República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2016-00817-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho.
Radicación: 66001 2333 000 201 6 00817 01 (2040-2020)
Demandante : José Robinson Miranda Osorio
Demandado: Municipio de Pereira
Tema: Relación laboral subyacente o encubierta.
Vigilante centros educativos. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
y el Min isterio Pú blico, contra la se ntencia del 18 de octubre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda .
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 1
El señor JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO , a través d e
apoderad o, formuló demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 1 38
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo contra el Municipio de Pereira, en procura de obtener
el reconocimiento de las siguientes declaraciones y condenas:
1 Fs 108 del expediente
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO
1.1. Pretensiones
La nulidad del acto administrativo 25919 del 1 de julio de 2016
expedido por la secretaría de Educación del Municipio de Pereira ,
que le negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral
y el consecuente pago de los derechos laborales generados en
virtud de los servicios prestados .
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se (i) decla re
la existencia de una relación laboral entre las partes, sin solución
de continuidad por el período comprendido entre 12 de febrero de
2007 al 15 de febrero de 2016 2 y (ii) ordene el reconocimiento de
prestaciones sociales .
1.2. Fundamentos fácticos
El señor JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO relató que suscribió
contrato s de prestación de servicios por los interregnos
comprendidos entre el 12 de febrero de 2007 hasta el 1 5 de febrero
de 2016 3 en una institución educativa del Municipio de Pereira como
vigilante /conserje.
Cumplió las funciones inherentes a un vigilante: celaduría,
custodiar y cu idar las zonas de las diferentes inst ituciones,
controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos de
los planteles educativos, así como las demás que le asig naran los
rectores o directores, quienes fungían como sus jefes inmediatos.
Ejecutó sus labores en turnos de doce horas diarias en jornadas de
trabajo alternadas, una semana en rondas comprendidas entre las
2 Desdeya se aclara que los contratos de prestación de servicios aportados al
expediente dan cuenta que la vinculación fue hasta el 27 de noviembre de
2015.
3 Se precisa que los contratos de prestación de servicios aportados al
expediente dan cuenta que la vinculación fue hasta el 27 de noviembre de
2015.
2
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Demandante: JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO
6:00 am y las 6:00 pm y la siguiente entre las 6 :00 pm y las 6:00
am, incluidos dominicales y festivos. En el mes trabajaba dos
semanas de día y dos semanas de noche, de lunes a domingo y
tenía solo un día de descanso .
El 15 de junio de 2016 4, solicitó a la entidad demandada el
reconocimiento y pago de todos los derechos, prestaciones e
indemnizaciones de ley; sin embargo, mediante Oficio No. 25919
del 1 de julio de 2016 5, el secretario de Educación del Municipio
de Pereira negó la reclamación con fundam ento en la inexistencia
de una relación laboral.
1.3. Disposiciones violadas y concepto de violación
El demandante invocó como normas violadas los a rtículos 1, 2, 4,
25, 48, 53 y 209 de la Constitución Política ; los Decre to s 3135 de
1968, 3148 de 1968 y 1045 de 1978 ; y la Ley 6 de 1945 y demás
normas concordantes.
Al exponer el concepto de violación aseveró que la entidad
accionada desconoc ió la reiterada jurisprudencia d e la Corte
Constitucional 6 y de esta Corporación 7 y con ello la primacía de la
realidad sobre las formas, pues desdibujó una verdadera relación
laboral al pactar, mediante órdenes de prestación de servicios, la
ejecución permanente de funciones propias de un empleado de
planta.
4 Folio 91
5 Folio 95
6 Sentencia C-154 de 1997.
7 Sentencias de 25 de enero de 2001, expediente 1654 -2000, y 18 de noviembre
de 2009, expediente J0039, ambas del C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda; 7 de
septiembre de 2006, expediente 05001 -23-31-000-2000-04732-01 (7979-05),
C. P. Alberto Arango Mantilla; 16 de octubre de 2008, expediente 4085, C. P.
Alfonso Vargas Rincón; y 19 de febrero de 2009, expediente 73001 -23-31-000-
2000-03449-01 (3074-05), C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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Demandante: JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO
1.4. Contestación de la demanda
El municipio de Pereira 8 se opuso a las pretensio nes de la
demanda con sustento en las siguientes razones de defensa :
Sostuvo que, entre el demandante y ese ente territorial , existieron
unos contratos de prestación de servicios para ejecutar labores de
vigilancia en la institución educativa que se le asignara , en los
cuales, no hubo subordinación ni continuidad, en el entendido de
que siempre concurrió interrupción entre estos. Tampoco se le pagó
un salario sino los honorarios corresp ondientes al contrato y no tuvo
jefes inmed iatos, se realizaron intervenciones y coordinaciones por
los rectores para verificar el cump limiento de las obligaciones
contraídas.
Formuló como excepciones las de (i) inexistencia de causa para
demandar y cobro de lo no debido, toda vez que no se adeuda
ninguna acreencia que tenga como causa un vínculo laboral y (ii)
prescripción de las prestaciones reclamadas, porque transcurrie ron
más de tres años desde la suscripción de los contratos hasta la
reclamación en sede administrativa.
1.5. Audiencia inicial
El 22 de mayo de 2018 , el Tribunal Administrativo d e Risaralda
celebró audiencia inicial 9 en la que se declaró saneado el proceso
y delimitó el litigio , en los siguientes términos :
«[ …] si en vir t ud de los cont r at os u órdenes de pr est aciones de
ser vicios celebr ad o s ent r e el m unicipi o de Per eir a y el señor
Robins on M ir anda O sor io, subyace una r elaci ón la bor al qu e l o haga
acr eedor al pag o de pr est aciones soc ial es y dem ás em olum ent os
que con st it uyan f act or salar ial, de acuer do con la labor que
desem peñaba . »
8F o l i o 136
9 Folios 162
4
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Demandante: JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO
1.6. Sentencia de primera instancia 10
El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió fallo el 18 de
octubre de 201 9, en el cual declaró la nulidad del oficio demandado
y ordenó al municipio de Pereira a reconocer al demandante las
prestaciones sociales de orden legal a las cuales tiene derecho
tomando como base los honorarios contractuales derivados de las
órdenes de prestación de servicios correspondientes al período
comprendido entre el 12 de febrero de 2007 y el 27 de noviembre
de 2015, con excepción de los periodo s comprendidos entre el 18
de enero y el 13 de octubre de 2010, del 14 de octubre al 3 de
diciembre de 2010, del 24 de enero al 16 de julio de 2011 y del 25
de julio al 31 de julio de 2011, en los que el demandante estuvo
vinculado como trabajador en misión a través de la empresa
SERVITEMPORALES.
De igual manera condenó al ente territorial a pagar las cotizaciones
correspondientes a pensión y salud durante el lapso referido y le
ordenó tener en cuenta todo el tiempo laborado por el señor JOSÉ
ROBINSON MIRANDA OSORIO en el municipio de Pereira bajo la
modalidad de contratista, para efectos pensionales , y negó las
demás pretensiones de la demanda.
En cuanto a la indemnización por sanción moratoria, manifestó que
la obligación de pago surge con este proveído a través del cual se
efectuará el reconocimiento de la relación laboral existe nte entre el
demandante y el en te territorial, motivo por el cual, a partir de su
ejecutoria empiezan a correr los términos para reclamar los
derechos que esta genera.
