Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00769-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00769-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00769-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001 23 33 000 2016 00769 01 (5423-2018)
Demandante: Margarita Gaviria Santa
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías parciales
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
contra la sentencia proferida el 15 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo
de Risaralda, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y declaró parcialmente probada la excepción de prescripción.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Margarita Gaviria Santa, por conducto de
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en orden a que se declare la nulidad del acto administrativo 402 11752 del 15 de
junio de 2016, a través del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción
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Radicado: 66001 23 33 000 2016 00769 01 (5423-2018)
Demandante: Margarita Gaviria Santa
moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, a partir del momento
en que vencieron los 65 días hábiles siguientes a la radicación de la reclamación de
las cesantías parciales y hasta cuando se haga efectivo su pago.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) condenar a la entidad
demandada a pagar la sanción por la mora en la cancelación de sus cesantías
parciales, conforme a lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006; (ii) ordenar el
cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; y (iii)
disponer los ajustes de valor respecto de la condena al tenor de lo establecido en el
artículo 284 del Código General del Proceso; y (iv) condenar en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado a través
del artículo 3 de la Ley 91 de 1989, como una subcuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial y administrativa, sin personería jurídica, y, en dicha
norma, se le asignó la competencia de pagar las cesantías de los docentes de los
establecimientos educativos del sector oficial.
(ii) El 15 de mayo de 2012, la demandante, en su condición de docente, solicitó ante
la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, las
cuales se reconocieron a través de la Resolución 126 del 24 de junio de 2013, la
cual fue aclarada por medio de la Resolución 268 del 9 de septiembre de 2013 y el
pago tan solo se produjo el 11 de octubre de 2013, como consta en el reporte de
Fiduprevisora.
(iii) Al verificar las fechas de solicitud, reconocimiento de las cesantías parciales, se
advirtió que el término de 65 días para cancelarlas vencía el 22 de agosto de 2012,
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es decir, que transcurrió un lapso superior al previsto en la ley, para proceder al
pago; por tal razón, formuló solicitud encaminada a obtener la sanción moratoria, y,
en respuesta, se expidió el acto demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley
1071 de 2006; 10 de la ley 1437 de 2011 y 5 y la Ley 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante manifestó lo
siguiente:
(i) La autoridad encargada del pago de las cesantías a los docentes ha estado
desconociendo las normas que rigen lo relativo al pago oportuno de esa prestación.
(ii) Ante tales circunstancias se expidieron las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
que regularon lo concerniente al pago de las cesantías parciales y definitivas de los
empleados públicos y fijaron un término de 15 días contados a partir de la radicación
de la solicitud y 45 días siguientes, para proceder a su pago; sin embargo, la Nación
(Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio) ha desconocido dichos términos, circunstancia que acarrea la sanción
equivalente a un día de salario por cada día de retardo.
(iii) En su condición de docente, como su prestación fue reconocida con
posterioridad a la Ley 91 de 1989, le aplica la Ley 244 de 1995, modificada por la
Ley 1071 de 2006, que determinan los plazos para cancelar oportunamente las
cesantías y establecen una penalidad a cargo del empleador incumplido, en el
equivalente a un día de salario por cada día de retraso, hasta cuando se haga
efectivo el pago, disposiciones que sirven de soporte a las pretensiones deprecadas
en el sub lite.
1.2. Contestación de la demanda
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Demandante: Margarita Gaviria Santa
La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio) a través de su apoderada, contestó la demanda1 y se opuso la
prosperidad de sus pretensiones. En síntesis, expuso lo siguiente:
(i) De acuerdo con las competencias establecidas en el Decreto 2831 de 2005, el
pago de las prestaciones sociales de los docentes compete al Fondo, pero la
atención de la solicitud corresponde a las entidades territoriales certificadas. La
norma en mención creó un procedimiento especial para el reconocimiento de las
prestaciones de los docentes, en el que están definidas las etapas, términos y
demás formalidades para ese fin, lo que quiere decir que aquellos están excluidos
de la aplicación de las normas que rigen, de manera ordinaria, las cesantías, entre
ellas, las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996, 244 de 1995 y 1071 de 2006.
(ii) En lo que respecta a la indexación de los valores que resulten de la presunta
sanción, ello conllevaría una doble penalidad, que atenta contra el patrimonio
estatal, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional —se cita la Sentencia C-
488 de 1996— lo que conlleva la improcedencia del pago de indexación o intereses
sobre el valor adeudado por concepto de la pretensión principal de la demanda.
