Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00748-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00748-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00748-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
19 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Demandado: Municipio de Pereira
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad, secretaria
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, quienes
actúan por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 18 de octubre
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), la señora Angélica María Osorio Herrera,
mediante apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en orden a que se declare la nulidad del Oficio R-12948 del 18 de
marzo de 2016, expedido por la secretaria de Educación del municipio de Pereira,
por medio del cual se negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
seguridad social reclamados, así como la existencia de una relación laboral; y del
acto ficto o presunto surgido ante la falta de respuesta de la entidad al recurso de
apelación presentado el 25 de abril de 2016 en contra del anterior oficio.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) declarar que entre aquella y la referida entidad existió una relación
laboral producto de la subordinación a que fue sujeta en la ejecución de los
contratos de prestación de servicios suscritos entre el 2 de febrero de 2013 y el 12
de junio de 2015; ii) pagar la diferencia en el salario entre lo que devengó por
concepto de honorarios y lo que le correspondería como auxiliar administrativo,
código 407, grado 8, por haber ejecutado las mismas o similares funciones a las
asignadas a ese cargo, más los incrementos anuales respectivos; iii) liquidar y
pagar las prestaciones sociales y económicas de ley tales como primas de
servicios, navidad y vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones,
indemnización por no consignar las cesantías, auxilios de alimentación y de
transporte, y bonificación por recreación durante el período en que prestó sus
servicios; iv) compensar todo aquello que pagó por concepto de aportes al sistema
de seguridad social; v) pagar los porcentajes de cotización correspondientes a
pensión y salud que debió trasladar a los fondos correspondientes; vi) reconocer
una indemnización por despido a trabajadora en estado de embarazo equivalente
a 60 días de salario adicionales a las 14 semanas de descanso remunerado a la
que tiene derecho en razón de la lactancia; vii) cancelar un día de salario por el
pago tardío de las obligaciones prestacionales; viii) declarar que el tiempo
laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio se debe
computar para efectos pensionales; ix) realizar las cotizaciones respectivas a la
caja de compensación familiar; x) indexar los valores que resulten con la
sentencia; xi) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA; xii) condenar en costas a la demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
i) El 2 de febrero de 2013, la señora Angélica María Osorio Herrera se vinculó
con la Secretaría de Educación del municipio de Pereira a través de contratos de
prestación de servicios para desarrollar actividades como auxiliar administrativa en
la Institución Educativa José Antonio Galán, vínculo que se prorrogó hasta el 12
de junio de 2015.
ii) Aunque los documentos con los que se vinculó señalaban ser contratos de
prestación de servicios, en la realidad fáctica lo que se dio efectivamente fue una
auténtica y típica relación de servicios «fungiendo como servidora pública» en la
que desarrolló funciones propias del cargo de auxiliar administrativa, grado 8,
código 407, que son permanentes y propias de la institución, dentro de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que le fueron impuestas por su jefe
inmediato; de tal manera que se ocultó una verdadera relación laboral.
iii) Las labores fueron desarrolladas directamente, de manera personal y bajo la
continua dependencia y subordinación del rector de la institución educativa José
Antonio Galán, cumpliendo sus órdenes y el horario laboral impuesto el cual era
de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm y ocasionalmente los sábados.
iv) El salario percibido por un trabajador de planta de la Secretaría de Educación
del municipio de Pereira en el cargo de auxiliar administrativo siempre fue superior
al recibido por aquella como contratista.
v) Para el último contrato de prestación de servicios se encontraba en estado de
embarazo, puntualmente en el octavo mes de gestación y aun así el contrato se
dio por terminado dejándola en estado de indefensión.
vi) El 18 de marzo de 2016, solicitó el reconocimiento de los derechos
deprecados; sin embargo, la entidad demandada mediante el Oficio R-12948 del
15 de abril de 2016, dio respuesta negativa a su petición.
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vii) El 25 de abril de 2016, ante la negativa del municipio de Pereira presentó
recurso de apelación, el cual hasta la fecha de presentación de la demanda no ha
sido resuelto.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1,2, 5, 6, 13, 15, 25, 42, 43, 44, 48, 53, 122
y 209 de la Constitución Política; 8 al 11 del Decreto 3135 de 1968; 43 al 49 y 51
del Decreto 1848 de 1969; 32 y 33 del Decreto 1045 de 1978. Asimismo, invocó
como violadas las Leyes 80 y 100 de 1993; 70 y 734 de 2002; y 790 de 2004.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) El acto administrativo demandado transgrede los derechos de la
demandante, toda vez que las labores para las cuales se contrató encuadran
dentro de una clara relación de naturaleza legal y reglamentaria, pues de manera
evidente aparecen los elementos esenciales del contrato de trabajo a que alude el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
ii) Cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y
una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de
una relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y
remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación laboral, lo que
en consecuencia confiere al trabajador el derecho a reclamar una indemnización.
iii) A la demandante debió habérsele brindado un trato igual al que recibían las
demás personas vinculadas en la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira en calidad de empleados públicos; sin embargo, nunca se le reconocieron
las prestaciones sociales a las que tenía derecho como contraprestación de su
servicio subordinado.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
1.2. Contestación de la demanda
Municipio de Pereira
El apoderado de la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1 y
expuso las siguientes razones de defensa:
i) No es cierto que haya laborado para el municipio de Pereira, lo que hubo
fue una prestación de servicios a través de contratos firmados en diferentes
períodos y no de forma continua como lo pretende hacer ver la demandante.
ii) Entre el municipio de Pereira y la actora se celebraron unos contratos de
prestación de servicios en condiciones dignas y justas, percibiendo honorarios por
las actividades desarrolladas, por lo que en ningún momento se contravinieron sus
derechos fundamentales.
iii) No puede afirmarse la imposición de un horario por parte de la entidad,
pues más que cumplir una jornada con criterio de subordinación, la señora Osorio
Herrera coordinaba la realización de sus funciones para el debido desarrollo del
programa de actividades donde se tenía en cuenta su experiencia al momento de
ser contratada, pues la contratista no puede rodar sin ningún tipo de armonía con
la entidad contratante.
iv) Los contratos de prestación de servicios celebrados siempre estuvieron
regidos por las disposiciones contenidas en el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80
de 1993, por lo que en ningún momento adquirieron la naturaleza de contratos de
trabajo.
v) La entidad territorial no ha quebrantado ninguno de los preceptos en
materia laboral señalados por la parte actora, porque la modalidad de contratación
1 Folios 102 al 123.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
que se utilizó para vincularla y el objeto contractual concertado no genera la
obligación de pagar las sumas reclamadas.
Propuso las excepciones de inexistencia de violación de las normas superiores
invocadas, inexistencia del contrato de trabajo o relación laboral, inexistencia de
causa para demandar y cobro de lo no debido, y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia escrita proferida el 18
de octubre de 2019,2 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
sustento en las siguientes consideraciones:
i) Con los elementos de prueba arrimados al plenario se encuentra debidamente
acreditado que la demandante prestó sus servicios como auxiliar administrativa –
secretaria a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, que desarrolló
actividades entre el 1° de febrero de 2013 al 12 de junio de 2015, salvo las
interrupciones advertidas, y que sus funciones, acorde con los testimonios
rendidos, tenían que ser desempeñadas bajo el cumplimiento de un horario de
7:00 am a 3:00 pm en jornada continua de lunes a viernes siguiendo las directrices
dadas por el rector.
ii) A la demandante no le asistía algún grado de libertad o autonomía en el
desempeño de su función, puesto que de la naturaleza propia de esta se
desprende que debe ser realizada de forma permanente por cuanto se denota que
debía permanecer en la entidad de manera continua; así entonces, en virtud del
principio de primacía de la realidad sobre las formas es evidente que se presentó
una verdadera relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
iii) Durante los períodos laborados por la demandante no hubo ocurrencia del
fenómeno prescriptivo ni siquiera parcialmente al evidenciarse que entre el 1° de
2 Folios 215 al 237. Con ponencia del magistrado Juan Carlos Hincapié Mejía.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
febrero de 2013 y el 12 de junio de 2015 no se presentaron interrupciones
significativas en la prestación del servicio; así pues, al haberse presentado la
reclamación administrativa el 18 de marzo de 2016, dentro del término de
prescripción, se declarará infundado dicho fenómeno exceptivo.
iv) En lo relacionado con la solicitud de reconocimiento de las cotizaciones
efectuadas a la caja de compensación familiar, no obra prueba de que las mismas
se hubieran realizado de manera efectiva y tampoco se acreditó el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Ley 21 de 1982 con el fin de determinar que la
accionante era beneficiaria de los planes con los que cuentan dichas entidades,
por lo que denegó dicha pretensión.