Así mismo, ordenó pagar al demandante los porcentajes de
cotización corresp ondientes a pensión y salud que debió tras ladar
Fs. 216 a 240 del expediente
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Demandante: JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO
a los Fondos respectivos, durante el período acreditado en que
prestó sus servicios.
Adicionalmente ordenó al municipio el pago compensatorio en
dinero al demandante de las dotaciones de vestido y calzado de
labor causados entre el 12 de febrero de 2007 al 27 de noviembre
de 2015.
Como fundamento de la decisión, aseguró que de los contratos de
prestación aportados al expediente quedó demostrado que el
demandante laboró como vigilante en los establecimientos
educativos del municipio de Per eira en los lapsos relacionados
anteriormente .
Así mismo , cumplió con sus labores de acuerdo a los contratos de
prestación de servicios celebrados, a cató turnos de 6:00 AM a 6:00
PM y a la siguiente semana de 6:00 PM a 6:00 AM, bajo la directriz
del rector del p lantel asignado, quien a su vez tenía la calidad de
autoridad encargada de impartir órdenes y funciones que el antes
nombrado debía atender.
Por otra parte, sostuvo que de la naturaleza misma del empleo
desempeñado por el actor se prueba la subordinación, puesto que
no se puede predicar algún grado de autonomía de las funciones de
vigilancia, en el entendido que este servicio debe ser continuo y
permanente a fin de mantener la seguridad tanto de quienes ocupan
los colegios, como de los bienes muebles e inmuebles que los
integran, lo cual asegura la eficiencia y calidad de la pre stación del
servicio educativo 11.
En ese orden de ideas, resaltó que las actividades del demandante
11Al respecto citó las sentencias del 3 de mayo de 2007 y del 2 de mayo de
2013, proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en los
expedientes radicados 4583-2004 y 2027-2012, respectivamente, en las que
se reconoció la labor de vigilancia de naturaleza permanente y subordinada.
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obedecían al cumplimiento de las órdenes impartidas por el director
del centro educativo en el que laboró, de tal manera que «en el
presente caso existió una verdadera relación laboral duran te el
tiempo de vigencia de los contratos u órdenes de prestación de
servicios en la que concurría n como elementos esenciales la
prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración
como contraprestación del servicio de conserje o vigila nte ».
Puntualizó q ue no operó la figura de la prescripción .
Finalmente, no condenó en costas a la parte demandada.
1.8. Recursos de apelación
1.8.1. El municipio de Pereira 12 solicit ó que se revoque la decisión
de primera instancia y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de
la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Resaltó que el hecho de que la administración tuviera injerencia en
las actividades del demandante no signif icó subordin ación, sino
coordinación. Además, advirtió que no se puede inferir la
subordinación del actor por el despliegue de las labores propias del
contrato que celebró, respecto del cual resulta lógico que la entidad
contratante regulara su cumplimient o mediante un interventor, para
el caso, bajo la supervisión de los diferentes rectores de las
entidades educativas.
De igual forma, se ñaló que la necesidad ameritó la contratación por
no contar con el personal suficiente para la prestación del servicio
de vigilancia y el respectivo emolumento para realizar lo s
nombramientos, el cual debe encontrarse previsto en el
presupuesto. En ese orden de ideas, aseguró que no se configuró
12 F o l i o 243
7
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Demandante: JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO
el vínculo laboral entre el señor JOSÉ ROBINSON MIRANDA
OSORIO y ese ente territoria l.
En todo caso, consideró que se debe declarar la p rescripción ,
conforme lo ha seña lado esta Corporación.
1.8.2. El ministerio público 13 solicitó que se declare la
prescripción, pues en el presente caso surgieron interru pciones en
los contratos, por lo que sostuvo que la prescripción debe
computarse en forma separada frente aquellos periodos en los
cuales esta interrupción contractual fue superior a 15 días hábiles.
1.9. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E N SEGUNDA INSTANCI A
1.9.1. La parte demandante guardó silencio .
1.9.2. La parte demandada insistió en los argumentos presentados
en el recurso de apelación 14.
1.10. El Ministerio público se abstuvo de presentar concepto como
consta en el informe secretarial en folio 267 del expediente.
II. CONSIDERACI ONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 15, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
13 F o l i o s 248
14 S a m a i , visible a índice 12.
15 « E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
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interpuesto. En los términos del artículo 328 del Código General del
Proceso 16, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los a rgumentos expuestos por la entidad d emandada
y el ministerio Público, por tanto, la Sala contraerá su análisis a los
reparos formulados por estos.
2.2 Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, el problema jurídico se contrae a determinar si ¿se
configuraron los elementos que la ley y la jurisp rudencia exigen
para que se declare la existencia de un contrato realidad entre las
partes?
En caso afirmativo , será necesario establecer si operó o no la
prescripción.
Para resolver lo a nterior, la Sala se referirá al marco jurídico y
jurisprudencial de la relación laboral subyacente y el caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1 De la relación laboral subyacente
En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta Corporación 17 en la que ha considerado que
el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
16 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argum entos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
17Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 25 de agosto de 2016, expediente 0088-2015,
magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
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remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que
surge el derec ho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalid ades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Co nstitución Política, con el que
se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.
De acuerdo con lo anterior, para a creditar la existen cia de una
relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos,
especialmente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en condiciones de subordinación y dependencia
continua da.
Contrario sensu , se constituye una relación contractual, que se rige
por la Ley 80 de 1993, cuando se pacta la prestación de servicios
relacionados con la administración o funcionamiento de la entidad
pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios
por los servicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con person al de planta o requiere conocimientos
especializados.
Es de resaltar que en la sentencia C – 154 de 1997 18, la Corte
Constitucional declaró la const itucio nalidad pura y simple y no
condicionada de la expresión «cuando no puedan realizarse con
personal de planta» del artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, motivo
por el cual la diferencia entre una y otra forma de vinculación se
encontrará en la continuada dependencia del servidor p úblico, en
los términos del literal b del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pero lo anterior no quiere decir que las actividades
«relacionadas con la administración o funcionamiento de la
– 154 de 19 de marzo de 1997, magistrado
18 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C
ponente: Hernando Herrera Vergara.
10
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entidad» no se puedan adelantar a través de contratistas puesto
que precisamente la suprema guardiana de la Constitución Política
declaró ajustada al ordenamiento la mencionada expresión.
En ese orden de ideas, cuando se logra desvirtuar el contrato de
prestación de servicios, inexorablemente se impone el
reconocimiento de las prestaciones so ciales generadas, atendiendo
a la causa juríd ica que sustenta verdaderamente dicho
restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se
ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.
Ello en aplicación de los principios de igualdad y de
irrenunciabilidad de derechos en mater ia laboral, consagrados
respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales
conculcados 19.
Al respecto, la Sec ción Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su jurisprudencia y
señaló que el pago de las prestacio nes que se reconocen como
consecuencia de la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia de la relació n laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como reparación integral del
daño. Al efecto, expresó lo siguiente:
«Frente al anterior panorama jurisprud encial, resulta imperioso
unificar el precedente con el fin último de acoger el criterio que
sea más favorable a los ciudadanos que acuden ante la justicia
contencioso -administrativa en busca de obtener el
reconocimien to de los derechos que eran inherentes a una
relación laboral pero que la Administración disfrazó con la
suscripción de un contrato estatal, para lo cual ha de
advertirse que el restablecimiento del derecho es una
19Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 17 de abril de 2008, expediente 2776 -05, magistrado
ponente: Jaime Moreno García.
