargos pares del nivel territorial.
vi) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1607
del 9 de diciembre de 2004 indicó que las entidades territoriales debían realizar la
nivelación salarial y aseguró que la diferencia del mayor valor debía ser asumida
por la Nación.
vii) El departamento de Risaralda expidió el Decreto 0258 del 2 de marzo de 2005
con el propósito de homologar y nivelar los cargos administrativos de la Secretaría
de Educación.
viii) La Secretaría de Educación le solicitó al Ministerio de Educación Nacional la
modificación parcial del estudio técnico de homologación y nivelación salarial con el
propósito de salvaguardar el derecho a la igualdad, lo que fue aprobado mediante
concepto jurídico del 30 de junio de 2010.
ix) A través del Decreto 0986 del 31 de agosto de 2010 se modificó el Decreto 0258
de marzo de 2005 por medio del cual se produjo la homologación y nivelación de
cargos.
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x) Mediante el Decreto 1062 del 29 de septiembre de 2010 se asignó la
denominación de código, grado y asignación salarial a la planta de personal
homologado y tal decisión fue modificada por el Decreto 0990 del 31 de octubre de
2011.
xi) Por medio del Oficio 2011EE187 del 3 de enero de 2011 el Ministerio de
Educación aprobó la liquidación de la deuda correspondiente al ajuste de la
homologación y nivelación salarial.
xii) Por virtud de la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, el Ministerio de
Educación, a través de la Secretaría de Educación departamental, reconoció y
ordenó el pago del retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial a
favor de la demandante y, en ella, se indicó expresamente que la fecha en que se
constituyó la obligación fue en el año 1997.
xiii) El anterior acto se modificó y adicionó por medio de la Resolución 1384 del 5
de septiembre de 2013, en lo que respecta a los valores relativos a servicios
personales, contribuciones inherentes a nóminas, indexación y deuda total del
personal administrativo.
xiv) Aunque en el artículo primero de la Resolución 1858 del 31 de diciembre de
2012 se afirmó que el pago corresponde a los años 1997 a 2009, en realidad, la
gran parte de personal se transfirió a la planta departamental desde el año 1996.
xv) El hecho anterior implica que la obligación de reconocer la homologación salarial
inició desde el mes de enero de 1996, producto de la expedición de la Resolución
2480 del 12 de julio de 1995, por la cual se transfirió el personal administrativo, y
hasta el 31 de diciembre de 2009, como lo indicó la Resolución 1858 del 31 de
diciembre de 2012; sin embargo, el período a cancelar entre los beneficiarios varía
atendiendo la fecha de ingreso, retiro o prescripción y, en el caso de la accionante,
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el lapso comprende desde 1996 hasta 2009.1
xvi) De acuerdo con la constancia expedida por la Secretaría de Educación, el
retroactivo salarial se pagó a la demandante en enero de 2013, es decir, que este
se hizo en forma extemporánea.
xvii) La obligación del pago de nivelación salarial debió realizarse en idéntica fecha
del pago del salario, por lo que la tardanza al respecto genera intereses moratorios
al tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo
(sic).
xviii) El 7 de octubre de 2015, la demandante formuló, ante la Secretaría de
Educación del departamento, una solicitud orientada a que se reconocieran los
intereses moratorios causados por la tardanza en el pago de su nivelación salarial
y, con ello, interrumpió el fenómeno prescriptivo.
xix) El 17 de diciembre de 2015, la Secretaría de Educación expidió el Oficio 23570,
mediante el cual resolvió, en forma desfavorable, la petición anterior. Ese acto se le
notificó el 15 de enero de 2016, y su contenido comporta una ilegalidad, en cuanto
no se informó al peticionario los recursos que contra él procedían.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209, 350 de la
Constitución Política; 1608, numerales 1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil y 177 del
Código Contencioso Administrativo.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:
1 Según se indicó en el hecho 17 de la demanda.
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i) La homologación es un procedimiento mediante el cual se comparan las funciones
y requisitos de un empleo existente en una planta de personal, para encontrar su
empleo equivalente en la estructura receptora, en este caso, como resultado de la
descentralización del servicio de educación.
ii) La entidad demandada realizó el proceso de homologación respectivo, en torno
al empleo de la demandante; sin embargo, al negar el reconocimiento de los
intereses moratorios pretendidos violó la ley, en la medida en que pretendió
equiparar los intereses a la indexación cuando ambos provienen de una fuente
distinta.
iii) En el empleador recae la obligación de pagar oportunamente los salarios a sus
empleados y, en caso de no cumplir su cometido, debe reconocer los intereses
moratorios que surgen a causa de tal tardanza.
iv) La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1607
del 9 de diciembre de 2004, indicó que las entidades territoriales, previo al proceso
de homologación, debían realizar la nivelación salarial, pues en virtud del principio
de igualdad, debían recibir iguales salarios a sus homólogos del nivel territorial; sin
embargo, en el caso de la demandante, las diferencias salariales no se pagaron en
forma oportuna y, por ende, es viable reconocer los intereses pretendidos, decisión
que atiende los principios de igualdad y favorabilidad en la aplicación de la condición
más beneficiosa al empleado.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. El departamento de Risaralda, por conducto de apoderado, contestó la
demanda2 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, porque cuando se
produjo la homologación y nivelación salarial, los recursos fueron pagados en forma
oportuna a cada uno de sus beneficiarios. Además, precisó las circunstancias que
2 Ver expediente digital que obra en el índice 19 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y
Tribunales.