v) Referente al pago de la sanción moratoria adujo que no hay lugar a su
reconocimiento atendiendo a que el derecho a las cesantías surge con la
ejecutoria de la sentencia, ya que la relación entre las partes era de tipo
contractual y no laboral.
vi) Sobre la bonificación por recreación y el subsidio de alimentación, reiteró, por
una parte, que la declaración de la relación laboral no da lugar a otorgar la calidad
de empleado de planta y, de otra parte, que «no fue objeto de prueba la decisión
adoptada por el órgano de dirección de la institución respecto de los criterios
propios para su asignación», luego denegó dichas pretensiones.
vii) La indemnización por despido a trabajadora en estado de embarazo sí resulta
procedente, puesto que, a la demandante, sin mediar una causa justificada, le fue
denegada la renovación del contrato de prestación de servicios a pesar de su
condición de gestante, lo que constituye un factor evidente de discriminación
censurable (por su condición de mujer en estado de embarazo) que no debía
exteriorizarse por parte de ningún ente del estado.
viii) En suma, declaró no probada la excepción de prescripción, la nulidad del
Oficio R-12948 de 2016 y del acto ficto o presunto que resuelve el recurso de
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apelación presentado en contra del referido oficio; ordenó al municipio de Pereira
a) pagar las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene derecho la
actora tomando como base los honorarios contractuales derivados de los
contratos de prestación de servicios suscritos entre el 2 de febrero y el 30 de junio
de 2013; el 5 de julio y el 4 de agosto de 2013; el 8 de agosto al 7 de septiembre
de 2013; el 16 al 30 de noviembre de 2013; el 13 de enero al 12 de mayo de 2014;
el 13 de mayo al 20 de junio de 2014; el 4 de julio al 3 de septiembre de 2014; el 8
de septiembre del 30 de noviembre de 2014; el 7 de enero al 6 de abril de 2015; y
el 13 de abril al 12 de junio de 2015; b) cotizar al respectivo fondo de pensiones la
suma faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le
correspondería como empleador; c) reconocer una indemnización equivalente al
valor de la remuneración que dejó de percibir entre la fecha en que no le fue
renovado su contrato (12 de junio de 2015), y los 60 días de salarios posteriores al
parto, más 14 semanas de descanso remunerado; y negó las demás pretensiones
de la demanda.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. La demandante
La señora Angélica María Osorio Herrera, por intermedio de su apoderado,
interpuso recurso de apelación3 en contra de la sentencia previamente
referenciada y solicitó que se modifique y, en su lugar, se emita pronunciamiento
respecto de los siguientes puntos de inconformidad.
i) Se debe declarar que la relación de trabajo se dio sin solución de
continuidad, dado que los períodos en los que no se dio contrato de prestación de
servicios obedecieron a los momentos necesarios para la legalización de los
documentos correspondientes para adelantar nuevos contratos en otras vigencias,
y pese a la interrupción debía seguir prestando el servicio.
3 Folios 242 al 246.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
ii) Se reprocha el hecho de que en la sentencia no se reconoció que la
demandante se desempeñó como auxiliar administrativa, grado 8, código 407,
luego no se ordenó el pago del reajuste salarial entre lo que devengaba un
empleado de la planta de personal que desempeñara ese cargo y lo percibido a
título de honorarios.
iii) Tampoco se reconocieron en la sentencia los conceptos de bonificación por
recreación y el subsidio de alimentación, aun cuando estas prestaciones son
propias de los empleados de planta de la entidad quienes realizaban labores
idénticas a las que aquella desempeñaba.
iv) Finalmente, el a quo desconoció las previsiones del artículo 188 del CPACA
al abstenerse de condenar en costas al municipio de Pereira.
1.4.2. La demandada
El apoderado del municipio de Pereira interpuso recurso de apelación en el que
solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar
las pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo
siguiente:4
i) No se puede inferir que la demandante como contratista de la
administración, en la modalidad de prestación de servicios, pueda ser incluida en
la nómina de servicios o ser tratada jurídicamente con los lineamientos de los
servidores públicos, por cuanto no cumple con los requisitos que se consagran en
las normas para estos últimos, como la subordinación, ya que los contratistas son
los encargados de desarrollar funciones que no pueden ser llevadas a cabo por
los funcionarios de planta de la administración municipal.
ii) El debate probatorio basado principalmente en las pruebas documentales
es completamente deficiente y no logra acreditar la configuración de los tres
4 Folios 240 y 241.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
elementos que trae la ley colombiana para que se declare una relación laboral en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
principalmente el de la subordinación; por consiguiente, no se debió acceder a las
pretensiones de la demanda.
iii) La obligación del fallador de primera instancia es analizar y aplicar la
correspondiente prescripción extintiva del derecho, para lo cual debía tener en
cuenta la terminación de cada uno de los contratos de prestación de servicios para
así, en caso de condena, solo tomar los tres últimos años contados a partir de la
fecha final de cada contrato.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Tanto la señora Angélica María Osorio Herrera como el municipio de Pereira, a
través de sus apoderados, reiteraron los argumentos expuestos en los recursos de
apelación interpuestos.5
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no emitió concepto.6
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:
5 Memoriales allegados en medio magnético, índices 15 y 18 de la plataforma SAMAI.
6 Folio 264.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
1. Si entre la señora Angélica María Osorio Herrera y el municipio de Pereira,
existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el
tiempo en que permaneció vinculada contractualmente y, de ser así, si operó el
fenómeno de la prescripción, y
2. Si se deben reconocer, además de las prestaciones sociales otorgadas en el
fallo de primera instancia, la diferencia salarial entre lo que devengaba un auxiliar
administrativo, grado 8, código 407, de la planta de personal de la entidad y lo
percibido a título de honorarios, y el reconocimiento de la bonificación por
recreación y el subsidio de alimentación.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez,
los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la
igualdad y el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-7 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización8, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
7 Aprobada el 11 de abril de 1919.
8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar,
como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno,
para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el
trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o
los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los
derechos de los trabajadores en Colombia.
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios
para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
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ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está
definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece
lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
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subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 9 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».10
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».11
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
10 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
11 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para
perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del
numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley
exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
15
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.12
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
12
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
16
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe
estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.
2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.13
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
17
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación,
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,14 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como persona natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;15 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las
condiciones para su ejecución, el contratista no podía delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas.16
14 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs.
54 y 55.
15 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de
trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
16 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1
de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.
2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».17
En ese orden, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
19
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –
y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.18
2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un período de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con
una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos
constitutivos de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución
de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de
aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de
treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos
contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y
apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
la cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales
que de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio.
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de
tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera
del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando
no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los
3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.19
2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
19 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de
la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.
21
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.
2.3. Hechos probados.
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.3.1. En torno a la relación que invoca la demandante
La señora Angélica María Osorio Herrera tuvo las siguientes vinculaciones para
prestar servicios en la Secretaría de Educación del municipio de Pereira:
Órdenes de prestación de servicios con la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 0636 01/02/2013 30/06/2013 5
(Fl. 61) meses
2 11100 05/07/2013 04/08/2013 1 mes
921 Prestación de servicios para
(Fl. 63) realizar actividades de apoyo
3 11101 08/08/2013 07/09/2013 1 mes
132
operativo y asistencial en
(Fl. uno de los establecimientos
183) educativos oficiales en el
4 11101 16/09/2013 30/11/2013 2 municipio de Pereira o donde
855 meses la Secretaría de Educación lo
(Fl. 71) y 15
Adi. días
requiera.
(Fl. 73)
5 11100 13/01/2014 20/06/2014 5
472 meses
(Fl. 76) y8
Adi. días
(Fl. 78)
22
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
6 11101 04/07/2014 03/09/2014 2
146 meses
(Fl.
189)
7 11101 08/09/2014 30/11/2014 2
820 meses
(Fl. 84) y 23
días
8 11100 07/01/2015 06/04/2015 3
420 meses
(Fl. 86)
9 11101 13/04/2015 12/06/2015 2
060 meses
(Fl. 90)
i) El 14 de mayo de 2007, mediante el Decreto 284, el alcalde del municipio de
Pereira estableció el Plan Anual de Vacantes correspondiente a la planta de
personal administrativo de la Secretaría de Educación Municipal, financiado con
recursos del sistema general de participaciones. En dicho acto se afirmó que, en
el nivel asistencial, existen los cargos de auxiliar administrativo, código 407,
grados 03, 04, 05, 06 y 08, asignados a las instituciones educativas oficiales.20
Particularmente, los requisitos de estudio y experiencia para ocupar el cargo de
auxiliar administrativo, código 407, grado 08, empleo al cual pretende se le
homologue salarialmente la actora son a) título de bachiller en cualquier
modalidad, y b) un (1) año y nueve (9) meses de experiencia laboral.
ii) El 10 de noviembre de 2015, mediante el oficio 43586, la directora
administrativa de prestación del servicio y administración de plazas docentes del
municipio de Pereira hizo las siguientes afirmaciones respecto a la planta de
cargos de la Institución Educativa José Antonio Galán:21
3. […] Para el caso de los factores salariales que componen la remuneración
de los cargos evidenciados en dicho anexo, nos permitimos informarle que
estos se calculan cómo se encuentran la guía número 8 del Ministerio de
Educación Nacional y que varían en cada caso particular.
