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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00730-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00730-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 6 de diciembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar: Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo en contra de la nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por las razones expuestas en esta decisión. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MLBC 16

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00730-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00730-01 (4347-2021)
Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional1

Temas: Régimen pensional de personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional vinculado después de la Ley 100 de 1993. Tiempos
discontinuos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación propuesto por las partes demandante y
demandada en contra de la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad de los oficios 20105620505001: MDN-CGFM-

1 En adelante Cremil.
2 La demanda fue presentada el 28 de julio de 2016. Acta en el folio 43 del cuaderno 1 del expediente

de la primera instancia en Samai.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00730-01 (4347-2021)
Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

CE-JEDEH-DIPERSJU del 22 de junio de 2010 y 2014562561451: MDN-CGFM-CE-
JEDEH-DIPER-SJU del 28 de mayo de 2014 proferidos por la Sección Jurídica de
la Subdirección de Personal del Ejército Nacional, por medio de los cuales se le
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de una pensión de jubilación en los términos del artículo
98 del Decreto 1214 de 1990 o, subsidiariamente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 99 ibidem; ii) el pago retroactivo de las mesadas causadas desde a fecha
en que cumplió con la totalidad de los requisitos pensionales señalados en la norma;
iii) la actualización del valor de la condena de acuerdo con el IPC certificado por el
DANE; iv) el reconocimiento de los intereses moratorios causados; y v) la condena
en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

3.1. Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo nació el 2 de febrero de 1964. Laboró para el
Ejército Nacional como personal civil y desempeñó el cargo de adjunto segundo
entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 1983; luego fungió como suboficial de la
misma fuerza desde el 1 de septiembre de 1983 hasta el 14 de mayo de 1994;
solicitó el retiro voluntario del cuerpo de suboficiales y se reincorporó como personal
civil desde el «14 de mayo de 1994» para desempeñar distintos cargos en la justicia
penal militar. El último empleo ejercido fue el de juez de instrucción penal militar, el
cual ocupó hasta la fecha de radicación de la presente demanda.

3.2. En abril de 2010 y en marzo de 2014 presentó reclamaciones administrativas
ante el Ejército Nacional en las que solicitó el reconocimiento de una pensión de
jubilación en las condiciones descritas en el artículo 98 del Decreto 1214 de 19905.

3.3. La Sección Jurídica de la Subdirección de Personal negó lo pedido por medio de

4 Folios 23 al 25 del cuaderno 1 del expediente de la primera instancia en Samai.
5 ARTÍCULO 98. PENSION DE JUBILACION POR TIEMPO CONTINUO. El empleado público del

Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acredite veinte (20) años de servicio continuo a
éstas, incluido el servicio militar obligatorio, hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier
tiempo, tendrá derecho a partir de la fecha de su retiro, a que por el Tesoro Público se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último
salario devengado, cualquiera que sea su edad, tomando como base las partidas señaladas en el
artículo 103 de este Decreto.
PARAGRAFO. Para los reconocimientos que se hagan a partir de la vigencia del presente Decreto,
se entiende por tiempo continuo, aquel que no haya tenido interrupciones superiores a quince (15)
días corridos, excepto cuando se trate del servicio militar.

2

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00730-01 (4347-2021)
Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

los oficios 20105620505001: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPERSJU del 22 de junio
de 2010 y 2014562561451: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU del 28 de mayo
de 2014.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 13 y 29 de la Constitución Política; 279 de
la Ley 100 de 1993; 163 del Decreto 1211 de 1990; 98, 99 y 103 del Decreto 1214
de 1990; y 7 y 114 del Decreto 1792 del 2000.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. De acuerdo con el artículo 98 del Decreto 1214 de 1990, las pensiones de los
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional que presten sus servicios
en la justicia penal militar tendrán derecho a una pensión especial de jubilación al
cumplir 20 años continuos de servicio y cualquier edad, requisitos que satisfizo
según se corrobora con los certificados de tiempos de servicio expedidos por la
demandada.