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rodearon tal actuación administrativa, en los términos que se procede a transcribir:
[…]
Ahora, haré referencia al Ajuste de la Homologación y Nivelación Salarial de que trata
el DECRETO 0986 DEL 31 DE AGOSTO DE 2010, que es a lo que se dirige la
demanda, puesto que este acto lo que hizo fue revisar y ajustar el decreto 0258 de
2005 (homologación y nivelación salarial como tal), debido a disparidades
encontradas, por lo que se sometió a un nuevo estudio técnico que para el MEN
estuvo ajustado según oficio No. 2010EE54347 del 30 de julio de 2010 proferido por
la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del MEN.
[…]
Una vez realizado el ajuste al proceso plurimencionado, se expidió el Decreto 1062
del 29 de septiembre de 2010 asignando denominación, código, grado, asignación
mensual, determinado en la planta de cargos homologada, siguiendo el Decreto 0990
del 31 de octubre de 2011 que modificó el Decreto 1062 de fecha 29 de septiembre
de 2010 para concluir con la Resolución No. 1853 del 31 de diciembre de 2012
por lo cual se reconoció y ordenó el pago de la deuda retroactiva por concepto de
homologación y nivelación salarial del personal administrativo Departamento de
Risaralda, modificada por la Resolución 1384 del 5 de septiembre de 2013, en donde
se consignaron uno a uno, cédula a cédula, todos los valores a pagar a los
beneficiarios del mencionado proceso.
Actos administrativos que se encuentran en firmes [sic], gozan de validez jurídica, por
lo que si alguno de los tantos beneficiarios consideraban que debían cancelárseles
sumas adicionales a las estipuladas, como por ejemplo intereses moratorios como los
que solicita la parte actora, así debieron haberlo hecho y en su debido momento, y no
pretender revivir términos caducos mediante un derecho de petición presentado a
finales de la vigencia 2015, a pesar de que su situación se encuentra consolidada al
estar en firme los actos de ajuste a la homologación y nivelación salarial y surtiendo
los efectos de ejecutoriedad.
Por último, el apoderado de la entidad propuso las excepciones de ineptitud de la
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demanda3, falta de competencia de la entidad territorial para decidir sobre la
homologación y nivelación salarial, inexistencia de los valores adeudados y
prescripción.
1.2.2. La Nación, Ministerio de Educación, por intermedio de apoderado, contestó
la demanda4 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que
se expresan a continuación:
i) Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 establecieron el procedimiento para
incorporar las plantas financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones a las plantas de personal de las entidades del orden territorial y, en
el caso bajo análisis, tal procedimiento se cumplió mediante la incorporación y
homologación de cargos, lo que generó los costos derivados del estudio técnico.
ii) En el Acto Legislativo 01 de 2005 se dispuso que los recursos de participación
para la educación serían destinados para financiar la prestación del servicio
educativo y el pago del personal docente y administrativo de las instituciones
públicas.
iii) A través de la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005 se establecieron las
directrices orientadas a que se produjera la homologación, así como los criterios y
procedimiento necesarios para el efecto; además, se impuso en las entidades
territoriales, la obligación de ajustar sus plantas de personal y todo ese proceso se
siguió en el caso analizado, sin que ello dé lugar al reconocimiento de los intereses
pretendidos.
Finalmente, el apoderado de la entidad planteó las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, ineptitud de la demanda y genérica e
innominada.
3 Porque el acto que se debió enjuiciar fue el que consolidó la situación del pago de la homologación.
4 Ver expediente digital que obra en el índice 19 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y
Tribunales.
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1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 17 de
septiembre de 20215, denegó las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos:
i) La homologación y nivelación salarial de los empleos administrativos de la
Secretaría de Educación Departamental se produjo mediante Decreto 0258 del 2 de
marzo de 2005 y, por virtud de la Resolución 1853 del 31 de diciembre de 2012, se
reconoció y ordenó el pago de la deuda por concepto del retroactivo producto de
esa nivelación; en particular, a favor de la demandante, el valor concedido
comprendió el período de 1996 a 2009, respecto del cual se dispuso la indexación
de las sumas debidas.
ii) La accionante pretende el reconocimiento de los intereses moratorios producto
del inoportuno pago de los valores reconocidos por concepto de homologación y
nivelación salarial y la entidad resolvió, en forma desfavorable tal petición.
iii) Al analizar el procedimiento que se tuvo que adelantar con miras a realizar el
proceso de homologación y nivelación en referencia, se puede constatar que el
lapso que se empleó para ese efecto fue razonable, tal como lo ha considerado la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
iv) En el caso sub examine, la administración, consciente del término de duración
del proceso aludido, decidió reconocer la indexación de las sumas adeudadas al
accionante, con el propósito de compensar la depreciación monetaria, debido a que
no cumplió oportunamente con su obligación; por ende, el reconocimiento de
intereses moratorios pretendidos no es viable, en la medida en que estos riñen con
la indexación ya reconocida y pagada por la entidad, incompatibilidad que ha sido
materia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, razón
5 Ver archivo en PDF que obra en el índice 20 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y
Tribunales.
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suficiente para no acceder a las súplicas del libelo.
1.4. El recurso de apelación
La señora Sandra Yaneth Espinosa Correa, actuando por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelación,6 que sustentó así:
i) La controversia está orientada a que se reconozcan los intereses por mora debido
al pago tardío de la homologación y nivelación salarial, pues la administración debe
reconocer oportunamente sus obligaciones.
ii) La incompatibilidad entre indexación e intereses moratorios invocada por el a quo
para negar las pretensiones de la demanda, no es una figura que pueda aplicarse
en el asunto bajo análisis, comoquiera que una y otra no devienen de idéntica
fuente; en efecto, la mora que se reclama, se produce como una sanción al
empleador por el pago inoportuno de la obligación, mientras que la indexación
resulta de la actualización del valor debido, con el fin de que no se pierda el poder
adquisitivo, producto de la devaluación.
iii) Por lo anterior, la obligación de pago del retroactivo debió reconocerse con
intereses moratorios y no de manera indexada, pues fue cancelada 16 años
después de su causación, es decir, tardíamente, por lo que no era procedente la
aplicación del artículo 178 del CCA [sic] aplicable a la ejecución de sentencias, sino
los artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil, dado que este derecho no nació
en virtud de una providencia judicial, sino del propio proceso de homologación y
nivelación salarial.
iv) Adicionalmente, el incumplimiento de las entidades demandadas en abonar de
forma oportuna las diferencias salariales debidamente homologadas y niveladas
corresponde a una mora que no se le puede atribuir a la demandante, dado que el
6 Ver archivo en PDF que obra en el índice 26 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados y
Tribunales.