4. Por último las prestaciones sociales a las que tiene derecho la planta de la
Institución Educativa José Antonio Galán, son aquellas actualmente regidas
20 Folios 44 al 60.
21 Folios 30 y 31.
23
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
por la ley dentro de los parámetros establecidos (entidades estatales),
teniendo en cuenta las condiciones en cuanto a antigüedad y otros factores;
estas son: vacaciones, prima de Navidad, prima de vacaciones, bonificación
especial de recreación, prima de servicios, subsidio de alimentación y
subsidio de transporte.
El anexo al que se hace referencia en el citado documento contiene la siguiente
información respecto de la planta de personal de la Institución Educativa José
Antonio Galán para los años 2013 al 2015, período en el que prestó servicios la
demandante:
Institución Educativa José Antonio Galán
Año 2013
Cod cargo Cargo Cargo tipo Grado Básico
empresa
407 Auxiliar Administrativo 8 1.129.207
administrativo
Año 2014
407 Auxiliar Administrativo 8 1.163.083
administrativo
Año 2015
407 Auxiliar Administrativo 8 1.205.652
administrativo
iii) En el dosier reposa copia de los estudios previos realizados para los contratos
de prestación de servicios 0636 de 2013; y 11100472 de 2014.22
iv) En cumplimiento a lo dispuesto en el auto mediante el cual se decretaron
pruebas de oficio del 11 de agosto de 2022, fueron aportadas al expediente las
siguientes documentales:23
• Acta de grado de la señora Angélica María Osorio Herrera como bachiller
académico del Colegio de la Compañía de María Enseñanza del 6 de diciembre
de 2003.
22 Folios 64 y 79 y documento electrónico visible en el índice 25 de la plataforma SAMAI.
23
Documentos electrónicos visibles en los índices 25, 27 y 29 de la plataforma SAMAI.
24
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
• Certificaciones laborales expedidas el 16 de enero de 2013, 2 de julio de
2014, 23 de septiembre de 2022 por el representante legal de la empresa Surti
Arepas en las que se hizo constar que la señora Osorio Herrera trabajó entre el
1° de enero y el 31 de diciembre de 2012 como secretaria.
• Certificación laboral expedida el 28 de septiembre de 2022 por el
representante legal suplente de la empresa Radiólogos Asociados S. A. con la
que hace constar que la señora Osorio Herrera prestó sus servicios a esa
entidad desde el 8 de junio de 2007 hasta el 26 de enero de 2008.
2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa
i) El 18 de marzo de 2016, la demandante, a través de su apoderado, en
ejercicio del derecho de petición solicitó al municipio de Pereira reconocer la
existencia de la relación laboral dependiente entre aquella y la entidad entre el 2
de febrero de 2013 y el 12 de junio de 2015; y como consecuencia de ello
reconociera y pagara las prestaciones y prerrogativas salariales y laborales a las
que tiene derecho.24
ii) El 12 de abril de 2016, la secretaria de educación municipal y la directora
administrativa de prestación del servicio y administración de plazas docentes del
municipio de Pereira despacharon de manera desfavorable las pretensiones
invocadas por carecer de fundamento legal.25
iii) El 25 de abril de 2016, la actora impetró recurso de apelación en contra del
referido acto administrativo.26 Sin embargo, la entidad no dio respuesta.
2.3.3. Las declaraciones rendidas en el proceso
24 Folios 32 al 36.
25 Folio 37.
26 Folios 38 al 43.
25
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
El 23 de octubre de 2017, rindieron testimonio los señores Jaime Diego Bedoya
Medina, Dora Libia Cárdenas, José Alberto Bedoya Castillo, y Fabio Andrés Cabal
Cortes.27
El señor Jaime Diego Bedoya Medina, de profesión educador manifestó, en
resumen, lo siguiente:
[…] relate lo que le consta sobre los hechos objeto de demanda. Contestó: usted lo acaba de
decir, que es una demanda de la señora Angélica contra el municipio de Pereira y en virtud
de que ella trabajó conmigo, pues me imagino que será sobre esos temas. Preguntado: en
qué escenario laboral trabajó. Contestó: yo era el rector del Colegio José Antonio Galán, fui
director durante mucho tiempo, en uno de esos períodos ella trabajó en el colegio con
funciones de secretaria auxiliar o algo así, nombrada, o como se dice … nombrada por el
municipio de Pereira … o por designación, eso se llama por prestación de servicios al
colegio José Antonio Galán, pero enviada por el municipio de Pereira. Preguntado: qué
períodos ella estuvo. Contestó: desde el 2013 hasta el 2015, yo me retiré en el 2015, al
principio, ella se retiró después. Preguntado: qué funciones desempeñaba para el
establecimiento educativo. Contestó: funciones de secretaría todo lo que tenía que ver con
matrículas, con certificados, con constancias de estudiantes, con correspondencia ella debía
responder todo, todo lo que tiene que ver con manejo de computadores de programas de
computación, en fin. Preguntado: qué horario tenía ella. Contestó: desde las 7:00 am hasta
las 3:00 de la tarde en jornada continua, el rector era potestativo, pues, para colocar ese
horario y ellos todos los que desempeñaban funciones administrativas pidieron ese horario
para poder irse a la casa temprano, porque si no, lo contrario era de 8:00 a 2:00 y de 2 a 6 a
venir a Pereira, un colegio rural, entonces se convino en que ellos trabajarían en jornada
continua de 7 hasta las 3:00 de la tarde. Preguntado: tenía ella jefe inmediato. Contestó: sí
claro, el rector que en ese caso era yo era el jefe inmediato de ella. Preguntado: y qué tipo
de órdenes emanaban de ese vínculo o relación laboral frente a sus funciones, qué tipo de
órdenes que nos puede comentar, detallar en esta diligencia. Contestó: no pues lo propio
ella cumplía el manual de funciones que estaba pues establecido en el reglamento escolar y
obviamente pues toda la autoridad recaía sobre el rector para disponer que cosa debía hacer
o que no debía hacer porque las circunstancias así lo iban dando. Me explico, sí yo tenía que
sacar un certificado de estudios, pero se presentaba un requerimiento de la Secretaría de
Educación, entonces había que posponer el certificado para cumplimiento del trabajo que la
Secretaría de Educación pedía en el momento. Preguntado: como lo manifestó usted nos
habló de un contrato de prestación de servicio que ese era el tipo de vínculo porque el
municipio era quien hacía el nombramiento. Contestó: si es que está sabido por Constitución
que todos los cargos son por concurso, todo cargo en Colombia se tiene que hacer por
concurso, y cuando no hay concurso entonces la Secretaría de Educación hace vinculación
de personas por prestación de servicio para cumplir la cuota política, además, de esa
manera aunque los funcionarios sean muy buenos, la Secretaría de Educación así cumple
su cuota con los políticos, porque es la manera para ellos pagar servicios políticos
electorales. Preguntado: tiene usted conocimiento quién era el interventor del contrato de la
señora Angélica María Osorio. Contestó: el rector. Preguntado. Usted era el interventor.