5.2. Cumplió con el requisito de acreditar más de 20 años de servicio continuo,
puesto que se vinculó al Ejército Nacional desde el 1 de julio de 1983 y nunca se
retiró de la institución, es decir que no existieron interrupciones laborales de ningún
tipo, de modo que no era correcto afirmar que solo podía tenerse en cuenta el tiempo
servido desde el año 1994, ni que por tal razón debiera aplicarse el régimen general
de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993, pues los miembros de la fuerza
pública se encuentran expresamente exceptuados.

5.3. En todo caso, el artículo 99 de la citada norma prevé la posibilidad de que los
servidores civiles del Ministerio de Defensa puedan pensionarse por tiempos
discontinuos al cumplir 20 años de servicio interrumpidos y 55 años de edad,
prestación liquidada en cuantía del 75% del último salario devengado con un IBL
conformado por las partidas indicadas en el artículo 113 ibidem.

5.4. El Tribunal Administrativo de Risaralda falló un caso similar identificado con el
radicado 63001-33-31-701-2012-00653-01 a través de sentencia del 31 de agosto
de 2015 en la que se reconoció una pensión en los términos del Decreto 1214 a una
persona que se vinculó a las Fuerzas Militares como soldado voluntario desde el 16
de junio de 1986 hasta el 15 de enero de 1996 y luego completó el tiempo de servicio
con contratos de prestación de servicios como personal civil del Ministerio,
ejecutados en vigencia de la Ley 100 de 1993.

3

Radicado: 66001-23-33-000-2016-00730-01 (4347-2021)
Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

1.2. Contestación de la demanda

6. El Ministerio de Defensa Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda de acuerdo con los siguientes argumentos6:

6.1. Por medio de los decretos 1211 y 1214 de 1990 se estableció el régimen
prestacional de los oficiales y suboficiales y del personal civil del Ministerio de
Defensa a quienes se les concedieron condiciones especiales por disposición
constitucional y fueron expresamente excluidos del sistema general de seguridad
social. Sin embargo, dicha exclusión respecto del personal civil estuvo
condicionada, pues el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 señaló que quienes se
vincularan con posterioridad al 1 de abril de 1994, quedarían sometidos al aludido
régimen general.

6.2. La Corte Constitucional, a través de las sentencias C-665 del 28 de noviembre
de 1996 y C-1143 de 2004, indicó que el propósito de la exclusión condicionada
relacionada con el personal civil del Ministerio de Defensa era proteger los derechos
adquiridos o ya causados para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, mientras que quienes se vincularan con posterioridad a esa fecha se
encontrarían sujetos al régimen general de seguridad social. Diferenciación que no
es un trato discriminatorio, sino que se encuentra dentro del marco de competencia
del legislador.

6.3. No es posible equiparar a los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía al
personal civil aunque laboren para la misma cartera ministerial; al paso que para ser
beneficiario del régimen especial del Decreto 1214 de 1990 es necesario haber
estado vinculado como personal civil del Ministerio de Defensa antes del 1 de abril
de 1994, fecha para la cual la demandante ostentaba la calidad de suboficial a
quienes les aplica un régimen distinto del pretendido.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia proferida el 6 de diciembre
de 20197, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido,
ordenó lo siguiente:

«1. SE DECLARA LA NULIDAD de los actos administrativos contenidos en los
oficios No. 20105620505001 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU del 22 de junio
de 2010 y No. 2014562561451 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU del 22 de
mayo de 2014, por medio de los cuales la Subdirección de Personal del Ejército

6 Folios 92 al 98 del cuaderno 1 del expediente de la primera instancia en Samai.
7 Folios 239 al 264 del cuaderno 1 del expediente de la primera instancia en Samai.