(iii) En razón de lo expuesto, deben prosperar las excepciones de falta de
integración del contradictorio con la entidad territorial a cargo del trámite de la
petición dirigida a reconocer las cesantías; ineptitud sustancial de la demanda por
falta de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia del demandado por falta
de relación del Ministerio con la expedición del acto de reconocimiento del derecho;
caducidad; prescripción; inaplicabilidad de la Ley 1071 de 2006 al personal docente;
detrimento patrimonial del Estado; cobro de lo no debido y buena fe.
1.3. La sentencia apelada
1 Folios 52 a 77.
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El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 15 de junio
de 2018,2 declaró la prescripción parcial de la sanción moratoria pretendida, anuló
el acto acusado y ordenó el reconocimiento y pago de tal penalidad por la tardanza
en el pago de las cesantías definitivas a favor de la demandante, por el lapso
comprendido entre el 15 de junio y el 10 de octubre de 2013, con sustento en lo
siguiente:
(i) Según lo probado en el expediente, es claro que la entidad demandada incurrió
en mora para el reconocimiento y pago de las cesantías a favor de la demandante,
pues, según la fecha de reclamación y los términos dispuestos por la ley, debió
pagar la prestación, a más tardar, el 22 de agosto de 2012 y solo lo hizo el 11 de
octubre de 2013, con lo cual incurrió en mora y la consecuente sanción.
(ii) No obstante, como se produjo la prescripción parcial de la sanción, atendiendo
la fecha de la reclamación en sede administrativa —14 de junio de 2016—, se debe
declarar probada la excepción extintiva, en forma parcial y reconocer la sanción,
únicamente, por el lapso comprendido entre el 15 de junio de 2013 y el 10 de octubre
de 2013.
(iii) Finalmente, se condena en costas a la parte demandada, pues con las
gestiones realizadas, en el curso del proceso, por el apoderado de la parte
demandante, están demostradas las agencias en derecho.
1.4. El recurso de apelación
La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio), por conducto de su apoderado, interpuso recurso de apelación,3 con
base en los argumentos que se enuncian a continuación:
(i) El Ministerio de Educación no está legitimado para actuar y responder por la
2 Folios 122 a 131.
3 Folios 136 a 139.
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condena, porque no interviene para la expedición del acto ni en el reconocimiento
de la prestación, en virtud del contrato de fiducia pública suscrito con la
Fiduprevisora S.A. para tal efecto y de las competencias atribuidas a las entidades
territoriales en el Decreto 2831 de 2005.
(ii) En todo caso, se reitera lo expuesto en la contestación de la demanda, en cuanto
los términos que consagran las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, son para el
pago y no penalizan el reconocimiento tardío de la prestación; además, tales
disposiciones no son aplicables a los docentes.
(iii) De acuerdo con lo señalado en la Ley 38 de 1989, que rige el presupuesto de
las sociedades de economía mixta, todos los gastos deben contar con la respectiva
apropiación presupuestal, normas que aplica en el caso de la Fiduciaria, de modo
que cualquier gasto que afecte su presupuesto, debe contar con la correspondiente
apropiación.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada guardaron silencio durante esta etapa
procesal.4
1.6. El Ministerio Público
La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó confirmar, en lo sustancial, la sentencia de primera instancia y revocar
lo relativo a la imposición de la condena en costas.5 Como sustento de su postura
expuso los siguientes argumentos:
(i) La Corte Constitucional ha proferido sentencias, entre ellas, la C-486 de 2016,
mediante la cual definió que los docentes sí son destinatarios de la Ley 1071 de
4 Folio 173.
5 Folios 164 a 172.
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2006 para la liquidación de sus cesantías parciales y definitivas. De igual manera,
el Consejo de Estado, a través de la Sentencia SUJ-012-S2 consideró que a los
docentes les son aplicables las previsiones de la Ley 244 de 1995 y sus normas
complementarias.
(ii) En consideración a lo anterior, los términos para reconocer y pagar las cesantías
son perentorios y la consecuencia de su incumplimiento es la sanción que, en el
caso bajo análisis, fue ordenada por el a quo; sin embargo, los periodos de sanción
que no se reclamaron en forma oportuna están afectados por el fenómeno de la
prescripción.