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consecuencia lógica de la nulidad que se d ecreta, ya que una
vez ejecutoriada la sentencia que así lo declara, e l acto
administrativo desaparece del mundo jurídico, por lo q ue los
derechos y situaciones afectados deben volver a su estado
inicial, es decir, que en las controversias de contrato real idad
hay lugar a reconocer las prestaciones que el contratista dejó
de devengar y el tiempo de servicios con fines pensionales,
pues su situación jurídica fue mediante un contrato estatal,
pero que en su ejecución se dieron los elementos constitutivos
de una relación laboral, que en caso de haber sido vinculado
como empleado público hubiese tenido derecho a las mismas
prestaciones que devengan los demás servidores de planta de
la respectiva entidad.
Por consiguiente, no resul ta procedente condena r a la
agencia estatal demandada al pago de las prestaciones a
las que tenía derecho el contratista -trabajador a título de
reparación integral de perjuicios, dado que estas se
reconocen como efecto de la anulación del acto que las
negó, pese a su derecho a ser trata do en igualdad de
condiciones que a los demás empleados públicos vinculados a
través de una relación legal y reglam entaria, esto es, a pesar
de tener una remuneración constituida por los honorarios
pactados, le fue cercenado su derecho a recibir las
prestaciones que le hubiere correspondido si la Administración
no hubiese usado la modalidad de contratación estatal para
esconder en la práctica una relación de trabajo» 20.
En cuanto a los derechos prestacionales derivados de la relación
laboral encubierta , otrora esta Sección concluyó que no prescriben,
debido a que su exigibilidad es imposible antes de que se produzca
la sentencia, porque la decisión judicial al declarar la existencia de
la relación laboral tiene carácter constitutivo; es decir, que es a
partir del fallo qu e nace a la vida jurídica el derecho laboral
reclamado y por tanto no podía operar en estos casos el fenómeno
procesal extintivo 21.
20Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -
2015, magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
21 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a ,
sentencia de 6 de abril de 2008, expediente 2152 -06, magistrado ponente:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque es
cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las
prestaciones derivadas de la relación laboral, también lo es que el
particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción
de los derechos qu e pretende; lo q ue significa que debe solicita r la
declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 22.
De igual manera, sobre este punto referido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de la relación laboral encubierta , la
Sección Segunda de esta Corporació n, en la referida sentencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo t ant o, si qu ien pr et ende e l r econocim ient o de la r elaci ón
labor al con e l Est ad o, se excede de los t r es años, cont ados a par t ir
de la t er m inación de su ví nculo cont r act ual, par a r eclam ar los
der echos en apl icac i ón del pr inc ip io de l a “ …pr im ací a de l a r ealid ad
sobr e las f or m alid ades est ableci das por los sujet os de las
r elacion es labor ales ” ( art í culo 53 constit uciona l) , se ext ingue el
der echo a solicit ar la s pr est aciones que se der iven de aquella, pues
dicha sit uació n se t r aducir í a en su desint er és, qu e no puede
sopor t ar el Est ado, en su condició n de em pleador .
Per o en aquell os cont r at os de pr est ación de ser vicios, pact ados por
un int er r egno det er m inado y que la ej ecución ent r e uno y ot ro t iene
un lapso de int er r upción, f r ent e a cada uno de el los hab r á de
anal izar se la pr escr ipció n a par t ir de sus f echas de f inaliz ación,
puest o que uno de los f undam ent os de la exist encia de l c ont r at o
r ealida d es pr ecis am ent e la vocació n de per m anencia en el
ser vicio. Por consi guient e, le cor r esponder á al j uez ver if icar si
exist ió o no la cit ada int er r upción cont r act ual, que ser á exclui da de
r econocim ient o y exam inada en det alle en cada caso part icular , en
ar as de pr ot eger los der echos de los t r abaj ador es, que han sido
bur lados por las aut or idades adm i ni st r at ivas al encub r ir una
r elación labor al baj o cont r at os de pr est ación de ser vici os. »
Asimismo, dicha providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no
opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta la
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contenc ioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 9 de abril de 2014, expediente 131 -13, magistrado
ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
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condición periódica del derecho pensional que lo hac e
imprescriptible.
Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre
de 2021 23 estableció las siguientes pautas de unificación frente a
varios aspectos de la relación laboral como son: i) el sentido y
alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de
continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios
que ocultaron la e xistencia de una re lación laboral que se declara,
a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii)
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contrat ista.
Al efecto señaló la Sección Segunda:
«[ …]
( i ) La pri mera regl a def ine que el concept o de «t ér m ino
est r ict am ent e indis pensable » , al que alude e l num er al 3 . º del
ar t í culo 32 de la Le y 80 de 1993, es el señalado en los es t udios
pr evios y en el obj et o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de planeac ión, t iene que est ar just if icado en la necesida d
de la pr est ación del ser vicio a f avor de la Adm inist r ación, de f orm a
esencia lm ent e t em por al y, de ningu na m aner a, con ánim o de
per m anencia.
( i i ) La segunda regl a est ablece un p er í odo de t r eint a ( 30) dí as
hábi les, ent r e la f i naliz ación de un c ont r at o y la ej ecuc ión de l
sigui ent e, com o t érm ino de la no so luc i ón de cont inu idad, el cual,
en los casos que se exceda, podr á f lexibil izar se en at enci ó n a las
especia les cir cunst ancias que el j uez encuent r e pr obadas dent r o
del exped ient e.
23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 9 de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016,
magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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( i i i) La t ercera regl a det erm ina que frent e a la no af iliación a l
sist em a de la Se gur idad Soc ial e n salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es im pr ocedent e la devoluc i ón de los valor es que
el cont r at ist a hubie se asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on
com o r ecur sos de nat ur aleza par af iscal ».
En esta misma providencia expresamente se puso de presente que
«aun cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato
de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía
será posible darle la categoría de empleado público a quien prest ó
sus servicios sin que concurran los eleme ntos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
2. 3. 2. La utilización de cooperativ as de trabajo asociado para
enmascarar las relaciones laborales.
Respecto de la utilización de cooperativas de trabajo asociado para
esconder una relación laboral, esta corporación ha señalado:
«En la pr áct ica, el t r abaj o asociado en algunos casos se ha
ut iliz ado com o inst r um ent o par a escapar a la legislac ión la bor al y
así eludir las ob lig a ciones par a con los t r abaj ador es dependient es
o subor dinad os. Por el lo, e l Legis lador consagr ó la pr oh ibic ión d e
que las C ooper at iva s de Tr abaj o Asocia do act úen com o em pr esas
de int er m ediac ión la bor al, dispo ngan de l t r abaj o de los asoc iados
par a sum inist r ar m ano de obr a t em por al a usuar ios o t e r cer os
benef iciar ios, r em it an a los as ociad os co m o t r abaj ador es en m isión
con la f inalidad de que at iendan labor e s pr opias de un usuar io o
t er cer o benef iciar io del ser vic io, o per m it an que r espect o de lo s
asociados se gener en r elaciones de su bor dinac ión o depen dencia
con t er cer os cont r atant es; y com o consecuencia, est ablec ió que el
asociado que acuda a est as pr áct icas se consider ar á t r abaj ador
dependi ent e de la per sona nat ur al o j urí dica que se benef icie con
su t r abaj o. De t al m aner a que el t er cer o cont r at ant e, la Coope r at iva
y sus dir ect ivos ser án soli dar iam en t e r esponsables p or las
obli gacio nes econó m icas gener adas a f avor del t r abaj ador
asociado. S in per j u icio d e que que de n incur sas en cau sal de
disol ución y liq uida ción y que les sea cancelada la per soner í a
j ur í dica» 24.
24Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 27 de abril de 2016, expediente 2525 -2014, magistrado
ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
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Por su par t e, la Cor t e Const it uciona l, en la sent encia C – 855 de 2009
af ir m ó:
«…Si por conduct o de la Cooper at iva de Tr abaj o Asociado llega a
suscit ar se una r elación labor al de un t rabaj ador asociado con la
cooper at iva, par a prest ar le ser vicios a un t er cer o - con element os
de subor din ación, h or ar io y r em uner aci ón pr opios del c ont r at o de
t r abaj o - , est a rel aci ón l aboral preval ece sobre el ac uerdo
cooperat i vo, y en t al caso apl i can t odas l as regul aci ones
l aboral es, incluye ndo, por supuest o, la pr ot ección la bor al
r ef or zada a las m ujer es em bar azadas o lact ant es ( T - 177/ 03, T -
291/ 05, T - 873/ 05, T- 063/ 06, T - 195/ 07, T - 531/ 07) , a las personas
en est ado de debili d ad m anif iest a ( T - 1219/ 05, T - 002/ 06) , o a los
discapac it ados o d ism inui dos f í sicos ( T - 504/ 08, T - 962/ 08, T -
1119/ 08) . De com probar se la exist enci a de un cont r at o labor al
par alel o o concom it ant e con la r elac ión de í ndole cooper at i va, la
Cor t e t am bién ha im puest o el cum plim ient o de las ob lig ac ione s
r elacion adas con lo s apor t es al sist em a de salud ( T - 413/ 0 4) , al
sist em a de r iesgos pr of esionales ( T - 6 32/ 04) , o incluso l a m uy
elem ent al de r econocer los salar ios pact ados con el t r abaj ador ( T -
353/ 08) . Cuando l os hechos del caso l o ameri t an, l a Cort e ha
ordenado, no a l a Cooperat i va, si no al t ercero que se benef i ci a
de l a l abor de l t rabaj ador asoci ado, que responda po r l as
obl i gaci ones l aboral es omi t i das (T - 471/ 08) , más aún si el
ví ncul o ent re el t rabaj ador y l a cooperat i va ya no pasa por l a
prest aci ón de servi ci os a un t ercero, si no que se t rat a de una
rel aci ón l aboral ordi nari a e nt re aquel y ést a (T - 900/ 04) » 25.
A partir de lo anterior, resulta claro que es posible condenar a quien
se beneficia de los servicios de los trabajadores asociados a una
cooperativa cuando se pretende esconder una relación laboral, en
especial cuando se trata de funciones misionales.
2.4. Análisis del caso concreto
2.4.1. Hechos demostrados
a). La prestación personal del servicio
De las pruebas que reposan en el expediente se desprende que el
señor JOSÉ ROBINSÓN MIRANDA OSORIO celebró con el
municipio de Pereira contrato s estatales de prestación de servicios,
como vigilante de varias instituciones educativas.
25Corte Constitucional, sentencia C – 855 de 25 de noviembre de 2009,
magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
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❖ Al respecto la Secretaría de Educación - Alcaldía de Pereira
allegó los contratos de prestación de servicios que se detallan
a continuación:
Número del Contrato Fechas Objeto
1. 105 (FL 4) 12-02-2007 a 28-02-2007 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
2. 986 (fl 5) 01-03-2007 a 30-04-2007 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
3. 1475 (fl 6) 01-05-2007 a 30-06-2007 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
4. 2047 (fl 7) 01-07-2007 a 5-07-2007 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
5. 2592 (fl 8) 06-07-2007 a 30-09-2007 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera
6. 3105 (fl 9) 01-10-2007 a 31-10-2007 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
7. 3668 (fl 10) 01-11-2007 a 30-11-2007 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
8. 4238 (fl 11) 01-12-2007 a 31-12-2007 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
9. 0287 (fl 12) 02-01-2008 a 31-01-2008 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera .
10. 863 (fl 13) 01-02-2008 a 29-02-2008 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles.
Interrupción 9 días
11. 1356 (fl 14) 10-03-2008 a 30-12-2008 Prestar los servicios de
conserjería en el
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que la secretaría de
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Interrupción 18 días
12. 421 (20) 19-01-2009 a 18-12-2009 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles.
TRABAJÓ EN
SERVITEMPORALES
Del 18 de enero de 2010 a
3 1 d e j u l i o d e 2 0 1 1 . 26
13. 429 (fl 16) 01-08-2011 a 15-12-2011 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles .
14. 545 (fl 18) 16-01-2012 a 15-03-2012 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles.
Interrupción 19 días
15. 965 (fl 45) 04-04-2012 a 04-08-2012 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles.
16. 1404 (fl 49) 04-08-2012 a 18-09-2012 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles.
17. 2110 ( fl 53) 18-09-2012 a 3-11-2012 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Vigilancia de los bienes
muebles e inmuebles.
18. 2801 (fl 55) 4-11-2012 a 4-12-2012 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Interrupción 1 mes y 10
días
19. 0649 (f72) 14-01-2013 a 21-06-2013 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Interrupción 15 días
26 C e r t i f i c a c i ó n laboral expedida por SERVITEMPORALES, visible a folio 88
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20. 11101017 (él 71) 08-07-2013 a 07-09-2013 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Interrupción 8 días
21. 11101754 (fl 63) 16-09-2013 a 30-11-2013 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Interrupción 1 mes y 12
días
22. 11100328 (fl 81) 13-01-2014 a 12-05-2014 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Interrupción 1 mes y 21
días
23. 11101003 (fl 80) 04-07-2014 a 30-11-2014 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Interrupción 1 mes y 18
días
24. 11101119 (fl 79) 19-01-2015 a 19-06-2015 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Interrupción 10 días
25. 11101671 (fl 76) 30-06-2015 a 27-11-2015 Prestar los servicios de
conserjería en el
establecimiento educativo
que la secretaría de
educación lo requiera.
Como se observa de los contratos de prestación de servicio
relacionados en el cuadro anterior, el objeto de estos era el
siguiente: Prestar los servicios de conserjería en el establecimiento
educativo que la secretar ía de educación lo requiera y la vigilan cia.
b) Certificación: La empresa SERVITEMPORALES certifi có que el
señor JOSÉ RO BINSON MIRA NDA OS ORIO laboró como trabajador
en misión en la Alcaldía de Pereira – Secretaría de Educación, en
calidad de conserje del 18 de enero de 2010 a 31 de julio de 2011 .
(fl 88).
c) Testimonios:
✓ Se recibió el testimonio de l señor Alfonso Mesa Pati ño , en
el que indicó , en lo pertinente, lo siguiente: (fl. 180 cd)
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«PREGUNTADO cómo conoció al señor José Robinson Osorio
CONTESTÓ . lo conocí porque trabajé con él hace 11 años .