Contestó: sí claro. Preguntado: qué tipo de informes o que documentación tenían que llenar
al respecto frente al cumplimiento. Contestó: había un formato que mandaba la Secretaría de
Educación y que cada mes había que relacionarlo, una cosa muy sencilla, un esquema muy
sencillo, el nombre, el documento de identidad y las funciones quizás que cada mes se
llenaban para que a ellos les pudieran pagar, además ella era muy buena funcionaria ahí y
27 Folios 164 al 167.
26
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
cómo esos contratos duraban poco 2, 3 meses siempre yo pedía que ratificaran la señora
porque era muy buena trabajadora y durante el 13 al 15, dos años seguidos, siempre la
ratificaron, siempre la dejaron. Preguntado. tiene usted conocimiento sí se presentó
interrupciones en la prestación del servicio, si se presentó interrupciones de meses, de días. Contestó: yo me acuerdo que siempre pedíamos que le ratificaran el contrato y yo me
acuerdo que siempre continuaba ella hasta cuando estuve pues. Preguntado: tuvo
conocimiento del pago que ella recibía como retribución a la prestación de sus servicios. Contestó: sé que le pagaban no sé cuánto porque eso si no lo preguntaban, ni eso salía de
la tesorería del colegio le pagaban en la Secretaría. Preguntado: tiene usted conocimiento si
ella recibió el pago de prestaciones sociales. Contestó: no sé me imagino que no porque
también la costumbre de la Secretaría y de ese manejo politiquero y corrupto es burlarse de
las prestaciones sociales de la gente. Preguntado: tiene usted conocimiento si a la señora
Angélica María le pagaban su Seguridad Social y si el municipio de Pereira realizaba aportes
a salud y pensiones. Contestó: a ellos no, a ellos no les pagaban, al contrario, les exigían
que de su sueldo pagaran la seguridad social y llevaran la constancia, de eso estoy seguro,
a la Secretaría de Educación para que a su vez les pudieran pagar el estipendio mensual. Preguntado: en algún momento del vínculo la prestación del servicio por parte de la señora
Angélica María Osorio tiene usted conocimiento si se presentó algún incidente de permisos,
llamados de atención. Contestó: pues no, nunca hubo llamadas de atención, permisos, por lo
que de pronto podría ocurrir, de vez en cuando, que si me permite salir una hora antes lo
que se hace con cualquier empleado en cualquier circunstancia o que mañana si me permite
entrar una hora después por qué debo hacer un examen de sangre, lo normal, pero permisos
así consuetudinarios y permanentes jamás. Preguntado: la señora Osorio Herrera se podía
ausentar de su lugar de trabajo o hacer la prestación del servicio en el horario que ella
quisiese o en el lugar donde ella quisiese prestar el servicio. Contestó: no. Absolutamente, el
horario era en el colegio en la sede central porque el colegio tenía 17 sedes más, en la sede
central y en el horario establecido; obviamente también le tocaba ir ocasionalmente a alguna
de esas escuelas porque tenía que ir a recoger información de niños de matrícula etcétera,
para luego diligenciar los formularios, pero digamos que la sede central del colegio era el
lugar de trabajo de ella. preguntado: los implementos para desarrollar el trabajo eran propios
de la señora Angélica María o los proporcionaba la institución educativa, computadores,
papelería, lapiceros. Contestó: no eso lo suministraba la institución […] preguntado: le
correspondía a la señora Angélica María recibir y tramitar la correspondencia y
documentación recibida a la rectoría de la institución. Contestado: eso era parte de sus
funciones. Preguntado: le correspondía a la señora Angélica María hacer algún tipo de
alimentación de aplicativos y soluciones informáticas puestas a disposición por la Secretaría
de Educación en la institución educativa que usted regentaba. Contestó: pues los trabajos de
secretaria hoy día están íntimamente ligados a los temas del internet, de las
comunicaciones, si, lo que correspondía a su propio trabajo muchas veces salían a través de
la página, entonces ella tenía que estar pendiente de la página web de la Secretaría de
Educación, yo siempre le decía mire que hay para que me comunique que hay que leer
circulares, responder circulares, todo eso era parte de las funciones de secretaria. Preguntado: la agenda de la rectoría le correspondía llevarla o pues estar atento mejor de la
agenda de la rectoría le correspondía a quien.
Contestó: digamos que ahí había dos
secretarias, ella y otra persona, las dos llevaban la agenda una Si era nombrada en forma
permanente que era una señora pues muy antigua y si las dos estaban pendientes que el
rector tuviera que hacer esto, que lo llamaron, o que tiene que llamar. Las dos personas. Preguntado: por favor dígale a la magistrada cuál era el nombre de esa secretaria que si
estaba nombrada y si recuerda la denominación y cargo que esta señora también detentaba. Contestó: la señora se llamaba Luz Dary Franco Candamil, ella se fue un poco antes de
nosotros inclusive, pero no, eso no tenía nada que ver. No se interferían en funciones o
incluso como el colegio era tan grande con tantos alumnos había trabajo suficiente para las
dos y sobraba. Preguntado: recuerda cuál era la denominación del empleo que detentaba
esta señora Candamil. Contestó: a eso le pusieron varias nomenclaturas, pero
ordinariamente uno hablaba de la secretaria o las secretarias, pero eso tenía una
denominación por la Secretaría de Educación que no recuerdo exactamente, auxiliares
administrativos no sé qué. Preguntado: a quien en el colegio le correspondía recibir los
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
derechos de petición y diligenciarlos a quien correspondiera para asegurar su contestación.
Contestó: no eso lo hacía yo, yo directamente si hubiera cosas así yo mismo lo hacía,
proyectaba todo el trabajo, no, eso es bastante delicado que ello no se lo cedía a nadie.
Preguntado: le correspondía a la señora Osorio Herrera apoyar la gestión documental y el
archivo de la institución educativa que usted regentó. Contestó: sí claro totalmente, todos los
documentos en regla, los documentos de los estudiantes, revisar que estuvieran todos los
requisitos que la ley establece para que un estudiante pueda ser una persona regular en un
establecimiento, la documentación de los profesores, la hoja de vida, todo eso tenía que ser
parte de su trabajo. Preguntado: sabe usted si Angélica María Osorio también tenía que
coordinar la agenda de los coordinadores de la institución. Contestó: no, no, los
coordinadores no tenían secretaria, digamos la secretaria era del colegio no de las personas
[…] preguntado: yo sé que ya contestó, pero no me quedó claro fue el período en el cual
usted estuvo vinculado a la institución educativa. Contestó: yo fui rector desde el año 1992 al
2015. Preguntado: y el período de la señora Angélica María Osorio en esta institución.
Contestó: ella estuvo entre el 13, creo que en febrero del 2013 al 15, pero yo me fui en enero
ella siguió ahí. […] Preguntado: desea agregar o enmendar algo a la presente diligencia.
Contestó: pues que agregar, que me parece muy bien que la gente demande y reclame sus
derechos, me parece muy bien, y para eso está la justicia, para que haga justicia
verdaderamente, porque es que no se concibe que una persona que trabaje tenga que
acudir a un concejal o a no sé quién para que los apoye, cuando son personas tan buenas
como en el caso de ella, que su trabajo solo sería suficiente para recibir el apoyo. Además
de que en mi caso siempre solicité que la ratificarán, y luego pues ella comentó desde el
mes de octubre o septiembre que estaba en embarazo para completar su segunda niña,
entre otras cosas, en el colegio siempre le decía no pues ojalá sea el niño porque todas las
parejas buscan el niño y la niña ya tiene la niña ojalá venga el niño, y que además de eso a
ciencia y paciencia una institución que está obligada a cumplir las normas saque a una mujer
embarazada de su trabajo, yo no sé, con razón en este país hay cosas tan aberrantes y tan
horribles, que una administración obligada a cumplir la ley, que jura cumplir la ley, saca a
una persona en esas condiciones, a una mamá que sabe que no puede hacerlo. Ella fue
muy buena trabajadora mientras estuvo en el colegio muy buena trabajadora verdad.
La señora Dora Libia Cárdenas, contadora pública, quien trabaja en el municipio
de Pereira en su testimonio afirmó, en suma, lo siguiente:
[…] preguntado: trabajó usted con ella. Contestó: en el municipio de Pereira si señora.
Preguntado: en qué tiempo. Contestó: 2014 – 2015. Preguntado: qué tipo de escenario
laboral compartieron, qué funciones usted veía que la señora Angélica María desarrollara.
Contestó: secretaria de la institución educativa José Antonio Galán. Preguntado: usted
también laboraba para esa institución, qué funciones cumplía usted. Contestó: yo era la
tesorera. Preguntado: qué tipo de declaraciones acerca de la prestación del servicio por
parte de la señora Angélica María Osorio puede relatar usted al despacho, de funciones de
ella, si todo lo relacionado con la prestación del servicio. Contestó: ella era secretaria,
manejaba hojas de vida de alumnos, plataforma de notas, el SIMAT que es el sistema de
matrículas, manejo y archivo de correspondencia, hojas de vida de docentes, o sea todo lo
que es relacionado con secretaría. Preguntado: tiene conocimiento del horario en que
hubiera prestado sus servicios. Contestó: si señora, ella laboraba de 7 a 3:00 de la tarde.
Preguntado: tiene usted conocimiento y durante el tiempo que usted relacionó ella tuvo
alguna interrupción en la prestación de su servicio, por días o meses. Contestó: solo cuando
terminó el contrato que estaba en estado de embarazo y no se lo renovaron. Preguntado:
qué tiempo fue ese. Contestó: creo que fue junio del 2015 más o menos, junio o julio, algo
así, no en junio más o menos 2015. Preguntado: tiene conocimiento cómo era el vínculo de
ella con la institución o con el municipio de Pereira, que tipo de vinculación utiliza.