(iii) En lo que respecta a la condena en costas, como no se demostró que su actuar
hubiera sido temerario, dilatorio o precedido de mala fe, no era viable su imposición
y, por esa razón, se debe revocar lo pertinente.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer (i) si los docentes pueden ser beneficiarios de la
sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 ante la tardanza en el pago de
sus cesantías parciales y si dicho incumplimiento se puede excusar en una razón
de índole presupuestal; (ii) si la Nación (Ministerio de Educación—Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio) debe ser la destinataria de la condena; y
(iii) si el tribunal analizó la figura de la prescripción conforme a la normativa vigente.
2.2. Marco normativo
La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
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oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de
los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»6, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;7
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.
6 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
7 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías8, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo9. Además, en los artículos 6 y 7
ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida
del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de
intereses sobre las cesantías.
Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días
para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas
de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
8 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
9 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador10.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales11 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
10 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
11 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006, son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales12 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales son
aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al reconocimiento de sus
prestaciones, en los siguientes términos:
12 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen
a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.
En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [Resalta la
Sala].
La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».
2.3. Hechos probados
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Radicado: 66001 23 33 000 2016 00769 01 (5423-2018)
Demandante: Margarita Gaviria Santa
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
(i) El 15 de mayo de 2012,13 la demandante formuló solicitud orientada al
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, con el fin de comprar vivienda.
(ii) El 24 de junio de 2013,14 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Secretaría de Educación del departamento de Risaralda) expidió la
Resolución 126 a través de la cual reconoció las cesantías parciales a favor de la
señora Margarita Gaviria Santa, con destino a compra de vivienda. Dicho acto se
notificó personalmente a la destinataria el 25 de junio siguiente.
(iii) El 9 de septiembre de 2013,15 la aludida autoridad expidió la Resolución 0268,
por la cual aclaró la decisión anterior, en el sentido de precisar el nombre del
beneficiario del valor reconocido por concepto de la prestación.
(iv) El 18 de abril de 2018,16 los profesionales universitarios de la dependencia del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Risaralda (Secretaría de Educación
departamental) expidieron constancia en torno a la fecha en que se pusieron a
disposición de la demandante los recursos que corresponden a sus cesantías
parciales, así:
Una vez recibida información y comunicación directa por parte de la entidad
administradora de los recursos del personal docente Fiduciaria La Previsora S.A.
Dirección de Prestaciones Económicas-Pagos Prestacionales Personal Docente en
la ciudad de Bogotá D.C., entidad competente de llevar a cabo el registro de
información de programación de pagos prestacionales y los Titulares de los Derechos
Prestacionales- Beneficiarios Legítimos, se interpretó que las Cesantías Parciales
para Compra de Vivienda Solicitadas y radicadas por la Señora MARGARITA GAVIRIA
SANTA […] le fueron reconocidas y pagadas en la entidad bancaria respectiva,
mediante Resolución 142 de fecha 320 de Enero de 2008, pagadas el día 13 de Mayo
de 2008; mediante Resolución No. 126 de fecha 24 de Junio de 2013, pagadas el
día 11 de Octubre de 2013; y mediante Resolución No. 275 de fecha 28 de Marzo
de 2017, pagadas el día 24 de Mayo de 2017.
13 Según las consideraciones de la resolución que obra en folio 3.
14 Folios 3 a 6.
15 Folios 8 y 9.
16 Folio 113.
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(iv) El 14 de junio de 2016,17 la demandante, por intermedio de apoderado, solicitó
ante la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio) el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno de
sus cesantías parciales.
(v) El 15 de junio de 2016,18 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Secretaría de Educación del departamento del Huila) expidió el Oficio
000402-11752, mediante el cual negó el reconocimiento de la sanción moratoria por
el pago inoportuno de las cesantías parciales, acto que fue notificado a la
demandante, el 16 de junio siguiente.19
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.4.1. Alcance de la apelación. Competencia del juez de segunda instancia
para pronunciarse sobre la excepción de prescripción
El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, señala que, en los aspectos no
contemplados en ella, se debe hacer remisión a lo previsto en el ordenamiento
procesal civil, en cuanto sea compatible con las actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
La Sala, con base en tal remisión, en decisiones previas,20 se sujetó, en materia de
competencia del superior, a lo previsto en los artículos 320 y 328 del Código General
del Proceso, y, en ese orden, se circunscribió a analizar «los reparos concretos
formulados por el apelante».