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Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
pago de dicha obligación dependía únicamente de la administración quien de forma
negligente retuvo el valor y solo reconoció una indexación que solo cubre el
componente inflacionario, pero deja de lado el sancionatorio al cual tiene derecho
con base en los artículos 1617 del Código Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, además
con los principios de favorabilidad, igualdad y equidad.
v) Por último, si bien es cierto lo pretendido es que se declare que la demandante
tiene pleno derecho a que la parte pasiva le reconozca intereses moratorios sobre
el retroactivo por homologación en lugar de la indexación ya abonada, lo anterior no
se hace con la intención como manifiesta y precisa el a quo, de que se paguen sobre
una misma obligación ambos conceptos, puesto que para el caso en particular, en
efecto, no es aceptable jurídicamente que se causen las dos figuras para el mismo
período, pero sí que se atienda el principio constitucional de favorabilidad para el
trabajador (tanto para la aplicación de normas como para su interpretación), es
decir, que se de prelación a la sanción por mora y no a la actualización monetaria
otorgada en su momento.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes no intervinieron en esta oportunidad, dado que tampoco se habilitó esta
etapa al no haberse surtido un período probatorio conforme a lo previsto en el ordinal
5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo
247 del CPACA.7
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
2. Consideraciones
7 Ver constancia secretarial del 1.° de junio de 2022 obrante en el índice 9 del registro en SAMAI.
8 Idem.
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2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la demandante tiene o no derecho al reconocimiento
y pago de los intereses comerciales y/o moratorios respecto de las sumas otorgadas
por concepto de retroactivo, producto de la homologación y nivelación salarial.
2.2. Marco normativo
2.2.1. En torno a la homologación y nivelación salarial
A través de la Ley 43 de 1975, el legislador decidió «nacionalizar la educación
primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarias […]».
Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, en su artículo 356,
se estableció que el Gobierno Nacional fijaría los servicios a ser prestados por la
Nación y las entidades territoriales. De igual manera, debía determinar el situado
fiscal, que comprendía «el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que
ser[í]a cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos Especiales de
Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa, o a través de los
municipios, de los servicios que se les asignen».
En la aludida norma constitucional se determinó que los recursos del situado fiscal
se destinarían para financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media,
y la salud, en los niveles que la ley señale.
Producto de tal previsión constitucional, se expidió la Ley 60 de 1993 9, en la que se
dispuso la descentralización del sector educativo10 y, de ese modo, empezó la
9 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
10 En el artículo 16 literal «B. En educación» se fijaron las reglas para la descentralización de ese
servicio.
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Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación de ese servicio. En el parágrafo11 del artículo 15 ibidem, se determinó
que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los departamentos,
municipios y distritos. De igual manera, a través de los diferentes artículos de esa
normativa, se dispuso el traslado del personal y de los establecimientos educativos,
a las entidades del orden territorial.
Con base en lo anterior, las plantas de personal entrarían a hacer parte de la
respectiva entidad territorial y, para ello, era necesario que se adelantara un proceso
de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de nacionales o
nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o distritos, y el
régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que venían incorporados,
como a los que se vincularan con posterioridad, sería el establecido en la Ley 91 de
198912.
Posterior a ello, se expidió la Ley 115 de 1994, denominada ley general de la
educación, en cuyo artículo 147 se determinó que la Nación y las entidades
territoriales ejercerían la dirección y administración de los servicios educativos
estatales en los términos de la Ley 60 de 1993 y demás que expida el legislador.
Además, en su artículo 148 se fijaron las competencias de la Nación, de manera
específica, en aspectos relacionados con política y planeación, inspección y
vigilancia, y administración.
En lo que respecta a la financiación de la educación estatal, se consagró que se
produciría con recursos del situado fiscal, más el aporte de los departamentos, los
11 El parágrafo en cita ordenó: «En concordancia con la descentralización de la prestación de los
servicios públicos de salud y educación y las obligaciones correspondientes, señalados en la
presente ley, la Nación cederá a título gratuito a los departamentos, distritos y municipios los
derechos y obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles existentes a
la fecha de publicación de la presente ley destinados a la prestación de los servicios que
asuman las entidades territoriales».
12 Así se determinó en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en cuyo aparte pertinente, señaló: «El
régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones».
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distritos y los municipios, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, lo que
se consideraban un gasto público social13.
A través del Acto Legislativo 1 de 2001, en su artículo 2, en reemplazo del
denominado situado fiscal, se creó el Sistema General de Participaciones, con el
propósito de «atender los servicios a cargo de [la nación, los departamentos, los
distritos y los municipios] y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su
prestación» y, en relación con los recursos que se destinarían para los
departamentos, distritos y municipios, se señaló que se daría prioridad a aquellos
relacionados con la salud y la educación preescolar, primaria, secundaria y media,
entre otros, de modo que se garantizara la prestación y la ampliación de coberturas
con énfasis en la población pobre.