Preguntado: tenía un contrato por prestación de servicios. Preguntado: usted también tenía
contrato o pertenecía a la planta de personal. Contestó: yo soy nombrada pertenezco a la
planta de personal de carrera administrativa. Preguntado: tiene usted conocimiento si a ella
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
como contratista alguien era su jefe inmediato. Contestó: sí señor, el señor Jaime Bedoya,
luego fue el señor Hernando Maya y por último fue el señor José Alberto Bedoya.
Preguntado: ellos qué cargos tenían. Contestó: rectores. Preguntado: el señor José Alberto
Bedoya Castillo también fue rector de la institución. Contestó: ella alcanzó a laborar con él
como rector porque él llegó en el 2015 a la institución en abril y ella estuvo hasta junio él,
alcanzó a ser jefe inmediato de ella. Preguntado: tiene usted conocimiento si hubo durante el
tiempo que ella prestó sus servicios algún tipo de llamados de atención o algún tipo de
órdenes que se dieran específicas para que ella cumpliera sus labores o funciones.
Contestado: pues las delegadas por el rector, pero pues llamados de atención en cuanto a
las labores hechas ninguna, pues todo bien. Preguntado: ella en algún momento tenía la
libertad para prestar sus servicios en un horario distinto al acordado en la institución.
Contestó: no, pues ese fue el horario que a ella le estipularon de 7 a 3 y ella lo cumplía.
Preguntado: tiene usted conocimiento si los implementos de trabajo tales como computador,
papelería, lapiceros, o eso era de la institución. Contestó: sí.
El señor José Alberto Bedoya Castillo, testigo solicitado por ambas partes
manifestó, en suma, lo siguiente:
[…] en la actualidad qué cargo desempeña. Contestó: yo soy rector de la institución
educativa José Antonio García. Preguntado: laboró usted con la señora Angélica María
Osorio Herrera. Contestó: sí señora. Preguntado: de qué período a qué periodo. Contestó:
en el 2015, de mayo a junio, no sabría exactamente qué día hasta el día que salimos a
vacaciones ese año, a mitad de junio supongo más o menos. Preguntado: durante ese
periodo usted era el rector. Contestó: sí señora. Preguntado: qué cargo desempeñaba la
señora Angélica María. Contestó: ella actuaba como una de las secretarias académicas.
Preguntado: que funciones ella desempeñaba. Contestó: ella tenía que hacer atención al
público, apoyar en la elaboración de certificados, apoyar procesos de información, de
entrega de información a Secretaría de Educación. Preguntado: quién le daba órdenes sobre
su horario si tenía llamados de atención si debía pedir permisos. Contestó: bueno estos
contratos con los administrativos y las instituciones educativas son realizados directamente
por Secretaría de Educación y yo actúo como supervisor de los contratos, entonces cuando
eso ocurre pues cuando una hay que hacer un llamado de atención a alguna cosa, pues uno
remite a Secretaría de Educación directamente. Preguntado: usted como rector no le llegó a
hacer algún llamado de atención u otorgarle algún permiso a la señora Angélica María.
Contestó: no señora, ella nunca pidió permiso, ella tenía unas citas porque ella estaba como
en embarazo, pues la verdad no recuerdo cuántas, ni siquiera recuerdo si realmente le di
permiso, pero si me hubiera solicitado pues yo le hubiera dicho que no había ningún
problema, porque de hecho con los contratistas no se sigue como un rigor de permiso
porque ellos tienen una forma de contratación que nos han explicado a nosotros como
rectores, donde ellos cumplen una función, cierto, entonces digamos que no soy yo como
quien le tenga que dar permiso específico para el manejo del tiempo. Preguntado: ella en
algún momento prestó su horario en forma distinta a la estipulada entre ustedes como
institución o en un lugar distinto y no pasaba nada, ella siempre acudió a su lugar trabajo y
en el horario estipulado. Contestó: sí señora. Preguntado: qué horario me recuerda por favor.
Contestó: el horario de atención al público en las instituciones de 7 de la mañana a 3:00 de
la tarde, si tenemos un colegio que en ese entonces ya funcionaba en jornada extendida
entonces digamos que el horario de los funcionarios es el mismo del colegio. Preguntado:
tiene usted conocimiento si a la señora Osorio Herrera le pagaban prestaciones sociales.
Contestó: no lo sé. Preguntado: tiene usted algún conocimiento de si recibía su pago de
manera oportuna. Contestó: no lo sé no puedo asegurar ello, supongo.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Finalmente, el señor Fabio Andrés Cabal Cortes, licenciado en ciencias sociales
en el Colegio José Antonio Galán, sostuvo lo siguiente:
Tuvo una relación laboral con la señora Osorio Herrera. Contestó: es correcto. Preguntado.
En qué período. Contestó: 2014 y 2015. Preguntado: durante ese período supo usted qué
funciones desempeñaba en la institución educativa. Contestó: era la secretaria, era la que
manejaba los archivos, nos entregaba las listas a los docentes, también le entregaba
certificados a los estudiantes, trabajaba con el sistema SIMAT. Preguntado: tiene
conocimiento de quién era el jefe inmediato de la señora Angélica María. Contestó: fueron 3,
Jaime Bedoya, Hernando Maya y el rector actual. Preguntado: tiene usted conocimiento del
horario en el que ella hacía la prestación de sus servicios. Contestó: pues normalmente ella
se quedaba de 7 a 3 que era la jornada que utilizábamos en ese momento. Preguntado:
alguna vez presenció usted un tipo de llamado de atención o que ella tuviese que pedir
permisos para ausentarse de su lugar de trabajo. Contestó: no, no. Preguntado: don Fabio,
recuerda usted haber visto a la señora Angélica María Osorio Herrera en estado de
embarazo. Contestó: sí es correcto, inclusive se le hizo como una especie de mini baby
shower entre docentes y algunos administrativos dentro de la institución.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Contra la sentencia del 18 de octubre de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, se formuló el recurso de apelación objeto de análisis para controvertir,
por un lado, la decisión de declarar una relación laboral encubierta o subyacente
entre la demandante y el municipio de Pereira, y por otro lado, para solicitar que
se ordene el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y la bonificación por
recreación y subsidio de alimentación que deprecó la señora Osorio Herrera.
Así las cosas, para resolver la alzada se deben solucionar los siguientes
interrogantes.
2.4.1. ¿Existió entre la señora Angélica María Orosco Herrera y el municipio
de Pereira una relación laboral encubierta o subyacente que permita el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante
el tiempo en que permaneció vinculada contractualmente?
De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene
que la demandante estuvo vinculada por aproximadamente dos años con la
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
entidad demandada, y que la relación que los unió reúne los elementos propios de
la relación laboral encubierta o subyacente, tal como se precisa a continuación:
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
En primer lugar, la demandante acredita la prestación personal del servicio, a
través de los 9 contratos de prestación de servicios aportados, los cuales se
detallaron en el acápite de hechos probados de esta providencia.
Los objetos de cada vinculación tuvieron el propósito de desarrollar labores como
auxiliar administrativo en el establecimiento educativo oficial José Antonio Galán;
no obstante, se puede sintetizar que las actividades desarrolladas por la señora
Osorio Herrera fueron propias de una secretaria.
En segundo lugar, las funciones detalladas en el objeto contractual (realizar
actividades de apoyo operativo y asistencial) obrantes en los contratos de
prestación de servicios dejan ver la vocación personalísima de las actividades que
la demandante debía desplegar, a saber:
El contratista en desarrollo del objeto del contrato realizará las siguientes
actividades de apoyo y acompañamiento en el establecimiento educativo.
1. En el manejo y actualización de los registros del SIMAT. 2. En el manejo de la
agenda de reuniones. 3. En la elaboración de comunicaciones y oficios, tanto
internos como externos. 4. En el manejo organizado del archivo institucional. 5. En
la organización y convocatoria de reuniones. 6. En la revisión de la página
institucional de la SEM para atender de manera oportuna y efectiva las directivas,
lineamientos y demás comunicaciones que allí se socialicen. 7. En el manejo
eficiente del registro de la deserción y planilla de los estudiantes. PARÁGRAFO:
además de las actividades relacionadas con el objeto del contrato el contratista se
compromete a: 1) entregar el archivo digital y físico en el último informe de
actividades y el supervisor le entregará el paz y salvo documental; 2) archivar la
información de acuerdo con la Ley 594 de 2000 y las tablas de retención
documental.
2.4.1.2. Subordinación continuada
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias que permiten
determinar su existencia, entre estas, las siguientes:
i) El lugar de trabajo. En el presente asunto la demandante tuvo que prestar
sus servicios personales al interior de la institución educativa oficial José Antonio
Galán del municipio de Pereira.
Dicha información se extrae de los testimonios de los señores Jaime Diego
Bedoya Medina, Dora Libia Cárdenas, José Alberto Bedoya Castillo, y Fabio
Andrés Cabal Cortes, quienes fungieron como rector, tesorera, rector y licenciado
de ciencias sociales de la referida institución, respectivamente.