No obstante lo anterior, en esta ocasión, replantea su postura, para realizar una
interpretación armónica, entre lo señalado en las dos disposiciones mencionadas, y
17 Folios 11 y 12.
18 Folios 13 y 14.
19 Folio 15.
20
Números internos: 5831-18 y 3717-18, entre otros.
14
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lo dispuesto en el artículo 187, inciso 2.º de la Ley 1437 de 2011 que permite al juez
de segunda instancia «estudi[ar] y decid[ir] todas las excepciones propuestas o no,
sin perjuicio de la no reformatio in pejus».
Tal cambio obedece al análisis de la intención del legislador,21 con tal previsión, que
consistió en otorgar al juez de segunda instancia la facultad de decidir sobre dichos
medios exceptivos, en la medida en que se corresponde con el «deber y la facultad
oficiosa que en esta materia otorga[ba] al juez administrativo los incisos 2.° y 4.° del
artículo 164 del [Decreto 01 de 1984]».
De otro lado, el estudio gramatical de la norma, en particular, de la expresión «sin
perjuicio de»22 sugiere no ir en detrimento del principio de la non reformatio in pejus,
lo que se traduce en que el estudio de las excepciones, propuestas o no, debe
garantizar que «el superior que conoce de una decisión judicial por apelación, tiene
limitada su actividad de manera tal que lo resuelto por el inferior en beneficio del
recurrente debe permanecer incólume»,23 y, en tal medida, se «impone al juez el
deber de abstenerse de agravar la situación definida en la sentencia [de] primera
21
De acuerdo con el «INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 315 DE 2010
CÁMARA DE REPRESENTANTES, 198 DE 2009 SENADO por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo» rendido el 23 de noviembre de 2010, en los
siguientes términos: «Por ello, a continuación, se presenta el pliego de modificaciones, con la
explicación previa de los cambios que se proponen al articulado aprobado en el primer debate en la
Comisión Primera de la Cámara así:
[…]
El artículo 187, sobre el contenido de la sentencia, se adiciona para preceptuar que en la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y cualquiera otra que el fallador
encuentre probada, sin que el silencio del inferior impida que el superior estudie y decida
todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus,
disposición que corresponde al deber y la facultad oficiosa que en esta materia otorga al juez
administrativo los incisos 2.° y 4.° del artículo 164 del actual Código Contencioso
Administrativo. […]» [Se destaca]
22
La locución prepositiva «sin perjuicio de» significa: 1. «sin excluir la posibilidad de». Diccionario
Fraseológico Documentado del Español Actual, Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos.
Segunda edición. JdeJ Editores. Página 644. 2. «Expresión concesiva de sentido semejante a
aunque». Maria Moliner. Cuarta edición. Editorial Gredos 2016. Página 1973. 3. «Sin ir en detrimento
o en contra de». El gran diccionario de uso del español actual. Director: Aquilino Sánchez. Madrid.
Sociedad General Española de Librería. 2001. Página 1592.
23
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC12024-2015, radicación 73001
31 03 003 2009 00387 01, M. P. Margarita Cabello Blanco.
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instancia».24
En este orden de ideas, la interpretación histórica, gramatical, teleológica y
sistemática que precede conlleva que, en adelante, el estudio de la excepción de
prescripción procede, de manera oficiosa, en tanto que se encuentre probada y que
la decisión sobre ella no vaya en detrimento del derecho concedido, en primera
instancia, al apelante único y, en ese marco, se analizará esta controversia.
Ahora bien, en casos como el presente, en que la apelación se propuso tan solo por
la entidad demandada, es viable analizar el fenómeno prescriptivo en forma
oficiosa, teniendo en consideración que el principio de la non reformatio in pejus,
solo está garantizado para proteger el derecho del apelante único y, precisamente,
el estudio de dicho fenómeno iría en provecho de la parte que formuló el recurso.
En ese escenario se analizará el sub lite.
2.4.2. Estudio de fondo del recurso
En primer lugar, se precisa que la demandante solicita el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria producto de la tardanza en que incurrió la administración en
reconocer y pagar sus cesantías parciales, al tenor de lo dispuesto en la Ley 1071
de 2006, de manera que el primer tema a abordar consiste en determinar si, en su
condición de docente, es beneficiaria de la aludida ley, ante la mora en el pago de
su prestación.