PREGUNTADO . usted sabe o le consta en qu é trabajaba el
señor Osorio CO NTESTÓ: él trabajó en muchos oficios, y
también como conserje, trabajamos en el Colegio Ciudadela
Cuba PREGUNTADO sabe o le consta cu ál era el horario
CONTESTÓ: hacíamos turnos, desde las 6 d e la mañana a 6
de la tarde , una semana , otra semana de 6 de la tarde a 6 de
la mañana o a veces se trabajaba 12 por 24 PREGUNTADO
sabe o le consta quién daba las órdenes al señor José
Robinson Osorio en la realización de su labor CONTESTÓ el
rector PREGUNTADO sabe o le consta si el señor José
Robinson no podía retirarse del establecimiento donde cumplía
el objeto del contrato de manera autónoma CONTESTÓ:
nosotros no podíamos movernos del lugar, si nos movíamos
teníamos que pedirle permiso al rector ».
✓ Se recibió el testimonio de l señor Onardo Antoni o Ca staño
Márque z en el qu e indicó en lo pert inente, lo siguiente : (Fl.
180- cd)
«PREGUNTADO usted sabe o le consta en qu é trabajaba el
señor José Robinson Osorio Miranda CONTESTÓ . él trabajaba
como conserje, y lo sé porque yo trabajaba en lo mismo, en ese
mismo colegio. PREGUNTADO sabe o le consta quién daba las
órdenes al señor Osorio Miranda en el lugar donde debía
cumplir el objeto del contrato CONTESTÓ el único que daba
órdenes es el rector, que viene siendo el jefe, eso es en todos
los colegios PREG UNTADO sabe o le consta cuál era el horario
CONTESTÓ el horario siempre del conserje, es de turno, de 12
horas. PREGUNTADO : a los vigilantes o conserjes les daban
alguna dotación. CONTESTÓ. Ninguna. PREGUNTADO sabe o
le consta si el señor José Robinson no podía retirarse del
establecimiento donde cumplía el objeto del contrato de
manera autónoma CONTESTÓ: nosotros no podíamos
retirarnos del lugar, si nos reti rábamos teníamos que pedirle
permiso al rector».
5. Análisis sustancial
De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial citado y las
pruebas allegadas al expediente la Sala de decisión advierte lo
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siguiente en relación con los elementos que configuran la relación
laboral:
5.1. La prestación personal del servicio:
El señor JOSÉ RO BINSON MIRA NDA OSORIO prestó sus servicios
de vigilante/conserje en el centro educativo Ciudadela de Cuba del
municipio de Pereira como se pudo demostrar con las órdenes de
servicios anteriormente referenciadas.
En ese orden, es claro par a la Sala que el demandante acreditó la
prestación del servicio como se evidencia de los 25 contratos
visibles en el expediente, los cuales suscribió con la secretaria de
Educación del municipio de Pereira ”, desde el 12 de febrero de 2007
hasta el 27 de no viembre de 2015 27.
En ese sentido, se observa que el objeto común de los contratos
consistió en que el contratista, en virtud de sus condiciones
personales, se comprometió para con el municipio de Pereira a
proporcionar la actividad de vigilante/ conserje en un centro
educativo, cuyo objeto era p restar los servicios de conse rjería en
el establecimiento educativo que la Secretaría de Educación
asignara para ello, así como la vigilancia de los bienes muebles e
inmuebles, probándose de esta manera uno de los requisitos de la
relación laboral, co mo lo es la p restación personal en su calidad de
vigilante .
De lo anterior, se desprende que dichas actividades de vigilante lo
obligan directamente y no por interpuesta persona, a ser quien
asumiera la función objeto de los contratos de pre stación de
servicios.
27Se advierte que si bien en los hechos de la demanda, e l apoderado de la
parte demandante precisó que la relación laboral debía reconocerse desde el
12 de febrero de 2007 al 15 de febrero de 2016, lo cierto es que los contratos
de servicios, para demostrar la aludida relación laboral dan cuenta hasta el 27
de noviembre de 2015, situación que no fue debatida ni rechazada por las
partes.
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Tal situación también fue confirmada por los testigos Alfonso Mesa
Patiño y Onardo Antonio Castaño que declararon sobre la
prestación de servicios personales de l demandante como vigilante .
Bajo ese contexto, de acuerdo con los contratos aportados y los
objetos contractuales, la Sala considera que este elemento se
encuentra demostrado.
5.2. Remuneración por el servicio prestado
En lo que se refiere a este elemento de la relación laboral no es
objeto de debate, toda vez que las partes coinciden en que durante
el tiempo en que el señor JOSÉ ROBINS ON MIRANDA OSORIO
prestó sus servicio s como vigilante - conserje en el establecimiento
educativo Ciudadela Cuba del municipio de Pereira, percibió las
sumas pactadas en los contratos por concepto de honorarios .
Igualmente se encuentra n los comprobantes de pago expedidos por
la secretaria de educación, que acreditan la rem uneració n, obrantes
a folios 20 a 45.
Así las cosas, por la ejecución de estos contratos, el señor JOSÉ
ROBINSON recibió unos honorarios que fueron pagados por la
entidad demandada mensualmente
5.3. Subordinación y dependencia
En este aspecto, es pertinente traer a colación lo expuesto por esta
Sección cuando se trata de actividades de vigilancia.
Frente al particula r, la Sección Segunda de esta Corporación ha
precisado que los vigilantes o conserjes, por la labor que
desarrollan, carecen de autonomía e independencia en el ejercicio
de sus funciones, al respecto se indicó :
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Demandante: JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO
«[ …] si una per sona pr est a ser vicios como vigila nt e por var ios años
r esult a inadm isib le af ir m ar que r ealiza act ividades t em porales e
indepen dient es, sien do que la labor cont rat ada por la ent idad exig e
que se br inde el servicio de segur idad en f orm a perm anent e par a
poder f uncionar con t ot al t r anquilid ad . Car ecer í a de cualqu ier
lógic a que los ser vic ios de vig ila ncia se pr est ar an ocasional m ent e,
siendo que l a segu r idad de la ent idad puede ver se af ectada en
cualqu ier m om ent o, lo que exige la p r esencia cont inu a de una
per sona que of r ezca y gar ant ice la guar da de la m ism a. Lo ant er ior
per m it e concluir qu e par a cum plir con la s labor es de v igi lan cia, la
per sona cont r at ada par a t al f in, debe at ender y obedec er la s
ór denes de sus su p er ior es, a quie nes l es cor r esponde det er m inar
en qué f orm a, hor ar io y dependencia se debe pr est ar el ser vicio, es
decir , que el elem e nt o de la subor dina ción es ind ispensab le par a
que se pueda desar r ollar t al ser vic io 28».
En orden a lo anterior y teniendo en cuenta el objeto de los
diferentes contratos de prestación de servicios, se puede llegar a
la conclusión de que las funciones desarrolladas no eran
esporádicas o temporales, por el contrario, hacen parte del
desarrollo normal, por parte de la entidad, en el entendido que los
vigilantes tengan los respectivos turnos asignados, como sucede en
el caso sub examine , en el cual el demandante, cumplía horario de
trabajo, ejercía las funciones de vigilante y/o conserje al interior de l
centro educativo.
En tal sentido, la entidad trató de ocultar una verdadera relación
laboral, con el propósito de no reconocer los dere chos y garantías
laborales que la Constitución y la ley le otorgan a esa especial
relación, detrás de la suscripción de diferentes contratos de
prestación de servicios, por lo que se evidencia que el señor JOSÉ
ROBINSON MIRANDA OSORIO reunió los elementos de
subordinació n y dependencia, al cumplir con un horario e stablecido,
la prestación personal del servicio y una remuneración como
contraprestación a las funciones ejecutadas, lo cual está
acompasado con la permanente necesidad del servicio prest ado y
28 C o n s e j o
de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda,
subsección A, providencia de 2 de mayo de 2013, expediente 05001 -23-31-
000-2004-03742-01 (2027-12).