Además, el señor Jaime Diego Bedoya Medina adujo en su declaración que la
señora Osorio Herrera debía prestar sus servicios en la institución educativa
indispensablemente y que en algunas ocasiones debía dirigirse a una de las 17
sedes que tiene el colegio a lo largo del municipio, pero que el lugar de prestación
de servicios permanente era la sede central.
ii) El horario de labores. El señor Jaime Diego Bedoya Medina en su
declaración indicó que la señora Osorio Herrera, en los años 2013 al 2015, cuando
realizaba labores en el Colegio José Antonio Galán debía cumplir un horario de
trabajo, en igualdad de condiciones que los demás servidores de la institución. La
jornada que debía cumplir era de lunes a viernes de 7:00 a 3:00 pm en jornada
continua, ello le consta porque era el rector del referido centro educativo y fungía
como su jefe directo.
Además, agregó con su declaración que él en su condición de rector tenía la
potestad de imponer dicho horario o jornada de trabajo y que la demandante
debía cumplirlo.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Por su parte la señora Dora Libia Cárdenas, quien se desempeñó en la institución
José Antonio Galán como tesorera entre 2014 y 2015, aseveró que la demandante
cumplía horario cuando fungió como auxiliar administrativa – secretaria en dicha
institución, de lunes a viernes de 7:00 am a 3:00 pm y que ese horario le fue
impuesto.
El señor José Alberto Bedoya Castillo, quien también fungió como rector de la
institución educativa a partir del año 2015 hizo constar en su declaración que la
actora siempre acudió a su lugar de trabajo y en el horario estipulado, que era el
mismo fijado para la atención al público en el colegio de 7:00 am a 3:00 pm en
jornada extendida y que el horario de los servidores del plantel educativo era el
mismo que el de los estudiantes.
Del mismo modo, el señor Fabio Andrés Cabal Cortes adujo que la demandante,
entre 2014 y 2015, lapso en el que fueron compañeros de trabajo, se quedaba en
la institución de 7:00 am a 3:00 pm, jornada laboral establecida para ese
momento.
Los referidos testimonios merecen credibilidad, toda vez que relatan la manera
cómo la accionante ejecutó las actividades para las cuales fue contratada,
además que ilustró sobre la necesidad de la presencia de la contratista en las
instalaciones del colegio en el cual prestó servicios, en los horarios dispuestos
para la atención de la comunidad académica en general y padres de familia.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Las
labores ejecutadas en atención a los contratos de prestación de servicios suscritos
entre 2013 y 2015 en cumplimiento de las obligaciones contractuales de auxiliar
administrativa - secretaria, según el dicho de los deponentes eran direccionadas y
dirigidas por el rector de la institución educativa José Antonio Galán.
Nótese que el señor Jaime Diego Bedoya Medina en su testimonio señaló haber
sido el rector del referido colegio entre 1992 y 2015, y que en tal condición
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
«siempre» le indicaba las actividades a desarrollar y la jornada que debía cubrir a
la señora Osorio Herrera, esto es, «que toda la autoridad recaía sobre el rector
para disponer qué cosa debía hacer o que no debía hacer».
De igual modo, además de relatar el cumplimiento de labores secretariales tales
como la legalización de matrículas, expedición de certificados o constancias de
estudiantes, manejo de correspondencia y agenda del rector, y todo lo relacionado
con el manejo de programas de computación, indicó que debía cumplir el manual
de funciones que estaba establecido en el reglamento escolar.
La señora Dora Libia Cárdenas fue coincidente con la anterior declaración al
afirmar que la demandante debía acatar las órdenes delegadas por el rector de
turno.
Por su parte el señor Fabio Andrés Cabal Cortes indicó que la demandante
siempre tuvo como jefe directo al rector de la institución.
Así pues, los referidos testimonios hacen referencia a que en efecto la señora
Osorio Herrera no contaba con autonomía o independencia para realizar sus
actividades, por cuanto las actividades que le fueron encomendadas exigían de la
guía, autorización y dirección de la autoridad académica de la institución educativa
a la que fue asignada por parte de la Secretaría de Educación Municipal, debido
entre otras cosas al manejo de la información, la elaboración de documentos y
demás actividades de manejo y confianza.
De suerte que el anterior indicio resulte demostrativo de que la actora estuvo
inmiscuida en el círculo rector y organizativo de la autoridad académica (rector) del
centro educativo en el que prestó el servicio.
Teniendo en cuenta ello, para la Sala, en efecto, las actividades específicas
descritas en las obligaciones contractuales, así como las que fueron narradas en
los testimonios de los cuatro deponentes, dejan ver que el manejo del trabajo de
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secretaria lleva inmerso la imposición de órdenes y directrices por parte de
quienes, en efecto, pueden ejercer la línea de autoridad en las instituciones
educativas.
En este punto es del caso acotar que el principio de coordinación, ínsito en los
contratos de prestación de servicios, «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que
exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su
contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al
pacto suscrito».28
Lo anterior es diferente a la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y por ello este último cuenta con la posibilidad
de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación de obedecerle.
En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus
labores, sin que le asista a este ningún tipo de independencia.
En ese orden, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, como
pretende la entidad demandada, toda vez que el desempeño de las funciones por
parte de la actora estaba sujeto a la imposición de medidas y/o órdenes de las
autoridades de la institución educativa oficial, el establecimiento de horarios y la
imposibilidad de la prestación del servicio por otras personas, lo que denota sin
lugar a hesitaciones que la accionada, en su condición de empleadora, tenía la
posibilidad de disponer del trabajo de la señora Osorio Herrera.
28
Sentencia del 4 de marzo de 2021, expediente 81001-23-39-000-2016-00118-01(1717-18), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:
En el expediente reposa el Plan Anual de Vacantes correspondiente a la planta de
personal administrativo de la Secretaría de Educación Municipal, financiado con
recursos del sistema general de participaciones. En dicho acto consta que, en la
planta de empleos de la referida secretaría, en el nivel asistencial, existen los
cargos de auxiliar administrativo, código 407, grados 03, 04, 05, 06 y 08,
asignados a las instituciones educativas oficiales los cuales tienen como funciones
esenciales las siguientes:
1. Elaborar los informes, reportes, cuadros estadísticos y demás documentos que
requiera el líder del proceso o superior en línea de autoridad o responsabilidad que le
corresponda para asegurar el cumplimiento y la ejecución oportuna de las actividades
programadas y asegurar la producción y consecución de resultados y metas institucionales.
2. Realizar todas las funciones administrativas como soporte y apoyo de los
demás procesos, programas o proyectos donde sea asignado con el fin de asegurar la
producción y consecución de resultados y metas institucionales conforme a las
responsabilidades de otros procesos, programas o proyectos.
3. Mantener contacto permanente con el gerente, líder, ejecutor o responsable del
proceso misional, asistencial o de soporte al cual se ha asignado para ejercer las actividades
de apoyo suficiente de tal manera que sus superiores no tengan que realizar funciones
administrativas u operativas diferentes a aquellas relacionadas con la dirección o liderazgo
del proceso respectivo.
4. Recibir y tramitar la correspondencia y documentación recibida y enviada para
constatar o efectuar su oportuna respuesta o solución.
5. Llevar el archivo de gestión del proceso, programa o proyecto al cual se ha
asignado y de los demás a los que apoye tendiente a documentar las actividades, productos
resultados y logros y generar memoria que será luego transferida al centro de
documentación o archivos central, según corresponda.
6. Realizar todas las actividades relacionadas con la Atención al Cliente,
usuario, comunidad general que le sean remitidas a direccionadas por la oficina de
servicio y atención al ciudadano o usuario para asegurar su oportuna y debida atención e
informar a la misma sobre el resultado de dichas diligencias.
7. Realizar las actividades de recepción y traslado de peticiones de la
comunidad, en especial de los derechos de petición para controlar que se dé la adecuada y
oportuna respuesta llevando el control de los registros de las solicitudes y las respuestas
dadas por la administración.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
8. Hacer uso de los programas, aplicativos y soluciones informáticas puestas a
su disposición por la administración, con el fin de mantener al día la información y disponer
de memoria documentada de las actividades realizadas y los registros correspondientes.
9. Las demás relacionadas con las actividades de los procesos a su cargo y las
funciones relacionadas con su misión y objetivos, aun cuando no estén expresamente
definidas en este manual, sin perjuicio de las señaladas en otras disposiciones.
10. Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de sus
funciones e inherentes al cargo para operar como holding administrativo de apoyo y
respaldo a todos los procesos, programas y proyectos que ejecuta la administración (negrilla
de la Sala).