De acuerdo con las normas citadas en el acápite «marco normativo» de esta
providencia, se debe concluir que los docentes sí están cobijados por las
disposiciones de liquidación parcial y definitiva de las cesantías consagradas en
la Ley 1071 de 2006; así lo definió la Corte Constitucional,25 en sentencia que se
transcribe a continuación:
24
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de octubre de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2010-
01284-00 (REV).
25 Corte Constitucional, sentencia C-486/16 M.P. María Victoria Calle Correa.
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En la sentencia C-741 de 201226 la Corporación precisó que aunque los docentes
oficiales no hacen parte de la categoría de servidores públicos, su situación se asimila
a la de estos últimos, pues el estatuto docente (artículo 2º) los define como
‘empleados oficiales de régimen especial’, al tiempo que la Ley General de Educación
(artículo 2º 105, parágrafo 2º, de la Ley 115 de 1994) los denomina servidores
públicos de régimen especial. También se explicó que los docentes oficiales podrían
considerarse empleados públicos, por hacer parte de la Rama Ejecutiva y porque su
misión se cumple dentro de las secretarías de educación territoriales.
[…]
En este orden de ideas, corresponde al FOMAG reconocer y pagar las prestaciones
sociales y la asistencia en salud. En lo que tiene que ver con el pago de las cesantías,
debe aclararse que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, exceptuó de la aplicación
del Sistema Integral de Seguridad Social a los miembros de las Fuerzas Públicas y
de la Policía Nacional, al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, con excepción
de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la Ley 91 de 1989, a los miembros
de las comisiones públicas y a los “afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio”.
En consecuencia, los docentes oficiales se encuentran exceptuados de la aplicación
de la Ley 100 de 1993 y del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, que modificó el Código
Sustantivo del Trabajo y estableció un nuevo régimen para el pago de cesantías.
Al respecto, la Ley 244 de 1995 fijó los términos para el pago oportuno de las
cesantías de los servidores públicos, en esa dirección, estableció que la entidad
responsable cuenta con quince (15) días hábiles para resolver la solicitud de
reconocimiento y pago de cesantías; y un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles
para realizar el pago, contados desde que la resolución de reconocimiento quede en
firme. Estos términos deben contarse de conformidad con el artículo 76 del CPACA,
donde se indica que contra la resolución que concede o niega el beneficio, se cuenta
con un término de diez días para la presentación de los recursos de ley.
En otros términos, cuando el artículo 19 (sic) de la ley 91 de 1989 establece que el
pago de cesantías de los docentes oficiales estará regulado por la normatividad
vigente, debe aplicarse lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, sobre el pago de cesantías definitivas o parciales a los servidores
públicos.
[…]
En conclusión, de acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, los docentes oficiales
han sido considerados como servidores públicos con características especiales. En
lo que hace al pago de las cesantías y la mora en el cumplimiento de esta obligación,
es aplicable la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 4º que establece el término
máximo de quince (15) días para proferir la resolución de la solicitud y el artículo 5º,
según el cual la entidad pagadora cuenta con un plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días hábiles para el pago. El interés de mora en esta normativa equivale a “…un
día de salario por cada de retardo hasta que se haga efectivo el pago”.
26 Cita propia del texto transcrito: MP. Nilson Pinilla Pinilla. SV. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Tal planteamiento fue materia de unificación por el máximo tribunal constitucional,27
y al respecto resaltó:
Bajo ese entendido, la aplicación de este régimen a los docentes estatales se adecúa
a los postulados constitucionales, por las siguientes razones:
(i) El pago oportuno de las cesantías garantiza el reconocimiento efectivo de los
derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la finalidad constitucional por
la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio de integralidad. De igual
forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados internacionales
sobre la materia ratificados por Colombia.
(ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la Ley 1071 de 2006
se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos
y servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que
prestan servicios públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del
Estado no solo a nivel nacional sino territorial.
(iii) Al igual que los demás servidores públicos, los docentes oficiales en calidad
de trabajadores tienen derecho a que se les reconozcan pronta y
oportunamente sus prestaciones sociales, por lo que proceder en contrario
significaría desconocer injustificadamente el derecho a la igualdad, respecto de
quienes sí les fue reconocida la sanción por la mora en el pago de las cesantías.