Más adelante, por medio de la Ley 715 de 200114, se determinaron las competencias
tanto de la Nación como de las entidades territoriales, en materia de educación15, y
a la primera de ellas se le asignó, entre otras, la de distribuir los recursos del Sistema
General de Participaciones, destinados a la cobertura de ese servicio. En dicha
norma se estableció el procedimiento que se debía seguir a efecto de incorporar las
plantas de personal financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones, a las entidades territoriales, así:
Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata el artículo
37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes, directivos y
administrativos de los planteles educativos, de los departamentos, distritos y
municipios.
13 Tales previsiones se consagraron en los artículos 173 y 174 de la Ley 115 de 1994.
14 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad
con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.
15 Establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 715 de 2001.
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Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los
planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los requisitos,
mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados por órdenes
de prestación de servicios, que sean vinculados de manera provisional, deberán
cumplir los requisitos de la carrera docente y administrativa para su incorporación
definitiva a las plantas que se establezcan.
[…]
Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de los
administrativos de las instituciones educativas serán organizadas conjuntamente
por la Nación, departamentos, distritos y municipios, en un período máximo de
dos años, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la presente ley.
Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los
cargos de las plantas. La provisión de cargos en las plantas financiadas con
recursos del Sistema General de Participaciones, se realizará por parte de la
respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y
que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo.
Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos
vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente ley, no requieren
nueva vinculación o nuevo concurso para continuar en el ejercicio del cargo,
sin perjuicio del derecho de la administración al traslado del mismo.
A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que se financien con recursos del Sistema General de Participaciones,
sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y prestacional establecido por ley o de
acuerdo con esta.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022)
Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos fueron
renovados en el año 2001, por el municipio o el departamento, indistintamente, serán
vinculados de manera provisional durante el año lectivo de 2002. Mientras ello ocurre,
deberán, los departamentos y municipios, renovarles los contratos a más tardar el 1°
de febrero de 2002.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que demuestren que estuvieron vinculados por órdenes de prestación de
servicios por los departamentos o municipios, dentro de los dos meses antes y el 1°
de noviembre de 2000, demostrando solución de continuidad durante ese período, y
que cumplan los requisitos del cargo, serán vinculados de manera provisional durante
el año 2002.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles
educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban contratados en
departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan
los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron
renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional,
previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido
suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de
la entidad territorial. […]
La incorporación de las plantas de personal aludidas «suponía, de un lado, que los
departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura
orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que
la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no solo el aspecto formal de
los empleos, como su nomenclatura y grado -que podían y pueden diferir-, sino de
manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de
responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales
específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual
debió cumplirse dentro del proceso de homologación»16.
16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004.
16
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Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional emitió la Directiva 10 del 30 de
junio de 2005, con destino a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación,
que tenía como propósito absolver las inquietudes formuladas con relación a la
viabilidad de la homologación de los funcionarios administrativos del sector
educativo y de la consecuente nivelación salarial que se podía generar en las
respectivas entidades territoriales y, para ello, fijó las directrices a tener en cuenta
para llevar a cabo ese proceso.
En relación con la retroactividad de la homologación y nivelación salarial, en forma
concreta, en la aludida directiva se estableció que para determinar la deuda era
necesario que la entidad territorial realizara un listado de las reclamaciones,
indicando la fecha de cada una de ellas, y que la retroactividad tan solo se
concedería, en la medida en que el derecho no hubiera prescrito, según lo
consagrado en los artículos 102 y 103 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código
Procesal Laboral.
De igual manera, se determinó que la homologación y consecuente incorporación
conllevaría la nivelación salarial, lo cual se asumiría con recursos del Sistema
General de Participaciones, previa disponibilidad presupuestal, pero que si no
existía disponibilidad, la Nación se haría cargo. Sin embargo, en caso de que la
homologación e incorporación se hubiera realizado contrariando el orden jurídico, el
respectivo municipio debía responder por ello con sus recursos propios. Y, en forma
concreta, en torno a la deuda, se definió lo siguiente:
Para el reconocimiento de la deuda por parte de la Nación, la entidad territorial deberá
enviar a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN, la liquidación individual
anualizada de la deuda, el estudio técnico que sirvió de base para la nivelación y
homologación, realizado de conformidad con lo previsto en el numeral A.1 de la
presente Directiva, y los actos administrativos correspondientes mediante los cuales
se hacen efectivas, todo lo anterior debidamente certificado por el gobernador o
alcalde y secretario de educación respectivos.
17
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En los casos de reconocimiento de deudas por decisiones de homologación que no
hayan seguido estrictamente los criterios legales, las entidades territoriales, con la
debida diligencia, acudirán al ejercicio de las acciones judiciales y administrativas
procedentes en aras de proteger los intereses del Estado (Nación, Departamento,
Distrito o Municipio), de lo cual informarán a este Ministerio en la misma oportunidad
a la que se refiere el inciso anterior.
2.2.2. En torno a los intereses comerciales y/o moratorios
El interés legal es un porcentaje, fijado por el legislador, para calcular el monto de
la indemnización en casos de mora, cuandoquiera que las partes no hubieran
pactado una suma por ese concepto y, de acuerdo con lo previsto en el artículo
1617 del Código Civil, se fijó en un 6% anual.
Entre tanto, en el Código de Comercio, en su artículo 884 se estableció el interés
comercial, en el equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, el
que debe ser empleado en casos en que no se hubiere hecho ninguna estipulación
convencional al respecto.
Adicionalmente, en el Estatuto Tributario, el interés moratorio se fijó en el
equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, para el respectivo mes de mora, tal como se determinó en
su artículo 635.
Valga aclarar, además, que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
lo que respecta al pago de las condenas judiciales impuestas a cargo de las
autoridades públicas, en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo se estableció que «las cantidades líquidas
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben
una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la
respectiva sentencia o del auto»; no obstante, en caso de que transcurra un término
superior a 3 meses, posteriores a la ejecutoria, sin que el interesado acuda a la
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022)
Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
entidad correspondiente a hacer efectiva la condena o la orden dada en una
conciliación, cesa la causación de los intereses correspondientes, hasta cuando se
presente la respectiva solicitud.