Se observa que las actividades encomendadas a la demandante como secretaria,
a través de los contratos de prestación de servicios, consistían en el manejo y
actualización de los registros del SIMAT, la agenda de reuniones, la elaboración
de comunicaciones y oficios, tanto internos como externos, manejo organizado del
archivo institucional, la organización y convocatoria de reuniones, revisión de la
página institucional de la SEM para atender de manera oportuna y efectiva las
directivas, lineamientos y demás comunicaciones que allí se socialicen, así como
el manejo eficiente del registro de la deserción y planilla de los estudiantes.
Dichas funciones fueron reiteradas por los dos testigos que fungieron como
rectores de la institución educativa José Antonio Galán quienes además detallaron
que ella tenía que atender al público, apoyar en la elaboración de certificados,
apoyar procesos de información, de entrega de documentación a la Secretaría de
Educación, legalización de matrículas, expedición de certificados o constancias de
estudiantes, manejo de correspondencia y agenda del rector, entre otras
actividades. Dichas labores eran indicadas a través del rector, esto es, de la «línea
de autoridad» de la institución.
Así pues, del estudio de las funciones que se describieron se puede afirmar que el
cargo de auxiliar administrativo de la planta de personal de la Secretaría de
Educación del municipio de Pereira tiene asignadas funciones o debe realizar
tareas similares y homologas a las exigidas a la señora Osorio Herrera en
ejecucion del objeto contractual.
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Demandante: Angélica María Osorio Herrera
2.4.1.3. Los estudios previos
En el expediente reposa copia de los estudios previos realizados para los
contratos de prestación de servicios 0636 de 2013; y 11100472 de 2014. Dichos
documentos son coincidentes al describir la necesidad de la contratación, el objeto
a contratar, justificación de la modalidad de contratación y selección y los plazos
de ejecución de cada encargo.
Así pues, la necesidad de la entidad surgió a partir del año 2013, por ello los
contratos de prestación de servicios celebrados, de manera continuada o
sucesiva, guardan entre sí rasgos inequívocos de identidad, similitud o
equivalencia, por lo que se puede concluir, en los términos de la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 que aquellos encargos forman parte de una
misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente, y
desbordaron el «término estrictamente indispensable» al que hace referencia el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Dicho de otra forma, el referido indicio evidencia que la relación contractual no
tuvo carácter temporal, sino permanente o con «ánimo de permanencia», en la
medida en que se desarrolló por más de 2 años, período en el cual la demandante
suplió la necesidad permanente de la administración municipal sobre el
funcionamiento asistencial y administrativo de las instituciones educativas
oficiales.
2.4.1.4 Remuneración
En el sub lite, queda acreditada la remuneración efectuada mensualmente por el
referido ente territorial a la demandante con los contratos de prestación de
servicios y las autorizaciones para pago de honorarios que reposan en el dosier,
documentos que constituyen prueba suficiente para probar la contraprestación
pactada por los servicios prestados.
38
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
En suma, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos esenciales
de una relación laboral (encubierta o subyacente) entre la parte demandante y la
entidad demandada.
2.4.2. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?
Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre la contratista y
la entidad pública, en tanto se ha descubierto la simulación del contrato de
prestación de servicios, corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en
algún momento.
Según la jurisprudencia del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, para
efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en cuenta los períodos
acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de servicios y
se aplica el término de 30 días hábiles para determinar la no solución de
continuidad.
2.4.2.1. Existencia de una relación laboral continuada
En el presente caso, y siguiendo el criterio acogido en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021, se concluye que no se presentó el referido fenómeno
prescriptivo, pues el vínculo contractual se desarrolló entre el 2 de febrero de
2013 y el 12 de junio de 2015 y sobre dicho lapso se advierte que la demandante
prestó sus servicios como secretaria en una continuada relación laboral, por
cuanto los interregnos entre cada contrato no fueron superiores a los 30 días
hábiles.
2.4.3. Respecto de los puntos de inconformidad planteados en el recurso de
apelación de la parte demandante, se tiene que, en primer término, pese a que la
mayoría de las interrupciones contractuales advertidas de la lectura de cada
encargo son, en principio, inferiores a 30 días hábiles, ello no implica el
39
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
reconocimiento y pago de prestaciones sobre los lapsos en donde se presentó la
interrupción, esto es, en los que no medió contrato de prestación de servicios.
Lo anterior por cuanto en el expediente no existen medios de prueba que
acrediten la efectiva vinculación con el municipio por esos lapsos, ya sea a través
de un contrato de prestación de servicios, en cuyo caso la prueba es solemne, o
por intermedio de otro tipo de vinculación.
En ese orden, advierte la Sala que el único medio probatorio con suficiente entidad
para acreditar la celebración del contrato de prestación de servicios personales es
el contrato, pues solo de la lectura de aquel se logran advertir los elementos que
lo constituyen tales como los objetos contractuales, la vigencia de los encargos,
las funciones encomendadas, los honorarios pactados como contraprestación del
servicio prestado, la temporalidad o continuidad del vínculo, la voluntad de las
partes, entre otros aspectos.
Dicha postura ha sido planteada además por la Sección Tercera de esta
corporación al indicar que no puede existir contrato estatal sin las solemnidades
respectivas, al afirmar lo siguiente:29
Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de
1993 los contratos estatales son solemnes puesto que su perfeccionamiento exige
la solemnidad del escrito, excepción hecha de ciertos eventos de urgencia
manifiesta en que el contrato se torna consensual ante la imposibilidad de cumplir
con la exigencia de la solemnidad del escrito (Ley 80 de 1993 artículo 41 inciso 4º).
En los demás casos de urgencia manifiesta, que no queden comprendidos en ésta
hipótesis, la solemnidad del escrito se sujeta a la regla general expuesta.
No se olvide que las normas que exigen solemnidades constitutivas son de orden
público e imperativas y por lo tanto inmodificables e inderogables por el querer de
sus destinatarios.
En consecuencia, sus destinatarios, es decir todos los que pretendan intervenir en la
celebración de un contrato estatal, tienen el deber de acatar la exigencia legal del
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia
del 19 de noviembre de 2012, exp. 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24897), M. P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
40
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
escrito para perfeccionar un negocio jurídico de esa estirpe sin que sea admisible la
ignorancia del precepto como excusa para su inobservancia.
Y si se invoca la buena fe para justificar la procedencia de la actio de in rem verso
en los casos en que se han ejecutado obras o prestado servicios al margen de una
relación contractual, como lo hace la tesis intermedia, tal justificación se derrumba
con sólo percatarse de que la buena fe que debe guiar y que debe campear en todo
el iter contractual, es decir antes, durante y después del contrato, es la buena fe
objetiva y no la subjetiva.
Así pues, no se puede perder de vista que el contrato estatal es solemne y escrito,
luego en caso de no mediar contrato con las solemnidades correspondientes y de
haberse prestado el servicio de forma personal, deberá iniciarse el medio de
control idóneo para declarar su existencia, o acudir a la declaración de alguna de
las figuras posibles, como la del funcionario de hecho o los hechos cumplidos,
según sea el caso, cuya discusión y objeto de debate difiere sustancialmente del
análisis que se realizó en este proceso sobre los vínculos contractuales
debidamente probados.
Así pues, en los casos en los que se pretenda declarar la existencia del contrato
estatal, el medio de control dispuesto para ello es el de controversias
contractuales, previsto en el artículo 141 del CPACA, en el cual, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 165 ibidem se podrán acumular las pretensiones que
considere pertinentes.
En suma, la decisión del a quo de reconocer la relación laboral encubierta o
subyacente, únicamente, por los períodos en los que se logró acreditar la
existencia del contrato estatal de prestación de servicios se encuentra ajustada a
derecho.
2.4.3.1. En segundo término, con relación a la pretensión de reconocimiento del
reajuste salarial entre lo que devengaba un trabajador de la planta de personal
de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira que desempeñara el cargo
de auxiliar administrativo, grado 8, código 407 y lo percibido por la demandante a
título de honorarios, se debe precisar lo siguiente:
41
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Aun cuando se ha establecido que la forma de restablecer el derecho en los
asuntos en los que se declara la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente comúnmente comportan el reconocimiento de las prestaciones
sociales que en forma habitual perciben los empleados de planta de la
administración liquidadas tomando como base los honorarios pactados en cada
contrato, en ocasiones, ante circunstancias particulares dicho restablecimiento
puede comportar, además, el reconocimiento y pago de la diferencia que surja
entre lo devengado por los empleados de planta de la entidad y los contratistas,
siempre y cuando, i) se hubiera solicitado expresamente tanto en la actuación
administrativa como en la actuación judicial, ii) el cargo exista en la planta de
personal, iii) se demuestre el cumplimiento homólogo de funciones y que el
contratista, en gracia de discusión, reunía los requisitos para ocupar el empleo al
momento de iniciar el vínculo contractual, y iv) que en efecto exista diferencia en
las remuneraciones.