(iii) Existen importantes semejanzas entre las características usualmente atribuidas a
la figura de los empleados públicos y las que son propias del trabajo de los docentes
oficiales, a saber: pertenecen a la rama ejecutiva, cumplen dentro de ella una tarea
típicamente misional respecto de la función que compete a las secretarías de
educación de las entidades territoriales y, en su momento, al Ministerio de Educación
Nacional, se encuentran sujetos a un régimen de carrera y su vinculación se produce
por efecto de un nombramiento.
(iv) En tanto los docentes oficiales no han sido ni podrían ser ubicados como parte de
ninguna de las otras especies de servidores públicos, han de ser considerados como
empleados públicos.
(v) El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de la aplicación del Sistema Integral
de Seguridad Social a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Adicionalmente, esta Corporación,28 en sentencia de unificación definió que a los
docentes oficiales sí les son aplicables, en materia de sanción moratoria, las
previsiones de la Ley 244 de 1995 y disposiciones complementarias. Así discurrió:
27 Corte Constitucional, sentencia SU 336/17, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, radicación
73001-23-33-000-2014-00580-01, número interno 4961-15.
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3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley
244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el
pago tardío de sus cesantías.
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las
cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii)
10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. (Resalta la Sala).
[…]
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que
lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto.
3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el
salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en
la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de
las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por
la prolongación en el tiempo.
3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la
sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA.
De manera que, aplicando el precedente de unificación jurisprudencial anotado, se
debe concluir que la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006 sí puede concederse a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, en caso de demostrarse que se incurrió en
mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas y el conteo de términos
para efecto del reconocimiento se rige por las reglas fijadas en el precedente
aludido, sin que sea dable excusarse en razones de orden presupuestal, para
abstenerse del cumplimiento de un término definido por el legislador, en el cual se
deben hacer las gestiones correspondientes para lograr el pago oportuno.
Precisado lo anterior, el segundo problema jurídico a resolver consiste en definir lo
relativo a la autoridad responsable del pago de la indemnización por mora en la
consignación de las cesantías a los docentes, comoquiera que la Nación (Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), en su
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recurso, consideró que no le asiste tal obligación. Sobre esa materia, esta
Subsección29 ha sostenido:
Mediante la Ley 91 de 1989 en su artículo 3.º, se creó el FNPSM como una cuenta
especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, que si
bien es cierto no tiene personería jurídica, está adscrita al Ministerio de Educación
Nacional, cuya finalidad entre otras, es el pago de las prestaciones sociales de los
docentes afiliados a dicho fondo (artículos 4 y 5).
A su vez, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, norma aplicable para el momento en
que se adelantó la actuación administrativa en el sub-lite y para el presente asunto en
sede judicial, señalaba que las prestaciones sociales de los docentes oficiales serían
reconocidas y pagadas por el FNPSM, mediante la aprobación del proyecto de
resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual en todo caso debe ser
elaborado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada
correspondiente a la que se encuentre vinculado el docente, sin despojar al FNPSM
de la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales de los docentes
oficiales.
Si bien el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 fue derogado por el artículo 336 de la Ley
1955 de 2019 del 25 de mayo de 201930 y ésta última reguló el tema en su artículo
57, dicha disposición no rige el asunto objeto de estudio porque la petición de
reconocimiento de cesantías se radicó el 18 de julio de 2013 y la sanción moratoria
se causó del 30 de octubre de 2013 al 9 de julio de 2015, es decir, con anterioridad a
la expedición de la mencionada ley.
En conclusión, en el sub examine, será el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio quien debe responder por el reconocimiento de la sanción moratoria
causada a favor del aquí demandante porque las normas vigentes y aplicables al
asunto consagran la responsabilidad a cargo de dicho fondo.
El anterior criterio sirve de soporte para concluir que, en el asunto de la referencia,
al tratarse de un reconocimiento de sanción moratoria causada con anterioridad a
la Ley 1955 de 2019,31 «[p]or [la] cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2019,
radicación: 68001-23-33-000-2016-00406-01, número interno: 1728-2018, M.P. William Hernández
Gómez.