Ahora bien, para la determinación de los intereses moratorios en los casos
previamente señalados por el CPACA, en el artículo 195 ibidem se estableció que
los que se causan desde la ejecutoria corresponden a «una tasa equivalente al
DTF», pero en caso de que venza el término de 10 meses previsto en el inciso
segundo del artículo 192 o el de 5 días señalado en el numeral 3 del aludido artículo
195, sin que la entidad hubiera pagado el crédito reconocido judicialmente, el valor
del interés moratorio corresponderá al de la tasa comercial.
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
i) En julio de 2010,17 la directora de fortalecimiento de la gestión territorial del
Ministerio de Educación Nacional dirigió un oficio con destino a la Secretaría de
Educación del departamento de Risaralda, en el cual le expuso lo siguiente en torno
al proceso de homologación de la planta administrativa:
Mediante el oficio No 2006EE28292 de 21 de julio de 2006, el Ministerio de Educación
Nacional aprobó el estudio técnico de homologación de la planta administrativa
inicialmente remitido por la entidad territorial y suscrito por los funcionarios
competentes, conforme a lo establecido por la Resolución No 2117 de mayo de 2006,
artículo 4.
[…]
Ahora bien, el presente concepto técnico autoriza exclusivamente la modificación a
la homologación y nivelación salarial de la planta administrativa del
17 Ver expediente digital que obra en el índice 19 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados
y Tribunales.
19
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Departamento, es decir, la ubicación de los beneficiarios del proceso que se
encuentran activos en la planta, en el cargo homologado con la nomenclatura de
carrera ajustada conforme lo establece el Decreto 785 del 2005, incorporados en la
estructura salarial de la entidad territorial receptora con su nueva asignación, por lo
tanto, la Secretaría debe remitir la liquidación por los costos retroactivos del proceso
de homologación y nivelación salarial para la revisión y aprobación por parte del MEN
como requisito previo para que proceda a hacer efectivo el reconocimiento y pago de
la “deuda”18 por dicho proceso.
ii) El 27 de febrero de 2014,19 la profesional universitaria de recursos humanos de
la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda expidió una certificación
en la que consta que los valores por concepto del proceso de ajuste de la nivelación
y homologación salarial fueron reconocidos a favor de la demandante, mediante
Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012 y su pago se produjo el mes de enero
de 2013. Los años respecto de los cuales se pagó tal concepto, corresponden a los
del período comprendido entre 1996 y 2009.
iii) La demandante, por intermedio de apoderado, formuló petición ante la Secretaría
de Educación del departamento de Risaralda con miras a que se reconocieran, a su
favor, los intereses moratorios, producto del pago tardío de las diferencias salariales
que se reconocieron con ocasión del proceso de homologación y nivelación salarial,
ordenado mediante Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012.20
iv) El 17 de diciembre de 2015,21 la Secretaría de Educación departamental de
Risaralda respondió la anterior petición y negó la pretensión con base en los
argumentos que se transcriben a continuación. Tal acto se notificó personalmente
a la demandante el 15 de enero de 2016.22
18 Comillas propias del texto transcrito.
19 Ver expediente digital que obra en el índice 19 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados
y Tribunales.
20 Idem.
21 Idem.
22 Idem.
20
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Atendiendo este Concepto,23 el Departamento realizó un estudio técnico de
homologación y mediante el Decreto 0258 del 02 de marzo de 2005, el
Departamento de Risaralda homologó y niveló los cargos administrativos de la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento pagados con Recursos del
Sistema General de Participaciones.
En el año 2009 los funcionarios administrativos en nombre propio y a través de sus
apoderados solicitan una revisión de dicho estudio, aduciendo que para la
homologación inicial no se tuvo en cuenta la totalidad de la Planta del Departamento.
Se pide un nuevo concepto al Ministerio de Educación Nacional y este da el visto
bueno para la modificación del estudio técnico de homologación y nivelación
mediante oficio No. 2010EE26231 de fecha 20 de abril de 2010.
Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad territorial solicitó al Ministerio de
Educación Nacional una modificación parcial del estudio técnico llevado a cabo en
el proceso anterior ya que existen cargos en la entidad territorial que a pesar de
desempeñar idénticas funciones sus asignaciones salariales son diferentes,
contraviniendo así el principio de igual trabajo, igual salario, esta situación se
evidenció con los Celadores, Auxiliares, Administrativos, Secretarias, Secretarias
Ejecutivas, Técnicos Operativos, Profesionales Universitarios y Profesionales
especializados, dicha solicitud fue enviada el 15 de Julio del año 2010 con destino
al ente Nacional del cual se anexa el estudio técnico, las etapas del proceso, como
así mismo los proyectos de decretos, de conformidad con la Directiva Ministerial
No. 10 del año 2005 y las Guías del Proceso de Homologación emitidas por el MEN.
Mediante Concepto Jurídico No. 2010EE54547 de fecha 30 de Julio de 2010,
suscrita por la Dirección de Fortalecimiento y Gestión Territorial […] aprobó el
proceso de ajuste al proceso de Homologación y Nivelación Salarial presentado por
esta entidad territorial.
[…] La Ejecución el proceso de homologación y nivelación salarial, debe realizarse
respecto a la última etapa del estudio técnico de homologación y nivelación salarial,
que es el que contiene las personas que a la fecha ocupan un cargo en la Secretaría
23 Se refiere al Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, emitido por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado.