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que hacen parte del giro ordinario de la entidad territoria l
demandada .
Lo que permite concluir que los argumentos expuestos en el recu rso
de apelación por la entidad demandada , en cuanto a que las
actividades desplegadas por el demandante, no se encuentran
inmersas en subordinación, no son suficientes para modificar la
decisión adoptada por el a quo, en la medida en que se logró
demostrar que la labor de vigilancia prestada por el señor José
Robinson Miranda , no fue de manera temporal, ni mucho menos
independiente, por el contrario, se requirió de su presencia de
manera permanente en la institució n educativa, en los horarios
establecidos para ello, de tal manera que se configura n los
elementos necesarios para que exista una relación laboral, entre el
demandante y el ente territorial.
De otra parte, es de anotar que, pese a que se encuentran probados
los elementos configurativos de una relación laboral en virtud del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades
(prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación
o dependencia), ello no comporta que el contratista obtenga la
condición de emplead o público, ya que no median los componentes
para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con
el artículo 122 superior 29.
29«No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente.
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de
cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá decla rar, bajo juramento, el monto de sus
bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la
aplicación de las normas del servidor público.
(…)».
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Ahora bien, es necesario poner de presente que una vez se ha
comprobado la existencia de la relación laboral entre el contratista
y la entidad pública, en tanto se ha descubierto la simulación del
contrato de prestación de servicios, co rresponde determinar si esta
llegó a ser interru mpida en algún momento.
6. Prescripción aplicada a la relación laboral encubierta o
subyacente
En cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación laboral
encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificació n jurisprudencial del 25 de
agosto de 2016, estipuló las siguientes reglas resp ecto a la
prescripción extintiva de los derechos salariales y p restacionales
derivados del contrato realidad 30:
«[ …] i) Q uien pr et enda el r ec onocim ient o de la r elación labo r al con
el Est ado y, en c onsecuenci a, el p ago de las pr est a ciones
der ivadas de est a, en aplicac ión de l pr in cipio de l a pr im ací a de la
r ealida d sobr e las f or m alidades, deber á r eclam ar los dent r o del
t ér m ino de t r es años cont ado s a par t ir de la t er m inación de su
ví nculo cont r act ual .
ii) S in em bar go, no aplic a el f enóm en o pr escr ipt ivo f r ent e a los
apor t es par a pensión, en at ención a la condición per iód i ca del
der echo pensiona l y en ar m oní a con los der echos const it ucio nale s
a la igua ldad e ir r en unciab il idad a los be nef icios m í nim os l ab or ales
y los pr inc ipi os d e in dub io pr o op er ar io , no r egr esiv idad y
pr ogr esivida d.
ii i) Lo ant er ior , no im plica la im pr escr ipt ibi lid ad de la devolu ción de
los diner os pagado s por concept o de apor t es hechos por el
t r abaj ador com o cont r at ist a, pues est o ser í a un benef ici o
pr opiam ent e econó m ico par a él, que no inf luye en e l d er echo
pensiona l com o t al (que se busca gar antizar ) , sino en r elación con
las cot izac iones ad eudadas a l sist em a de segur idad soc i al en
30 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación
Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr.
Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001 -23-33-000-2013-00260-01 (0088-
2015).
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pensiones, que podr í an t ener incidenc ia al m om ent o de liquidar se
el m ont o pensiona l.
iv) Las r eclam acion es de los apor t es pensiona les ade uda dos al
sist em a int egr al de segur idad social der ivados del cont r at o
r ealida d, por su car áct er de im pr escr ipt ible s y pr est aciones
per iódic as, t am bién est án except uadas de la caduc idad de l m edio
de cont r ol ( de acuerdo con el ar t í culo 164, num er al 1, let r a c, del
CPAC A) .
v) Tam poco r esult a exigible el agot a m ient o de la conciliac ión
ext r aj udicial c om o r equisit o pr ev io par a dem andar a t r avés de l
m edio de cont r ol de nulidad y r est ablec im ient o del der echo , dado
que al est ar involuc r ados en est e t ipo de cont r over sias ( cont r at o
r ealida d) der echos labor ales ir r enun ciabl es ( cot izacio n es que
r eper cut en en el de r echo a obt ener una pensión) , que a s u vez
com por t an el caráct er de cier t os e indiscut ib les, no son
concil iab les.
vi) El est udio de la pr escr ipción en cad a caso concr et o ser á obj et o
de la se nt encia, una vez abor dada y c o m pr obada la ex ist en cia de
la r elaci ón labor a l, pues el hecho de que est é concer nido el d er echo
pensiona l de l a per sona ( exact am ent e los apor t es al sist e m a de
segur idad socia l e n pensiones) , que por su nat ur ale za es
im pr escr ipt ible, aq u ella no t iene la v ir t ualid ad de en er var la acción
ni la pr et ensión pr incipa l ( la nulidad d el act o adm inist r at ivo que
negó la exist enc ia d el ví nculo lab or al) .
vii) El j uez cont enci oso - adm inist r at ivo s e debe pr onunciar , aunque
no se haya depr eca do de m aner a expr e sa, r espect o de los apor t es
al sist em a de segur idad social en pensi ones , una vez det erm inada
la exist enc ia de l ví nculo la bor al ent r e el dem andant e y la a genci a
est at al accionada, si n que ello im pliq ue l a adopción de una dec isió n
ext r a pet it a , sino una consecuencia in dispensab le par a logr ar la
ef ect ividad de los d er echos del t r abaj ad or . [ …] ». ( Subr ayado de la
Subsecció n)
Ahora bien, de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 31, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque
para efectos de contabilizar las interrupciones , en tanto que se ha
dispuesto fijar un período de treinta (30) días hábiles como
indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda. Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D.
C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
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sucesivos de prestación de servi cios, sin que este, constituya una
«camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del
plenario, habrá de determinar si se presentó o no la interrupción del
vínculo que se reputa laboral.
Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en los que se presenten interrupciones, debe
entenderse que, para efectos de determinar la fecha a partir de la
cual empieza a correr el término prescriptivo, no habrá solución de
continuidad cuando entre contrato y contrato no transcurran más de
30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez contencioso pueda
determinar un término superior en un caso específico).
Conforme al material p robatorio allegado con el expediente, se
tiene que el señor JOSÉ ROBINSÓ N MIRA NDA OSO RIO estuvo
vinculado cono vigilante en el establecimiento educativo Ciudadela
de Cuba del m unicipio de Pereira, en los siguientes períodos:
PRIMER PERÍODO: Del 12 de febrero de 2007 a 30 de diciembre de 2008.
SEGUNDO PERÍODO: Del 19 de enero de 2009 a 18 de diciembre de 2009.
TERCER PERÍODO: Del 1 de agosto de 2011 a 15 de diciembre de 2011.
CUARTO PERÍODO: Del 16 de enero de 2012 a 3 de noviembre de 2012.
QUINTO PERIODO: Del 1 de julio de 2011 a l 4 de diciembre de 2012.
SEXTO PERIODO: Del 14 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2013.
SÉPTIMO PERIODO: Del 13 de enero de 2014 a 12 de mayo de 2014.
OCTAVO PERIODO: Del 4 de julio de 2014 a 30 de noviembre de 2014
NOVENO PERIODO: Del 19 de enero de 2015 a 27 de noviembre de 2015.