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00730-01 (4347-2021)
Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

Nacional, niega la pensión de jubilación a la demandante, por las razones
expresadas en la parte considerativa de la presente providencia.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, SE CONDENA a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL, reconocer y pagar en favor de la demandante Gilma Yolanda
Bohórquez Sotelo, la pensión de jubilación en los términos del artículo 99 del
Decreto 1214 de 1990, quedando su pago supeditado al retiro del servicio de la
demandante, de acuerdo con los parámetros consignados en las consideraciones
de este proveído.
[…]
4. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas que
resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor, de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará
lo señalado en la parte motiva de este fallo.

5. Se NIEGAN las demás súplicas de la demanda, por las razones expresadas en
la parte motiva de este fallo.

6.Sin costas en esta instancia, por lo considerado.
[…] [sic]».

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. Gilma Yolanda Bohórquez Solano prestó sus servicios al Ministerio de Defensa
Nacional, en calidad de empleada civil, entre el 1.º de julio y el 31 de agosto de
1983; posteriormente, se desempeñó como suboficial del Ejército Nacional desde el
1.º de septiembre de 1983 hasta el 14 de mayo de 1994; y, finalmente, volvió a
vincularse como empleada civil desde el 15 de mayo de 1994 hasta el 18 de marzo
de 2015, para un total de 31 años, 8 meses y 16 días de servicio.

8.2. De acuerdo con lo anterior, la demandante ingresó al servicio civil del Ministerio
de Defensa Nacional con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993. Asimismo, al encontrarse vinculada como suboficial del Ejército Nacional para
el 1.º de abril de 1994, quedó exceptuada del régimen general de seguridad social,
circunstancia que habilita la aplicación del régimen especial previsto en el Decreto
Ley 1214 de 1990.

8.3. No obstante, como entre la primera y la segunda vinculación como empleada
civil del Ministerio de Defensa Nacional tuvo lugar una interrupción superior a 10
años, no resulta aplicable la pensión de jubilación por tiempos continuos de que
trata el artículo 98 del Decreto Ley 1214 de 1990, sino la prevista en el artículo 99
ibidem, relativa a tiempos discontinuos. En consecuencia, la mesada pensional
debe liquidarse en cuantía equivalente al 75% del último salario devengado de
acuerdo con los haberes enlistados en el artículo 102 del mismo decreto. La mesada
se causó desde el 1° de febrero de 2014, pero solo tendrá efectos fiscales desde la

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Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

fecha de retiro del servicio.

8.4. No
hay lugar a imponer condena en costas por no advertirse temeridad o
conducta reprochable por parte de la entidad demandada.

9. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia complementaria del 5 de
noviembre de 2020 en la que aceptó la revocatoria de poder presentada por la
demandante y sancionó a la abogada Ingry Edelmira Pandales Salcedo por no
asistir a la audiencia inicial y no presentar excusa, con multa de 2 SMLMV.

1.4. El recurso de apelación

10. Tanto la parte demandante como la demandada presentaron recurso de
apelación de acuerdo con las siguientes razones:

1.4.1. Demandante8

11. El personal civil del Ministerio de Defensa hace parte de la Fuerza Pública y están
cobijados por la excepción al artículo 128 constitucional prevista en el artículo 19 de
la Ley 4ª de 1992, por lo que no existe incompatibilidad entre la mesada que le fue
reconocida y el salario que percibe, de modo que el pago de la pensión de jubilación
no debe condicionarse al retiro del servicio, pues así lo permite el artículo 114 del
Decreto 1213 de 1990.

1.4.2. Demandada9

11.1. La demandante se retiró voluntariamente de la carrera de suboficiales del
Ejército Nacional mediante la OAP 1052 del 22 de agosto de 1990, por lo que
renunció a su condición de militar y, en consecuencia, se desvinculó del régimen
especial aplicable a las Fuerzas Militares. Posteriormente, transcurridos 4 años, se
vinculó nuevamente, pero en calidad de empleada civil, en el cargo de secretaria
adjunta auxiliar de la Dirección Administrativa de la Justicia Penal Militar, conforme
con la Resolución 4235 del 11 de mayo de 1994.