30 Cita propia del texto transcrito: «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022».
31 Se precisa que el parágrafo de su artículo 57 radica la responsabilidad del pago de la sanción
moratoria tanto en el ente territorial como en el FNPSM, de acuerdo a la autoridad que hubiera
incurrido en tardanza de la gestión de las cesantías de los docentes, según sus competencias, así:
«PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago
de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.». [Se
resalta]
20
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2018-2022» la obligación de asumir la condena reside en la Nación (Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), tal como lo
consideró el a quo, en cuanto la Ley 91 de 1989, en su artículo 3.º, creó el aludido
fondo, y le atribuyó la responsabilidad de reconocer y pagar las prestaciones
sociales a los docentes, y si bien es cierto su creación fue como una cuenta especial
de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, también lo es
que se encuentra adscrito al Ministerio de Educación Nacional y es este quien ejerce
su representación judicial, toda vez que no cuenta con personería jurídica.
Adicional a ello, el periodo durante el cual se ordenó la sanción moratoria en esta
litis —del 15 de junio al 10 de octubre de 2013—32 fue anterior a la expedición y
entrada en vigencia de la Ley 1955 de 201933 «[p]or [la] cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022» y solo a partir de esta se atribuye la
responsabilidad de pago de la sanción moratoria con cargo a las entidades
territoriales intervinientes en el trámite del reconocimiento de las cesantías a los
docentes, razones suficientes para considerar que no es procedente el
planteamiento de la autoridad demandada, para revocar la sentencia de primera
instancia.
Finalmente, debe verificarse si el análisis realizado por el a quo, en torno a la figura
prescriptiva, atendió las normas aplicables sobre la materia, en particular, lo previsto
32 Según lo ordenado por el a quo en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia. No obstante, se precisa que en dicha providencia se aclaró que la mora empezó
a correr desde el 23 de agosto de 2012, pero se declaró parcialmente prescrito el derecho respecto
de la penalidad causada entre dicha fecha y el 14 de junio de 2013, como se determinó en el numeral
primera de la parte resolutiva de dicha providencia (folio 130 vto.).
33 Se precisa que el parágrafo de su artículo 57 radica la responsabilidad del pago de la sanción
moratoria tanto en el ente territorial como en el FNPSM, de acuerdo a la autoridad que hubiera
incurrido en tardanza de la gestión de las cesantías de los docentes, según sus competencias, así:
«PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el
pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación territorial al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías.». [Se
resalta]
21
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en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo,34 según el cual «[l]as acciones
que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible». En ese sentido, para el
caso concreto, se tiene que la petición en sede administrativa encaminada a obtener
el reconocimiento de las cesantías parciales, se radicó el 15 de mayo de 2012,35 de
modo que los 15 días con que la administración contaba para expedir el acto
administrativo pertinente, vencían el 6 de junio de 2012, lo que conlleva afirmar que
la Resolución 126 del 24 de junio de 2013,36 notificada el 25 de ese mes y año, a
través de la cual se reconoció la prestación parcial a favor de la demandante, fue
expedida en forma extemporánea.
En esas condiciones, de haberse expedido oportunamente el acto, esto es, el 6 de
junio de 2012, su ejecutoria se hubiera producido a los 5 días siguientes,37 es decir,
el 14 de junio de 2012; por lo tanto, los 45 días para el pago oportuno vencían el 23
de agosto de 2012;38 no obstante, este tan solo se produjo el 11 de octubre de 2013,
lo que corrobora la extemporaneidad en el pago. De manera que la entidad
demandada incurrió en mora, entre el 24 de agosto de 201239 y el 10 de octubre de
2013.40
34 Que es la norma que rige la prescripción de la sanción moratoria, tal como se determinó en la
Sentencia de Unificación CE- SUJ 2 - 004 – 16 del 25 de agosto de 2015, M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero, en la que se fijó la siguiente regla: «2.- La sanción o indemnización moratoria sí está
sometida al fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151
del Código de Procedimiento Laboral».
35 Según las consideraciones de la resolución que obra en folio 3.
36 Folios 3 a 6.
37 Teniendo en cuenta que dichos términos transcurrieron en vigencia del Decreto 01 de 1984, pues
la Ley 1437 de 2011 entró a regir hasta el 2 de julio de 2012, es decir, en una fecha posterior a
aquella en que debió expedirse el acto de reconocimiento de las cesantías.
38 Se precisa que en la sentencia de primera instancia se determinó que el plazo para el pago
oportuno de las cesantías venció el 22 de agosto de 2012; sin embargo, la Sala difiere del análisis
que se hizo al respecto, pues los 15 días para la expedición del acto comprendieron los siguientes:
16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de mayo, y 1, 4, 5 y 6 de junio; los 5 días de ejecutoria —
en el evento de que el acto se hubiera expedido oportunamente— corrieron entre el 7 y 14 de junio
—hubo 1 día festivo, el 11 de junio— y los 45 días para realizar el pago, transcurrieron entre el 15
de junio y el 23 de agosto; de manera que la mora habría empezado a generarse desde el día
siguiente, es decir, el 24 de agosto de 2012.