21
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de Educación, es respecto a ellas que se deben expedir los actos administrativos
mencionados en el concepto técnico de aprobación: a. el Decreto de Homologación
General de Cargos, b. el decreto mediante el cual se incorpore a los funcionarios
detallando el cargo al cual ha sido homologado y el grado salarial, c. así como
realizar el acto de posesión sin solución de continuidad respectiva, fecha a partir de
la cual las personas beneficiarias del proceso adquieren el derecho a devengar al
nuevo salario; Actuación ya realiza [sic] por esta entidad, Decretos 0986 del 31 de
agosto y 1062 del 29 de septiembre de 2010, de conformidad con estos actos
administrativos la Secretaría de Educación desde el 01 de octubre de la anterior
vigencia comenzó a cancelar los nuevos salarios a los funcionarios que fueron
sujetos activos del proceso que se encuentran laborando en esta entidad territorial;
y en el mes de diciembre de 2010 se les canceló el retroactivo correspondiente a
dicha vigencia.
Ahora bien, el segundo proceso que integra una homologación y nivelación salarial:
(ii) Liquidación por los costos retroactivos del proceso o deuda: el pago de la deuda
o los costos retroactivos producto de dicha homologación debe realizarse SOLO si
se solicitó por escrito su reconocimiento, en la forma y términos señalados en la
directiva ministerial No. 10 del 30 de junio de 2005; escrito que pudo ser presentado
de manera directa o mediante apoderado, siempre y cuando estuviera autorizado
para ello mediante poder debidamente conferido.
Posteriormente mediante la Resolución No. 1853 del 31 de diciembre de 2012, la
cual fue modificada y adicionada mediante la Resolución No. 1384 del 05 de
septiembre de los corrientes, se ordenó y reconoció el pago de deuda retroactiva
por concepto del Ajuste al Proceso de Homologación y Nivelación Salarial, con su
CORRESPONDEINTE (sic) INDEXACIÓN, como se establece dentro de la
parametrización establecida en la Directiva No. 10 de 2005, en la Guía de Nivelación
y Homologación y directamente por el [sic] entidad nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante manifestar que la entidad no le adeuda
a ningún beneficiario del proceso de ajuste de nivelación y homologación salarial,
emolumento por este concepto, ya que la administración efectuó el pago
correspondiente a la liquidación aprobada por el Ministerio de Educación Nacional,
22
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022)
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con su correspondiente indexación, es decir, las sumas de dinero adeudadas fueron
actualizadas de acuerdo al IPC, al momento del pago.
2.4. Caso concreto
A fin de resolver el problema jurídico planteado, se debe señalar que, según la
demanda, la pretensión de la señora Espinosa Correa está orientada a que se
reconozcan, a su favor, los intereses moratorios de las sumas concedidas por
concepto de nivelación salarial, como resultado de la homologación de que fue
objeto, y cuyos valores fueron pagados por virtud de lo dispuesto en la Resolución
1858 del 31 de diciembre de 2012, efecto para el cual solicitó tener en cuenta lo
previsto en los artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil.
Para resolver la controversia anterior, se debe indicar que en Concepto 1607 de
2004, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 24 se
analizó lo relativo al proceso de homologación aludido y se resolvieron las
inquietudes planteadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los siguientes
términos:
1. Las entidades territoriales, como consecuencia del proceso de descentralización
del servicio educativo, previa la homologación de los cargos previstos en las plantas
de personal nacional y departamentales en lo relacionado con la clasificación,
funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc. de los empleos,
incorporan en iguales o equivalentes condiciones el personal administrativo que
reciban en virtud de la certificación.
2. En virtud de lo dispuesto por el artículo 3º del Acto Legislativo No. 1 de 2001, que
modificó el artículo 357 de la Constitución, el Sistema General de Participaciones
debió comprender en la base inicial, a 1º de noviembre de 2000, los costos
provenientes de la homologación e incorporación del personal administrativo
realizada por las entidades territoriales con fundamento en la ley 60 de 1993. Si así
no se hizo y los mayores costos por los conceptos mencionados provienen de
24 M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce.
23
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homologaciones realizadas conforme a la normatividad aplicable para la
adopción de las plantas, la Nación debe asumirlos; de lo contrario, serán de
cargo de los departamentos.
3. En el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de
homologación en virtud de los dispuesto en la ley 715 de 2001, si el proceso se
cumplió conforme a derecho y existe disponibilidad, debe asumirlos el SGP; si
no existe disponibilidad, serán de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio
homologó e incorporó al personal administrativo contrariando el orden jurídico,
responderá con sus recursos propios. [Se resalta].
Bajo el marco anterior, y a fin de resolver el fondo del asunto, la Sala debe señalar
que para llevar a cabo el proceso de homologación y nivelación salarial que, en
últimas, dio lugar a que se produjera el pago del retroactivo correspondiente a los
años 1996 a 2009, y que, para el caso de la demandante, se pagó por los años 1996
a 2009, se tuvieron que surtir diferentes gestiones por parte de la administración,
entre ellas, las siguientes:25
i) El Ministerio de Educación Nacional expidió la Directiva 10 del 30 de junio de 2005,
producto del concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, en la cual se estableció el procedimiento para hacer efectiva la
homologación de cargos.
ii) Atendiendo la directiva aludida, mediante el Decreto 0258 de del 2 de marzo de
2005, el departamento de Risaralda homologó y niveló los cargos administrativos
de la Secretaría de Educación.
iii) A través de Resolución 2171 de 17 de mayo de 2006, el Ministerio de Educación
Nacional determinó el cronograma para el reporte de deudas de las entidades
territoriales, producto de la homologación y nivelación salarial.
25 La información que se menciona a continuación se extracta de las consideraciones del acto
acusado y del oficio que obra en el expediente digital, relacionado en el acápite de pruebas de esta
providencia.