11.2. Entre la desvinculación como suboficial y el reingreso como personal civil
transcurrió un lapso ampliamente superior a los 15 días previstos en el Decreto 1214

8 Folios 3 al 56 del cuaderno 2 del expediente de la primera instancia en Samai. El recurso de

apelación fue presentado por la abogada Ingry Edelmira Pandales Salcedo a quien se le había
revocado el poder a través de memorial del 9 de septiembre de 2019, que fue aceptado por el
Tribunal Administrativo de Risaralda a través de sentencia complementaria del 5 de noviembre de
2020. Sin embargo, este recurso fue «convalidado» por la demandante a través de memorial del 13
de noviembre de 2024.
9 Folios 269 al 270 del cuaderno 1 del expediente de la primera instancia en Samai.

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Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

de 1990 relativo a la solución de continuidad, razón por la cual no puede predicarse
la existencia de tiempos continuos ni que se conservara el vínculo jurídico con el
régimen especial.

11.3. En ese orden, al momento de su nueva vinculación como empleada civil ya se
encontraba vigente la Ley 100 de 1993, de manera que la demandante no era
beneficiaria del régimen especial previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990, sino que
se encontraba sometida al régimen general del Sistema de Seguridad Social allí
establecido.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

12. Tanto la parte demandante como la demandada guardaron silencio10.

1.6. El Ministerio Público

13. El agente del ministerio público rindió concepto11 en el sentido de solicitar que se
confirmara al sentencia de primera instancia por considerar que el legislador tiene
las facultades para establecer excepciones a las normas generales siempre y
cuando dichas diferenciaciones se encuentren debidamente justificadas, como
ocurre con los servidores de la justicia penal militar para quienes se previó el pago
de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación que, tal como
se indica en la norma, solo tiene carácter salarial para efectos pensionales o de la
asignación de retiro.

2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscriben a

10 Constancia en el índice 53 de Samai.
11 Documento 18 del proceso de segunda instancia en Samai.
12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

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Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

establecer ¿si Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo tenía derecho al reconocimiento de
una pensión de jubilación en los términos del Decreto 1214 de 1990 por su condición
de empleada civil del Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la justicia penal
militar? En caso afirmativo ¿si la citada pensión de jubilación era compatible o no
con el salario que percibe como juez de instrucción penal militar?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. El régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional y su vigencia luego de la Ley 100 de 1993

15. A través del Decreto 1214 del 8 de junio de 1990, se «reform[ó] el estatuto y el
régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional». En sus artículos
2 y 9, respectivamente, se determinó su aplicabilidad y quiénes integrarían el
personal civil y su clasificación de la siguiente manera:

«Artículo 1. Aplicabilidad. El presente Decreto regula la administración del personal
civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y en la
Justicia Penal Militar y su Ministerio Público. [negrilla de la Sala]

Artículo 2. Personal Civil. Integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional, las personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del
Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.

En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos o vinculadas al
Ministerio de Defensa, no tienen la condición de personal civil del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de
cada organismo.

[…]

Artículo 9. Clasificación. Según la naturaleza general de sus funciones, la índole de
sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos en el
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, se clasifican en los siguientes niveles:

a) Especialistas del Primer Grupo;

b) Especialistas del segundo Grupo;

c) Adjuntos;

d) Auxiliares».

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

16. Así entonces, se advierte que el personal civil del Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional fue claramente definido en este decreto con el fin de cobijar, bajo
un régimen especial, a un determinado grupo de servidores del Estado, quienes por
prestar sus servicios en el «Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las
Fuerzas Militares o en la Policía Nacional», en su condición de civiles, tienen derecho
a unos reconocimientos salariales y prestacionales especiales y propios.

17. Asimismo, en este decreto se excluyó de su aplicación a las personas que
prestan sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas industriales y
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades
administrativas especiales, adscritos o vinculadas al Ministerio de Defensa
Nacional.