De acuerdo con el anterior cuadro sumario, y siguiendo el criterio
acogido en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S 2-2021, se
precisa que durante el vínculo contractual del demandante se
presentaron interrupciones que superaron los 30 días, l as cuales
son las siguientes:
✓ Del 4 de di ci embre de 2012 a 13 de enero de 2013 , est o es,
m ás de 30 dí as, por lo que super ó e l t ér m ino unif icad o por la
Cor por ación par a la conf igur ación de la soluci ón de cont inu i dad.
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✓ Del 1 de di ci embre de 2013 a 1 2 de e nero de 201 4 est o es,
m ás de 30 dí as, por lo que super ó e l t ér m ino unif icad o por la
Cor por ación par a la conf igur ación de la soluci ón de cont inu i dad.
✓ Del 1 3 de mayo de 2014 al 3 de j ul i o de 2014 est o es, m ás de
30 dí as, por lo que super ó e l t ér m ino u nif icado p or la Cor p or ación
par a la conf igur ació n de la soluci ón de cont inuid ad .
✓ Del 1 de di ci embre de 2014 a 18 de e nero de 201 5 est o es,
m ás de 30 dí as, por lo que super ó e l t ér m ino unif icad o por la
Cor por ación par a la conf igur ación de la soluci ón de cont inu i dad.
En orden a lo anterior , se encuentra probado que la solicitud
administrativa que perseguía el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales fue radicada ante la entidad demandada el 15
de junio de 2016 32 y la demanda fue presentad a ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo el 31 de octubre de 2016 33.
En tal sentido, por tratarse de vinculaciones interrump idas al
servicio público, el término para contar la prescripción extintiva
debe empezar a partir de la finalización de cada vínculo
contractual si ent re uno y otro existió una interrupción superior a
30 días hábiles.
Lo anterior significa que para el presente asunto, de acuerdo con
la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, y
considerando lo expuesto en la sentencia de primera instancia y el
recurso de apelación presentado por el ministerio público, el plazo
para reclamar los derechos prestacionales derivados de la última
vinculación contractual, esto es, del periodo , comprendido entre el
19 de enero de 2015 y el 27 de noviembre de 2015 , corrió hasta el
27 de noviembre de 2018; luego, frente a este interregno no se
evidencia la prescripción de las prestaciones causadas por virtud
de la relación laboral comprobada.
Lo mismo ocurre con los siguientes periodos:
32 F o l i o 91
33 F o l i o 9
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✓ del 14 de enero al 30 de noviembre de 2013,
✓ del 13 de enero al 12 de mayo de 2014 y,
✓ del 4 de julio al 30 de noviembre de 2014.
Bajo esa línea argumentativa , en lo concerniente al lapso del 1 de
julio de 2011 al 4 de noviembre de 2012, se advierte que
transcurrie ron tres (3) años entre la finalización del último contrato
y la presentación de la reclamación del reconocimiento y pago de
prestaciones sociales, la cual, como se indicó, fue presentada el 15
de junio de 201 6, razón por la cual se concluye que prescribieron
las prestaciones sociales dejadas de devengar con anterioridad al
13 de enero de 2013, fecha de la sexta vinculación contractual, la
cual tuvo duración hasta el 30 de noviembre de 2013.
Lo anterior significa que, respecto de los periodos del 1 de agosto
de 2011 al 15 de diciembre de 2011, del 19 de enero a 18 de
diciembre de 2009 y del 12 de febrero de 2007 al 30 de diciembre
de 2008 operó la prescripción.
Pese a lo expuesto, dado que los aportes al sistema de seguridad
social en pension es son imprescriptib les, tal como se explicó en la
precitada sentencia de unificación de la sección segunda de 25 de
agosto de 2016, el Municipio de Pereira deberá completarlos al
respectivo fondo de pensiones en el porcentaje que le correspondía
durante e l tiempo comprendido entre el 12 de febrero de 2007 al 27
de noviembre de 2015 , salvo las interrupciones advertidas .
Ahora bien, r especto del lapso comprendido entre el 18 de enero
de 2010 a 31 de julio de 2011, si bien consta en el expediente la
certificación expedida por la empresa SERVITEMPORALES S.A. en
la que señaló que el demandante laboró como trabajador misional
con la Alcaldía de Pereira – Secretaría de Educación, el aludido
periodo no se tendrá en cuenta , conforme lo dispuso el a quo.
Aunado a ello, tal situación, no fue apelada por las partes.
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Lo anterior quiere decir que se probó en el proceso que el señor
JOSÉ ROBINSÓN MIRANDA OSORIO mantuvo una relación laboral
con el municipio de Pereira solo durante los períodos comprendidos
entre el 12 de febrero de 2007 a 18 de diciembre de 2009 y del 1
de agosto de 2011 hasta el 27 de noviembre de 201 5.
Como consecuencia de lo anterior, y d ado que en la parte resolutiva
de la sentencia impugnada el Tribunal Administrativo d e Risaralda
declaró la nulidad del acto administrativo demandado, se procederá
a modificar el numeral primero en el sentido de declara r probada,
parcialmente, la prescripción.
En tal sentido, también se modificará el numeral cuarto con el fin
de delimitar el reconocimiento de las prestaciones sociales por
reconocer, según los lapsos en los que resultó demostrada la
relación laboral su byacente.
7. Del restablecimiento del derecho
En cuanto al restablecimiento del derecho derivado del
reconocimiento de la relación laboral, como se anunció, la Sala de
Decisión modificará el numeral cuarto de la sentencia impugnada ,
el cual quedará así:
«4. A título de restablecimiento del derecho, condenar al
municipio de Pereira a reconocer y pagar al señor JOSÉ
ROBINSON MIRA NDA OSORIO las prestaciones sociales de
orden legal a las cuales tiene derecho, tomando como base los
honorarios contractuales der ivados de los contratos de
prestación de servicios correspondientes a los periodos en los
cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir
entre el 14 de enero de 2013 y el 27 de noviembre de 2015 .».
Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar solo
deberán ser reconocidas por los tiempos efectivamente
laborados, de acuerdo con los co ntratos de prestación de
servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los que hubo
interrupciones».
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7.1. Aportes con d estino a la seguridad social
La Sala de Decisión advierte que la sentencia apelada en el
numeral quinto co ndenó a la entidad demandada a lo siguiente:
«Q UI NTO : SE CO NDENA a la dem andada a pagar en f avor del
dem andant e los po r cent aj es de cot ización cor r espondi ent es a
pensión y sa lud q u e debió t r asla dar a los f ondos r espect ivos,
dur ant e el per iodo a cr edit ado en qu e pr e st ó sus ser vicios y d e los
cuales subyacen lo s cont r at o r ealidad, en caso de que no los
hubiese h echo conf or m e a lo expuest o en la par t e m ot iva d e est a
pr ovidenc ia ».
Dicha orden será modificada en la medida que, en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 ya citada, se acogió la
siguiente tesis: «a unque se le haya r econocido una r elac i ón labor al al
cont r at ist a, no pr ocede la devoluc ión de los apor t es a la Segur idad
Socia l en salud que suf r agó bajo el r égi m en cont r act ual ».
Lo anterior, en la medida que los recursos del siste ma de la
Seguridad Social en salud son rentas parafiscales. Por ello, en
virtud de esa naturaleza parafiscal, estos aportes son de
obligatorio pago y recaudo pa ra un fin especí fico y no
constituyen un c rédito en favor del interesado , p or lo que,
independientemente, de que se hayan prestado o no los servicios
sanitarios, su finalidad no se altera y permanece para garantizar la
sostenibilidad del sistema, «lo que excluye la posibilidad de
titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer».