24
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iv) A causa de lo anterior, mediante comunicación 2006EE28292 del 21 de julio de
2006, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el estudio técnico de
homologación de la planta de personal administrativo remitido por el departamento
de Risaralda.
v) En el año 2009, el personal administrativo, que fue homologado, solicitó la
revisión del estudio técnico, en consideración a que en el inicial no se había tenido
en cuenta la totalidad de la planta de personal del departamento.
vi) A través de Oficio 2010EE26231 del 20 de abril de 2010, el Ministerio de
Educación Nacional dio visto bueno a la modificación del estudio técnico.
vii) El 30 de julio de 2010, la Dirección de Fortalecimiento y Gestión Territorial del
Ministerio de Educación Nacional emitió concepto jurídico de aprobación del ajuste
del proceso de homologación y nivelación salarial.
viii) Producto de la gestión anterior, se expidieron los Decretos 0986 y 1062 del 31
de agosto y 29 de septiembre de 2010, en los cuales se detallaron los cargos en los
que se produjo la homologación y el grado salarial, así como lo relativo a la
posesión, sin solución de continuidad en los empleos de la planta territorial y la fecha
a partir de la cual, los beneficiarios, adquirían el derecho a recibir el ajuste salarial.
ix) A través de la Resolución 1858 del 31 de diciembre de 2012, se ordenó el
reconocimiento y pago de la deuda retroactiva, por concepto del ajuste al proceso
de homologación, con inclusión de la correspondiente indexación, y ese acto
administrativo se modificó mediante la Resolución 1384 del 5 de septiembre de
2013.
x) Finalmente, el pago se produjo en el mes de enero de 201326.
26 Ver expediente digital que obra en el índice 19 del registro en SAMAI de consulta para Juzgados
y Tribunales.
25
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00596-02 (1287-2022)
Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
Sobre lo anterior, es preciso clarificar lo siguiente:
En primer lugar, tal como se desprende de las actuaciones desarrolladas con miras
a realizar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal
administrativo que pasó a hacer parte de la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda, este tuvo ocurrencia en el año 2005, mediante el
Decreto 0258 del 2 de julio de ese año.
En el expediente no está demostrada la fecha en que se produjo el pago de las
diferencias salariales que resultaron del aludido proceso.
Sin embargo, lo que sí está acreditado es que el personal homologado no estuvo
de acuerdo con el estudio técnico realizado para el efecto y, por ello, pidió su
revisión en el año 2009, y la solicitud en tal sentido fue la que dio origen a la
modificación del acto de homologación y nivelación salarial inicial, y ello se
materializó a través de los Decretos 0986 y 1062 del 31 de agosto y 29 de
septiembre de 2010.
Finalmente, el pago que se originó como resultado del ajuste a la homologación y
nivelación salarial aludida, se dispuso mediante la Resolución 1858 del 31 de
diciembre de 2012, es decir, que en esta última no solo se ordenó el reconocimiento
y pago de la diferencia salarial producto del ajuste al proceso de homologación
y nivelación salarial, sino que también se ordenó la indexación de los valores
correspondientes.
Lo anterior se puede corroborar con la documental allegada como prueba por el
apoderado de la parte demandante,27 en que la Secretaría de Educación del
departamento de Risaralda certificó que «mediante Resolución No 1858 del 31 de
diciembre de 2012, le fueron reconocidos y pagados por concepto de retroactivo
del proceso de Ajuste de Nivelación y Homologación, como personal
27 Idem.
26
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administrativo de los establecimientos educativos pagados con recursos del
Sistema General de Participación las siguientes sumas de dinero […]»
Bajo el anterior entendimiento, se debe concluir que la petición de la demandante
parte de una premisa que no se ajusta a la realidad, pues, en ella se sostiene que
el retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial realizado desde el
año 1996 tan solo se pagó con ocasión de lo previsto en la Resolución 1858 del 31
de diciembre de 2012, cuando el que, en realidad, se ordenó a través de la aludida
resolución no fue como resultado de la homologación propiamente dicha, sino de
un ajuste a esa homologación, que surgió a causa del desacuerdo expresado por
los miembros de la planta de personal homologado, respecto del proceso que
inicialmente se materializó a través del Decreto 0258 del 2 de marzo de 2005.
Hecha la anterior precisión y como el cuestionamiento de la demandante se centra
en la tardanza en el pago de los valores reconocidos en la aludida Resolución 1858
del 31 de diciembre de 2012, la Sala debe indicar que las actuaciones previamente
relacionadas, que dieron origen a la aludida resolución demuestran que no hubo,
por parte del Ministerio de Educación Nacional ni del departamento de Risaralda,
demora en el pago de los valores reconocidos por concepto de ajuste de la
homologación y nivelación salarial, en la medida en que, entre el año 2009, cuando
se presentó la solicitud de revisión del estudio técnico de homologación, y el 31 de
diciembre de 2012, cuando se expidió la resolución mediante el cual se dispuso el
pago por concepto del ajuste de tal homologación y nivelación salarial, transcurrió
el tiempo durante el cual la administración tuvo que realizar diversas gestiones
necesarias para definir la viabilidad del aludido ajuste y los montos a reconocer por
tal concepto.
Adicionalmente, es importante precisar que en la Resolución 1858 del 31 de
diciembre de 201228 se ordenó indexar las sumas reconocidas por concepto de
diferencias salariales, que se originaron por el ajuste a la homologación y nivelación
28 Según se indicó tanto en el acto acusado, como en la contestación de la demanda, por parte de la
entidad territorial; para tal efecto, en el acápite correspondiente se transcribió lo pertinente.
27
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salarial, con el objeto de que no perdieran su valor entre el período al que
correspondía cada una de tales diferencias y la fecha del pago, debido al tiempo
que transcurrió durante el proceso tanto de homologación, como del ajuste
correspondiente, de manera que dicha orden de actualización cumplió con la
finalidad de evitar que la accionante se viera afectada por la pérdida del valor
adquisitivo de tales diferencias.