18. En materia pensional, el Decreto 1214 de 1990 reguló de manera específica la
jubilación del personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional,
diferenciando entre tiempos de servicio continuos y discontinuos. En efecto, el
artículo 98 previó la pensión de jubilación para quienes acreditaran 20 años de
servicios continuos, sin exigencia de edad, con una mesada equivalente al 75% del
último salario devengado, calculado con base en los factores expresamente
señalados en el artículo 103 de ese estatuto.

19. Para efectos de establecer a qué se refiere el tiempo continuo, el parágrafo del
citado artículo 98 precisó que este corresponde al período en el cual no se presenten
interrupciones en el servicio superiores a 15 días calendario. En consecuencia, la
existencia de una desvinculación que exceda dicho lapso configura una ruptura en
la continuidad del vínculo laboral. En estos eventos, el tiempo servido solo puede
ser contabilizado para efectos de la pensión por tiempos discontinuos, siempre que
se acrediten los demás requisitos exigidos por la norma.

20. La citada pensión por tiempos discontinuos se previó en el artículo 99 del Decreto
1214 de 1990 y es aplicable a quienes, sin cumplir el requisito de continuidad,
demostraran 20 años de servicios y 50 años de edad si es mujer o 55 si es hombre.
En este supuesto, la prestación se reconoce igualmente en cuantía del 75% del
último salario devengado, pero con una base de liquidación conformada por los
haberes enlistados en el artículo 102 ibidem.

21. Ahora bien, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones y estableció, como regla general, su aplicación a «todos los habitantes del
territorio nacional»13. No obstante, el artículo 279 excluyó de dicho régimen a los

13 Según se lee en el artículo 11 de la norma.

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Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

miembros de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal civil a que se refiere el
Decreto 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia
de esa ley, esto es, el 1 de abril de 1994, evento en el cual estarían regidos por las
disposiciones allí establecidas.

22. De ese modo, el personal civil que se vinculó al Ministerio de Defensa y a la
Policía Nacional con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
quedó sometido al régimen general de pensiones, en tanto no podía predicarse la
existencia de derechos adquiridos bajo el estatuto especial. De esta forma, la
exclusión del sistema general opera únicamente respecto de quienes se
encontraban efectivamente amparados por el Decreto 1214 de 1990 al momento de
la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

23. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

23.1. Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo nació el 1 de febrero de 1964 y cuenta con
los siguientes tiempos de servicios y cargos en el Ejército Nacional que se
transcriben a continuación14:

Acto
Fecha
Ascensos Clase administrativo Fecha
ascenso
número
ADJUNTO SEGUNDO 01 Jul 1983 OAP-EJC 1058 1 jul 1983
CABO SEGUNDO 01 Sep 1983 OAP-EJC 1075 01 Sep 1983
CABO PRIMERO 05 Sep 1986 OAP-EJC 1069 18 Sep 1986
SARGENTO SEGUNDO 05 Sep 1990 OAP-EJC 1052 22 Ago 1990
SECRETARIO AUD AUXILIAR 15 May 1994 RES-MDN 4295 11 May 1994
JUEZ DE INST PENAL
01 Abr 2003 RES-MDN 33 19 Mar 2003
MILITAR

23.2. El 6 de marzo de 1992 recibió una felicitación por excelente desempeño; el 12
de enero de 1993 le fue otorgada otra felicitación por haber sido seleccionada en el
cuadro de honor; y el 5 de agosto de ese año fue condecorada con la orden del
mérito militar «José María Córdoba» en la categoría «compañero»15.

23.3. En el mes de abril de 201016 presentó una solicitud ante el Ministerio de Defensa
Nacional en la que pidió que se le aclarara el tiempo laborado de manera continua

14 Hoja de vida de la demandante proferida por el Ejército Nacional el 28 de agosto de 2019. Folios

165 al 168 del cuaderno 1 del expediente de la primera instancia en Samai.
15 Según se observa en la hoja de vida.
16 La reclamación no contiene el día en la que fue presentada.