Por consiguiente, en los casos en los que no se realiza la solicitud ni el despliegue
probatorio que soporte la pretensión de «homologación» o «diferencia salarial», lo
propio será tasar la liquidación de las prestaciones que se reconozcan con base
en los honorarios pactados en cada encargo; empero, de manera excepcional,
en aquellos asuntos en los que se tenga certeza respecto del cumplimiento de
iguales funciones y las demás situaciones enumeradas, será procedente acceder
a ese tipo de reconocimientos.
Ello es así, en atención a que la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-30 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización31, en el
«Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», el
30
Aprobada el 11 de abril de 1919.
31
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
42
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
cual consagra que el derecho al trabajo debe garantizar, «una remuneración que
asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna
y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo
igual, sin ninguna distinción».
En ese sentido, al revisar el asunto se tiene que la pretensión de reconocimiento
de la diferencia salarial también fue elevada ante la administración con el derecho
de petición del 18 de marzo de 2016, de la siguiente manera:
Reconocer y pagar la diferencia salarial de acuerdo al Decreto 284 del 14 de mayo
de 2007 correspondiente al cargo y grado del personal de planta.
Respecto del cargo cuya diferencia salarial se solicita (auxiliar administrativo,
grado 8, código 407), se observa que el referido empleo existe en el municipio
demandado de conformidad con el Plan Anual de Vacantes correspondiente a la
planta de personal administrativo de la Secretaría de Educación Municipal
financiado con recursos del sistema general de participaciones obrante en el
expediente.32 Del mismo modo, la demandante desempeñó funciones homólogas
a las del referido empleo tal como quedó sentado con suficiencia en párrafos
anteriores.
No obstante, los requisitos para ocupar el cargo de auxiliar administrativo, grado 8,
código 407, de conformidad con el Plan Anual de Vacantes de la entidad son:
«título de bachiller en cualquier modalidad y un (1) año y nueve (9) meses de
experiencia laboral».
Así pues, respecto de la acreditación de aquellos requisitos encuentra la Sala que
la señora Osorio Herrera no cumplía con la exigencia de la experiencia laboral
mínima para el momento en que se vinculó contractualmente con la
administración, ya que de las certificaciones aportadas al proceso se logra
acumular un tiempo de 1 año, 7 meses y 18 días, únicamente (un año al servicio
32 Folios 44 al 60.
43
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
de la empresa Servi Arepas y 7 meses y 18 días para Radiólogos Asociados
S.A.S.).
De suerte que se pueda afirmar que la demandante no hubiera podido ocupar el
empleo tantas veces mencionado para el 1° de febrero de 2013, fecha en la que
inició el vínculo contractual, por no reunir los requisitos mínimos de experiencia
mencionados, luego no podría equipararse con la persona que fue nombrada
como auxiliar administrativo, grado 8, código 407.
A partir del anterior hecho resulta evidente que, pese a que en apariencia la
accionante ostentaba las mismas características de quien ocupaba el cargo de
auxiliar administrativo, grado 8, código 407 en la Institución Educativa José
Antonio Galán, del análisis particular de su caso se advierte que no cumplía con
uno de los requisitos mínimos para acceder al empleo, luego no se puede concluir
válidamente que se igualara a este.
Así las cosas, no resulta procedente acceder a esa pretensión.
2.4.3.2. En tercer término, con relación al reconocimiento y pago de la
bonificación especial por recreación que depreca la actora, se tiene que dicha
prestación ha sido reconocida por el presidente de la República, en uso de las
facultades otorgadas en la Ley 4ª de 1992, al fijar las escalas de remuneración de
los empleos, que sean desempeñados por empleados públicos correspondientes a
los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades
Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos, Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta sometidas
al régimen de dichas empresas, del orden nacional y de las Direcciones
Generales de Bienestar Social y de Sanidad de la Policía Nacional.
En ese sentido, la referida prestación solo tiene alcance para los servidores
públicos del orden nacional, sin que pueda extenderse a aquellos adscritos al nivel
44
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
territorial. Por consiguiente, la decisión del a quo sobre este particular deberá
confirmarse.
Ahora, el subsidio de alimentación se encuentra previsto en el artículo 42 del
Decreto 1042 de 1978 como factor salarial. Desde la expedición de dicha norma
se sujetó el reconocimiento y pago del mencionado subsidio para aquellos
empleados que tuvieran una asignación básica determinada en la ley, que en
ningún caso ha superado la suma de dos salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Más exactamente, año a año, el presidente de la República, en desarrollo de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en la Ley 4ª de
1992, expide el decreto por el cual se fijan los límites máximos salariales de los
empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en
materia prestacional, entre estas, se define el monto del subsidio de alimentación
para ese año, y el tope de las asignaciones básicas mensuales para determinar
aquellos servidores que, en atención a su salario, se beneficiarán de tal
prerrogativa.
Teniendo en cuenta ello, la Sala encuentra que entre 2013 y 2015, período frente
al cual se reconocerán las prestaciones salariales a la demandante al haber sido
acreditada la relación laboral encubierta o subyacente, se expidieron los siguientes
decretos:
Año Decreto Monto de las asignaciones
básicas mensuales para
beneficiarse del subsidio de
alimentación
2013 1015 de 2013 1.295.383
2014 185 de 2014 1.333.468
2015 1096 de 2015 1.395.608
Contrastados los montos determinados en la tabla que antecede con el salario
establecido para el empleo de auxiliar administrativo, grado 8, código 407, se tiene
45
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
que a la demandante sí le asiste derecho a beneficiarse del subsidio de
alimentación, toda vez que la contraprestación no supera los referidos montos, a
saber:
Año Valor salario
2013 1.129.207
2014 1.163.083
2015 1.205.652
En suma, se modificará el numeral tercero de la decisión de instancia para
incluir el reconocimiento de estas prestaciones.
2.4.3.3. En cuarto lugar, sobre la decisión del Tribunal de no condenar en costas
al municipio de Pereira, se tiene que por mandato del artículo 188 del CPACA la
imposición de las costas obedece a un criterio objetivo, sin que para ello deba
evaluarse la conducta de las partes. De este modo, al juez le corresponde efectuar
una valoración objetiva-valorativa para comprobar que estas se causaron
conforme con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un
examen de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes.
En ese orden de ideas la decisión de condenar o no en costas a la parte vencida
del proceso corresponde a un análisis discrecional del fallador de instancia. En
efecto, en aplicación del criterio objetivo, en la sentencia debe haber una
disposición o decisión acerca de la condena en costas, bien sea imponiéndola o
absteniéndose de hacerlo; en este caso, el juez de instancia decidió no condenar
en costas a la parte vencida en el proceso.
Así las cosas, en virtud del criterio valorativo anotado era necesario que el juez
revisara si las costas se causaron o si era viable comprobar su causación, ello, de
acuerdo con la actividad que efectivamente se hubiera desplegado en ejercicio de
la defensa de los intereses de las partes, como en efecto ocurrió.
46
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Bajo los anteriores argumentos se concluye que la decisión de no condenar en
costas tomada por el Tribunal Administrativo de Risaralda no desatendió los
postulados del artículo 188 del CPACA, razón por la cual se encuentra ajustada a
derecho.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,33 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.
47
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en numeral 1° del
artículo 365 del Código General del Proceso,34 la Sala considera que es dable
condenar en costas de segunda instancia a la entidad demandada, toda vez que
resultó vencida en el proceso.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que la señora Angélica María Osorio Herrera, como
parte trabajadora de una relación laboral (encubierta o subyacente), le asiste el
derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales que depreca, incluido el
subsidio de alimentación. Así las cosas, se modificará la decisión de primera
instancia para plasmar las precisiones advertidas en las consideraciones. Con
condena en costas de la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- Adicionar un párrafo al numeral tercero de la sentencia del 18 de
octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del
proceso instaurado por la señora Angélica María Osorio Herrera en contra del
municipio de Pereira, Secretaría de Educación Municipal, para precisar lo
siguiente:
34«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
48
Radicado: 66001-23-33-000-2016-00748-01 (0864-2020)
Demandante: Angélica María Osorio Herrera
Asimismo, el municipio de Pereira deberá reconocer y pagar a la señora
Angélica María Osorio Herrera el valor que corresponda por concepto de
subsidio de alimentación dentro de la liquidación de prestaciones sociales
ordenada en este proceso, tal como se explicó en la parte considerativa de
esta providencia.
Segundo.- Confirmar en lo demás la decisión de instancia.
Tercero.- Condenar en costas de la segunda instancia al municipio de Pereira,
las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Avm
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
49
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