39 Día siguiente al vencimiento de los 45 días de que se disponía para realizar el pago, contados en
el escenario de la expedición oportuna del acto de reconocimiento.
40 Día anterior a aquel en que se puso a disposición de la demandante el monto reconocido por
concepto de su prestación parcial.
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Radicado: 66001 23 33 000 2016 00769 01 (5423-2018)
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con la reclamación en sede administrativa
dirigida a obtener la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías
parciales, se observa que esta se radicó el 14 de junio de 2016,41 ante la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio),
lo que quiere decir que la petición se formuló cuando se habían excedido los 3 años
desde que la obligación se hizo exigible y ello conlleva la configuración de la
prescripción extintiva de la sanción moratoria.
En efecto, y tal como se enunció con antelación, la mora empezó a causarse desde
el 24 de agosto de 2012; por lo tanto, a partir de ese momento se hizo exigible y, en
tales condiciones, debía reclamarse ante la administración, a más tardar, el 24 de
agosto de 2015; sin embargo, la petición en la que se exigió su reconocimiento se
radicó el 14 de junio de 2016, cuando se habían vencido los términos de que
disponía la demandante para reclamar dicha penalidad.
Valga aclarar que la anterior interpretación obedece a la aplicación de las reglas
fijadas en las Sentencias de Unificación CE- SUJ 2 - 004 – 16 del 25 de agosto de
2016 y CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, última en la que se determinó
lo siguiente:
El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su
causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por
ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años
siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. [Resalta la Sala]
De manera que en las providencias de unificación antes citadas, en otras
providencias emanadas de la Sección Segunda de esta Corporación, se le ha dado
el alcance transcrito al término prescriptivo de que trata el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo, y se ha concluido que el conteo de los 3 años para su
configuración surge desde el vencimiento de los precisos términos con que el
empleador cuenta para expedir el acto de reconocimiento y el posterior pago de la
41 Folios 11 y 12.
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Radicado: 66001 23 33 000 2016 00769 01 (5423-2018)
Demandante: Margarita Gaviria Santa
prestación y vence al momento en que se cumplen los 3 años subsiguientes, so
pena de la configuración del fenómeno extintivo.
Así las cosas, en el sub lite procede revocar la sentencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarar
probada, de oficio, la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria.
2.5. Condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,42 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio objetivo
valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise si ellas se
causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional realizada
dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la temeridad de las
partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en los numerales 1 y
8 del artículo 365 del Código General del Proceso,43 la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia, pues la interpretación en torno al
fenómeno extintivo fue producto de sentencias de unificación dictadas en el curso
del proceso, además, las partes no actuaron en esta instancia.44
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que (i) los docentes sí son beneficiarios de la Ley 1071
de 2006, para efecto del reconocimiento de la sanción moratoria ante el
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
43 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
44
No presentaron alegatos de conclusión, como consta en el informe secretarial visible en folio 173.
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Demandante: Margarita Gaviria Santa
incumplimiento en el plazo para el pago de las cesantías parciales; (ii) la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
sí sería la entidad legitimada para responder por la condena impuesta por el a quo
en lo que respecta a la sanción moratoria ordenada a favor de la señora Margarita
Gaviria Santa; (iii) no obstante lo anterior, se configuró la prescripción extintiva de
la sanción moratoria porque no se reclamó su reconocimiento dentro de los 3 años
siguientes a su exigibilidad y ello conlleva declarar probada, en forma oficiosa, la
excepción; y (iv) no es viable condenar en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 15 de junio de 2018, por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual se declaró la nulidad del acto acusado,
la prescripción parcial de la penalidad reclamada y se ordenó el reconocimiento y
pago parcial de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías
parciales en la demanda formulada por Margarita Gaviria Santa contra la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio),
según lo expuesto en las consideraciones que anteceden. En su lugar, se dispone:
Declarar probada, de oficio, la excepción de prescripción extintiva de la sanción
moratoria, conforme a lo manifestado en la parte motiva de este proveído.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, según lo
expuesto con antelación.
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Tercero. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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