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Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

y si tenía derecho a la pensión «con base en dicho lapso de servicio de manera
ininterrumpida»17.

23.4. La Sección Jurídica del Ejército Nacional dio respuesta por medio del Oficio
20105620505001: MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIPERSJU del 22 de junio de 2010 por
medio del cual se le indicó que para ese momento contaba con 16 años, 5 meses y
29 días de servicio continuo y que no era posible computarle el periodo laborado
como suboficial porque ese periodo «fue liquidado a través de la Dirección de
Prestaciones Sociales al momento de su retiro como Suboficial»18.

23.5. El 31 de marzo de 2014 presentó una nueva reclamación en la que solicitó que
le fueran «allegadas las constancias y certificaciones de tiempo, así como el listado de la
documentación y formularios» para gestionar el reconocimiento de la pensión de
jubilación dispuesta en el Decreto 1214 de 1990, a la que consideraba tener
derecho. En la solicitud narró lo siguiente19:

«1. Fui vinculada a las Fuerzas Militares en el grado de Adjunto Segundo a partir del
día 01 de julio de 1983, para lo cual me permito anexar constancia expedida por la
dirección de Personal del comando del Ejército, de fecha 19 de marzo de 2010.

2. Posteriormente ascendí al grado de Cabo Segundo de acuerdo a la OAP 1-075
del 01 de septiembre de 1983, con novedad fiscal de la misma fecha, laborando
continuamente hasta el día 16 de mayo de 1994, fecha en la cual mediante
Resolución 00218 del Comando del Ejército fui retirada del servicio activo en el grado
de Sargento Segundo, momento en el cual ya me encontraba nombrada en el cargo
de Secretaria de Justicia Penal Militar, de acuerdo a Resolución No. 4235 del 11 de
mayo de 1994 suscrita por el doctor RAFAEL PARDO RUEDA., Ministro de Defensa
Nacional para ese entonces, asignada al cargo de Secretaria de la Auditoria Segunda
Auxiliar del Comando del Ejército.

3. Ocho años después, mediante Acuerdo No. 002/2002 de fecha 01 de abril de 2002
fui nombrada Auxiliar Judicial Grado 1 del Tribunal Superior Militar, posesionándome
en el cargo en la misma fecha.

4. Con posterioridad, mediante resolución No. 033 del 19 de marzo de 2003 de la
Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, de acuerdo a proceso de selección
para funcionarios, fui nombrada en el cargo de Juez 91 de Instrucción Penal Militar,
con sede en Ipiales – Nariño, con novedad fiscal 20 de marzo de 2003. […]»

23.6. El 28 de mayo de 2014, la Sección Jurídica de la Dirección de Personal del
Ejército Nacional emitió respuesta por medio de Oficio 20145620561451: MDN-
CGFM-CE-JEDEH-DIPER-SJU en el que indicó que los empleados civiles del
Ministerio de Defensa beneficiarios del Decreto 1214 de 1990 son aquellos

17 Folio 6 del cuaderno 1 del expediente de la primera instancia en Samai.
18 Folios 7 y 8 del cuaderno 1 del expediente de la primera instancia en Samai.
19 Folios 9 al 12 del cuaderno 1 del expediente de la primera instancia en Samai.

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vinculados como tales antes del 1 de abril de 1994 y que no era posible tener en
cuenta el tiempo servido como civil durante el año 1983 porque había operado la
solución de continuidad, por lo que el derecho pensional debía ser solicitado ante el
fondo de pensiones20.

2.4. Análisis sustancial

24. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados se advierte que el
Tribunal Administrativo de Risaralda declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y condenó a la nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional a reconocer a la demandante una pensión de jubilación por tiempo
discontinuo prevista en el artículo 99 del Decreto 1214 de 1990, cuyos efectos
fiscales se supeditaron a demostrar el retiro del servicio.