Ahora bien, entre la fecha de expedición del acto administrativo antes indicado, esto
es, el 31 de diciembre de 2012 y la fecha en que se materializó el pago de tales
diferencias -enero de 2013-29, no se podría considerar que la autoridad incurrió en
tardanza para pagar las sumas correspondientes, toda vez que se trató del tiempo
razonable durante el cual el acto administrativo cobró firmeza y se realizaron las
gestiones tendientes para realizar el desembolso; además, tampoco está
demostrada, fehacientemente, la fecha exacta en que se hizo el pago, pues tan solo
se indicó que ello ocurrió en el mes de enero de 2013, de modo que bien pudo
efectuarse cualquiera de los 31 días que lo comprenden, sin que se trate de un lapso
desmesurado para proceder de conformidad.
Valga aclarar que esta Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en
forma contraria a la pretensión de intereses moratorios en procesos con identidad
fáctica a la planteada en el sub examine, así:
De acuerdo con el criterio jurisprudencial de esta Corporación, en atención a que en
el presente caso, se acreditó que entre la resolución que reconoció el derecho a la
acá demandante y el pago del valor ordenado, transcurrió un plazo de
aproximadamente un mes, el cual, en atención a la naturaleza del asunto y las
apropiaciones presupuestales que para el efecto debieron hacerse, resulta ser un
plazo razonable que no acarrea una sanción para las entidades públicas
demandadas, por ende, no es procedente el reconocimiento de intereses legales o
moratorios por el no pago inmediato del valor correspondiente a la homologación y
29 Conforme a la certificación que obra en el expediente digital.
28
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nivelación de la planta de personal administrativo reconocido.30
Bajo el anterior lineamiento, cuando se demuestra que ha transcurrido un término
razonable entre la expedición del acto administrativo que reconoce la suma
correspondiente a la homologación y nivelación salarial y el momento del pago, no
procede el reconocimiento de los intereses moratorios; por ende, la Sala coincide
con la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.
Por último, es importante aclarar que esta Subsección también ha concluido que es
improcedente el reconocimiento de los intereses moratorios pretendidos, por las
siguientes razones:
De igual manera, tal como lo ha señalado la Subsección en asuntos similares31 no
puede concluirse que por el hecho de no haberse «pactado» el pago de un interés,
deba acudirse en subsidio a la regla que trae el artículo 1617 del Código Civil,32 pues
en estricto sentido no se está hablando de un asunto negocial, en el cual las partes
involucradas puedan pactar a su arbitrio cláusulas contractuales; como ya se expuso,
el reconocimiento de las sumas de dinero obedecieron a la homologación y nivelación
que debió realizarse para que las plantas de personal administrativo, se ajustaran a
la nueva reglamentación en cuanto a clasificación, nomenclatura, funciones y
requisitos de los empleos del nivel territorial.
Finalmente, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios33 en el presente
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2019,
radicación 66001-23-33-000-2016-00868-01, número interno: 5425-18.
31 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de diciembre de 2017, número interno 0905-2015;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 28 de septiembre de 2017, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número
interno: 2077-2015.»
32 Cita propia del texto transcrito «ARTICULO 1617. INDEMNIZACIÓN POR MORA EN OBLIGACIONES DE
DINERO. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la
mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. […]»
33 Cita propia del texto transcrito: «Señala el artículo 884 del Código de Comercio Modificado por el
Art. 111, Ley 510 de 1999. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes
no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente
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Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos,
en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este entendido si no se dijo
nada al respecto en las resoluciones que reconocieron el retroactivo, como tampoco
hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia, entrar a
reconocerse los intereses moratorios.
Se debe precisar que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que faculte
el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por homologación y
nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que reconoce el derecho,
supuestos, que no se evidencian en el presente asunto.34
Con base en el anterior antecedente, se debe concluir que como los intereses
pretendidos en la demanda no estaban contemplados en norma expresa que los
autorice o que faculte su cobro, tampoco es procedente acceder a las pretensiones
de la demanda, y esta constituye una razón adicional para confirmar la sentencia
proferida por el a quo que las resolvió en forma desfavorable.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,35 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, Ley 45 de 1990».
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de marzo de 2018,
radicación 73001-23-33-000-2014-00221-01, número interno: 1914-15.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.
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Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado
a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias
en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,36 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia a la demandante, pues, pese a que no prosperó el
objeto del recurso de alzada, la parte demandada no actuó en esta instancia debido
a que no se habilitó la etapa correspondiente para el efecto conforme al artículo 67
de la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA.37
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que la señora Sandra Yaneth Espinosa Correa no tiene
derecho al reconocimiento, liquidación y pago de intereses moratorios y/o legales
36 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
37 No presentó alegatos de conclusión, como consta en el informe secretarial visible en el índice 9
del registro en SAMAI.
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Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
sobre el valor concedido por concepto del retroactivo del ajuste a la homologación
y nivelación salarial reconocida para los años 1996 a 2009, motivo por el cual se
confirmará la sentencia recurrida que denegó las súplicas de la demanda, y no se
condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, conforme a lo
señalado en el acápite que antecede.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que denegó las pretensiones de la demanda,
en el proceso promovido por la señora Sandra Yaneth Espinosa Correa contra la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el departamento de Risaralda, según lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo.- Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante, según lo manifestado en las consideraciones que anteceden.
Tercero.- Aceptar la renuncia presentada por la abogada Katya Jimena Quiroz
Naranjo, identificada con cédula de ciudadanía 42.110.886 y portadora de la tarjeta
profesional 83.639 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del
departamento de Risaralda, conforme al memorial que reposa en el índice 10 del
registro en SAMAI.
Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandante: Sandra Yaneth Espinosa Correa
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CAOC
33
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