Puesto que corresponde al contratista sufragar dicha contribución,
en tanto está obligado a hacerlo por la ley, no es posible ordenar
su devolución así se haya decl arado la existencia de un vínculo
laboral, ya que, de admitirse tal pretensión, se le estaría otorgando
«un beneficio propiamente económico, que no influye en el derecho
pensional como tal».
Así las cosas, d e conformidad con lo expuesto y frente a lo
requerido por el demandante, se tiene que no hay lineamientos
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jurídicos que permitan la posibilidad de la devolución de los aportes
a salud que efectuó como contratista, comoquiera que estos fueron
debidamente cotizados al sistema general de Seguridad Social en
salud, al existir una obligación legal de realizar dicha contribución.
En definitiva, no resulta procedente reconocer la totalidad del
derecho deprecado, pues debe quedar al margen la devolución de
los aportes a la Seguridad Social en salud, así como a la ARL, que,
por tratarse de recursos de naturaleza parafiscal, no ad miten otro
tipo de destinación que no sea el sostenimiento mismo del sistema
sanitario.
Ahora bien, en cuanto a los aportes con destino a pensión, la
entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del
derecho, tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional del
demandante (sobre los honorarios pactados), dentro de los
periodos laborados por contrato de prestación de servicios, mes a
mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como
contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante en concepto de
aportes, pero solo en el porcentaje que le corresp ondía como
empleador.
Asimismo, el demandante deberá acreditar las cotiza ciones que
realizó al sistema general de Seguridad Social en pensiones
durante el tiempo que duró su vinculación y, en el evento de no
haberlo hecho o existir diferencia en su contra, deberá pagar o
completar, según sea el caso, el porcentaje que le correspondía
como trabajador.
En lo atinente a los aportes a la Seguridad Social en salud y de la
ARL, no procede ordenar su devolución.
7.2. Sobre la prescripción
De conformidad con la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 2021 2 0 , esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque para efectos
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de contabilizar las interrupciones, en tanto que se ha dispuesto fijar
un período de treinta (30) días hábiles como indicador temporal de
la no solución de co ntinuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo
con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se pres entó o no la rotura del vínculo que se reputa
laboral.
Lo dicho permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en las que se presenten interrupciones, debe
entenderse que, para efectos de determinar la fecha a partir de la
cual empieza a correr el término prescriptivo, no habrá solución de
continuidad cuando entre contrato y contrato no transcurran más de
30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez contencioso pueda
determinar un término superior en un caso específico).
De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta que durante los
periodos laborados por el señor JOSÉ ROBINSON MIRANDA
OSORIO se presentaron interrupc iones en el servicio que
superaron los 30 días, aunado a que la solicitud tendiente al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales fue presentada
el 15 de junio de 2016, se deberá declarar la prescrip ción de las
prestaciones causadas con anterioridad al 13 de enero de 2013.
En tal sentido, la Sala de Decisión advierte que la sentencia
apelada en su numeral primero que declaró no probada la
excepción de prescripción , deberá ser modificado , y en su lugar,
se declarará la prescripción parcial de las prestacione s sociales,
conforme a lo expuesto en líneas anteriores. Dicho numeral quedará
así:
«1. Declarar parcialmente probada, la excepción de
prescripción extintiva de las prestaciones socia les a que tendría
derecho el señor JOSÉ ROBINSÓN MIRANDA OSORI O por el
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período comprendido entre el 12 de febrero de 2007 y el 13 de
enero de 2013. No obstante, lo anterior, el demandante tiene
derecho a que el municipio de Pereira, realice las cotizaciones
a pensión, por dicho lapso, por tratarse de una prestación
imprescriptible, sal vo las interrupciones advertidas ».
En todo lo demás la sentencia impugnada será confirmada.
8. De la condena en costas
En lo que se refie re a las costas, esta Subsección e n sentencia del
7 de abril de 2016 34, concluyó que en vigencia del CPACA l a
legislación avanzó de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
En el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas a la
parte recurrente , pues, aunque el recurso de apelación interpuesto
no prosperó, dentro del proceso no se demostró su causación, toda
vez que la parte contraria no intervino en esta instancia .
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley.
FALA
PRIMERO: MODIFICAR los numera les PRIMERO, CUARTO Y
QUINTO de la sentencia del 18 de octubre de 2019 , proferida por
el Tribunal Administrativo de Risara lda, los cuales quedarán así:
«PRIMERO . DECLARAR parcialmente probada, la excepción de
prescripción extintiva de las prestaciones sociales a que tendría
derecho el señor JOSÉ ROBINSÓN MIRANDA OSORI O por el
período comprendido entre el 12 de febrero de 2007 a 13 de
34Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco
Guerrero Bardi, Consejero ponente: William Hernández Gómez.
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enero de 2013 . No obstante, lo anterior , el demandante tiene
derecho a que el municipio de Pereira realice las cotizaciones
a pensión, por dicho lapso, por tratarse de una prestación
imprescriptible, sal vo las interrupciones advertidas ».
«CUARTO. A título de restablecimiento del derecho, condenar
al municipio de Pereira a reconocer y pagar al señor JOSÉ
ROBINSON MIRA NDA OSORIO las prestaciones sociales de
orden legal a las cuales tiene derecho, causadas durante el
período laboral comprendido entre el 14 de enero de 2013 y el
27 de noviembre de 2015 , para lo cual se tomará como base
de liquidación el valor pactado por honorarios en los respectivos
contratos de prestación de servicios.
Se precisa que las prestaciones a que haya lugar a pagar solo
deberán ser reconocidas por los t iempos efectivamente
laborados, de acuerdo con los co ntratos de prestación de
servicios, esto es, sin lugar a incluir los lapsos en los que hubo
interrupciones».
«QUINTO: Condenar al municipio de Pereira a título
restablecimiento del dere cho a to mar el ingreso b ase de
cotización o IBC pensional (honorarios pactados) del
demandante, dentro del periodo comprendido entre el 12 de
febrero de 2007 y el 18 de diciembre de 2009, y del 1 de agosto
de 2011 hasta el 27 de noviembre de 2015, mes a mes, y si
existe diferencia entre los aportes realizados por el señor José
Robinson Miranda Osorio , como contratista y los que se
debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fo ndo de
pensiones la suma faltante en concepto de aportes, pero solo
en el porcentaje que le correspondía como empleador.
En ese sentido, el demandante deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad
Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación,
y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese
diferencia en su contra, deberá cancelar o completar, según sea
el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador.
En consecuencia, NEGAR la devolución a l demandante de los
aportes a salud, pensión y ARL que re alizó de conformidad con
las razones expuestas en la parte considerativa de esta ».
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001 2333 000 2016 00817 01 (2040-2020)
Demandante: JOSÉ ROBINSON MIRANDA OSORIO
SEGUNDO: CO NFI RM A R en todo lo demás la sentencia de 18 de
octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que accedió de manera parcial a las súplicas de la
demanda incoada por el señor JOSÉ ROBINSÓN MIRANDA
OSORIO contra el municipio de Pereira (Risaralda), por las razones
expuestas en la parte motiva.
TERCERO: Sin condena en costas d e segunda instancia conforme
lo dispuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de
origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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