25. La demandada recurrió la decisión de primera instancia e insistió en que la
vinculación de la actora como personal civil ocurrió con posterioridad a la entrada
en vigencia del sistema general de seguridad social, por lo que no era beneficiaria
del régimen especial del Decreto 1214 de 1990 por expresa disposición del inciso
primero del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y porque no era posible tener en
cuenta su primera vinculación como personal civil que ocurrió en el año 1983 por
haber ocurrido solución de continuidad.

26. Por su parte, la demandante presentó recurso de apelación por considerar que
en su condición de empleada pública del Ministerio de Defensa Nacional hacía parte
de la Fuerza Pública y, por lo tanto, su pensión estaba exenta de la prohibición de
doble asignación del tesoro público en atención a lo dispuesto en el literal b) del
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, por lo que el pago de la pensión no debía
condicionarse al retiro del servicio debido a su compatibilidad con el salario.

27. Para efectos prácticos los problemas jurídicos serán resueltos en el orden en el
que fueron planteados, pues en caso de resolverse negativamente el primero de
ellos no habría lugar a abordar el segundo. Sobre el particular, el análisis de la Sala
es el siguiente:

28. De acuerdo con el extracto de la hoja de vida aportada al proceso, Gilma Yolanda
Bohórquez Sotelo nació el 1 de febrero de 1964 y se vinculó al Ejército Nacional el
1 de julio de 1983 en el cargo civil de adjunto segundo por medio de la OAP-EJC21
1058 de esa fecha, el cual desempeñó durante 2 meses, es decir hasta el 30 de
agosto de ese año, pues a partir del día siguiente fue dada de alta en el grado de

20 Folios 13 al 15 del cuaderno 1 del expediente de la primera instancia en Samai.
21 Orden administrativa de personal – Ejército.

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cabo segundo a través de la OAP-EJC 1075 del 1 de septiembre de 1983,
perteneciente a la carrera de suboficiales de esa fuerza.

29. Ejerció como suboficial hasta el 16 de mayo de 1994 pues, según afirmó la
demandante en la reclamación del 31 de marzo de 2014, se retiró de la carrera
militar y fue nombrada, desde esa misma fecha, como secretaria auxiliar de la
justicia penal militar por virtud de la Resolución 4235 del 11 de mayo de 1994,
empleo público de acuerdo con lo descrito en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1214
de 1990.

30. Ahora bien, la demandante consideró tener derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación en los términos señalados en el Decreto 1214 de 1990; no
obstante, el Ejército Nacional sostuvo que el régimen aplicable era el dispuesto en
la Ley 100 de 1993 porque la última vinculación como empelada civil ocurrió con
posterioridad a la entrada en vigencia del régimen general de seguridad social y, en
consecuencia, debía aplicarse la excepción prevista en el artículo 279 ibidem en
relación con esta clase de servidores.

31. Visto lo anterior, la Sala considera que le asiste razón a la entidad demandada
por las razones que se exponen a continuación:

32. De acuerdo con el material probatorio reseñado en el acápite anterior, Gilma
Yolanda Bohórquez Sotelo registra una primera vinculación como empleada civil del
Ministerio de Defensa Nacional durante un periodo de 2 meses, comprendido entre
julio y agosto de 1983, mientras que el segundo nombramiento como personal civil
de esa misma entidad tuvo lugar el 16 de mayo de 1994. Entre una y otra vinculación
como civil transcurrió un lapso ampliamente superior a los 15 días corridos a que
alude el parágrafo del artículo 98 del Decreto 1214 de 1990 para efectos del
cómputo de tiempos continuos, lo que permite concluir que se presentó una
interrupción en su condición de empelada civil relevante en la relación laboral y
superior a 10 años.

33. En tales condiciones, para definir el régimen pensional aplicable no resultaba
jurídicamente viable retrotraer los efectos de la primera vinculación ocurrida en el
año 1983, pues esta quedó definitivamente interrumpida con la incorporación de la
actora a la carrera de suboficiales del Ejército Nacional, circunstancia que también
implicó un cambio sustancial de régimen prestacional y pensional, entonces
regulado para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares por el Decreto
2337 de 1971.

34. Por ello, el análisis debe concentrarse exclusivamente en la segunda vinculación
como personal civil del Ministerio de Defensa Nacional que se produjo el 16 de mayo

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de 1994, fecha para la cual ya se encontraba en plena vigencia el sistema general
de seguridad social en pensiones creado por la Ley 100 de 1993, cuya entrada en
operación se dio el 1 de abril de 1994.

35. Si bien para el momento de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 la
demandante se encontraba vinculada al Ejército Nacional, dicha relación se
desarrollaba bajo la calidad de suboficial, sujeta a un régimen prestacional propio y
diferenciado, sustancialmente distinto del previsto para los empleados públicos
civiles del Ministerio de Defensa Nacional, en el que completó 10 años, 8 meses y
13 días [entre el 1 de septiembre de 1986 y el 14 de mayo de 1994]22.

36. En consecuencia, al momento de entrada en vigencia del sistema general de
seguridad social la demandante no se encontraba bajo el régimen especial del
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional establecido en el Decreto 1214 de
1990, ni tenía una expectativa legítima relacionada con ese régimen, pues para ese
momento se encontraba sujeta al Estatuto de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares previsto en el Decreto 1211 de 1990. En tal medida, no se satisface el
presupuesto exigido por el inciso primero del artículo 279 de la Ley 100 de 1993
para mantener la exclusión del régimen general.

37. Lo anterior obedece a que dicha disposición condiciona la exclusión del régimen
general, en el caso del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y de la
Policía Nacional, a que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
se encontraran efectivamente cobijados por ese régimen especial, supuesto que no
se configura en el presente asunto puesto que la vinculación como personal civil
ocurrió con posterioridad a dicha data.

38. En ese orden de ideas, si bien existió una continuidad en sus servicios en el
Ejército Nacional hubo sendos cambios de regímenes pensionales que establecen
una diferencia en las condiciones que le son aplicables para acceder a esa
prestación por lo que no resulta procedente concederle el previsto en el Decreto
1214 de 1990, bajo la modalidad de pensión por tiempo continuo ni por tiempo
discontinuo, pues la interrupción de más de 10 años entre las dos vinculaciones
como personal civil desvirtuó cualquier posibilidad de acumulación válida de tiempos
bajo ese régimen y descartó la existencia de una situación jurídica consolidada o de
una expectativa legítima sobre la permanencia en ese régimen.

39. Por lo anterior, la demandante no tenía derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación en los términos solicitados, sin perjuicio de que pueda acudir,
si a ello hubiere lugar, a las prestaciones propias del sistema general de seguridad

22 Tal y como se extrae del certificado expedido por el oficial Sección Atención al Usuario DIPER del

Ejército Nacional, el 18 de marzo de 2015. Página 16.

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social en pensiones, conforme con las reglas allí previstas. En consecuencia, se
revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la
demanda.

40. Finalmente, comoquiera que prosperará el recurso de apelación interpuesto por
la demandada y se revocará íntegramente la decisión de primer grado, no hay lugar
a emitir pronunciamiento alguno frente al recurso de la demandante.

2.5. Costas

41. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

42. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

43. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma23.

44. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y no por la simple negación de las pretensiones en sede
administrativa, como sostiene el demandante. Además, debe verificarse que en el
expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.

45. En el caso concreto, la Sala no evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la que se abstendrá de emitir condena.

23 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016,

C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo

3. Conclusión

46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que Gilma Yolanda
Bohórquez Sotelo no tenía derecho a una pensión de jubilación por tiempos
continuos o discontinuos como empleada pública del Ministerio de Defensa
Nacional, en los términos indicados en el Decreto 1214 de 1990, razón por la que
se revocará la sentencia apelada y se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 6 de diciembre de
2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En su lugar:

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por Gilma Yolanda Bohórquez Sotelo en contra de la nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por las razones expuestas en
esta decisión.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
MLBC

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